1

Mediante sus recursos de casación, la Comisión Europea (C‑341/21 P) y el Consejo de la Unión Europea (C‑357/21 P) solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de marzo de 2021, KM/Comisión (T‑374/20, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:162), por la que se anuló la decisión de la Comisión de 7 de octubre de 2019, mediante la cual se denegó a KM su solicitud de concesión de una pensión de supervivencia (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).

Marco jurídico

2

El artículo 1 quinquies del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») está redactado en los siguientes términos:

3

El artículo 35 del Estatuto dispone:

4

El artículo 47 del Estatuto establece lo siguiente:

5

El artículo 52, párrafos primero y segundo, del Estatuto establece lo siguiente:

6

El artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto establece:

7

El anexo VIII del Estatuto, relativo al «régimen de pensiones», incluye, en particular, un capítulo 4, titulado «Pensión de supervivencia», que incluye, a su vez, los artículos 17 a 29 de dicho anexo. El artículo 17 está redactado en los siguientes términos:

8

El artículo 18 del anexo VIII del Estatuto dispone:

9

El artículo 19 del anexo VIII del Estatuto establece lo siguiente:

10

El artículo 20 del anexo VIII del Estatuto establece:

11

A tenor del artículo 27 del anexo VIII del Estatuto:

Antecedentes de los litigios y decisión impugnada

12

Durante el año 2004, la recurrente en casación, KM, celebró con un funcionario de una institución de la Unión un contrato de unión no matrimonial celebrado ante notario en Alemania, que posteriormente fue registrado en Bruselas (Bélgica) como declaración convivencia legal. Durante el año 2016, el funcionario mencionado accedió a la jubilación.

13

Durante el año 2017, el mencionado funcionario y KM contrajeron matrimonio. Dicho funcionario falleció menos de cinco años después de la celebración del matrimonio.

14

KM presentó, en su condición de cónyuge supérstite de un antiguo funcionario de la Unión, una solicitud de concesión de una pensión de supervivencia con arreglo al capítulo 4 del anexo VIII del Estatuto.

15

Mediante la decisión impugnada, la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO) de la Comisión denegó la solicitud de KM basándose en que esta no reunía las condiciones establecidas por el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto para poder disfrutar de una pensión de supervivencia, dado que su matrimonio con el funcionario difunto, contraído con posterioridad su cese en el servicio, había durado menos de cinco años.

16

La reclamación presentada por KM contra la referida decisión fue desestimada.

Recursos en primera instancia y sentencia recurrida

17

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 15 de junio de 2020, KM interpuso un recurso dirigido a la anulación de la decisión impugnada que la afecta.

18

Se admitió la intervención del Parlamento Europeo y del Consejo en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

19

En apoyo de su recurso de anulación, KM alegó, entre otros, un motivo basado, en esencia, en la ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, especialmente en relación con el principio de igualdad de trato y el principio de no discriminación por razón de edad.

20

Al resolver sobre dicho motivo, el Tribunal General constató que, a efectos de la concesión de una pensión de supervivencia, la situación amparada por el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, a saber, la del cónyuge supérstite de un antiguo funcionario de la Unión que contrajo matrimonio antes del cese en el servicio de este, era comparable a la situación amparada por el artículo 20 de dicho anexo, a saber, la del cónyuge supérstite de un antiguo funcionario que contrajo matrimonio después de dicho cese. A continuación, el Tribunal General consideró que existía una diferencia de trato de situaciones comparables en función de la fecha de celebración del matrimonio, puesto que la pensión de supervivencia se concede al cónyuge supérstite siempre que el matrimonio haya tenido una duración mínima de un año en el marco del artículo 18 del anexo VIII del Estatuto y de cinco años en el marco del artículo 20 de dicho anexo. El Tribunal General añadió que esta diferencia de trato entrañaba una desventaja para el cónyuge supérstite de un antiguo funcionario que se hubiera casado tras su cese en el servicio respecto del cónyuge supérstite de un antiguo funcionario que hubiera contraído matrimonio con él antes de dicho cese. El Tribunal General constató también una diferencia de trato de situaciones comparables basada indirectamente en la edad del antiguo funcionario en la fecha de celebración del matrimonio.

21

Tras indicar que la diferencia de trato prevista en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto había sido establecida por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), el Tribunal General comprobó si la diferencia de trato identificada podía verse justificada por un objetivo de interés general y si era proporcionada con respecto al objetivo perseguido, en particular a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 42 de la sentencia recurrida.

22

A este respecto, en lo que atañe al objetivo de interés general de prevenir el fraude, el Tribunal General, al tiempo que reconoció que la condición de que el matrimonio deba cumplir un requisito de duración mínima para generar el derecho a una pensión de supervivencia permite garantizar que dicho matrimonio no se basa exclusivamente en consideraciones ajenas a un proyecto de vida común, tales como consideraciones meramente económicas o relacionadas con la obtención de un derecho de residencia, consideró que no era razonable estimar que el requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, que es cinco veces superior al requisito previsto en el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto y que no está sujeto a excepción alguna que permita demostrar la inexistencia de fraude, cualesquiera que sean los elementos de prueba objetivos aportados, pueda ser necesario para alcanzar el objetivo de lucha contra el fraude.

23

El Tribunal General concluyó que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto violaba el principio general de igualdad de trato, así como principio de no discriminación por razón de la edad. En estas circunstancias, estimó la excepción de ilegalidad propuesta por KM y anuló la decisión impugnada.

Pretensiones de las partes en los recursos de casación y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

24

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑341/21 P, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

25

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑357/21 P, el Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

26

Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2021, se suspendió la tramitación del presente procedimiento en espera del pronunciamiento de la sentencia en los asuntos acumulados C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P. Tras el pronunciamiento de la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros (C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557), se reanudó el procedimiento mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 2022.

