–

en nombre de AR, por los Sres. G. Rinaldi y N. Zampieri, avvocati;

–

en nombre de Anief — Associazione Professionale e Sindacale, por los Sres. A. Dal Ferro, F. Ganci y W. Miceli, avvocati;

–

en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino y la Sra. G. Palmieri, en calidad de agentes, asistidos por las Sras. A. Berti Suman y L. Fiandaca, avvocati dello Stato;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. S. Delaude y D. Recchia, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 157 TFUE, de los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43), de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO 2000, L 180, p. 22), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16), del artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH), y de la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, en su versión revisada (en lo sucesivo, «Carta Social Europea»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre AR y el Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ministerio de Educación y del Mérito, Italia; en lo sucesivo, «Ministerio de Educación») en relación con la determinación de la antigüedad de aquel.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

Según la cláusula 1 del Acuerdo Marco, este tiene por objeto, por un lado, mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación y, por otro lado, establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

4

La cláusula 2 del Acuerdo Marco, titulada «Ámbito de aplicación», establece en su punto 1:

5

La cláusula 3 del Acuerdo Marco, titulada «Definiciones», tiene el siguiente tenor:

6

La cláusula 4 del Acuerdo Marco, titulada «Principio de no discriminación», establece:

Derecho italiano

7

El artículo 485 del decreto legislativo n.o 297 — Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Decreto Legislativo n.o 297 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales aplicables en materia de enseñanza, relativas a las escuelas de cualquier tipo y grado), de 16 de abril de 1994 (GURI n.o 115, de 19 de mayo de 1994, suplemento ordinario n.o 79) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 297/1994»), dispone:

8

El artículo 1 de la legge n.o 62 — Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione (Ley n.o 62 sobre Normas para la Igualdad Académica y Disposiciones relativas al Derecho a la Enseñanza y a la Formación), de 10 de marzo de 2000 (GURI n.o 67, de 21 de marzo de 2000) (en lo sucesivo, «Ley n.o 62/2000»), dispone:

9

El artículo 2, apartado 2, del decreto-legge n.oo 255 — Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002 (Decreto-ley n.o 255 sobre Disposiciones Urgentes para Asegurar el Inicio Ordenado del Curso Escolar 2001/2002), de 3 de julio de 2001 (GURI n.o 153, de 4 de julio de 2001) (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 255/2001»), prevé que, en vez de organizar oposiciones para personal docente fijo, el Ministerio de Educación puede utilizar listas (bolsas de trabajo) permanentes, que tendrán vigencia hasta que se agoten, en el marco de las cuales «los servicios de enseñanza prestados desde el 1 de septiembre de 2000 en los centros equiparados […] se valorarán de igual forma que el servicio prestado en los centros de enseñanza estatales».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10

AR, que es un profesor con habilitación para enseñar lengua italiana, historia y geografía, trabajó en un centro de enseñanza «equiparado», en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Ley n.o 62/2000, entre los años 2002 y 2007 en virtud de cinco contratos temporales.

11

El 1 de septiembre de 2008, el Ministerio de Educación contrató por tiempo indefinido a AR para ejercer su profesión de docente en un centro de enseñanza estatal. Al efectuar la reconstitución de la carrera de este profesor con motivo de su contratación, el Ministerio lo clasificó en el nivel salarial de «cero años de antigüedad». En efecto, el Ministerio consideró esencialmente que el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 no permite computar, a los efectos de fijar la antigüedad del demandante en el litigio principal, los años que había estado empleado en el centro de enseñanza equiparado.

12

AR ha interpuesto ante el Tribunale di Padova (Tribunal de Padua, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, recurso con la pretensión de que el Ministerio de Educación compute la antigüedad que considera haber adquirido en el centro de enseñanza equiparado y alega, a tal efecto, que el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 infringe la cláusula 4 del Acuerdo Marco y los artículos 20 y 21 de la Carta.

13

El 25 de febrero de 2022, la organización sindical sin ánimo de lucro Anief — Associazione Professionale e Sindacale intervino en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente.

14

El referido órgano jurisdiccional puntualiza que, en virtud del Decreto Legislativo n.o 297/1994, el Ministerio de Educación reconocía tres tipos de centros de enseñanza privados como equivalentes a los centros de enseñanza estatales: los centros de enseñanza homologados, los centros de enseñanza reconocidos por la ley y los centros de enseñanza asimilados. El referido Decreto Legislativo preveía, además, que la experiencia docente que los profesores hubieran adquirido, en particular, en centros de enseñanza asimilados y en centros de enseñanza homologados debía computarse al reconstituir la carrera de esos profesores con ocasión de su contratación con carácter fijo por parte de dicho ministerio.

