Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 2 de julio de 2026 (*)

Índice


I. Marco jurídico

II. Antecedentes del litigio y Decisión controvertida

A. Antecedentes de hecho

B. Procedimiento ante la Comisión y Decisión controvertida

1. Venta vinculada de la aplicación Google Search

2. Venta vinculada del navegador Chrome

3. Concesión de licencias para la Play Store y la aplicación Google Search supeditada a las obligaciones de evitar la fragmentación recogidas en los ACF

4. Pago de un porcentaje de los ingresos supeditado a la no preinstalación de servicios de búsqueda general de la competencia en una determinada cartera de productos

5. Duración de las restricciones controvertidas y multa

III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

A. Primer motivo, basado en la errónea apreciación de la definición del mercado de referencia y de la existencia de una posición dominante

B. Segundo motivo, relativo a los abusos primero y segundo, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM

1. Observaciones del Tribunal General sobre los elementos contextuales

2. Primera parte, relativa a la «restricción de la competencia»

3. Segunda parte, relativa a las justificaciones objetivas

C. Tercer motivo, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo de la condición de preinstalación única incluida en los ARI por cartera

D. Cuarto motivo, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo del hecho de supeditar la concesión de las licencias de la Play Store y de la aplicación Google Search al cumplimiento de las OAF

1. Primera parte, relativa a la restricción de la competencia

2. Segunda parte, relativa a la existencia de justificaciones objetivas

E. Quinto motivo

F. Sexto motivo

IV. Pretensiones de las partes en el recurso de casación y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

V. Sobre el recurso de casación

A. Primer motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

a) Primera parte

b) Segunda parte

c) Tercera parte

d) Cuarta parte

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

a) Sobre la admisibilidad y la operatividad del primer motivo de casación

b) Primera parte

c) Segunda parte

d) Tercera parte

e) Cuarta parte

B. Segundo motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

a) Primera parte

1) Primera imputación

2) Segunda imputación

3) Tercera imputación

b) Segunda parte

1) Primera imputación

2) Segunda imputación

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

a) Consideraciones generales

b) Primera parte

c) Segunda parte

C. Tercer motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

a) Primera parte

b) Segunda parte

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

a) Primera parte

b) Segunda parte

D. Cuarto motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

E. Quinto motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

F. Sexto motivo de casación

1. Alegaciones de las partes

2. Apreciación del Tribunal de Justicia

VI. Costas


« Recurso de casación — Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de servicios de búsqueda general en Internet — Mercado de sistemas operativos móviles inteligentes con licencia — Mercado de tiendas de aplicaciones en línea para el sistema operativo móvil Android — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo sobre el EEE — Restricciones contractuales — Ventas vinculadas — Efectos de expulsión del mercado — Pertinencia del contexto — Hipótesis de contraste — Competidor igual de eficaz — Pagos supeditados a una preinstalación exclusiva — Obstrucción al desarrollo y a la distribución de bifurcaciones de Android — Infracción única y continua — Multa — Competencia jurisdiccional plena »

En el asunto C‑738/22 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 30 de noviembre de 2022,

Google LLC, con domicilio social en Mountain View (Estados Unidos),

Alphabet Inc., con domicilio social en Mountain View,

representadas inicialmente por la Sra. G. Forwood y los Sres. J. Killick y N. Levy, avocats, los Sres. D. Gregory y P. Stuart, BL, el Sr. A. Komninos, dikigoros, el Sr. A. Lamadrid de Pablo, abogado, el Sr. H. Mostyn, Barrister, el Sr. M. Pickford, KC, y el Sr. J. Schindler, Rechtsanwalt, y posteriormente por la Sra. G. Forwood y los Sres. J. Killick y N. Levy, avocats, los Sres. D. Gregory y P. Stuart, BL, el Sr. A. Komninos, dikigoros, el Sr. A. Lamadrid de Pablo, abogado, el Sr. H. Mostyn, Barrister, y el Sr. M. Pickford, KC,

partes recurrentes en casación,

en el que las otras partes en el procedimiento son:

Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. F. Castillo de la Torre, A. Dawes, N. Khan y C. Urraca Caviedes, en calidad de agentes, y posteriormente por los Sres. F. Castillo de la Torre, A. Dawes y C. Urraca Caviedes, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

Application Developers Alliance, con domicilio en Washington (Estados Unidos), representada por el Sr. R. Baena Zapatero, abogado, y los Sres. A. Parr y S. Vaz, Solicitors,

Computer & Communications Industry Association, con domicilio en Washington, representada por el Sr. B. Byrne, Solicitor, el Sr. M. Levitt, avocat, y el Sr. P. Lugard, advocaat,

Gigaset Communications GmbH, con domicilio social en Bocholt (Alemania), representada por el Sr. J.‑F. Bellis, avocat,

HMD global Oy, con domicilio social en Helsinki (Finlandia),

Opera Norway AS, anteriormente Opera Software AS, con domicilio social en Oslo (Noruega),

representadas por los Sres. M. Glader y M. Johansson, advokater,

BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, anteriormente Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, con domicilio en Berlín (Alemania), representado por los Sres. T. Höppner y P. Westerhoff, Rechtsanwälte,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por la Sra. A. Fratini, avvocata,

FairSearch AISBL, con domicilio en Bruselas, representada por la Sra. K. Missenden y el Sr. D. Paemen, avocats, y el Sr. T. Vinje, advocaat,

Qwant, con domicilio social en París (Francia),

Seznam.cz, a.s., con domicilio social en Praga (República Checa), representada por los Sres. J. Dobrý y M. Felgr, advokáti,

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, con domicilio en Berlín, representado por los Sres. T. Höppner y P. Westerhoff, Rechtsanwälte,

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por la Sra. K. Jürimäe (Ponente), Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin, M. Gavalec y Z. Csehi, Jueces;

Abogada General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. M. Longar, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 28 de enero de 2025;

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 19 de junio de 2025;

dicta la siguiente

Sentencia

1        Mediante su recurso de casación, Google LLC y Alphabet Inc. solicitan que se anule la sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2022, Google y Alphabet/Comisión (Google Android) (T‑604/18, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2022:541), mediante la cual el citado Tribunal:

–        Anuló los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión C(2018) 4761 final de la Comisión, de 18 de julio de 2018, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 102 TFUE y el artículo 54 del Acuerdo EEE (AT.40099 — Google Android) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la medida en que se referían al cuarto abuso de la infracción única y continua, consistente en haber condicionado la celebración de acuerdos de reparto de ingresos (en lo sucesivo, «ARI») con determinados fabricantes de equipo original (en lo sucesivo, «OEM») y operadores de redes móviles (en lo sucesivo, «ORM») a la preinstalación exclusiva de la aplicación Google Search en una cartera predeterminada de dispositivos.

–        Fijó el importe de la multa impuesta a Google en el artículo 2 de la Decisión controvertida por la infracción única y continua que había cometido según lo que resulta del guion anterior en 4 125 000 000 euros, importe en el que Alphabet participaba con la suma de 1 520 605 895 euros en concepto de su responsabilidad solidaria.

–        Desestimó su recurso en todo lo demás.

I.      Marco jurídico

2        El artículo 102 TFUE establece lo siguiente:

«Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:

a)      imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;

b)      limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;

c)      aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;

d)      subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.»

3        A tenor del artículo 23, apartados 2, párrafo primero, letra a), y 3, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1):

«2.      Mediante decisión, la Comisión [Europea] podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:

a)      infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE];

[…]

3.      A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.»

4        El artículo 31 del citado Reglamento dispone lo siguiente:

«El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las Decisiones por las cuales la Comisión haya fijado una multa sancionadora o una multa coercitiva. Podrá suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la multa coercitiva impuesta.»

II.    Antecedentes del litigio y Decisión controvertida

5        Los antecedentes del litigio y el contenido de la Decisión controvertida pueden resumirse del siguiente modo a efectos del presente recurso de casación.

A.      Antecedentes de hecho

6        Google es una empresa del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación especializada en productos y servicios vinculados a Internet, con actividad en el Espacio Económico Europeo (EEE).

7        En 2005, con el fin de tener en cuenta la aparición y el desarrollo del Internet móvil y el probable cambio de comportamiento que se iba a generar en los usuarios en lo relativo a las búsquedas generales efectuadas en línea, Google adquirió la empresa Android, la primera en haber desarrollado el sistema operativo para dispositivos móviles inteligentes (en lo sucesivo, «SO»). Según la Comisión, en julio de 2018, aproximadamente el 80 % de los dispositivos móviles inteligentes utilizados en Europa y en el mundo funcionaban con Android.

8        Cuando Google desarrolla una nueva versión de Android, publica en línea su código fuente. Esto permite a terceros descargar y modificar dicho código para crear así «bifurcaciones» de Android (una bifurcación es un SO nuevo creado a partir del código fuente de un programa informático existente). El código fuente de Android hecho público con licencia de explotación libre («Android Open Source Project licence») contiene los elementos básicos de un SO, pero no las aplicaciones y servicios Android de los que Google es propietaria. Por tanto, los OEM que deseen obtener aplicaciones y servicios de Google deben celebrar contratos con esta. Google también celebra este tipo de contratos con los ORM que desean poder instalar las aplicaciones y los servicios propios de Google en los dispositivos vendidos a los usuarios finales.

B.      Procedimiento ante la Comisión y Decisión controvertida

9        El 25 de marzo de 2013, FairSearch AISBL, una asociación de empresas que operan en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, presentó ante la Comisión una denuncia relativa a ciertas prácticas comerciales de Google en el ámbito del Internet móvil. A raíz de esta denuncia, la Comisión dirigió una serie de solicitudes de información a Google, a sus clientes, a sus competidores y a otras entidades activas en este sector. Otras entidades también denunciaron ante la Comisión el comportamiento de Google en el ámbito del Internet móvil.

10      El 15 de abril de 2015, la Comisión incoó un procedimiento contra Google en relación con Android, que dio lugar, el 18 de julio de 2018, a la adopción de la Decisión controvertida. En dicha Decisión, la Comisión impuso a Google y, en parte, a Alphabet una multa por infracción de las normas en materia de competencia, al haber impuesto restricciones contractuales anticompetitivas a los OEM y a los ORM con objeto de proteger y de consolidar la posición dominante de Google en los mercados nacionales, en el EEE, de servicios de búsqueda general.

11      En la referida Decisión, la Comisión reprocha a Google haber incluido determinadas condiciones en sus acuerdos relativos a la utilización de Android y de determinados servicios y aplicaciones propios para móviles.

12      La Decisión controvertida identifica así cuatro tipos de restricciones contractuales:

–        dos tipos de restricciones incorporadas en los acuerdos de distribución de aplicaciones móviles (en lo sucesivo, «ADAM»), en virtud de los cuales Google obligaba a los OEM a preinstalar sus aplicaciones de búsqueda general (Google Search) y de navegación (Chrome) antes de poder conseguir una licencia de explotación para su tienda de aplicaciones (Play Store);

–        las restricciones incorporadas en los acuerdos contra la fragmentación (en lo sucesivo, «ACF»), con arreglo a los cuales los OEM que deseaban preinstalar aplicaciones Google no podían vender dispositivos que funcionaran con versiones de Android no aprobadas por Google;

–        las restricciones incorporadas en los ARI, con arreglo a los cuales Google concedía a los OEM y a los ORM un porcentaje de sus ingresos publicitarios siempre que esos fabricantes u operadores se avinieran a no preinstalar un servicio de búsqueda general de la competencia en ninguno de los dispositivos que formaban parte de una cartera definida de mutuo acuerdo (en lo sucesivo, «ARI por cartera»).

13      La Comisión consideró que estas restricciones contractuales diversas (en lo sucesivo, conjuntamente, «restricciones controvertidas») eran constitutivas de cuatro infracciones distintas del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, y que constituían también una infracción única y continua de tales disposiciones, debido a su interdependencia y a su objetivo común.

1.      Venta vinculada de la aplicación Google Search

14      Desde el 1 de enero de 2011, como mínimo, Google vincula la aplicación Google Search a la Play Store. La Comisión llegó a la conclusión de que esta conducta constituía un abuso de la posición dominante de Google en el mercado mundial (excluida China) de las tiendas de aplicaciones en línea para el SO Android (en lo sucesivo, «tiendas de aplicaciones para Android»).

15      En primer lugar, la Comisión estimó, primero, que la Play Store y la aplicación Google Search eran dos productos distintos; segundo, que Google ocupaba una posición dominante en el mercado del producto vinculante (la Play Store), es decir, el mercado mundial, excluida China, de tiendas de aplicaciones para Android, y, tercero, que el producto vinculante no podía obtenerse sin el producto vinculado, esto es, la aplicación Google Search.

16      En segundo lugar, la Comisión llegó a la conclusión, en la Decisión controvertida, de que la venta vinculada de la aplicación Google Search y de la Play Store podía restringir la competencia. Señaló que la venta vinculada proporcionaba a Google una ventaja competitiva significativa que los proveedores de servicios de búsqueda general de la competencia no podían compensar. Además, la venta vinculada contribuía a mantener y a reforzar la posición dominante de Google en cada uno de los mercados nacionales de servicios de búsqueda general, aumentaba las barreras de entrada, desincentivaba la innovación y llevaba a perjudicar, directa o indirectamente, a los consumidores.

17      En tercer lugar, la Comisión consideró, en la Decisión controvertida, que Google no había demostrado la existencia de ninguna justificación objetiva para la venta vinculada de la aplicación Google Search y de la Play Store.

2.      Venta vinculada del navegador Chrome

18      Desde el 1 de agosto de 2012, Google vincula el navegador Chrome a la Play Store y a la aplicación Google Search. La Comisión llegó a la conclusión de que esta conducta constituía un abuso de la posición dominante de Google en el mercado mundial (excluida China) de tiendas de aplicaciones para Android y en los mercados nacionales de servicios de búsqueda general.

19      En primer lugar, la Comisión consideró, primero, que el navegador Chrome era un producto distinto de la Play Store y de la aplicación Google Search; segundo, que Google ocupaba una posición dominante en los mercados de los productos vinculantes (la Play Store y la aplicación Google Search), es decir, el mercado mundial, excluida China, de tiendas de aplicaciones para Android y los mercados nacionales de servicios de búsqueda general, y, tercero, que los productos vinculantes no podían obtenerse sin el producto vinculado que constituía el navegador Chrome.

20      En segundo lugar, la Comisión estimó que la venta vinculada del navegador Chrome y de la Play Store, así como de la aplicación Google Search, podía restringir la competencia. Señaló que la venta vinculada proporcionaba una ventaja significativa a Google que los navegadores de Internet diseñados para dispositivos móviles (en lo sucesivo, «navegadores de Internet para móviles») no específicos para un SO de la competencia no podían compensar. Además, la venta vinculada desincentivaba la innovación, llevaba a perjudicar, directa o indirectamente, a los consumidores de navegadores de Internet para móviles y contribuía a mantener y a reforzar la posición dominante de Google en cada uno de los mercados nacionales de servicios de búsqueda general.

21      En tercer lugar, la Comisión llegó a la conclusión de que Google no había demostrado la existencia de ninguna justificación objetiva para la venta vinculada del navegador Chrome con la Play Store y la aplicación Google Search.

3.      Concesión de licencias para la Play Store y la aplicación Google Search supeditada a las obligaciones de evitar la fragmentación recogidas en los ACF

22      Desde el 1 de enero de 2011, como mínimo, Google supedita la concesión de licencias para la Play Store y la aplicación Google Search a la aceptación, por parte de los fabricantes de material informático, de las obligaciones para evitar la fragmentación recogidas en los ACF (en lo sucesivo, «OAF»).

23      La Comisión llegó a la conclusión de que esta conducta constituía un abuso de la posición dominante de Google en el mercado mundial (excluida China) de tiendas de aplicaciones para Android y en los mercados nacionales de servicios de búsqueda general.

24      En primer lugar, estimó que la aceptación de las OAF no guardaba relación con la concesión de licencias para la Play Store y para la aplicación Google Search. No obstante, estas licencias no podían obtenerse sin aceptar las OAF.

25      En segundo lugar, la Comisión expuso, en la Decisión controvertida, que las OAF podían restringir la competencia. Señaló, en primer término, que las bifurcaciones de Android constituían una amenaza competitiva verosímil para Google. En segundo término, que Google supervisaba activamente el cumplimiento de las OAF y las hacía cumplir. En tercer término, que las OAF obstaculizaban el desarrollo de bifurcaciones de Android. En cuarto término, que las bifurcaciones de Android compatibles no suponían una amenaza competitiva verosímil para Google. En quinto término, que la capacidad de las OAF para restringir la competencia se veía reforzada por la falta de disponibilidad de interfaces de programación propias (en lo sucesivo, «API propias») de Google para los desarrolladores de bifurcaciones. En sexto término, que la conducta de Google contribuía a mantener y a reforzar su posición dominante en cada uno de los mercados nacionales de servicios de búsqueda general, desincentivaba la innovación y llevaba a perjudicar, directa o indirectamente, a los consumidores.

26      En tercer lugar, Google no había demostrado la existencia de ninguna justificación objetiva para supeditar la concesión de licencias para la Play Store y la aplicación Google Search a las OAF.

4.      Pago de un porcentaje de los ingresos supeditado a la no preinstalación de servicios de búsqueda general de la competencia en una determinada cartera de productos

27      Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2014, Google concedió una serie de pagos a los OEM y a los ORM con la condición de que no preinstalasen ningún servicio de búsqueda general de la competencia en ningún dispositivo de una cartera de productos consensuada. En la Decisión controvertida, la Comisión calificó esta conducta de abuso de la posición dominante de Google en los mercados nacionales de servicios de búsqueda general.

28      En primer lugar, según la Comisión, los pagos de parte de los ingresos de Google en relación con una cartera de productos constituían pagos por exclusividad.

29      En segundo lugar, la Comisión estimó que los pagos de parte de los ingresos de Google en relación con una cartera de productos podían restringir la competencia. Señaló, en primer término, que estos pagos reducían el interés de los OEM y de los ORM en preinstalar servicios de búsqueda general de la competencia; en segundo término, que dichos pagos dificultaban el acceso a los mercados nacionales de servicios de búsqueda general, y, en tercer término, que dichos pagos desincentivaban la innovación.

30      En tercer lugar, la Decisión controvertida llegó a la conclusión de que Google no había demostrado la existencia de ninguna justificación objetiva para los pagos de parte de sus ingresos en relación con una cartera de productos consensuada.

31      Según la Comisión, las restricciones controvertidas tenían como objetivo proteger y reforzar la posición dominante de Google en el ámbito de los servicios de búsqueda general y, en consecuencia, los ingresos obtenidos por esta empresa gracias a los anuncios publicitarios asociados a tales búsquedas. El objetivo común y la interdependencia de las restricciones controvertidas llevaron a la Comisión a calificarlas de infracción única y continua del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo sobre el EEE.

5.      Duración de las restricciones controvertidas y multa

32      Por lo que respecta a la duración de las restricciones controvertidas, las relacionadas con los ADAM duraron, en el caso de la venta vinculada de la aplicación Google Search y de la Play Store, desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha en que se adoptó la Decisión controvertida y, en lo que atañe a la venta vinculada del navegador Chrome y de la aplicación Google Search, así como de la Play Store, desde el 1 de agosto de 2012 hasta la fecha de adopción de la citada Decisión. Las restricciones relacionadas con los ACF duraron desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha en que se adoptó la Decisión controvertida. Por último, las restricciones vinculadas a los ARI duraron desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo de 2014, fecha en la que finalizó el último ARI por cartera.

33      Para sancionar tales prácticas, consideradas abusivas, la Comisión impuso a Google una multa de 4 342 865 000 euros, de los cuales 1 921 666 000 euros conjunta y solidariamente con Alphabet. Para fijar este importe, la Comisión tomó en consideración el valor de las ventas pertinentes en el EEE, en relación con la infracción única y continua, realizadas por Google durante el último año en que participó en la infracción (2017) y aplicó sobre dicho valor un coeficiente de gravedad del 11 %. A continuación, la Comisión multiplicó el importe resultante por el número de años de participación en la infracción (aproximadamente 7,52) y le añadió un importe adicional equivalente al 11 % del valor de las ventas efectuadas en 2017, para disuadir a empresas similares de embarcarse en prácticas idénticas. La Comisión consideró, asimismo, que no procedía apreciar la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes ni tener especialmente en cuenta la considerable capacidad económica de Google para modificar el importe de la multa al alza o a la baja.

34      La Comisión también exigió a Google y a Alphabet que pusieran fin a dichas prácticas en el plazo de noventa días, a contar desde la notificación de la Decisión controvertida.

III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

35      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 9 de octubre de 2018, Google y Alphabet interpusieron un recurso que tenía por objeto, con carácter principal, que se anulara la Decisión controvertida y, con carácter subsidiario, que se anulara o se redujera el importe de la multa que se les había impuesto con dicha Decisión.

36      Mediante auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal General de 23 de septiembre de 2019, Google y Alphabet/Comisión (Google Android) (T‑604/18, EU:T:2019:743), se admitió la intervención, por una parte, en apoyo de las pretensiones de Google y de Alphabet, de la Application Developers Alliance (en lo sucesivo, «ADA»), de la Computer & Communications Industry Association (en lo sucesivo, «CCIA»), de Gigaset Communications GmbH (en lo sucesivo, «Gigaset»), de HMD global Oy (en lo sucesivo, «HMD») y de Opera Norway AS, anteriormente Opera Software AS (en lo sucesivo, «Opera»), y, por otra parte, en apoyo de las pretensiones de la Comisión, del Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), del Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, del BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, de Seznam.cz, a.s. (en lo sucesivo, «Seznam»), de FairSearch y de Qwant. Algunos elementos de la Decisión controvertida y del escrito de contestación de la Comisión fueron objeto de tratamiento confidencial.

37      En apoyo de su recurso, Google y Alphabet invocaron seis motivos, basados, el primero, en la errónea apreciación de la definición del mercado y de la existencia de una posición dominante; el segundo, en la errónea apreciación del carácter abusivo de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM; el tercero, en la errónea apreciación del carácter abusivo de la condición de preinstalación única incluida en los ARI por cartera; el cuarto, en la errónea apreciación del carácter abusivo del hecho de supeditar la concesión de las licencias de la Play Store y de la aplicación Google Search al cumplimiento de las OAF; el quinto, en la vulneración del derecho de defensa, y, el sexto, en la errónea apreciación de los diferentes factores tenidos en cuenta para el cálculo de la multa.

A.      Primer motivo, basado en la errónea apreciación de la definición del mercado de referencia y de la existencia de una posición dominante

38      Mediante el primer motivo del recurso interpuesto en primera instancia, Google y Alphabet reprocharon a la Comisión haber incurrido en varios errores de apreciación en la definición de los mercados de referencia y en la subsiguiente valoración de la existencia de una posición dominante de Google en dichos mercados.

39      En la Decisión controvertida, la Comisión identificó cuatro tipos de mercados de referencia, a saber, primero, el mercado mundial (excluida China) para la concesión de licencias de SO, en el sentido de licencias de SO para dispositivos móviles inteligentes; segundo, el mercado mundial (excluida China) de las tiendas de aplicaciones para Android; tercero, los diferentes mercados nacionales, en el EEE, de servicios de búsqueda general, y, cuarto, el mercado mundial de los navegadores de Internet para móviles no específicos para un SO.

40      A este respecto, el Tribunal General declaró, en los apartados 125 y 126 de la sentencia recurrida, que, a efectos del asunto del que estaba conociendo, debía considerarse, en primer lugar, que la Comisión había demostrado adecuadamente en la Decisión controvertida que, al estar Google en condiciones de comportarse, en buena medida, de forma independiente con respecto a sus competidores, a sus clientes y a los consumidores, ocupaba una posición dominante en los diferentes mercados nacionales, en el EEE, de servicios de búsqueda general. En segundo lugar, destacó que, aunque en la Decisión controvertida los mercados de referencia se presentaban de forma diferenciada, no era posible disociarlos artificialmente, al tener, todos ellos, facetas complementarias a las que la Comisión se había referido adecuadamente.

41      Como se desprende del apartado 129 de la sentencia recurrida, en este contexto fáctico de mercados de referencia diferentes, pero interconectados, y de la aplicación de una estrategia global que, según la Comisión, pretendía fundamentalmente garantizar la posición dominante de Google en los mercados nacionales de servicios de búsqueda general consideró el Tribunal General que procedía examinar las alegaciones correspondientes al primer motivo. Al término de este examen, el Tribunal General desestimó, en los apartados 234, 254 y 267 de dicha sentencia, respectivamente, las tres partes de este motivo por infundadas y, por tanto, el primer motivo en su conjunto.

B.      Segundo motivo, relativo a los abusos primero y segundo, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM

42      Mediante el segundo motivo del recurso interpuesto en primera instancia, dividido en dos partes, Google y Alphabet alegaron que la Comisión había incurrido en error al considerar abusivas las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, las cuales supeditaban, por una parte, la obtención de la Play Store a la preinstalación de la aplicación Google Search y, por otra parte, la obtención de la Play Store y de la aplicación Google Search a la preinstalación del navegador Chrome (en lo sucesivo, «primeros abusos»).

1.      Observaciones del Tribunal General sobre los elementos contextuales

43      Antes de nada, el Tribunal General expuso, con carácter preliminar, en los apartados 275 a 316 de la sentencia recurrida, primero, los requisitos que se exigían para considerar que las prácticas de que se trata constituían un abuso de posición dominante; segundo, los diferentes elementos expuestos por la Comisión en la Decisión controvertida para caracterizar los efectos de expulsión producidos por esas prácticas, y, tercero, las relaciones entre tales prácticas.

44      Por lo que atañe a aquellos requisitos, el Tribunal General recordó, en los apartados 278 a 280 de la sentencia recurrida, basándose en los apartados 134 a 136 de la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), que no todo efecto de expulsión del mercado altera necesariamente el juego de la competencia. Afirmó que corresponde a la empresa que ocupa una posición dominante no perjudicar, con su conducta, una competencia basada en los méritos en el mercado interior. Esta es, según señaló, la razón por la que el artículo 102 TFUE prohíbe, en particular, a la empresa en posición dominante que lleve a cabo prácticas que provoquen efectos de expulsión del mercado de competidores suyos considerados tan eficaces como ella misma, reforzando su posición dominante mediante el recurso a medios distintos de los propios de una competencia basada en los méritos. Desde esta perspectiva, al igual que ocurre con la competencia por el precio, no toda competencia que juegue con otros parámetros puede, por tanto, según el Tribunal General, considerarse legítima.

45      En el presente asunto, las prácticas controvertidas correspondientes a los primeros abusos son ventas vinculadas. Para valorar el carácter abusivo de tales prácticas, el Tribunal General recordó, en el apartado 284 de la sentencia recurrida, los cinco criterios a los que remite el apartado 869 de su sentencia de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión (T‑201/04, EU:T:2007:289), en los que la Comisión podía basarse:

–        primero, el producto vinculante y el producto vinculado son dos productos distintos;

–        segundo, la empresa afectada ocupa una posición dominante en el mercado del producto vinculante;

–        tercero, dicha empresa no ofrece a los consumidores la posibilidad de obtener el producto vinculante sin el producto vinculado;

–        cuarto, la práctica en cuestión «restringe la competencia», y,

–        quinto, esa práctica no está objetivamente justificada.