27

De conformidad con el artículo 54, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, el 1 de septiembre de 2022, acumular los asuntos C‑341/21 P y C‑357/21 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre los recursos de casación

Sobre la aplicación del artículo 182 del Reglamento de Procedimiento

28

Con arreglo al artículo 182 del Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal de Justicia se haya pronunciado ya sobre una o varias cuestiones jurídicas idénticas a las planteadas en los motivos del recurso de casación o de la adhesión a la casación y considere el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados, podrá decidir, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes y al Abogado General, declarar el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados mediante un auto motivado que haga referencia a la jurisprudencia pertinente.

29

La Comisión y KM aclaran que no tienen nada que objetar a la aplicación de dicho artículo. El Consejo no ha atendido el requerimiento del Tribunal de Justicia a que se pronuncie sobre esta cuestión.

30

En el presente asunto, ha de observarse que los motivos de casación invocados en el marco de los presentes asuntos plantean cuestiones de Derecho idénticas a aquellas sobre las que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros (C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557). Por consiguiente, procede aplicar el artículo 182 del Reglamento de Procedimiento en los presentes asuntos.

Sobre el fondo

31

En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑341/21 P, la Comisión ha formulado tres motivos, basados, el primero, en un error de Derecho en relación con los criterios para la apreciación de la legalidad de las decisiones tomadas por el legislador de la Unión y en un incumplimiento de la obligación de motivación, el segundo, en un error de Derecho en la interpretación del principio de no discriminación y, el tercero, en un error de Derecho en la interpretación del artículo 52, apartado 1, de la Carta y en varios incumplimientos de la obligación de motivación.

32

Por su parte, en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑357/21 P, el Consejo formula tres motivos, basados, el primero, en errores de Derecho en lo relativo a la existencia de una diferencia de trato, el segundo, en errores de Derecho relativos al alcance del control judicial por parte del Tribunal General de las elecciones efectuadas por el legislador de la Unión y, el tercero, en errores de Derecho por lo que se refiere a la justificación de la diferencia de trato.

Sobre la tercera parte del primer motivo y el segundo motivo de casación en el asunto C‑341/21 P y sobre el primer motivo de casación en el asunto C‑357/21 P

–

Alegaciones de las partes

33

Mediante estos motivos de casación y las partes en que se subdividen, la Comisión y el Consejo sostienen que, el Tribunal General ha incurrido, en la sentencia recurrida, en un error de Derecho en la interpretación del principio de igualdad de trato y del principio de no discriminación, al haber concluido erróneamente que las situaciones amparadas por las disposiciones de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto eran comparables y, en consecuencia, que existía una diferencia de trato relativa a la aplicación de regímenes diferentes a esas situaciones comparables.

34

Dichas instituciones consideran que el Tribunal General, en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho al considerar que la fecha de celebración del matrimonio era el único elemento que determinaba la aplicación del artículo 18 o del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto y que, por lo tanto, las situaciones amparadas por estas disposiciones eran comparables. Afirman que, si el Tribunal General hubiera tenido en cuenta el conjunto de los elementos que caracterizan estas situaciones, habría debido constatar que existe una diferencia esencial y objetiva entre los funcionarios en servicio y los que han dejado de estar al servicio de una institución de la Unión, que tiene que ver con la situación jurídica respectiva de estos funcionarios, en particular habida cuenta de los derechos y de las obligaciones profesionales que incumben a los primeros, al contrario de los segundos, en virtud de las disposiciones estatutarias durante todo el período de servicio.

35

En particular, tanto la Comisión como el Consejo hacen hincapié en el hecho de que el funcionario en servicio, al contrario de los antiguos funcionarios, que ya no tienen la obligación de trabajar, debe cotizar al régimen de pensiones, percibe un sueldo base superior a la pensión de jubilación que se le concederá cuando se jubile, tiene la obligación de residir en su lugar de destino y tiene derecho a recibir una indemnización de expatriación y dietas. La Comisión señala además que, contrariamente al artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, el artículo 18 de dicho anexo dispone que el requisito de duración del matrimonio no se exigirá en el caso de que, en la familia del funcionario, exista un hijo habido del matrimonio contraído por este último antes de su cese en el servicio, lo que demostraría que las situaciones objeto de estas dos disposiciones son radicalmente diferentes. Según la Comisión, el conjunto de estas consideraciones demuestra que la situación de un antiguo funcionario que contrae matrimonio después de su cese en el servicio no exige, con la misma evidencia que en el caso del funcionario que contrae matrimonio cuando aún está en servicio, que se ofrezcan ingresos sustitutivos al cónyuge supérstite mediante la concesión de la pensión de supervivencia.

36

La Comisión considera asimismo que la situación de los funcionarios en servicio y la de los funcionarios que han dejado de estar al servicio de una institución de la Unión se distinguen a nivel personal. Por una parte, los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 18 del anexo VIII del Estatuto son más jóvenes que los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 20 de dicho anexo, de manera que la menor esperanza de vida de estos últimos incrementa el riesgo de fraude respecto de ellos y que, por ello, existe una diferencia considerable entre las situaciones amparadas por esas dos disposiciones. Por otra parte, la Comisión sostiene que una persona que contrae matrimonio con un funcionario antes del cese en el servicio de este último ha apoyado a su cónyuge durante todo el tiempo que ha durado el matrimonio, lo cual hace improbable un riesgo de abuso o de fraude, contrariamente a la situación de una persona que contrae matrimonio con un funcionario con posterioridad al cese en el servicio de este último.