15

El órgano jurisdiccional remitente señala que la Ley n.o 62/2000 sustituyó esas tres categorías de centros de enseñanza privados por una única categoría de centros de enseñanza: los denominados «centros de enseñanza equiparados». En virtud del artículo 2, apartado 2, del Decreto-ley n.o 255/2001, la experiencia profesional que los profesores hayan adquirido en centros de enseñanza que, con posterioridad al 1 de septiembre de 2000, hayan sido reconocidos como centros de enseñanza equiparados se valora, a los efectos de su contratación como personal fijo por parte de ese ministerio, de igual forma que la adquirida en los centros de enseñanza estatales. Sin embargo, de la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) resulta que esa primera experiencia no puede computarse, en la reconstitución de la carrera de dichos profesores que se realiza con ocasión de su contratación como personal fijo por parte del Ministerio de Educación, para determinar el grado de antigüedad que se les debe atribuir, habida cuenta, en concreto, de que no hay ninguna disposición legislativa que permita computar esa experiencia.

16

El órgano jurisdiccional remitente duda de que no computar, a los efectos de la determinación de la remuneración de esos profesores, la experiencia profesional adquirida en los centros de enseñanza equiparados sea compatible con la cláusula 4 del Acuerdo Marco.

17

En efecto, a su criterio, no computar tal experiencia supondría dar a los profesores que han trabajado en virtud de relaciones temporales en los centros de enseñanza equiparados un trato menos favorable que a los profesores que han cumplido un mismo período de trabajo con contratos fijos en los centros de enseñanza estatales —para los que la experiencia docente computa a la hora de determinar su remuneración—, sobre la base de que los primeros profesores mencionados no han superado una oposición de acceso a la función pública.

18

Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, las situaciones en que se hallan estas dos categorías de profesores son comparables, habida cuenta de que no hay ninguna diferencia entre las funciones, la formación, las tareas y las obligaciones profesionales de los profesores fijos que desempeñan sus funciones en centros de enseñanza estatales y las de los profesores temporales que desempeñan sus funciones en centros de enseñanza equiparados y de que la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) ha reconocido que estas dos categorías de centros de enseñanza son «de todo punto» idénticas.

19

Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente considera que el hecho de que los centros de enseñanza equiparados sean de titularidad privada no justifica que no se compute, para determinar la remuneración, la experiencia adquirida en ellos. En efecto, la competencia que se gana con la experiencia no tiene conexión alguna con la naturaleza privada o pública del empleador. Además, el legislador nacional ha permitido que computen, a efectos de antigüedad, los períodos docentes trabajados para empleadores tanto privados como públicos, incluidos los de los profesores temporales en los centros de enseñanza estatales.

20

El órgano jurisdiccional remitente señala que no computar esos períodos tampoco se justifica por las diferencias entre las modalidades de contratación de los profesores en los centros de enseñanza equiparados y las modalidades de contratación de los profesores en los centros de enseñanza estatales. En efecto, la existencia de una oposición para acceder a la docencia como personal fijo en los centros de enseñanza estatales no es pertinente, puesto que el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 dispone que, a efectos de calcular la antigüedad con ocasión de la contratación como personal fijo por parte del Ministerio de Educación, computan los períodos trabajados tanto en los centros de enseñanza a los que los profesores acceden por oposición como en aquellos centros de enseñanza en que no es así.

21

El órgano jurisdiccional remitente considera que no computar, para determinar la remuneración, el trabajo docente desempeñado en centros de enseñanza equiparados también contraviene el principio de igualdad de trato, consagrado en los artículos 20 y 21 de la Carta. A este respecto, señala que la norma nacional controvertida en el litigio principal establece una diferencia de trato injustificada entre los profesores de centros de enseñanza equiparados y los profesores, en particular, de los antiguos centros de enseñanza asimilados y homologados, que se convirtieron en «centros de enseñanza equiparados» durante el año 2000. En efecto, la experiencia adquirida en un centro de enseñanza equiparado tiene una calidad y un valor superiores a la experiencia adquirida en otros centros de enseñanza privados. Sin embargo, en virtud del artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994, la única experiencia que puede computarse para el reconocimiento de una determinada antigüedad es esta última.

