CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 4 de octubre de 2024 (1)
Asunto C‑365/23 [Arce] (i)
SIA A
contra
C,
D,
E
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa (Senāts) (Tribunal Supremo, Letonia)]
« Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Artículo 1 — Ámbito de aplicación — Artículo 2, letra b) — Concepto de “consumidor” — Artículo 3, apartado 1 — Artículo 4, apartado 2 — Artículo 5 — Artículo 6, apartado 1 — Artículo 8 bis — Contrato de adhesión — Contrato celebrado entre un profesional que presta servicios de desarrollo deportivo y de ayuda a la carrera y un deportista, jugador “joven promesa” menor de edad, representado por sus padres — Cláusula que establece la obligación de abonar a ese profesional una retribución correspondiente al 10 % de los ingresos percibidos por ese deportista durante los quince años siguientes — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 17 — Derecho de propiedad — Artículo 24 — Derechos del menor »
I. Introducción
1. La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, letra b), 3, apartado 1, 4, apartado 2, 5, 6, apartado 1, y 8 bis de la Directiva 93/13/CEE, (2) en relación con los artículos 17, apartado 1, y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre A, una sociedad de responsabilidad limitada de Derecho letón creada con el fin de fomentar el desarrollo de los deportistas en Letonia (en lo sucesivo, «sociedad A»), por una parte, y la persona física C, deportista aficionado menor de edad «joven promesa», y D y E, los padres de este (en lo sucesivo, «padres»), cuyo objeto es el cobro por la sociedad A de la retribución adeudada por C en contrapartida a la prestación de servicios prevista en un contrato de prestación de servicios de apoyo al desarrollo deportivo y a la carrera, celebrado el 14 de enero de 2009 entre la sociedad A, por una parte, y C y sus padres, por otra (en lo sucesivo, «contrato controvertido»).
3. En el marco del presente asunto, el Tribunal de Justicia tendrá que examinar la aplicabilidad del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, en particular, de la Directiva 93/13, a un contrato como el controvertido, en el contexto particular de un consumidor, inicialmente menor de edad, representado por sus padres, que alcanzó la mayoría de edad y se convirtió en jugador profesional estando vigente el contrato. La sentencia que se ha de dictar, que definirá, por lo tanto, el ámbito de aplicación de esta Directiva, incidirá evidentemente en el contenido de este tipo de contratos, incluso más allá del ámbito deportivo.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Directiva 93/13
4. A tenor de los considerandos décimo, decimotercero y decimosexto de la Directiva 93/13:
«Considerando que puede obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas; que tales normas deben aplicarse a todos los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor; que por consiguiente quedan excluidos de la presente Directiva, en particular, los contratos de trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los contratos relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la constitución y estatutos de sociedades;
[…]
Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarías imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo;
[…]
Considerando que la apreciación, con arreglo a los criterios generales establecidos, del carácter abusivo de las cláusulas, en particular en las actividades profesionales de carácter público de prestación de servicios colectivos teniendo en cuenta una solidaridad entre usuarios, necesita completarse mediante una evaluación global de los distintos intereses en juego; que en esto consiste la exigencia de buena fe; que en la apreciación de la buena fe hay que prestar especial atención a la fuerza de las respectivas posiciones de negociación de las partes, a si se ha inducido en algún modo al consumidor a dar su acuerdo a la cláusula y a si los bienes se han vendido o los servicios se han prestado a petición especial del consumidor; que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses legítimos debe tener en cuenta».
5. El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva enuncia:
«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
6. Con arreglo al artículo 2, letra b), de la mencionada Directiva, un «consumidor» es «toda persona física que […] actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional». En virtud del artículo 2, letra c), de la misma Directiva, se entenderá por «profesional» «toda persona física o jurídica que […] actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada».
7. El artículo 3 de la Directiva 93/13 reza:
«1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.
El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión.
El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba.
[…]»
8. El artículo 4 de dicha Directiva dispone lo siguiente:
«1. Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.
2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.»
9. El artículo 5 de la dicha Directiva establece, en particular, que, «en los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible».
10. El artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva establece lo siguiente:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
11. El artículo 8 de la Directiva 93/13 dispone que «los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por dicha Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección».
12. Según el artículo 8 bis, apartado 1, de dicha Directiva:
«Cuando un Estado miembro adopte disposiciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, informará de ello a la Comisión, así como de todo cambio ulterior, en particular si dichas disposiciones:
– hacen extensiva la evaluación del carácter abusivo a las cláusulas contractuales negociadas individualmente o a la adecuación del precio o de la remuneración, o
– contienen listas de cláusulas contractuales que se consideren abusivas.»
2. Directiva 2005/29/CE
13. El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2005/29/CE (3) está redactado en los siguientes términos:
«Las prácticas comerciales que puedan distorsionar de manera sustancial, en un sentido que el comerciante pueda prever razonablemente, el comportamiento económico únicamente de un grupo claramente identificable de consumidores especialmente vulnerables a dichas prácticas o al producto al que se refieran, por padecer estos últimos una dolencia física o un trastorno mental o por su edad o su credulidad, deberán evaluarse desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o afirmaciones respecto de las cuales no se pretenda una interpretación literal.»
B. Derecho letón
1. Código Civil
14. El artículo 186 del Latvijas Republikas Civillikums (Código Civil de la República de Letonia, en lo sucesivo, «Código Civil»), de 20 de febrero de 1937, (4) establece que «los padres representarán conjuntamente a sus hijos en sus relaciones personales y patrimoniales (representación conjunta)».
15. Con arreglo al artículo 223 del Código Civil, «el padre y la madre serán los tutores naturales de sus hijos menores de edad en virtud de su derecho de guarda y custodia».
16. El artículo 293 de dicho Código establece que:
«El tutor podrá celebrar, en los asuntos que conciernan al menor y en interés de este, todo tipo de contratos, así como aceptar y efectuar pagos. Todos los actos de esta naturaleza vincularán al menor siempre y cuando el tutor haya actuado de buena fe y se haya mantenido dentro de los límites de la gestión y sin vincular al menor, salvo que exista una necesidad particular, más allá del momento en el que alcance la mayoría de edad.»
17. A tenor del artículo 1408 del citado Código, «los menores carecen de capacidad de obrar».
2. Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores
18. El artículo 1 de la Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores), de 1 de abril de 1999, (5) titulado «Términos utilizados en esta Ley», en la versión vigente cuando se celebró el contrato controvertido, definía en sus puntos 3 y 4, los siguientes conceptos:
«consumidor: toda persona física que exprese el deseo de adquirir, adquiera o pueda adquirir o utilizar bienes o servicios con un propósito ajeno a su actividad económica o profesional;
prestador de servicios: toda persona que, en el ejercicio de su actividad económica o profesional, preste un servicio a un consumidor […]».
19. En la versión que estaba en vigor cuando se celebró el contrato controvertido, el artículo 6 de esta ley, titulado, «Cláusulas contractuales abusivas», disponía lo siguiente:
«[…]
(2) Las cláusulas del contrato han de redactarse de manera clara y comprensible.
(3) Las cláusulas contractuales no negociadas individualmente se considerarán abusivas si, en contra de las exigencias de la buena fe, causan, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, establecidos en el contrato.
[…]
(8) Las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre un fabricante, un profesional o un prestador de servicios y un consumidor serán nulas y sin efecto desde la celebración del contrato, pero el contrato seguirá siendo válido si puede subsistir sin las cláusulas abusivas.
[…]»
20. El artículo 6 de la citada Ley, que transpuso al Derecho letrón el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en la versión que entró en vigor el 1 de julio de 2014, establecía, en su apartado 2, lo siguiente:
«Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las cláusulas contractuales que definan el objeto del contrato o la adecuación entre el precio o la retribución, por una parte, y el bien o el servicio, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. […]»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
21. A, es una sociedad de responsabilidad limitada de Derecho letón cuyo objeto es el apoyo al desarrollo de los deportistas en Letonia. Con este fin, ofrece a los deportistas servicios combinados para el desarrollo de sus capacidades profesionales y de su carrera mediante la celebración de contratos que prevén una obligación de pago en el futuro, siempre que se reúnan determinados requisitos.
22. C, persona física, era un menor de edad de diecisiete años que, a principios de 2009, era un joven deportista que practicaba el baloncesto sin haber iniciado aún su carrera deportiva a nivel profesional (no estaba contratado por ningún club).
23. El 14 de enero de 2009, la sociedad A, por una parte, y C y sus padres por otra, celebraron el contrato controvertido en beneficio de C. El objetivo de ese contrato era proporcionar a C una carrera exitosa como deportista profesional en el ámbito del baloncesto. Este contrato se celebró por una duración de quince años, es decir, hasta el 14 de enero de 2024.
24. Desde esta óptica, el mencionado contrato establecía que la sociedad A ofrecía a C toda una gama de servicios. (6) En virtud de la cláusula 6.1 del contrato (en lo sucesivo, «cláusula controvertida»), C se comprometía a abonar a esa sociedad, como contrapartida, una retribución del 10 % de todos y cada uno de los ingresos netos procedentes de las actividades del juego del deporte, de la publicidad, del marketing y de la aparición en medios de comunicación en relación con ese deporte percibidos durante la vigencia del contrato controvertido, más el impuesto sobre el valor añadido aplicable en Letonia, a condición de que esos ingresos alcanzaran un importe de al menos 1 500 euros al mes.
25. De los datos y documentos aportados por el órgano jurisdiccional remitente se deduce que la sociedad A había establecido previamente la mencionada cláusula, sin negociación individual, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13. Se trataría, por lo tanto, de un contrato de adhesión que, según dicho órgano jurisdiccional, también firmaron, en esos mismos términos, otros jóvenes deportistas.
26. Según el órgano jurisdiccional remitente, durante los años 2009 y 2010, la sociedad A prestó a C servicios de apoyo al desarrollo deportivo y a la carrera previstos en el contrato controvertido, en particular, entrenamientos individuales y en equipo, bajo la supervisión de especialistas, lo que requirió la aportación de recursos económicos por parte de esa sociedad. Dicho órgano jurisdiccional señala que, si bien C no utilizó una parte de los servicios ofrecidos por la sociedad A, C y sus padres incumplieron el contrato al no abonar a la sociedad la retribución prevista por los servicios prestados.
27. Según el órgano jurisdiccional remitente, habida cuenta de que los ingresos generados por C (que, mientras tanto, se convirtió en baloncestista profesional), procedentes de los contratos celebrados con clubes deportivos durante el período de que se trata, alcanzaron un importe total de 16 637 779,90 euros, C debería haber abonado a la sociedad A el 10 % de dicho importe, es decir, una suma que asciende a 1 663 777,99 euros.
28. El 29 de junio de 2020, la sociedad A demandó a C y a sus padres, reclamándoles la retribución prevista en el contrato controvertido.
29. El órgano jurisdiccional de primera instancia y, posteriormente, el de apelación, desestimaron la demanda y el recurso formulados por la sociedad A por considerar, en particular, que el contrato controvertido no era conforme a las normas nacionales en materia de defensa de los derechos de los consumidores y que la cláusula controvertida era abusiva.
30. La sociedad A interpuso recurso de casación ante la Augstākā tiesa (Senāts) (Tribunal Supremo, Letonia), el órgano jurisdiccional remitente, alegando que las disposiciones relativas a la defensa de los derechos de los consumidores no se aplicaban al caso de autos, puesto que debe considerarse que ese contrato pertenece a los contratos de deportistas «jóvenes promesas», para quienes no están concebidas las mencionadas disposiciones. En su recurso de casación, dicha sociedad solicitó que se planteara una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
31. Según el mencionado órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia ya ha interpretado el concepto de «consumidor», pero sin haber abordado hasta ahora, en su jurisprudencia, si las normas relativas a la defensa de los derechos de los consumidores son aplicables en el ámbito del deporte.