37

La Comisión expone asimismo que, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General pasó por alto erróneamente, en su análisis, el objetivo de la duración mínima del matrimonio que figura en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, a saber, como resulta de los apartados 87 y 88 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), el de evitar pactos sucesorios y, en consecuencia, que se contraiga matrimonio con el único objetivo de poder obtener el pago de una pensión de supervivencia sin que ese matrimonio se corresponda con ninguna realidad ni con ninguna estabilidad de las relaciones entre las personas de que se trata. Así, la Comisión afirma que el Tribunal General no respetó el criterio según el cual, al apreciar el carácter comparable de las situaciones, es necesario tener en cuenta el conjunto de los elementos que las caracterizan y el conjunto de las normas jurídicas que regulan las posiciones de cada una de las situaciones que deben compararse. En particular, al considerar, en ese mismo apartado de la sentencia recurrida, que un matrimonio celebrado después del cese en el servicio no modifica de manera decisiva la situación de un cónyuge supérstite por lo que se refiere a sus derechos patrimoniales en comparación con la situación cubierta por el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, el Tribunal General, además de no haber motivado en absoluto esta consideración, pasó por alto el riesgo de que dicho matrimonio sea el pretexto para celebrar pactos sucesorios. En efecto, no cabe negar que, habida cuenta de la situación del funcionario que contrae matrimonio tras haber cesado en su actividad, el riesgo de fraude y de abuso es mayor que en el caso del funcionario que ha contraído matrimonio antes de dicho cese.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

38

Con carácter preliminar, procede recordar la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual la igualdad ante la ley, enunciada en el artículo 20 de la Carta, es un principio general del Derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 95 y jurisprudencia citada).

39

La exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones para determinar si existe una violación del principio de igualdad de trato debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción de que se trate, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a estos efectos, los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca ese acto. Siempre y cuando las situaciones no sean comparables, una diferencia de trato de las situaciones de que se trate no vulnera la igualdad ante la ley establecida en el artículo 20 de la Carta (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 96 y jurisprudencia citada).

40

Han de examinarse a la luz de esta jurisprudencia las alegaciones de la Comisión y del Consejo de que el Tribunal General concluyó erróneamente, en la sentencia recurrida, que era posible comparar las situaciones amparadas por las disposiciones de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, así como que existía una diferencia de trato de estas situaciones comparables en función de la fecha de celebración del matrimonio.

41

A este respecto, es preciso señalar que, en los apartados 44, 45 y 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto tienen por objeto, siempre que se cumpla el requisito de la duración mínima del matrimonio, la concesión de una pensión de supervivencia al cónyuge supérstite en función únicamente de la naturaleza jurídica de los vínculos que unían a este cónyuge con el cónyuge fallecido. El Tribunal General señaló asimismo que estas disposiciones persiguen el objetivo de conceder al cónyuge supérstite unos ingresos sustitutivos destinados a compensar parcialmente la pérdida de los ingresos del cónyuge fallecido, habiendo sido este último, antes de su fallecimiento, un antiguo funcionario que ya no estaba en activo.

42

A resultas de ello, el Tribunal General consideró fundamentalmente que ambas disposiciones del anexo VIII del Estatuto tenían un objeto y una finalidad esencialmente idénticos habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en el apartado 39 del presente auto y recordada por el propio Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida. Según el Tribunal General, el principal elemento que caracteriza las pensiones de supervivencia en cuestión reside en la naturaleza jurídica de los vínculos que unían al cónyuge supérstite, en su condición de persona a la que esas disposiciones confieren un derecho, con el antiguo funcionario fallecido. También según el Tribunal General, la única diferencia en la aplicación de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto se refiere al requisito de duración mínima del matrimonio, requisito que está a su vez condicionado por la fecha de celebración del matrimonio habida cuenta de la situación estatutaria del funcionario en esa fecha, como se desprende inequívocamente del apartado 46 de la sentencia recurrida.

43

En estas circunstancias, el Tribunal General pudo considerar sin incurrir en error de Derecho, por una parte, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, que las situaciones amparadas por las disposiciones de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto eran comparables y, por otra parte, en los apartados 46 y 50 de la sentencia recurrida, que las situaciones amparadas por estas disposiciones únicamente se distinguían en función de la fecha de celebración del matrimonio respecto a la situación estatutaria del funcionario.

44

La Comisión y el Consejo afirman, no obstante, en primer lugar, que las situaciones contempladas en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto se distinguen de manera esencial y objetiva por el hecho de que, precisamente, en la fecha de celebración del matrimonio, el funcionario aún estaba, en el marco de la primera disposición, al servicio de una institución de la Unión, mientras que ya no lo estaba en el marco de la segunda disposición. De este modo, el Tribunal General no tuvo suficientemente en cuenta este elemento característico en su apreciación de la comparabilidad de las situaciones.

45

Sin embargo, como indica acertadamente el Tribunal General, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, la naturaleza jurídica de los vínculos que unían al cónyuge supérstite con el funcionario fallecido no difiere en función de si, en la fecha en que contrajeron matrimonio, el funcionario ejercía una actividad profesional o no. De igual modo, como señaló el Tribunal General en el apartado 48 de la sentencia recurrida, la circunstancia de que el funcionario fallecido se haya casado antes o después del cese en sus funciones no puede modificar de forma esencial la situación del cónyuge supérstite en cuanto atañe a sus derechos patrimoniales, de los que forma parte el derecho a una pensión de supervivencia como ingresos sustitutivos.

46

En efecto, la fecha de celebración del matrimonio está determinada únicamente por la voluntad de los futuros esposos. Esta decisión trae causa de una libre elección del funcionario sobre la base de múltiples consideraciones que no implican ni necesaria ni únicamente que se tengan en cuenta circunstancias vinculadas al ejercicio o no de una actividad profesional. Por lo tanto, contrariamente a lo que afirman la Comisión y el Consejo, el hecho de que el funcionario esté o no en servicio en esa fecha no puede repercutir de manera decisiva en la apreciación de la comparabilidad de las situaciones en cuestión a la luz de los criterios recordados en el apartado 39 del presente auto y, en particular, del objeto y de la finalidad de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, tal como se han recordado en el apartado 41 del presente auto. A este respecto, el razonamiento del Tribunal General, recordado en el apartado anterior del presente auto, se basa, en esencia, en dicho objeto y en dicha finalidad, y también en el principal elemento característico del derecho a una pensión de supervivencia, señalado en el apartado 42 del presente auto.