22

Dicho órgano jurisdiccional señala que, asimismo, el referido artículo 485 es contrario al principio general de igualdad de trato porque establece una diferencia de trato entre los profesores de los centros de enseñanza equiparados y los profesores temporales de los centros de enseñanza estatales.

23

Según el órgano jurisdiccional remitente, la Carta es aplicable en el presente asunto porque, por un lado, este asunto tiene por objeto determinar si no computar el trabajo temporal desempeñado en los centros de enseñanza equiparados —como prevé el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994— se ajusta al objetivo perseguido por el Acuerdo Marco de mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto del principio de no discriminación y porque, por otro lado, el demandante en el litigio principal es un «trabajador con contrato de duración determinada», en el sentido de la cláusula 3, punto 1, de este Acuerdo Marco. Asimismo, un acto de Derecho nacional es un acto de «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, cuando trata una materia sobre la que la Unión Europea tiene competencia. El presente asunto, que versa sobre las condiciones en que computan los períodos de docencia de los profesores temporales a los efectos de determinar su remuneración con ocasión de su contratación como personal fijo por parte del Ministerio de Educación, se enmarca indubitadamente en el concepto de «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido de dicho artículo 51, apartado 1, pues tiene por objeto la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco. A este respecto, concluye el órgano jurisdiccional remitente, ha de examinarse la compatibilidad del artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 con los principios de igualdad de trato y de no discriminación en las condiciones de trabajo, también consagrados en el artículo 157 TFUE, en el artículo 14 del CEDH, en la Carta Social Europea y en las Directivas 2000/43 y 2000/78.

24

En tales circunstancias, el Tribunale di Padova (Tribunal de Padua) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera y tercera

Sobre la admisibilidad de la tercera cuestión prejudicial

25

Con carácter preliminar, ha de señalarse que, en sus observaciones escritas, la Comisión Europea alega, en particular, que la tercera cuestión prejudicial es inadmisible porque el órgano jurisdiccional remitente no ha establecido ningún vínculo entre el artículo 21 de la Carta, al que se hace mención en esta cuestión prejudicial, y la norma nacional controvertida en el litigio principal.

26

Además, según la Comisión, dicha cuestión prejudicial versa sobre la diferencia de trato entre, por una parte, los profesores temporales de centros de enseñanza equiparados, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Ley n.o 62/2000, y, por otra parte, los profesores, también temporales, de los centros de enseñanza privados anteriores a la creación de los centros de enseñanza equiparados y de los centros de enseñanza estatales. Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el principio de no discriminación se ha aplicado y concretado mediante el Acuerdo Marco únicamente en lo referente a las diferencias de trato entre trabajadores temporales y trabajadores fijos que se encuentren en una situación comparable, excluyéndose las diferencias de trato entre determinadas categorías de personal temporal.

27

A este respecto, ha de considerarse, en primer lugar, que, en la medida en que la alegación expuesta en el apartado anterior trata de la aplicabilidad del principio de no discriminación y del Acuerdo Marco a una diferencia de trato como la controvertida en el litigio principal, esta problemática se encuadra en el fondo de la tercera cuestión prejudicial, y no en su admisibilidad, de modo que debe examinarse en el marco del examen del fondo de dicha cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 19 de septiembre de 2024, Consiglio nazionale delle Ricerche, C‑439/23, EU:C:2024:773, apartado 27 y jurisprudencia citada).

28

En segundo lugar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este respete escrupulosamente los requisitos relativos al contenido de la petición de decisión prejudicial expresamente mencionados en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que se suponen conocidos por el órgano jurisdiccional remitente (sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, apartado 68 y jurisprudencia citada).

29

De esta manera, es indispensable, como dispone el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, que la petición de decisión prejudicial contenga la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal (sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, apartado 69 y jurisprudencia citada).

30

En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial resulta que el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto de manera suficiente la relación que, a su juicio, existe entre la norma nacional controvertida en el litigio principal y los principios de igualdad de trato y de no discriminación, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Carta, y ha concretado las razones por las que la interpretación de estos principios le parece necesaria.

31

De los anteriores razonamientos se sigue que la tercera cuestión prejudicial es admisible.

Sobre el fondo

32

Con carácter preliminar, ha de señalarse que, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se interpreten la cláusula 4 del Acuerdo Marco y los principios de igualdad de trato y de no discriminación, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Carta.

