<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRCJ2000ESB.0700603101.case.xml"><NO.CASE>C-8/99 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61999O0008</NO.CELEX><NO.SEQ>0009.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>6033</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>6047</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>15</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="20000713">13.7.2000</DATE> — ASUNTO C-8/99 P</LEFT><RIGHT>GÓMEZ DE ENTERRÍA Y SÁNCHEZ / PARLAMENTO</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Segunda)</P><P>de <DATE ISO="20000713">13 de julio de 2000</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto C-8/99 P,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Carmen Gómez de Enterría y Sánchez,</HT> antigua funcionaria del Parlamento Europeo, con domicilio en Luxemburgo (Luxemburgo), representada por M<HT TYPE="SUP">e</HT> E. Boigelot, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">c</HT> L. Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,</P><PARTY.STATUS>parte recurrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><P>que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) de <DATE ISO="19981117">17 de noviembre de 1998</DATE>, Gómez de Enterría y Sánchez/Parlamento (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-131/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-1855" PAGE.SUM="I-A-613">T-131/97, RecFP pp. I-A-613 y II-1855</REF.DOC.ECR>), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,</P><AGAINST>y en el que la otra parte en el procedimiento es:</AGAINST><DEFENDANTS><P>Parlamento Europeo, representado por los Sres. M. Peter, Jefe de División del Servicio Jurídico, y J. Sant'Anna, miembro del mismo Servicio, en calidad de<?PAGE NO="I-6034"?> Agentes, asistidos por M<HT TYPE="SUP">e</HT> D. Waelbroeck, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo la Secretaría General del Parlamento Europeo, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>parte demandada en primera instancia,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),</P><P>integrado por los Sres. R. Schintgen, Presidente de Sala, G. Hirsch (Ponente) y V. Skouris, Jueces;</P><P>Abogado General: Sr. N. Fennelly;</P><P>Secretario: Sr. R. Grass;</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>oído el Abogado General;</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el <DATE ISO="19990114">14 de enero de 1999</DATE>, la Sra. Gómez de Enterría y Sánchez, antigua funcionaria del Parlamento Europeo, interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE y a las disposiciones correspondientes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19981117">17 de noviembre de 1998</DATE>, Gómez de Enterría y Sánchez/Parlamento (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-131/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-1855" PAGE.SUM="I-A-613">T-131/97, RecFP pp. I-A-613 y II-1855</REF.DOC.ECR>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>sentencia impugnada<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>),<?PAGE NO="I-6035"?> por la que se desestimó su recurso de anulación de la Decisión adoptada por el Parlamento en su reunión de <DATE ISO="19960715">15</DATE> y <DATE ISO="19960716">16 de julio de 1996</DATE>, con arreglo al artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, sobre el cese en su puesto de trabajo y la desestimación de sus candidaturas a otros dos empleos del mismo grado (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Decisión controvertida<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con relación al marco jurídico y fáctico del litigio, se hace remisión, respectivamente, a los apartados 1 a 3 y 4 a 20 de la sentencia impugnada.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La sentencia impugnada</P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>El Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso en la medida en que pretendía la anulación de la parte dispositiva de la Decisión controvertida que confirma que no se admitió la candidatura de la demandante al puesto de director general de la Dirección General Servicios Parlamentarios (DG 1) del Parlamento, porque dicha candidatura había sido desestimada por la Mesa del Parlamento (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Mesa<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), como Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> AFPN<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), el <DATE ISO="19950202">2 de febrero de 1995</DATE>, y no se había interpuesto reclamación ni recurso de anulación.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Sobre el fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el primer motivo, basado en una violación del artículo 176, párrafo primero, del Tratado CE (actualmente artículo 233 CE, párrafo primero), porque la reincorporación de la demandante en sus funciones no era la única medida posible para garantizar la plena ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE>, Gómez de Enterría y Sánchez/Parlamento (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-82/95" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-599" PAGE.SUM="I-A-211">T-82/95, RecFP pp. I-A-211 y II-599</REF.DOC.ECR>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE><QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>), que había anulado una primera Decisión de la Mesa, de <DATE ISO="19941130">30 de noviembre de 1994</DATE>, sobre el cese de la demandante. Según el Tribunal de Primera Instancia, la solución elegida por el Parlamento, consistente en regularizar con efecto retroactivo la situación administrativa y económica de la demandante, permitía conciliar los intereses de ésta con los del servicio y los del nuevo director general, nombrado para su antiguo puesto en septiembre de 1995, y era conforme con las exigencias de buena administración (apartado 38).</TXT></NP><?PAGE NO="I-6036"?