46      En cuanto al cuarto criterio, el Tribunal General estimó, en el apartado 295 de la sentencia recurrida, que la Comisión había tenido razón al considerar que, al igual que en la decisión que había dado lugar a la sentencia del Tribunal General de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión (T‑201/04, EU:T:2007:289), era necesario un examen atento de los efectos concretos o un análisis complementario, según la terminología utilizada en el pasado al respecto, antes de llegar a la conclusión de que las ventas vinculadas en cuestión eran perjudiciales para la competencia. Según el Tribunal General, el interés de tal examen radica, por una parte, en disminuir el riesgo de que se sancione una conducta que no sea verdaderamente perjudicial para la competencia por los méritos y, por otra parte, en calibrar mejor la gravedad de la conducta en cuestión, lo cual facilita la determinación del nivel apropiado de una eventual sanción.

47      No obstante, el Tribunal General destacó, en el apartado 297 de la sentencia recurrida, que no se trata de que la Comisión efectúe un análisis prospectivo basado en efectos que van a desarrollarse atendiendo a hipótesis aún no verificadas en la práctica, como puede ocurrir en otras circunstancias. A este respecto, el citado Tribunal se remitió a la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros (C‑307/18, EU:C:2020:52), apartado 145.

48      En el apartado 299 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó sus observaciones preliminares acerca de los conceptos aplicables declarando, antes de nada, que la diferencia entre «restricción de la competencia» y «capacidad de restringir la competencia» no incide en la demostración de una restricción de la competencia en aquellos casos en los que, como en el presente asunto, la Comisión había caracterizado tal restricción atendiendo a los efectos ocasionados por la puesta en marcha de las prácticas en cuestión en un período significativo, puesto que dichos efectos podían ser observados y permitir a la Comisión determinar la naturaleza y el alcance de la expulsión contraria a la competencia que producían y al Tribunal General controlar tales apreciaciones.

49      A continuación, el Tribunal General declaró, en el apartado 300 de la referida sentencia, que, en la Decisión controvertida, la Comisión había considerado que los primeros abusos estaban constituidos por dos ventas vinculadas. Estas se habían materializado en las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, que los OEM y los ORM que deseaban poder comercializar dispositivos con el conjunto de servicios Google Mobile (en lo sucesivo, «conjunto SMG») debían aceptar. Así:

–        mediante la primera venta vinculada, que vinculaba la aplicación Google Search a la Play Store, Google había abusado, según la Comisión, de su posición dominante en el mercado mundial (excluida China) de tiendas de aplicaciones para Android desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha en que se adoptó la Decisión controvertida (considerandos 752 y 1009 de dicha Decisión);

–        mediante la segunda venta vinculada, que vinculaba el navegador Chrome a la aplicación Google Search y a la Play Store, Google había abusado de sus posiciones dominantes en el mercado mundial (excluida China) de tiendas de aplicaciones para Android y en los mercados nacionales, en el EEE, de servicios de búsqueda general desde el 1 de agosto de 2012 hasta la fecha de adopción de la Decisión controvertida (considerandos 753 y 1010 de dicha Decisión).

50      Por último, el Tribunal General señaló, en el apartado 301 de la citada sentencia, que las alegaciones formuladas por Google y Alphabet en el contexto del segundo motivo se referían, en esencia, a los elementos expuestos en la Decisión controvertida en relación con los criterios cuarto y quinto de la sentencia del Tribunal General de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión (T‑201/04, EU:T:2007:289), relativos a la restricción de la competencia y a las justificaciones objetivas aducidas a este respecto por ellas, respectivamente.

2.      Primera parte, relativa a la «restricción de la competencia»

51      En apoyo de la primera parte del segundo motivo, Google y Alphabet alegaron que la Comisión no había probado, en la Decisión controvertida, que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM expulsaran a los competidores del mercado.

52      Google y Alphabet formularon cinco alegaciones en apoyo de su razonamiento y criticaron la Decisión controvertida, primero, por no haber acreditado que las condiciones de preinstalación creasen un «sesgo de statu quo»; segundo, por ignorar que los ADAM dejaban a los OEM la libertad de preinstalar servicios de la competencia y de establecerlos como servicios por defecto; tercero, por ignorar también que los competidores disponían de otros medios eficaces para llegar a los usuarios; cuarto, por no haber conseguido demostrar que las cuotas de uso del servicio de búsqueda y del navegador de Google se debieran a las condiciones de preinstalación cuestionadas, y, quinto, por no haber tenido en cuenta el contexto económico y jurídico completo de una forma correcta que permitiera llegar a la conclusión de que las condiciones de preinstalación habían dado nuevas oportunidades a los competidores, en lugar de privarlos de estas.

53      En cuanto a la primera alegación, relativa al «sesgo de statu quo» generado por las condiciones de preinstalación, el Tribunal General formuló dos observaciones preliminares.

54      La primera de estas observaciones se refiere a la falta de interés práctico de la distinción propuesta entre los conceptos de «preinstalación» y de «configuración por defecto», ya que Google y Alphabet reprochaban a la Comisión no haber distinguido o ponderado lo que estaría comprendido en cada uno de esos conceptos.

55      Tras haber examinado las pruebas procedentes de Google y Alphabet, el Tribunal General estimó, en el apartado 349 de la sentencia recurrida, que, en vista del contexto contractual al que correspondían los documentos invocados, esto es, el de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, procedía desestimar sus alegaciones acerca de la necesidad de llevar a cabo tal distinción y aceptar que las alegaciones formuladas en el contexto de uno de esos dos conceptos podían valer también en el contexto del otro.

56      Por lo demás, al examinar las pruebas procedentes de empresas terceras, el Tribunal General señaló, en el apartado 356 de la citada sentencia, que existía cierto consenso entre los OEM en considerar que la ubicación privilegiada o la configuración por defecto, o una combinación de esas técnicas, facilitaba el uso de las aplicaciones que se beneficiaban de ellas. En el apartado 383 de la sentencia recurrida, llegó a la conclusión, a partir de este examen, de que los distintos elementos expuestos en la Decisión controvertida, tomados en su conjunto, permitían a la Comisión considerar que, desde el punto de vista de los agentes del mercado, la preinstalación de la aplicación Google Search y del navegador Chrome en las condiciones previstas por los ADAM permitía «consolidar la situación» y disuadir a los usuarios de utilizar una aplicación de la competencia.

57      La segunda observación preliminar se refiere a la importancia cuantitativa de las condiciones de preinstalación. A este respecto, el Tribunal General destacó, en los apartados 336 y 337 de la misma sentencia, que la preinstalación de la aplicación Google Search y del navegador Chrome, a la que se añadía, en el primer caso, una ubicación privilegiada y, en el segundo, la configuración por defecto de la aplicación Google Search, tenía importantes consecuencias desde el punto de vista cuantitativo: debido a las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, la aplicación Google Search y el navegador Chrome estaban preinstalados en un gran número de dispositivos móviles inteligentes.

58      A la luz de estas observaciones preliminares, el Tribunal General examinó las pruebas en que se había basado la Comisión y las comparaciones que había efectuado para demostrar la existencia de un sesgo de statu quo, cuya pertinencia y cuya utilización criticaban Google y Alphabet. El Tribunal General llegó a la conclusión, a raíz de este examen, en el apartado 418 de la sentencia recurrida, de que las alegaciones formuladas por estas para rebatir la ventaja conferida por la preinstalación de la aplicación Google Search y del navegador Chrome en los dispositivos móviles inteligentes que funcionaban con el SO Android (en lo sucesivo, «dispositivos Google Android») no permitían invalidar las conclusiones que la Comisión había extraído de tales pruebas.

59      En lo que atañe a la segunda alegación, Google y Alphabet sostuvieron, en esencia, que las condiciones de preinstalación no impedían a los OEM proveer de la misma preinstalación que la dada a la aplicación Google Search y al navegador Chrome a los servicios de búsqueda general y a los navegadores de la competencia en los dispositivos Google Android vendidos en el EEE.

60      A este respecto, el Tribunal General observó, con carácter preliminar, en los apartados 425 y 426 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había negado esta realidad en la Decisión controvertida. La citada Decisión señalaba, más bien, por una parte, que los ADAM «impedían» a los OEM preinstalar exclusivamente tales aplicaciones en lugar de la aplicación Google Search y del navegador Chrome (considerando 832 de dicha Decisión) y, por otra parte, que los ARI exigían a los OEM y a los ORM la preinstalación exclusiva de la aplicación Google Search en la cuota que contemplaban dichos acuerdos (considerando 833 de la Decisión controvertida), lo cual incluía los ARI por cartera, así como los ARI por dispositivo, como confirmó la Comisión en respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento del Tribunal General. Del considerando 197 de la Decisión controvertida se desprende, en efecto, que Google sustituyó progresivamente, en la Unión Europea y en la República de Corea, los acuerdos de reparto de ingresos basados en una cartera de dispositivos («ARI por cartera») por acuerdos en virtud de los cuales el pago, por parte de Google, de parte de los ingresos se supeditaba a que los OEM y los ORM no preinstalasen ningún servicio de búsqueda general de la competencia en el dispositivo en cuestión («ARI por dispositivo»).

61      En este contexto, el citado Tribunal consideró, en el apartado 427 de la sentencia recurrida, que, habida cuenta de las cuotas de mercado y de su evolución, desde 2011, en el caso de la aplicación Google Search y, desde 2012, en el del navegador Chrome, hasta la adopción de la Decisión controvertida, la polémica sobre las posibilidades que se ofrecían a los competidores de compensar la ventaja competitiva que conferían las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM seguía siendo principalmente teórica. Pues bien, debía establecerse una distinción a este respecto entre las hipótesis teóricas de competencia y la realidad práctica, en la que las alternativas de competencia mencionadas por Google y Alphabet parecían poco creíbles o sin una verdadera incidencia, debido al «sesgo de statu quo» que conllevaban las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y a los efectos combinados de las referidas condiciones con los demás acuerdos contractuales de Google, entre ellos los ARI.

62      Por lo que se refiere a la aplicación Google Search, el Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 436 de dicha sentencia, de que, contrariamente a lo que afirmaban Google y Alphabet, los proveedores de servicios de búsqueda general de la competencia no habían podido compensar la ventaja competitiva conferida por las condiciones de preinstalación. En cambio, por lo que respecta a los navegadores, el Tribunal General estimó, en el apartado 438 de la sentencia recurrida, que sus alegaciones no podían descartarse de entrada.

63      Ahora bien, el Tribunal General indicó, en los apartados 449 y 450 de la citada sentencia, que, desde 2011 hasta 2016, más del 50 % de los dispositivos Google Android vendidos en el EEE estaban cubiertos por ARI celebrados con Google, ya se tratara de ARI por cartera o de ARI por dispositivo, todos los cuales exigían que se estableciera la aplicación Google Search como motor de búsqueda por defecto en los navegadores preinstalados y prohibían la instalación de un servicio de búsqueda de la competencia. De ello se deducía que, cuando se preinstalaba un navegador paralelamente a Chrome, a su vez establecido por defecto en la aplicación Google Search, tal navegador también estaba establecido por defecto en dicha aplicación.

64      Según las apreciaciones del Tribunal General que figuran en el apartado 451 de la sentencia recurrida, esta observación permite ilustrar la complementariedad de las distintas prácticas de Google y supone tener necesariamente en cuenta los efectos combinados de los ADAM y de los ARI. Señala el citado Tribunal que la obligación contractual vinculada con el ARI de no instalar una aplicación que no fuera la aplicación Google Search para efectuar búsquedas generales provocaba que la posibilidad teórica de una preinstalación de un servicio que compitiera con las aplicaciones de Google, permitida, en principio, por los ADAM, quedara excluida, en la práctica, desde 2011 hasta 2016, en el caso de al menos la mitad de los dispositivos Google Android vendidos en el EEE. En otros términos, los ARI garantizaban la exclusividad en los dispositivos afectados, extremo que debía tomarse en consideración para apreciar los efectos contrarios a la competencia de los ADAM. El Tribunal General precisó también, a este respecto, en el apartado 452 de la referida sentencia, que el hecho de tener en cuenta, como elemento fáctico, los efectos combinados de los ADAM y de los ARI no dependía en absoluto del carácter abusivo o no de los ARI, ya se tratase de ARI por cartera constitutivos de un abuso según el análisis de la Comisión, discutido por Google y Alphabet en el marco del tercer motivo, ya de ARI por dispositivo, que no se consideraron abusivos en la Decisión controvertida.

65      Además, en el apartado 464 de dicha sentencia, el Tribunal General señaló que la cuestión de si un navegador de la competencia podía establecerse por defecto carecía de relevancia. Por lo demás, Google y Alphabet no habían puesto en entredicho el carácter teórico de esta cuestión, a la vista de los efectos combinados de los ADAM y de los ACF. Según el Tribunal General, lo que importaba en el presente asunto era examinar las distintas posibilidades que se ofrecían, en la práctica, a los servicios de búsqueda general de la competencia para llegar a los usuarios, pues Google velaba por que los OEM respetasen, en relación con los navegadores que competían con el navegador Chrome, su obligación —tal y como resulta de los ACF— de dar a la aplicación Google Search, cuando menos, el mismo trato que podrían dar a otro servicio de búsqueda general.

66      A continuación, el Tribunal General examinó las alegaciones de Google y de Alphabet acerca de los elementos de la motivación relativos al interés de los OEM en la preinstalación de aplicaciones de la competencia, a la parte de los ingresos potenciales que los OEM obtendrían de una o de varias aplicaciones de búsqueda general además de la aplicación Google Search, a la incidencia de los costes de transacción en la probabilidad de celebración de acuerdos de preinstalación para un volumen de dispositivos pequeño, al impacto negativo de una duplicación de demasiadas aplicaciones en la experiencia del usuario o, incluso, al espacio de almacenamiento en algunos dispositivos. Al término de este examen, el citado Tribunal llegó a la conclusión, en el apartado 537 de la sentencia recurrida, de que, si bien algunas de estas alegaciones permitían atenuar o matizar el alcance de la Decisión controvertida, la Comisión sí podía considerar que, aunque los proveedores de servicios de búsqueda general competidores de la aplicación Google Search seguían siendo libres para proporcionar a los OEM y a los ORM la misma preinstalación que la concedida a dicha aplicación y al navegador Chrome en los dispositivos Google Android vendidos en el EEE, ello no se materializó durante la mayor parte del período de infracción y que, al menos, una parte de la explicación de la falta de tales preinstalaciones se encuentra en los efectos combinados de los ADAM, de los ARI y de los ACF.

67      En lo que atañe a la tercera alegación, Google y Alphabet adujeron que los competidores de Google podían compensar la tendencia a consolidar la situación derivada de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM contando con el comportamiento de los usuarios, que podían descargar sus aplicaciones o acceder a su servicio de búsqueda general a través del navegador.

68      En cuanto a la posibilidad de descargar aplicaciones de la competencia, el Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 557 de la sentencia recurrida, de que, aunque es fácil y gratuito descargar una aplicación de búsqueda general o de navegación, el examen de la Decisión controvertida demostró que, en la práctica, no se realiza dicha descarga o que, en todo caso, se realiza en una parte insuficiente de los dispositivos afectados.

69      Por lo que respecta al acceso a un servicio de búsqueda general de la competencia a través del navegador, el Tribunal General dejó constancia, en los apartados 561 y 562 de la sentencia recurrida, de que la configuración por defecto de un servicio de búsqueda general de la competencia en los navegadores de Internet para móviles en los dispositivos Google Android no era comparable, en términos de presencia y de eficacia, a la preinstalación de la aplicación Google Search. En particular, según el citado Tribunal, debía tenerse en cuenta el hecho de que Google no permite establecer por defecto en el navegador Chrome un servicio de búsqueda distinto de la aplicación Google Search y de que el referido Chrome tenía una cuota de utilización de alrededor del 75 % de los navegadores de Internet para móviles no específicos para un SO en Europa y del 58 % a escala mundial. Además, de la Decisión controvertida se desprendía, según el Tribunal General, que los usuarios no acceden en la práctica a otros servicios de búsqueda general a través de los navegadores y que rara vez modifican la configuración por defecto de dichos navegadores. En palabras del citado Tribunal, estas observaciones eran pertinentes, contrariamente a lo que alegaba Google, y permitían demostrar que, pese a la posibilidad que se ofrece de establecer otro motor de búsqueda, en la práctica ese motor sigue siendo el que se ha establecido en origen.

70      Por lo que respecta a la cuarta alegación, relativa a la falta de demostración de la relación entre los porcentajes de Google en las solicitudes de búsqueda general y de navegación y la preinstalación de la aplicación Google Search y del navegador Chrome, el Tribunal General señaló, en primer lugar, en el apartado 571 de la sentencia recurrida, que las referencias hechas por la Comisión a la evolución de esas cuotas de utilización no eran criticables en sí mismas. Estas permitían, según el referido Tribunal, a la Comisión asentar su demostración de que, por una parte, la preinstalación confería una ventaja a las aplicaciones de búsqueda general y de navegación de Google que constituían su objeto y de que, por otra parte, los competidores no habían podido compensar dicha ventaja.

71      En segundo lugar, por lo que se refiere al factor relativo a la calidad y a las prestaciones del navegador Chrome y de la aplicación Google Search, el Tribunal General consideró, en el apartado 575 de la referida sentencia, que, en un supuesto como el del presente asunto, la Comisión no tenía que determinar precisamente si esas cuotas de utilización se explicaban no solo por la preinstalación, sino también —o, incluso, más bien— por la superioridad cualitativa alegada por Google y Alphabet. El citado Tribunal señaló que, mientras que la preinstalación no se ponía en entredicho, la incidencia de la calidad en la falta de preinstalación o de descarga de una aplicación de la competencia no estaba respaldada por pruebas suficientes ni especialmente pertinentes. En cualquier caso, según los apartados 577 y 578 de la misma sentencia, la superioridad cualitativa de los productos de Google, de demostrarse, no sería determinante, al no haberse alegado que los servicios ofrecidos por los competidores no fuesen idóneos desde el punto de vista técnico para satisfacer las necesidades de los consumidores, ya que otras variables distintas de la técnica podían también cumplir una función.

72      En tercer lugar, el Tribunal General indicó, en los apartados 579 y 582 de la sentencia recurrida, que la Comisión había señalado en la Decisión controvertida que esta ventaja cualitativa no parecía deducirse de las notas dadas a los servicios de la competencia en la Play Store. Pues bien, tales notas podían tenerse en cuenta para considerar que la calidad respectiva de los distintos servicios de búsqueda y de navegación que competían no era un criterio determinante en su utilización, pues todos ellos ofrecían un servicio que podía responder a la demanda.

73      Partiendo de todos estos elementos, el Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 583 de la sentencia recurrida, de que, habida cuenta de la tendencia a consolidar la situación inherente a las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y al no haberse demostrado el impacto concreto de la superioridad cualitativa esgrimida por Google y Alphabet en relación con las aplicaciones de búsqueda general y de navegación de Google, la Comisión había considerado acertadamente que las cuotas de utilización de Google corroboraban el «sesgo de statu quo» relacionado con la preinstalación.

74      Por lo que respecta a la quinta alegación, Google y Alphabet adujeron que la Decisión controvertida se había abstenido de evaluar si las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM podían menoscabar la competencia que se habría dado de no existir estas, y ello tomando en consideración todo el contexto económico y jurídico. Afirmaron que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM formaban parte del modelo de licencia gratuita desarrollado para el SO Android, por lo que no podían examinarse por separado.

75      No obstante, el Tribunal General estimó, en el apartado 589 de la sentencia recurrida, que la argumentación de Google y de Alphabet desarrollada en apoyo de esta alegación no se correspondía con el contenido de la Decisión controvertida. Señaló que el comportamiento abusivo descrito en la Decisión controvertida no afectaba al desarrollo y al mantenimiento del SO Android, ni siquiera en lo relativo a su faceta abierta y gratuita, definida por Google a efectos de hacer frente a lo que dicha empresa consideraba como el cierre de los demás sistemas operativos por parte de sus propietarios. Por lo demás, el Tribunal General subrayó, en el apartado 590 de la sentencia recurrida, que la Comisión había reconocido ante él que el SO Android había aumentado las oportunidades para los competidores de Google. Así pues, según el citado Tribunal, la argumentación de Google y de Alphabet sí había sido tenida en cuenta por la Comisión a efectos de valorar el conjunto de las circunstancias pertinentes.

3.      Segunda parte, relativa a las justificaciones objetivas

76      Mediante la segunda parte de su segundo motivo, Google y Alphabet alegaron que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM estaban objetivamente justificadas, ya que permitían a Google proporcionar gratuitamente el SO Android, garantizando que las aplicaciones que generaban ingresos, esto es, la aplicación Google Search y el navegador Chrome, no quedaran excluidas de la preinstalación y de las oportunidades publicitarias asociadas. Señalaron que estas condiciones, legítimas y favorables a la competencia, habían contribuido a la diversidad y a la adopción generalizada de los dispositivos móviles, habían reducido las barreras de entrada y habían creado oportunidades para los competidores.

77      En primer lugar, el Tribunal General consideró, en el apartado 614 de la sentencia recurrida, que Google y Alphabet no habían acreditado que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM estuvieran justificadas objetivamente en el sentido de que hubieran permitido a Google, garantizando la preinstalación de la aplicación Google Search y del navegador Chrome en los dispositivos Google Android, recuperar el importe de los gastos desembolsados en el desarrollo y el mantenimiento del SO Android.

78      En segundo lugar, en cuanto a las alegaciones de Google y de Alphabet de que, por una parte, las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM habían permitido a Google ofrecer gratuitamente la Play Store, porque su valor para los OEM y los usuarios correspondía al valor para Google de la promoción por parte de esos OEM de su servicio de búsqueda general, y de que, por otra parte, lo sugerido por la Comisión en el sentido de hacer pagar derechos de licencia por la Play Store haría peligrar este modelo y sus efectos positivos para la competencia, el Tribunal General consideró, en el apartado 616 de la sentencia recurrida, que Google y Alphabet tampoco habían cumplido con la carga de la prueba que les incumbía a la hora de acreditar las justificaciones objetivas.

79      Llegó así a la conclusión, en el apartado 619 de la citada sentencia, de que la segunda parte, relativa a las justificaciones objetivas de la preinstalación, debía ser desestimada, al igual que el segundo motivo en su conjunto, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM.

C.      Tercer motivo, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo de la condición de preinstalación única incluida en los ARI por cartera

80      Mediante el tercer motivo del recurso, Google y Alphabet sostuvieron que la Comisión había considerado erróneamente que algunas de las disposiciones incluidas en los ARI por cartera eran abusivas.

81      En los apartados 657, 660 y 662 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, respectivamente, que Google y Alphabet no tenían razón al sostener que la Comisión había incurrido en error de apreciación al considerar que los pagos de que se trataba eran pagos por exclusividad y que la alegación basada en la falta de motivación debía desestimarse por infundada.

82      En cambio, en el apartado 698 de la citada sentencia, señaló que del análisis relativo a la cobertura de los ARI por cartera resultaba que, en el considerando 1286 de la Decisión controvertida, se había calificado erróneamente dicha cobertura de «significativa». Además, en el apartado 798 de la referida sentencia, el Tribunal General identificó cuatro errores de razonamiento que podían generar dudas sobre la corrección del resultado de la prueba del competidor igual de eficaz (As Efficient Competitor Test; en lo sucesivo, «prueba AEC») realizada por la Comisión y, por consiguiente, del supuesto efecto de expulsión del mercado de los ARI por cartera en un competidor hipotético al menos igual de eficaz. De ello dedujo, en el apartado 799 de la misma sentencia, que la prueba AEC efectuada por la Comisión no podía corroborar la realidad de un abuso resultante de los ARI por cartera.

83      Debido a estos errores de razonamiento de la Comisión, el Tribunal General declaró, en los apartados 800 a 802 de la sentencia recurrida, que la conclusión de que los ARI por cartera eran abusivos no podía considerarse suficientemente acreditada y de que procedía anular la Decisión controvertida en la medida en que consideraba los ARI por cartera constitutivos, en sí mismos, de un abuso.

D.      Cuarto motivo, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo del hecho de supeditar la concesión de las licencias de la Play Store y de la aplicación Google Search al cumplimiento de las OAF

84      Mediante el cuarto motivo del recurso, dividido en dos partes, Google y Alphabet impugnaron la calificación de abuso de posición dominante en los mercados de tiendas de aplicaciones para Android y de servicios de búsqueda general de su práctica consistente en supeditar, en el marco de los ADAM, la concesión de licencias de la Play Store y de la aplicación Google Search a la aceptación de las OAF.

85      En sus observaciones preliminares, el Tribunal General precisó el alcance del segundo abuso identificado en la Decisión controvertida. Así, en los apartados 805 a 807 de la sentencia recurrida, expuso que Google había obligado a los OEM que deseaban beneficiarse de la posibilidad de comercializar dispositivos móviles inteligentes que tuvieran preinstaladas la Play Store y la aplicación Google Search a celebrar un ACF. Señaló que la firma de un ADAM estaba condicionada a la celebración de un ACF. Según las OAF, estos dispositivos debían respetar una norma de referencia de compatibilidad mínima para la ejecución del código fuente de Android y eran sometidos a una serie de pruebas de compatibilidad.

86      Si bien es cierto que estas OAF se aplicaban al conjunto de los dispositivos móviles comercializados por cada OEM que hubiera celebrado un ACF, siempre que dichos dispositivos funcionasen con el SO Android o con una bifurcación de Android, el Tribunal General precisó, en el apartado 810 de la sentencia recurrida, que los ACF solo se habían considerado abusivos en la Decisión controvertida en la medida en que obligaban a los OEM a asegurar la compatibilidad con el documento de definición de compatibilidad Android (en lo sucesivo, «DDC») de todos los dispositivos que comercializaran con el SO Android o una bifurcación de Android, incluidos aquellos en los que no estaban preinstaladas las aplicaciones de Google. En otros términos, solo se habían considerado abusivos los ACF en la medida en que prohibiesen la comercialización de dispositivos móviles inteligentes cuyos SO fuesen bifurcaciones de Android no compatibles, incluso si en esos dispositivos no se habían preinstalado aplicaciones de Google. Según las consideraciones del Tribunal General que figuran en el apartado 811 de la sentencia recurrida, la apreciación de la Comisión de que el hecho de condicionar la licencia de la Play Store y de la aplicación Google Search al cumplimiento de las OAF podía restringir la competencia (considerando 1036 de la Decisión controvertida) había de ponerse en relación con la de que, aunque pudieran admitirse justificaciones en lo que atañe a los dispositivos móviles inteligentes en los que estuviese preinstalado el conjunto SMG, no podía ocurrir lo mismo en lo relativo a los dispositivos que funcionasen con bifurcaciones de Android en los que no estuviesen instaladas las aplicaciones de Google.

87      En la primera parte del cuarto motivo invocado ante el Tribunal General, Google y Alphabet pusieron en entredicho las apreciaciones de la Comisión acerca del carácter restrictivo de la competencia de la práctica examinada. En la segunda parte de dicho motivo, alegaron que el comportamiento de Google estaba, en cualquier caso, justificado objetivamente.

1.      Primera parte, relativa a la restricción de la competencia

88      El Tribunal General consideró, en el apartado 828 de la sentencia recurrida, que «la Comisión reprocha a Google que supedite la concesión de las licencias de la Play Store y de [la aplicación] Google Search a un conjunto de obligaciones que restringen la libertad de los OEM que quieran conseguir esas licencias, precisamente al prohibirles que comercialicen, por otra parte, cualquier otro dispositivo que funcione con una bifurcación [de] Android no compatible. Esta restricción se desprende de los ACF, de los que constituye, en la medida en que se aplican a los dispositivos móviles inteligentes en los que las aplicaciones de Google no están preinstaladas, la única obligación que se considera abusiva en la Decisión [controvertida]. En efecto, la Comisión no cuestiona el derecho de Google a imponer exigencias de compatibilidad referentes a los dispositivos en los que están instaladas sus aplicaciones. En cambio, considera abusiva la práctica de Google dirigida a obstaculizar el desarrollo y la presencia en el mercado de dispositivos que funcionan con una bifurcación de Android no compatible». De ello dedujo el Tribunal General que le correspondía, por tanto, examinar si la Comisión había llegado a acreditar que Google había puesto en funcionamiento, como así lo había considerado en la Decisión controvertida, una práctica dirigida a expulsar del mercado las bifurcaciones de Android no compatibles y si dicha práctica podía considerarse contraria a la competencia a los efectos del artículo 102 TFUE.