33

Es preciso recordar, a este respecto, que el principio de no discriminación recogido en el artículo 21, apartado 1, de la Carta es una manifestación específica principio de igualdad de trato, que constituye un principio general del Derecho de la Unión y que se consagra en el artículo 20 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2024, Dumitrescu y otros/Comision y Tribunal de Justicia, C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, apartados 65 y 66).

34

Pues bien, en lo referente a las diferencias de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores con contrato indefinido que se encuentran en una situación comparable, estos principios han sido aplicados y concretados por la Directiva 1999/70, y en particular por la cláusula 4 del Acuerdo Marco que figura en el anexo de esta Directiva [véanse, en este sentido, el auto de 11 de noviembre de 2010, Vino, C‑20/10, EU:C:2010:677, apartado 56, y la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri y otros (Investigadores universitarios), C‑40/20 y C‑173/20, EU:C:2022:985, apartado 87].

35

En el presente caso, en la medida en que las cuestiones prejudiciales primera y tercera tienen por objeto tal diferencia de trato, han de examinarse exclusivamente a la luz de esta Directiva y del Acuerdo Marco (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de julio de 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, apartado 20, y, por analogía, de 15 de mayo de 2025, Melbán y Sergamo, C‑623/23 y C‑626/23, EU:C:2025:358, apartado 49).

36

En consecuencia, ha de considerarse que, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la cláusula 4 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que no contempla que computen, a los efectos de determinar la antigüedad y la remuneración de los profesores con ocasión de su contratación en un centro de enseñanza estatal como personal fijo, los períodos de servicio que hayan cumplido previamente en virtud de empleos temporales en ciertos centros de enseñanza cuyo funcionamiento y organización no dependen del Estado, pero que, en virtud de esta norma, se equiparan a los centros de enseñanza estatales, aun cuando dicha norma dispone que los períodos de servicio cumplidos por los profesores empleados en los centros de enseñanza estatales, en particular como personal fijo, computan para determinar su antigüedad y remuneración.

37

Por lo que respecta a la aplicabilidad del Acuerdo Marco a un profesor que se encuentra en la situación de AR, ha de recordarse que este Acuerdo Marco se aplica a todos los trabajadores cuyas prestaciones sean retribuidas en el ámbito de una relación laboral de duración determinada que los vincule a su empresario. El mero hecho de que el interesado haya adquirido la condición de trabajador fijo no excluye la posibilidad de que pueda invocar en determinadas circunstancias el principio de no discriminación enunciado en la cláusula 4 del Acuerdo Marco (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, apartados 33 y 34, y de 19 de septiembre de 2024, Consiglio nazionale delle Ricerche, C‑439/23, EU:C:2024:773, apartado 38).

38

Habida cuenta de que AR alega ante el órgano jurisdiccional remitente que es objeto de una diferencia de trato en el cómputo de los períodos de docencia cumplidos como trabajador temporal, ha de considerarse que el Acuerdo Marco se aplica, en principio, a un profesor en la situación de AR.

39

El punto 1 de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incluye la prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de modo menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de trabajo de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. El punto 4 de esa cláusula enuncia la misma prohibición por lo que respecta a los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo (sentencia de 19 de septiembre de 2024, Consiglio nazionale delle Ricerche, C‑439/23, EU:C:2024:773, apartado 31).

40

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que unas reglas relativas a los períodos de servicio que deben cumplirse para poder ser clasificado en una categoría retributiva, como las contempladas en el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994, están comprendidas en el concepto de «condiciones de trabajo» en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco (véase, por analogía, la sentencia de 19 de septiembre de 2024, Consiglio nazionale delle Ricerche, C‑439/23, EU:C:2024:773, apartado 37 y jurisprudencia citada).

41

Dicho esto, de la jurisprudencia citada en el apartado 34 de la presente sentencia resulta que el principio de no discriminación se ha aplicado y concretado mediante la cláusula 4 del Acuerdo Marco únicamente en lo que respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contratos de duración indefinida que se encuentren en una situación comparable.

42

En efecto, esta cláusula solamente tiene por objeto aplicar el principio de no discriminación a los trabajadores con un contrato de duración determinada con vistas a impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador para privar a los trabajadores de derechos que son reconocidos a los trabajadores con contrato de trabajo de duración indefinida [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de enero de 2020, Baldonedo Martín, C‑177/18, EU:C:2020:26, apartado 35 y jurisprudencia citada, y de 15 de diciembre de 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri y otros (Investigadores universitarios), C‑40/20 y C‑173/20, EU:C:2022:985, apartado 88].

