–

en nombre de OÜ Voore Mets, por el Sr. I. Veso, vandeadvokaat;

–

en nombre de AS Lemeks Põlva, por el Sr. A. Hainsoo y la Sra. M. Paloots;

–

en nombre del Gobierno estonio, por la Sra. M. Kriisa, en calidad de agente;

–

en nombre del Gobierno finlandés, por las Sras. H. Leppo y M. Pere, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno sueco, por las Sras. F.‑L. Göransson y C. Meyer-Seitz, en calidad de agentes;

–

en nombre del Parlamento Europeo, por los Sres. M. Allik y W. D. Kuzmienko, en calidad de agentes;

–

en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. M. Alver y la Sra. A. Maceroni, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. E. Randvere y el Sr. N. Ruiz García, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, letras a), b) y d), y 9, apartado 1, letra a), tercer guion, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre las aves»), y de los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de dos litigios entre, respectivamente, OÜ Voore Mets y AS Lemeks Põlva, por una parte, y la Keskkonnaamet (Agencia de Medio Ambiente, Estonia), por otra, en relación con órdenes mediante las que esta última suspendió las talas de árboles para proteger la reproducción de las aves.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva sobre las aves

3

Los considerandos 3, 5, 7, 8 y 10 de la Directiva sobre las aves indican lo siguiente:

4

El artículo 1, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente:

5

El artículo 2 de la citada Directiva establece lo siguiente:

6

El artículo 5 de la misma Directiva preceptúa lo siguiente:

7

A tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva sobre las aves:

–

en aras de la seguridad aérea,

–

para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, [al] ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas,

–

para proteger la flora y la fauna;

Directiva sobre los hábitats

8

El artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»), dispone lo siguiente:

Derecho estonio

MS

9

El artículo 28 de la metsaseadus (MS) (Ley de Bosques), de 7 de junio de 2006 (RT I 2006, 30, 232), en su versión aplicable a los litigios principales (RT I, 04.01.2021, 10) (en lo sucesivo, «MS»), establece en su apartado 7 lo siguiente:

10

El artículo 29, apartado 1, de la MS estipula lo siguiente:

11

El artículo 40 de la MS prevé lo siguiente:

12

El artículo 41 de la MS es del siguiente tenor:

LoKS

13

Conforme al artículo 2 de la loomakaitseseadus (LoKS) (Ley de Protección Animal), de 13 de diciembre de 2000 (RT I 2001, 3, 4), en su versión aplicable a los litigios principales (RT I, 30.12.2020, 12) (en lo sucesivo, «LoKS»):

14

En virtud del artículo 7 de la LoKS:

LKS

15

El artículo 55 de la looduskaitseseadus (LKS) (Ley de Protección de la Naturaleza), de 21 de abril de 2004 (RT I 2004, 38, 258), en su versión aplicable a los litigios principales (RT I, 30.12.2020, 7) (en lo sucesivo, «LKS»), dispone lo siguiente:

Código de Gestión Forestal

16

El artículo 22 del metsa majandamise eeskiri (Código de Gestión Forestal) (RTL 2007, 2, 16), en su versión aplicable a los litigios principales (RT I, 06.04.2021, 8), prescribe lo siguiente:

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

17

En la primavera de 2021, Voore Mets realizó talas de árboles en el terreno de Pällo-Reino, situada en el término municipal de Jõgeva (Estonia), sobre la base de notificaciones forestales inscritas. Se trataba de talas rasas, en el sentido del artículo 29, apartado 1, de la MS.

18

Por su parte, Lemeks Põlva compró al propietario del terreno de Järveääre, situado en el término municipal de Põlva (Estonia), el derecho de explotación de madera en pie. Sus notificaciones forestales de 4 de mayo de 2021 preveían la realización de talas selectivas, en el sentido del artículo 28, apartado 7, de la MS, en una finca de este terreno y de talas rasas en otras cuatro fincas de dicho terreno.

19

Mediante órdenes de los días 17 y 21 de mayo de 2021, la Agencia de Medio Ambiente suspendió, inicialmente hasta el 21 de mayo de 2021 y más tarde hasta el 31 de julio de 2021, las talas de árboles realizadas por Voore Mets en el terreno de Pällo-Reino. Mediante órdenes de los días 21 y 26 de mayo de 2021, la Agencia de Medio Ambiente también suspendió, inicialmente hasta el 26 de mayo de 2021 y más tarde hasta el 15 de julio de 2021, las talas de árboles realizadas por Lemeks Põlva en el terreno de Järveääre.

