5 de marzo de 1986 ( *1 )
En el asunto 69/85,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 177 del Tratado CEE, por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante este órgano jurisdiccional entre
Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co., con domicilio social en Hamburgo,
y
República Federal de Alemania, representada por el Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Frankfurt am Main,
una decisión prejudicial sobre la validez de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de abril de 1984 y sobre la validez del artículo 1 del Reglamento n° 3429/80 (medidas de salvaguardia aplicables a la importación de conservas de setas cultivadas),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; U. Everling, K. Bahlmann y R. Joliét, Presidentes de Sala; G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T.F. O'Higgins y F. Schockweiler, Jueces,
Abogado General: Sr. G. F. Mancini
Secretano: Sr. P. Heim
oído el Abogado General,
dicta el presente
AUTO
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1 |
Mediante resolución de 21 de febrero de 1985, recibida en el Tribunal el 15 de marzo de 1985, el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main planteó, en virtud del artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la validez de la sentencia del Tribunal de 12 de abril de 1984 (asunto 345/82, Wünsche Handelsgesellschaft contra República Federal de Alemania, Rec. 1984, p. 1995) y a la validez del artículo 1 del Reglamento de la Comisión n° 3429/80, de 29 de diciembre de 1980, que establecía las medidas de salvaguardia aplicables a la importación de setas cultivadas (DO L 358, p. 66). |
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Estas cuestiones se suscitan entre las mismas partes y dentro del mismo litigio principal que originó el procedimiento prejudicial que dio lugar a la mencionada sentencia de 12 de abril de 1984. |
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En virtud del artículo 1 del Reglamento de la Comisión n° 3429/80, toda puesta en libre práctica en el interior de la Comunidad de conservas de setas cultivadas, correspondientes a la subpartida arancelaria 20.02 A del arancel aduanero común, que sobrepase las cantidades que el mismo Reglamento establece, estaba sujeta durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 1981 a la percepción de un importe suplementario de 175 ECUS por cada 100 kg netos, en concepto de «medida de salvaguardia». |
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El litigio principal surgió porque no se dispensó a la firma Wünsche, como solicitaba, del pago de estos derechos suplementarios, y porque la autoridad nacional competente invocaba el mencionado Reglamento de la Comisión n° 3429/80 como fundamento de su decisión. |
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El Verwaltungsgericht de Frankfurt am Main, a quien se sometió el litigio, dudaba sobre la validez del artículo 1 del mencionado Reglamento de la Comisión por los siguientes motivos:
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En la mencionada sentencia de 12 de abril de 1984, el Tribunal de Justicia declaró que: «El examen de la cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main no ha puesto de manifiesto elementos suficientes para cuestionar la validez del Reglamento n° 3429/80 de la Comisión.» |
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Se desprende del expediente que el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main invitó a la sociedad Wünsche a presentar sus observaciones sobre esta sentencia. La sociedad estimó que la sentencia se encontraba viciada de graves infracciones de derecho y que estas infracciones le privaban de todo efecto obligatorio. |
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El Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, en estas condiciones, decidió de nuevo aplazar su pronunciamiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión:
En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión:
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Resulta expresamente del tenor de la resolución de remisión que, mediante las cuestiones primera a tercera, el órgano jurisdiccional nacional interroga al Tribunal con objeto de saber si su citada sentencia de 12 de abril de 1984 es inválida; que mediante la cuestión cuarta se pregunta al Tribunal si, en caso de respuesta afirmativa, dicha sentencia vincula, no obstante, al juez nacional; que, por último, a través de la cuestión quinta se vuelve a preguntar al Tribunal si el artículo 1 del Reglamento de la Comisión n° 3429/80, antes citado, es válido. |
Las tres primeras cuestiones
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Considerado el objeto de estas cuestiones, procede examinar si una sentencia en la que el Tribunal se pronuncie con carácter prejudicial está incluida entre los actos de las instituciones de la Comunidad que pueden someterse a un procedimiento prejudicial para apreciar su validez conforme al artículo 177 y si el Tribunal es competente para decidir sobre dichas cuestiones. |
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La competencia del Tribunal en la materia debe expresarse desde el punto de vista del conjunto de las disposiciones del artículo 177 del Tratado y de la distribución de competencias establecida por esta disposición entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal. |
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Como ya ha reconocido el Tribunal, la cooperación judicial establecida por el artículo 177 entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal tiene como fin asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de los Estados miembros (sentencia de 1 de diciembre de 1965, asunto 16/65, Firma Schwarze contra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Rec. 1965, p. 1081). |
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De ello se sigue que una sentencia por la que el Tribunal se pronuncia con carácter prejudicial sobre la interpretación o la validez de un acto adoptado por una institución de la Comunidad resuelve, con autoridad de cosa juzgada, una o varias cuestiones de Derecho comunitario y vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal. |
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Conviene además señalar que los artículos 38 a 41 del Estatuto del Tribunal enumeran con carácter limitativo los recursos extraordinarios que permiten volver a discutir la autoridad inherente a las sentencias del Tribunal y que, dada la ausencia de partes en el proceso, estas disposiciones no son aplicables a las sentencias dictadas en materia prejudicial. |
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La autoridad de que está revestida una sentencia dictada con carácter prejudicial no obsta, sin embargo, a que el Juez nacional que es su destinatario pueda estimar necesario volver a someter la cuestión al Tribunal de Justicia antes de resolver el litigio principal. Según una jurisprudencia constante, un recurso de este tipo puede estar justificado cuando el juez nacional tropieza con dificultades de comprensión o de aplicación de la sentencia, cuando plantea al Tribunal una nueva cuestión de derecho, o incluso cuando le somete nuevos elementos de apreciación que puedan conducir al Tribunal a responder de manera diferente a una cuestión ya planteada. Pero esta facultad de volver a interrogar al Tribunal no puede permitir impugnar la validez de la sentencia ya dictada sin un replanteamiento de la distribución de competencias establecida por el artículo 177 del Tratado entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal. |
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Resulta de lo que precede que una sentencia por la que el Tribunal se pronuncia con carácter prejudicial no está entre los actos de las instituciones de la Comunidad que pueden someterse a un procedimiento prejudicial para apreciar su validez conforme al artículo 177 y que, por consiguiente, el Tribunal no es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre las tres primeras cuestiones planteadas. |
Cuestiones cuarta y quinta
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Al haberse planteado la cuarta pregunta sólo para la hipótesis de que el Tribunal hubiera reconocido la invalidez de su sentencia de 12 de abril de 1984, no ha lugar a pronunciarse sobre ella. |
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Mediante la quinta cuestión el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main se limita a volver a plantear al Tribunal la cuestión de la validez del artículo 1 del Reglamento n° 3429/80 que fue objeto de la mencionada sentencia de 12 de abril de 1984, sin aportar elementos de apreciación, en particular en lo que se refiere a las estadísticas, que no hayan sido ya examinados por el Tribunal en la instancia anterior. Resulta de lo que precede que no ha lugar tampoco a pronunciarse sobre esta quinta cuestión. |
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Dado que el Tribunal puede en todo momento, en virtud del artículo 92, párrafo 2, del Reglamento de Procedimiento, examinar de oficio los motivos de inadmisión de orden público, ha decidido pronunciarse sin procedimiento oral, en las condiciones previstas en el artículo 91, párrafos 3 y 4, del mismo Reglamento. |
Costas
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Los gastos efectuados por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente planteado ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. |
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En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA resuelve |
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Luxemburgo, el 5 de marzo de 1986. El Secretario P. Heim El Presidente A. J. Mackenzie Stuart |
( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.