><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>El Tribunal de Primera Instancia apreció, además, que la Decisión controvertida no podía considerarse ilegal por el mero hecho de que se refería explícitamente a la Decisión anulada por la sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE>, porque su parte dispositiva y el procedimiento que había conducido a su adopción eran diferentes (apartado 39).</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Por lo que se refiere al segundo motivo, basado en una violación de los derechos de defensa, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, no siendo objeto de litigio entre las partes que el escrito de observaciones de la demandante, de <DATE ISO="19960704">4 de julio de 1996</DATE>, dirigido al Presidente del Parlamento, estaba anexo a la nota confidencial del Secretario General del Parlamento (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Secretario General<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>) y esta última había sido comunicada a los miembros de la Mesa durante su reunión de <DATE ISO="19960715">15</DATE> y <DATE ISO="19960716">16 de julio de 1996</DATE>, correspondía a la demandante aportar la prueba de que la Mesa no había tomado en consideración sus observaciones de <DATE ISO="19960704">4 de julio de 1996</DATE>, prueba que la demandante no había aportado (apartados 43 y 44).</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>En cuanto al tercer motivo, basado en una falta de motivación, el Tribunal de Primera Instancia apreció que la motivación de la Decisión controvertida permitía identificar fácilmente el objetivo del cese aplicado a la demandante, a saber, la firme intención de la Mesa de reestructurar toda la Secretaría General, en particular, los servicios de la Traducción, y debía, en consecuencia, considerarse suficiente (apartados 50 y 51).</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>En relación con el cuarto motivo, basado en el desconocimiento del interés del servicio, el Tribunal de Primera Instancia, después de haber analizado si el Parlamento había realizado efectivamente un examen escrupuloso de los diferentes intereses en juego, concluyó que el Parlamento no había desconocido el interés del servicio (apartados 57 a 59).</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Respecto al quinto motivo, basado en una desviación de poder, el Tribunal de Primera Instancia apreció que, puesto que la Decisión controvertida no había sido considerada contraria al interés del servicio, no podía hablarse de una desviación de poder (apartado 62).</TXT></NP><?PAGE NO="I-6037"?><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Finalmente, por lo que se refiere al sexto motivo, basado en el incumplimiento de un plazo razonable, el Tribunal de Primera Instancia comprobó que, aunque la Decisión controvertida había sido comunicada con un retraso lamentable, este retraso no había perjudicado los derechos de la demandante, que había podido interponer de modo regular una reclamación y después un recurso de anulación (apartado 69).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>El recurso de casación</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Mediante su recurso de casación, la Sra. Gómez de Enterría y Sánchez solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia impugnada y, resolviendo él mismo sobre el fondo del asunto, la Decisión controvertida.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>En apoyo de su recurso, ella invoca cinco motivos basados, respectivamente, en una violación del artículo 176 del Tratado y del principio general del Derecho de fuerza de cosa juzgada, en una falta de motivación, en una violación de los derechos de defensa, en una violación del artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Estatuto<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>) y en el incumplimiento del plazo previsto en el artículo 25, párrafo segundo, de dicho Estatuto.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>El Parlamento solicita que se desestime el recurso de casación por infundado y se condene en costas a la demandante.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-6038"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el motivo basado en la violación del artículo 176 del Tratado y del principio general del Derecho de fuerza de cosa juzgada</P></TI></TITLE><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Mediante su primer motivo, la demandante imputa al Tribunal de Primera Instancia haber violado el artículo 176 del Tratado y el principio general del Derecho de fuerza de cosa juzgada de una resolución judicial.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Según ella, el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente, en el apartado 38 de la sentencia impugnada, que la anulación de una Decisión sobre cese en el puesto de trabajo no implica necesariamente la reincorporación del funcionario afectado. En su opinión, no existe otro modo de reparar un cese que restituyendo al funcionario en el puesto del que se le ha cesado ilegalmente.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Además, alega que, contrariamente a la afirmación del Tribunal de Primera Instancia, su situación no ha sido regularizada. En efecto, no se encuentra en ninguna de las situaciones estatutarias previstas en el artículo 35 del Estatuto.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Finalmente, sostiene que la Decisión controvertida, que es la segunda Decisión sobre su cese, no es otra cosa que la confirmación de la Decisión anulada por la sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE> y que dicha confirmación constituye necesariamente una violación del artículo 176 del Tratado.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6039"?