32. A este respecto, considera que debe entenderse que este es el caso. Efectivamente, al no existir una norma específica que los excluya del ámbito aplicación de la Directiva 93/13, los contratos celebrados en el ámbito del deporte, con arreglo a las disposiciones de dicha Directiva, pueden calificarse de contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
33. Por lo demás, según ese órgano jurisdiccional, carece de relevancia el hecho de que la actividad del joven deportista haya adquirido posteriormente un carácter esencialmente profesional, pues ese hecho no puede, por sí solo, privar al destinatario de los servicios del derecho a invocar su condición de «consumidor», en el sentido de la Directiva 93/13. (7)
34. Además, ese mismo órgano jurisdiccional señala las divergencias que resultan de la jurisprudencia de los Estados miembros, que hacen patente la necesidad de plantear cuestiones prejudiciales acerca de si los requisitos de protección de los consumidores previstos en la Directiva son aplicables a este tipo de contratos celebrados por jóvenes deportistas y clubes deportivos. (8)
35. Este es el contexto en el que la Augstākā tiesa (Senāts) (Tribunal Supremo) resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación de la [Directiva 93/13] un contrato de prestación de servicios de apoyo al desarrollo y a la carrera de un deportista celebrado entre, por una parte, un profesional que ejerce su actividad en el sector del desarrollo y entrenamiento de deportistas, y, por otra parte, un menor de edad representado por sus padres que, en el momento de la celebración del contrato, no ejercía una actividad profesional en el ámbito del deporte?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone la Directiva 93/13 a una jurisprudencia nacional que interpreta la normativa por la que se transpone dicha Directiva al ordenamiento jurídico nacional de modo que las disposiciones de defensa de los derechos de los consumidores contenidas en ella también son aplicables a tales contratos?
3) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera o segunda, ¿puede un órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al artículo 3 de la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual que establece que, por la prestación de los servicios de apoyo al desarrollo y a la carrera en un determinado deporte especificados en el contrato, el joven deportista se compromete a pagar una retribución consistente en el 10 % de los ingresos que percibirá durante los quince años siguientes y no considerar que dicha cláusula no está sujeta a la apreciación de su carácter abusivo, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13?
4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, ¿debe considerarse redactada de forma clara y comprensible, en el sentido del artículo 5 la Directiva 93/13, una cláusula contractual que establece que, por la prestación de los servicios de apoyo al desarrollo y a la carrera de un deportista especificados en el contrato, el joven deportista se compromete a pagar una retribución consistente en el 10 % de los ingresos que percibirá durante los quince años siguientes, habida cuenta de que, en el momento de la celebración del contrato, el joven deportista no disponía de información clara sobre el valor del servicio prestado ni sobre la cantidad que habría de abonar por dicho servicio, que le permitiera evaluar las consecuencias económicas que podían derivarse para él?
5) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, ¿debe considerarse que una cláusula contractual que establece que, por la prestación de los servicios de apoyo al desarrollo y a la carrera de un deportista especificados en el contrato, el joven deportista se compromete a pagar una retribución consistente en el 10 % de los ingresos que percibirá durante los quince años siguientes constituye, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, una cláusula que causa, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, habida cuenta de que dicha disposición no vincula el valor del servicio prestado con el coste que supone para el consumidor?
6) En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión prejudicial, ¿sería contraria al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que redujera el importe cuyo pago puede exigirse al consumidor en favor del prestador de servicios a la cuantía de los gastos reales en que este hubiera incurrido al prestar los servicios al consumidor en virtud del contrato?
7) En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión prejudicial, y si la cláusula contractual que establece que, por la prestación de los servicios de apoyo al desarrollo y a la carrera de un deportista especificados en el contrato, el consumidor se compromete a pagar una retribución consistente en el 10 % de los ingresos que percibirá durante los quince años siguientes no está sujeta a una apreciación de su carácter abusivo con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, ¿puede el órgano jurisdiccional nacional, habiendo comprobado que el importe de la retribución es manifiestamente desproporcionado en comparación con la contribución realizada por el prestador de servicios, declarar, no obstante, que dicha cláusula contractual es abusiva sobre la base del Derecho nacional?
8) En caso de respuesta afirmativa a la séptima cuestión prejudicial, ¿ha de tenerse en cuenta, en el caso de un contrato celebrado con un consumidor cuando todavía no había entrado en vigor el artículo 8 bis de la Directiva 93/13, la información facilitada por el Estado miembro a la Comisión Europea con arreglo al artículo 8 bis de dicha Directiva en lo que concierne a las disposiciones adoptadas por el Estado miembro de conformidad con el artículo 8 de esa misma Directiva y, en caso de que así sea, está limitada la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales por la información facilitada por dicho Estado miembro con arreglo al artículo 8 bis de la Directiva 93/13 cuando el Estado miembro ha indicado que su legislación no va más allá de lo dispuesto por las normas de mínimos establecidas en dicha Directiva?
9) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera o segunda, ¿qué relevancia tiene, a la luz del artículo 17, apartado 1, de la Carta, en relación con el artículo 24 de dicha Carta, para la aplicación de la normativa por la que se transponen al ordenamiento jurídico nacional las disposiciones de la Directiva 93/13, el hecho de que, en el momento en que se celebró el contrato de prestación de servicios de que se trata, con una duración de quince años, el joven deportista fuese menor de edad y que, por lo tanto, dicho contrato se hubiese celebrado por sus padres en nombre del menor, estableciendo para este la obligación de pagar una retribución consistente en el 10 % de todos los ingresos que percibiera durante los quince años siguientes?
10) En caso de respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales primera o segunda, habida cuenta de que las actividades deportivas están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, ¿vulnera los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17, apartado 1, de la Carta, en relación con el artículo 24, apartado 2, de dicha Carta, un contrato de prestación de servicios de una duración de 15 años celebrado con un joven deportista menor de edad-celebrado en nombre de este por sus padres-que obliga a dicho menor a pagar una retribución consistente en el 10 % de todos los ingresos que perciba durante los quince años siguientes?»
36. La sociedad A, C, el Gobierno letón y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia. Estas mismas partes, así como los padres de C, que no habían presentado observaciones escritas, presentaron observaciones orales y respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral, en la vista celebrada el 13 de junio de 2024.
IV. Análisis
A. Sobre la admisibilidad de algunas cuestiones prejudiciales
37. En sus observaciones escritas, la sociedad A alegó la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta, quinta, séptima, novena y décima, aduciendo, en primer término, mediante sus cuestiones prejudiciales tercera a quinta, que el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia, que aplique, no que interprete, el Derecho de la Unión, en particular, apreciando, por una parte, que debe considerarse que las cláusulas que establecen la retribución no están incluidas en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, sino en su artículo 3 (tercera cuestión prejudicial) y, por otra parte, si son conformes con los requisitos de los artículos 5 y 3, apartado 1, de dicha Directiva (cuestiones prejudiciales cuarta y quinta); en segundo término, que la séptima cuestión prejudicial es de carácter hipotético, y, en tercer término, que las cuestiones prejudiciales novena y décima son demasiado abstractas y constituyen una solicitud de opinión consultativa.
38. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dentro del marco de la cooperación entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto principal, la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación o a la validez de una norma de Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. De ello se infiere que una cuestión prejudicial relativa al Derecho de la Unión goza de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre tal cuestión prejudicial si resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado. (9)
39. Pues bien, en el presente asunto, procede señalar que la resolución de remisión describe con suficiente detalle el marco fáctico y jurídico en el que se inscribe el asunto del procedimiento principal, y que las indicaciones aportadas por el órgano jurisdiccional remitente permiten determinar el alcance de las cuestiones prejudiciales formuladas y concluir que estas no carecen de relación con el objeto de este litigio ni son de carácter hipotético. En particular, por un lado, por lo que respecta a las cuestiones prejudiciales tercera a quinta, así como novena y décima, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide el sentido y el alcance de varias disposiciones de la Directiva 93/13 con objeto de determinar si puede efectuar el control del carácter abusivo de la cláusula controvertida sobre la base de dicha Directiva. De este modo, dicho órgano jurisdiccional no solicita al Tribunal de Justicia que aplique las mencionadas disposiciones a los hechos del asunto ni que le sustituya en su propia apreciación, lo que en cualquier caso no podría hacer. (10) Por otra parte, en cuanto al carácter hipotético de la séptima cuestión prejudicial, que resulta, según la sociedad A, del hecho de que en Derecho letón no existe la posibilidad de comprobar el carácter excesivo de una contraprestación por una inversión, basta recordar que, en el marco del procedimiento del artículo 267 TFUE, las funciones del Tribunal de Justicia y las del órgano jurisdiccional remitente están claramente diferenciadas y que corresponde exclusivamente a este último interpretar su legislación nacional. (11)
40. En estas circunstancias, considero que todas las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente son admisibles.
B. Sobre el fondo
41. El órgano jurisdiccional remitente, considerando que el contexto factico en el que se inserta el asunto principal suscita una serie de cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación de la Directiva 93/13, resolvió plantear una serie de cuestiones prejudiciales que afectan, temáticamente, a distintos aspectos de dicha Directiva, que cabe reagrupar del siguiente modo:
– el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 (primera cuestión prejudicial);
– la extensión del ámbito de aplicación respecto del nivel mínimo de protección que confiere dicha Directiva (segunda cuestión prejudicial) y la forma en que la legislación nacional transpone su artículo 8 (cuestiones prejudiciales séptima y octava);
– el tratamiento de las cláusulas contractuales relativas al «objeto principal del contrato» o al «precio y la retribución», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva (tercera cuestión prejudicial);
– la exigencia de «transparencia», en el sentido de los artículos 4, apartado 2, y 5 de la misma Directiva (cuarta cuestión prejudicial);
– la apreciación del «desequilibrio importante» en el marco del examen del carácter abusivo de una cláusula, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 (quinta cuestión prejudicial);
– las consecuencias que se desprenden de la calificación de una cláusula contractual como «abusiva» con arreglo al artículo 6, apartado 1, de esa Directiva (sexta cuestión prejudicial);
– la aplicación de las disposiciones de la Carta en el marco de la apreciación de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (cuestiones prejudiciales novena y décima).
1. Sobre el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 (primera cuestión prejudicial)
42. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las cláusulas de un contrato celebrado entre, por una parte, un profesional que ejerce una actividad en el ámbito del desarrollo de los deportistas y, por otra parte, un menor de edad, representado por sus padres, que no trabajaba aún en el ámbito del deporte cuando se celebró ese contrato, están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13.
43. En este contexto, C y sus padres, el Gobierno letón y la Comisión consideran que un contrato de esas características está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva, mientras que la sociedad A defiende una respuesta negativa, alegando, en particular, a este respecto, que el hecho de que una actividad profesional revista un carácter futuro no afecta en nada a la naturaleza del contrato.
44. Antes que nada, con carácter preliminar, procede recordar que el propósito de la Directiva 93/13, de acuerdo con su artículo 1, apartado 1, es aproximar las disposiciones de los Estados miembros relativas a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Se trata, de esta forma, de un acto legislativo horizontal destinado a garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, (12) protegiéndoles de las cláusulas abusivas en todos los tipos de contratos celebrados con profesionales. En consecuencia, esta Directiva está destinada a aplicarse en todos los sectores de la actividad económica y, en principio, a todos los tipos de contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios celebrados entre un profesional y un consumidor. (13)
45. Además, como ha señalado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en su contenido. (14) Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende sustituir el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas. (15)
46. De ello se infiere que la citada Directiva va dirigida, por una parte, a tratar situaciones de desigualdad entre las partes en relación con las cláusulas contractuales, que pueden deberse a una asimetría en lo que se refiere a la información o a las competencias técnicas, (16) o a la capacidad de negociación, (17) en relación con las cláusulas contractuales, y, por otra parte, a disuadir a los profesionales de utilizar cláusulas abusivas en el futuro. (18)
47. Procede examinar, a la vista de los objetivos perseguidos por la Directiva 93/13, si el contrato controvertido está comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
48. A este respecto, es preciso recordar que, según resulta de sus artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, la Directiva 93/13 se aplica a las cláusulas de los «contratos celebrados entre profesionales y consumidores» que «no se hayan negociado individualmente». Como señala el décimo considerando de esta Directiva, las normas uniformes sobre cláusulas abusivas deben aplicarse a «todos los contratos» celebrados entre un «profesional» y un «consumidor», según los define el artículo 2, letras b) y c), de la mencionada Directiva. (19) En consecuencia, para que un contrato esté incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, es necesario que una de las partes en el contrato sea un «profesional», en el sentido de la definición del artículo 2, letra c), de esta Directiva, y que la otra parte sea un «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la misma Directiva. Dicho de otra forma, desde el momento en que el contrato se haya celebrado entre un profesional, por una parte, y un consumidor, por otra, se entiende que ese contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.