89      A este respecto, en lo que atañe, en primer término, a la existencia material de la práctica que la Comisión había considerado constitutiva del segundo abuso, el Tribunal General estimó, en el apartado 834 de la sentencia recurrida, que esta existencia, admitida por Google y Alphabet, había quedado acreditada y que había sido objeto de una aplicación efectiva desde los orígenes del SO Android.

90      En segundo término, por lo que respecta al carácter contrario a la competencia de los objetivos perseguidos, el Tribunal General consideró, en primer lugar, en los apartados 837 a 841 de la sentencia recurrida, que de los documentos internos mencionados en la Decisión controvertida se desprendía que las OAF habían sido concebidas, especialmente, con la intención de impedir cualquier desarrollo del código fuente de Android que no estuviera aprobado por Google, privando de oportunidades comerciales a los desarrolladores de bifurcaciones de Android no compatibles. Según el Tribunal General, de las propias declaraciones de Google, corroboradas por los elementos obrantes en autos, se desprendía que la práctica calificada de abusiva en la Decisión controvertida se había instaurado a sabiendas, con objeto de limitar el acceso al mercado de las bifurcaciones de Android no compatibles.

91      Partiendo de esta apreciación, el Tribunal General examinó, en segundo lugar, si Google y Alphabet podían sostener fundadamente que la Comisión no había acreditado suficientemente, en la Decisión controvertida, que la práctica en cuestión era capaz de restringir la competencia. De este modo, analizó, en un primer momento, la amenaza potencial ejercida por las bifurcaciones no compatibles. En el apartado 847 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, a este respecto, que Google y Alphabet no habían probado que las bifurcaciones de Android no compatibles no habrían podido constituir, en ningún caso, una amenaza competitiva para ellas. En consecuencia, el Tribunal General examinó, en un segundo momento, si era posible que los ACF hubieran dificultado efectivamente la entrada de los competidores de Google en el mercado de los SO.

92      En este contexto, estimó, en el apartado 849 de la citada sentencia, que debía darse por probado que, durante el período de infracción, los operadores económicos más importantes, con capacidad para ofrecer una oportunidad comercial a los desarrolladores de bifurcaciones de Android no compatibles, se habían visto impedidos de hacerlo en virtud de los ACF.

93      A este respecto, desestimó, en el apartado 850 de dicha sentencia, la alegación de que la Comisión había interpretado erróneamente el fracaso de la bifurcación de Android no compatible que había desarrollado Amazon.com, Inc., concretamente Fire OS, fracaso que se explica por diferentes factores, entre ellos, según Google y Alphabet, la falta de disponibilidad de la Play Store. Si bien el Tribunal General reconoció que la Play Store es un «must have» reservado de forma deliberada a aquellos que participan en el ecosistema Android, consideró que Google y Alphabet no habían aportado ningún elemento que pudiera invalidar las afirmaciones, que figuran en la Decisión controvertida, de que seis de los OEM más importantes en términos de ventas se habían negado a celebrar acuerdos para el desarrollo de dispositivos que funcionaran con Fire OS, aduciendo, frente a Amazon.com, que se trataría de una clara violación de los ACF (considerando 1094 de la Decisión controvertida). En consecuencia, el Tribunal General llegó a la conclusión de que, aunque hubiera otras razones que pudieran explicar el fracaso comercial de Fire OS —razones que, por otra parte, no son independientes de la política comercial de Google—, la Comisión había probado que los ACF habían privado a ese SO del mercado que habrían podido constituir para él los OEM que habían celebrado un ACF con Google.

94      Además, el Tribunal General declaró, en el apartado 855 de la sentencia recurrida, que la política comercial adoptada por Google en cuanto a la puesta a disposición de sus API propias debía tomarse en consideración, como elemento contextual, para apreciar los efectos de las restricciones de mercado establecidas en los ACF. Este efecto era considerable, según el citado Tribunal, en la medida en que Google y Alphabet no habían cuestionado el hecho de que el desfase tecnológico entre las API propias de Google y las versiones básicas del código fuente habían ido aumentando a lo largo de todo el período de la infracción. De esta forma, el acceso a las API propias de Google presentaba un interés estratégico para los desarrolladores y los OEM, ya que, sin las API propias, las aplicaciones no funcionarían correctamente y la corrección de estas disfunciones supondría costes múltiples y elevados.

95      Pues bien, basándose en el examen del segundo motivo, el Tribunal General dejó constancia, en el apartado 856 de la sentencia recurrida, de que los OEM que deseaban disponer de las API propias de Google tenían que celebrar ADAM, lo cual implicaba aceptar previamente las condiciones de los ACF. El Tribunal General llegó a la conclusión de que la política de desarrollo y de distribución de sus API propias por parte de Google había constituido un incentivo para celebrar ACF que limitaban el mercado de las bifurcaciones de Android no compatibles.

96      En cambio, como la Comisión había considerado que el segundo abuso consistía en la aplicación del conjunto de normas técnicas definidas en el DDC a los dispositivos en los que no estaba instalado el conjunto SMG y había procedido a un análisis global de los efectos de la restricción de la competencia que había supuesto la práctica controvertida, el Tribunal General declaró, en el apartado 864 de la sentencia recurrida, que la Comisión no estaba obligada, contrariamente a lo que sostenían Google y Alphabet, a identificar con precisión las normas del DDC que originaban dichos efectos. Señaló que los reproches dirigidos a Google en la Decisión controvertida no se referían al contenido de las obligaciones de compatibilidad que Google había definido, sino a su práctica dirigida a impedir que las bifurcaciones de Android no compatibles encontrasen oportunidades comerciales.

97      Al término de su análisis, el Tribunal General consideró que Google y Alphabet no habían probado que las bifurcaciones de Android no compatibles no habrían podido constituir, en ningún caso, una amenaza competitiva para ellas.

2.      Segunda parte, relativa a la existencia de justificaciones objetivas

98      En el apartado 866 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que la Comisión había estimado, en la Decisión controvertida, que no cabía aceptar ninguna de las justificaciones objetivas esgrimidas por Google y Alphabet.

99      Por lo que respecta, en primer término, a la necesidad de proteger la compatibilidad dentro del ecosistema Android y de prevenir la fragmentación —es decir, la multiplicación de plataformas incompatibles entre sí—, el Tribunal General consideró, antes de nada, en el apartado 878 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había considerado, en la Decisión controvertida, que el establecimiento de obligaciones dirigidas a garantizar la compatibilidad de las bifurcaciones de Android en las que estaban instaladas la Play Store y la aplicación Google Search constituyera una infracción del artículo 102 TFUE. La Comisión solo había considerado abusivo prohibir, a los OEM que comercializaran dispositivos que tuvieran instalado el conjunto SMG, ofrecer, además, oportunidades comerciales a las bifurcaciones de Android no compatibles.

100    De ello se deduce, según las apreciaciones del Tribunal General que figuran en el apartado 878 de la sentencia recurrida, que la justificación presentada por Google y Alphabet, relativa a la necesidad de garantizar la compatibilidad dentro del ecosistema Android, no guardaba relación con el segundo abuso y, por tanto, carecía de pertinencia. A continuación, el citado Tribunal afirmó que la privación de toda oportunidad comercial a las bifurcaciones de Android no compatibles resultante de los ACF no podía justificarse solo por el riesgo que la fragmentación supondría para la «supervivencia» del SO Android. Sin que fuera necesario dirimir la discrepancia entre las partes sobre el carácter nefasto o las ventajas que la fragmentación podría haber representado para Google y para el conjunto del sector, el Tribunal General consideró suficiente señalar que Google y Alphabet no negaban las aseveraciones contenidas en la Decisión controvertida relativas al elevadísimo nivel del poder de mercado del ecosistema Android.

101    En lo que atañe, en segundo término, a la necesidad alegada por Google y Alphabet de proteger su reputación, el Tribunal General declaró, en el apartado 883 de la sentencia recurrida, que las citadas sociedades se habían limitado a sostener la insuficiencia de las medidas previstas por la Comisión para eliminar cualquier confusión en cuanto al origen comercial de los dispositivos que funcionan con bifurcaciones de Android compatibles (como, por ejemplo, el registro de marcas que reservaran para tales dispositivos la denominación «Android»).

102    Según el Tribunal General, Google y Alphabet no habían aportado ningún elemento detallado en apoyo de tal alegación. Por tanto, no podía considerarse probado que no hubieran podido defender eficazmente sus derechos de propiedad intelectual a los efectos de proteger su reputación prohibiendo, por ejemplo, la utilización de las denominaciones «Google» y «Android» en los dispositivos que funcionaban con bifurcaciones de Android no compatibles ajenos al ecosistema Android. Pues bien, según el Tribunal General, no cabía duda de que tales medidas habrían sido menos restrictivas de la competencia que la expulsión de las bifurcaciones de Android no compatibles que resultaba de los ACF. Por tanto, consideró que esta revestía un carácter desproporcionado en relación con el objetivo alegado.

103    Por lo que respecta, en tercer término, a la necesidad de que Google suprimiese los efectos de ganga que resultaban de poner su tecnología a disposición de terceros, el Tribunal General señaló, en esencia, en el apartado 886 de la sentencia recurrida, que dicha puesta a disposición era inherente a la elección hecha por Google de divulgar el código fuente de Android.

104    En cuarto término, en lo que atañe a la alegación de Google y de Alphabet relativa a la falta de ponderación de los efectos favorables a la competencia de los ACF y de sus efectos contrarios a esta, el Tribunal General declaró que no había ninguna relación de necesidad entre la exclusión de las bifurcaciones de Android no compatibles, por una parte, y la compatibilidad dentro del ecosistema Android —que constituye, por lo demás, el objetivo perseguido por las OAF—, por otra parte. En estas circunstancias, consideró, en el apartado 891 de la sentencia recurrida, que Google y Alphabet no podían sostener fundadamente que la Comisión hubiera debido ponderar, por una parte, los efectos favorables a la competencia de las OAF dentro del ecosistema Android que resultan, para los participantes en dicho ecosistema, de las ventajas de la compatibilidad y, por otra parte, las restricciones de la competencia que se ejercen fuera de ese ecosistema, las únicas identificadas como constitutivas del segundo abuso.

105    El Tribunal General estimó, como conclusión de su examen del cuarto motivo, que debía considerarse acreditado el carácter contrario a la competencia de la expulsión de las bifurcaciones de Android no compatibles a través de los ACF. Contrariamente a lo alegado por Google y Alphabet, el Tribunal General declaró, en el apartado 893 de la sentencia recurrida, que la Comisión había tenido debidamente en cuenta el contexto económico y legal pertinente, así como los efectos concretos producidos por el segundo abuso. En consecuencia, al haber probado la Comisión suficientemente la existencia de las restricciones controvertidas y de sus efectos en la competencia, no estaba obligada, además, contrariamente a lo que alegan Google y Alphabet y las partes que intervinieron en apoyo de sus pretensiones, a realizar un análisis de contraste destinado a evaluar las consecuencias hipotéticas que podrían haberse dado, de no haber existido el segundo abuso, en los mercados de tiendas de aplicaciones para Android y de servicios de búsqueda general, mercados en los que se había observado el abuso, y en el de los SO con licencia, en el que Google también ocupaba una posición dominante.

E.      Quinto motivo

106    En el quinto motivo, dividido en dos partes, Google y Alphabet alegaron que la Comisión había vulnerado su derecho de defensa al no haber respetado, por una parte, su derecho a ser oídas, y, por otra parte, su derecho a acceder al expediente. Dichas irregularidades procedimentales invalidaban, en su opinión, las conclusiones de la Decisión controvertida y justificaban su anulación.

107    Mediante la segunda parte del quinto motivo, que el Tribunal General examinó en primer lugar, Google y Alphabet reprocharon, en esencia, a la Comisión haberles comunicado una serie de notas relativas a las reuniones con terceros que no les habían permitido comprender el contenido de las conversaciones que habían tenido lugar en tales reuniones ni la naturaleza de la información aportada sobre las cuestiones abordadas en ellas ni, en consecuencia, hacer valer correctamente su derecho de defensa a este respecto.

108    Si bien el Tribunal General, en el apartado 932 de la sentencia recurrida, llegó a la conclusión de que una buena parte de las notas comunicadas por la Comisión habían sido excesivamente tardías y demasiado sumarias para poder constituir un registro de una entrevista, en el sentido del Reglamento n.º 1/2003, declaró, en el apartado 939 de la sentencia recurrida, que Google y Alphabet no habían demostrado que, de no haberse producido las irregularidades procedimentales señaladas, podrían haber asegurado mejor su defensa.

109    Mediante la primera parte del quinto motivo, Google y Alphabet sostuvieron que, en lugar de haberles dirigido escritos de exposición de los hechos, la Comisión debería haber adoptado uno o varios pliegos de cargo complementarios y haberles conferido, de este modo, un nuevo derecho de audiencia.

110    Pues bien, el Tribunal General declaró, en los apartados 966 a 969 de la sentencia recurrida, que, en el presente asunto, en su respuesta al pliego de cargos, Google y Alphabet habían señalado que declinaban su derecho a una audiencia. Por tanto, el Tribunal General declaró, en el apartado 971 de la citada sentencia, que, con independencia de las dificultades invocadas por Google y Alphabet a efectos de decidir la utilidad de celebrar una audiencia, estas no podían reprochar a la Comisión no haber organizado una audiencia a raíz del pliego de cargos.

111    En cambio, el Tribunal General observó, en el apartado 976 de dicha sentencia, que la Comisión había dirigido posteriormente a Google y a Alphabet dos escritos de exposición de los hechos, uno el 31 de agosto de 2017 y otro el 11 de abril de 2018. Pues bien, aunque Google y Alphabet habían tenido ocasión de presentar observaciones escritas, la Comisión había considerado que el envío de tales escritos excluía cualquier derecho a que se organizara una nueva audiencia, lo que fundamentó la negativa, por parte del consejero auditor, a acceder a lo solicitado en ese sentido por Google y Alphabet el 7 de mayo de 2018.

112    A este respecto, el Tribunal General declaró, en los apartados 981 y 982 de la sentencia recurrida, que, si bien dichos escritos no añadían formalmente ningún cargo a los que figuraban en el pliego de cargos, completaban sustancialmente el contenido y el alcance del cargo relativo al carácter abusivo de los ARI por cartera, que no estaban suficientemente desarrollados en el pliego de cargos, de modo que dichos escritos habían modificado sensiblemente las pruebas de las infracciones controvertidas. Esto había afectado, en particular, según el Tribunal General, a la prueba AEC, que, en el presente asunto, había tenido auténtica importancia en la apreciación por parte de la Comisión de la capacidad de los ARI por cartera para producir un efecto de expulsión del mercado de competidores igual de eficaces.

113    De lo anterior dedujo el citado Tribunal, en los apartados 995 y 996 de la sentencia recurrida, que, al no haber comunicado hasta la fase del segundo escrito de exposición de los hechos los datos que tenía la intención de tener en cuenta para realizar la prueba AEC, procedía considerar que la Comisión había modificado de forma sustancial el contenido del cargo relativo a los ARI por cartera. Así pues, en este contexto particular, la Comisión, que no estaba sometida a ninguna presión temporal, debería haber adoptado un pliego de cargos complementario, según el Tribunal General.

114    Señaló que, al haber comunicado dos escritos de exposición de los hechos en lugar de un pliego de cargos complementario y al no haber admitido la celebración de una audiencia sobre las observaciones formuladas en respuesta a esos dos escritos de exposición de los hechos, la Comisión había eludido el derecho de Google y de Alphabet a poder desarrollar oralmente sus argumentos sobre tales observaciones y había violado su derecho de defensa.

115    Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal General estimó la primera parte del quinto motivo del recurso, en el apartado 1005 de la sentencia recurrida, y anuló la Decisión controvertida en la medida en que calificaba de abusivos los ARI por cartera, confirmando así la apreciación efectuada al término del examen del tercer motivo del recurso.

F.      Sexto motivo

116    Tras haber examinado los cinco primeros motivos del recurso, el Tribunal General estimó que era preciso valorar las consecuencias para la Decisión controvertida de las conclusiones que había extraído anteriormente. En la medida en que estas consecuencias afectaban a la multa, consideró, en el apartado 1009 de la sentencia recurrida, que debía determinar en qué medida la apreciación que debía efectuar, en virtud de su competencia jurisdiccional plena, había de tomar en consideración la argumentación invocada en el marco del sexto motivo, que afectaba a los distintos elementos que se habían tenido en cuenta a efectos del cálculo de la multa.

117    En el sexto motivo del recurso, dividido en tres partes, Google y Alphabet señalaron que, aunque el Tribunal General confirmara las apreciaciones de la Decisión controvertida relativas a la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE a pesar de lo argumentado en los cinco primeros motivos, había tres errores que requerían la supresión o una reducción sustancial de la multa.

118    En este contexto, Google y Alphabet sostuvieron, primero, que la infracción no había sido cometida ni de forma deliberada ni por negligencia; segundo, que la Decisión controvertida había vulnerado el principio de proporcionalidad, y, tercero, que contenía notables errores de cálculo en relación con la aplicación, por parte de la Comisión, de sus Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2) (en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas»). A este respecto, Google y Alphabet alegaron que la Comisión había calculado mal el valor de las ventas pertinente, había aplicado un coeficiente multiplicador de gravedad incorrecto, había añadido un importe adicional injustificado y no había tenido en cuenta las diferentes circunstancias atenuantes, entre ellas, la limitada duración de ciertas conductas.

119    En un primer momento, el Tribunal General extrajo una serie de conclusiones en relación con la infracción al término del examen de los cinco primeros motivos del recurso. En el apartado 1015 de la sentencia recurrida hizo constar que, del examen de los motivos primero, segundo y cuarto, en sus aspectos sustantivos, así como de la segunda parte del quinto motivo del recurso, en sus aspectos procedimentales, se desprendía que la Comisión había acreditado el carácter abusivo de los abusos primero a tercero de la infracción única y continua.

120    Sin embargo, en ese apartado 1015 estimó que del examen del tercer motivo y de la primera parte del quinto motivo del recurso se desprendía que, en la medida en que la Comisión había considerado que el cuarto abuso diferenciado en la Decisión controvertida constituía un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, dicha institución había vulnerado el derecho de defensa de Google y de Alphabet y había viciado la Decisión controvertida con varios errores de apreciación.

121    Por tanto, en el apartado 1016 de la citada sentencia, anuló los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión controvertida, solo en la medida en que se dejaba constancia, en dicho artículo 1, de que Google y Alphabet habían incurrido en una infracción única y continua del artículo 102 TFUE formada por cuatro abuso diferenciados, el cuarto de los cuales consistía en haber supeditado, en el marco de ciertos ARI, el reparto de los ingresos con los OEM y los ORM a la preinstalación exclusiva de la aplicación Google Search en una cartera predeterminada de dispositivos y en tanto en cuanto ese cuarto abuso se mencionaba en los referidos artículos 3 y 4. En consecuencia, el Tribunal General decidió modificar el artículo 2 de la Decisión controvertida, en la medida en que en él se imponía una multa que sancionaba la participación de Google y de Alphabet en una infracción única y continua del artículo 102 TFUE que incluía el cuarto abuso.

122    No obstante, el citado Tribunal estimó, en el apartado 1018 de la sentencia recurrida, con independencia de la corrección de su calificación a la luz del artículo 102 TFUE, que los ARI por cartera —al igual, por otra parte, que los ARI por dispositivo— se habían tenido en cuenta, con razón, en la Decisión controvertida, como elementos del contexto fáctico, para valorar los efectos de expulsión del mercado generados por los aspectos primero y segundo de la infracción única y continua (calificados de abusos primero, segundo y tercero diferenciados en la Decisión controvertida), cuyo carácter abusivo no había sido cuestionado por los motivos segundo y cuarto del recurso.

123    A este respecto, el Tribunal General señaló, en especial en el apartado 1019 de dicha sentencia, que, con independencia de la calificación de los ARI a la luz del Derecho de la competencia, los efectos combinados de las prácticas instauradas por Google le habían permitido beneficiarse, en lo relativo a la aplicación Google Search, de una preinstalación exclusiva que abarcó, al menos hasta 2016, a más de la mitad de los dispositivos comercializados en el EEE que funcionan con un SO derivado de Android (considerando 822 y nota n.º 908 de la Decisión controvertida).

124    Además, los ADAM preveían que los dispositivos equipados con el conjunto SMG estaban obligados a cumplir con las normas técnicas de compatibilidad contenidas en el DDC —normas que, por otra parte, eran aplicables a los OEM en relación con el conjunto de sus dispositivos que tenían como SO una versión derivada de Android— en virtud de los ACF, cuya celebración se imponía como requisito previo a la celebración de los ADAM. Esta relación entre el DDC y los ADAM facilitó, según el Tribunal General, la implantación de la estrategia global querida por Google. Por tanto, a juicio del citado Tribunal, la Comisión tuvo acertadamente en cuenta el DDC para examinar los efectos de los ADAM en los mercados de servicios de búsqueda general.

125    Así, el Tribunal General estimó, en el apartado 1021 de la referida sentencia, que estos elementos, considerados circunstancias fácticas pertinentes para la apreciación del carácter abusivo de las conductas reprochadas a Google, acreditaban la existencia de una relación entre el primer aspecto de la infracción única y continua y los ARI que Google había celebrado a lo largo del período de infracción, por una parte, y entre los abusos primero y segundo de la infracción única y continua, por otra parte.

126    A juicio del citado Tribunal, el examen de los motivos primero, segundo y cuarto del recurso demostró, además, que las restricciones controvertidas primera y segunda se enmarcaban en una estrategia de conjunto. Sobre la base de esta apreciación, la Comisión había podido estimar fundadamente que la conducta de Google, que consistía en establecer condiciones particulares para la utilización del SO Android, por una parte, y de ciertas aplicaciones y ciertos servicios, por otra parte, debía calificarse de infracción única y continua del artículo 102 TFUE (considerando 2 y artículo 1 de la Decisión controvertida).

127    Partiendo de estas consideraciones, y conforme a lo solicitado por Google y Alphabet en este sentido, el Tribunal General se pronunció, en un segundo momento, sobre el importe de la multa en virtud de la competencia jurisdiccional plena que le reconocen el artículo 261 TFUE y el artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003.

128    A este respecto, el Tribunal General consideró, antes de nada, en el apartado 1051 de la sentencia recurrida, que la infracción se había cometido de forma deliberada, lo que debía tenerse en cuenta al determinar el importe de la multa. A continuación, el citado Tribunal examinó en qué medida debían tomarse en consideración la gravedad y la duración de la infracción.

129    Por lo que respecta a la gravedad, consideró apropiado, en primer término, en el apartado 1060 de la sentencia recurrida, tener en cuenta el valor de las ventas realizadas por Google en el último año de su participación completa en la infracción y, en segundo término, en el apartado 1066 de dicha sentencia, no excluir del valor de las ventas tomado en consideración para calcular el importe de base de la multa los ingresos generados por las consultas de búsqueda general efectuadas en la página de inicio de Google. En tercer término, estimó, en el apartado 1071 de la citada sentencia, que no era posible suprimir los costes de adquisición de tráfico del valor de las ventas. En este contexto, el Tribunal General consideró, en el apartado 1081 de la misma sentencia, que la aplicación de un coeficiente que se había fijado en el 11 % del valor de las ventas no reflejaba suficientemente la realidad de la comisión de la infracción y, en particular, su intensidad durante el período en cuestión, por lo que se refiere, sobre todo, a los comportamientos contrarios a la competencia de Google a lo largo de los años 2012 a 2014.

130    En lo que respecta a la duración de la infracción, el citado Tribunal, en el apartado 1085 de la sentencia recurrida, rechazó asimismo la elección de la Comisión, que había utilizado un coeficiente multiplicador único y global (considerando 1461 de la Decisión controvertida). Según el Tribunal General, era más apropiado, en el presente asunto, tener en cuenta otros parámetros para reflejar mejor determinadas particularidades propias del desarrollo en el tiempo de la infracción, en atención, en particular, a su intensidad variable.

131    Por tanto, en el apartado 1086 de la sentencia recurrida, el referido Tribunal utilizó una técnica distinta de la técnica aritmética y lineal establecida por la Comisión con arreglo a la metodología general que había expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas. Según el citado Tribunal, esta elección era más idónea para garantizar, con arreglo a los principios de proporcionalidad y de individualización de las sanciones, que se tuvieran debidamente en cuenta las particularidades del presente asunto, sin por ello dejar de atender a la necesidad de conseguir un nivel de disuasión satisfactorio.

132    Así, en los apartados 1087 y 1088 de la referida sentencia, el Tribunal General, por una parte, tomó en consideración la complementariedad de los primeros abusos y, por otra parte, distinguió varios períodos con el fin de tener especialmente en cuenta la intensidad de los comportamientos contrarios a la competencia a lo largo del tiempo y otros elementos fácticos que rodeaban a tales comportamientos.

133    En el apartado 1088 de dicha sentencia, el Tribunal General identificó tres períodos. El primer período, calificado de «exploratorio», se había extendido del 1 de enero de 2011 al 1 de agosto de 2012. Había venido marcado por el despliegue de la estrategia global querida por Google para garantizar la transición a Internet en los dispositivos móviles. El segundo período había comenzado, según el citado Tribunal, el 1 de agosto de 2012 y había terminado con la finalización de los ARI por cartera, es decir, el 31 de marzo de 2014. Durante este segundo período, la intensidad de la infracción había sido máxima, debido al efecto combinado de los aspectos restrictivos de los ADAM (para ambos grupos) y del ACF, en un contexto en el que la exclusividad conferida por los ARI por cartera reducía otro tanto las posibilidades teóricas de una preinstalación conjunta en los dispositivos equipados con el conjunto SMG. El tercer período había transcurrido entre el 31 de marzo de 2014 y la fecha de adopción de la Decisión controvertida. El Tribunal General consideró que, durante este tercer período, los competidores habían disfrutado de un mayor margen de libertad con los ARI por dispositivo que la que habían tenido bajo la vigencia de los ARI por cartera. En cambio, estimó que debía tener en cuenta, durante dicho período, el desarrollo de las API propias, que habían agravado los efectos de expulsión de los ACF.

134    Esta segmentación permitió al referido Tribunal tomar en consideración el hecho de que Google había puesto fin espontáneamente a los ARI por cartera a partir del 31 de marzo de 2014 para sustituirlos por los ARI por dispositivo. Ello había tenido necesariamente como efecto disminuir el cierre provocado por la preinstalación exclusiva de la aplicación Google Search y del navegador Chrome en determinados dispositivos equipados con el conjunto SMG comercializados en el EEE. Además, los efectos de las prácticas en cuestión correspondientes al segundo período habían sido especialmente significativos, circunstancia que también debía tenerse en cuenta, dado que esos efectos se habían producido en un momento crítico tanto para Google como para sus competidores, el del desarrollo de Internet en los dispositivos móviles.

135    Al margen de estas circunstancias, el Tribunal General estimó que el contexto fáctico no justificaba reconocer a Google el beneficio de circunstancias atenuantes o, al contrario, que se tuviesen en cuenta circunstancias agravantes.