47

Es cierto que, como se desprende de ese mismo apartado 42 del presente auto, la situación estatutaria del funcionario en la fecha de celebración del matrimonio incide en el requisito de duración mínima de dicho matrimonio. Mientras que la duración requerida se limita a un año en el caso de que el matrimonio se celebre cuando el funcionario aún esté en servicio, se amplía a cinco años en el caso de que el funcionario contraiga matrimonio después de haber dejado de estar al servicio de una institución de la Unión.

48

No obstante, como resulta de los apartados 45 y 46 del presente auto, ni la situación estatutaria del funcionario ni la fecha de celebración del matrimonio son elementos pertinentes en la fase de la comparabilidad de las situaciones, ya que carecen de relación directa con el objeto, la finalidad y el principal elemento característico del derecho a una pensión de supervivencia previsto en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto.

49

Por esta razón, procede considerar, por analogía que, como señaló el Tribunal de Justicia, por lo que se refiere a la pensión de supervivencia prevista en el artículo 17 del anexo VIII del Estatuto, en el apartado 70 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), la concesión de la pensión de supervivencia depende «únicamente», en su propio principio, de la naturaleza jurídica de los vínculos que unían a la persona de que se trate con el funcionario fallecido, a pesar de que el Tribunal de Justicia reconoció, en el apartado 89 de dicha sentencia, que la duración mínima del matrimonio constituye, asimismo, un requisito para que el cónyuge supérstite obtenga la pensión de supervivencia.

50

En efecto, es la naturaleza jurídica de los vínculos entre los cónyuges lo que constituye la base del régimen de las pensiones de supervivencia de la función pública de la Unión, en la medida en que este requisito para la concesión es común a todas las pensiones de supervivencia previstas en los artículos 17 a 20 y en el artículo 27 del anexo VIII del Estatuto. El requisito de duración mínima del matrimonio, por su parte, reviste un carácter accesorio al requisito relativo a la naturaleza jurídica de los vínculos entre los cónyuges, toda vez que únicamente tiene por objeto precisar la duración que debe haber tenido el vínculo jurídico a efectos de la concesión de la pensión de supervivencia. Además, este requisito accesorio no se recoge en algunas de las pensiones de supervivencia, como es el caso de las pensiones a que se refieren los artículos 19 y 27 del anexo VIII del Estatuto.

51

Por lo tanto, en los apartados 45 y 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal General insistió acertadamente, en su motivación, en la importancia del vínculo jurídico entre los cónyuges como elemento principal que caracteriza el régimen de las pensiones de supervivencia de la Unión y concluyó que la situación estatutaria del funcionario no incidía en dicho vínculo.

52

La Comisión y el Consejo sostienen, en segundo lugar, que la situación de un antiguo funcionario que contrae matrimonio después de su cese en el servicio no exige que se ofrezcan unos ingresos sustitutivos al cónyuge supérstite con la misma evidencia que en el caso del funcionario que contrae matrimonio cuando aún se encuentra en servicio. A este respecto, basta con recordar, como indicó acertadamente el Tribunal General en el apartado 48 de la sentencia recurrida, remitiéndose al apartado 69 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), que el derecho a las pensiones de supervivencia a que se refieren los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto no está sometido a requisitos de renta o de patrimonio que permitan poner de manifiesto la incapacidad del cónyuge supérstite para hacer frente a sus necesidades y acrediten así su dependencia económica del difunto en el pasado.

53

La Comisión afirma, en tercer lugar, que el Tribunal General no tuvo en cuenta la finalidad de la duración mínima del matrimonio prevista en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto y que consiste, como se desprende del apartado 89 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión (C‑460/18 P, EU:C:2019:1119), en evitar la celebración de pactos sucesorios fraudulentos o abusivos, pues el riesgo de abuso o de fraude distingue, a nivel personal, las situaciones amparadas por esos dos artículos. A este respecto, basta con señalar que este aspecto no resulta pertinente en la fase de la comparabilidad de las situaciones. En efecto, esta alegación se refiere a la justificación de la duración más o menos importante que se exige del matrimonio, por lo que únicamente puede tener lugar en la fase de la apreciación del carácter proporcionado de la posible diferencia de trato constatada.

54

Por lo que se refiere, además, a la alegación de la Comisión según la cual la falta de comparabilidad de las situaciones también queda demostrada por el hecho de que, contrariamente a lo que prevé el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, el requisito de duración mínima del matrimonio no será exigido, en virtud del artículo 18 de dicho anexo, en el caso de que el cónyuge supérstite mantenga o haya mantenido a los hijos del antiguo funcionario, este elemento no incide en la apreciación de la comparabilidad de las situaciones amparadas por estos dos artículos. En efecto, el requisito relativo al mantenimiento de los hijos, que únicamente se prevé en el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, reviste, por analogía con lo que se ha indicado en los apartados 47 y 49 del presente auto, el mismo carácter accesorio que el requisito relativo a la duración mínima del matrimonio, al que sustituye. Así, carece de vínculo directo con el objeto, la finalidad y el principal elemento característico del derecho a una pensión de supervivencia previsto en los artículos 18 y 20 de dicho anexo.

55

De las consideraciones anteriores se desprende que, contrariamente a lo que afirman la Comisión y el Consejo, las conclusiones a las que llegó el Tribunal General, en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida, no adolecen de un error de Derecho.

