C-149/98 P61998O01490023.000176241763613CJAUTO DE 19.11.1998 — ASUNTO C-149/98 PTOLLER / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Primera)</P><P>de <DATE ISO="19981119">19 de noviembre de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-149/98 P,

Anne-Marie Toller, antigua funcionaria de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas, representada por Mes Benoît Lombart y Eric Boigelot, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

parte recurrente,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) el 19 de febrero de 1998, Toller/Comisión (T-142/96, RecFP p. II-179), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Julian Currall, Consejero Jurídico, y por la Sra. Christine Berardis-Kayser, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por Me Denis Waelbroeck, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres.: D. A. O. Edward, en funciones de Presidente de la Sala Primera, L. Sevón (Ponente) y M. Wathelet, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de abril de 1998, la Sra. Toller interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto (CE) y a las disposiciones concordantes de los Estatutos (CECA y CEEA) del Tribunal de Justicia, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de febrero de 1998, Toller/Comisión (T-142/96, RecFP p. II-179; en lo sucesivo, sentencia recurrida), por la que dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad del recurso en el que se solicitaba la anulación de la decisión de la Comisión de 16 de noviembre de 1995, mediante la que se denegó expresamente la petición de la Sra. Toller de 15 de septiembre de 1995 en la que solicitaba que se revisara la decisión de la Comisión de 1 de julio de 1993, por la cual se separó del servicio a la recurrente sin supresión ni reducción del derecho a pensión de jubilación, y que la Comisión de invalidez procediera a un reexamen de su situación.2Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de julio de 1998, la Sra. Toller solicitó el beneficio de justicia gratuita, con arreglo al apartado 1 del artículo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.3De la sentencia recurrida se desprende que mediante decisión de 1 de julio de 1993, la Sra. Toller fue separada del servicio por incompetencia profesional. El Tribunal de Primera Instancia señala, en el apartado 4, que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, AFPN) separó del servicio a la Sra. Toller teniendo en cuenta, por una parte, la existencia de dos sanciones disciplinarias anteriores y, por otra, la incompetencia profesional de la Sra. Toller derivada de las ausencias controvertidas durante los años 1990 y 1991.4El procedimiento disciplinario en el que se impuso esa sanción se inició el 4 de septiembre de 1990. En el marco de dicho procedimiento se constituyó una Comisión de invalidez con el fin de emitir un dictamen sobre la invalidez permanente total alegada por la Sra. Toller y sobre el origen médico de las ausencias que se le imputan en 1990 y 1991. En el apartado 2 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señala que dicha Comisión emitió su dictamen por unanimidad el 25 de mayo de 1992, según el cual no se ha detectado ninguna razón médica que justifique una invalidez permanente total, no se ha podido demostrar ninguna patología gravemente invalidante y, por consiguiente, la prolongada invalidez (en especial, en 1990 y 1991) no está justificada médicamente.5El 15 de septiembre de 1995, la Sra. Toller presentó una petición de nuevo examen de la decisión de separación del servicio. La Sra. Toller sostuvo que no debería haber sido declarada apta para ejercer sus funciones y que, en la fecha de su separación del servicio, ni la Comisión de invalidez ni la AFPN conocían de modo exacto y preciso el conjunto de enfermedades que padecía. La Sra. Toller adjuntó a su petición varios informes y certificados médicos emitidos entre el 1 de agosto de 1994 y el 17 de mayo de 1995.6El 16 de noviembre de 1995, la Comisión denegó expresamente la petición de la Sra. Toller.7Contra esa decisión, la Sra. Toller presentó una reclamación el 13 de febrero de 1996, que fue objeto de una decisión denegatoria presunta.8Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de septiembre de 1996, la Sra. Toller interpuso un recurso contra la decisión de la Comisión de 16 de noviembre de 1995.9La Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad en relación con dicho recurso y el Tribunal de Primera Instancia acordó unir el examen de la excepción al del fondo del asunto.<TI><P>La sentencia recurrida</P></TI>10En el marco del examen de la excepción de inadmisibilidad, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 46 de su sentencia, que la decisión de separación del servicio de 1 de julio de 1993 adquirió firmeza por no haber sido impugnada en el plazo previsto. En el apartado 48 concluyó que sólo la existencia de hechos nuevos y sustanciales puede justificar una petición de nuevo examen de tal decisión.11En el apartado 49, el Tribunal de Primera Instancia señaló que las críticas formuladas por la Sra. Toller contra el dictamen de la Comisión de invalidez y la decisión de 1 de julio de 1993, basadas en elementos que la recurrente calificó de hechos nuevos y sustanciales, sólo tienen pertinencia en la medida en que se refieren a los años 1990 y 1991, es decir la época de las ausencias controvertidas.12El Tribunal de Primera Instancia examinó cada uno de los distintos elementos invocados por la Sra. Toller en apoyo de su petición de 15 de septiembre de 1995, con el fin de dilucidar si podían demostrar la existencia de un hecho nuevo y sustancial que justificara el nuevo examen de la decisión de separación del servicio de 1 de julio de 1993.13Así, examinó sucesivamente los trastornos psiquiátricos (apartado 53), la poliartritis reumatoidea progresiva (apartado 54), la fibromialgia (apartado 55), el síndrome de fatiga crónica (apartados 56 y 57), tres decisiones relativas a accidentes ocurridos antes de 1993 por las que se reconocía una invalidez permanente parcial del 2 %, 3 % y 1 % respectivamente (apartados 58 a 60), el sustrato espasmofuico (apartado 61), la somatización relacionada con la histerectomía (apartado 62), las crisis tetánicas (apartado 63), la