20

Estas órdenes se adoptaron sobre la base del artículo 7, apartado 1, punto 3, de la LoKS y del artículo 55, apartado 61, de la LKS. Las primeras órdenes, a saber, la dirigida a Voore Mets el 17 de mayo de 2021 y la dirigida a Lemeks Põlva el 21 de mayo de 2021, se basan en la constatación de que está científicamente demostrado que en cada bosque se reproduce cuando menos una pareja de aves por hectárea, por lo que la continuación de las talas de árboles entrañaría el riesgo real de que se perturbara la reproducción y la crianza de las aves y se destruyeran o dañaran los nidos. Las segundas órdenes, a saber, la dirigida a Voore Mets el 21 de mayo de 2021 y la dirigida a Lemeks Põlva el 26 de mayo de 2021, indican, además, que las visitas a los terrenos de que se trata permitieron constatar, en cada uno de los dos supuestos, una nidificación cierta, probable o posible de diez diferentes especies de aves en esos terrenos.

21

Más precisamente, por una parte, según la orden de 21 de mayo de 2021, dirigida a Voore Mets, se oyeron cantos de aves en el terreno de Pällo-Reino en una visita a este terreno organizada el mismo día y las siguientes aves, de las que cabe suponer razonablemente que anidan en el mismo sector, fueron identificadas por su canto o su apariencia: el mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix), el chochín común (Troglodytes troglodytes), el mirlo común (Turdus merula), el zorzal común (Turdus philomelos) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Además, se constató una nidificación probable del trepador azul (Sitta europaea) y del camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula). En esta orden se señaló asimismo que era muy probable que se encontrara igualmente en el terreno de que se trata el mosquitero común (Phylloscopus collybita), el mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) y el papamoscas papirrojo (Ficedula parva). En este contexto, dicha orden precisa que la suspensión de las actividades de tala de árboles hasta el 31 de julio garantiza la protección de las aves que anidan tardíamente como el mosquitero silbador.

22

Por otra parte, según la orden de 26 de mayo de 2021, dirigida a Lemeks Põlva, la visita al terreno de Järveääre permitió identificar una nidificación cierta del pico picapinos (Dendrocopos major) y del pinzón vulgar, una nidificación probable del carbonero común (Parus major) y del arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius) y una nidificación posible del mosquitero común, del mosquitero silbador, de la curruca mosquitera (Sylvia borin), del chochín común, del acentor común (Prunella modularis) y del petirrojo europeo (Erithacus rubecula).

23

El recurso mediante el que Voore Mets solicitaba la reparación del perjuicio asociado a la inmovilización y posterior desplazamiento de su material forestal, que alega haberle causado la Agencia de Medio Ambiente debido a las dos órdenes que la afectaban, fue desestimado por el Tallinna Halduskohus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallin, Estonia). Esta resolución fue confirmada por el Tallinna Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tallin, Estonia).

24

En cuanto a los recursos interpuestos por Lemeks Põlva para que se declarase la ilegalidad de las órdenes que la afectaban, el Tartu Halduskohus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tartu, Estonia) los estimó parcialmente y declaró la ilegalidad de la orden de 26 de mayo de 2021, debido, en particular, a que esta no aborda la cuestión de la proporcionalidad de una prohibición total de tala de árboles durante aproximadamente un mes y medio a la luz de la cantidad de aves que anidan en el terreno, de los períodos de nidificación de tales aves y de los intereses de esta demandante en el litigio principal y a que esta última no había sido oída. No obstante, el Tartu Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tartu, Estonia) anuló esta resolución por cuanto había estimado dichos recursos.

25

Voore Mets y Lemeks Põlva interpusieron sendos recursos de casación ante el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, el cual se plantea, en primer lugar, la cuestión de si el concepto de «intencionalidad», en el sentido del artículo 5 de la Directiva sobre las aves, debe entenderse de la misma manera que en el caso del artículo 12 de la Directiva sobre los hábitats, es decir, en el sentido, en particular, de que el requisito relativo al carácter intencionado debe considerarse satisfecho no solo cuando se ha acreditado que el autor del acto ha querido el sacrificio o la perturbación de un espécimen de aves o bien la destrucción o el daño de sus nidos o de sus huevos, sino también cuando se ha acreditado que ha aceptado, cuando menos, la posibilidad de tal sacrificio, perturbación, destrucción o daño.