49. En este caso, debo señalar, por una parte, que, si bien de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende claramente que el contrato controvertido era un «contrato tipo» redactado conforme a un formulario preestablecido y firmado por muchos otros jóvenes deportistas, la sociedad A sostiene que la cláusula controvertida fue objeto de una negociación individual. (20) Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse sobre esta cuestión, teniendo en cuenta las normas relativas al reparto de la carga de la prueba establecidas en el artículo 3, apartado 2, párrafos primero y tercero, de la Directiva 93/13, que prevén, en particular, que el profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. (21)
50. Por otra parte, es pacífico que el contrato controvertido fue firmado por la sociedad A, que actuaba como «profesional» en el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva. En estas circunstancias procede entender la primera cuestión prejudicial en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en primer lugar, si una persona física, como C, que, en el momento en que celebró el contrato controvertido, no ejercía una actividad profesional en la disciplina deportiva a que este hace referencia, sino que pasó a ser deportista profesional con posterioridad, debe considerarse, en el marco de dicho contrato, como un «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, de forma que dicho contrato esté incluido en el ámbito de aplicación ratione personae de esa misma Directiva (a), y, en segundo lugar, si el propio objeto del contrato, que, según la sociedad A, debería considerarse «perteneciente a los contratos de deportista “joven promesa”», puede constituir una excepción al ámbito de aplicación ratione materiae de la Directiva 93/13, que justifique, de este modo, que no se apliquen sus disposiciones (b).
a) Sobre el ámbito de aplicación ratione personae de la Directiva 93/13
51. En primer término, por lo que se refiere a la aplicación ratione personae de la Directiva 93/13 y, más concretamente, al concepto de «consumidor», debo recordar que con arreglo al artículo 2, letra b), de la Directiva se entiende por «consumidor» «toda persona física que, en los contratos regulados por [dicha] Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional». Este mismo artículo, en su letra c), confiere al concepto de «profesional» una definición amplia según la cual se califica de «profesional» a «toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por [esa misma] Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada».
52. De ello se infiere que la Directiva 93/13 define los contratos a los que se aplica atendiendo no a la identidad de las partes del litigio, sino a la calidad de las partes en el contrato, según actúen o no en el marco de su actividad profesional. (22) En efecto, este enfoque, con frecuencia denominado «funcional», corresponde a la idea, ya recordada en el punto 45 de las presentes conclusiones, que sustenta el sistema de protección establecido por la Directiva, a saber, que el consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto del profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información. (23)
53. De ello se sigue que la condición de «consumidor» debe evaluarse caso por caso en relación con el contrato específico de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza y objeto del contrato en cuestión y el hecho de que la Directiva 93/13 esté enfocada a la protección de los consumidores como la parte típicamente más débil. (24) Por lo tanto, para calificar a una persona de «consumidor», se debe observar el equilibrio de poder entre las partes en relación con el contrato en cuestión. Los factores típicos son la asimetría en cuanto a la información, el conocimiento y la experiencia o la capacidad de negociación.
54. Al mismo tiempo, el concepto de «consumidor» es objetivo y refleja una posición típicamente más débil respecto del profesional. El carácter objetivo del concepto significa que es independiente de los conocimientos e información concretos de que realmente disponga dicha persona. (25) Como ha declarado el Tribunal de Justicia, el empleo de un criterio de referencia abstracto para el control del carácter transparente de una cláusula contractual permite evitar que ese control dependa de que concurra un conjunto complejo de factores subjetivos que resulta difícil, cuando no imposible, demostrar. (26)
55. En el presente asunto, sin perjuicio de las comprobaciones que realice el órgano jurisdiccional remitente, no se discute que, al celebrar el contrato controvertido, la carrera de C aún no había comenzado ya que ningún club le había contratado. Pues bien, existe, en principio, una desigualdad entre C y la sociedad A debida a la asimetría entre las mencionadas partes en términos de información y competencias técnicas. En efecto una sociedad de ese tipo dispone, como regla general, de una organización permanente, de un servicio jurídico especializado en la materia y de competencias técnicas que no necesariamente están al alcance de un joven deportista que actúa a título privado y que no era profesional en el momento en que se celebró el contrato y se encuentra ante un contrato de este tipo de forma circunstancial. Parece, por lo tanto, legítimo presumir que C se hallaba objetivamente en una posición más débil que la de la sociedad A, máxime si se tiene en cuenta su minoría de edad. Por una parte, C no tenía el mismo nivel de conocimientos que dicha sociedad en lo tocante a los diferentes servicios ofrecidos en el contrato controvertido y, por otra, tenía escasa capacidad negociadora debido, en particular, a que, al celebrarse el contrato, la sociedad A parecía ser la única sociedad que proporcionaba ese tipo de servicios relacionados con el desarrollo deportivo en Letonia. (27) No obstante, corresponderá asimismo al órgano jurisdiccional remitente comprobar si ese desequilibrio de poder entre la sociedad A y C pudo compensarse por el hecho de que C estaba representado por sus progenitores y que, concretamente, su padre, según las observaciones orales presentadas por la sociedad A, cuando se celebró el contrato controvertido, era entrenador de baloncesto. Sobre este particular, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que, aunque un determinado «consumidor» tenga unos conocimientos y una experiencia superiores, ello no obsta a que sea un «consumidor» en el sentido de la Directiva 93/13. (28)
56. Del conjunto de elementos mencionados en el apartado anterior resulta que, en principio, cuando se celebró el contrato controvertido, C actuó como «consumidor», en el sentido de la Directiva 93/13 y que, en consecuencia, las disposiciones de dicha Directiva deberían aplicarse a dicho contrato.
57. Considero que no contradice esta conclusión el hecho de que la condición de «consumidor» del deportista en cuestión evolucionó, tras la celebración del mencionado contrato, cuando se convirtió en un atleta «profesional», en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva. Al igual que el órgano jurisdiccional remitente, opino que esta evolución no es pertinente en el contexto específico del Derecho de los consumidores a efectos de apreciar la naturaleza de la relación jurídica entre ambas partes. Así, contrariamente a las situaciones relativas a la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de determinación de la competencia, (29) por lo que se refiere al ámbito de aplicación del Derecho de los consumidores, carece, en mi opinión, de relevancia el hecho de que la actividad del joven deportista en el ámbito a que se refiere el contrato haya adquirido posteriormente un carácter profesional. Lo anterior también es válido en la hipótesis de que se demostrara que el joven deportista solo utilizó los servicios proporcionados por el profesional con objeto de adquirir competencias profesionales, pues el elemento esencial radica en que, cuando se celebró el contrato controvertido, el joven deportista no era profesional.
58. En efecto, por una parte, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, «el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración». (30) Como ha confirmado el Tribunal de Justicia, la fecha de celebración es, por lo tanto, la fecha pertinente a la hora de apreciar el carácter abusivo de una cláusula, de manera que la aplicabilidad de la Directiva debe apreciarse con independencia de cualquier evolución posterior desde la condición de «consumidor» a la de «profesional». Cualquier otra interpretación más «dinámica» de la condición de «consumidor», que consistiera en sostener que dicha condición podría perderse con el tiempo, contradiría la propia redacción de la mencionada disposición.
59. Por otra parte, esta interpretación se ajusta, asimismo, al objetivo perseguido por la Directiva 93/13 en la medida que el momento de la celebración del contrato, que coincide con la eventual posición de desventaja respecto del profesional, es cuando el contrato puede producir consecuencias desfavorables para el consumidor, incluso a largo plazo.
b) Sobre el ámbito de aplicación ratione materiae de la Directiva 93/13
60. En segundo término, por lo que atañe al ámbito de aplicación ratione materiae de la Directiva 93/13 y, más concretamente, a la cuestión de si un contrato de deportista «joven promesa» puede excluirse de este, debe recordarse que dicha Directiva se aplica a «todos los contratos» celebrados entre profesionales y consumidores en todos los sectores de la actividad económica, (31) y que el criterio decisivo a efectos de la aplicación de la citada Directiva es el la condición en la que han intervenido las partes cuando celebraron el contrato controvertido, y no el objeto de este último, que, en principio, no es pertinente para definir el ámbito de aplicación de la referida Directiva. (32) No obstante, esta regla tiene algunas excepciones. (33)
61. Por una parte, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 excluye del ámbito de aplicación de esta «las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son partes». A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta, en particular, del objetivo de la Directiva, a saber, la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas incluidas en los contratos celebrados con estos últimos por los profesionales, la excepción establecida en el artículo 1, apartado 2, de la citada Directiva es de interpretación estricta, con objeto de garantizar su efectividad. (34) Asimismo, recordó que, en cualquier caso, una cláusula contractual que figure en un contrato concluido por un profesional con un consumidor está excluida del ámbito de aplicación de esa misma Directiva únicamente si tal cláusula refleja el contenido de una disposición legal o reglamentaria imperativa, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, en relación con su decimotercer considerando. En efecto, tal exclusión se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibrio que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar. (35)
62. Por otra parte, el décimo considerando de la Directiva 93/13 añade que «quedan excluidos de [esta Directiva], en particular, los contratos de trabajo, los contratos relativos a los derechos de sucesión, los contratos relativos al estatuto familiar, los contratos relativos a la constitución y estatutos de sociedades». Al igual que ocurre con la exclusión contemplada en el artículo 1, apartado 2, de la citada Directiva, la ratio legis de la exclusión de este tipo de contratos se basa en el hecho de que la lex specialis que regula el conjunto de dichos contratos permite suprimir eventuales asimetrías entre los derechos y las obligaciones de las partes.
63. En el presente asunto, la sociedad A alega que el contrato controvertido está sujeto a la normativa nacional sobre contratos de deportistas «jóvenes promesas» y que, por lo tanto, las disposiciones de la Directiva 93/13 no son de aplicación. Pues bien, a tenor de lo que antecede, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar el contenido de dicha normativa con el fin de determinar si las cláusulas del contrato controvertido reflejan normas de Derecho imperativo aplicables al caso, de manera que sea posible, en abstracto, corregir un eventual desequilibrio entre los «jóvenes promesas» y los profesionales, y excluir determinadas cláusulas, en particular, la cláusula controvertida del contrato, relativa a la retribución, del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Pero, al realizar esta tarea, el mencionado órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, tal excepción a la aplicación de la referida Directiva debería, a mi juicio, interpretarse de forma restringida. (36) Además, en relación con el carácter imperativo de la normativa nacional, debe decirse que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para excluir la aplicación de la citada Directiva, dicho órgano jurisdiccional deberá asegurarse de que dicha exclusión se aplica a las partes del contrato independientemente de su elección y que es de carácter complementario (por defecto), si las partes no han dispuesto otra cosa. (37) Asimismo, ese órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta que, cuando se apliquen otras disposiciones de Derecho nacional, además de la Directiva 93/13, se favorecerá una interpretación que conserve en la mayor medida posible la efectividad de la Directiva. (38) Por último, como se demostrará a continuación, nada impide que se tenga en cuenta, a la hora de evaluar la transparencia y el carácter abusivo de las cláusulas contractuales en el marco de dicha Directiva, el hecho de que existan otras disposiciones. (39)
64. Con arreglo a las anteriores consideraciones, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que un contrato de prestación de servicios de desarrollo deportivo y de ayuda a la carrera celebrado entre, por una parte, un profesional que ejerce su actividad profesional en el sector del desarrollo y entrenamiento de deportistas y, por otra parte, un menor de edad que estaba representado por sus padres y que, en el momento de la celebración de dicho contrato, no ejercía una actividad profesional en el ámbito del deporte está, en principio, comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos de aplicación establecidos en dicha Directiva.