136    Sobre la base de las anteriores consideraciones, especialmente la puesta en marcha deliberada, durante un período significativo, de una estrategia global —cuya existencia no desmienten los errores cometidos por la Comisión en relación con el tercer comportamiento examinado en la Decisión controvertida— que había tenido efectos de intensidad variable durante el período de infracción, el Tribunal General llegó a la conclusión, en los apartados 1099 y 1100 de la sentencia recurrida, de que se hacía una justa apreciación de la gravedad de la infracción y de la duración de esta fijando el importe de la multa impuesta a Google en 4 125 000 000 euros en lugar de en 4 342 865 000 euros. Por lo demás, Alphabet fue considerada conjunta y solidariamente responsable, como sociedad matriz, del comportamiento infractor de Google desde el 2 de octubre de 2015 hasta el 18 de julio de 2018, por un importe de 1 520 605 895 euros.

137    El Tribunal General precisó, además, en el apartado 1111 de la sentencia recurrida, que el importe de la multa al que había llegado en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena no excedía el importe previsto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, es decir, el 10 % del volumen de negocios total de Alphabet durante el ejercicio social anterior.

138    Habida cuenta de las circunstancias tenidas en cuenta en el ejercicio de dicha competencia, el Tribunal General no consideró necesario pronunciarse sobre el fundamento de las alegaciones formuladas por Google y Alphabet en lo que respecta al importe adicional equivalente al 11 % del valor de las ventas pertinentes efectuadas durante el año 2017 (véanse los considerandos 1467 y 1468 de la Decisión controvertida), al no haber tenido en cuenta el citado Tribunal tal parámetro.

139    Por consiguiente, este, en el apartado 1113 de la sentencia recurrida, modificó el artículo 2 de la Decisión controvertida en el sentido de que el importe de la multa impuesta a Google por la infracción única y continua mencionada en el artículo 1 de la citada Decisión se fijó en 4 125 000 000 euros, de los que Alphabet es responsable solidaria y solidariamente en relación con el período comprendido entre el 2 de octubre de 2015 y la fecha de adopción de la Decisión controvertida por un importe de 1 520 605 895 euros.

140    El Tribunal General desestimó el recurso en todo lo demás.

IV.    Pretensiones de las partes en el recurso de casación y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

141    Mediante su recurso de casación, Google y Alphabet, apoyadas por la ADA, la CCIA, Gigaset, HMD y Opera, solicitan al Tribunal de Justicia que:

–        Anule la sentencia recurrida.

–        Anule la Decisión controvertida.

–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

–        Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida y fije en un importe notablemente inferior la cuantía de la multa impuesta.

–        Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas correspondientes al presente procedimiento y al procedimiento ante el Tribunal General.

142    La Comisión, el BEUC, FairSearch y Seznam solicitan al Tribunal de Justicia que:

–        Desestime el recurso de casación.

–        Condene en costas a Google.

143    Mediante los autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2023, Google y Alphabet/Comisión (C‑738/22 P, EU:C:2023:44), y de 18 de abril de 2023, Google y Alphabet/Comisión (C‑738/22 P, EU:C:2023:326), se concedió tratamiento confidencial, respecto de las partes coadyuvantes en primera instancia, respectivamente, por una parte, al documento que figura en el anexo A.2. del recurso de casación y, por otra parte, a cierta información contenida en la nota 98 del escrito de contestación de la Comisión. Solo se notificaron a esas partes coadyuvantes las versiones no confidenciales de ese documento y de dicho escrito.

V.      Sobre el recurso de casación

144    En apoyo de su recurso de casación, Google y Alphabet invocan seis motivos, basados, el primero, en un error cometido por el Tribunal General al examinar la relación de causalidad entre las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y sus supuestos efectos de expulsión del mercado; el segundo, en una confirmación errónea de la Decisión controvertida, a pesar de que la Comisión no había demostrado la capacidad de expulsar del mercado a competidores igual de eficaces; el tercero, en un error del Tribunal General, en la medida en que reformuló la declaración de abuso que figura en la Decisión controvertida en relación con las OAF e imputó los efectos de expulsión del mercado alegados a un comportamiento cuyo carácter abusivo no había sido declarado por la Comisión; el cuarto, en una apreciación errónea de las justificaciones objetivas de las OAF; el quinto, en la confirmación errónea de la Decisión controvertida, a pesar de la inexistencia de abuso relativo a los ARI por cartera, y, el sexto, en el ejercicio erróneo por el Tribunal General de su competencia jurisdiccional plena para modificar la multa.

A.      Primer motivo de casación

1.      Alegaciones de las partes

145    Mediante su primer motivo de casación, dividido en cuatro partes, Google y Alphabet alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al examinar la relación de causalidad entre las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y sus supuestos efectos de expulsión del mercado.

146    De la jurisprudencia, en particular de la sentencia de 6 de octubre de 2015, Post Danmark (C‑23/14, EU:C:2015:651), apartado 47, se desprende que la Comisión debe demostrar que los efectos de expulsión del mercado de un abuso son imputables al comportamiento específico de que se trate, sin que tales efectos puedan presumirse. Pues bien, a juicio de las recurrentes, la Comisión no había cumplido esta obligación en lo que respecta a los ADAM y el Tribunal General confirmó este enfoque erróneo.

147    La Comisión, apoyada por el BEUC, considera que este motivo de casación es inoperante en su conjunto, ya que se basa en la hipótesis errónea de que un análisis de contraste es la única manera de determinar si un comportamiento es contrario al artículo 102 TFUE.

148    FairSearch sostiene que este motivo de casación es nuevo y, por tanto, inadmisible. Afirma que Google y Alphabet adujeron ante el Tribunal General que la Comisión no había demostrado la relación de causalidad entre las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y las cuotas de mercado de Google. Pues bien, en su recurso de casación, Google y Alphabet alegan que el error consistió en no atribuir exclusivamente los efectos de expulsión del mercado invocados al comportamiento abusivo.

a)      Primera parte

149    La primera parte se basa en que el Tribunal General declaró erróneamente, a juicio de las recurrentes, que la Comisión podía examinar legítimamente, en los considerandos 765 y 888 de la Decisión controvertida, la legalidad de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM teniendo en cuenta los efectos combinados de los ADAM y de los ARI. De este modo, el Tribunal General tomó en consideración, erróneamente, el efecto de los ARI tanto para examinar la venta vinculada de la aplicación Google Search, en los apartados 433 a 435 de la sentencia recurrida, como para examinar la venta vinculada del navegador Chrome, en los apartados 442 a 457 de dicha sentencia. Así, según las recurrentes, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no haber demostrado que los efectos de expulsión del mercado invocados fueran imputables a las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM.

150    Google y Alphabet desarrollan cinco alegaciones en este sentido. En primer lugar, dado que los ADAM y los ARI son acuerdos distintos, los firmantes de los ADAM no estaban obligados a celebrar ARI, de modo que la legalidad de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM no podía examinarse a la luz de los efectos combinados de los ADAM y de los ARI. En segundo lugar, tanto los ARI por dispositivo como los ARI por cartera son legítimos, según las recurrentes. Por consiguiente, sus efectos son necesariamente el resultado de una competencia basada en los méritos. En tercer lugar, siguiendo el razonamiento del Tribunal General, cualquier hipótesis de contraste debería incluir los ARI como medios legítimos para garantizar una preinstalación exclusiva y una configuración por defecto de la aplicación Google Search. Así pues, las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM no podían tener efectos de expulsión propios, puesto que los ARI podían, por sí solos, producir efectos análogos. En cuarto lugar, el Tribunal General no debería haber tenido en cuenta, en los apartados 451 y 452 de la sentencia recurrida, los efectos combinados de los ADAM y de los ARI por dispositivo, ya que estos últimos no estaban cubiertos por la Decisión controvertida. Google y Alphabet afirman que no habían podido defenderse sobre este punto ante el Tribunal General. En quinto lugar, en cualquier caso, el Tribunal General no explicó cómo los efectos combinados de los ADAM y de los ARI producían un cierre contrario a la competencia, teniendo en cuenta la escasa cobertura de los ARI.

151    Gigaset afirma que el Tribunal General tomó erróneamente en consideración los ARI, que son lícitos, como elementos pertinentes para analizar la legalidad de las condiciones previstas por los ADAM. A su parecer, no solo no pueden imputarse los efectos de los ARI a los de los ADAM, sino que debe señalarse también que no todos los OEM que habían celebrado ADAM celebraron necesariamente ARI, de modo que no es posible llevar a cabo tal generalización. Así ocurre, por lo demás, con Gigaset.

152    HMD también opina, por motivos análogos a los invocados por Google y Alphabet, que el Tribunal General no estaba obligado a tener en cuenta los ARI para valorar la legalidad de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM.

153    Opera estima que, con carácter general, resulta sorprendente que el Tribunal General haya considerado abusivas las condiciones de preinstalación no exclusivas, mientras que los mecanismos que conducen a una preinstalación exclusiva no lo eran. Tal enfoque tendría, en último término, como consecuencia una reducción de las oportunidades de competidores de Google como Opera. Afirma que, al atribuir los efectos restrictivos de los ARI a las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, se promueve finalmente un modelo más restrictivo basado en la exclusividad, como los de Apple Inc. y de Microsoft Corp.

154    La Comisión, el BEUC, FairSearch y Seznam sostienen que esta primera parte carece de fundamento.

b)      Segunda parte

155    La segunda parte se basa en el hecho de que el Tribunal General desestimó erróneamente, a juicio de Google y Alphabet, en los apartados 546 a 558 de la sentencia recurrida, su alegación de que la decisión de los usuarios de no descargar con mayor frecuencia aplicaciones de la competencia era imputable a las preferencias de tales usuarios. Alegan las recurrentes que, al examinar la legalidad del comportamiento de Google, el Tribunal General no tuvo en cuenta si los usuarios podían acceder fácilmente a aplicaciones de la competencia, sino únicamente la frecuencia con la que esos usuarios optaban realmente por efectuar tal descarga. De este modo, no examinó las verdaderas razones del escaso número de descargas de aplicaciones de la competencia.

156    Según Google y Alphabet, cuatro razones adicionales confirman tal error. En primer lugar, el enfoque del Tribunal General es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 79 de la sentencia recurrida, según la cual, cuando la Comisión considere que existe una infracción de las normas en materia de competencia basándose en la suposición de que los hechos probados no pueden explicarse sino en función de la existencia de un comportamiento contrario a la competencia, el juez debe anular la decisión de que se trate si la empresa en cuestión formula alegaciones que arrojen una luz diferente a los hechos demostrados por la Comisión y que permitan, en consecuencia, dar otra explicación plausible de los hechos. En segundo lugar, el enfoque del Tribunal General vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que no permite determinar el porcentaje de descarga de aplicaciones de la competencia suficiente para compensar una preinstalación. En tercer lugar, dicho enfoque conduce a resultados irracionales, porque, según este enfoque, la preinstalación de un servicio de baja calidad no constituye un abuso, a diferencia de la preinstalación de un servicio de alta calidad. En cuarto lugar, según las recurrentes, es errónea la apreciación del Tribunal General de que la supuesta superioridad de las aplicaciones de Google no es determinante porque los servicios de la competencia también pueden satisfacer las necesidades de los usuarios y competir con otras variables. Señalan que el Tribunal General se contradice, en los apartados 551 y 577 de la sentencia recurrida, dado que afirma también que la notable descarga de aplicaciones de la competencia en determinadas zonas geográficas se explica por características lingüísticas específicas.

157    HMD sostiene que el Tribunal General no podía confirmar la Decisión controvertida sin examinar si la decisión de los usuarios de no descargar con mayor frecuencia las aplicaciones de la competencia era imputable a una preinstalación abusiva más que a las preferencias de dichos usuarios. En cambio, debería haber aplicado la jurisprudencia derivada de la sentencia del mismo Tribunal de 11 de diciembre de 2013, Cisco Systems y Messagenet/Comisión (T‑79/12, EU:T:2013:635), apartado 79, según la cual no puede considerarse que una aplicación de una empresa dominante restringe la competencia si no existen limitaciones técnicas o económicas que impidan a los usuarios descargar otra aplicación competidora.

158    Opera alega que, sin un análisis de la relación de causalidad entre las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y sus supuestos efectos en las descargas de aplicaciones de la competencia, no es posible llegar a la conclusión de que un bajo nivel de tales descargas revela la existencia de una expulsión del mercado contraria a la competencia.

159    La Comisión, el BEUC y FairSearch solicitan que se declare inadmisible esta parte. En cualquier caso, según la Comisión, el BEUC, FairSearch y Seznam, esta parte carece de fundamento.

c)      Tercera parte

160    Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, Google y Alphabet sostienen que el Tribunal General declaró erróneamente que las pruebas relativas a la configuración por defecto eran pertinentes para analizar las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM.

161    Al actuar así, el Tribunal General validó erróneamente, según las recurrentes, el enfoque de la Comisión consistente en tomar en consideración, como contexto pertinente para el examen de estas condiciones de preinstalación, la configuración por defecto, aun cuando dicha configuración por defecto no se cuestionaba y tenía una finalidad y efectos propios. Ello llevó al Tribunal General, en el apartado 349 de la sentencia recurrida, a aceptar que la Comisión se basara en pruebas no pertinentes y a no distinguir entre preinstalación y configuración por defecto. Tal enfoque desnaturaliza, a juicio de las recurrentes, la Decisión controvertida y permitió a la Comisión eludir su obligación de examinar la relación de causalidad entre el comportamiento reprochado y los efectos contrarios a la competencia.

162    Google y Alphabet critican, en particular, cinco motivos que el Tribunal General expuso en apoyo de este enfoque. En primer lugar, el citado Tribunal declaró, en los apartados 329 y 330 de la sentencia recurrida, que no resultaba sencillo distinguir entre los efectos de la preinstalación y los de la configuración por defecto. Ahora bien, tal apreciación pone en entredicho la regla según la cual la carga de la prueba recae sobre la Comisión. En segundo lugar, en los citados apartados 329 y 330, dicha sentencia se basa en el hecho de que un responsable de Google había confundido los conceptos de «configuración por defecto» y de «preinstalación». Sin embargo, un error cometido por tal responsable no puede justificar el mismo error cuando este lo cometen la Comisión o el Tribunal General. En tercer lugar, el Tribunal General no precisó, en el apartado 332 de la referida sentencia, qué ubicaciones privilegiadas o qué configuraciones por defecto había o eran supuestamente problemáticas, cuando en realidad la Comisión no había cuestionado, en la Decisión controvertida, las configuraciones por defecto previstas en los ADAM. En cuarto lugar, el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 334 de la misma sentencia, que lo que podía deducirse en caso de preinstalación era igualmente válido, mutatis mutandis y con mayor motivo, en el supuesto de una configuración por defecto, lo que contradice la propia Comisión. En quinto lugar, al actuar de este modo, el Tribunal General invirtió la carga de la prueba, inversión que es contraria a los principios jurisprudenciales expuestos en el apartado 80 de la sentencia recurrida.

163    La CCIA sostiene que el Tribunal General se negó erróneamente a distinguir entre preinstalación y configuración por defecto. De este modo, eximió a la Comisión de la carga de la prueba que le incumbe, validando la posibilidad de que esta se refiriera a meras presunciones.

164    HMD también opina que es fundamental distinguir los efectos de la preinstalación de los de la configuración por defecto. El Tribunal General declaró que procedía admitir que alegaciones formuladas en el contexto de uno de estos dos conceptos también pudieran valer en el contexto del otro. Sin embargo, la Comisión nunca formuló, según HMD, una alegación de este tipo. Por tanto, el citado Tribunal sustituyó la apreciación de la Comisión sobre este punto por la suya, lo que constituye, como tal, un error de Derecho. Además, a juicio de HMD, también incurrió en error de Derecho al no examinar si las pruebas invocadas por la Comisión eran imputables a las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y no a la configuración por defecto.

165    Opera sostiene que la conclusión del Tribunal General, que figura en el apartado 334 de la sentencia recurrida, de que la preinstalación y la configuración por defecto son similares porque «lo que puede deducirse en caso de preinstalación es igualmente válido, mutatis mutandis y con mayor motivo, en el supuesto de una configuración por defecto» es a la vez ilógica y errónea en cuanto al fondo. Por una parte, esta conclusión es ilógica, a su parecer, porque la configuración por defecto tiene un valor comercial muy superior al de una simple preinstalación. Por otra parte, considera que es errónea en cuanto al fondo, ya que la Comisión y el Tribunal General, al prescindir del examen de esta diferencia, no demostraron una relación de causalidad entre las condiciones de preinstalación de que se trata y los efectos de expulsión de competidores igual de eficaces.

166    La Comisión, el BEUC, FairSearch y Seznam sostienen que esta parte es inadmisible, inoperante y, en cualquier caso, infundada. En particular, consideran que esta parte es inadmisible por dos razones. En primer lugar, Google y Alphabet impugnan elementos fácticos. En segundo lugar, se mencionan los apartados 337 a 418 de la sentencia recurrida, pese a que dichos apartados no se refieren a las críticas que formulan. La misma parte también es, a su juicio, inoperante, ya que Google y Alphabet admitieron en la vista ante el Tribunal General que la preinstalación de una aplicación confiere una ventaja respecto de las aplicaciones de la competencia.

d)      Cuarta parte

167    Mediante la cuarta parte del primer motivo de casación, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General haber incurrido en error al analizar las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM por no haber tenido en cuenta una hipótesis de contraste y los efectos favorables a la competencia de dichas condiciones.

168    Las referidas condiciones constituyen, según las recurrentes, la contrapartida no monetaria que Google recibe de los OEM a cambio de la gratuidad de un paquete de programas informáticos que incluye, entre otros, el SO Android y la Play Store. Este modelo económico produjo efectos favorables a la competencia que la Comisión pasó por alto al no examinar si alternativas realistas habrían dado lugar a oportunidades de distribución idénticas o mejores para los competidores. A su juicio, el Tribunal General validó erróneamente este enfoque, en los apartados 590, 592 y 594 de la sentencia recurrida, al confirmar que no era necesario examinar una hipótesis de contraste.

169    La CCIA sostiene que el Tribunal General no examinó si, en una hipótesis alternativa realista sin las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, los motores de búsqueda y los navegadores de la competencia se habrían beneficiado de mejores oportunidades competitivas. Pues bien, considera que, según reiterada jurisprudencia, la Comisión estaba obligada a efectuar un análisis de contraste. De este modo, el Tribunal General confirmó erróneamente, según la CCIA, que las ventajas favorables a la competencia del SO Android solo debían tenerse en cuenta en la fase de la justificación objetiva y que incumbía a Google y a Alphabet demostrar que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM eran el único medio legítimo para alcanzar los objetivos favorables a la competencia de dicho SO.

170    En primer lugar, la CCIA alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, a la Comisión correspondía la carga de demostrar que el comportamiento en cuestión era contrario a la competencia, llevando a cabo un análisis de contraste. Este es, a su parecer, el medio de demostrar una relación de causalidad entre la supuesta restricción de la competencia y sus efectos para determinar si los supuestos efectos contrarios a la competencia son realmente imputables al comportamiento de la empresa que ocupa una posición dominante.

171    En segundo lugar, la CCIA sostiene que el Tribunal General incurrió en error al concluir que la Comisión podía ignorar legítimamente el estado de la competencia permitido por las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM. Así sucede, en particular, en el contexto de un ecosistema con diferentes mercados multifaz. Por tanto, la Comisión debería haber tenido en cuenta las interacciones entre estos mercados, al igual que los efectos favorables a la competencia que deberían haberse examinado en la fase de demostración de la restricción observada y no solo en la fase de la justificación objetiva de dicha restricción. El enfoque de la Comisión, validado por el Tribunal General, permitió eludir la obligación de examinar si alternativas realistas al intercambio no monetario de los ADAM habrían podido dar lugar a oportunidades competitivas idénticas o mayores.

172    Gigaset considera que el Tribunal General examinó erróneamente las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM de manera aislada y que ignoró, incurriendo en error, que esas condiciones formaban parte integrante del modelo de licencia desarrollado para el SO Android, que permitieron a Google mantenerlo abierto y gratuito. La entrada de Gigaset en el mercado de los dispositivos móviles inteligentes demuestra, al parecer de esta, los efectos favorables a la competencia de este modelo, extremo que, por lo demás, no ha negado el Tribunal General. Sin embargo, este confirmó el enfoque de la Comisión consistente en aislar artificialmente dichas condiciones, sin tener en cuenta el modelo en su conjunto. De este modo, el Tribunal General no examinó si Google podía ofrecer a los OEM una alternativa realista al intercambio no monetario previsto por los ADAM.

173    HMD sostiene también que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no examinar si el sistema de licencia abierta y gratuita ofrecido por Google habría sido posible sin las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM.

174    Opera alega que los ADAM constituían la piedra angular del modelo económico de Google, que consistía en conceder una licencia abierta y gratuita para el SO Android con el fin de aumentar las oportunidades de distribuir sus servicios generadores de ingresos, en particular la aplicación Google Search. Según Opera, este modelo era favorable a la competencia en el caso de los competidores de Google, en particular en el mercado de los navegadores de Internet para móviles. Sin embargo, al no examinar cuál habría sido la situación competitiva en una hipótesis de contraste realista sin las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, la Comisión y el Tribunal General ignoraron esos efectos favorables a la competencia y supusieron erróneamente que Google habría podido mantener tal modelo económico incluso sin esas condiciones. Por lo demás, el Tribunal General no respondió a esta crítica formulada por Google y Alphabet contra la Decisión controvertida y eludió el problema, desnaturalizando dicha Decisión.

175    Alega que el Tribunal General también incurrió en error de Derecho al aceptar que la Comisión pudiera apreciar los efectos favorables a la competencia específicos de dichas condiciones de preinstalación únicamente en la fase de la justificación objetiva de la restricción.

176    La Comisión, el BEUC y FairSearch sostienen que esta parte carece de fundamento.

2.      Apreciación del Tribunal de Justicia

a)      Sobre la admisibilidad y la operatividad del primer motivo de casación

177    En primer lugar, FairSearch sostiene que el primer motivo de casación es inadmisible en su totalidad, ya que constituye un motivo nuevo.

178    Según reiterada jurisprudencia, un motivo que se invoca por primera vez en la fase de casación ante el Tribunal de Justicia debe ser declarado inadmisible. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada al examen de la apreciación por el Tribunal General de los motivos que se debatieron ante él. Permitir que una parte invoque por vez primera en esta fase un motivo que no haya invocado ante el Tribunal General supondría permitirle someter al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de casación es limitada, un litigio de mayor alcance que el que tuvo que conocer el Tribunal General (sentencias de 16 de junio de 2022, Toshiba Samsung Storage Technology y Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Comisión, C‑700/19 P, EU:C:2022:484, apartado 158, y de 3 de septiembre de 2024, Illumina y Grail/Comisión, C‑611/22 P y C‑625/22 P, EU:C:2024:677, apartado 133).

179    En el presente asunto, basta con señalar que, mediante su primer motivo de casación, Google y Alphabet pretenden precisamente criticar la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General desestimó su alegación de que la Comisión no había demostrado la existencia de una relación de causalidad entre las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y los efectos de expulsión asociados a ellas.

180    Por tanto, este motivo de casación no pretende ampliar el objeto del litigio más allá de aquel del que tuvo que conocer el Tribunal General. Por consiguiente, este motivo de casación es admisible.

181    En segundo lugar, la Comisión alega que el primer motivo de casación es inoperante. Este se basa, en su conjunto, según la citada institución, en la premisa errónea de que un análisis de contraste es la única manera de determinar si un comportamiento puede restringir la competencia, cuando en realidad tal análisis no es más que una manera entre otras de demostrar tal restricción.

182    No obstante, ha de observarse que, mediante su primer motivo de casación, Google y Alphabet no basan todas sus alegaciones en tal premisa. El carácter supuestamente obligatorio del análisis de contraste en el marco del artículo 102 TFUE solo es objeto de la cuarta parte de dicho motivo. Así pues, el eventual carácter erróneo de la referida premisa no puede afectar al primer motivo de casación en su conjunto, cuyas alegaciones pueden, por lo demás, poner en entredicho las apreciaciones del Tribunal General en apoyo del fallo de la sentencia recurrida.

183    Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la Comisión acerca del carácter inoperante del primer motivo de casación.

b)      Primera parte

184    Mediante la primera parte del primer motivo de casación, Google y Alphabet reprochan, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al tener en cuenta, a la hora de valorar los efectos de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, los efectos de los ARI por dispositivo y de los ARI por cartera, pese a que los primeros de esos acuerdos no habían sido impugnados por la Comisión y a que el Tribunal General declaró que los segundos no eran abusivos. De este modo, el Tribunal General no se centró en controlar si la Comisión había demostrado que los presuntos efectos de expulsión hubieran sido causados por los ADAM.

185    A este respecto, ha de recordarse que el artículo 102 TFUE prohíbe, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial de este. Este artículo 102 TFUE tiene por objetivo evitar que se menoscabe la competencia en perjuicio del interés general, de las empresas individuales y de los consumidores, reprimiendo los comportamientos de empresas en posición dominante que restringen la competencia basada en los méritos y que, de este modo, pueden causar un perjuicio directo a los consumidores o que impiden o falsean esta competencia y que pueden, de este modo, causarles un perjuicio indirecto [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 87 y jurisprudencia citada].

186    Debe precisarse que el artículo 102 TFUE, al mismo tiempo que impone a las empresas en posición dominante la responsabilidad especial de no menoscabar, con su comportamiento, una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior, no prohíbe la existencia en sí misma de una posición dominante, sino únicamente su explotación abusiva [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 163 y jurisprudencia citada].

187    Para poder considerar, en un caso determinado, que un comportamiento debe calificarse de «explotación abusiva de una posición dominante», en el sentido del artículo 102 TFUE, es necesario, como regla general, demostrar que, mediante el recurso a medios distintos de los que rigen una competencia entre las empresas basada en los méritos, este comportamiento tiene por efecto real o potencial restringir esta competencia expulsando a empresas competidoras igual de eficaces del mercado o de los mercados en cuestión o impidiendo su desarrollo en estos mercados; debe señalarse que tales mercados pueden ser tanto aquellos en los que se ostenta la posición dominante como aquellos, conexos o próximos, en los que tal comportamiento puede producir sus efectos reales o potenciales [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 165 y jurisprudencia citada].

188    Esta demostración debe tener por objeto acreditar, sobre la base de elementos de análisis y pruebas precisos y concretos, que el comportamiento en cuestión tiene, cuando menos, la capacidad de producir efectos de expulsión del mercado [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 166 y jurisprudencia citada].

189    El Tribunal de Justicia ha precisado que esta demostración, que puede implicar el recurso a marcos de análisis diferentes en función del tipo de comportamiento de que se trate en un caso concreto, debe realizarse, en todos los casos, tomando en consideración todas las circunstancias de hecho pertinentes, ya se refieran estas a ese comportamiento en sí, al mercado o mercados de referencia o al funcionamiento de la competencia en ese mercado o mercados [sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 130 y jurisprudencia citada, y de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 166]. Así pues, las circunstancias relativas al contexto en el que se lleva a cabo el comportamiento de la empresa en posición dominante, como las características del sector afectado, deben considerarse pertinentes [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 168].

190    En efecto, la apreciación del carácter abusivo de un comportamiento no puede efectuarse de manera abstracta. Un comportamiento puede tener la capacidad de producir efectos de expulsión del mercado en determinadas circunstancias específicas, mientras que no podría ocurrir así si se hubiera producido en un contexto diferente. En este sentido, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una autoridad de competencia no puede basarse en los efectos que una práctica habría podido producir si se hubieran dado determinadas circunstancias particulares que no eran las que existían en el mercado en el momento de su aplicación (sentencia de 19 de enero de 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, apartado 43).