26

De ser así, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en segundo lugar, cuáles son las circunstancias que bastan para concluir que existe tal aceptación. A este respecto, estima que la presencia de una pareja de aves por hectárea, señalada en las primeras órdenes sobre la base de datos científicos, no sobrepasa necesariamente el umbral a partir del cual debe considerarse que el silvicultor ha aceptado la posibilidad de que se mate o perturbe a aves, o que sus nidos o sus huevos sean destruidos o dañados. En cambio, el órgano jurisdiccional remitente considera a priori que, a partir del momento en que se dan las circunstancias adicionales constatadas en las segundas órdenes, existe necesariamente aceptación de la posibilidad de que las talas rasas efectuadas durante el período de nidificación causen la muerte de las aves y la destrucción de sus nidos y de sus huevos. No obstante, podría plantearse la cuestión de si la realización de talas puede considerarse un sacrificio, una perturbación, una destrucción o un daño intencionado, en el sentido del artículo 5 de la Directiva sobre las aves, si nada hace suponer una nidificación de aves amenazadas en la zona de tala y si la actividad de que se trate no tiene por objeto matar o perturbar a las aves o destruir o dañar los nidos. A su juicio, el hecho de que todas las especies de aves deban estar incluidas en un régimen de protección no significa necesariamente que todas las aves deban estar protegidas de la misma manera. En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 5 de la Directiva sobre las aves debe ser objeto de una interpretación teleológica, es decir, que tenga en cuenta el objetivo contemplado en el artículo 2 de esta Directiva.

27

En tercer lugar, si debe verse en las talas controvertidas en el litigio principal una intención de matar o perturbar a las aves o de destruir o dañar sus nidos o sus huevos, es necesario, según el órgano jurisdiccional remitente, determinar si el artículo 9 de la Directiva sobre las aves permite establecer excepciones a las prohibiciones previstas en el artículo 5, letras a), b) y d), de esta.

28

Por último, en cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que el hecho de que la concesión de una exención no sea posible o esté sujeta a requisitos demasiado estrictos podría ir, por su carácter desproporcionado, en contra de la libertad de empresa y del derecho fundamental de propiedad consagrados en los artículos 16 y 17 de la Carta, de tal manera que se plantearía, en su caso, la cuestión de la conformidad de la Directiva sobre las aves con los Tratados y de la validez de esta.

29

En estas circunstancias, el Riigikohus (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

30

Voore Mets y Lemeks Põlva consideran que la petición de decisión prejudicial no es admisible. Según estas, todas las cuestiones planteadas ya recibieron, en lo sustancial, una respuesta en las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en los asuntos acumulados Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2020:699) y no se desprende en modo alguno de la sentencia de 4 de marzo de 2021, Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2021:166), que haya de interpretarse el concepto de «intencionalidad» contemplado en el artículo 5 de la Directiva sobre las aves en el mismo sentido que el que figura en el artículo 12 de la Directiva sobre los hábitats. Por otro lado, la falta de dificultad jurídica que requiera una interpretación del Tribunal de Justicia se demuestra, a su juicio, por el hecho de que ningún otro Estado miembro distinto de la República de Estonia suspende, sobre la base de las disposiciones que transponen la Directiva sobre las aves, las actividades de tala en el período primavera-verano en los bosques destinados a un uso silvícola y que no gozan de una protección para garantizar la salvaguardia de las aves. Voore Mets añade que el examen del asunto ante el Tribunal de Justicia llevaría a que se sobrepasara el plazo razonable de sustanciación de los litigios principales.

31

A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la más amplia facultad de someter al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. Corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio, que es el único que posee el conocimiento de su Derecho nacional y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, en principio, el Tribunal de Justicia está obligado a pronunciarse. De ello se deduce que las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a la referida cuestión (sentencia de 9 de septiembre de 2021, GE Auto Service Leasing, C‑294/20, EU:C:2021:723, apartado 40 y jurisprudencia citada).

32

De lo anterior se infiere que el hecho de que la respuesta a las cuestiones prejudiciales pueda deducirse de las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en los asuntos acumulados Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2020:699) y de la sentencia de 4 de marzo de 2021, Föreningen Skydda Skogen (C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2021:166), y no plantee ninguna dificultad jurídica, aun suponiendo que sea así, no hace que la petición de decisión prejudicial sea inadmisible.