2. Sobre la extensión del nivel mínimo de protección conferido por la Directiva 93/13 (segunda cuestión prejudicial)
65. Mediante su segunda cuestión prejudicial, planteada para el supuesto de que se dé una respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si la Directiva 93/13 se opone a que se amplíe el ámbito de aplicación de esta, exclusivamente por vía jurisdiccional, de manera que sus disposiciones puedan aplicarse a contratos que no estén comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
66. Habida cuenta de la respuesta que propongo a la primera cuestión prejudicial, considero que no es necesario analizar la segunda cuestión prejudicial.
67. En cualquier caso, y con ánimo de ser exhaustivo, señalaré que, como resulta de la respuesta que considero debe darse a la primera cuestión prejudicial, la Directiva 93/13 solo se refiere a los contratos celebrados entre un «profesional» y un «consumidor» y, por lo tanto, sensu contrario, no se aplica a contratos en los que no participe ningún consumidor. No obstante, dado que se trata de una armonización parcial y mínima, nada impide a los Estados miembros extender el ámbito de aplicación de las normas nacionales de transposición de la Directiva 93/13 a otros contratos como, por ejemplo, los contratos celebrados entre dos «consumidores», o, por el contrario, entre dos «profesionales». (40) En efecto, el Tribunal de Justicia ha confirmado que los Estados miembros conservan, en particular, la posibilidad de aplicar las disposiciones de dicha Directiva, como normas de Derecho nacional, a situaciones no comprendidas en su ámbito de aplicación, siempre que ello sea compatible con los objetivos perseguidos por esta y con los Tratados. (41) Los Estados miembros podrán decidir extender la aplicación de lo dispuesto en la citada Directiva a las personas jurídicas o físicas que no sean «consumidores» en el sentido de esta, sin embargo, la aplicación de las disposiciones de esa Directiva a aspectos no incluidos en su ámbito de aplicación es competencia de los Estados miembros. (42) Por lo demás, según el Tribunal de Justicia, tal «extensión» del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, ya se realice ope legis o por vía jurisprudencial, (43) constituye una cuestión que depende exclusivamente del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.
3. Sobre la aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 (tercera cuestión prejudicial)
68. Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 una cláusula contractual que, entre otras cosas, establece el importe de la retribución del servicio previsto en el contrato controvertido, a pesar de que dicha disposición aún no había sido transpuesta al ordenamiento jurídico nacional. (44)
69. En primer lugar, procede recordar que, a tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible», es decir, en otros términos, siempre que estas cláusulas respondan a la exigencia de transparencia de la referida Directiva. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, las cláusulas contempladas por dicha disposición, que están incluidas en el ámbito regulado por la mencionada Directiva, solo se eximen de la apreciación de su carácter abusivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, en la medida en que el órgano jurisdiccional competente tuviera que considerar, tras un examen del caso concreto, que fueron redactadas por el profesional de manera clara y comprensible. (45)
70. Por lo tanto, esta disposición tiene únicamente por objeto establecer las modalidades y el alcance del control del contenido de las cláusulas contractuales no negociadas individualmente, que describen las prestaciones esenciales de los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor. (46) En consecuencia, cuando una cláusula contractual se refiera a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, la evaluación del carácter abusivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se impone si dicha cláusula está formulada de manera clara y comprensible. (47)
71. En segundo lugar, por lo que respecta a la transposición de dicha disposición al Derecho nacional, el Tribunal de Justicia ha considerado que nada impide a un Estado miembro que mantenga o adopte, en todo el ámbito regulado por esa Directiva, incluido su artículo 4, apartado 2, normas más estrictas que las establecidas por la propia Directiva, si pretenden garantizar al consumidor un mayor nivel de protección. (48) En efecto, las cláusulas contempladas en el artículo 4, apartado 2, están comprendidas en el ámbito regulado por la citada Directiva y, en consecuencia, el artículo 8 de esta, que permite a los Estados miembros adoptar disposiciones más estrictas con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección, también se aplica a dicho artículo 4, apartado 2. (49) Sobre este extremo, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para garantizar en concreto los objetivos de protección de los consumidores perseguidos por la Directiva 93/13, toda adaptación del Derecho interno a dicho artículo 4, apartado 2, debía ser completa, de modo que la prohibición de apreciar el carácter abusivo de las cláusulas se refiere únicamente a las redactadas de manera clara y comprensible. (50)
72. De ello se infiere que, en el supuesto de que no se haya transpuesto el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, un órgano jurisdiccional podrá, en cualquier circunstancia, apreciar, en el marco de un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de una cláusula no negociada individualmente, que se refiera en particular al objeto principal o a la adecuación del precio o de la retribución, incluso en supuestos en que estas cláusulas hayan sido redactadas de antemano por el profesional de manera clara y comprensible. (51) Al autorizar la posibilidad de un control jurisdiccional completo del carácter abusivo de las cláusulas, tal opción permite garantizar al consumidor, conforme al artículo 8 de la Directiva, una protección efectiva más elevada que la prevista por esta. (52)
73. Por lo tanto, en este supuesto, dado que el contrato controvertido se celebró durante el año 2009 y que, hasta el año 2014, no hubo transposición al Derecho letón del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, un órgano jurisdiccional nacional, como el órgano jurisdiccional remitente, debería poder apreciar, en cualquier caso, el carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato, con independencia de si esta se refiere al objeto del contrato o a la adecuación del precio y de la retribución, por una parte, y de los servicios o bienes que se hayan de proporcionar como contrapartida, por otra parte, y ello aunque el profesional la redactara previamente de manera clara y comprensible. (53)
74. En atención a lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que, si, en el momento en que se celebró el contrato controvertido, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 no se había transpuesto al Derecho interno, un órgano jurisdiccional nacional debe, en cualquier caso, poder apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual dada, en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva, con independencia de si dicha cláusula se refiere al objeto principal del contrato o a la adecuación del precio y de la retribución, por una parte, y de los servicios o de los bienes que se hayan de proporcionar como contrapartida, por otra, y ello aunque el profesional la redactara previamente de manera clara y comprensible.
4. Sobre la exigencia de «transparencia» en el sentido del artículo 5 de la Directiva 93/13 (cuarta cuestión prejudicial)
75. Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si y, en su caso, en qué condiciones, debe considerarse que una cláusula contractual como la controvertida en el litigio principal, que prevé, en relación con la prestación de servicios de desarrollo deportivo y de ayuda a la carrera, que un deportista se compromete a abonar una retribución igual al 10 % de sus ingresos percibidos durante los quince años siguientes, está redactada de manera «clara y comprensible», en el sentido del artículo 5 de la Directiva 93/13.
76. Más concretamente, esta cuestión prejudicial versa sobre el alcance y la naturaleza de la transparencia que caracteriza a una cláusula considerada no abusiva. A este respecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 93/13, por una parte, en los casos de contratos en los que todas las cláusulas propuestas al consumidor consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible y, por otra parte, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula, debe prevalecer la interpretación más favorable al consumidor.
77. Por lo que respecta a la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, según resulta del artículo 5 o del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, el Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia no puede reducirse solo al carácter comprensible de estas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto del profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales debe entenderse de manera extensiva. (54)
78. En consecuencia, la referida exigencia de transparencia implica la obligación no solo de que la cláusula sea comprensible para el consumidor en un plano formal y gramatical, (55) sino también de que posibilite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de dicha cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras. (56)
79. Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él. (57)
80. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente destaca que, cuando se celebró el contrato controvertido, C no disponía de información sobre el valor del servicio prestado ni sobre la cantidad que habría de abonar por dicho servicio, que le habría permitido evaluar las consecuencias económicas que podían derivarse para él. Ciertamente, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia efectuar tal evaluación, considero que los siguientes elementos son pertinentes a efectos de apreciar la transparencia de la cláusula controvertida.
81. En primer término, me parece indudable que la cláusula controvertida relativa a la retribución es de fácil comprensión para un «consumidor medio, que […] está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz», (58) tanto en los planos formal y gramatical, como desde el punto de vista del cálculo relacionado con la retribución adeudada por C a la sociedad A. En efecto, considero que no se ha puesto en duda que se ha permitido a C y a sus padres comprender el funcionamiento concreto de esta cláusula gracias a un criterio preciso (el cálculo de la retribución es sencillo, habida cuenta de que este asciende al «10 % de todos los ingresos netos percibidos durante el contrato», a saber, un período preestablecido de quince años) e inteligible (sin referencia alguna a elementos que hagan más complejo el método de cálculo, como una posible referencia a índices de precios). En consecuencia, no parece que exista ninguna duda de que el deportista podía comprender el método de cálculo utilizado, siempre que la sociedad A precisara debidamente en qué consistían «todos los ingresos netos».
82. En segundo término, dado que era objetivamente imposible predecir el importe exacto de la retribución al depender esta del importe de los ingresos que generara C en el futuro, la exigencia de transparencia debe apreciarse, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tomando como referencia los elementos de que disponía el profesional en la fecha en que se celebró el contrato con el consumidor. En consecuencia, no puede exigirse a un profesional que informe al consumidor sobre las consecuencias económicas finales de su contratación, que dependen de acontecimientos futuros, imprevisibles e independientes de la voluntad de ese profesional. (59)
83. En tercer término, y a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que no es menos cierto que la información que el profesional está obligado a comunicar antes de la celebración del contrato debe permitir al consumidor tomar su decisión con prudencia y con pleno conocimiento, por una parte, de la posibilidad de que se produzcan tales acontecimientos y, por otra parte, de las consecuencias que estos pueden acarrear. (60) En consecuencia, corresponde al juez nacional evaluar, teniendo en cuenta el conjunto de elementos pertinentes que concurren en la conclusión de este contrato, si la información comunicada por el profesional antes de la celebración del mencionado contrato permitió al consumidor, como consumidor normalmente informado, tomar su decisión con prudencia y con pleno conocimiento de las consecuencias que se derivaban de la propia celebración del contrato. Sobre este particular, debe decirse que corresponderá al juez nacional, entre otras cosas, apreciar si la sociedad A comunicó, en su totalidad, a C la amplia gama de servicios ofrecidos (61) y su duración, de modo que C pudiera estimar el valor de estos servicios en su conjunto en relación con la retribución que potencialmente se adeudaría a esa sociedad, pues es lógico suponer que la decisión de vincularse contractualmente con dicha sociedad debería haberse adoptado sobre la base de esos dos elementos.
84. A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 5 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que la exigencia de que las cláusulas contractuales deban formularse de forma «clara y comprensible» obliga a una empresa que ofrece servicios de desarrollo deportivo y de ayuda a la carrera a proporcionar a un joven deportista información suficiente para que pueda adoptar una decisión informada, basada en datos precisos, de tal forma que la cláusula contractual no solo debe ser comprensible desde el punto de vista formal y gramatical, sino que también debe permitir al consumidor, por una parte, comprender en su integridad las consecuencias económicas significativas que esta cláusula podría producir desde el punto de vista de sus compromisos económicos y, por otra parte, evaluar su adecuación en relación con el valor total de los servicios ofrecidos por esa empresa.
5. Sobre el carácter abusivo de la cláusula de retribución a la luz del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 (quinta cuestión prejudicial)
85. Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la cláusula controvertida crea, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, dado que la referida cláusula no establece una relación entre el valor del servicio prestado y su coste para el consumidor. Por lo tanto, esta cuestión prejudicial va dirigida a apreciar el carácter abusivo de la cláusula controvertida y, en particular, la compatibilidad del cálculo de la retribución del contrato con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13.
86. Con carácter preliminar, considero útil realizar algunas precisiones en relación con la apreciación del posible carácter abusivo de la cláusula controvertida.