56

De lo anterior se desprende que procede desestimar por infundados la tercera parte del primer motivo y el segundo motivo de casación en el asunto C‑341/21 P y el primer motivo de casación en el asunto C‑357/21 P.

Sobre las dos primeras partes del primer motivo de casación en el asunto C‑341/21 P y sobre el segundo motivo de casación en el asunto C‑357/21 P

–

Alegaciones de las partes

57

Mediante estos motivos, la Comisión y el Consejo reprochan fundamentalmente al Tribunal General haber incurrido, en la sentencia recurrida, en un error de Derecho por lo que se refiere al alcance del control judicial.

58

Estas dos instituciones alegan que, en la segunda frase del apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó una jurisprudencia de la Unión desarrollada en el contexto radicalmente diferente de las elecciones de política de personal en situaciones en las que el legislador dispone de varias opciones. Alegan que, por lo tanto, el Tribunal General, en particular en el apartado 78 de la sentencia recurrida, concluyó erróneamente que la elección del legislador de la Unión relativa a la duración mínima del matrimonio prevista en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto tenía un carácter simplemente «no razonable». En su opinión, al proceder así, el Tribunal General efectuó un control que va más allá del carácter «manifiestamente inapropiado o inadecuado» de la disposición en cuestión con respecto al objetivo perseguido por las instituciones competentes, a saber, en el presente asunto, prevenir el abuso de derecho y el fraude. Afirman que, de este modo, el Tribunal General sustituyó la apreciación del legislador de la Unión por la suya propia y, en consecuencia, excedió los límites del control de legalidad.

59

La Comisión aduce, además, que el Tribunal General, si bien afirmó haber fundamentado su apreciación de la legalidad del artículo 20 del anexo VIII en los artículos 20 y 21 de la Carta, se apartó de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual la apreciación de la legalidad de un acto de la Unión con respecto a los derechos fundamentales no puede, en ningún caso, basarse en alegaciones referidas a las consecuencias que tenga dicho acto en un caso particular. Según la Comisión, el Tribunal General señaló asimismo la particularidad de las circunstancias de hecho del caso de autos, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, para declarar que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto es ilegal.

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Apreciación del Tribunal de Justicia

60

Procede señalar que el Tribunal General recordó, en los apartados 40 a 42 de la sentencia recurrida, las exigencias mencionadas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta y la jurisprudencia aplicable a efectos del control de proporcionalidad de una diferencia de trato. A continuación, en el apartado 43 de la sentencia recurrida, consideró que, si las situaciones contempladas respectivamente en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto eran comparables, debería entonces comprobar si resultaba razonable que el legislador de la Unión estimase que la diferencia de trato establecida pudiera ser adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo de interés general perseguido por el requisito relativo a la duración mínima del matrimonio previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto. Tras concluir que las situaciones eran comparables, llevó a cabo dicho análisis a partir del apartado 58 de la sentencia recurrida.

61

Pues bien, como sostienen la Comisión y el Consejo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, ante normas estatutarias como las controvertidas en este caso y habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión a este respecto, el principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 20 de la Carta, solo se vulnera cuando el legislador de la Unión efectúa una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por la normativa de que se trata (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 127 y jurisprudencia citada).

62

Esta jurisprudencia es aplicable en el marco de la comprobación del requisito de proporcionalidad impuesto por el artículo 52, apartado 1, de la Carta (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 128).

63

En el presente asunto, el Tribunal General consideró, en el apartado 43 de la sentencia recurrida, que debía comprobar si resultaba razonable que el legislador de la Unión estimase que la diferencia de trato establecida pudiera ser adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo de interés general perseguido por el requisito relativo a la duración mínima del matrimonio previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto.

64

Sin embargo, conforme a la jurisprudencia recordada en los apartados 61 y 62 del presente auto, debería haberse limitado a comprobar si la diferenciación que hace esta disposición, en relación con el artículo 18 de dicho anexo, resultaba arbitraria o manifiestamente inadecuada para alcanzar el objetivo de interés general perseguido. Al examinar de manera incorrecta el requisito de proporcionalidad, el Tribunal General excedió el alcance de su control judicial y, de este modo, incurrió en error de Derecho. En efecto, sin este error, el Tribunal General habría adoptado un razonamiento diferente y habría llegado a conclusiones distintas de aquellas a las que llegó en los apartados 78, 79 y 81 de la sentencia recurrida.

65

Esta vulneración del alcance del control judicial se refleja asimismo en el apartado 63 de la sentencia recurrida. En efecto, el Tribunal General se centró en examinar, a partir de dicho apartado, si el requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años previsto en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, considerado aislada e independientemente del requisito de un año previsto en el artículo 18 de dicho anexo, era, a la luz del artículo 52, apartado 1, de la Carta, proporcionado en el sentido de que no iba manifiestamente más allá de lo que es necesario para lograr el objetivo perseguido por el legislador de la Unión. Pues bien, como se desprende del apartado 62 del presente auto, incluso en el marco de esta disposición de la Carta, el Tribunal General debería haberse limitado a examinar si la diferenciación constatada en el presente asunto, a saber, el hecho de que el requisito de duración mínima del matrimonio sea, en las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, cinco veces superior al previsto para las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 18 de dicho anexo, aunque todas estas situaciones sean comparables, debía considerarse arbitraria o manifiestamente inadecuada para lograr el objetivo común a ambas disposiciones, perseguido por el legislador de la Unión.

66

En estas circunstancias y sin que sea necesario examinar las demás alegaciones formuladas por la Comisión y el Consejo, procede estimar la segunda parte del primer motivo de casación en el asunto C‑341/21 P y el segundo motivo de casación en el asunto C‑357/21 P.

67

Por lo tanto, procede, sin que sea necesario examinar la primera parte del primer motivo y el tercer motivo de casación en el asunto C‑341/21 P ni el tercer motivo de casación en el asunto C‑357/21 P, estimar los recursos de casación y anular la sentencia recurrida.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

68

Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita.

