–

en nombre de Banca Mediolanum SpA, por los Sres. G. Escalar y A. Siragusa, avvocati;

–

en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. G. Galluzzo, avvocato dello Stato;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Ferrand, W. Roels y P. Rossi, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO 2011, L 345, p. 8).

2

Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre Banca Mediolanum SpA y la Agenzia delle Entrate — Direzione regionale della Lombardia (Agencia Tributaria, Dirección Regional de Lombardía, Italia; en lo sucesivo, «Administración Tributaria»), en relación con las solicitudes de devolución parcial de la imposta regionale sulle attività produttive (impuesto regional sobre las actividades productivas; en lo sucesivo, «IRAP»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

Según indicaba el considerando 4 de la Directiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 90/435/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO 2004, L 7, p. 41):

4

A tenor de los considerandos 1 y 3 de la Directiva 2011/96:

5

El artículo 2 de la Directiva 2011/96 establece lo siguiente:

6

En su versión anterior a las modificaciones introducidas por la Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014 (DO 2014, L 219, p. 40), a la que los Estados miembros debían adoptar su Derecho interno a más tardar el 31 de diciembre de 2015, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/96 disponía lo siguiente:

7

A raíz de las modificaciones realizadas por la Directiva 2014/86, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96 tiene el siguiente tenor:

8

A tenor del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2011/96:

9

El anexo I, parte B, de la citada Directiva, titulado «Lista de impuestos a que hace referencia el artículo 2, letra a), inciso iii)», enumera los siguientes impuestos:

–

imposta sul reddito delle società en Italia,

Derecho italiano

10

Según el artículo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 — Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto n.o 917 del Presidente de la República, por el que se aprueba el Texto Único del Impuesto sobre la Renta), de 22 de diciembre de 1986 (GURI n.o 302, de 31 de diciembre de 1986, suplemento ordinario n.o 126; en lo sucesivo, «TUIR»):

11

El artículo 2 del decreto legislativo n. 446 — Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (Decreto Legislativo n.o 446, sobre la instauración del impuesto regional sobre las actividades productivas, revisión de tramos, de tipos y de las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la instauración de un recargo regional a este impuesto, así como sobre la reorganización de la disciplina de los tributos locales), de 15 de diciembre de 1997 (GURI n.o 298, de 23 de diciembre de 1997, suplemento ordinario n.o 252; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 446/1997»), establece lo siguiente:

12

A tenor del artículo 4 del citado Decreto Legislativo:

13

El Decreto Legislativo n.o 446/1997 fue modificado por la legge n. 244 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) [Ley n.o 244, por la que se establecen disposiciones para la elaboración del presupuesto anual y plurianual del Estado (Ley de Presupuestos de 2008)], de 24 de diciembre de 2007 (GURI n.o 300, de 28 de diciembre de 2007, suplemento ordinario n.o 285) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 446/1997 modificado»). El artículo 6 del Decreto Legislativo n.o 446/1997 modificado, titulado «Determinación del valor de la producción neta de los bancos y otras entidades y sociedades financieras», dispone lo siguiente:

Litigios principales y cuestión prejudicial

14

Durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015, Banca Mediolanum, banco con residencia fiscal en Italia, y Mediolanum SpA, filial de Banca Mediolanum también con residencia fiscal en Italia y absorbida por dicho banco antes de que se iniciaran los procedimientos judiciales que dieron lugar a las presentes peticiones de decisión prejudicial, poseían participaciones en varias sociedades que tenían sus residencias fiscales en otros Estados miembros de la Unión Europea.

15

Banca Mediolanum y Mediolanum percibían dividendos de las citadas filiales y los incluían en la base imponible de la imposta sul reddito delle società (impuesto sobre sociedades; en lo sucesivo, «IS»), tributo contemplado en el anexo I, parte B, de la Directiva 2011/96, hasta una cuantía máxima del 5 % de su importe, de conformidad con el artículo 89, apartado 2, del TUIR.

16

Las citadas sociedades, en su condición de intermediarias financieras, incluían los mencionados dividendos también en la base imponible del IRAP, en un importe igual al 50 %, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo n.o 446/1997 modificado.

17

Posteriormente, Banca Mediolanum, al estimar que esa disposición es contraria al artículo 4 de la Directiva 2011/96, presentó ante la Administración Tributaria tres solicitudes de devolución de la parte del IRAP que resultaba de la inclusión en la base imponible de dicho impuesto de los importes correspondientes al 50 % de los dividendos recibidos de filiales residentes en otros Estados miembros.

18

La Administración Tributaria denegó las citadas solicitudes, al entender que el artículo 6, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo n.o 446/1997 modificado no es contrario al artículo 4 de la Directiva 2011/96, pues consideraba que dicha disposición es de aplicación únicamente a los impuestos sobre la renta, y no al IRAP.

19

Contra las resoluciones desestimatorias dictadas por la Administración Tributaria, Banca Mediolanum entabló sendos recursos ante la Commissione tributaria provinciale di Milano (Comisión Tributaria Provincial de Milán, Italia), que dictó tres sentencias confirmatorias de dichas resoluciones.

