1)El estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones; 2) las quiebras, convenios de los quebrados con sus acreedores y demás procedimientos análogos; 3) la Seguridad Social; 4) el arbitraje.

que, si bien es cierto que se indica que el Convenio se aplica con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional y que se excluyen determinadas materias de su ámbito de aplicación, sin embargo, el artículo 1 no contiene otras precisiones sobre el significado del concepto de que se trata;

que dado que este artículo sirve para indicar el ámbito de aplicación del Convenio -con miras a asegurar, en la medida de lo posible, la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que resultan del mismo para los Estados contratantes y las personas interesadas-no cabe interpretar los términos de esta disposición como una mera remisión al Derecho interno de uno u otro de los Estados interesados;

que el artículo 1, al precisar que el Convenio se aplica con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, indica que el concepto material civil y mercantil no puede interpretarse sólo en función del reparto de competencias entre los diferentes órdenes jurisdiccionales que existen en determinados Estados;

que, por consiguiente, hay que considerar dicho concepto como un concepto autónomo que debe ser interpretado refiriéndose, por una parte, a los objetivos y al sistema del Convenio y, por la otra, a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales.

que, si bien determinadas resoluciones judiciales dictadas en litigios surgidos entre una autoridad pública y una persona de Derecho privado pueden estar comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Convenio, la situación es distinta cuando la autoridad pública actúa en ejercicio del poder público;

que tal es el supuesto en un litigio que, como el entablado entre las partes en el asunto principal, se refiere al cobro de tasas que debe abonar una persona de Derecho privado a una organización nacional o internacional de Derecho público por la utilización de instalaciones y servicios del mismo, en particular, cuando esta utilización sea obligatoria y exclusiva;

que, con mayor razón sucede así cuando la cuantía de las tasas, las modalidades de cálculo y los procedimientos de percepción se determinan de forma unilateral para los usuarios, como es el caso en este asunto, en que la organización de que se trata ha fijado unilateralmente el lugar de cumplimiento de la obligación en su sede y ha elegido los Tribunales nacionales competentes para resolver los litigios relativos a dicho cumplimiento.

que, en virtud de estos criterios, deben excluirse del ámbito de aplicación del Convenio las resoluciones dictadas en litigios entablados entre autoridades públicas y particulares, en los que la autoridad pública haya actuado en ejercicio del poder público.

que dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el Oberlandesgericht de Dusseldorf, corresponde a éste resolver sobre las costas.