><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>En el apartado 38 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia destacó que, aunque la reincorporación de un funcionario no puede excluirse <HT TYPE="ITALIC">a priori</HT> del conjunto de medidas destinadas a la plena ejecución de una sentencia que anule una Decisión de cese, en el presente caso, la reincorporación de la demandante en su empleo no era la única medida posible para garantizar la plena ejecución de la sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE>. Según el Tribunal de Primera Instancia, una solución consistente en obligar a la Institución a reintegrar al interesado en sus funciones, cuando se anula una Decisión sobre cese en el puesto de trabajo, hubiera sido excesiva en el presente asunto, puesto que la anulación de la Decisión sobre el cese de la demandante había venido a sancionar una violación de su derecho a defender sus intereses y se había adoptado la Decisión controvertida al final de un procedimiento incoado precisamente para subsanar lo anterior. Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia apreció que la solución elegida por la parte demandada, consistente en regularizar retroactivamente la situación administrativa y económica de la demandante, permitía conciliar los intereses de ésta con los del servicio y los del nuevo director general nombrado para su antiguo puesto en septiembre de 1995, y era conforme con las exigencias de buena administración.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 176 del Tratado, la Institución de la que emane el acto anulado estará obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de anulación.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Resulta de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, para adecuarse a la sentencia de anulación y dar plena ejecución a la misma, la Institución está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos motivos, en efecto, identifican por una parte la concreta disposición considerada ilegal y revelan por otra parte las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado (sentencia de <DATE ISO="19880426">26 de abril de 1988</DATE>, Asteris y otros/Comisión, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="97/86+193/86+99/86+215/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="2181">97/86, 193/86, 99/86 y 215/86, Rec. p. 2181, apartado 27</REF.DOC.ECR>). El procedimiento destinado a sustituir dicho acto puede así reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (véanse las sentencias de <DATE ISO="19860703">3 de julio de 1986</DATE>, Consejo/Parlamento, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="34/86" YEAR="1986" PAGE.ECR="2155">34/86, Rec. p. 2155, apartado 47</REF.DOC.ECR>, y de <DATE ISO="19981112">12 de noviembre de 1998</DATE>, España/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-415/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-6993">C-415/96, Rec. p. I-6993, apartado 31</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-6040"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Mediante la sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE>, el Tribunal de Primera Instancia anuló la primera Decisión de la Mesa, de <DATE ISO="19941130">30 de noviembre de 1994</DATE>, destinada, sobre la base del artículo 50 del Estatuto, a cesar en su empleo de grado A 1 a la demandante, porque la interesada no había tenido oportunidad de defender eficazmente sus intereses.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Del apartado 10 de la sentencia impugnada se desprende que, mediante escrito de <DATE ISO="19960523">23 de mayo de 1996</DATE>, el Presidente del Parlamento informó a la demandante de que, en su reunión de <DATE ISO="19960520">20 de mayo de 1996</DATE>, la Mesa, como AFPN, había examinado las consecuencias que debían extraerse de la sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE> y había decidido reanudar el procedimiento destinado a aplicarle una medida de cese en el puesto de trabajo para darle la oportunidad de defender eficazmente sus intereses.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>También se deriva del apartado 11 de la sentencia impugnada que, el <DATE ISO="19960625">25 de junio de 1996</DATE>, la demandante tuvo una entrevista con el Secretario General. Dicha entrevista trató, en especial, de los motivos que habían conducido a la Mesa a proyectar la adopción de la medida de cese de la demandante.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>De acuerdo con las comprobaciones del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 14 de la sentencia impugnada, el acta de esta entrevista, de <DATE ISO="19960626">26 de junio de 1996</DATE>, y las observaciones de la demandante sobre dicha acta, de <DATE ISO="19960711">11 de julio de 1996</DATE>, fueron comunicadas a los miembros de la Mesa durante su reunión de <DATE ISO="19960715">15</DATE> y <DATE ISO="19960716">16 de julio de 1996</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>En consecuencia, puesto que el Parlamento escuchó a la demandante respecto a la aplicación del artículo 50 del Estatuto y reanudó el procedimiento en el momento en el que se había producido la ilegalidad comprobada en la sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE>, las medidas adoptadas por el Parlamento para ejecutar dicha sentencia han subsanado el vicio de forma comprobado en dicha sentencia. Sobre esta cuestión, la Decisión controvertida no es, por tanto, incompatible con el artículo 176 del Tratado.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6041"?