20

Por consiguiente, Banca Mediolanum recurrió dichas sentencias ante la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Tribunal Tributario de Segunda Instancia de Lombardía, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente.

21

El órgano jurisdiccional remitente, remitiéndose al artículo 4 de la Directiva 2011/96 en la versión anterior a la modificación realizada por la Directiva 2014/86, estima que la prohibición, que se deriva de dicho artículo 4, de tratar los beneficios distribuidos por una filial residente en un Estado miembro a una sociedad matriz residente en otro Estado miembro como sujetos a imposición en una medida superior al 5 % de su importe, también podría aplicarse al IRAP.

22

A ese respecto, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que, de conformidad con los artículos 2 y 4 del Decreto Legislativo n.o 446/1997, mediante el que se introdujo el impuesto en cuestión, por un lado, el hecho imponible del IRAP consiste en el ejercicio habitual de una actividad organizada de forma autónoma, destinada a la producción o al intercambio de bienes o a la prestación de servicios, y, por otro, el IRAP se aplica al valor de la producción neta que resulta de la actividad ejercida en el territorio de la región italiana de que se trate.

23

No obstante, el citado órgano jurisdiccional estima que de las sentencias de 17 de mayo de 2017, AFEP y otros (C‑365/16, EU:C:2017:378), y de 17 de mayo de 2017, X (C‑68/15, EU:C:2017:379), se deriva que el artículo 4 de la Directiva 2011/96 prohíbe a los Estados miembros someter a cualquier forma de tributación los dividendos distribuidos a matrices residentes en un Estado miembro por aquellas de sus filiales que residen en otros Estados miembros en más allá del 5 % del importe de dichos dividendos.

24

Según el mencionado órgano jurisdiccional, si pudiera considerarse que el IRAP está comprendido en el ámbito de esa prohibición, el artículo 6, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo n.o 446/1997 modificado sería incompatible con la Directiva 2011/96, pues aquella disposición obliga a los bancos y demás intermediarios financieros que tengan la condición de sociedades matrices a efectos de la Directiva 2011/96 a someter al IRAP el 50 % de los dividendos que dichas sociedades hubieran recibido de sociedades residentes en otros Estados miembros y que tengan la calificación de filiales a efectos de esa misma Directiva.

25

Así las cosas, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Tribunal Tributario de Segunda Instancia de Lombardía) acordó, en cada uno de los procedimientos de apelación pendientes ante ella, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

26

Según reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio [sentencia de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 78 y jurisprudencia citada].

27

Por lo que respecta al tratamiento fiscal de los beneficios distribuidos por una filial a su sociedad matriz que no sean los distribuidos con ocasión de la liquidación de dicha filial, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/96 permite expresamente a los Estados miembros elegir entre el método previsto en dicho apartado 1, letra a) (en lo sucesivo, «método de la exención») y el método previsto en el citado apartado 1, letra b) (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2025, John Cockerill, C‑135/24, EU:C:2025:176, apartados 27 y 28 y jurisprudencia citada). Cuando un Estado miembro ha elegido uno de esos métodos, la disposición relativa al otro método no es pertinente (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2019, Brussels Securities, C‑389/18, EU:C:2019:1132, apartado 32, y de 12 de mayo de 2022, Schneider Electric y otros, C‑556/20, EU:C:2022:378, apartado 63 y jurisprudencia citada).

28

Por otra parte, el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2011/96 dispone que los Estados miembros conservan la facultad de prever, en particular, que los gastos que se refieren a la participación de la sociedad matriz en el capital de la filial no sean deducibles del beneficio imponible de la sociedad matriz. Se desprende también de esa disposición que si, en dicho caso, los gastos de gestión referidos a la participación quedasen fijados a tanto alzado, esa cuantía no podría exceder un 5 % de los beneficios distribuidos por la filial (sentencias de 17 de mayo de 2017, AFEP y otros, C‑365/16, EU:C:2017:378, apartado 23, y de 17 de mayo de 2017, X, C‑68/15, EU:C:2017:379, apartado 72).

29

En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la República Italiana aplica el método de la exención. No obstante, además de gravar, al amparo del IS, los dividendos distribuidos a las sociedades matrices residentes en Italia por sus filiales en una medida correspondiente al 5 %, conforme al artículo 89, apartado 2, del TUIR, la normativa nacional exige, en esencia, que se incluya el 50 % de dichos dividendos en la base imponible de otro impuesto, concretamente el IRAP, con independencia del origen de esos mismos dividendos.

30

Así las cosas, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente está preguntando, en esencia, si el artículo 4 de la Directiva 2011/96 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional mediante la cual un Estado miembro que hubiera elegido el método de la exención puede gravar, en una medida superior al 5 % de su importe, los dividendos que los intermediarios financieros residentes en ese Estado miembro perciban, como sociedades matrices a efectos de dicha Directiva, de aquellas de sus filiales que residen en otros Estados miembros, incluso cuando tal tributación se produce mediante un impuesto que no es un impuesto sobre los rendimientos de las sociedades, pero que incluye en su base imponible dichos dividendos o una fracción de ellos.