33

En efecto, por una parte, aun cuando haya una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión de Derecho discutida, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la más amplia facultad para someter esa cuestión al Tribunal de Justicia si lo consideran oportuno, sin que el hecho de que las disposiciones de que se trate hayan sido ya interpretadas por el Tribunal de Justicia se oponga a que este se pronuncie de nuevo (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, apartado 37 y jurisprudencia citada), y, por otra parte, nada impide a un órgano jurisdiccional nacional plantear al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales cuya respuesta, según una de las partes del litigio principal, no deje lugar a duda razonable alguna (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartado 42 y jurisprudencia citada).

34

De la jurisprudencia recordada en el apartado 31 de la presente sentencia se desprende igualmente que la duración del litigio ante los órganos jurisdiccionales nacionales no es pertinente para la apreciación de la admisibilidad de una petición de decisión prejudicial presentada por uno de estos órganos jurisdiccionales en virtud del artículo 267 TFUE.

35

Esta apreciación no se pone en cuestión por el hecho de que tanto el órgano jurisdiccional remitente como el Tribunal de Justicia estén obligados a respetar el principio general del Derecho según el cual toda persona tiene derecho a que su causa sea oída en un plazo razonable, que se recoge en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH), y en el artículo 47 de la Carta.

36

En efecto, la interpretación hecha por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los derechos garantizados por el artículo 6, apartado 1, del CEDH constituye un nivel mínimo de protección que el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta en su interpretación de los derechos correspondientes recogidos en el artículo 47 de la Carta, habida cuenta del artículo 52, apartado 3, de esta última (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, C‑432/23, EU:C:2024:791, apartado 48 y jurisprudencia citada).

37

Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que, para determinar si la duración de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional ha violado el derecho previsto en el artículo 6, apartado 1, del CEDH, el procedimiento en virtud del artículo 267 TFUE no debe tenerse en cuenta. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenerlo en cuenta menoscabaría el sistema establecido en dicho artículo 267 y el objetivo perseguido en esencia en ese artículo 267 (sentencias del TEDH de 26 de febrero de 1998, Pafitis y otros c. Grecia, CE:ECHR:1998:0226JUD002032392, § 95, y de 30 de septiembre de 2003, Koua Poirrez c. Francia, CE:ECHR:2003:0930JUD004089298, § 61).

38

Por consiguiente, la petición de decisión prejudicial es admisible.

Sobre las cuestiones prejudiciales

39

Con carácter preliminar, debe señalarse que, en sus observaciones escritas, Voore Mets invita al Tribunal de Justicia a responder a cuestiones diferentes de las planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

40

A este respecto, es preciso recordar que, a tenor del artículo 267 TFUE, corresponde al juez nacional y no a las partes del litigio principal someter las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. La facultad de determinar las cuestiones que deban someterse al Tribunal de Justicia corresponde, por tanto, exclusivamente al juez nacional y las partes no pueden modificar su contenido (sentencia de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, apartado 28 y jurisprudencia citada).

41

De lo anterior se infiere que una respuesta a las cuestiones formuladas por las partes en el litigio principal sería incompatible con la función que el artículo 267 TFUE confiere al Tribunal de Justicia. Además, una respuesta a estas cuestiones sería contraria a la obligación del Tribunal de Justicia de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habida cuenta de que, con arreglo a esta disposición, a las partes interesadas solo se les notifican las resoluciones de remisión (sentencia de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, apartado 29 y jurisprudencia citada).

42

Por consiguiente, no procede responder a las cuestiones dirigidas al Tribunal de Justicia por Voore Mets.

Primera cuestión prejudicial

43

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves debe interpretarse en el sentido de que, cuando el objetivo de la actividad humana de que se trate no sea la captura, el sacrificio o la perturbación de las aves o la destrucción o daño de sus nidos o de sus huevos, las prohibiciones establecidas en dicha disposición solo son aplicables en la medida en que sean necesarias para mantener o adaptar la población de las especies de aves en cuestión, a efectos del artículo 2 de la citada Directiva, en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas.

44

El artículo 5 de la Directiva sobre las aves obliga a los Estados miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la propia Directiva, a tomar las medidas necesarias para establecer un régimen general de protección de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 de esa Directiva. Dicho régimen incluye, en particular, a tenor del artículo 5, letras a), b) y d), de la citada Directiva, la prohibición de, en primer término, «matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado», en segundo término, «destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos» y, en tercer término, «perturbarl[a]s de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y de crianza, en la medida [en] que la perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la presente Directiva».