43

De lo anterior se sigue que una diferencia de trato que se base en un criterio que no sea el de la duración determinada o indefinida de la relación de trabajo no está comprendida en la prohibición que se establece en la cláusula 4 del Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2020, Baldonedo Martín, C‑177/18, EU:C:2020:26, apartados 53 y 54 y jurisprudencia citada).

44

En el caso de autos, ha de señalarse, como ha subrayado, en esencia, la Abogada General en los puntos 32 a 35 de sus conclusiones, que la diferencia de trato que resulta del artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 no se basa en el carácter determinado o indefinido de la duración de la relación laboral, sino en la naturaleza del centro de enseñanza en que los trabajadores afectados hayan adquirido la experiencia profesional.

45

En efecto, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente resulta, por una parte, que la falta de cómputo de los períodos de trabajo cumplidos como profesor con contrato temporal en un «centro de enseñanza equiparado», al reconstituir la carrera de los profesores con ocasión de su contratación como personal fijo por parte del Ministerio de Educación, deriva de que los «centros de enseñanza equiparados» no se mencionan en dicho artículo 485.

46

Por consiguiente, la falta de cómputo de los períodos docentes cumplidos en los centros de enseñanza equiparados afecta tanto al trabajo desempeñado como trabajador temporal como al trabajo desempeñado como trabajador fijo en dichos centros.

47

Esta circunstancia ha sido además confirmada por el propio demandante en el litigio principal, quien, en las observaciones escritas que ha presentado ante el Tribunal de Justicia, argumenta que el Derecho nacional no permite computar «ni los servicios prestados como temporal ni los prestados como fijo en los centros de enseñanza equiparados».

48

Por otra parte, también resulta esencialmente de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente que, aparte de que el Derecho nacional establece que el trabajo desempeñado por los profesores fijos de los centros de enseñanza estatales y la correspondiente antigüedad se reflejan en su remuneración, el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 permite computar los períodos de trabajo cumplidos como profesor temporal en esos centros de enseñanza al reconstituir la carrera de estos últimos profesores con ocasión de su contratación como personal fijo por parte del Ministerio de Educación.

49

En estas circunstancias, aun suponiendo que pueda considerarse que los profesores que hayan estado empleados como personal temporal en los centros de enseñanza «equiparados», en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Ley n.o 62/2000, antes de ser contratados como personal fijo por parte del Ministerio de Educación, y los profesores fijos de los centros de enseñanza estatales trabajan «en el mismo centro de trabajo», en el sentido de la cláusula 3, punto 2, del Acuerdo Marco, y que estos dos grupos de trabajadores se encuentran, conforme a los criterios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en situaciones comparables, de modo que estos últimos profesores pudieran calificarse de «trabajadores fijos comparables», en el sentido de dicha cláusula 3, punto 2, habría de considerarse que una diferencia de trato como la resultante del artículo 485 de dicho Decreto Legislativo no está incluida en la prohibición que se establece en la cláusula 4 de dicho Acuerdo Marco.

50

Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, ha de responderse a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que la cláusula 4 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que no contempla que computen, a los efectos de determinar la antigüedad y la remuneración de los profesores con ocasión de su contratación en un centro de enseñanza estatal como personal fijo, los períodos de servicio que hayan cumplido previamente en virtud de empleos temporales o fijos en ciertos centros de enseñanza cuyo funcionamiento y organización no dependen del Estado, pero que, en virtud de esta norma, se equiparan a los centros de enseñanza estatales, aun cuando dicha norma dispone que los períodos de servicio cumplidos por los profesores empleados en los centros de enseñanza estatales, en particular como personal fijo, computan para determinar su antigüedad y remuneración.

Segunda cuestión prejudicial

51

Con carácter preliminar, ha de observarse que, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de los principios de igualdad de trato y de no discriminación en el empleo, consagrados en particular en el CEDH y la Carta Social Europea. Pues bien, es jurisprudencia reiterada que el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el CEDH [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de febrero de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Plazo de prescripción), C‑219/20, EU:C:2022:89, apartado 15 y jurisprudencia citada] y la Carta Social Europea [sentencia de 29 de julio de 2024, CU y ND (Asistencia social — Discriminación indirecta), C‑112/22 y C‑223/22, EU:C:2024:636, apartado 28 y jurisprudencia citada].

52

De lo anterior se sigue que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la segunda cuestión prejudicial en la medida en que esta se refiere a la interpretación de las disposiciones del CEDH y de la Carta Social Europea.