191    Como ha señalado la Abogada General en el punto 61 de sus conclusiones, de esta jurisprudencia se desprende que la consideración de un elemento fáctico como elemento contextual pertinente para la apreciación de los efectos de un comportamiento a la luz del artículo 102 TFUE no depende de si dicho elemento constituye un comportamiento que en sí mismo se califique de abusivo. En efecto, se trata, en particular, de poder apreciar de manera concreta si los efectos de un comportamiento se ven amplificados o, por el contrario, atenuados por el contexto en el que se lleva a cabo dicho comportamiento.

192    En el presente asunto, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida en la medida en que calificaba los ARI por cartera de abusivos con arreglo al artículo 102 TFUE. Declaró, en el apartado 800 de la sentencia recurrida, que el carácter abusivo de dichos acuerdos no se había acreditado de modo suficiente en Derecho. Google y Alphabet basan su alegación en esta anulación y critican, en esencia, el hecho de que, no obstante, el Tribunal General tuviera en cuenta, para examinar la primera parte del segundo motivo formulado en primera instancia, los ARI como elementos contextuales pertinentes para apreciar los efectos de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM.

193    En esa parte, Google y Alphabet habían alegado ante el Tribunal General que los ADAM no impedían a los OEM preinstalar motores de búsqueda o navegadores de la competencia paralelamente a la aplicación Google Search y al navegador Chrome.

194    Para desestimar dicha parte, el Tribunal General, en el marco de una serie de observaciones preliminares, declaró, en los apartados 425 a 427 de la sentencia recurrida, que, en la Decisión controvertida, la Comisión no había cuestionado la posibilidad teórica de una instalación conjunta, sino que esta hipótesis hacía abstracción del contexto particular en el que se enmarcaban los ADAM y, en particular, de los ARI que exigían, respecto de un número significativo de dispositivos, la preinstalación exclusiva de la aplicación Google Search.

195    El Tribunal General prosiguió su apreciación analizando, por una parte, en los apartados 431 a 436 de dicha sentencia, los efectos de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM en los proveedores de motores de búsqueda de la competencia y, por otra parte, en los apartados 437 a 465 de esa misma sentencia, los efectos de esas condiciones sobre los proveedores de navegadores de la competencia.

196    En este contexto, debe señalarse, en primer lugar, que, contrariamente a lo que sostienen Google y Alphabet, el Tribunal General tuvo correctamente en cuenta el hecho de que los ADAM y los ARI eran acuerdos distintos y de que los firmantes de los ADAM no estaban obligados a celebrar ARI. En efecto, el Tribunal General solo tomó en consideración estos últimos acuerdos como elementos contextuales pertinentes entre otros y tuvo debidamente en cuenta, en particular en los apartados 426, 447 y 449 de la sentencia recurrida, el hecho de que esos ARI no cubrían todos los dispositivos cubiertos por los ADAM.

197    En segundo lugar, el Tribunal General no contravino la jurisprudencia enunciada en los apartados 188 y 189 de la presente sentencia al considerar que la Comisión había tenido en cuenta correctamente los ARI como elementos contextuales pertinentes, con independencia de su legalidad o de su ilegalidad a la luz del artículo 102 TFUE, para examinar los efectos de los ADAM. Este enfoque se desprende claramente de los apartados 426 y 443 de la sentencia recurrida, en los cuales el Tribunal General tomó en consideración indistintamente los ARI por cartera y los ARI por dispositivo, sin dar ningún tipo de pertinencia a su eventual legalidad. Por tanto, esos acuerdos se tuvieron en cuenta acertadamente como elementos contextuales sin los cuales los efectos de los ADAM no podían examinarse dado su carácter complementario, como se desprende, en particular, de los apartados 451 y 452 de dicha sentencia, en la medida en que acentuaban los efectos de expulsión del mercado de los ADAM.

198    En tercer lugar, es preciso desestimar la alegación de Google y de Alphabet de que los efectos contrarios a la competencia de los ADAM no han quedado acreditados ya que, en una hipótesis de contraste sin dichos acuerdos, los ARI habrían tenido los mismos efectos de expulsión del mercado en perjuicio de los servicios de búsqueda de la competencia.

199    En efecto, esta alegación pretende cuestionar la apreciación fáctica del Tribunal General según la cual, por una parte, los ADAM y los ARI eran complementarios y, por otra parte, sus efectos no podían disociarse. Por lo demás, distinguir artificialmente los efectos de estos dos tipos de acuerdos haría imposible demostrar el carácter abusivo de un comportamiento basándose en elementos de análisis y pruebas precisos y concretos, como se desprende del apartado 451 de la sentencia recurrida, y ello especialmente cuando el comportamiento en cuestión se produce en el contexto de mercados que se caracterizan por efectos de red. Efectivamente, esto equivaldría a ignorar el contexto en el que se desarrolla el comportamiento controvertido.

200    En estas circunstancias, procede desestimar la primera parte del primer motivo de casación por carecer de fundamento.

c)      Segunda parte

201    Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, Google y Alphabet critican al Tribunal General por haber desestimado erróneamente, a su parecer, en los apartados 546 a 558 y 570 a 584 de la sentencia recurrida, su alegación de que la decisión de los usuarios de no descargar con mayor frecuencia aplicaciones de la competencia no era imputable al sesgo de statu quo, sino a las preferencias de dichos usuarios. Según ellas, la Comisión debería haber demostrado que las verdaderas razones del escaso número de descargas de aplicaciones de la competencia se debían a las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, en lugar de limitarse a presumirlo.

202    A este respecto, en lo que atañe, por una parte, a las normas relativas al reparto de la carga de la prueba, corresponde a la Comisión aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos de una infracción del Derecho en materia de competencia. En cambio, corresponde a la empresa que invoca un motivo de defensa contra la declaración de la existencia de tal infracción aportar la prueba de que debe acogerse ese motivo de defensa. No obstante, aun cuando la carga de la prueba recaiga, según estos principios, bien en la Comisión, bien en la empresa afectada, los elementos de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se han respetado las normas en materia de carga de la prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, apartado 120 y jurisprudencia citada).

203    Por otra parte, por lo que respecta al nivel de prueba exigido para valorar los efectos de un comportamiento determinado en los usuarios finales, ha de señalarse, como hace la Abogada General en los puntos 137 a 139 de sus conclusiones, que existen situaciones en las que no es posible analizar si el comportamiento de los usuarios se debe a las características cualitativas de los servicios o de los productos de la empresa dominante. En efecto, en un caso en el que se ha demostrado de manera suficiente en Derecho que el modo en que los consumidores o usuarios realizaron su elección estaba sesgado por un comportamiento determinado con el fin de favorecer a una empresa dominante en perjuicio de sus competidores, la existencia de tal sesgo excluye la conclusión de que esta elección era imputable, en principio, al mayor rendimiento de la empresa dominante (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartados 99 y 102). En tal contexto puede resultar imposible en la práctica que la Comisión distinga lo que forma parte de los efectos de tal sesgo de lo que pertenece a las características intrínsecas del producto o servicio de que se trate.

204    En el presente asunto, Google y Alphabet critican la valoración por el Tribunal General de las alegaciones formuladas en el marco de la primera parte de su segundo motivo formulado en primera instancia, según las cuales, por una parte, la Comisión había ignorado que los competidores de Google disponían de otros medios igual de eficaces para llegar a los consumidores, en particular mediante la descarga y el navegador para los servicios de búsqueda general. Según Google y Alphabet, los usuarios finales eran libres de descargar aplicaciones de la competencia y de utilizar, en Internet, un motor de búsqueda distinto de la aplicación Google Search. Por otra parte, Google y Alphabet alegaron que la Comisión no había demostrado la relación entre las cuotas de utilización y la preinstalación.

205    En el marco de esta primera parte del segundo motivo formulado en primera instancia, Google y Alphabet criticaron las pruebas utilizadas por la Comisión a la hora de apreciar el carácter contrario a la competencia de la venta vinculada de la aplicación Google Search y de la Play Store para corroborar la conclusión de la Comisión de que la preinstalación de esas aplicaciones creaba un sesgo de statu quo que disuadía a los usuarios de descargar aplicaciones de la competencia o de utilizar otro motor de búsqueda disponible en línea. Por tanto, las alegaciones de Google y de Alphabet ante el Tribunal General no tenían por objeto cuestionar la existencia de un sesgo de statu quo que, por lo demás, había sido objeto de una alegación específica que el Tribunal General desestimó en los apartados 326 a 418 de la sentencia recurrida.

206    En este contexto, el Tribunal General precisó, antes de nada, en el apartado 546 de dicha sentencia, que Google y Alphabet no negaban que los usuarios podían descargar fácilmente aplicaciones que competían con la aplicación Google Search o el navegador Chrome. Con ello pretendía establecer el marco de su apreciación, precisando que no se negaba la posibilidad teórica de las descargas, sino que se trataba más bien de valorar las pruebas de que disponía la Comisión para caracterizar los efectos concretos y reales del comportamiento controvertido y de corroborar el sesgo de statu quo. Desde esta misma perspectiva, el Tribunal General consideró, en el apartado 557 de dicha sentencia, que no se discutía en la Decisión controvertida que la descarga podía, en principio, compensar la ventaja que otorgaría la preinstalación.

207    Así, en este apartado 557, el Tribunal General declaró que, por las razones expuestas en la referida Decisión, resultaba que, aunque sea fácil y gratuito descargar una aplicación de búsqueda general o de navegación, en la práctica no se realiza tal descarga o se realiza en una parte insuficiente de los dispositivos afectados, para acabar descartando esas pruebas utilizadas para corroborar el sesgo de statu quo. Esto es lo que llevó al Tribunal General, en el apartado 558 de la misma sentencia, a desestimar la alegación de Google y de Alphabet relativa a esta posibilidad de descarga.

208    A continuación, en el marco de su examen de la alegación de Google y de Alphabet acerca de la supuesta falta de demostración de la relación entre las cuotas de utilización y la preinstalación, el Tribunal General confirmó, en los apartados 570 a 584 de la sentencia recurrida, que los elementos aportados por la Comisión respaldaban la demostración de esta acerca del hecho de que la preinstalación suponía una ventaja que no podía ser compensada por los competidores. A este respecto, el Tribunal General precisó, en el apartado 574 de dicha sentencia, que la Comisión tomaba como punto de partida el sesgo de statu quo que, por lo demás, había demostrado. En lo que atañe, en particular, a la alegación de Google y de Alphabet sobre la mayor calidad de sus productos, que explica, a su parecer, la evolución de las cuotas de mercado, el Tribunal General consideró, en el apartado 575 de la citada sentencia, que la Comisión no estaba obligada a determinar de manera precisa, en el contexto concreto del examen de los elementos que confirmaban un sesgo de statu quo acreditado, si esa evolución se debía a esa mayor calidad.

209    Por último, el Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 583 de la misma sentencia, de que, habida cuenta de la tendencia a consolidar la situación inherente a las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y al no haberse demostrado el impacto concreto de la superioridad cualitativa esgrimida por Google y Alphabet en relación con sus aplicaciones de búsqueda general y de navegación, la Comisión había considerado acertadamente que las cuotas de utilización de Google corroboraban el sesgo de statu quo relacionado con la preinstalación.

210    Así pues, de la sentencia recurrida se desprende que Google y Alphabet no pueden reprochar al Tribunal General haber declarado que la legalidad de un comportamiento depende únicamente de un análisis de las opciones reales de los consumidores. Esta crítica resulta de una lectura errónea de dicha sentencia, en la medida en que ignora el contexto en el que se enmarca la apreciación del Tribunal General y, en particular, el hecho de que analiza las pruebas que corroboran la demostración de un sesgo de statu quo, que no se presume.

211    Del mismo modo, no puede reprocharse al Tribunal General haber declarado, en el apartado 575 de dicha sentencia, que la Comisión no estaba obligada a demostrar si la menor utilización de aplicaciones de la competencia era imputable a las condiciones de preinstalación o a las preferencias de los usuarios por la mayor calidad de las aplicaciones de Google. En efecto, en primer término, esta crítica ignora el hecho de que el Tribunal General valoró pruebas criticadas por Google y Alphabet que corroboraban el sesgo de statu quo vinculado a la preinstalación. En segundo término, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 202 de la presente sentencia, Google y Alphabet no pueden reprochar al Tribunal General haber desestimado su imputación, basada en la alegación no demostrada de la superioridad de sus productos, cuando en realidad estimó que las pruebas aportadas por la Comisión eran suficientes para demostrar los efectos de expulsión del mercado de la venta asociada considerada. En efecto, correspondía a Google y a Alphabet, conforme a las normas relativas al reparto de la carga de la prueba, demostrar que sus productos eran de mayor calidad y que, contrariamente a lo que afirmaba la Comisión, esta calidad era el origen de las descargas.

212    Esta interpretación errónea de la sentencia recurrida lleva a Google y a Alphabet a considerar que el enfoque adoptado por el Tribunal General viola el principio de seguridad jurídica o da lugar a resultados irracionales. Sostienen que el Tribunal General se limitó a apreciar la evolución de las elecciones de los usuarios para concluir que la preinstalación tenía carácter abusivo, cuando en realidad el citado Tribunal se limitó a confirmar que dicha evolución podía corroborar lo que, por lo demás, la Comisión había demostrado de modo suficiente en Derecho.

213    Por otra parte, como se desprende del apartado 203 de la presente sentencia, dado que la Comisión había demostrado de modo suficiente en Derecho que el comportamiento de los usuarios había sido falseado por la preinstalación que favorecía las aplicaciones de Google en perjuicio de las de sus competidores, la existencia de tal sesgo excluye que pueda considerarse que esa elección se debía, en principio, al rendimiento superior de la empresa dominante.

214    Por tanto, sin que sea necesario pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo de casación alegada por la Comisión, el BEUC y FairSearch, procede declarar que esta parte carece de fundamento.

d)      Tercera parte

215    Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, Google y Alphabet sostienen que el Tribunal General declaró erróneamente que las pruebas relativas a la configuración por defecto eran pertinentes para analizar las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, que regulaban tal preinstalación.

216    Sobre este particular, basta con recordar que, según jurisprudencia reiterada, de conformidad con el artículo 256 TFUE, apartado 1, y con el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar las pruebas. La apreciación de esos hechos y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de aquellos. Tal desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 28 de septiembre de 2023, Changmao Biochemical Engineering/Comisión, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, apartados 121 y 122 y jurisprudencia citada).

217    En el presente asunto, como ha señalado la Abogada General en los puntos 72 a 76 de sus conclusiones, los apartados de la sentencia recurrida impugnados por Google y Alphabet se inscriben en el marco de la apreciación del Tribunal General de las alegaciones mediante las cuales estas criticaban la pertinencia de pruebas tenidas en cuenta por la Comisión acerca de la configuración por defecto y no de la preinstalación de las aplicaciones de que se trata. En este contexto, el Tribunal General, antes de examinar las imputaciones de Google y de Alphabet, formuló, en los apartados 326 a 339 de la sentencia recurrida, una serie de observaciones preliminares relativas, en particular, a la falta de interés práctico de la distinción propuesta por estas entre preinstalación y configuración por defecto. Sin cuestionar la propia distinción entre estos dos conceptos, el Tribunal General declaró que, para apreciar los efectos de esos dos comportamientos, y en el marco de la valoración de las pruebas invocadas por la Comisión para demostrar la existencia de un sesgo de statu quo, no procedía llevar a cabo tal distinción. En otras palabras, según el Tribunal General, no procedía distinguir entre los efectos de la preinstalación y los de la configuración por defecto.

218    En los apartados 331 y 332 de la referida sentencia, el Tribunal General justificó esta conclusión considerando que, en la práctica, no era posible distinguir los efectos de la preinstalación de los de la configuración por defecto al analizar las pruebas tenidas en cuenta por la Comisión, puesto que sobre todo la propia Google no utilizaba internamente la distinción estricta que había alegado en el marco de su recurso en primera instancia y que, por tanto, resultaba artificial. Según el Tribunal General, esta distinción era tanto menos pertinente cuanto que, por una parte, Google había reconocido que la preinstalación aumentaba efectivamente la probabilidad de que los usuarios utilizaran las aplicaciones de que se trata y, por otra parte, los ADAM no preveían una mera preinstalación, sino también una ubicación privilegiada o una configuración por defecto.

219    Sobre la base de estas consideraciones preliminares, el Tribunal General valoró a continuación las pruebas presentadas por la Comisión para demostrar la existencia de un sesgo de statu quo generado por la preinstalación y criticadas por Google y Alphabet. Así, el Tribunal General estimó que la Comisión estaba facultada para tener en cuenta estas pruebas relativas a los efectos de la preinstalación, considerados en el contexto general de su aplicación, a saber, un contexto que integra la configuración por defecto y la ubicación privilegiada.

220    Pues bien, las críticas que Google y Alphabet formulan en relación con esta apreciación en el marco de la tercera parte del primer motivo de casación deben desestimarse por ser en parte inadmisibles y en parte infundadas.

221    En efecto, por un lado, como observa la Abogada General en los puntos 79 y 80 de sus conclusiones, una parte de las alegaciones de Google y de Alphabet tienen por objeto, en realidad, obtener una nueva valoración de las pruebas presentadas ante el Tribunal General. Efectivamente, estas ponen en entredicho el significado de las expresiones «configuración por defecto» y «preinstalación», tal como se desprende de las pruebas examinadas, o incluso la pertinencia y el alcance de las pruebas relativas a esos dos comportamientos. Así pues, dado que Google y Alphabet no alegan que el Tribunal General desnaturalizara esas pruebas y tal desnaturalización tampoco se desprende manifiestamente de los autos, sus alegaciones deben considerarse inadmisibles.

222    Por otro lado, por lo que respecta a las alegaciones de Google y de Alphabet que pretenden cuestionar la pertinencia del contexto en el que se enmarca la preinstalación de las aplicaciones de que se trata para apreciar sus efectos, debe considerarse que, para demostrar los eventuales efectos contrarios a la competencia de un comportamiento, este debe analizarse en su contexto, teniendo en cuenta todos los hechos pertinentes. Así ocurre, en particular, cuando diferentes comportamientos están interconectados de tal manera que despliegan sus efectos combinados y resultaría artificial distinguir los efectos de uno de los efectos del otro. Pues bien, tras una apreciación fáctica no cuestionada y que no corresponde al Tribunal de Justicia cuestionar, el Tribunal General consideró que así sucedía con la preinstalación y con la configuración por defecto de las aplicaciones de que se trata.

223    Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la tercera parte del primer motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundada.

e)      Cuarta parte

224    Mediante la cuarta parte de su primer motivo de casación, Google y Alphabet sostienen, en esencia, que la Comisión tenía la obligación de demostrar la relación de causalidad entre las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM y los efectos contrarios a la competencia alegados utilizando una hipótesis de contraste realista para examinar si un modelo de licencia abierto como el del SO Android habría sido posible sin esas condiciones de preinstalación. Pues bien, al declarar que la Comisión no estaba sujeta a tal obligación, el Tribunal General incurrió, a juicio de las recurrentes, en error de Derecho.

225    A este respecto, en lo que atañe, en primer término, a la necesidad de recurrir a una hipótesis de contraste, es preciso señalar, como ha hecho la Abogada General en los puntos 93 y 94 de sus conclusiones, que si bien corresponde a la Comisión acreditar el nexo causal entre el comportamiento abusivo controvertido y sus efectos contrarios a la competencia, esta puede, en este contexto, basarse en un conjunto de pruebas, sin que esté obligada a recurrir sistemáticamente a una metodología única, en particular a un análisis de contraste, para probar la existencia de tal relación de causalidad [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping) (C‑48/22 P, EU:C:2024:726), apartados 223 a 229].

226    Para acreditar el abuso de posición dominante, basta con demostrar la capacidad del comportamiento en cuestión para producir efectos de expulsión. Sin embargo, no es necesario que se demuestren sus efectos concretos. Por tanto, el hecho de que —a diferencia de sus competidores— solo la empresa dominante pudiera influir de manera discriminatoria en el comportamiento de los clientes o usuarios en perjuicio de dichos competidores puede bastar para considerar que el comportamiento en cuestión podía menoscabar la competencia efectiva y no falseada [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping) (C‑48/22 P, EU:C:2024:726), apartados 223 a 229].

227    En el presente asunto, ante el Tribunal General, Google y Alphabet reprocharon a la Comisión que no hubiese llevado a cabo un análisis completo del contexto económico y jurídico de los ADAM, al no haber examinado las nuevas oportunidades creadas para los competidores ni el hecho de que los ADAM habían constituido, a su juicio, una condición sine qua non para que el modelo de licencia gratuita desarrollado para el SO Android fuera viable.

228    A este respecto, es preciso destacar que el Tribunal General declaró, en los apartados 590 a 594 de la sentencia recurrida, que la Comisión pudo, sin incurrir en error, centrarse en la demostración de los efectos contrarios a la competencia de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM sin tomar como objeto todo el modelo de licencia gratuita del SO Android. Una vez recordado que la Comisión había tenido debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes, el Tribunal General no estaba obligado a comprobar si dicha institución había llevado a cabo un análisis de contraste, que no es obligatorio, de conformidad con los apartados 225 y 226 de la presente sentencia.

229    Por lo que respecta, en segundo término, a la consideración de los efectos favorables a la competencia, debe recordarse que, cuando una autoridad de competencia ha comprobado que un comportamiento realizado por una empresa que ocupa una posición dominante puede menoscabar la competencia efectiva y no falseada en el mercado interior, esa empresa sigue pudiendo demostrar, para que no se considere que dicho comportamiento constituye una explotación abusiva de la posición dominante, que este está o estaba objetivamente justificado, bien por determinadas circunstancias del caso de autos, que deben ser, en particular, exteriores a la empresa de que se trate, o bien, habida cuenta del objetivo efectivamente perseguido por el artículo 102 TFUE, por el interés de los consumidores (sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 84).

230    Pues bien, de conformidad con esta jurisprudencia, Google y Alphabet no pueden reprochar al Tribunal General no haber tenido en cuenta los efectos favorables a la competencia que alegaron ante él. En efecto, si bien, en la fase de demostración del carácter contrario a la competencia de un comportamiento, la autoridad de competencia debe, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 190 de la presente sentencia, tener en cuenta el contexto en el que se enmarca ese comportamiento, corresponde a la empresa demostrar que dicho comportamiento estaba objetivamente justificado. Por lo demás, debe señalarse, a este respecto, que el Tribunal General desestimó, en los apartados 599 a 619 de la sentencia recurrida, las alegaciones relativas a los posibles efectos favorables a la competencia que Google y Alphabet habían invocado ante él, sin que esta apreciación haya sido criticada en la fase de casación.

231    En consecuencia, procede desestimar la cuarta parte del primer motivo de casación por infundada.

232    En vista de todas las consideraciones anteriores, el primer motivo de casación debe ser desestimado en su totalidad.

B.      Segundo motivo de casación

1.      Alegaciones de las partes

233    Mediante su segundo motivo de casación, dividido en dos partes, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General haber confirmado erróneamente la Decisión controvertida, a pesar de que la Comisión no había demostrado, en dicha Decisión, que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM fueran capaces de expulsar del mercado a competidores igual de eficaces.

234    Según reiterada jurisprudencia, un comportamiento que no es capaz de expulsar del mercado a competidores igual de eficaces no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 102 TFUE. Pues bien, las recurrentes afirman que la Comisión se apartó de esta jurisprudencia, sin ser censurada por el Tribunal General.

235    Google y Alphabet, apoyadas por HMD, precisan que el Tribunal General, al igual que la Comisión, no acreditó la capacidad de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM para expulsar del mercado a competidores igual de eficaces, a pesar de que llevó a cabo este análisis en el marco de la apreciación de la legalidad de los ARI por cartera.

236    A su juicio, el Tribunal General siguió un enfoque que lo llevó, por una parte, a no atenerse al concepto de «expulsión», al no tener en cuenta las oportunidades existentes para los competidores, y, por otra parte, a declarar erróneamente que la prueba AEC solo se aplica a los comportamientos en materia de precios. Así pues, consideró erróneamente que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM eran ilícitas por el mero hecho de que no eran igualadas, en la práctica, por los competidores, y ello con independencia de que estos fueran menos eficaces. Afirman que, de este modo, el Tribunal General no examinó si los efectos observados resultaban de una competencia basada en los méritos o si eran consecuencia de una expulsión contraria a la competencia.

237    La CCIA sostiene, en primer término, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al confundir los conceptos de «ventaja competitiva significativa» y de «expulsión», con lo que eximió a la Comisión de la carga de realizar un análisis de los efectos del comportamiento alegado. Pues bien, con arreglo a la jurisprudencia, para declarar la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE, es preciso demostrar tanto el comportamiento infractor como sus efectos. Estos dos aspectos no pueden confundirse. El enfoque adoptado por el Tribunal General en la sentencia recurrida no tiene en cuenta, según la CCIA, la seguridad jurídica derivada de esta jurisprudencia, ya que no supedita, en la práctica, la legalidad de la preinstalación de aplicaciones a la cuestión de si los usuarios siguen siendo libres para descargar servicios de la competencia, sino a la de si lo hacen efectivamente. Esto equivale, en definitiva, a su parecer, a confundir erróneamente los conceptos de «correlación» y de «causalidad».

238    Opera señala que la Comisión no demostró, en la Decisión controvertida, la existencia de un riesgo de expulsión de los competidores del mercado. Afirma que dicha institución sostuvo ante el Tribunal General que no estaba obligada a realizar tal demostración. Pues bien, a este respecto, el Tribunal General sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya al estimar que esta había advertido efectivamente un riesgo de expulsión del mercado. Si bien es cierto que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM ayudaron a Google a distribuir ampliamente sus servicios de manera eficaz, estas condiciones no llevaron a ninguna expulsión de competidores del mercado, según Opera. Sin embargo, a su juicio, el Tribunal General llegó a tal conclusión llevando a cabo aproximaciones fácticas, en particular en su análisis de los efectos del DDC, y retomando el enfoque formalista adoptado por la Comisión.

239    Según la Comisión, FairSearch y Seznam, el segundo motivo de casación es, en parte, inadmisible, en parte, inoperante, y, en cualquier caso, infundado.

a)      Primera parte

240    La primera parte del segundo motivo de casación se basa en que el Tribunal General no examinó, según las recurrentes, si el hecho de vincular la venta de la aplicación Google Search a la de la Play Store era capaz de expulsar del mercado los servicios de búsqueda general de competidores igual de eficaces.

241    Esta parte contiene tres imputaciones, basadas en que la Comisión, en primer lugar, debería haber examinado el impacto del comportamiento controvertido a la luz de su cobertura, de su duración y de su funcionamiento; en segundo lugar, debería haber llevado a cabo este análisis en relación con competidores hipotéticos igual de eficaces, y, en tercer lugar, debería haber determinado si ese comportamiento privaba a tales competidores de la posibilidad de competir efectivamente.

1)      Primera imputación

242    Google y Alphabet alegan que, según reiterada jurisprudencia, para determinar su impacto en la competencia, debe tenerse en cuenta la cobertura del mercado de referencia por el comportamiento en cuestión. Pues bien, según afirman, el Tribunal General analizó este porcentaje de cobertura de los ARI por cartera, pero se negó erróneamente a tenerla en cuenta en el caso de los ADAM en el apartado 544 de la sentencia recurrida.