69

En el presente asunto, habida cuenta en particular de que el recurso de anulación interpuesto en el asunto T‑374/20 se basa en motivos que fueron objeto de debate contradictorio ante el Tribunal General y cuyo análisis no exige la adopción de ninguna diligencia adicional de ordenación del procedimiento o de instrucción de los autos, procede resolver definitivamente sobre este recurso, pues su estado así lo permite.

70

En apoyo de su recurso interpuesto ante el Tribunal General, KM invocó dos motivos basados en la ilegalidad, primero, del artículo 18 del anexo VIII del Estatuto y, segundo, del artículo 20 de dicho anexo.

Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 18 del anexo VIII del Estatuto

71

Mediante este primer motivo, KM alega, en esencia, una violación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual por cuanto, si su cónyuge muerto y ella misma hubieran formado una pareja del mismo sexo, al que se hubiera negado el acceso al matrimonio, hubiera podido, dado que su contrato de unión no matrimonial, posteriormente registrado como declaración de convivencia legal, se celebró antes del cese en el servicio de su cónyuge y más de un año antes del fallecimiento de este último, beneficiarse de una pensión de supervivencia con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del anexo VII del Estatuto en relación con el artículo 18 del anexo VIII de este. Así, considera discriminatorio exigir a las parejas de sexo diferente que se casen, mientras que, para las parejas del mismo sexo, basta con la declaración de una forma de convivencia duradera para fundamentar el derecho a la pensión de supervivencia.

72

La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación.

73

A este respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, reconocido por el artículo 20 de la Carta, del que constituye una manifestación específica el principio de no discriminación enunciado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta. Estos dos principios se recuerdan asimismo en el artículo 1 quinquies del Estatuto (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 140 y jurisprudencia citada).

74

Como ya se ha mencionado en el apartado 38 del presente auto, el principio general de igualdad de trato exige al legislador de la Unión, con arreglo a lo previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente. Una diferencia de trato está justificada cuando se basa en un criterio objetivo y razonable, es decir, cuando se relaciona con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación en cuestión y esta diferencia es proporcionada al objetivo perseguido por dicho trato (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 142 y jurisprudencia citada).

75

Como se ha expuesto en el apartado 39 del presente auto, la exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones para determinar si existe una violación del principio de igualdad de trato debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción de que se trate, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a estos efectos, los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca ese acto. Siempre y cuando las situaciones no sean comparables, una diferencia de trato de las situaciones de que se trate no vulnera la igualdad ante la ley establecida en el artículo 20 de la Carta.

76

Para determinar si, como alega KM, el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, en relación con el artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto y con el artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto, reviste un carácter discriminatorio y adolece, en consecuencia, de una ilegalidad por el hecho de que su ámbito de aplicación abarca exclusivamente algunas parejas no incluidas en un régimen no matrimonial, debe examinarse previamente si las categorías de parejas de que se trata están en una situación comparable.

77

Procede recordar a este respecto que, a tenor de su redacción, el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto solo abarca, en principio, las parejas que han contraído matrimonio, debiendo precisarse que pueden pertenecer al ámbito de aplicación de esta disposición tanto los cónyuges de distinto sexo como los cónyuges del mismo sexo, en función de la configuración del Derecho de los Estados miembros.

78

No obstante, debido al efecto combinado del artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto y del artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto, el legislador de la Unión ha decidido expresamente ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones del Estatuto relativas a las personas casadas incluyendo en él, bajo ciertos requisitos, a las personas vinculadas por una unión no matrimonial registrada (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, apartado 74).

79

Así, según los términos del artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, a efectos de dicho Estatuto, las uniones no matrimoniales registradas tendrán la misma consideración que el matrimonio, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto, siendo tales condiciones, entre otras, la presentación por parte de la pareja de que se trate de un documento oficial reconocido como tal por un Estado miembro o por cualquier autoridad competente de un Estado miembro, en el que se dé constancia de su situación de miembros de una pareja no casada y la imposibilidad para la pareja de contraer legalmente matrimonio en un Estado miembro.

80

De ello se colige que el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, en relación con las disposiciones mencionadas en el apartado anterior, abarca no solo a las parejas casadas, sino también a las parejas no casadas registradas cuando estas se han visto privadas del acceso al matrimonio. En cambio, el citado artículo 18 no ampara a este tipo de uniones cuando, como ocurría en la situación de KM y de su cónyuge antes de su matrimonio, estas parejas no se ven privadas de la posibilidad de contraer matrimonio en el Estado miembro al que pertenecen.

81

Procede señalar que las parejas no casadas registradas reciben un trato diferente en el marco del artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, en función de si tienen o no la posibilidad de contraer matrimonio en su Estado miembro. Esta posibilidad de contraer matrimonio es el criterio establecido por el legislador de la Unión para distinguir las dos situaciones. Como señala KM, en esencia, este criterio se basa indirectamente en la orientación sexual, en el sentido del artículo 21, apartado 1, de la Carta y artículo 1 quinquies, apartado 1, del Estatuto, pues las parejas de distinto sexo no se ven privadas de la posibilidad de contraer matrimonio en ningún Estado miembro de la Unión, contrariamente a lo que ocurre con las parejas del mismo sexo, a las que, en algunos de esos Estados miembros, les sigue estando vedada la posibilidad de casarse.

82

No obstante, estas situaciones no pueden considerarse comparables.