53

Por otra parte, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia, ha de señalarse, al igual que la Comisión, que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto con la precisión y la claridad requeridas las razones por las que considera que la interpretación del artículo 157 TFUE y de las Directivas 2000/43 y 2000/78 le parece necesaria o útil para resolver el litigio principal ni la relación que, a su juicio, existe entre esas disposiciones del Derecho de la Unión y la legislación nacional aplicable a este litigio.

54

Por consiguiente, la segunda cuestión prejudicial es inadmisible en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 157 TFUE y de las Directivas 2000/43 y 2000/78.

55

En estas circunstancias, ha de considerarse que, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los principios de igualdad de trato y de no discriminación, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional que no contempla que computen, a los efectos de determinar la antigüedad y la remuneración de los profesores con ocasión de su contratación en un centro de enseñanza estatal como personal fijo, los períodos de servicio que hayan cumplido previamente en virtud de empleos temporales en determinados centros de enseñanza cuyo funcionamiento y organización no dependen del Estado, pero que, en virtud de esta norma, se equiparan a los centros de enseñanza estatales, aun cuando dicha norma dispone que, a tales efectos, computan los períodos de servicio que dichos profesores hayan cumplido previamente en virtud de empleos temporales en otros centros de enseñanza, en particular los estatales.

56

Ha de recordarse que, conforme a reiterada jurisprudencia, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartado 128 y jurisprudencia citada).

57

En efecto, las disposiciones de la Carta se dirigen, en virtud de su artículo 51, apartado 1, a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. El artículo 6 TUE, apartado 1, y el artículo 51, apartado 2, de la Carta precisan que esta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o tarea nueva para la Unión, ni modifica las competencias y tareas definidas en los Tratados. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia tiene que interpretar, a la luz de la Carta, el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que le han sido atribuidas (sentencia de 17 de marzo de 2021, Consulmarketing, C‑652/19, EU:C:2021:208, apartado 34 y jurisprudencia citada).

58

Se desprende, a este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el concepto de «aplicación del Derecho de la Unión», a efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta, presupone la existencia de un vínculo de conexión entre un acto del Derecho de la Unión y la medida nacional de que se trate de un grado superior a la proximidad de las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra (sentencia de 22 de enero de 2020, Baldonedo Martín, C‑177/18, EU:C:2020:26, apartado 58 y jurisprudencia citada).

59

Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar si una medida nacional guarda relación con la «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, se ha de comprobar, entre otros aspectos, si la finalidad de la norma nacional controvertida es aplicar una disposición del Derecho de la Unión, el carácter de esa norma, si esta persigue objetivos distintos de los previstos por el Derecho de la Unión, aun cuando pueda afectar indirectamente a este último, y si existe una normativa específica del Derecho de la Unión en la materia o que la pueda afectar (sentencia de 22 de enero de 2020, Baldonedo Martín, C‑177/18, EU:C:2020:26, apartado 59 y jurisprudencia citada).

60

En el presente caso, como resulta del examen de las cuestiones prejudiciales primera y tercera, la cláusula 4 del Acuerdo Marco no se opone a una disposición nacional como el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994, ya que la diferencia de trato que establece dicha disposición nacional no se basa en el carácter determinado o indefinido de la duración de la relación laboral de los trabajadores afectados. Como ha señalado la Abogada General en el punto 50 de sus conclusiones, no existe, por tanto, un vínculo directo entre la aplicación del referido artículo 485 y la prohibición de discriminación recogida en dicha cláusula.

61

Además, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que dicho artículo 485 presente un vínculo de conexión con alguna otra disposición del Derecho de la Unión.

62

Por lo tanto, no cabe considerar que la norma nacional controvertida en el litigio principal «aplique el Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.

63

Consiguientemente, la diferencia de trato que establece la norma nacional controvertida en el litigio principal no puede analizarse a la luz de las garantías de la Carta y, en particular, de sus artículos 20 y 21.

64

En estas circunstancias, procede declarar que el Tribunal de Justicia no es competente para responder a la segunda cuestión prejudicial.

Cuarta cuestión prejudicial

65

Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que lo obliga a dejar inaplicado el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 en caso de que esta disposición nacional se considere incompatible con dicho Derecho.

66

Habida cuenta de la respuesta que se ha dado a las cuestiones prejudiciales primera a tercera, no procede responder a la cuarta cuestión prejudicial.

Costas

67

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.