87. Por una parte, es preciso recordar que cabe considerar que esta cláusula es pertinente tanto respecto del «objeto principal del contrato» (62) como de la «adecuación entre precio y retribución», (63) en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. En consecuencia, con arreglo a dicha disposición, esta cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, pero se excluye la apreciación de su carácter abusivo con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la mencionada Directiva si esta responde a la exigencia de transparencia dimanante de la Directiva. En consecuencia, el análisis que sigue a continuación solo es pertinente si el órgano jurisdiccional remitente llega a la conclusión, bien de que la cláusula controvertida no responde a la exigencia de transparencia —en la medida en que el hecho de que una cláusula no esté redactada de forma clara y comprensible no puede por sí misma conferirle un carácter abusivo—, (64) bien de que puede apreciar su carácter abusivo debido a que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 no puede aplicarse a este asunto por cuanto, en el momento en que se celebró el contrato controvertido, esta disposición aún no se había transpuesto al Derecho letón. (65) En cualquier caso, el carácter transparente de una cláusula contractual que exige el artículo 5 de esta Directiva constituye uno de los elementos esenciales que asimismo deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula. (66)
88. Por otra parte, debe precisarse que la competencia del Tribunal de Justicia en la materia se refiere a la interpretación de los conceptos de la Directiva 93/13 y a los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a tenor de lo dispuesto en ella, en el bien entendido de que corresponde a ese juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre cuál es la calificación concreta de una determinada cláusula contractual en función de las circunstancias propias del caso. De ello resulta que el Tribunal de Justicia debe limitarse a proporcionar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que este último debe, en principio, tener en cuenta. (67)
89. Dado que tales precisiones han sido aportadas, es preciso recordar que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan de dicho contrato. De ello se sigue que corresponde al juez nacional evaluar, atendiendo a todas las circunstancias del litigio, en primer lugar, el posible incumplimiento de las exigencias de la «buena fe» y, en segundo lugar, la existencia de un posible «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13. (68)
90. Por un lado, por lo que respecta la exigencia de «buena fe», el decimosexto considerando de la Directiva precisa, en particular, que «los profesionales pueden cumplir [con esta exigencia] tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses legítimos deben tener en cuenta» y que corresponde al juez nacional «prestar especial atención a la fuerza de las respectivas posiciones de negociación de las partes, a si se ha inducido en algún modo al consumidor a dar su acuerdo a la cláusula y a si los bienes se han vendido o los servicios se han prestado a petición especial del consumidor». (69) El juez nacional debe comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo de resultas de una negociación individual. (70)
91. Por otro lado, en cuanto a la exigencia, específicamente mencionada en la quinta cuestión prejudicial, relativa al «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el Tribunal de Justicia ha señalado que es preciso tener en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes, de modo que se valore si —y, en su caso, en qué medida— el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la contemplada por el Derecho nacional vigente. (71) En efecto, gracias a ese análisis comparativo, el órgano jurisdiccional nacional puede apreciar si —y, en su caso, en qué medida— un contrato deja al consumidor en una posición jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. (72) Sin embargo, si no existen otras normas pertinentes establecidas por la legislación nacional (como puede ocurrir en relación con la determinación de la retribución en el marco de los contratos de deportistas «jóvenes promesas»), el desequilibrio importante debe apreciarse teniendo en cuenta otros puntos de referencia, tales como las prácticas de mercado justas y equitativas en vigor a la fecha de la celebración del contrato en materia de retribución en el ámbito deportivo de que se trate (73) o una comparación de los derechos y las obligaciones de las partes en virtud de un determinado contrato, teniendo en cuenta su naturaleza y cláusulas contractuales relacionadas. (74) Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas. (75) Por último, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el juez nacional deberá apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento en que se celebre, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa. (76)
92. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar la situación del litigio principal, teniendo en cuenta las indicaciones mencionadas en los puntos 89 a 91 de las presentes conclusiones, después de haber comprobado los elementos correspondientes al marco fáctico del presente asunto y al marco jurídico nacional.
93. En el presente asunto, como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente deberá comprobar si la legislación nacional relativa a los contratos de deportistas «jóvenes promesas» no contiene disposiciones en materia de retribución de las que se aparte el contrato controvertido. En ausencia de tal legislación, dicho órgano jurisdiccional deberá tomar como referencia las prácticas de mercado justas y equitativas en materia de retribución por los servicios que se contemplan en el ámbito deportivo de que se trata que estaban vigentes en el momento de la celebración del contrato. Además, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el mencionado órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta la naturaleza de los servicios que sean objeto de ese contrato y comprobar si, en su caso, la falta de correlación entre el valor del servicio prestado por la sociedad A y la retribución de tales prestaciones por C, puede conferir a la cláusula controvertida un carácter abusivo.
94. Considero, a este respecto, que, al apreciar un posible desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes, el órgano jurisdiccional remitente deberá tener en cuenta si el prestador de servicios puede demostrar que la retribución del 10 % de todos los ingresos generados por C durante el contrato controvertido tenía realmente relación con los servicios prestados por la sociedad A y si esa retribución corresponde al valor de mercado en el ámbito deportivo de que se trata. En mi opinión, no cabe aceptar una total desproporción entre el servicio prestado y el precio pagado, y ello aun cuando estuviera permitida por la legislación nacional o no estuviera expresamente prohibida por esta. (77)
95. Sin embargo, a este respecto, opino que es importante que el mencionado órgano jurisdiccional tenga en cuenta los siguientes elementos, que más bien apuntan a que no existe un «desequilibrio importante»: i) el hecho de que tal retribución solo sea exigible si el importe de los ingresos asciende, al menos, 1 500 euros al mes; ii) el hecho de que, a tenor del contrato controvertido, C podría haber decidido rescindir el contrato unilateralmente sin abonar ninguna compensación, en particular, si decidía no continuar con su carrera profesional, (78) y iii) el hecho de que los servicios prestados por la sociedad A lo han sido sin garantía de que C obtuviera el resultado previsto, a saber, convertirse en profesional, lo cual significa que, por su propia naturaleza, el contrato suponía un factor de riesgo considerable para esa sociedad. (79) Sobre este extremo, considero, en efecto, que el órgano jurisdiccional remitente deberá tener en cuenta el hecho de que la retribución percibida por C servirá no solo para financiar los servicios prestados por la sociedad A a C, sino también a todos los demás jóvenes promesas que hayan celebrado contratos similares con dicha sociedad (en particular, aquellos que no hayan pasado a ser profesionales) y esto posiblemente durante varios años. En consecuencia, será necesario apreciar el sistema en su conjunto.
96. Por último, el órgano jurisdiccional remitente deberá, en cualquier caso, tener en cuenta, asimismo, los elementos que abogan en favor de la existencia de un desequilibrio y, especialmente, el hecho de que el contrato controvertido no parecía contener ninguna cláusula que previera la posibilidad de que las partes se pusieran de acuerdo para reducir las obligaciones del joven deportista o modificar la duración del contrato, por ejemplo, hasta la mayoría de edad del joven deportista o en función de la importancia y la duración de los servicios recibidos, cuando lo normal es que se incluya una cláusula de este tipo en aras del interés del joven deportista.
97. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el carácter eventualmente abusivo de una cláusula de un contrato de prestación de servicios de apoyo al desarrollo y a la carrera deportiva que establece que, por la prestación de dichos servicios, el joven deportista, en su condición de consumidor, se compromete a pagar una retribución consistente en el 10 % de los ingresos que percibirá en los quince años siguientes si se convierte en profesional, son pertinentes el posible incumplimiento de la exigencia de «buena fe» y la existencia de un eventual «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor, y deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional a falta de un acuerdo entre las partes, de modo que se valore si —y, en su caso, en qué medida— ese contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la contemplada por el Derecho nacional vigente y, en defecto de tales normas, las prácticas de mercado vigentes en la fecha de celebración de dicho contrato en materia de retribución en el ámbito deportivo de que se trata, siempre que sean justas y equitativas, así como la naturaleza de los bienes o los servicios que sean objeto del contrato, considerando, en el momento en que se celebra, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del mismo contrato, o de otro contrato del que dependa, y, en particular, si la retribución exigida corresponde al valor de mercado en el ámbito deportivo de que se trata, también a la luz, en particular, del riesgo que supone, para el profesional, el hecho de no tener garantía de recibir ninguna retribución si el joven deportista no se convierte en profesional.
6. Sobre el carácter no vinculante de una cláusula abusiva en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (sexta cuestión prejudicial)
98. Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, cuando se compruebe que una cláusula contractual reviste carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, el artículo 6, apartado 1, de esta se opone a que el órgano jurisdiccional nacional pueda reducir el importe adeudado por el consumidor al importe de los gastos efectivamente soportados por el prestador de servicios profesional en el marco de la ejecución del contrato.
99. De ello se deduce que la sexta cuestión prejudicial tiene por objeto una eventual facultad del órgano jurisdiccional remitente para revisar o modificar una cláusula si considera que esta es de carácter abusivo.
100. A este respecto, debe recordarse que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por el Derecho nacional de que se trate. Esta disposición establece, asimismo, que el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.
101. Como ha subrayado el Tribunal de Justicia reiteradamente, se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas. (80) Además, dada la naturaleza y la importancia del interés público en el que se basa la protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores, el artículo 6 de esta debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que tienen, en el ordenamiento jurídico interno, el rango de las normas de orden público. (81)
102. Así pues, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. (82) Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. (83)
103. De ello se sigue, a este respecto, en primer lugar, que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicar una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten indebidos genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes. Efectivamente, la exclusión de tal efecto restitutorio podría poner en cuestión el efecto disuasorio que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 7, apartado 1, de esta, pretende atribuir a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores. (84) Con mayor motivo, si, como ocurre en el presente asunto, un consumidor no ha efectuado pagos que resultan indebidos por mor del carácter abusivo de la cláusula que los impone, no puede exigírsele que pague, siquiera parcialmente, los importes debidos con arreglo a dicha cláusula, pues debe considerarse que esta nunca existió. (85) De no ser así, la cláusula controvertida seguiría siendo parcialmente vinculante y el profesional obtendría un cierto beneficio de su uso.
104. En segundo lugar, por lo que respecta a la facultad de modificar o revisar una cláusula abusiva, el Tribunal de Justicia ha considerado que al juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores. (86) En efecto, el Tribunal de Justicia ha juzgado explícitamente que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no puede interpretarse en el sentido de que permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena contractual impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a este de la referida cláusula. Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia ha considerado que, habida cuenta de la finalidad y la sistemática de la Directiva, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la citada Directiva, ya que la mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales. (87)
105. En consecuencia, considero que, si un órgano jurisdiccional nacional tuviera que declarar que la cláusula de que se trata revestía un carácter abusivo, una facultad que se le confiriera para revisar o modificar dicha cláusula contractual no sería conforme al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. La única posibilidad de que dispone ese órgano jurisdiccional consiste en anular la cláusula abusiva para, a continuación, examinar si, en virtud de las normas del Derecho nacional, el contrato puede, desde un punto de vista jurídico, mantenerse sin esa cláusula abusiva, extremo que debe comprobarse según un enfoque objetivo. (88)
106. En atención a lo que antecede, sugiero que se conteste a la sexta cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que debe considerarse, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de forma que no puede surtir efectos respecto del consumidor, que debería ser restablecido a la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría de no haber existido esa cláusula, sin que el órgano jurisdiccional nacional pueda imponerle el pago de ningún importe en concepto de retribución prevista por la cláusula declarada abusiva, tanto si se reduce dicho importe limitándolo a los gastos efectivamente soportados por el prestador de servicios profesional en el marco de la ejecución del contrato como si no se establece dicho límite.