45

En primer lugar, tanto del tenor literal del artículo 5 de la Directiva sobre las aves, en relación con el artículo 1, apartado 1, de esta, como del contexto en el que se inscribe dicho artículo 5, así como del objeto y de la finalidad de esa Directiva, se desprende que las prohibiciones previstas en este último artículo se aplican a todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que son aplicables los Tratados, sin que la aplicación de tales prohibiciones esté, por tanto, limitada a determinadas especies de aves concretas o a especies que se encuentran en peligro a un determinado nivel o las que sufren un declive a largo plazo de la población (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2021:166, apartados 36, 37 y 45).

46

En segundo lugar, por lo que se refiere al requisito relativo al carácter intencionado que figura en el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves, debe señalarse que, al interpretar el artículo 12, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva sobre los hábitats, que prevé prohibiciones análogas a las enunciadas en el citado artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para que se cumpla este requisito, debe acreditarse que el autor del acto quería capturar o sacrificar un ejemplar de una especie animal protegida, perturbar a estas especies o destruir los huevos o, cuando menos, aceptaba la posibilidad de tal captura, sacrificio, perturbación o destrucción (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2021:166, apartado 51 y jurisprudencia citada).

47

Pues bien, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, habida cuenta de las exigencias de unidad y de coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, los conceptos empleados en los actos adoptados en un mismo ámbito deben tener el mismo significado (sentencia de 21 de marzo de 2024, Marvesa Rotterdam, C‑7/23, EU:C:2024:257, apartado 35 y jurisprudencia citada). Así, habida cuenta de la similitud, por una parte, de los términos del artículo 12 de la Directiva sobre los hábitats y del artículo 5 de la Directiva sobre las aves y, por otra parte, del lugar que estos artículos ocupan en sus respectivos contextos normativos, el concepto de «intencionalidad» que figura en dicho artículo 5 debe recibir la misma interpretación que el Tribunal de Justicia ha dado a este concepto en el marco del artículo 12 de la Directiva sobre los hábitats.

48

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta el hecho de que la interpretación del concepto de «intencionalidad», en el sentido enunciado en el apartado 46 de la presente sentencia, deriva de las sentencias de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia (C‑103/00, EU:C:2002:60), apartados 34 a 36, y de 18 de mayo de 2006, Comisión/España (C‑221/04, EU:C:2006:329), apartado 71. Por tanto, de lo anterior puede deducirse que, cuando adoptó, en 2009, la Directiva sobre las aves, el legislador de la Unión, al abstenerse de introducir precisiones sobre el requisito relativo al carácter intencionado que figura en el artículo 5 de esta Directiva, a fin, en particular, de excluir de su ámbito de aplicación los actos que no tengan por objeto la captura, el sacrificio o la perturbación de las aves o la destrucción o el daño de sus nidos o de sus huevos, ha pretendido que este requisito reciba el mismo significado que tiene en el contexto del artículo 12 de la Directiva sobre los hábitats.

49

De ello se infiere que las prohibiciones establecidas en el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves se aplican no solo a las actividades humanas cuyo objetivo es la captura, el sacrificio y la perturbación de las aves o la destrucción o daño de sus nidos o de sus huevos, sino también a las actividades humanas que, sin tener manifiestamente tal objeto, comportan la aceptación de la posibilidad de tal captura, sacrificio, perturbación, destrucción o daño.

50

Por lo que respecta, en tercer lugar, a la cuestión de si, cuando el objetivo de una actividad humana es manifiestamente distinto al de la captura, sacrificio y perturbación de aves o al de la destrucción o daño de sus nidos o de sus huevos, las prohibiciones establecidas en el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves solo se aplican en la medida en que sean necesarias para mantener o adaptar la población de las especies de aves de que se trate, en el sentido del artículo 2 de esta Directiva, en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas, procede constatar que solo el artículo 5, letra d), de dicha Directiva prevé que la prohibición que contempla, a saber, la de perturbar a las aves de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y de crianza, se aplica «en la medida [en] que la perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la [Directiva sobre las aves]».