mononucleosis (apartado 64), la descalcificación (apartado 65) y la condromalacia (apartado 66).14El Tribunal de Primera Instancia declaró que los elementos invocados bien habían sido ya sometidos al examen de la Comisión de invalidez, o bien carecían de pertinencia para explicar las ausencias controvertidas de 1990 y 1991.15Por tanto, en el apartado 67, concluyó que la Sra. Toller no había acreditado la existencia de ningún hecho nuevo y sustancial que permita justificar el nuevo examen de la decisión de separación del servicio de 1 de julio de 1993 y que, por consiguiente, procedía declarar la inadmisibilidad del recurso por adolecer de caducidad su petición.16Además, en el apartado 72 el Tribunal de Primera Instancia declaró, a mayor abundamiento, que los artículos 90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Estatuto), relativos a los plazos de reclamación y recurso, se aplican al supuesto de una petición de nuevo examen de una decisión de la AFPN y, en el apartado 74, señaló que el inicio del cómputo del plazo para presentar tal petición de nuevo examen debe corresponder a la fecha del hecho nuevo y sustancial invocado por el interesado para justificar el nuevo examen de la decisión lesiva, o a la fecha en que efectivamente éste haya tenido conocimiento de ese hecho.17El Tribunal de Primera Instancia, después de señalar que el elemento más reciente en el que se basaba la Sra. Toller para presentar su petición de nuevo examen de 15 de septiembre de 1995 era un informe médico emitido el 17 de mayo de 1995, declaró que habían transcurrido más de tres meses entre el momento en que se tuvo conocimiento de los supuestos hechos nuevos y sustanciales alegados por la Sra. Toller y la presentación de la reclamación controvertida, por lo que declaró la inadmisibilidad del recurso.<TI><P>El recurso de casación</P></TI>18Mediante el recurso de casación, la Sra. Toller solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y que, estimando su recurso inicial, anule la decisión denegatoria expresa de 16 de noviembre de 1995 relativa a su petición de nuevo examen de la decisión de separación del servicio de 1 de julio de 1993, anule la decisión denegatoria presunta de su reclamación de 13 de febrero de 1996 y declare, por consiguiente, que la decisión de 1 de julio de 1993 será objeto de una decisión revocatoria.19La Sra. Toller invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación. El primer motivo se basa en la infracción, por el Tribunal de Primera Instancia, de la obligación de motivación y el segundo en un error de Derecho relativo a la calificación de la petición de nuevo examen.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI>20En virtud del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado.21Por otra parte, procede recordar que, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 168 A del Tratado CE y del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de los hechos (véanse, en particular, la sentencia de 1 de octubre de 1991, Vidrányi/Comisión, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, apartado 11, y el auto de 17 de septiembre de 1996, San Marco/Comisión, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, apartados 39 y 40).<TI><P>Sobre el primer motivo</P></TI>22En la primera alegación del primer motivo, la recurrente imputa al Tribunal de Primera Instancia una contradicción en la motivación de la sentencia recurrida, puesto que dicho Tribunal reprocha a la recurrente no haber impugnado, dentro del plazo previsto, las conclusiones de la Comisión de invalidez sobre las que se basó la AFPN para adoptar la decisión de 1 de julio de 1993, y reconoce, al mismo tiempo, que las distintas enfermedades invalidantes alegadas sólo fueron diagnosticadas con posterioridad.23Esa contradicción en la motivación se manifiesta en el apartado 53 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia declara, por una parte, que en efecto, la recurrente se Umita a este respecto a sostener que esos trastornos psiquiátricos existían en 1990 y, sin embargo, no habían sido diagnosticados y, por otra, que de ello se desprende que la existencia de esos trastornos psiquiátricos se sometió ya a la apreciación de la Comisión de invalidez, que emitió su dictamen el 25 de mayo de 1992. Por tanto, procede considerar que las conclusiones de la Comisión de invalidez relativas a los trastornos psiquiátricos invocados por la recurrente son definitivas.24Asimismo, la contradicción en la motivación se manifiesta, según la recurrente, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, por cuanto el Tribunal de Primera Instancia rechaza admitir la existencia de hechos nuevos y sustanciales, aun cuando declara que los elementos invocados por la recurrente no se pudieron diagnosticar en la época en que la Comisión de invalidez se pronunció y, en particular, que [...] los dos informes médicos presentados por la recurrente, que acreditan la existencia de una fibromialgia (el del Dr. Pelc, de 9 de noviembre de 1994, y el del Dr. Houssiau, de 8 de mayo de 1995) no diagnostican la existencia de ese síndrome de fatiga crónica.25En la segunda alegación del primer motivo, la Sra. Toller admite que determinados elementos que permitieron, con posterioridad a su separación del servicio, la determinación de sus trastornos invalidantes habían sido sometidos a la Comisión de invalidez. No obstante, la recurrente considera que de ello no cabe deducir que la Comisión de invalidez haya tenido en cuenta en sus conclusiones las enfermedades ahora invocadas, puesto que no dedujo entonces ningún diagnóstico de tales elementos.26En su escrito de contestación, la Comisión alega que la Sra. Toller hace una lectura parcial y errónea de la sentencia recurrida, que no contiene contradicciones en su motivación.27Además, la Comisión señala que la Sra. Toller no ha cuestionado la regularidad de la constitución y funcionamiento de la Comisión de invalidez y que el hecho de que ésta no haya declarado la existencia de determinados trastornos invalidantes que se pusieron en su conocimiento mediante informes médicos y análisis forma parte de las apreciaciones médicas que deben considerarse definitivas.28A este respecto procede señalar que el apartado 53 de la sentencia recurrida tiene el siguiente tenor:

53.[...] Se advierte, además, que la recurrente no discute, en su réplica, la equiparación efectuada por la Comisión en su escrito de contestación entre los trastornos psiquiátricos diagnosticados por el Dr. Pelc y los manifestados por la recurrente o su médico ante la Comisión de invalidez. En efecto, la recurrente se limita a este respecto a sostener que esos trastornos psiquiátricos existían en 1990 y, sin embargo, no habían sido diagnosticados. De ello se desprende que la existencia de esos trastornos psiquiátricos se sometió ya a la apreciación de la Comisión de invalidez, que emitió su dictamen el 25 de mayo de 1992. Por tanto, procede considerar que las conclusiones de la Comisión de invalidez relativas a los trastornos psiquiátricos invocados por la recurrente son definitivas (véase el apartado 50 supra). No cabe, por consiguiente, hablar de la existencia de un hecho nuevo que pueda justificar el nuevo examen de la decisión de 1 de julio de 1993.

29Es evidente que la Sra. Toller ha hecho una lectura parcial y errónea del apartado 53 de la sentencia recurrida.30En efecto, la Sra. Toller considera por sí misma que sus trastornos psiquiátricos no habían sido diagnosticados en 1990, en tanto que el Tribunal de Primera Instancia declara, por su parte, que los trastornos psiquiátricos mencionados en el informe médico del Dr. Pelc de 9 de noviembre de 1994, emitido a solicitud del Abogado de la recurrente, coinciden con los trastornos alegados por la recurrente en su comparecencia ante la Comisión de invalidez el 6 de enero de 1992.31Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó acertadamente, y sin incurrir en contradicción, que los trastornos psiquiátricos no constituyen un hecho nuevo que pueda justificar el nuevo examen de la decisión de 1 de julio de 1993.32Los apartados 56 y 57 de la sentencia recurrida tienen el siguiente tenor:

56.En cuarto lugar, por lo que respecta a la fatiga crónica, deben mencionarse dos circunstancias. Por una parte, sólo el Dr. Marichal diagnostica, en su informe médico de 17 de mayo de 1995, la existencia de esta enfermedad desde 1990; dicho diagnóstico no se basa en un elemento objetivo cualquiera que permita justificarlo, sino que sólo se menciona la declaración de la recurrente al respecto. No cabe excluir, por tanto, que el contenido de ese informe médico constituye a este respecto la reproducción de una mera afirmación de la recurrente. Además, es obligado declarar que, como señala acertadamente la Comisión, aunque el Dr. Marichal relaciona la fatiga crónica y la fibromialgia, los otros dos informes médicos presentados por la recurrente en los que se determina la existencia de una fibromialgia (el del Dr. Pelc, de 9 de noviembre de 1994, y el del Dr. Houssiau, de 8 de mayo de 1995) no diagnostican la existencia del referido síndrome de fatiga crónica. Además, esos dos informes médicos sólo diagnostican la existencia de una fibromialgia en 1993, es decir, una vez transcurrido el plazo que ha de tenerse en cuenta en el marco de un eventual nuevo examen de la decisión de 1 de julio de 1993.57.Por otra parte, además del hecho de que ni la recurrente ni el Dr. Antoine, designado por ésta para representarla en el seno de la Comisión de invalidez, mencionaron dicha enfermedad con ocasión del examen realizado por la Comisión de invalidez, la recurrente tampoco ha expuesto las razones por las que esa supuesta fatiga crónica puede explicar las ausencias controvertidas en 1990 y 1991, limitándose a este respecto a afirmar la existencia de un nexo causal directo sin proporcionar ulteriores explicaciones. Por consiguiente, las indicaciones facilitadas por la recurrente no pueden, en cualquier caso, conducir a demostrar que el diagnóstico planteado por el Dr. Marichal en su informe médico de 17 de mayo de 1995 constituye un hecho nuevo y sustancial que pueda justificar el nuevo examen de la decisión de 1 de julio de 1993.