7. Sobre el contenido de los artículos 8 y 8 bis de la Directiva 93/13 (cuestiones prejudiciales séptima y octava)
107. Mediante sus cuestiones prejudiciales séptima y octava, que propongo se examinen conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea, en esencia, saber, en el supuesto de que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 fuera aplicable, si, por una parte, el órgano jurisdiccional nacional puede, cuando comprueba que el importe de la retribución es manifiestamente desproporcionado en relación con la contribución realizada por el prestador de servicios, declarar que dicha cláusula contractual es abusiva basándose exclusivamente en las disposiciones de Derecho nacional (séptima cuestión prejudicial) y, en caso afirmativo, por otra parte, si, cuando conoce de un contrato celebrado antes de la entrada en vigor del artículo 8 bis de la referida Directiva, ese órgano jurisdiccional está obligado a tener en cuenta exclusivamente la información relativa a las disposiciones adoptadas por el Estado miembro de conformidad con el artículo 8 de dicha Directiva que dicho Estado miembro ha comunicado a la Comisión con arreglo al artículo 8 bis de la misma Directiva, cuando dicho Estado miembro haya indicado que su legislación no va más allá de lo dispuesto por las normas de mínimos establecidas en la referida Directiva (octava cuestión prejudicial).
108. Dado que esas dos cuestiones prejudiciales, que están estrechamente ligadas, se han planteado para el supuesto de que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 impida a un órgano jurisdiccional nacional apreciar el carácter eventualmente abusivo de una cláusula como la del litigio principal, cuando, a la vista de la respuesta que se propone a la tercera cuestión prejudicial, ese órgano jurisdiccional debe poder apreciar el carácter abusivo si, en el momento de celebrarse el contrato, el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva no se había transpuesto al Derecho nacional, considero que no procede darles respuesta.
109. En cualquier caso, y con ánimo de exhaustividad, deseo recordar, por una parte, por lo que se refiere a la séptima cuestión prejudicial, que, como se ha señalado en el punto 67 de las presentes conclusiones, la Directiva 93/13 implica a una armonización mínima y que, en consecuencia, con arreglo al artículo 8 de dicha Directiva, los Estados miembros pueden garantizar un mayor grado de protección que el que en ella se establece, siempre que ello sea compatible con los objetivos perseguidos por esta. En otros términos, los Estados miembros pueden basarse en el artículo 8 de la mencionada Directiva para ampliar el abanico de cláusulas contractuales que pueden considerarse abusivas, ampliándolo a otras cláusulas, como, en particular, las relativas al objeto principal del contrato o a la adecuación de la relación calidad precio, y ello, aunque estén redactadas de manera clara y comprensible. (89)
110. Por otra parte, por lo que se refiere a la octava cuestión prejudicial, debe recordarse que el artículo 8 bis de la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros que adopten disposiciones con arreglo a lo dispuesto en su artículo 8 a informar a la Comisión de ello, así como de todo cambio ulterior, en particular si dichas disposiciones hacen extensiva la evaluación del carácter abusivo a las cláusulas contractuales negociadas individualmente o las cláusulas relativas a la adecuación del precio o de la remuneración, o contienen listas de cláusulas contractuales que se consideren abusivas. De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, la República de Letonia no ha comunicado en aplicación del artículo 8 bis ninguna medida que vaya más allá de las normas de mínimos establecidas en la Directiva 93/13. Sin embargo, ello no afecta de ningún modo a la facultad de aplicar textos legislativos nacionales dirigidos a mejorar la protección de los consumidores, en la medida en que el artículo 8 bis de esa Directiva no prevé ninguna consecuencia jurídica en caso de que un Estado miembro no haya notificado su legislación. Dicho de otra forma, la falta de notificación de tal medida nacional no significa que esta no pueda aplicarse en el Estado miembro de que se trate. En efecto, la mencionada Directiva no hace de la notificación de las disposiciones adoptadas con arreglo su artículo 8 bis una condición necesaria para su validez y para su efecto vinculante. En consecuencia, la falta de notificación por un Estado miembro no puede fundamentar la consideración de que la legislación del Estado miembro de que se trate no haya entrado en vigor o no sea vinculante.
8. Sobre la aplicación de los artículos 17, apartado 1, y 24, apartado 2 de la Carta (cuestiones prejudiciales novena y décima)
111. Mediante su novena cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea, en esencia, para el supuesto de que se dé una respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión prejudicial, que se determine la incidencia en este asunto de los artículos 17, apartado 1, y 24, apartado 2, de la Carta, habida cuenta de que, primero, el contrato controvertido vinculaba a C por un período de quince años y podía tener importantes implicaciones económicas, y de que, segundo, en el momento de la celebración del contrato, C era menor de edad. La décima cuestión prejudicial se refiere, en esencia, a los mismos aspectos que la novena cuestión prejudicial, y ha sido planteada con carácter subsidiario, a saber, para el supuesto de que se dé una respuesta negativa a la primera o a la segunda cuestión prejudicial. Habida cuenta de la respuesta que propongo para la primera cuestión prejudicial, no parece necesario responder a la décima cuestión prejudicial.
112. De ello se infiere que, mediante esas dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita, por una parte, que se aclare si, a tenor de su duración y del nivel de retribución que en él se contemplan, un contrato como el controvertido en el litigio principal, celebrado entre un profesional y un consumidor que era menor de edad en el momento de su conclusión, sería contrario al «interés superior» del menor, en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Carta, y al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 17 de esta, y, por otra parte, que se determine, a la luz de la Directiva 93/13, si esta circunstancia podría influir en la apreciación del carácter abusivo de una cláusula.
113. Antes de nada, me parece útil recordar que, si el Tribunal de Justicia considera, como sugiero en mi respuesta a la primera cuestión prejudicial, que la Directiva 93/13 es aplicable en el asunto principal, lo mismo cabría decir de la Carta. En efecto, en virtud de su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de la Carta se aplican, en particular, cuando, los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión. En consecuencia, habría lugar a respetar los derechos fundamentales que consagra, entre ellos, los contemplados por sus artículos 17 (derecho de propiedad) y 24 (derechos del menor).
114. Por una parte, en cuanto al derecho de propiedad, por lo que yo sé, el Tribunal de Justicia hasta el momento no ha considerado que el artículo 17, apartado 1, de la Carta, que regula el derecho de propiedad en términos generales, revista ningún tipo de alcance específico en lo que respecta a la aplicación de la Directiva 93/13, lo que en mi opinión es perfectamente lógico y comprensible.
115. Por otra parte, por lo que respecta a los derechos del menor, el artículo 24, apartado 2, de la Carta, dispone que, «en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial». Aunque, a mi conocimiento, esta disposición no haya sido nunca interpretada por el Tribunal de Justicia en su exégesis de la Directiva 93/13, está redactada en términos amplios y debería, según mi parecer, poder aplicarse a actos tales como el contrato controvertido, que conllevan consecuencias potencialmente importantes para el menor afectado. (90) Tal constatación se ve confirmada por el artículo 3, apartado 1, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, (91) al que se refieren expresamente las explicaciones relativas al artículo 24 de la Carta. Según dicho artículo 3, apartado 1, el interés superior del niño debe tenerse en cuenta en todas las medidas concernientes a los niños. Por tanto, una disposición de este tipo se refiere, de manera general, a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a los niños,(92) como señaló el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. (93) En efecto, la expresión «interés superior del niño», se refiere a la vez a un derecho sustantivo, a un principio interpretativo y a una norma de procedimiento. (94)
116. En la medida en que esta expresión hace referencia a «un principio interpretativo», considero que la citada disposición podría resultar pertinente en la interpretación y la aplicación de las disposiciones de la Directiva 93/13, cuando el consumidor afectado, como ocurre en este caso, es menor en el momento de la celebración del contrato controvertido.
117. Pues bien, se impone señalar que la Directiva 93/13 no hace referencia alguna a la edad de los consumidores ni, con mayor motivo, a su minoría de edad. No obstante, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales contiene una disposición específica sobre las prácticas comerciales dirigidas a «un grupo claramente identificable de consumidores especialmente vulnerables». Entre los factores que determinan esa vulnerabilidad figura, en particular, la edad del consumidor. Esta última Directiva prevé, en consecuencia, que, cuando se dirige a un grupo, la práctica comercial de que se trate debe evaluarse «desde la perspectiva de un miembro medio de ese grupo». (95)
118. Por lo tanto, si bien procede interpretar la Directiva 93/13 a la luz del artículo 24, apartado 2, de la Carta, para apreciar el carácter eventualmente abusivo de la cláusula de que se trate desde el punto de vista del «consumidor medio, […] normalmente informado y […] razonablemente atento y perspicaz», debe tenerse en cuenta, mutatis mutandis, la circunstancia de que el consumidor sea menor y, por ende, especialmente vulnerable. En efecto, como se ha recordado en el punto 59 de las presentes conclusiones, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios que sean objeto del contrato y considerando «todas las circunstancias que concurran en su celebración», incluida, en su caso, la minoría de edad del consumidor.
119. No obstante, en este caso, aunque la minoría de edad del consumidor puede constituir una circunstancia que debe tenerse en cuenta, también debería tenerse en cuenta el hecho de que, cuando se celebró el contrato controvertido, el menor estaba representado por sus padres y que dicho contrato se firmó apenas un año antes de la mayoría de edad de C.
120. En atención a las anteriores consideraciones, propongo que se responda a la novena cuestión prejudicial en el sentido de que los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 24, apartado 2, de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que, a la hora de apreciar el carácter abusivo de una cláusula, procede tomar en consideración el hecho de que, debido a su minoría de edad cuando se celebró el contrato, el consumidor afectado pertenece a un grupo especialmente vulnerable, sin descuidar, no obstante, otras circunstancias que prevalecían en el momento en que se celebró dicho contrato, tales como el hecho de que ese menor estaba representado por sus padres y el grado de madurez de este.
V. Conclusión
121. A la luz de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Augstākā tiesa (Senāts) (Tribunal Supremo, Letonia):
«1) El artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
debe interpretarse en el sentido de que
un contrato de prestación de servicios de desarrollo deportivo y de ayuda a la carrera celebrado entre, por una parte, un profesional que ejerce su actividad profesional en el sector del desarrollo y entrenamiento de deportistas y, por otra parte, un menor de edad que estaba representado por sus padres y que, en el momento de la celebración de dicho contrato, no ejercía una actividad profesional en el ámbito del deporte está, en principio, comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos de aplicación establecidos en ella.
2) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83,
debe interpretarse en el sentido de que,
si, en el momento en que se celebró el mencionado contrato, dicha disposición no se había transpuesto al Derecho interno, un órgano jurisdiccional nacional debe, en cualquier caso, poder apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual, en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva, con independencia de si dicha cláusula se refiere al objeto principal del contrato o a la adecuación del precio y de la retribución, por una parte, y de los servicios o de los bienes que se hayan de proporcionar como contrapartida, por otra parte, y ello aunque el profesional la redactara previamente de manera clara y comprensible.
3) El artículo 5 de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83,
debe interpretarse en el sentido de que
la exigencia de que las cláusulas contractuales deban formularse de forma “clara y comprensible” obliga a una empresa que ofrece servicios de desarrollo deportivo y de ayuda a la carrera a proporcionar a un joven deportista información suficiente para que pueda adoptar una decisión informada, basada en datos precisos, de tal forma que la cláusula contractual no solo debe ser comprensible desde el punto de vista formal y gramatical, sino que también debe permitir al consumidor comprender en su integridad, por una parte, las consecuencias económicas significativas que podría producir desde el punto de vista de sus compromisos económicos y, por otra parte, evaluar su adecuación en relación con el valor total de los servicios ofrecidos por esa empresa.
4) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83,
debe interpretarse en el sentido de que,
para apreciar el carácter eventualmente abusivo de una cláusula de un contrato de prestación de servicios de apoyo al desarrollo y a la carrera deportiva que establece que, por la prestación de dichos servicios, el joven deportista, en su condición de consumidor, se compromete a pagar una retribución consistente en el 10 % de los ingresos que percibirá en los quince años siguientes si se convierte en profesional, son pertinentes el posible incumplimiento de la exigencia de “buena fe” y la existencia de un eventual “desequilibrio importante” en detrimento del consumidor, y deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional a falta de un acuerdo entre las partes, de modo que se valore si —y, en su caso, en qué medida— ese contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la contemplada por el Derecho nacional vigente y, en defecto de tales normas, las prácticas de mercado vigentes en la fecha de celebración de dicho contrato en materia de retribución en el ámbito deportivo de que se trata, siempre que sean justas y equitativas, así como la naturaleza de los bienes o los servicios que sean objeto del contrato, considerando, en el momento en que se celebra, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del mismo contrato, o de otro contrato del que dependa, y, en particular, si la retribución exigida corresponde al valor de mercado en el ámbito deportivo de que se trata, también a la luz, en particular, del riesgo que supone, para el profesional, el hecho de no tener garantía de recibir ninguna retribución si el joven deportista no se convierte en profesional.
5) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83,
debe interpretarse en el sentido de que
debe considerarse, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de forma que no puede surtir efectos respecto del consumidor, que debería ser restablecido a la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría de no haber existido esa cláusula, sin que el órgano jurisdiccional nacional pueda imponerle el pago de ningún importe en concepto de retribución prevista por la cláusula declarada abusiva, tanto si se reduce dicho importe limitándolo a los gastos efectivamente soportados por el prestador de servicios profesional en el marco de la ejecución del contrato como si no se establece dicho límite.
6) Los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83, en relación con el artículo 24, apartado 2, de la Carta,
deben interpretarse en el sentido de que,
a la hora de apreciar el carácter abusivo de una cláusula, procede tomar en consideración el hecho de que, debido a su minoría de edad, el consumidor afectado pertenece a un grupo especialmente vulnerable, sin descuidar, no obstante, otras circunstancias que prevalecían en el momento en que se celebró dicho contrato, tales como el hecho de que ese menor estaba representado por sus padres y el grado de madurez de este.»
1 Lengua original: francés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2 Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; correcciones de errores en DO 2015, L 137, p. 13 y en DO 2023, L 17, p. 100), en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 (DO 2011, L 304, p. 64) (en lo sucesivo, «Directiva 93/13»).
3 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2005, L 149, p. 22; en lo sucesivo, «Directiva sobre prácticas comerciales desleales»).
4 Valdības Vēstnesis, 1937, n.o 41.
5 Latvijas Vēstnesis, 1999, n.o 104/105.
6 Los servicios que ofrecía la sociedad A incluían, en particular, servicios de formación y de entrenamiento, de medicina del deporte y de acompañamiento por un psicólogo deportivo, medidas de apoyo a la carrera (por ejemplo, la elaboración, implantación y seguimiento de un plan de carrera y la celebración de contratos entre el deportista y los clubes), así como de apoyo en materia de marketing, de asistencia jurídica y de contabilidad.
7 En consecuencia, el presente asunto se diferencia de los casos mencionados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que se refieren a la aplicación de las normas jurídicas en materia de determinación de la competencia (véanse las sentencias de 25 de enero de 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, apartados 31, 38 y 39 y jurisprudencia citada, y de 10 de diciembre de 2020, Personal Exchange International, C‑774/19, EU:C:2020:1015, apartados 40 y 42, y jurisprudencia citada].
8 Véase, en este sentido, sobre la importancia de garantizar una interpretación uniforme del Derecho de la Unión, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), apartado 49. Según la información de que dispone el órgano jurisdiccional remitente, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) consideró, que un jugador de baloncesto que había celebrado, en calidad de futuro jugador, un contrato de servicios con una agencia deportiva, en virtud del cual la agencia se comprometía a negociar, por cuenta de este, con los clubes deportivos, la contratación de dicho jugador, a cambio de lo cual el jugador de baloncesto se comprometía a pagar a la agencia una determinada cantidad, correspondiente a una parte de los ingresos derivados de los contratos celebrados a raíz de dicha colaboración, actuaba como consumidor y no en calidad de profesional (CA Paris, 2, 23.05.2019, n.o 1602277.). Por el contrario, el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania), en su sentencia de 7 de noviembre de 2002, dictada en un litigio entre un joven tenista y una agencia deportiva que tenía su origen en un contrato de prestación de servicios análogo al celebrado entre las partes en el presente asunto, no aplicó las normas nacionales en materia de protección de los consumidores a dicha relación jurídica (OLG München, 07.11.2002 — 19 U 3238/02).
9 Véase, en particular, la sentencia de 29 de junio de 2023, International Protection Appeals Tribunal y otros (Atentado en Pakistán) (C‑756/21, EU:C:2023:523), apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada.
10 Véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, en lo sucesivo, «sentencia Banco Primus», EU:C:2017:60), apartado 57 y jurisprudencia citada.
11 Véase la sentencia de 15 de enero de 2013, Križan y otros (C‑416/10, EU:C:2013:8), apartado 58 y jurisprudencia citada.
12 Véase el artículo 114 TFUE, que sirve, en adelante, de base jurídica a la Directiva 93/13, así como el artículo 169 TFUE y artículo 38 de la Carta.
13 Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2020, DelayFix (C‑519/19, en lo sucesivo, «sentencia DelayFix», EU:C:2020:933), apartado 52 y jurisprudencia citada, así como la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores» (DO 2019, C 323, p. 4; en lo sucesivo, «Directrices de la Comisión»), p. 5.
14 Véase la sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato) (C‑520/21, EU:C:2023:478), apartado 54 y jurisprudencia citada.
15 Véase la sentencia de 11 de abril de 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C‑173/23, EU:C:2024:295), apartado 28 y jurisprudencia citada.
16 Véase la sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C‑147/16, en lo sucesivo, «sentencia Karel de Grote», EU:C:2018:320), apartado 59, que tenía por objeto la desigualdad entre una entidad educativa y un estudiante, resultante de la asimetría entre estas partes en cuanto a información y a competencias técnicas.
17 Véase, a título de ejemplo, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, Costea (C‑110/14, en lo sucesivo, «sentencia Costea», EU:C:2015:538), apartado 27 y jurisprudencia citada, en la que el Tribunal de Justicia ha subrayado que, aunque se considere que un abogado dispone de un alto nivel de competencias técnicas, ello no permite presumir que, en relación con un profesional, no sea una parte débil.
18 Véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, en lo sucesivo, «sentencia Gutiérrez Naranjo y otros», EU:C:2016:980), apartado 63, y de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato) (C‑520/21, EU:C:2023:478), apartado 58, así como las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:405), punto 53 y jurisprudencia citada. Véanse asimismo las Directrices de la Comisión, p. 9.
19 Véase la sentencia Karel de Grote, apartados 45 y 46.
20 Más precisamente, la sociedad A alegó, durante la vista, que C y sus padres tuvieron la posibilidad de negociar el contrato controvertido, en la medida en que, antes de su firma, las partes que lo iban a firmar se reunieron en varias ocasiones. Sin embargo, dicha sociedad reconoció que, durante esas reuniones, no se formuló ninguna pregunta en relación con la duración del contrato o el importe de los futuros compromisos, como, por ejemplo, respecto de la indemnización adeudada o de cualquier otra cláusula contractual, y que las conversaciones se refirieron principalmente al baloncesto, a las infraestructuras, a los entrenadores, a las condiciones de vida, a las comidas, etc.
21 Véase la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial) (C‑265/22, en lo sucesivo, «sentencia Banco Santander», EU:C:2023:578), apartado 62.
22 Véanse, en este sentido, las sentencias Karel de Grote, apartado 53 y jurisprudencia citada, y DelayFix,apartados 53 y 54 y jurisprudencia citada. Véase, de forma más general, sobre el concepto de «consumidor», Djurovic, M., «The Average Consumer», European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law, Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 25 y 26.
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23 Véase la sentencia Karel de Grote, apartado 54 y jurisprudencia citada.
24 Véanse, en este sentido, las Directrices de la Comisión, p. 11.
25 Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2019, Pouvin y Dijoux (C‑590/17, en lo sucesivo, «sentencia Pouvin y Dijoux», EU:C:2019:232), apartados 24, 25 y 30 y jurisprudencia citada.
26 Véase la sentencia de 4 de julio de 2024, Caixabank y otros (Control de la transparencia en acciones colectivas) (C‑450/22, en lo sucesivo, «sentencia Caixabank», EU:C:2024:577), apartado 49 y jurisprudencia citada.
27 Esta afirmación se basa únicamente en las declaraciones de la sociedad A durante la audiencia, que habrán de ser objeto de comprobación por parte del órgano jurisdiccional remitente.
28 Véanse las sentencias Costea,apartado 21, y Pouvin y Dijoux,apartados 25 a 28.
29 Véanse las sentencias de 25 de enero de 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37), apartados 31, 38 y 39 y jurisprudencia citada, y de 10 de diciembre de 2020, Personal Exchange International (C‑774/19, EU:C:2020:1015), apartados 40 y 41. En efecto, como ha explicado la Comisión, en otros ámbitos del Derecho de la Unión, como las reglas de competencia que resultan del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), no debe excluirse que el juez nacional pueda tener en cuenta una eventual evolución de la condición de consumidor a lo largo de la duración del contrato, por ejemplo, en caso de contratos de utilización de servicios que se extienden sobre un período más largo, en el sentido de que el contrato celebrado por el consumidor puede haber evolucionado, pasando de una utilización del servicio con fines meramente privados a una actividad exclusivamente profesional y, en consecuencia, la persona física puede perder su condición de «consumidor».
30 El subrayado es mío. Véanse, en este sentido, las sentencias DelayFix,apartado 60, y Caixabank, apartado 29 y jurisprudencia citada.
31 Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.
32 Véase, en este sentido, la sentencia Pouvin y Dijoux,apartados 24, 25 y 30 y jurisprudencia citada. Sin embargo, es preciso señalar que, con ocasión de la elaboración del anteproyecto de Directiva, la Comisión analizó, en los distintos Estados miembros, determinados contratos tipo propuestos a los consumidores, tales como los contratos de compraventa y de alquiler de vehículos, los contratos relativos a determinados servicios bancarios y de seguros, los contratos relativos a distintas prestaciones turísticas [alquiler de vivienda, clubes de vacaciones, viajes combinados, derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (multipropiedad), etc.], los contratos de transporte por avión [condiciones contractuales recomendadas por la International Air Transport Association (IATA) (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)] y los contratos relativos a la prestación de servicios de interés general. Estos estudios pusieron en evidencia no solo el carácter omnipresente de las cláusulas abusivas en las condiciones generales de los contratos utilizadas por las empresas, sino también que no es posible tener acceso a ellas antes de la celebración del contrato [véase el Informe de la Comisión, de 27 de abril de 2000, sobre la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores [COM(2000) 248 final], p. 9].
33 Véase el auto de 19 de noviembre de 2015, Tarcău (C‑74/15, EU:C:2015:772), apartado 22 y jurisprudencia citada.
34 Véase la sentencia de 30 de mayo de 2024, Raiffeisen Bank (C‑176/23, en lo sucesivo, «sentencia Raiffeisen Bank», EU:C:2024:443), apartado 22 y jurisprudencia citada.
35 Véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Mikrokasa y Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C‑779/18, EU:C:2020:236), apartados 52 a 54 y jurisprudencia citada, y Raiffeisen Bank,apartados 22 a 24 y jurisprudencia citada.
36 Véanse, en este sentido, las Directrices de la Comisión, p. 12.
37 Véase la sentencia de 3 de abril de 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282), apartado 33 y jurisprudencia citada.
38 Véanse, por analogía, las Directrices de la Comisión, pp. 15 y 16, las cuales recogen una liste de las demás normas del Derecho de la Unión que pueden aplicarse en paralelo.
39 Véase, a título de ejemplo, el punto 2, penúltima frase, del fallo de la sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144), en relación con la comprobación del carácter desleal.
40 Cuando, por ejemplo, uno de los profesionales se encuentra en una posición más débil que otro. No obstante, esta situación sigue siendo una hipótesis, ya que no parece que se haya efectuado una extensión de esta naturaleza en la legislación nacional de los Estados miembros (véase el anexo II de las Directrices de la Comisión, que recoge un resumen de las notificaciones conforme al artículo 8 bis de la Directiva 93/13).