51

Respecto al alcance de este requisito, procede recordar que el objeto de la Directiva sobre las aves consiste, tal como se desprende de su artículo 1, en relación con sus considerandos 3, 5, 7 y 8, en proteger, administrar y regular todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que son aplicables los Tratados para garantizar su conservación como patrimonio de los pueblos europeos, lo que implica una protección a largo plazo manteniendo o restableciendo una diversidad y una superficie suficientes de hábitats. A la vista de este objeto, dicha Directiva impone a los Estados miembros, en virtud de su artículo 2, en relación con su considerando 10, la obligación de tomar todas las medidas necesarias para mantener o adaptar la población de estas especies de aves en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas, de modo que pueda calificarse de satisfactorio. Así, el inciso «en la medida [en] que la perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la [Directiva sobre las aves]», que figura en el artículo 5, letra d), de la citada Directiva, debe interpretarse, habida cuenta de estas disposiciones, en el sentido de que las perturbaciones, en particular durante el período de reproducción y de crianza, deben ser prohibidas siempre que tengan un efecto significativo en el objetivo de mantener o adaptar en un nivel satisfactorio la población de dichas especies de aves.

52

En cambio, el artículo 5, letras a) y b), de la Directiva sobre las aves no prevé un requisito análogo al que figura en el referido inciso del artículo 5, letra d), de esta Directiva.

53

Así, ante la inexistencia, en el artículo 5, letras a) y b), de la Directiva sobre las aves, de un requisito análogo al que figura en el artículo 5, letra d), de esta Directiva, y habida cuenta de las apreciaciones que figuran en los apartados 46 a 49 de la presente sentencia, debe considerarse que la aplicación de las prohibiciones enunciadas en este artículo 5, letras a) y b), no está supeditada a tal requisito, y ello con independencia de que las actividades humanas de que se trate tengan o no como objetivo la captura o el sacrificio de aves, o la destrucción o el daño de sus nidos o de sus huevos.

54

Por consiguiente, a diferencia del artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves, el artículo 5, letras a) y b), de esta Directiva no excluye de su ámbito de aplicación las actividades humanas que no entrañen el riesgo de tener un efecto significativo en el objetivo de mantener o adaptar en un nivel satisfactorio la población de las especies de aves, de tal manera que el examen de la incidencia de una actividad humana en el nivel de la población de las especies de aves de que se trate no es pertinente a efectos de la aplicación de las prohibiciones establecidas en esta última disposición.

55

Tal examen es, en cambio, pertinente en el marco de las excepciones a estas prohibiciones, adoptadas en virtud del artículo 9 de la Directiva sobre las aves (véase, por analogía, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2021:166, apartado 58).

56

En efecto, es en el contexto del examen de estas excepciones en el que debe realizarse, en particular para verificar la proporcionalidad de la excepción solicitada, una apreciación tanto de la incidencia de la actividad en cuestión en el nivel de la población de las especies de aves afectadas como de la necesidad de dicha actividad, así como de las soluciones alternativas que permiten alcanzar el objetivo invocado en apoyo de esa excepción (véase, por analogía, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2021:166, apartado 59).

57

En atención a todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves debe interpretarse en el sentido de que solo la prohibición establecida en este artículo 5, letra d), se aplica siempre que sea necesaria para prevenir perturbaciones que pudieran tener un efecto significativo en el objetivo, previsto en el artículo 2 de dicha Directiva, de mantener o adaptar la población de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que son aplicables los Tratados en un nivel que corresponda, en particular, a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas. En cambio, la aplicación de las prohibiciones enunciadas en el artículo 5, letras a) y b), de la citada Directiva no está supeditada a tal requisito, ni siquiera cuando el objetivo de la actividad humana de que se trate no sea la captura o el sacrificio de aves o la destrucción o daño de sus nidos o de sus huevos.

Cuestiones prejudiciales segunda y tercera

58

Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se determine si el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves debe interpretarse en el sentido de que, cuando los datos científicos y la observación de diferentes aves permiten considerar que en el bosque que va a ser completamente talado (tala rasa) o parcialmente talado (tala selectiva) anidan aproximadamente diez parejas de aves por hectárea, sin que se haya comprobado que en la zona de la tala aniden especies de aves que se encuentren en un estado de conservación desfavorable, la realización de esas talas durante el período de reproducción y de crianza de aves está comprendida en las prohibiciones establecidas en dicha disposición.