33Es evidente que, por lo que respecta al apartado 56 de la sentencia recurrida, la Sra. Toller ha hecho asimismo una lectura parcial y errónea.34En efecto, el Tribunal de Primera Instancia declara en dicho apartado que no existe ninguna prueba material de la existencia de fatiga crónica en 1990 puesto que, por una parte, el informe del Dr. Marichal se limita a reproducir las declaraciones de la recurrente y, por otra, en la medida en que la fatiga crónica está relacionada con la fibromialgia, la existencia de esta última enfermedad sólo se diagnostica a partir de 1993.35Además, en el apartado 57 el Tribunal de Primera Instancia declara que ni la recurrente ni el médico que la representó en el seno de la Comisión de invalidez mencionaron dicha enfermedad ante la Comisión de invalidez, y que la Sra. Toller no ha expuesto tampoco las razones por las que esa supuesta fatiga crónica puede explicar las ausencias controvertidas en 1990 y 1991.36Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó acertadamente, y sin incurrir en contradicción, que el síndrome de fatiga crónica no constituye un hecho nuevo y sustancial que pueda justificar el nuevo examen de la decisión de 1 de julio de 1993.37Por lo que respecta a la segunda alegación del primer motivo, que se basa en que no es posible que la Comisión de invalidez tuviera en cuenta los trastornos invalidantes de la Sra. Toller puesto que, aunque la Comisión de invalidez tuvo conocimiento de determinados elementos de dichos trastornos, no dedujo de ellos ningún diagnóstico, procede declarar que cuando el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión de invalidez había tenido en cuenta determinados elementos o enfermedades en su examen y en las conclusiones que adoptó y que, por tanto, se trata de apreciaciones médicas que deben considerarse definitivas, el Tribunal de Primera Instancia realizó de modo manifiesto una apreciación de hecho que no está sometida al control del Tribunal de Justicia.38Por consiguiente, de cuanto antecede se desprende que la primera alegación del primer motivo carece de modo manifiesto de fundamento y que manifiestamente no procede admitir la segunda alegación del primer motivo.<TI><P>Sobre el segundo motivo</P></TI>39El segundo motivo alegado por la Sra. Toller se basa en que su petición de nuevo examen se calificó erróneamente como reclamación a efectos del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, cuando dicha petición debería haberse considerado presentada de conformidad con el apartado 1 de ese mismo artículo.40No obstante, procede declarar que este motivo se dirige contra un fundamento jurídico innecesario de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, puesto que éste ya había llegado a la conclusión de que no cabía admitir el recurso después del examen de la primera excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, basada en que el recurso contra la decisión de 1 de julio de 1993 era extemporáneo, habida cuenta de la inexistencia de un hecho nuevo que permitiera la revisión de dicha decisión.41En estas circunstancias, dicho motivo carece de pertinencia y no procede darle respuesta.42Del conjunto de las razones expuestas se desprende que debe desestimarse el recurso de casación por ser manifiestamente infundado, por una parte, y, por otra, por su inadmisibilidad manifiesta.43Por último, en lo que respecta a la solicitud del beneficio de justicia gratuita presentada por la Sra. Toller, procede recordar que en el apartado 3 del artículo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se prevé que antes de decidir la denegación o la concesión total o parcial del beneficio de justicia gratuita a una de las partes, la Sala que conozca del asunto examinará si la acción carece manifiestamente de fundamento.44Procede desestimar la solicitud.<TI><P>Costas</P></TI>45Según el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la parte recurrida ha solicitado la condena en costas de la Sra. Toller y dado que los motivos de ésta han sido rechazados, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

resuelve:

1)Desestimar el recurso de casación.2)Denegar la solicitud de la Sra. Anne-Marie Toller relativa al beneficio de justicia gratuita3)Condenar en costas a la Sra. Anne-Marie Toller.

Dictado en Luxemburgo, a 19 de noviembre de 1998.

El Secretario

R. Grass

El Presidente en funciones de la Sala Primera

D. A. O. Edward