><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Respecto a la cuestión de si es erróneo que la demandante no haya sido reincorporada en los servicios del Parlamento entre el <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE>, fecha de la sentencia que anuló la primera Decisión, de <DATE ISO="19941130">30 de noviembre de 1994</DATE>, sobre el cese de la demandante, y el <DATE ISO="19961101">1 de noviembre de 1996</DATE>, fecha en la que tuvo efecto el cese en virtud de la Decisión controvertida, el Tribunal de Primera Instancia no ha examinado si dicha cuestión era objeto de la Decisión controvertida. En todo caso, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual, habida cuenta de los intereses en juego, las medidas adoptadas por el Parlamento, a saber, la regularización de la situación administrativa y económica de la demandante por un período limitado, durante el cual ella pretende que debería haber sido reincorporada, eran apropiadas, no adolece de ningún error de Derecho. Sobre este punto, el motivo es, por tanto, manifiestamente infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Finalmente, en la medida en que la Decisión controvertida confirma la Decisión anulada de <DATE ISO="19941130">30 de noviembre de 1994</DATE> sobre el cese de la demandante, procede destacar que, aunque la utilización de la palabra <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>confirmar<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> en el Decisión controvertida pueda parecer ambigua, resulta de los apartados 19 a 25 del presente auto que, respecto al fondo, esta Decisión no es contraria al artículo 176 del Tratado. Sobre este punto, el motivo también es manifiestamente infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Se puede afirmar lo mismo de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de <DATE ISO="19960514">14 de mayo de 1996</DATE>. En efecto, este principio no impide en absoluto que el Parlamento extraiga, conforme al artículo 176 del Tratado, las consecuencias de dicha sentencia subsanando el vicio de forma comprobado anteriormente.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>En consecuencia, el primer motivo debe desestimarse totalmente por manifiestamente infundado.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-6042"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el motivo basado en la falta de motivación</P></TI></TITLE><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Mediante su segundo motivo la demandante reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber violado el artículo 190 del Tratado CE (actualmente artículo 253 CE), los artículos 25, párrafo segundo, y 50 del Estatuto, y el principio general del Derecho según el cual una Decisión debe basarse en motivos pertinentes. Según la demandante, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a examinar si podía, formalmente, conocer la motivación del cese sin explicar en qué medida ésta podía justificar la Decisión de cese adoptada respecto a ella.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la motivación de una Decisión que implique una acusación, exigida por el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, debe, por una parte, permitir al Juez comunitario controlar su legalidad y, por otra, proporcionar al interesado indicaciones suficientes para saber si la decisión está fundada. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido'del acto y de la naturaleza de los motivos invocados (sentencia de <DATE ISO="19981119">19 de noviembre de 1998</DATE>, Parlamento/Gaspari, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-316/97 P" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-7597">C-316/97 P, Rec. p. I-7597, apartado 26</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>A este respecto procede destacar que, según el apartado 50 de la sentencia impugnada, la motivación de la Decisión controvertida permite identificar fácilmente el objetivo del cese aplicado a la demandante, a saber, <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>la firme intención de la Mesa de reestructurar toda la Secretaría General, en particular, los servicios de la Traducción<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Además, con motivo de su entrevista con el Secretario General, el <DATE ISO="19960625">25 de junio de 1996</DATE>, la demandante fue informada con todo detalle de los motivos que dieron lugar a la Decisión controvertida. Como se recuerda en el apartado 24 del presente auto, dichos motivos están resumidos en el acta de <DATE ISO="19960626">26 de junio de 1996</DATE>, al que se acompañaron las observaciones de la demandante.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6043"?><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Por tanto, debe desestimarse el segundo motivo por manifiestamente infundado.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el motivo basado en la violación de los derechos de defensa</P></TI></TITLE><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Mediante su tercer motivo la demandante alega que la Mesa, que adoptó la Decisión controvertida, no hizo mención, entre los distintos documentos citados expresamente en el acta de su reunión y de los que afirma haber tenido conocimiento, del importante escrito de observaciones de la demandante de <DATE ISO="19960704">4 de julio de 1996</DATE>. No obstante, dicho documento es esencial para el ejercicio de los derechos de defensa.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Según la demandante, el Tribunal de Primera Instancia apreció erróneamente, en el apartado 44 de la sentencia impugnada, que le correspondía a ella presentar la prueba de que sus observaciones de 4 de julio no habían sido tenidas en cuenta por la Mesa. Para ella es imposible aportar tal prueba.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>A este respecto basta con recordar que, según las comprobaciones del Tribunal de Primera Instancia que se encuentran en los apartados 14 y 43 de la sentencia impugnada, la Mesa, durante su reunión de <DATE ISO="19960715">15</DATE> y <DATE ISO="19960716">16 de julio de 1996</DATE>, examinó la cuestión de la aplicación del artículo 50 del Estatuto a la demandante. Así, tuvo en cuenta la nota confidencial del Secretario General, de <DATE ISO="19960709">9 de julio de 1996</DATE>, la cual incluía en anexo el escrito de observaciones de la demandante de <DATE ISO="19960704">4 de julio de 1996</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Por tanto, puesto que este escrito forma parte del expediente que la Mesa examinó en su reunión de <DATE ISO="19960715">15</DATE> y <DATE ISO="19960716">16 de julio de 1996</DATE> durante la cual adoptó la Decisión controvertida, no puede acogerse el motivo basado en la violación de los<?PAGE NO="I-6044"?