243    A su juicio, el Tribunal General incurrió en dos errores adicionales al señalar que la cobertura de los ADAM era, en cualquier caso, suficientemente significativa para fundamentar la declaración de abuso. En primer término, sobre la base de porcentajes de cobertura observados similares en el caso de los ADAM y de los ARI correspondientes a los años 2013 y 2014, el Tribunal General llegó a conclusiones opuestas, lo que es ilógico. En segundo término, respecto de los años 2015 y 2016, el porcentaje de cobertura aplicado es muy inferior al habitualmente observado cuando se produce un abuso.

244    La Comisión estima que esta imputación es inoperante y que, en cualquier caso, carece de fundamento. FairSearch considera que dicha imputación es inadmisible en la medida en que consiste en solicitar al Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos.

2)      Segunda imputación

245    Google y Alphabet alegan que el Tribunal General incurrió en error al confirmar la Decisión controvertida pese a que, en dicha Decisión, la Comisión no había cumplido los requisitos de la prueba AEC, a saber, su obligación de demostrar que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM tenían la capacidad de expulsar del mercado a las aplicaciones de búsqueda general y a los navegadores de la competencia igual de eficaces.

246    Según las recurrentes, mientras que el Tribunal General aplicó correctamente esta prueba a los ARI, no lo hizo en el caso de los ADAM. Sin embargo, dicha prueba tiene alcance general y no se aplica únicamente a las prácticas en materia de precios. Por tanto, a su parecer, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 577 y 578 de la sentencia recurrida, que las condiciones de preinstalación de que se trata eran abusivas, puesto que podían excluir servicios idóneos, desde el punto de vista técnico, para satisfacer al consumidor, según múltiples variables, como la protección de la vida privada, las especificidades lingüísticas o la calidad técnica.

247    Del mismo modo, el Tribunal General no examinó si competidores igual de eficaces habrían podido obtener una preinstalación de sus aplicaciones paralelamente a la aplicación Google Search. Aplicó una prueba alternativa, contrariamente a la prueba que había aplicado a los ARI por cartera. Señalan que elaboró su motivación tomando como referencia a los competidores actuales, sin demostrar que fueran igual de eficaces.

248    Gigaset añade que el Tribunal General aceptó erróneamente que bastaba con que la Comisión demostrara que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM eran capaces de excluir servicios que eran idóneos, desde el punto de vista técnico, para satisfacer las necesidades de los consumidores, con independencia de su eficacia y de su atractivo. De este modo, el Tribunal General confirma, según Gigaset, un enfoque contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

249    A su juicio, el Tribunal General se basó erróneamente en el comportamiento de los usuarios para concluir que estas condiciones producían efectivamente efectos de expulsión del mercado. Señala que la elección real del usuario en favor del producto de una empresa que ocupa una posición dominante no puede, por sí sola, fundamentar la existencia de un comportamiento abusivo, ya que esa elección puede simplemente reflejar la preferencia real del usuario que no guarde relación con los efectos de expulsión del mercado ilegítimos alegados producidos por el comportamiento de dicha empresa. Por tanto, este enfoque viola, a su parecer, los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica.

250    HMD afirma que la no realización de la prueba AEC, tal como resulta de la sentencia recurrida, genera inseguridad jurídica. Además, este criterio tiene alcance general en el contexto de la aplicación del artículo 102 TFUE, como se desprende de la jurisprudencia.

251    La Comisión, el BEUC, FairSearch y Seznam consideran que esta imputación carece de fundamento.

3)      Tercera imputación

252    Según Google y Alphabet, el Tribunal General no examinó, conculcando la jurisprudencia, si las oportunidades restantes para los competidores eran suficientes para permitirles competir de manera fiable. De este modo, confundió los conceptos de «ventaja competitiva significativa» y de «expulsión del mercado», contraviniendo el criterio jurídico pertinente. A este respecto, a su parecer, no basta con demostrar que un comportamiento determinado hace más difícil la competencia en el mercado de que se trate.

253    La Comisión y el BEUC sostienen que esta imputación es infundada. Según FairSearch, dicha imputación es inadmisible.

b)      Segunda parte

254    Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, que contiene dos imputaciones, Google y Alphabet sostienen que el Tribunal General incurrió en error al no examinar si el hecho de vincular la venta del navegador Chrome a la Play Store y a la aplicación Google Search era capaz de expulsar del mercado a navegadores de la competencia igual de eficaces.

255    La Comisión sostiene, en cambio, que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al concluir que ella había llegado fundadamente a la conclusión de que la venta vinculada del navegador Chrome con la Play Store y la aplicación Google Search podía restringir la competencia.

1)      Primera imputación

256    Según Google y Alphabet, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al examinar la legalidad de la venta vinculada del navegador Chrome en relación con un mercado geográfico distinto del definido en la Decisión controvertida. Mientras que, en dicha Decisión, la Comisión había considerado, en el caso de este comportamiento, la existencia de un mercado geográfico mundial (que incluía China), el Tribunal General se centró únicamente en el EEE e incluso cuestionó la pertinencia de la existencia de un mercado mundial. En particular, según las recurrentes, el Tribunal General no expuso los motivos por los que no se habían contabilizado los dispositivos comercializados en China.

257    Según la Comisión, el BEUC y FairSearch, esta imputación es inadmisible y, en cualquier caso, infundada.

2)      Segunda imputación

258    A juicio de las recurrentes, el Tribunal General también extrapoló erróneamente por analogía las apreciaciones relativas a la venta vinculada de la aplicación Google Search a la venta vinculada del navegador Chrome, ignorando una serie de diferencias significativas entre estos dos casos de venta vinculada. En primer término, el navegador Chrome era menos visible o accesible que la aplicación Google Search. En segundo término, el Tribunal General no evaluó correctamente la capacidad de los competidores para obtener una preinstalación paralela. A este respecto, las consideraciones relativas a los ARI no son pertinentes. En tercer término, consideró insuficiente, sin justificación alguna, según las recurrentes, el porcentaje de descarga de navegadores de la competencia. En cuarto término, el Tribunal General no valoró correctamente las condiciones de competencia en los mercados de referencia. En quinto término, el Tribunal General no tuvo en cuenta pruebas que se mencionaban en la Decisión controvertida.

259    Según la Comisión, el BEUC y FairSearch, esta segunda imputación es inadmisible, ya que equivale, en esencia, a impugnar apreciaciones fácticas del Tribunal General. Afirman, asimismo, que, en todo caso, esta imputación es infundada.

2.      Apreciación del Tribunal de Justicia

260    Mediante su segundo motivo de casación, Google y Alphabet sostienen, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión no estaba obligada a demostrar que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM podían expulsar del mercado a competidores igual de eficaces, a pesar de que la referida institución había realizado tal demostración en lo que respecta a los ARI por cartera.

a)      Consideraciones generales

261    Con carácter preliminar, deben aportarse una serie de precisiones relativas al examen de la capacidad de un comportamiento para producir efectos de expulsión del mercado a efectos de su calificación como abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE.

262    Según jurisprudencia reiterada, la finalidad más específicamente asignada a dicho artículo 102 es evitar que los comportamientos de una empresa que ocupa una posición dominante produzcan el efecto de obstaculizar, en perjuicio de los consumidores, por medios o recursos diferentes de los que rigen una competencia normal, el mantenimiento del nivel de competencia existente en el mercado o el desarrollo de esa competencia (sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 44 y jurisprudencia citada).

263    Constituyen tales comportamientos aquellos que, en un mercado en el que el grado de competencia ya está debilitado, en razón precisamente de la presencia de una o varias empresas en posición dominante, impiden, por medios distintos de los que rigen una competencia entre empresas basada en los méritos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el mercado o el desarrollo de esta competencia [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 125 y jurisprudencia citada, y de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 88].

264    Para acreditar el carácter abusivo de una práctica de expulsión del mercado, una autoridad de competencia debe demostrar, por una parte, que dicha práctica se basaba en la explotación de medios distintos de los propios de una competencia basada en los méritos. Por otra parte, dicha autoridad debe demostrar que esa práctica tenía la capacidad, cuando se aplicó, de producir tal efecto de expulsión del mercado, en el sentido de que podía dificultar la penetración o el mantenimiento de los competidores en el mercado de referencia, y que, de este modo, esa práctica podía afectar a la estructura del mercado. Estos dos requisitos tienen carácter acumulativo (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartados 61 y 103 y jurisprudencia citada).

265    Por lo que respecta, en primer lugar, al requisito de que el comportamiento en cuestión debe apartarse de la competencia basada en los méritos, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que el concepto de «competencia basada en los méritos» se refiere, en principio, a una situación de competencia de la que los consumidores se benefician gracias a precios más bajos, a una mejor calidad y a una gama más amplia de bienes y servicios nuevos o más eficientes. Debe considerarse, en particular, que forman parte de la competencia basada en los méritos los comportamientos que tienen por efecto ampliar las posibilidades de elección de los consumidores introduciendo en el mercado nuevos productos o aumentando la cantidad o la calidad de los que ya se ofrecen (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 85).

266    En este sentido, el hecho de que una empresa ocupe una posición dominante no puede privar a dicha empresa ni del derecho a proteger sus intereses comerciales cuando estos sean atacados ni de la facultad, en una medida razonable, de realizar actos que juzgue adecuados para proteger tales intereses [véase, en ese sentido, la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros, C‑307/18, EU:C:2020:52, apartados 148 y 149 y jurisprudencia citada].

267    Por consiguiente, el artículo 102 TFUE no tiene por objeto impedir que las empresas alcancen, por sus propios méritos, una posición dominante en uno o varios mercados ni garantizar que permanezcan en el mercado empresas competidoras menos eficaces que las que ocupan tal posición dominante. Por el contrario, la competencia basada en los méritos puede, por definición, entrañar la desaparición del mercado o la marginalización de los competidores menos eficaces y, por tanto, menos interesantes para los consumidores, especialmente en cuanto a precios, producción, oferta, calidad o innovación [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 164 y jurisprudencia citada].

268    Cuando una autoridad de competencia pretende demostrar que un comportamiento se aparta de la competencia basada en los méritos, puede recurrir al análisis de la capacidad de un hipotético competidor igual de eficaz, pero no dominante, para reproducir dicho comportamiento (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 82).

269    No obstante, como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los puntos 106 y 127 de sus conclusiones, determinados comportamientos constituyen, en principio, sin que sea necesario recurrir a tal análisis, medios que se apartan de la competencia basada en los méritos. Este es el caso, en particular, de las ventas vinculadas que consisten en ofrecer un determinado producto («producto vinculante») únicamente con otro producto («producto vinculado»). En efecto, tal análisis no es necesario para determinar si el cliente puede optar por obtener el producto vinculante sin el producto vinculado. Una empresa que ocupa una posición dominante en uno o varios mercados de productos («mercado del producto vinculante») puede perjudicar a los consumidores por mor de esta práctica, cerrando el mercado de los demás productos que son objeto de la venta vinculada («mercado del producto vinculado») e, indirectamente, el mercado vinculante.

270    Por lo que respecta, en segundo lugar, al requisito relativo a la capacidad de producir efectos de expulsión del mercado, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 187 de la presente sentencia, la autoridad de competencia debe demostrar que el comportamiento de que se trate tiene como efecto real o potencial restringir dicha competencia, expulsando a empresas competidoras hipotéticas igual de eficaces del mercado o mercados en cuestión o impidiendo su desarrollo en esos mercados. Ha de señalarse que estos mercados pueden ser tanto aquellos en los que se ocupa la posición dominante como aquellos, conexos o vecinos, en los que dicho comportamiento está destinado a producir sus efectos reales o potenciales.

271    Además de los meros comportamientos que tienen por efecto real o potencial restringir la competencia basada en los méritos expulsando a empresas competidoras igual de eficaces del mercado o de los mercados en cuestión, también pueden calificarse de «explotación abusiva de una posición dominante» aquellos comportamientos respecto de los cuales se haya demostrado que tienen como efecto real o potencial o, incluso, como objeto impedir en una fase previa, mediante el establecimiento de barreras de entrada o a través de otras medidas de bloqueo o de otros medios diferentes de los que rigen la competencia basada en los méritos, que empresas potencialmente competidoras puedan siquiera acceder a ese o a esos mercados imposibilitando, de ese modo, el desarrollo de la competencia en tales mercados en perjuicio de los consumidores, al limitar en ellos la producción, el desarrollo de productos o de servicios alternativos o la innovación (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 131 y jurisprudencia citada).

272    Por lo que respecta a la cuestión de si el artículo 102 TFUE implica la obligación sistemática de la Comisión de examinar la eficacia de los competidores reales o hipotéticos de la empresa en posición dominante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que es cierto que el objetivo de dicho artículo 102 no es garantizar que los competidores menos eficaces que la empresa que ocupa una posición dominante permanezcan en el mercado. Sin embargo, de ello no se deduce que cualquier comprobación de una infracción a la luz de esta disposición esté supeditada a la demostración de que el comportamiento en cuestión puede expulsar a un competidor igual de eficaz [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartados 263 y 264].

273    Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que este análisis puede resultar pertinente tanto para las prácticas en materia de precios como para las prácticas no tarifarias, en función de las circunstancias. No obstante, como ha señalado la Abogada General en los apartados 131 y 132 de sus conclusiones, y de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 271 de la presente sentencia, existen situaciones en las que no es posible ni útil basar el análisis de los efectos de expulsión del mercado de un comportamiento determinado en la cuestión de si un competidor igual de eficaz podría reproducir dicho comportamiento. Así sucede, en particular, cuando la estructura del mercado, que se refiere, por ejemplo, a un ecosistema caracterizado por barreras y efectos de red significativos, y el comportamiento de que se trata hacen imposible en la práctica la entrada, el mantenimiento o incluso la aparición de un competidor igual de eficaz.

274    Por lo demás, corresponde a la autoridad de competencia demostrar, basándose en elementos de análisis y pruebas precisos y concretos, que el comportamiento en cuestión puede tener efectos de expulsión del mercado. Como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 189 de la presente sentencia, esta demostración, que puede implicar el recurso a marcos de análisis diferentes en función del tipo de comportamiento de que se trate en un caso concreto, debe realizarse, sin embargo, en todos los casos, tomando en consideración todas las circunstancias de hecho pertinentes, ya se refieran estas a ese comportamiento en sí, al mercado o mercados de referencia o al funcionamiento de la competencia en ese mercado o mercados.

275    En el presente asunto, en su respuesta al segundo motivo formulado en primera instancia, el Tribunal General recordó, en los apartados 276 a 299 de la sentencia recurrida, el marco jurisprudencial que pretendía aplicar. En este contexto declaró, en el apartado 291 de dicha sentencia, que la Comisión había seguido las etapas que el Tribunal General había explicado, para demostrar el carácter abusivo de un comportamiento, en su sentencia de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión (T‑201/04, EU:T:2007:289), y que no se había limitado a declarar que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM eran ventas vinculadas que podían restringir la competencia, sino que, conforme a esa jurisprudencia, se había cuidado de exponer con concreción, en la Decisión controvertida, los distintos elementos que, según su criterio, permitían acreditar los efectos de expulsión del mercado alegados.

276    A este respecto, en el apartado 294 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la Comisión había concluido que los comportamientos de que se trata habían tenido por efecto, en particular, dificultar a los servicios de búsqueda de la competencia la obtención de solicitudes de búsqueda y de los ingresos e informaciones necesarios para poder mejorar sus servicios, que habían aumentado las barreras de entrada, protegiendo a Google de la competencia de los demás servicios de búsqueda, y que habían disminuido los incentivos a la innovación que deseaban ofrecer los competidores comercializando un servicio de búsqueda especializado en un idioma o dirigido a un grupo de usuarios específico.

277    Como ha indicado la Abogada General en los puntos 112 a 124 de sus conclusiones, el Tribunal General desestimó las alegaciones de Google y de Alphabet que criticaban a la Comisión por no haber demostrado que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM restringieran la competencia. De este modo, desestimó tales alegaciones relativas a la existencia de un sesgo de statu quo generado por las preinstalaciones (apartados 320 a 418 de la sentencia recurrida), a la posibilidad de que los OEM preinstalaran o configuraran por defecto servicios de búsqueda general de la competencia (apartados 419 a 538 de la citada sentencia), a los otros medios de que supuestamente disponían los competidores para llegar a los usuarios (apartados 539 a 567 de dicha sentencia), a la relación de causalidad entre las cuotas de utilización de Google y la preinstalación (apartados 568 a 584 de la misma sentencia) y, por último, a la consideración del contexto económico y jurídico (apartados 585 a 596 de la sentencia recurrida).

278    Pues bien, en los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, el Tribunal General no se apartó de la jurisprudencia recordada en los apartados 261 a 274 de la presente sentencia. En particular, contrariamente a lo alegado por Google y por Alphabet, el Tribunal General no estaba obligado a comprobar si la Comisión había demostrado efectivamente los efectos de expulsión del mercado de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM por referencia a competidores hipotéticos igual de eficaces. En efecto, como expuso el Tribunal General en los apartados 115, 116 y 294 de la sentencia recurrida, los mercados de referencia en el presente asunto forman parte de la economía digital, en la que variables como la innovación, el acceso a los datos, los aspectos multifaz, el comportamiento de los usuarios o los efectos de red desempeñan un papel determinante, en la medida en que esos mercados así estructurados se caracterizan por significativas barreras de entrada y por interacciones complejas que se influyen y se determinan mutuamente. Precisamente en tales situaciones, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 271 de la presente sentencia, no es posible o útil basar el análisis de los efectos de expulsión del mercado de un comportamiento determinado en la cuestión de si un competidor igual de eficaz podría reproducir ese comportamiento. En efecto, en tales circunstancias, un comportamiento que no forma parte de la competencia basada en los méritos puede hacer imposibles en la práctica la entrada, el mantenimiento o incluso la aparición de un competidor igual de eficaz. Esto está aún más justificado cuando el comportamiento de que se trate no se presta a un análisis cuantitativo basado en los precios.

279    El segundo motivo de casación debe examinarse a la luz de estas consideraciones generales y de las conclusiones intermedias que de ellas se derivan.

b)      Primera parte

280    La primera parte del segundo motivo de casación se basa en que el Tribunal General no examinó, según las recurrentes, si el hecho de vincular la venta de la aplicación Google Search a la de la Play Store era capaz de expulsar del mercado los servicios de búsqueda general de competidores igual de eficaces.

281    Esta parte contiene tres imputaciones, basadas en que la Comisión, en primer lugar, debería haber examinado el impacto del comportamiento controvertido a la luz de su cobertura, de su duración y de su funcionamiento; en segundo lugar, debería haber llevado a cabo este análisis en relación con competidores hipotéticos igual de eficaces, y, en tercer lugar, debería haber determinado si ese comportamiento privaba a tales competidores de la posibilidad de competir efectivamente con Google en el mercado de servicios de búsqueda general.

282    A este respecto, procede señalar que Google y Alphabet se basan en la premisa de que el Tribunal General debería haber aplicado una prueba idéntica para examinar los efectos de las condiciones previstas por los ADAM y para examinar los efectos de los ARI por cartera. En efecto, en el marco de sus tres imputaciones, Google y Alphabet se refieren implícitamente a la apreciación efectuada por el Tribunal General en el marco del examen del tercer motivo formulado en primera instancia, en el que ellas impugnaban el carácter abusivo de los ARI por cartera. Más concretamente, reproducen las diferentes alegaciones que formularon, en esencia, en la tercera parte de ese tercer motivo en primera instancia y que se resumen en el apartado 664 de la sentencia recurrida.

283    Al examinar tales alegaciones, el Tribunal General analizó la Decisión controvertida a la luz de una jurisprudencia específica, resumida en los apartados 637 a 647 de la sentencia recurrida, relativa a la capacidad de un pago por exclusividad, como los ARI por cartera, para expulsar del mercado a competidores al menos igual de eficaces, capacidad de expulsión del mercado evaluada mediante la prueba AEC.

284    Pues bien, del apartado 272 de la presente sentencia se desprende que la prueba AEC o, incluso, con carácter más general, la capacidad de expulsar del mercado a un competidor igual de eficaz no es el único criterio que permite caracterizar un comportamiento contrario al artículo 102 TFUE. Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal General no haber invalidado la Decisión controvertida basándose en que la Comisión no había aplicado este criterio para examinar los efectos de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM.

285    Asimismo, debe señalarse que todas las imputaciones de la primera parte del segundo motivo de casación se basan en una premisa errónea, lo que las hace inoperantes.

c)      Segunda parte

286    Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, Google y Alphabet sostienen que el Tribunal General incurrió en error al no examinar si el hecho de vincular la venta del navegador Chrome a la Play Store y a la aplicación Google Search era capaz de expulsar del mercado a navegadores de la competencia igual de eficaces.

287    Por razones idénticas a las expuestas en los apartados 282 a 285 de la presente sentencia, procede desestimar todas las imputaciones de esta segunda parte por ser inoperantes, en la medida en que se basan en la premisa errónea de que el Tribunal General debería haber examinado la capacidad de las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM por referencia a un competidor hipotético igual de eficaz.

288    En cualquier caso, dichas imputaciones son inadmisibles.

289    Por lo que respecta a la primera imputación, Google y Alphabet alegan que el Tribunal General, al igual que la Comisión, solo tuvo en cuenta un subsegmento del mercado geográfico pertinente a efectos de examinar la capacidad de la venta vinculada de que se trata para restringir la competencia en ese mercado. Pues bien, en la medida en que las recurrentes no formularon esta imputación ante el Tribunal General, pese a que pudieron haberlo hecho, debe considerarse nueva y, por tanto, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 178 de la presente sentencia, inadmisible en el marco de un recurso de casación.

290    En lo que atañe a la segunda imputación, Google y Alphabet sostienen que el Tribunal General extrapoló erróneamente «por analogía» las apreciaciones relativas a la venta vinculada de la aplicación Google Search a la venta vinculada del navegador Chrome, a pesar de las significativas diferencias que presenta cada una de esas ventas. Más concretamente, las recurrentes cuestionan cinco apreciaciones fácticas formuladas por el Tribunal General, relativas, en primer lugar, a la intensidad del sesgo de statu quo del que se benefició el navegador Chrome en comparación con la aplicación Google Search; en segundo lugar, a problemas relacionados con el espacio de almacenamiento; en tercer lugar, a la importancia relativa de las descargas de navegadores de la competencia; en cuarto lugar, a la apreciación del nivel de competencia en el mercado de los navegadores en relación con el de los motores de búsqueda, y, en quinto lugar, al impacto de los porcentajes de descarga paralela de aplicaciones de la competencia.

291    Pues bien, como se ha recordado en el apartado 216 de la presente sentencia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar las pruebas. La apreciación de esos hechos y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de aquellos.

292    Asimismo, en la medida en que Google y Alphabet no alegan una desnaturalización de las pruebas en apoyo de las apreciaciones fácticas que impugnan, procede declarar inadmisibles esta imputación y, en consecuencia, la segunda parte del segundo motivo de casación en su totalidad.

293    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo de casación en su totalidad.

C.      Tercer motivo de casación

1.      Alegaciones de las partes

294    Mediante su tercer motivo de casación, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al sustituir la apreciación acerca de la declaración de abuso que figura en la Decisión controvertida por la suya en relación con las OAF y al imputar los efectos de expulsión del mercado alegados a un comportamiento cuyo carácter abusivo no había sido declarado por la Comisión.

a)      Primera parte

295    Según Google y Alphabet, la Comisión declaró, en el artículo 1, apartado 1, letra c), de la Decisión controvertida, que habían infringido el artículo 102 TFUE al supeditar la concesión de licencias para la Play Store y la aplicación Google Search a las OAF.

296    Pues bien, en primer lugar, pese a que el Tribunal General reconoció, en el apartado 828 de la sentencia recurrida, que la única disposición considerada abusiva en la Decisión controvertida era la que supeditaba la concesión de licencias para la Play Store y la aplicación Google Search a que los OEM aceptaran no comercializar dispositivos que funcionaran con una bifurcación de Android no compatible, el citado Tribunal realizó a continuación su apreciación refiriéndose, según las recurrentes, a una práctica mucho más amplia, a saber, la «práctica de Google dirigida a obstaculizar el desarrollo y la presencia en el mercado de dispositivos que funcionan con una bifurcación [de] Android no compatible».

297    Al «reformular» de este modo la Decisión controvertida, confirmó erróneamente la declaración de abuso que figura en dicha Decisión haciendo referencia a un comportamiento que iba más allá de la obligación cuyo carácter abusivo había declarado la Comisión.

298    Pues bien, a juicio de las recurrentes, fue inadecuado que el Tribunal General desestimara el recurso de Google y de Alphabet debido a la política comercial de Google consistente en conceder licencias para API propias únicamente si se utilizaban en dispositivos Google Android compatibles, pese a que la Comisión, en la Decisión controvertida, y el Tribunal General, en los apartados 810 y 811 de la sentencia recurrida, habían considerado que dicha política estaba justificada. Al estimar que Google podía exigir la compatibilidad de los dispositivos en los que estaban instalados sus aplicaciones y servicios propios (incluidas las API propias de Google), el Tribunal General no podía considerar que la decisión legítima de Google de no conceder licencias para sus API propias a bifurcaciones de Android no compatibles formaba parte del comportamiento reprochado.

299    En segundo lugar, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General haber estimado que la Comisión no estaba obligada a identificar las cláusulas específicas que restringían la competencia entre las normas de referencia de compatibilidad básica para Android que los signatarios de los ACF estaban obligados a respetar.

300    A este respecto, el Tribunal General ignoró, según las recurrentes, el error cometido por la Comisión, al afirmar, en el apartado 864 de la sentencia recurrida, que los reproches dirigidos a Google en la Decisión controvertida no se referían al contenido de las obligaciones de compatibilidad definidas por Google, sino a su práctica dirigida a impedir que las bifurcaciones de Android no compatibles encontraran oportunidades comerciales. Esta afirmación no constituye, a su parecer, una respuesta adecuada, puesto que el artículo 1, apartado 1, letra c), de la Decisión controvertida se refería precisamente a las OAF.

301    En apoyo de la argumentación desarrollada por Google y Alphabet, la ADA y HMD destacan que, al llegar a una declaración de abuso más amplia que la recogida en la Decisión controvertida, el Tribunal General sobrepasó los límites de su control jurisdiccional, sustituyendo la apreciación de la Comisión por la suya.

302    A este respecto, la ADA se refiere a tres aspectos fundamentales del abuso que, a su juicio, fueron declarados probados en la Decisión controvertida. En primer término, el análisis jurídico y fáctico que figura en dicha Decisión se basa íntegramente en el artículo 102 TFUE, letra d), y en la sentencia del Tribunal General de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión (T‑201/04, EU:T:2007:289). En segundo término, la Comisión había reconocido en la citada Decisión que Google podía imponer legalmente las OAF a los dispositivos equipados con el conjunto SMG. En tercer término, también había admitido, en dicha Decisión, que Google no estaba obligada a poner sus aplicaciones y servicios propios a disposición de los desarrolladores de bifurcaciones de Android no compatibles.

303    Pues bien, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como se desprende de las sentencias de 6 de abril de 1995, RTE e ITP/Comisión (C‑241/91 P y C‑242/91 P, EU:C:1995:98), apartados 49 y 50, y de 26 de noviembre de 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), apartado 39, la negativa a conceder una licencia para derechos de propiedad intelectual solo puede infringir el artículo 102 TFUE cuando existen determinadas circunstancias excepcionales, que no se han apreciado en el presente asunto, según la ADA. Por consiguiente, a su parecer, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar, en el apartado 864 de la sentencia recurrida, que la decisión de Google de no conceder licencias para sus API propias a bifurcaciones no compatibles se enmarcaba en una práctica dirigida a impedir que tales bifurcaciones encontraran oportunidades comerciales.