59

En primer lugar, respecto al hecho de que los datos científicos y la observación de las diferentes aves en cuestión no permitan acreditar la presencia, en los terrenos de que se trate, de especies de aves que se encuentren en un estado de conservación desfavorable, debe recordarse que, tal como se desprende del apartado 45 de la presente sentencia, el ámbito de aplicación del artículo 5 de la Directiva sobre las aves no se limita a las especies de aves en tal estado de conservación.

60

En segundo lugar, cuando se ha constatado que han anidado aproximadamente diez parejas de aves por hectárea en un bosque que debe ser objeto de una operación de tala, el hecho de practicar en el mismo talas rasas y talas selectivas, durante el período de reproducción y de crianza de aves, implica la aceptación de la posibilidad de que se maten o perturben aves durante este período, o de que sus nidos o sus huevos sean destruidos o dañados. Así, conforme a las constataciones que figuran en los apartados 46 a 56 de la presente sentencia, los actos que prevén la práctica de esas talas están incluidos, en cualquier caso, en las prohibiciones establecidas en el artículo 5, letras a) y b), de la Directiva sobre las aves y, en la medida en que la perturbación que comportan tenga un efecto significativo en el objetivo de mantener o adaptar en un nivel satisfactorio la población de las especies de aves en cuestión, en la prohibición establecida en el artículo 5, letra d), de la misma Directiva.

61

En tercer lugar, conforme al principio de precaución consagrado en el artículo 191 TFUE, apartado 2, no parece injustificado basar la constatación de una nidificación de un determinado número de parejas de aves por hectárea en los datos científicos y en la observación de diferentes aves y, en particular, como en este caso, en el tipo y la edad del bosque, así como en la identificación, en una inspección de los terrenos en cuestión, de algunos especímenes.

62

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves debe interpretarse en el sentido de que, cuando los datos científicos y la observación de diferentes aves permiten considerar que en el bosque que va a ser completamente talado (tala rasa) o parcialmente talado (tala selectiva) anidan aproximadamente diez parejas de aves por hectárea, sin que se haya comprobado que en la zona de la tala aniden especies de aves que se encuentran en un estado de conservación desfavorable, la realización de esas talas durante el período de reproducción y de crianza de aves está comprendida en las prohibiciones establecidas en el artículo 5, letras a) y b), de esta Directiva y, en la medida en que la perturbación que comportan tenga un efecto significativo en el objetivo de mantener o adaptar en un nivel satisfactorio la población de las especies de aves en cuestión, en la prohibición establecida en el artículo 5, letra d), de la mencionada Directiva.

Cuestiones prejudiciales cuarta a séptima

63

Mediante sus cuestiones prejudiciales cuarta a séptima, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si el artículo 9, apartado 1, letra a), tercer guion, de la Directiva sobre las aves, en relación con el artículo 2 de esta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que permite introducir excepciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 5, letras a), b) y d), de dicha Directiva para que puedan realizarse talas rasas o talas selectivas durante el período de reproducción y de crianza de las aves, con el fin de prevenir perjuicios importantes al bosque en cuanto forma de propiedad, y, en caso contrario, si esta misma Directiva es conforme con los artículos 16 y 17 de la Carta.

64

De reiterada jurisprudencia resulta que no corresponde al Tribunal de Justicia formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas [sentencia de 20 de octubre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión de la víctima de la trata de seres humanos), C‑66/21, EU:C:2022:809, apartado 82 y jurisprudencia citada].

65

A este respecto, el artículo 9, apartado 1, letra a), tercer guion, de la Directiva sobre las aves permite a los Estados miembros introducir excepciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 5 de esta Directiva, en particular para prevenir perjuicios importantes a los bosques.

66

Por otro lado, parece que tal excepción puede concederse, en Derecho estonio, en forma de una autorización de la Agencia de Medio Ambiente, conforme al artículo 55, apartados 3 a 51, de la LKS.

67

Pues bien, en este caso, de la petición de decisión prejudicial no se desprende que las recurrentes en el litigio principal hayan solicitado a las autoridades estonias que les permitan aplicar excepciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva sobre las aves, concediéndoles autorizaciones, en el sentido del artículo 55, apartados 3 a 51, de la LKS. En lo que respecta, por otro lado, en particular, a Lemeks Põlva, de la resolución de remisión se desprende que, en apelación, se constató que no invocaba la existencia de alguno de los motivos para aplicar una excepción previstos en dicha disposición.

68

Así pues, al revestir las cuestiones prejudiciales cuarta a séptima carácter hipotético, son inadmisibles.

Costas

69

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres,

2)

El artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva 2009/147