41 Véanse, por analogía, las sentencias de 2 de abril de 2020, Condominio di Milano, via Meda (C‑329/19, EU:C:2020:263), apartados 32 a 38 y jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2021, Trapeza Peiraios (C‑243/20, EU:C:2021:1045), apartado 45 y jurisprudencia citada.
42 Véase la sentencia de 2 de abril de 2020, Condominio di Milano, via Meda (C‑329/19, EU:C:2020:263), apartado 34.
43 Sobre este extremo, en la sentencia de 7 de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés (C‑96/16 y C‑94/17, EU:C:2018:643), apartado 69, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien es cierto que la jurisprudencia de un órgano jurisdiccional supremo (concretamente, el Tribunal Supremo español) no parece formar parte de las disposiciones más rigurosas que los Estados miembros pueden adoptar a fin de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores con arreglo al artículo 8 de la Directiva 93/13, puesto que, la referida jurisprudencia no parece tener fuerza de ley ni constituir una fuente del Derecho, no es menos verdad que la elaboración de un criterio jurisprudencial —como el definido por el dicho órgano jurisdiccional en aquel asunto— responde al objetivo de protección de los consumidores que persigue la citada Directiva. En efecto, del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 y de la concepción general de la misma se desprende que la finalidad de la Directiva no es tanto garantizar un equilibrio contractual global entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato como evitar que se produzca un desequilibrio entre esos derechos y esas obligaciones en detrimento de los consumidores. Véase, asimismo, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), apartados 60 a 64.
44 En efecto, solo posteriormente, en 2014, se realizó la transposición al Derecho letón del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. Por otra parte, se desprende del anexo II de las Directrices de la Comisión que la legislación nacional letona no va más allá de la norma de mínimos de la Directiva 93/13.
45 Sentencias de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C‑484/08, en lo sucesivo, «sentencia Caja de Ahorros», EU:C:2010:309), apartado 32, y de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito) (C‑714/22, EU:C:2024:263), apartado 63 y jurisprudencia citada.
46 Sentencia Caja de Ahorros, apartado 34.
47 Sentencia Caja de Ahorros, apartados 40 a 44.
48 Sentencia Caja de Ahorros, apartado 40.
49 Sentencia Caja de Ahorros, apartado 35.
50 En efecto, se ha considerado incompleta una normativa nacional que excluía cualquier posibilidad de control jurisdiccional de las cláusulas que describen las prestaciones esenciales de los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor, incluso en el caso de que la redacción de estas cláusulas fuera oscura y ambigua, de manera que se impedía absolutamente al consumidor alegar el carácter abusivo de una cláusula que se refiriera a la definición del objeto principal del contrato y a la adecuación entre el precio y los servicios o los bienes que habían de proporcionarse (sentencia Caja de Ahorros, apartados 37 y 38, que alude a la sentencia de 10 de mayo de 2001, Comisión/Países Bajos, C‑144/99, EU:C:2001:257). Véanse también las Directrices de la Comisión, p. 23, y nota 147, así como su anexo II, que recoge una lista de los Estados miembros cuya legislación nacional ha ampliado la valoración del carácter abusivo las cláusulas contractuales relativas a la definición del objeto principal del contrato y a la adecuación del precio o de la retribución, independientemente de si dichas cláusulas están redactadas en un lenguaje claro y comprensible.
51 Véase, en este sentido, la sentencia Caja de Ahorros, apartados 41 y 42.
52 Véase, en este sentido, la sentencia Caja de Ahorros, apartado 43.
53 Esta respuesta se fundamenta en la premisa de que la ley de transposición del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 no se aplique retroactivamente.
54 Véanse las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), apartado 72, de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros (C‑186/16, en lo sucesivo, «sentencia Andriciuc», EU:C:2017:703), apartado 44 y jurisprudencia citada, y Caixabank, apartado 36 y jurisprudencia citada.
55 Esto implica, por un lado, que el consumidor ha contado con la posibilidad real de tener conocimiento de una cláusula contractual antes de la celebración del contrato y, por otro lado, que las distintas cláusulas son inteligibles, a la vista de la claridad de su redacción y del carácter específico de la terminología utilizada, y, en su caso, de otras cláusulas contractuales que deben considerarse conjuntamente. A este respecto, debe asimismo tenerse en cuenta la posición o el punto de vista de los consumidores a los que se dirigen las cláusulas pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, apartados 48 y 50).
56 Véanse las sentencias de 18 de noviembre de 2021, A. S.A. (C‑212/20, EU:C:2021:934), apartado 42 y jurisprudencia citada, y Caixabank, apartado 37 y jurisprudencia citada. El Tribunal de Justicia ha especificado aún más la exigencia de transparencia, en particular, con respecto a las cláusulas contractuales que son esenciales en lo que atañe al alcance de los compromisos que los consumidores aceptan asumir, por ejemplo, con respecto a las cláusulas pertinentes para establecer los pagos que los consumidores deben hacer bajo un contrato de crédito. Algunas de estas resoluciones tienen por objeto, en particular, contratos de crédito hipotecario (denominados) en una moneda extranjera o indexados a una moneda extranjera (véanse las Directrices de la Comisión, p. 26 y 27).
57 Véase la sentencia Andriciuc, apartado 45 y jurisprudencia citada.
58 A saber, el criterio de evaluación que se aplica en el análisis de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (véase el considerando 18 de dicha Directiva).
59 Sentencia de 12 de enero de 2023, D. V. (Honorarios de abogado — Principio de la tarifa por hora) (C‑395/21, en lo sucesivo, «sentencia D. V.», EU:C:2023:14), apartado 43.
60 Véase, por analogía, la sentencia D. V., apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada.
61 Véase la nota 6 de las presentes conclusiones.
62 En el sentido de que dicha cláusula «establece la[s] prestaci[ones] esencial[es] de ese contrato» y «que, como tal[es], lo caracteriza[n]» (véase la sentencia Andriciuc, apartado 35 y jurisprudencia citada).
63 En el sentido de que la referida cláusula se refiere a la «relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación» (véase el decimonoveno considerando de la Directiva 93/13).
64 Véase el análisis realizado en el marco de la cuarta cuestión prejudicial de la sentencia Banco Santander, apartado 66 y jurisprudencia citada. Sin embargo, la legislación nacional puede establecer que la falta de transparencia suponga directamente la nulidad de las cláusulas sin necesidad de aplicar el criterio del carácter abusivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13. Véanse también las Directrices de la Comisión, p. 19.
65 Véase el análisis en el marco de la tercera cuestión prejudicial. Véanse asimismo las Directrices de la Comisión, p. 24, y nota 163, con arreglo a las cuales el Derecho nacional puede dar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de evaluar la adecuación del precio incluso cuando las cláusulas se expresen de forma clara y comprensible.
66 Véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de abril de 2012, Invitel (C‑472/10, EU:C:2012:242), apartados 27 y 28 y Banco Santander, apartado 66. A título de ejemplo, de conformidad con el punto 1, letra e), del anexo de la Directiva 93/13 y con el vigésimo considerando de esta, el hecho de que el consumidor no haya contado con la posibilidad real de tener conocimiento de una cláusula contractual constituye un indicio de su carácter abusivo.
67 Sentencia Banco Santander, apartado 50 y jurisprudencia citada.
68 Sentencia Banco Santander, apartado 63 y jurisprudencia citada.
69 Véase, en este sentido, la sentencia Banco Primus, apartado 59 y jurisprudencia citada.
70 Sentencia Banco Santander, apartado 64 y jurisprudencia citada.
71 Sentencia Banco Santander, apartado 65 y jurisprudencia citada.
72 Véase, en este sentido, la sentencia Banco Primus, apartado 59 y jurisprudencia citada.
73 Véase, por analogía, la sentencia Banco Santander, apartado 65 y jurisprudencia citada.
74 Véase, en este sentido, la sentencia Banco Primus, apartado 67, primer guion. Véanse también las Directrices de la Comisión, p. 33 y nota 241.
75 Véase la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 68.
76 Sentencia Banco Primus, apartado 61 y jurisprudencia citada.
77 Véanse, por analogía, las sentencias de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 y C‑259/19, EU:C:2020:578), apartado 79, que tenía por objeto una cláusula contractual que imponía al prestatario la totalidad de los gastos de constitución y de cancelación de hipoteca, en la que el Tribunal de Justicia declaró que las cargas repercutidas a este debían responder a servicios efectivamente prestados, y de 16 de marzo de 2023, Caixabank (Comisión de apertura de préstamo) (C‑565/21, EU:C:2023:212), apartado 59, que tenía por objeto una cláusula de comisión de apertura de préstamo que, para no poder considerarse que incidía negativamente en la posición jurídica en la que el Derecho nacional sitúa al consumidor, solo podía poner a cargo del consumidor por dicha comisión un importe proporcional al importe del préstamo..
78 Dado que estas apreciaciones se basan únicamente en las indicaciones facilitadas por la sociedad A, durante la vista, deberán ser objeto de verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente.
79 Véase, por analogía, la sentencia de 16 de marzo de 2010, Olympique Lyonnais (C‑325/08, EU:C:2010:143), apartado 42.
80 Sentencia Banco Primus, apartado 41 y jurisprudencia citada.
81 Véase la sentencia Gutiérrez Naranjo y otros,apartado 54 y jurisprudencia citada.
82 Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva [véanse las sentencias de 25 de abril de 2024, Caixabank (Plazo de prescripción) (C‑484/21, en lo sucesivo, «sentencia Plazo de prescripción», EU:C:2024:360), apartados 15 a 20 y jurisprudencia citada, y Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción) (C‑561/21, EU:C:2024:362), apartados 18 a 23 y jurisprudencia citada].
83 Véase la sentencia Plazo de prescripción,apartado 15 y jurisprudencia citada.
84 Véase la sentencia Plazo de prescripción, apartados 16 y 17 y jurisprudencia citada.
85 Véase, por analogía, la sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito) (C‑714/22, EU:C:2024:263), apartado 88, en la que el Tribunal de Justicia declaró que los artículo 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que permite imponer a un consumidor parte de las costas del proceso cuando, declarada la nulidad de una cláusula contractual por abusiva, su pretensión de restitución de las cantidades indebidamente abonadas en virtud de ella solo se estima parcialmente, porque resulta imposible en la práctica o excesivamente difícil determinar el alcance de su derecho a la restitución de esas cantidades.
86 Véase la sentencia Gutiérrez Naranjo y otros,apartado 60 y jurisprudencia citada. El carácter imperativo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 implica que el consumidor no puede, en principio, renunciar a la protección que otorga esta Directiva, ni mediante un contrato ni mediante una declaración unilateral (véanse las Directrices de la Comisión, p. 38).
87 Sentencias de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartados 58 y 59 y jurisprudencia citada, y de 26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia (C‑70/17 y C‑179/17, EU:C:2019:250), apartados 53 y 54 y jurisprudencia citada. En la misma lógica, el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula controvertida (véase la sentencia Gutiérrez Naranjo y otros, apartado 75).
88 Véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), apartado 39 y jurisprudencia citada.
89 Véase, en este sentido, la sentencia Caja de Ahorros, apartado 44, y puntos 71 a 74 de las presentes conclusiones.
90 Véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2021, État belge (Retorno del progenitor de un menor) (C‑112/20, EU:C:2021:197), apartado 36.
91 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989
92 Véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2021, État belge (Retorno del progenitor de un menor) (C‑112/20, EU:C:2021:197), apartados 37 y 38.
93 Véase, a este respecto, la Observación general n.o 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) (CRC/C/GC/14), punto 19.
94 Sentencia de 11 de junio de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mujeres que se identifican con el valor de la igualdad de género) (C‑646/21, EU:C:2024:487), apartado 73, que se refiere a la Observación general n.o 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) (CRC/C/GC/14), punto 6.
95 Véanse los considerandos 18 y 19 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.