304    Además, señala que el Tribunal General incurrió en dos errores adicionales al declarar, en el apartado 854 de la sentencia recurrida, que no puede admitirse el ejercicio de un derecho exclusivo relacionado con un derecho de propiedad intelectual cuando su finalidad es precisamente reforzar la posición dominante de su autor y abusar de ella. Por una parte, el citado Tribunal no reconoció, de este modo, que el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, en particular en los mercados tecnológicos, refleja la innovación y las inversiones y supone, por tanto, una competencia basada en los méritos. Por otra parte, no tuvo debidamente en cuenta el contexto jurídico pertinente, a saber, que, por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, los incentivos para invertir en investigación y desarrollo solo deberían mitigarse mediante una intervención administrativa o judicial en circunstancias excepcionales.

305    La Comisión estima que el presente motivo de casación es inoperante y carece, en todo caso, de fundamento.

306    A su juicio, este motivo es inoperante porque se basa en la hipótesis errónea de que el Tribunal General «reformuló» la calificación, realizada en la Decisión controvertida, del comportamiento abusivo de Google. Pues bien, esta «reformulación» es el fundamento de la alegación de Google y de Alphabet, constitutiva de la segunda parte del tercer motivo de casación, según la cual el citado Tribunal General incurrió en error en su apreciación de la relación de causalidad entre el comportamiento «reformulado» y la capacidad de dicho comportamiento para restringir la competencia.

307    Sin embargo, según la Comisión, por una parte, del apartado 855 de la sentencia recurrida se desprende que la decisión de Google de no conceder licencias para sus API propias a desarrolladores de bifurcaciones de Android no compatibles solo se tuvo en cuenta, a la hora de examinar la capacidad de las OAF para restringir la competencia, como elemento contextual. Por otra parte, tanto la Decisión controvertida como la sentencia recurrida indican que el mismo comportamiento, a saber, «el hecho de condicionar la concesión de una licencia para la Play Store y la aplicación Google Search a la celebración de un ACF», es abusivo.

308    Señala la Comisión que la alegación de Google y de Alphabet de que el Tribunal General declaró abusiva una práctica más amplia que la considerada en la Decisión controvertida se basa en dos pasajes aislados de la sentencia recurrida, concretamente la última frase del apartado 828 y el apartado 864 de dicha sentencia. Pues bien, así no solo ignoran el final de ese apartado 828, sino también las demás consideraciones de la citada sentencia, en particular sus apartados 232, 247, 805, 809, 811 y 1083. En cambio, una lectura global de la sentencia recurrida confirma, a juicio de la Comisión, que la Decisión controvertida y dicha sentencia concluyen que el mismo comportamiento es abusivo.

309    En apoyo de las alegaciones de la Comisión, FairSearch añade, remitiéndose a la sentencia de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión (C‑164/98 P, EU:C:2000:48), apartado 42, que, en cualquier caso, el Tribunal General está autorizado para interpretar una decisión de la Comisión siempre que esta interpretación no sea contraria a la lógica de dicha decisión. Pues bien, a su juicio, Google y Alphabet no aportan ninguna prueba de que el Tribunal General sustituyera la motivación de la Comisión por la suya.

310    Seznam destaca, asimismo, que la afirmación que figura en el apartado 828 de la sentencia recurrida no es una «declaración» realizada por el Tribunal General, sino una referencia a lo que la Comisión ya había declarado en la Decisión controvertida, a saber, que la obligación que obstaculizaba el desarrollo y la presencia en el mercado de dispositivos que funcionaban con una bifurcación de Android no compatible, que forma parte de las OAF, era abusiva. Por tanto, la referencia del Tribunal General a esta afirmación de la Comisión no es más amplia que esta.

b)      Segunda parte

311    Google y Alphabet reprochan al Tribunal General, en primer lugar, haber incurrido en error de Derecho al declarar, en el apartado 893 de la sentencia recurrida, que un análisis de contraste era inútil.

312    A su juicio, sin tal análisis es imposible llegar a la conclusión de que los efectos potenciales alegados respecto de las bifurcaciones no compatibles eran imputables al comportamiento en cuestión, esto es, al hecho de supeditar la concesión de una licencia para la Play Store y la aplicación Google Search a la firma de un ACF por parte de un OEM.

313    La cuestión pertinente consiste en determinar cuál habría sido la situación de las bifurcaciones no compatibles si Google no hubiera supeditado la concesión de una licencia para la Play Store y la aplicación Google Search a la firma de un ACF por un OEM. Pues bien, de la apreciación del Tribunal General recogida en el apartado 856 de la sentencia recurrida se desprende, según las recurrentes, que, en ese supuesto, Google habría seguido concediendo licencias para sus API propias únicamente a dispositivos Google Android compatibles en los que las aplicaciones de Google estuvieran preinstaladas, lo que Google habría podido hacer legítimamente. En estas circunstancias, como confirma, a juicio de las recurrentes, el Tribunal General en los apartados 855 y 856 de la sentencia recurrida, la política de Google relativa al desarrollo y a la distribución de sus API propias supuso incluso un incentivo para que los OEM solo distribuyeran dispositivos Google Android compatibles, ya que los OEM consideraban que esas API propias presentaban un «interés estratégico». De ello se deduce que, en una hipótesis de contraste, el desarrollo de las bifurcaciones no compatibles habría encontrado el mismo obstáculo que el que efectivamente se observó, esto es, la reticencia de los OEM a distribuir bifurcaciones no compatibles.

314    En segundo lugar, Google y Alphabet señalan que, pese a que explicaron ante el Tribunal General que las bifurcaciones no compatibles, como Fire OS, no habían podido desarrollarse por razones distintas a la firma de los ACF por los OEM, el Tribunal General no analizó si el fracaso de Fire OS era imputable a las OAF.

315    De este modo, el Tribunal General, una vez más, no analizó en modo alguno la relación de causalidad y afirmó expresamente, en el apartado 850 de la sentencia recurrida, que optaba por no examinar si «otras razones» distintas de la exigencia impuesta por Google a los OEM de firmar un ACF para obtener una licencia para la Play Store o para la aplicación Google Search podían explicar el fracaso comercial de Fire OS. Así, a juicio de las recurrentes, el Tribunal General incurrió en el error que el Tribunal de Justicia censuró en la sentencia de 6 de diciembre de 2012, AstraZeneca/Comisión (C‑457/10 P, EU:C:2012:770), esto es, presumir la existencia de una relación de causalidad, vulnerando el principio de que «la duda debe beneficiar al destinatario de la decisión por la que se declara la existencia de la infracción».

316    Google y Alphabet sostienen, por lo demás, que, en el presente asunto, ni siquiera se permitió la duda, ya que el Tribunal General declaró que el acceso a las API propias de Google era de gran importancia comercial y, en opinión del citado Tribunal, suficiente para que pudiera considerarse que una variante Android no compatible habría sido incapaz de compensar la supuesta posición dominante del SO Android. De este modo, según las recurrentes, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho similar al que había llevado a anular la decisión de la Comisión en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — Pagos por exclusividad) (T‑235/18, EU:T:2022:358).

317    La ADA y HMD consideran también que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar que la Comisión no estaba obligada a llevar a cabo un análisis de contraste, el cual le habría permitido valorar las condiciones de la competencia de no haber existido el comportamiento controvertido.

318    La Comisión replica que Google y Alphabet se equivocan al afirmar que el Tribunal General incurrió en error al confirmar las conclusiones de la Decisión controvertida según las cuales las OAF podían restringir la competencia.

319    Según FairSearch, la segunda parte del tercer motivo de casación es inadmisible porque Google y Alphabet pretenden debatir las apreciaciones fácticas del Tribunal General relativas a las razones por las que no se desarrollaron las bifurcaciones no compatibles.

2.      Apreciación del Tribunal de Justicia

a)      Primera parte

320    Google y Alphabet sostienen que, al examinar su cuarto motivo formulado en primera instancia, basado en la apreciación errónea del carácter abusivo del hecho de supeditar la concesión de las licencias de la Play Store y de la aplicación Google Search al cumplimiento de las OAF, el Tribunal General consideró preciso, en el apartado 828 de la sentencia recurrida, examinar si la Comisión había llegado a acreditar, como así había estimado esta en la Decisión controvertida, que Google había puesto en funcionamiento una práctica dirigida a expulsar del mercado a las bifurcaciones de Android no compatibles y si dicha práctica podía considerarse contraria a la competencia a los efectos del artículo 102 TFUE.

321    De este modo, el Tribunal General «reformuló», según las recurrentes, la Decisión controvertida refiriéndose a un comportamiento que excedía del que la Comisión había declarado abusivo en el artículo 1, apartado 1, letra c), de dicha Decisión. A este respecto, afirman que es inadecuado sancionar a Google debido a su política comercial consistente en conceder licencias para las API propias únicamente si se utilizaban para dispositivos Google Android compatibles, a pesar de que la Comisión, en dicha Decisión, y el Tribunal General, en los apartados 810 y 811 de la sentencia recurrida, consideraron que esa política estaba justificada. Por tanto, a juicio de las recurrentes, el Tribunal General no podía declarar que el hecho de que Google no concediera licencias para sus API propias a bifurcaciones de Android no compatibles forma parte del comportamiento reprochado.

322    La premisa de este razonamiento de Google y de Alphabet es, por tanto, la reformulación, calificada de extensiva, de uno de los abusos declarados por la Comisión en la Decisión controvertida, ya que tal reformulación constituye, a su parecer, un error de Derecho.

323    A este respecto, es preciso recordar que, en el marco del control de legalidad a que se refiere el artículo 263 TFUE, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General son competentes para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder. El artículo 264 TFUE establece que, si el recurso fuere fundado, el acto impugnado será declarado nulo y sin valor ni efecto alguno. Por consiguiente, en ningún caso puede el Tribunal de Justicia o el Tribunal General sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya (sentencias de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión, C‑164/98 P, EU:C:2000:48, apartado 38, y de 6 de octubre de 2021, World Duty Free Group y España/Comisión, C‑51/19 P y C‑64/19 P, EU:C:2021:793, apartado 70).

324    En cambio, en el marco de un recurso de anulación, el Tribunal General puede verse en la necesidad de interpretar la motivación del acto impugnado de manera diferente a la forma en que lo hizo su autor, o incluso, en determinadas circunstancias, de tener que rechazar la motivación formal en que se basó este último, salvo cuando ningún elemento material así lo justifique (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión, C‑164/98 P, EU:C:2000:48, apartado 42, y de 6 de octubre de 2021, World Duty Free Group y España/Comisión, C‑51/19 P y C‑64/19 P, EU:C:2021:793, apartado 71).

325    De ello se deduce que, si bien la terminología empleada por el Tribunal General en la sentencia recurrida difiere de la empleada en la Decisión controvertida, de ahí no se desprende necesariamente que el Tribunal General haya identificado un comportamiento abusivo materialmente diferente del identificado por la Comisión o que se haya basado en una motivación diferente de la seguida por la Comisión en la Decisión controvertida [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2021, World Duty Free Group y España/Comisión, C‑51/19 P y C‑64/19 P, EU:C:2021:793, apartado 73, y de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 104].

326    En el presente asunto, es preciso hacer constar, en primer lugar, que la frase del apartado 828 de la sentencia recurrida criticada por Google y Alphabet es una frase conclusiva. Por tanto, no puede interpretarse con independencia del resto del citado apartado.

327    Dicho apartado comienza, antes de nada, por la formulación del reproche dirigido por la Comisión, que es el hecho de supeditar la concesión de las licencias de la Play Store y de la aplicación Google Search a un conjunto de obligaciones que restringen la libertad de los OEM que quieran conseguir esas licencias, precisamente al prohibirles que comercialicen, además, cualquier otro dispositivo que funcione con una bifurcación de Android no compatible.

328    A continuación, se precisa que «esta restricción se desprende de los ACF, de los que constituye, en la medida en que se aplican a los dispositivos móviles inteligentes en los que las aplicaciones de Google no están preinstaladas, la única obligación que se considera abusiva en la Decisión [controvertida]. En efecto, la Comisión no cuestiona el derecho de Google a imponer exigencias de compatibilidad referentes a los dispositivos en los que están instaladas sus aplicaciones. En cambio, considera abusiva la práctica de Google dirigida a obstaculizar el desarrollo y la presencia en el mercado de dispositivos que funcionan con una bifurcación [de] Android no compatible».

329    De ello dedujo el Tribunal General, por último, que procedía examinar si la Comisión había llegado a acreditar que Google había puesto en funcionamiento, como así lo había considerado en la Decisión controvertida, una práctica dirigida a expulsar del mercado las bifurcaciones de Android no compatibles y si dicha práctica podía considerarse contraria a la competencia a los efectos del artículo 102 TFUE.

330    En segundo lugar, el apartado 828 de la sentencia recurrida comienza el análisis del Tribunal General relativo a la primera parte del cuarto motivo formulado en primera instancia, basado en la errónea apreciación del carácter abusivo del hecho de supeditar la concesión de las licencias de la Play Store y de la aplicación Google Search al cumplimiento de las OAF. Este análisis viene precedido, en el apartado 816 de la sentencia recurrida, de un resumen del considerando 1036 de la Decisión controvertida, según el cual la Comisión había desarrollado seis series de alegaciones para acreditar que las OAF podían restringir la competencia.

331    De estas observaciones preliminares se desprende que la alegación de Google y de Alphabet basada en la supuesta reformulación del abuso invocado debe examinarse a la luz de todo el apartado 828 de la sentencia recurrida y de dicho resumen.

332    Pues bien, entre los motivos expuestos por la Comisión en el considerando 1036 de la Decisión controvertida, el Tribunal General identificó, en el apartado 816 de la sentencia recurrida, el hecho de que las OAF obstaculizan el desarrollo de bifurcaciones de Android no compatibles, la circunstancia de que las bifurcaciones de Android compatibles no representan una amenaza competitiva creíble para Google y el hecho de que la capacidad de esas OAF para restringir la competencia se ve reforzada por la falta de disponibilidad de las API propias de Google para los desarrolladores de bifurcaciones de Android no compatibles, lo cual disminuye el interés de los desarrolladores en diseñar aplicaciones destinadas a esos SO.

333    Como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los puntos 175 y 176 de sus conclusiones, del apartado 816 de la sentencia recurrida, no rebatido por Google y Alphabet en su recurso de casación, se desprende que la Comisión había reprochado efectivamente a Google haber adoptado una práctica que se dirigía a expulsar del mercado a las bifurcaciones de Android no compatibles porque constituían una amenaza para dicha empresa. La Comisión explicó la realidad de esta amenaza en la sección 12.6.1 de la Decisión controvertida. Así, según esta última, si el desarrollo de tales bifurcaciones se había restringido, fue porque los OEM ya no las comercializaban por el riesgo de dejar de obtener una licencia para las aplicaciones de Google.

334    Al analizar si la Comisión había demostrado tal hecho de modo suficiente en Derecho, el Tribunal General no sustituyó la motivación que figura en la Decisión controvertida por la suya.

335    De ello se deduce que, si bien es cierto que la terminología utilizada en la última frase del apartado 828 de la sentencia recurrida difiere de la utilizada en el artículo 1, apartado 1, letra c), de la Decisión controvertida, no puede llegarse a la conclusión de que el Tribunal General haya identificado, al actuar de este modo, un comportamiento abusivo diferente del identificado por la Comisión en la referida Decisión.

336    Además, aunque los términos del artículo 1, apartado 1, letra c), de dicha Decisión se refieren únicamente al comportamiento de Google que supeditaba la concesión de las licencias para la Play Store y la aplicación Google Search a las OAF, de la misma Decisión y de la sentencia recurrida se desprende que las exigencias de compatibilidad relativas a los dispositivos en los que estaban instaladas las aplicaciones de Google, cuyo carácter legítimo no cuestiona el Tribunal General, constituyen un elemento pertinente del contexto en el que se produjo ese comportamiento.

337    La importancia de este elemento contextual en el análisis del segundo abuso identificado en la Decisión controvertida puede deducirse, en primer lugar, de los apartados 855 y 856 de la sentencia recurrida. Por una parte, el primero de tales apartados confirma que el acceso a las API propias de Google presentaba un interés estratégico para los desarrolladores y los OEM. Por otra parte, el Tribunal afirmó, en el segundo de dichos apartados, que, «como resulta del examen del segundo motivo [de anulación], los OEM que deseaban disponer de las [API propias] de Google tenían que celebrar un ADAM, lo cual implicaba aceptar previamente las condiciones de los ACF». Pues bien, sobre la base de estas apreciaciones, el Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 856 de la sentencia recurrida, de que debía «señalarse que la política de desarrollo y de distribución de sus [API propias] por Google constituyó un incentivo para celebrar ACF, los cuales […] limitaban el mercado de las bifurcaciones de Android no compatibles».

338    En segundo lugar, las «observaciones preliminares relativas al alcance del segundo abuso identificado en la Decisión [controvertida]», expuestas por el Tribunal General en los apartados 803 a 814 de la sentencia recurrida, confirman la importancia de dicho elemento contextual y, en consecuencia, la inexistencia de error de Derecho en la paráfrasis conclusiva utilizada por el Tribunal General en el apartado 828 de esa misma sentencia.

339    Antes de nada, en el apartado 809 de dicha sentencia se confirma expresamente que, «según la Decisión [controvertida], Google abusó de su posición dominante […] al condicionar la licencia de la Play Store y de Google Search a la aceptación de las OAF». A continuación, en el apartado 810 de la misma sentencia, el Tribunal General precisó que, «como confirmaron [Google y Alphabet] durante la vista, los ACF solo se consideran abusivos en la Decisión [controvertida] en la medida en que obligan a los OEM a asegurar la compatibilidad con el DDC de todos los dispositivos que comercializan con el SO Android o una bifurcación [de] Android, incluidos aquellos en los que no estén preinstaladas las aplicaciones de Google. En otros términos, solo se consideran abusivos los ACF en la medida en que prohíben la comercialización de dispositivos móviles inteligentes cuyos SO sean bifurcaciones de Android no compatibles, incluso en defecto de preinstalación en esos dispositivos de las aplicaciones de Google». Por último, el Tribunal General estimó, en el apartado 812 de la sentencia recurrida, que lo que la Comisión reprochaba, en esencia, a Google era «haber aplicado una práctica anticompetitiva dirigida a privar de oportunidades comerciales a las bifurcaciones de Android no compatibles».

340    Estos elementos contextuales también demuestran que lo que constituye, según la Comisión, el objeto del segundo abuso identificado en la Decisión controvertida es haber impuesto la aplicación del conjunto de normas técnicas, definidas en el presente asunto en el DDC, incluso en los dispositivos en los que las aplicaciones y los servicios propios, entre ellos las API propias de Google, no estaban preinstalados. Por tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 864 de la sentencia recurrida, que la Comisión no estaba obligada a identificar con precisión las normas del DDC que originaban dichos efectos.

341    Del conjunto de consideraciones precedentes se desprende que debe desestimarse por infundada la primera parte del tercer motivo de casación.

b)      Segunda parte

342    Google y Alphabet sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 893 de la sentencia recurrida, que la Comisión no estaba obligada a realizar un análisis de contraste destinado a evaluar las consecuencias hipotéticas que podrían haberse dado de no haber existido el segundo abuso, puesto que la existencia de las restricciones controvertidas y de sus efectos en la competencia había quedado suficientemente probada.

343    A este respecto, como se ha recordado en el apartado 225 de la presente sentencia, si bien corresponde a la Comisión acreditar el nexo causal entre el comportamiento abusivo controvertido y sus efectos contrarios a la competencia, esta puede, en este contexto, basarse en un conjunto de pruebas, sin que esté obligada a recurrir sistemáticamente a una metodología única, en particular a un análisis de contraste.

344    En el presente asunto, el Tribunal General declaró, en primer término, en el apartado 834 de la sentencia recurrida, que la existencia material de la práctica considerada por la Comisión, en la Decisión controvertida, constitutiva del segundo abuso no solo había sido reconocida por Google y Alphabet, sino que también había quedado acreditada. En segundo término, el Tribunal General estimó, en el apartado 841 de dicha sentencia, sobre la base de las declaraciones de estas, corroboradas por los elementos que obraban en autos, que esta práctica se había instaurado a sabiendas, con objeto de limitar el acceso al mercado de las bifurcaciones de Android no compatibles. En tercer término, el Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 847 de la referida sentencia, de que Google y Alphabet no habían probado que esas bifurcaciones no habrían podido constituir, en ningún caso, una amenaza competitiva para ellas. En cuarto término, el Tribunal General declaró, en el apartado 863 de la misma sentencia, que la Comisión había acreditado suficientemente que los ACF habían prohibido a sus signatarios dar oportunidades comerciales a las bifurcaciones de Android no compatibles y que este obstáculo había contribuido a reforzar la posición dominante de Google en los mercados de servicios de búsqueda general, al tiempo que se revelaba perjudicial para los usuarios finales.

345    Para justificar la necesidad de un análisis de contraste, Google y Alphabet sostienen que la política de Google relativa al desarrollo y a la distribución de sus API propias habría constituido, en cualquier caso, un incentivo para que los OEM solo distribuyeran dispositivos Google Android compatibles. Por lo demás, reprochan al Tribunal General no haber analizado si el fracaso de Fire OS era imputable a las OAF, al limitarse a afirmar, en el apartado 850 de la sentencia recurrida, que, aunque hubiera otras razones que pudieran explicar el fracaso comercial de ese SO, la Comisión había probado que los ACF habían privado a dicho SO del mercado que habrían podido constituir para él los OEM que habían celebrado un ACF con Google.

346    A este respecto, debe señalarse que Google y Alphabet no critican las demás apreciaciones del Tribunal General, como las relativas al fracaso del SO Aliyun desarrollado por Alibaba, que llevan a las declaraciones citadas en el apartado 344 de la presente sentencia e, in fine, a la confirmación de la demostración de una expulsión efectiva del mercado de las bifurcaciones de Android no compatibles y a los efectos contrarios a la competencia de dicha expulsión.

347    Por lo demás, mediante sus alegaciones relativas al examen, por parte del Tribunal General, de la política de Google en relación con el desarrollo y la distribución de las API propias, así como al fracaso de Fire OS, Google y Alphabet pretenden, en realidad, obtener una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas, apreciación que ya ha sido realizada por el Tribunal General.

348    Pues bien, como se ha recordado en el apartado 216 de la presente sentencia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por tanto, al no haberse invocado desnaturalización alguna, las alegaciones de Google y Alphabet formuladas en apoyo de la supuesta necesidad de un análisis de contraste son inadmisibles.

349    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo de casación por ser en parte infundada y en parte inadmisible. Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo de casación en su totalidad.

D.      Cuarto motivo de casación

1.      Alegaciones de las partes

350    Mediante su cuarto motivo de casación, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General no haber tomado en consideración ni haber examinado concretamente las alegaciones que formularon, así como las pruebas que presentaron, para demostrar que las OAF estaban objetivamente justificadas.

351    En particular, reprochan al Tribunal General haber incurrido en cuatro errores.

352    En primer lugar, afirman que el citado Tribunal no examinó la necesidad de las OAF. En el apartado 880 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a invocar los elementos que probaban el crecimiento real del SO Android para justificar su conclusión de que la fragmentación de esta plataforma no suponía un riesgo para su supervivencia durante el período de la infracción, pese a que debería haberse preguntado si dicha plataforma habría tenido el mismo crecimiento rápido que se había observado si Google no hubiera impuesto las obligaciones impugnadas. Para ello, habría debido referirse, por ejemplo, a la experiencia de los sistemas operativos abiertos, que adoptaron menos medidas para protegerse contra la fragmentación.

353    En segundo lugar, las recurrentes sostienen que el Tribunal General no examinó el interés legítimo de Google en proteger el conjunto del ecosistema Android, incluidos los dispositivos que no incorporan las aplicaciones propias de Google. El referido Tribunal consideró, en el apartado 878 de la citada sentencia, que la justificación aducida por Google y Alphabet era ajena al supuesto abuso, que solo se refería a la aplicación de las OAF a los dispositivos no equipados con el conjunto SMG. De este modo, no respondió a su alegación de que el interés legítimo de Google, como desarrollador del SO Android y gestor del ecosistema Android, requería medidas para preservar el conjunto de dicho ecosistema.

354    En tercer lugar, el Tribunal General confirmó erróneamente, según las recurrentes, la Decisión controvertida, pese a que la Comisión no había apreciado de forma correcta las condiciones en las que Google había adoptado una licencia de explotación libre para el SO Android. En su opinión, el Tribunal General declaró, en el apartado 886 de la sentencia recurrida, que Google había «elegido» aceptar los riesgos vinculados al lanzamiento de ese SO sobre una base abierta, cuando en realidad había hecho lo contrario, adoptando conscientemente medidas para evitar los riesgos que presentaba un modelo abierto no gestionado, extremo que el Tribunal General no tuvo en cuenta.

355    En cuarto lugar, las recurrentes señalan que el Tribunal General no valoró convenientemente las pruebas que demostraban la necesidad de los ACF, en vista del carácter inadecuado de una solución consistente en proceder al registro de marcas que les reservaran la denominación «Android». El Tribunal General se limitó, a este respecto, en el apartado 883 de la misma sentencia, a afirmar que Google y Alphabet no habían aportado ningún elemento detallado en apoyo de tal alegación. De este modo, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas que demostraban el carácter inadecuado de la solución consistente en proceder al registro de marcas.

356    Gigaset reconoce que la obligación de motivación no impone al Tribunal General el deber de exponer exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por Google y Alphabet. No obstante, sostiene, por una parte, que las alegaciones de estas relativas al examen por parte de la Comisión de los ACF abordaban hechos pertinentes para un análisis jurídico correcto y, por otra parte, que si esos hechos se hubieran evaluado de manera objetiva, se habría puesto de manifiesto que los requisitos de compatibilidad mínima que figuran en los ACF constituían una medida legítima y necesaria destinada a proteger la integridad del conjunto del ecosistema Android.

357    Por lo demás, según Gigaset, el Tribunal General también incurrió en error de Derecho al negarse a examinar la alegación de Google y de Alphabet de que una solución consistente en proceder al registro de marcas que les reservaran la denominación «Android» no bastaría para evitar una confusión entre los dispositivos compatibles con el DDC y los que no lo son.

358    HMD reproduce, en esencia, las alegaciones expuestas por Google y Alphabet.

359    La Comisión y FairSearch alegan que el cuarto motivo de casación es inadmisible porque, so pretexto de un error de Derecho, Google y Alphabet impugnan las apreciaciones fácticas del Tribunal General relativas a la falta de necesidad de las OAF. Además, se limitan a reafirmar algunas partes de su argumentación ante el Tribunal General, sin poner de manifiesto el menor error de Derecho. Con carácter subsidiario, la Comisión sostiene que este motivo de casación carece de fundamento.

2.      Apreciación del Tribunal de Justicia

360    Mediante su cuarto motivo de casación, Google y Alphabet alegan que el Tribunal General apreció erróneamente las justificaciones objetivas de los ACF.

361    A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que corresponde a la empresa que ocupa una posición dominante justificar actuaciones que puedan estar comprendidas en la prohibición establecida en el artículo 102 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de marzo de 2007, British Airways/Comisión, C‑95/04 P, EU:C:2007:166, apartado 69, y de 27 de marzo de 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, apartado 40 y jurisprudencia citada).

362    En particular, esa empresa puede demostrar, a estos efectos, bien que su comportamiento es objetivamente necesario, bien que el efecto de expulsión del mercado que dicho comportamiento entraña puede verse contrarrestado, o incluso superado, por mejoras de la eficacia que benefician también a los consumidores. A este último respecto, corresponde a la empresa que ocupa una posición dominante demostrar que las mejoras de eficacia que puedan derivarse del comportamiento considerado neutralizan los efectos perjudiciales probables sobre la competencia y los intereses de los consumidores en los mercados afectados, que dichas mejoras de eficacia han podido o pueden realizarse gracias a dicho comportamiento y que este es indispensable para conseguirlas y no elimina una competencia efectiva al suprimir la totalidad o la mayoría de las fuentes existentes de competencia actual o potencial (sentencia de 27 de marzo de 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada).