> derechos de defensa. Habida cuenta de estas comprobaciones, el Tribunal de Primera Instancia pudo deducir válidamente que no se habían violado los derechos de defensa. En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo por manifiestamente infundado.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el motivo basado en la violación del artículo 50 del Estatuto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>En apoyo de su cuarto motivo, la demandante alega una violación del artículo 50 del Estatuto.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Según ella, por una parte, el Tribunal de Primera Instancia se basó en un fundamento jurídico erróneo al destacar, en la exposición del marco jurídico del litigio, en los apartados 1 a 3 de la sentencia impugnada, una supuesta relación necesaria entre las disposiciones del artículo 29 del Estatuto y las del artículo 50 del Estatuto, más concretamente sus tres primeros párrafos. Según ella no existe tal relación necesaria entre el modo de selección y la medida de cese del funcionario.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Por otra parte, según ella, el Tribunal de Primera Instancia apreció erróneamente, en los apartados 55 a 59 de la sentencia impugnada, que el Parlamento no había desconocido el interés del servicio. Sin impugnar la facultad discrecional de apreciación de que dispone la AFPN en el marco de las valoraciones necesarias en interés del servicio, la demandante estima que, en el presente asunto, el interés del servicio parece expresarse con relación al titular del puesto y no respecto a la propia función. Pues bien, no se demostró en ningún momento que las cualidades profesionales de la demandante no podían satisfacer las exigencias del servicio.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Por lo que se refiere a la primera parte de este motivo, basta con señalar que, en la medida en que critica la mera cita de disposiciones reglamentarias en la sentencia impugnada y no la parte de la sentencia que contiene la motivación jurídica de su fallo, esta parte del motivo es manifiestamente inadmisible.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6045"?><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>En relación con la segunda parte del motivo, procede destacar que ésta se confunde en parte con el motivo basado en la falta de motivación. A este respecto, se hace remisión a los apartados 30 a 34 del presente auto.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Además, se desprende de los apartados 55 a 59 de la sentencia impugnada que el Tribunal de Primera Instancia examinó cuidadosamente la legalidad de la Decisión controvertida respecto al interés del servicio. Este examen llevó a la conclusión de que, aplicando el artículo 50 del Estatuto a la demandante, el Parlamento no había desconocido el interés del servicio. Por lo que se refiere a la apreciación de hecho, la demandante no puede cuestionarla en el marco del presente procedimiento. Por tanto, también debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de la segunda parte de este motivo.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el motivo basado en el incumplimiento del plazo previsto en el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Finalmente, mediante su quinto motivo, la demandante reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber violado el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto. Según ella, la sentencia impugnada contiene una contradicción en la motivación al indicar, en el apartado 69, que <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/> se comunicó la Decisión [controvertida] con un retraso lamentable<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, mientras que el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto impone la comunicación <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/> inmediatamente <QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> al funcionario interesado.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada en el apartado 69 de la sentencia impugnada, un retraso en la comunicación de una Decisión individual al interesado no puede implicar la anulación de ésta, dado<?PAGE NO="I-6046"?> que la comunicación es un acto posterior a la Decisión y, por tanto, no influye en el contenido de ésta.</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>En consecuencia, el motivo invocado por la demandante para impugnar la legalidad de la Decisión controvertida es inoperante y debe desestimarse por manifiestamente infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Al no haber sido acogido ninguno de los motivos invocados, procede, con arreglo al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, desestimar el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>A tenor del artículo <HT TYPE="ITALIC">69,</HT> apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, quien pierda el proceso será condenado en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Aunque el artículo 70 del mismo Reglamento disponga que en los recursos de funcionarios, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido, esta disposición, en virtud del artículo 122, párrafo segundo, no es aplicable a los recursos de casación interpuestos por los funcionarios y otros agente de las Instituciones. El Parlamento ha solicitado la condena en costas de la Sra. Gómez de Enterría y Sánchez. Por haber sido desestimado el recurso formulado por ésta, procede condenarla en costas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-6047"?><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Desestimar el recurso de casación.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenar en costas a la Sra. Carmen Gómez de Enterría y Sánchez.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="20000713">13 de julio de 2000</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>R. Grass</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente de la Sala Segunda</P><P>R. Schintgen</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>