83

En efecto, el artículo 1 quinquies, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto y el artículo 1, apartado 2, letra c), del anexo VII del Estatuto van encaminados a equiparar las uniones no matrimoniales registradas con el matrimonio con objeto de que las disposiciones del Estatuto relativas a las personas casadas puedan aplicarse a las personas que no tienen acceso al matrimonio en el Estado miembro al que pertenecen (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, apartados 74 a 76). Esta equiparación se inscribe en el objetivo fundamental del Estatuto, recordado en la disposición fundamental que constituye su artículo 1 quinquies, que consiste en garantizar el principio de igualdad de trato y, en particular, evitar cualquier discriminación por razón de orientación sexual de las personas. Así, el legislador de la Unión ha considerado necesario, a efectos de alcanzar tal objetivo, permitir a las personas que, pese a estar privadas de la posibilidad de casarse en un Estado miembro, han optado por un tipo de unión lo más próxima al matrimonio, que se beneficien de las disposiciones del Estatuto relativas a las personas casadas.

84

En cambio, semejante equiparación y semejante protección no son en absoluto de rigor en el caso de que la pareja no casada registrada no esté privada de la posibilidad de contraer matrimonio ni de beneficiarse consiguientemente de las disposiciones del Estatuto relativas a las personas casadas. En efecto, como ha señalado la Comisión en su escrito de contestación ante el Tribunal General, en ese supuesto, la decisión de optar por una unión no matrimonial registrada más que por el matrimonio resulta de una decisión deliberada de ambos miembros de la pareja sobre las consecuencias jurídicas vinculadas a esta elección, de manera que cuando una pareja no opta por el matrimonio, pese a que el Derecho nacional le ofrece esta posibilidad, no puede considerarse que esté en una situación comparable a la de las parejas que han optado por el matrimonio o a las que la ley excluye de la posibilidad de contraer matrimonio.

85

Con arreglo a la jurisprudencia que se ha recordado en el apartado 75 del presente auto, procede, por lo tanto, declarar que, habida cuenta del principal elemento característico relativo a la posibilidad o imposibilidad de contraer matrimonio, del objeto y de la finalidad perseguidas por la distinción de que se trata, expuestos en el apartado 83 del presente auto y del objetivo fundamental del Estatuto de garantizar los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual, una pareja no casada registrada que, como ocurrió con KM y su cónyuge antes de su matrimonio, no estaba privada de la posibilidad de contraer matrimonio en el Estado miembro al que pertenecen no se encuentra en una situación comparable a la de una pareja no casada registrada, pero privada de dicha posibilidad.

86

En estas circunstancias, procede desestimar el primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 18 del anexo VIII del Estatuto.

Sobre el segundo motivo, basado en la ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto

87

Mediante su segundo motivo, KM sostiene que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto viola los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de edad, en que, al imponer un requisito de duración mínima del matrimonio de cinco años, cuando el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto únicamente prevé una duración de un año, la priva indebidamente de la obtención de una pensión de supervivencia.

88

La Comisión, apoyada por el Parlamento y por el Consejo, rebate esta alegación.

89

Procede recordar que, a tenor del artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

90

Por otra parte, como ya se ha señalado en los apartados 73 a 75 del presente auto, el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, reconocido por el artículo 20 de la Carta, del que constituye una manifestación específica el principio de no discriminación enunciado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta, principios, ambos, que se recuerdan asimismo en el artículo 1 quinquies del Estatuto.

91

Por último, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya mencionada en el apartado 61 del presente auto, ante normas estatutarias como las controvertidas en este caso y habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión a este respecto, el principio de igualdad de trato solo se vulnera cuando el legislador efectúa una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por la normativa de que se trata.

92

La excepción de ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto formulada por KM respecto de los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de edad, consagrados, respectivamente, en los artículos 20 y 21, apartado 1, de la Carta y recordados en el artículo 1 quinquies del Estatuto, debe examinarse a la luz de esta jurisprudencia y de las exigencias del artículo 52, apartado 1, de la Carta.

93

Por lo que se refiere, en primer lugar, a la comparabilidad de las situaciones previstas en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, procede considerar, por los motivos indicados en los apartados 41 a 56 del presente auto, que estas situaciones son comparables.

94

En segundo lugar, debe observarse que, al establecer, en estas disposiciones del anexo VIII del Estatuto, duraciones mínimas del matrimonio distintas, el legislador de la Unión trató de manera diferente situaciones comparables.

95

Además, debe señalarse que esta diferencia de trato también se basa, indirectamente, en la edad.

96

En efecto, por una parte, las situaciones amparadas por las disposiciones de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto se distinguen en función de la fecha de celebración del matrimonio respecto del cese en el servicio o no del funcionario, como se desprende del artículo 47 del Estatuto y, por otra parte, dicho cese en el servicio se produce, fundamentalmente, como consecuencia de la jubilación, en el sentido del artículo 52 del Estatuto. Pues bien, teniendo en cuenta que, en su aplicación más amplia, dicho artículo 52 prevé que la jubilación de los funcionarios titulares de una pensión de jubilación, en el sentido del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, puede producirse entre los 58 y los 70 años, procede señalar que los antiguos funcionarios a que se refiere dicho artículo 20 han contraído matrimonio, por lo general, a una edad más avanzada que los antiguos funcionarios a que se refiere el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 174).

97

De ello se desprende que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, en relación con el artículo 18 de dicho anexo, también establece una diferencia de trato indirectamente basada en la edad del funcionario, debiendo precisarse que el hecho de que los funcionarios puedan, en virtud del artículo 52 del Estatuto, jubilarse y disfrutar de una pensión de jubilación con una diferencia de edad de 12 años en los casos más extremos no basta para negar que esta diferencia de trato se base en la edad (sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 175 y jurisprudencia citada).

98

En tercer lugar, es necesario examinar si la diferencia de trato mencionada en los apartados 94 a 97 del presente auto es conforme con los artículos 20 y 21, apartado 1, de la Carta por cumplir los criterios establecidos en su artículo 52, apartado 1, y que se recuerdan en el apartado 89 del presente auto.