363    Sobre esta base, Google y Alphabet formularon ante el Tribunal General varias alegaciones para demostrar que la Comisión no había tenido en cuenta el carácter favorable a la competencia de las OAF, que, según afirman, habían sido necesarias para proteger la integridad y la calidad del SO Android frente a los riesgos inherentes a eventuales incompatibilidades. Estas alegaciones se resumieron en los apartados 868 a 873 de la sentencia recurrida y fueron desestimadas sucesivamente por el Tribunal General con arreglo al examen que figura en los apartados 877 a 891 de dicha sentencia.

364    Mediante el cuarto motivo de casación, Google y Alphabet formulan cuatro imputaciones contra este examen.

365    En primer lugar, señalan que el Tribunal General no examinó la necesidad de las OAF para facilitar la compatibilidad entre los dispositivos Google Android y para ayudar a proteger la calidad y la integridad del SO Android frente a los riesgos de fragmentación. En segundo lugar, a su parecer, el citado Tribunal limitó de manera inadecuada su apreciación a la necesidad de ayudar a proteger únicamente los dispositivos Google Android que integraban las aplicaciones propias de Google. En tercer lugar, según las recurrentes, atribuyó erróneamente a Google la decisión de aceptar todas las consecuencias relacionadas con la comercialización de Android bajo licencia de explotación libre. En cuarto lugar, no examinó adecuadamente las pruebas aportadas por Google y Alphabet para demostrar que la Comisión había incurrido en error de apreciación al estimar que un cambio de estrategia en materia de marcas ofrecía una solución adecuada a las OAF.

366    Sin embargo, Google y Alphabet concluyen la exposición de cada una de estas cuatro imputaciones reprochando al Tribunal General un único error de Derecho. Según afirman, en la sentencia recurrida, el citado Tribunal no tomó en consideración ni examinó concretamente todos los elementos pertinentes para determinar si las OAF estaban objetivamente justificadas.

367    Pues bien, como se ha recordado en el apartado 348 de la presente sentencia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar las pruebas. La apreciación de esos hechos y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de aquellos.

368    En el presente asunto debe señalarse, en primer lugar, que Google y Alphabet no alegan ninguna desnaturalización de los hechos o de las pruebas examinados por el Tribunal General, salvo una sola mención, en sus escritos procesales, de una desnaturalización de las pruebas relativas a la ineficacia de la defensa de sus derechos de propiedad intelectual como consecuencia de la omisión del examen de tales pruebas. A falta de toda demostración, tal mención no puede ser tenida en cuenta.

369    En efecto, cuando un recurrente en casación alega una desnaturalización de pruebas por parte del Tribunal General, debe, de conformidad con el artículo 256 TFUE, con el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, indicar de manera precisa las pruebas que, a su juicio, han sido desnaturalizadas por este y demostrar los errores de análisis que, a su parecer, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. Además, la desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos obrantes en autos, sin necesidad de proceder a una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véanse las sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 50, y de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, apartado 30).

370    En segundo lugar, debe señalarse que las alegaciones desarrolladas por Google y Alphabet para respaldar las cuatro imputaciones formuladas en apoyo del cuarto motivo de casación tienen su origen, refiriéndose respectivamente a los apartados 880, 878, 886 y 883 de la sentencia recurrida, en una lectura parcial de la motivación del Tribunal General. Pues bien, al reprochar al citado Tribunal no haber tomado en consideración o no haber examinado concretamente todos los elementos pertinentes para determinar si las OAF estaban objetivamente justificadas, Google y Alphabet pretenden, a fin de cuentas, impugnar las apreciaciones realizadas por el citado Tribunal antes de esos apartados en el marco de su valoración de las justificaciones objetivas de los ACF que ellas habían presentado.

371    Habida cuenta de lo anterior, procede declarar la inadmisibilidad del cuarto motivo de casación.

E.      Quinto motivo de casación

1.      Alegaciones de las partes

372    Mediante su quinto motivo de casación, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General haber confirmado erróneamente las apreciaciones de la Decisión controvertida acerca de la infracción única y continua a pesar de la anulación de dicha Decisión en lo que respecta a los ARI por cartera.

373    De la jurisprudencia se desprende, según afirman, que la anulación parcial de una decisión de la Comisión solo es posible si los elementos anulados son escindibles del resto de la decisión. No sucede así cuando la anulación parcial tiene por efecto modificar la esencia del acto. Pues bien, la Decisión controvertida sancionó a Google y a Alphabet por una infracción única y continua compuesta por cuatro abusos diferenciados. En el apartado 1029 de la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló dicha Decisión en lo que respecta a uno de estos cuatro abusos, el relativo a los ARI por cartera, pero la confirmó en lo relativo a la infracción única y continua. Al obrar de ese modo, el Tribunal General incurrió, a juicio de las recurrentes, en error de Derecho.

374    Señalan que debería haber examinado si la anulación de una de las declaraciones de existencia de la infracción modificaba la esencia de la declaración de la infracción única y continua. Por tanto, a su parecer, la sentencia recurrida adolece esencialmente de cuatro lagunas en relación con este extremo. En primer término, no es posible, sin el menor fundamento, sustituir una infracción única y continua, compuesta por cuatro abusos diferenciados, complementarios e interdependientes según la Decisión controvertida, por una infracción única y continuada compuesta únicamente por tres abusos distintos. En segundo término, al tiempo que anuló la declaración relativa a los ARI por cartera, el Tribunal General tuvo en cuenta esos acuerdos, en el apartado 1018 de la sentencia recurrida, como elementos contextuales para confirmar la Decisión controvertida en lo que respecta a la existencia de una infracción única y continua. En tercer término, el Tribunal General tomó en consideración, en el apartado 1027 de dicha sentencia, el acuerdo celebrado entre Google y Apple sobre la configuración por defecto de la aplicación Google Search en el navegador Safari para confirmar la existencia de una infracción única y continua. Pues bien, a su parecer, este elemento fáctico no es pertinente, en la medida en que nunca se dejó constancia de él durante el procedimiento administrativo. En cuarto término, el citado Tribunal afirmó, sin fundamento, en el apartado 1028 de la referida sentencia, que las prácticas de Google habían perjudicado el interés de los consumidores en disponer de más de una fuente para conseguir información en Internet. Ahora bien, no se efectuó ninguna comprobación en este sentido. Por tanto, a juicio de las recurrentes, el Tribunal General se apartó de manera inadmisible de las apreciaciones que figuran en la Decisión controvertida.

375    La CCIA apoya las alegaciones formuladas por Google y Alphabet, en particular por lo que respecta a las que señalan que el Tribunal General sustituyó la motivación de la Comisión, tal como figuraba en la Decisión controvertida, por la suya.

376    La Comisión alega que el citado Tribunal actuó acertadamente al no anular la Decisión controvertida en su totalidad. Sostiene que el quinto motivo de casación es a la vez inadmisible, ya que constituye un motivo nuevo, e inoperante, puesto que subsisten las infracciones restantes, más allá de la que ha sido anulada. Afirma, asimismo, que, en todo caso, este motivo de casación es infundado.

2.      Apreciación del Tribunal de Justicia

377    Mediante su quinto motivo de casación, Google y Alphabet reprochan, en esencia, al Tribunal General no haber extraído las consecuencias correctas de la anulación de la Decisión controvertida en lo que respecta a los ARI por cartera. Afirman que esta Decisión se basa en la declaración de la existencia de una infracción única y continua, compuesta por cuatro infracciones distintas, de modo que la anulación de uno de sus elementos constitutivos debería haber llevado al Tribunal General bien a anular la declaración de la existencia de una infracción única y continua, bien a apreciar si la falta de ese elemento constitutivo modificaba la esencia de dicha infracción.

378    Con carácter preliminar, por lo que respecta, por una parte, al carácter supuestamente nuevo de este motivo de casación, en la medida en que, según se afirma, Google y Alphabet no impugnaron, en primera instancia, la conclusión de la Decisión controvertida de que las condiciones de preinstalación previstas por los ADAM, las OAF y los ARI por cartera constituían una infracción única y continua ni sostuvieron que dicha Decisión debería haber sido anulada en su totalidad dado que uno de los elementos de esa infracción había sido anulado por el Tribunal General, basta con señalar que, mediante este motivo de casación, Google y Alphabet pretenden invocar, ante el Tribunal de Justicia, un motivo derivado de la propia sentencia recurrida y que tiene por objeto criticar jurídicamente su fundamento. Por tanto, no puede declararse inadmisible este motivo de casación.

379    Por otra parte, en lo que atañe al carácter supuestamente inoperante de dicho motivo de casación, la Comisión alega que, aun cuando debiera considerarse fundado, únicamente podría llevar a que los restantes abusos diferenciados, considerados conjuntamente, no constituyeran una infracción única y continua. Así pues, tal constatación no bastaría para justificar la anulación de la sentencia recurrida en su totalidad, ya que esos abusos no se ven afectados por el mismo motivo de casación.

380    No obstante, es preciso señalar que, en la medida en que el Tribunal General basó el cálculo de la multa en la premisa de la existencia de una infracción única y continua, la mera impugnación de la existencia de tal infracción basta para cuestionar una parte del fallo de la sentencia recurrida. Por consiguiente, deben desestimarse las alegaciones de la Comisión sobre este extremo.

381    En cuanto al fondo, ha de hacerse constar, por un lado, que la infracción del artículo 102 TFUE puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o, incluso, de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y considerados aisladamente, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión está facultada para considerar el conjunto como un todo, a efectos, en particular, del cálculo de la multa (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 258, y de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 41).

382    Por otro lado, según jurisprudencia reiterada, la anulación parcial de un acto de Derecho de la Unión solo es posible en la medida en que los elementos cuya anulación se solicita puedan separarse del resto del acto. No se cumple dicha exigencia cuando la anulación parcial de un acto modifica la esencia de este, lo que debe apreciarse con fundamento en un criterio objetivo y no en un criterio subjetivo ligado a la voluntad política de la autoridad que haya adoptado el acto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 38 y jurisprudencia citada).

383    En el presente asunto, el Tribunal General anuló los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión controvertida en la medida en que se referían al cuarto abuso de la infracción única y continua, relativo a los ARI por cartera. También tuvo en cuenta esta anulación parcial modificando el artículo 2 de dicha Decisión para reducir la multa impuesta.

384    Si bien la Comisión no había logrado, según el Tribunal General, demostrar el carácter abusivo de los ARI por cartera, este consideró que debía mantenerse la declaración de la existencia de una infracción única y continua.

385    Pues bien, al igual que el Tribunal General, es preciso señalar, en primer lugar, que, dado que, en la Decisión controvertida, cada uno de los comportamientos objeto del litigio fue calificado de infracción autónoma distinta y que, considerados conjuntamente, esos comportamientos fueron calificados de infracción única y continua, la puesta en entredicho del carácter abusivo de uno de esos comportamientos no puede cuestionar el carácter abusivo de los comportamientos restantes. Además, por lo que respecta al mantenimiento de la calificación de infracción única y continua para esos comportamientos abusivos restantes, el Tribunal General expuso debidamente que la anulación parcial de la Decisión controvertida en lo que respecta a los ARI por cartera no afectaba a la apreciación de la existencia de una estrategia global de la que formaban parte las tres infracciones restantes.

386    En efecto, como ha señalado la Abogada General en el punto 212 de sus conclusiones, el Tribunal General declaró, en particular, en los apartados 1021 a 1023 y 1025 de la sentencia recurrida, que las circunstancias fácticas de las infracciones comprobadas mostraban que las restricciones controvertidas primera a tercera, es decir, la venta vinculada de la aplicación Google Search, la venta vinculada del navegador Chrome y los ACF, cada uno de los cuales fue calificado de abuso diferenciado, formaban parte de una estrategia global. Esta estrategia consistía en establecer unas condiciones particulares para la utilización del SO Android, por una parte, y de ciertas aplicaciones y ciertos servicios, por otra parte. Tenía por objeto anticiparse al desarrollo de Internet en los dispositivos móviles, preservando, al mismo tiempo, el modelo de negocio propio de Google, el cual se basa en los ingresos que obtiene principalmente de la utilización de su servicio de búsqueda general. En el marco de esta estrategia global perseguida por Google, la conservación de la posición dominante que ocupó, durante la totalidad del período de infracción, en los mercados nacionales de servicios de búsqueda general revestía, por tanto, una importancia determinante, a la que contribuyeron las restricciones controvertidas primera y segunda.

387    A pesar de la anulación parcial de la Decisión controvertida en lo que atañe al carácter abusivo de los ARI por cartera, el Tribunal General consideró, a la vista de las pruebas disponibles, que esta estrategia global subsistía y que constituía un plan conjunto, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 381 de la presente sentencia.

388    Por tanto, no puede cuestionarse el carácter escindible de la apreciación relativa a los ARI por cartera, de modo que el Tribunal General pudo, acertadamente, anular en parte la Decisión controvertida, manteniendo al mismo tiempo la calificación de infracción única y continua adoptada en dicha Decisión.

389    Por lo que respecta, en segundo lugar, a las alegaciones más específicas formuladas por Google y Alphabet en el marco del quinto motivo de su recurso de casación, debe precisarse, por una parte, como ya se ha señalado en el apartado 197 de la presente sentencia, que el Tribunal General estaba facultado para tener en cuenta los ARI, con independencia de su carácter abusivo, como elementos contextuales pertinentes, para confirmar la existencia de una infracción única y continua. En efecto, del apartado 1018 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró que los ARI habían sido tenidos en cuenta, acertadamente, en la Decisión controvertida como elementos del contexto fáctico para apreciar los efectos de expulsión del mercado causados por los abusos diferenciados primero, segundo y tercero. Como el Tribunal General añadió, en el apartado 1019 de la sentencia recurrida, que estos elementos contextuales también eran pertinentes para valorar los efectos combinados de las prácticas, Google y Alphabet no pueden reprocharle que tomara en consideración tales elementos.

390    Por otra parte, Google y Alphabet no pueden reprochar al Tribunal General haber reproducido, en los apartados 1027 y 1028 de la sentencia recurrida, los elementos contextuales mencionados en la Decisión controvertida, como el acuerdo de Google con Apple o incluso la elección limitada de los usuarios de motores de búsqueda. En efecto, estos elementos contextuales no se invocan como pruebas de la existencia de una infracción única y continua, sino como elementos que ilustran el contexto más amplio en el que se enmarcaban los comportamientos controvertidos de Google. Así pues, dichos elementos simplemente corroboran las conclusiones extraídas por la Comisión y el Tribunal General.

391    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el quinto motivo de casación por infundado.

F.      Sexto motivo de casación

1.      Alegaciones de las partes

392    Mediante su sexto motivo de casación, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General haber incurrido en cuatro errores de Derecho en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena. Sostienen que el Tribunal General aumentó el importe de la multa a pesar de que la declaración, en la Decisión controvertida, de la existencia de uno de los cuatro abusos que constituían la infracción única y continua reconocida en dicha Decisión había sido invalidada a raíz de la anulación parcial, por el Tribunal General, de los artículos 1, 3 y 4 de esa misma Decisión.

393    Afirman, en primer lugar, que la decisión del Tribunal General de aumentar el importe de la multa vulneró el derecho de defensa de Google y de Alphabet y desnaturalizó las pruebas presentadas ante el Tribunal General. En segundo lugar, el Tribunal General vulneró, según las recurrentes, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al basarse, a la hora de valorar la gravedad y la duración de la infracción única y continua, en prácticas legítimas de Google, como los ARI por cartera, los ARI por dispositivo y la negativa a poner sus API propias a disposición de los desarrolladores de bifurcaciones de Android no compatibles. En tercer lugar, Google y Alphabet reprochan al Tribunal General haber violado el principio ne ultra petita al adoptar, a la hora de valorar el criterio de gravedad, un enfoque que ninguna de las partes había defendido, basándose en elementos de hecho extrapolados de la Decisión controvertida. En cuarto lugar y con carácter subsidiario, según las recurrentes, la multa así fijada por el Tribunal General es desproporcionada y no está motivada.

394    Google y Alphabet deducen de ello que procede anular el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia desestime los cinco primeros motivos de casación, el citado Tribunal debería, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, reducir el importe inicial de la multa impuesta en, al menos, una tercera parte.

395    La Comisión considera infundado este motivo de casación.

2.      Apreciación del Tribunal de Justicia

396    Mediante su sexto motivo de casación, Google y Alphabet alegan que el Tribunal General incurrió en cuatro errores de Derecho en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.

397    A su juicio, el Tribunal General vulneró, en primer lugar, el derecho de defensa de Google y de Alphabet; en segundo lugar, la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, y, en tercer lugar, el principio ne ultra petita. En cuarto lugar, afirman que la multa fijada por el Tribunal General es desproporcionada y no está motivada.

398    Con carácter preliminar, procede recordar que, con arreglo al artículo 261 TFUE y al artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003, el Tribunal General goza de una competencia jurisdiccional plena respecto de las multas fijadas por la Comisión. Así, más allá del mero control de legalidad de dichas multas, está facultado para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta, siempre que la cuestión del importe de la multa se someta a su apreciación (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, apartados 61 y 62; de 22 de noviembre de 2012, E.ON Energie/Comisión, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, apartados 123 y 124, y de 12 de enero de 2023, Lietuvos geležinkeliai/Comisión, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, apartados 151 y 152).

399    A este respecto, no se discute que, cuando el Tribunal General ejerce su competencia jurisdiccional plena, está sujeto a determinadas exigencias, entre las que se incluyen el deber de motivación —que le incumbe en virtud del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General a tenor del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto— y el principio de igualdad de trato (sentencias de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 77, y de 12 de enero de 2023, Lietuvos geležinkeliai/Comisión, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, apartado 154). Estas exigencias obligan del mismo modo al Tribunal General cuando se aparta de las normas de carácter indicativo definidas por la Comisión en sus Directrices para el cálculo de las multas, que no vinculan a los órganos jurisdiccionales de la Unión, pero que pueden orientarlos cuando ejercen su competencia jurisdiccional plena (sentencia de 18 de marzo de 2021, Pometon/Comisión, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, apartado 146).

400    Por lo que respecta al respeto del derecho de defensa, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, asimismo, que los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión son contradictorios, sin que el ejercicio de una competencia jurisdiccional plena en el marco de uno de esos procedimientos suponga una excepción (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de diciembre de 2009, Reexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, apartado 58; de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, apartado 64, y de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 213).

401    Si bien consta que, en el marco de este ejercicio, el juez de la Unión puede tener en cuenta todas las circunstancias de hecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 692, y de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, apartado 78), el principio de contradicción implica que las partes hayan podido manifestar de forma útil su punto de vista en lo que atañe a la fijación de la multa y que el Tribunal General no tenga en cuenta otros elementos, circunstancias o criterios cuya consideración no hubieran podido prever dichas partes (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, apartados 70 y 82).

402    Por lo que se refiere, además, al principio ne ultra petita, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena que establecen el artículo 261 TFUE y el artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003 no equivale a un control de oficio. Exceptuando los motivos de orden público que el juez debe examinar de oficio, corresponde a la parte demandante alegar los motivos contra el acto de Derecho de la Unión que impugna y aportar las pruebas en apoyo de dichos motivos (sentencias de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, apartado 64; de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 213, y de 9 de junio de 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades y otros/Comisión, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, apartado 85). En cambio, como se ha recordado en el apartado 398 de la presente sentencia, siempre que la cuestión del importe de la multa impuesta por la Comisión sobre la base del Reglamento n.º 1/2003 se someta a su apreciación, el juez de la Unión está facultado para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa impuesta.

403    En el presente asunto, ninguno de los argumentos formulados por Google y Alphabet en relación con la supuesta violación del principio ne ultra petita, que procede examinar en primer lugar, demuestra que el Tribunal General incurriera en error de Derecho en la aplicación de las normas enunciadas en el apartado precedente de la presente sentencia. En efecto, no se discute que, en el marco de su recurso, Google y Alphabet solicitaron la anulación de la Decisión controvertida y, con carácter subsidiario, la supresión o la reducción de la multa en virtud de la competencia jurisdiccional plena de que goza el Tribunal General. Pues bien, el importe fijado por el Tribunal General, inferior al importe decidido por la Comisión en la Decisión controvertida, ha sido determinado por este en respuesta a dicha solicitud.

404    En segundo lugar, el principio de contradicción implica, como se ha recordado en el apartado 401 de la presente sentencia, que Google y Alphabet hayan podido manifestar de forma útil su punto de vista en lo que atañe a la fijación del importe de la multa y que el Tribunal General no tenga en cuenta otros elementos, circunstancias o criterios cuya consideración no hubieran podido prever dichas partes.

405    En el presente asunto, el Tribunal General consideró, antes de nada, en el apartado 1085 de la sentencia recurrida, que, a diferencia de la Comisión, que había utilizado un coeficiente multiplicador único y global para tener en cuenta la duración de la participación de Google y de Alphabet en la infracción, era más apropiado tener en cuenta otros parámetros con objeto de representar mejor determinadas particularidades propias del desarrollo en el tiempo de la infracción única y continua en cuestión, tomando en consideración, en particular, su intensidad variable.

406    Sobre la base de esta premisa, a continuación, en el apartado 1088 de dicha sentencia, identificó tres períodos distintos, entre el 1 de enero de 2011 y la fecha de adopción de la Decisión controvertida. El segundo de estos períodos fue calificado, en el apartado 1093 de la referida sentencia, de «crucial para el desarrollo de los servicios de búsqueda en línea prestados desde dispositivos móviles inteligentes».

407    Por último, el Tribunal General confirmó, en el apartado 1094 de la misma sentencia, que iba a tener en cuenta, a efectos de la determinación del importe de la multa, tanto la duración respectiva de los distintos aspectos de la infracción única y continua como las diferencias existentes entre los períodos identificados por él para apreciar la intensidad variable de los efectos de dicha infracción.

408    Así, refiriéndose a la variabilidad de la intensidad de los efectos durante el período de la infracción, el Tribunal General fijó, en el apartado 1099 de la sentencia recurrida, el importe de la multa en 4 125 000 000 euros.

409    Esta subdivisión del período de la infracción debido a una potencial variabilidad de la gravedad del comportamiento de la empresa en cuestión es, como se desprende de los apartados 1086 y 1088 de la sentencia recurrida, uno de los parámetros constitutivos del método que el Tribunal General utilizó frente a la técnica «aritmética y lineal» establecida por la Comisión en la Decisión controvertida.

410    En las circunstancias del presente asunto, no puede sostenerse que, al declarar, en el apartado 1088 de la sentencia recurrida, que era necesario tener especialmente en cuenta, a la hora de valorar el importe de la multa, la intensidad de los comportamientos contrarios a la competencia a lo largo del tiempo, lo que dio lugar a la identificación de tres períodos distintos, el segundo de los cuales fue calificado de crucial, en el apartado 1093 de dicha sentencia, el Tribunal General vulneró el derecho de defensa de Google y de Alphabet.

411    Si bien el Tribunal General está obligado, en el ejercicio de las competencias previstas en los artículos 261 TFUE y 263 TFUE, a examinar toda imputación, de hecho o de Derecho, que tenga por objeto demostrar que el importe de la multa no está en consonancia con la gravedad y la duración de la infracción, no se le puede exigir, en cambio, que inste a las partes a pronunciarse sobre la modificación de la multa que pretende concretamente llevar a cabo y sobre los parámetros precisos que, desde esta perspectiva, tiene la intención de utilizar.

412    En cualquier caso, debe señalarse, en primer lugar, que de la sentencia recurrida, en particular de sus apartados 1043, 1047 y 1099, se desprende que Google y Alphabet aplicaron deliberadamente las prácticas abusivas en cuestión, es decir, con pleno conocimiento de los efectos que dichas prácticas iban a producir en los mercados pertinentes, y que se trataba de una estrategia global cuya calificación de infracción única y continua, como se desprende del apartado 385 de la presente sentencia, no estaba viciada por los errores cometidos por la Comisión en la calificación de los ARI por cartera.

413    En segundo lugar, como el Tribunal General ha hecho constar en el apartado 1087 de la sentencia recurrida, las prácticas abusivas de Google y de Alphabet en el marco de su estrategia global se vieron reforzadas desde el momento en que tanto la aplicación Google Search como el navegador Chrome fueron objeto de las condiciones de preinstalación previstas en los ADAM. En efecto, con ello, Google se aseguraba una ventaja competitiva significativa en los dos puntos de entrada principales para efectuar consultas en Internet, ventaja competitiva muy difícil de compensar por parte de los competidores de Google y de Alphabet.

414    En tercer lugar, del apartado 1028 de la sentencia recurrida se desprende que las prácticas abusivas de Google y de Alphabet perjudicaron el interés de los consumidores en disponer de más de una fuente para conseguir información en Internet, al restringir, en particular, el desarrollo de servicios de búsqueda dirigidos a los sectores de los consumidores especialmente interesados, en particular, en la protección de la vida privada o en las particularidades lingüísticas en el EEE.

415    De los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida mencionados en los apartados precedentes de la presente sentencia se desprende que el importe de la multa fijado por el Tribunal General se basa en elementos que, por un lado, fueron objeto de un debate contradictorio y, por otro lado, se justifican, con independencia de cualquier posible variación de la gravedad del comportamiento de Google y de Alphabet durante el período de la infracción, habida cuenta de la necesidad de imponer una multa suficientemente disuasoria en vista de la gravedad de los abusos sancionados y del contexto en el que tuvieron lugar.

416    Por lo que respecta al carácter proporcionado de dicho importe, Google y Alphabet sostienen que supone, en realidad, un aumento del importe fijado en la Decisión controvertida, pese a que debería haberse reducido en una tercera parte como mínimo.

417    A este respecto, basta con señalar que Google y Alphabet solicitan, sin la menor justificación o explicación, una reducción como mínimo de una tercera parte de ese importe. Pues bien, como se ha indicado en el apartado 402 de la presente sentencia, corresponde a la parte demandante aportar las pruebas en apoyo de los motivos que invoca.

418    Además, el Tribunal General expuso perfectamente los motivos por los que debía declararse la existencia de una infracción única y continua a pesar de la anulación del abuso relativo a los ARI, lo que constituye, como tal, una justificación para una reducción limitada del importe de la multa.

419    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el sexto motivo de casación por infundado.

420    Al no haberse acogido ninguno de los motivos del presente recurso de casación, procede desestimarlo en su totalidad.

VI.    Costas

421    Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea infundado, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas. De conformidad con el artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

422    Según el artículo 140, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, aplicable, en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, al procedimiento de casación, el Tribunal de Justicia podrá decidir que una parte coadyuvante cargue con sus propias costas.

423    Con arreglo al artículo 184, apartado 4, de ese mismo Reglamento, cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia solo podrá ser condenada en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Cuando dicha parte participe en el procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cargue con sus propias costas.

424    En el presente asunto, puesto que la Comisión ha solicitado la condena en costas de Google y de Alphabet y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por estas, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión.

425    La ADA, la CCIA, Gigaset, HMD, Opera, el BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, el BEUC, FairSearch, Seznam y el Verband Deutscher Zeitschriftenverleger cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

1)      Desestimar el recurso de casación.

2)      Condenar a Google LLC y a Alphabet Inc. a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)      La Application Developers Alliance, la Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, el BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, el Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Seznam.cz, a.s., y el Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV cargarán con sus propias costas.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: inglés.