99

En primer término, consta que esta diferencia de trato está establecida por la ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, puesto que resulta del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, en relación con el artículo 18 de dicho anexo. Estas disposiciones del Derecho de la Unión establecen requisitos de duración mínima del matrimonio cuantificados de manera precisa que definen el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de edad (véase, por lo que se refiere al alcance del requisito de que cualquier limitación del ejercicio de un derecho fundamental debe ser establecida por ley, la sentencia de 26 de abril de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑401/19, EU:C:2022:297, apartado 64 y jurisprudencia citada).

100

En segundo término, la limitación que establece la diferencia de trato en cuestión respeta el contenido esencial del principio de igualdad de trato y del principio de no discriminación por razón de edad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta. En efecto, esta limitación no pone en entredicho estos principios como tales, ya que solo se refiere a la cuestión, de alcance limitado, del requisito mínimo de duración del matrimonio que deben cumplir los cónyuges supérstites de funcionarios o de antiguos funcionarios fallecidos para poder obtener una pensión de supervivencia, sin que se prive a dichos cónyuges de la posibilidad de obtener dicha pensión en cada uno de los supuestos contemplados en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto.

101

En tercer término, dicha limitación responde a un objetivo de interés general, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, a saber, el objetivo de prevenir los abusos de derecho y los fraudes, cuya prohibición constituye un principio general del Derecho de la Unión que los justiciables están obligados a respetar (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2018, Altun y otros, C‑359/16, EU:C:2018:63, apartado 49). En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el requisito de que el matrimonio haya tenido una duración determinada para que el cónyuge supérstite obtenga la pensión de supervivencia persigue el objetivo de asegurarse de la realidad y de la estabilidad de las relaciones entre las personas de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, apartado 89). Se trata de un criterio uniforme y que se aplica indiscriminadamente a todos los cónyuges supérstites comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, cuyo objetivo no es presumir que los cónyuges supérstites han cometido abuso o fraude, sino prevenir la comisión de tal abuso o de tal fraude.

102

Por lo que se refiere, en cuarto término, al examen de proporcionalidad, procede, en el marco del control de legalidad de una disposición del Derecho de la Unión en relación con el principio de igualdad de trato y debido a la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión en materia de normas estatutarias, comprobar, como se ha recordado en los apartados 61 y 91 del presente auto, si, al imponer una duración mínima del matrimonio de cinco años al cónyuge supérstite que ha contraído matrimonio con un funcionario después del cese en el servicio de este, cuando esta duración mínima es, en virtud del artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, únicamente de un año en el caso de que se contraiga matrimonio con un funcionario que aún está en servicio, el artículo 20 de dicho anexo establece una diferencia arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo de interés general recordado en el apartado anterior del presente auto.

103

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el requisito de duración mínima de un año previsto en el artículo 17 del anexo VIII del Estatuto no resulta arbitrario ni manifiestamente inadecuado para alcanzar este objetivo, análisis que puede aplicarse mutatis mutandis al requisito de duración mínima de un año previsto en el artículo 18 del anexo VIII del Estatuto (véase, por analogía, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, HK/Comisión, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, apartado 90).

104

Como ha indicado la Comisión, apoyada por el Consejo y el Parlamento, fundamentalmente en sus escritos, no resulta ni arbitrario ni manifiestamente inadecuado exigir, en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, una duración mínima del matrimonio mayor que la prevista en el artículo 18 de dicho anexo. En efecto, en el supuesto contemplado en dicho artículo 20, caracterizado por el hecho de que el matrimonio se contrae con posterioridad al cese en el servicio del funcionario, la incitación a cometer abuso o fraude puede verse favorecida por la mayor previsibilidad y la mayor proximidad del fallecimiento del funcionario, dado que, como en el presente asunto, dicho cese se produce como consecuencia de la jubilación, en el sentido del artículo 52 del Estatuto.

105

En estas circunstancias, procede considerar que, al establecer en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto una duración mínima del matrimonio de cinco años a fin de prevenir los abusos y los fraudes, cuando esta duración se limita a un año en las situaciones amparadas por el artículo 18 de dicho anexo, el legislador de la Unión, en el marco de la amplia facultad de apreciación de que dispone, no estableció una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada.

106

De lo anterior se desprende que la diferencia de trato establecida en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto es conforme con los artículos 20 y 21, apartado 1, de la Carta.

107

En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo, basado en una ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto a la luz de los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la edad, y, en consecuencia, el recurso interpuesto por KM.

Costas

108

A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.

109

De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación según su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

110

Al haberse desestimado los motivos formulados por KM tras la estimación de los recursos de casación y dado que la Comisión y el Consejo solicitaron respectivamente su condena en costas, procede condenarla a cargar con sus propias costas, así como con aquellas en las que hayan incurrido estas dos instituciones tanto en primera instancia como en los presentes recursos de casación.

111

Pese a no haber participado en el procedimiento de casación, el Parlamento intervino en primera instancia ante el Tribunal General. A raíz de la anulación de la sentencia recurrida y de la avocación del asunto T‑374/20 en el presente auto, procede resolver de nuevo sobre las costas de esta institución en primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 137 en relación con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

112

A este respecto y con arreglo al artículo 140, apartado 1, de dicho Reglamento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En estas circunstancias, el Parlamento cargará con las costas en que haya incurrido en primera instancia.

1)

Anular la sentencia de Tribunal General de la Unión Europea de 24 de marzo de 2021, KM/Comisión (T‑374/20, no publicada, EU:T:2021:162).

2)

Desestimar el recurso interpuesto por KM en el asunto T‑374/20.

3)

KM cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, tanto en el asunto T‑374/20 como en los asuntos C‑341/21 P y C‑357/21 P.

4)

El Parlamento Europeo cargará con las costas en que haya incurrido en el asunto T‑374/20.