31

Es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, por un lado, en la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión hay que tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22, EU:C:2025:108, apartado 27). Por otro, una interpretación de una disposición del Derecho de la Unión no puede conducir a vaciar de toda eficacia el tenor claro y preciso de esa disposición. Por lo tanto, cuando el sentido de una disposición del Derecho de la Unión se desprende sin ambigüedad de su propio tenor, el Tribunal de Justicia no puede apartarse de esa interpretación (sentencias de 25 de enero de 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, apartado 39, y de 13 de octubre de 2022, Gmina Wieliszew, C‑698/20, EU:C:2022:787, apartado 83).

32

En primer lugar, desde el punto de vista literal, del tenor del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96 resulta claramente que un Estado miembro que hubiera elegido el método de la exención deberá abstenerse de gravar los beneficios que una sociedad matriz residente en dicho Estado miembro percibiera de aquellas de sus filiales que residen en otros Estados miembros.

33

A ese respecto, por lo que respecta a la versión de la citada disposición que resulta de la modificación introducida por la Directiva 2014/86, el Tribunal de Justicia ha declarado que la aplicación de la referida disposición no se limita a un impuesto concreto (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, AFEP y otros, C‑365/16, EU:C:2017:378, apartados 5 y 33). También hizo esa observación en relación con el artículo 4, apartado 1, primer guion, de la Directiva 90/435 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Schneider Electric y otros, C‑556/20, EU:C:2022:378, apartado 47), que se corresponde con la versión del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96 que mencionan el órgano jurisdiccional remitente y todas las partes en sus observaciones escritas.

34

De ese modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96, en su versión modificada por la Directiva 2014/86, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida fiscal establecida por el Estado miembro de una sociedad matriz que prevé la recaudación de un impuesto con ocasión de la distribución de dividendos por la sociedad matriz y cuya base imponible está constituida por los importes de los dividendos distribuidos, incluidos los procedentes de filiales no residentes de esta sociedad (sentencia de 17 de mayo de 2017, AFEP y otros, C‑365/16, EU:C:2017:378, apartado 35).

35

En consecuencia, desde el punto de vista literal, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96 debe interpretarse en el sentido de que el método de la exención que establece se refiere a cualquier impuesto que incluya en su base imponible los dividendos que una sociedad matriz perciba de aquellas de sus filiales que residen en otros Estados miembros.

36

En segundo lugar, desde el punto de vista contextual, procede recordar que, según el considerando 4 de la Directiva 2003/123 (la cual modificó la Directiva 90/435, a cuya refundición procede a su vez la Directiva 2011/96, tal como indica el considerando 1 de esta), el artículo 2 de la Directiva 90/435 define qué sociedades entran en el ámbito de aplicación de esta y el anexo de la propia Directiva 90/435 recoge una lista de sociedades a las que dicha Directiva les es de aplicación.

37

A ese respecto, el artículo 2, letra a), inciso iii), de la Directiva 2011/96 y su anexo I, parte B, enumeran, al designar las sociedades de los Estados miembros incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, los impuestos nacionales a los que dichas sociedades están normalmente sujetas (véase, por analogía, la sentencia de 8 de junio de 2000, Epson Europe, C‑375/98, EU:C:2000:302, apartado 22).

38

Así pues, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno italiano, si bien el artículo 2 de la Directiva 2011/96 define el ámbito de aplicación ratione personae de esta, no es, en cambio, pertinente a la hora de determinar su ámbito de aplicación ratione materiae. Por consiguiente, el hecho de que el IRAP no esté entre los impuestos que menciona el anexo I, parte B, de dicha Directiva, al que remite el artículo 2, letra a), inciso iii), de esta, no quiere decir en absoluto que dicho impuesto quede excluido del ámbito material de aplicación de esa misma Directiva.

39

En tercer y último lugar, en el plano teleológico, según se desprende de su considerando 3, la Directiva 2011/96 persigue el objetivo de eliminar, en la tributación de la sociedad matriz, la doble imposición de los beneficios distribuidos por una filial a su matriz.

40

Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para cumplir, en el plano fiscal, con el objetivo de neutralidad de la distribución de beneficios por una sociedad filial situada en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en otro Estado miembro, la Directiva 2011/96 pretende evitar, en particular, mediante la regla establecida en su artículo 4, apartado 1, letra a), la doble imposición de dichos beneficios en términos económicos, es decir, evitar que los beneficios distribuidos sean gravados una primera vez en la filial y una segunda vez en la sociedad matriz (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Schneider Electric y otros, C‑556/20, EU:C:2022:378, apartado 45; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2025, John Cockerill, C‑135/24, EU:C:2025:176, apartado 33).

41

Por consiguiente, en la medida en que la citada Directiva tiene por objeto evitar la doble imposición de esos beneficios «en términos económicos», procede considerar que el método de la exención se refiere a cualquier impuesto que, en el Estado miembro de la sociedad matriz, incluya en su base imponible siquiera una parte de los citados beneficios, cualquiera que sea la naturaleza de dicho impuesto.

42

En el presente asunto, el Decreto Legislativo n.o 446/1997 modificado establece en su artículo 6, apartado 1, que, por lo que se refiere a los intermediarios financieros, la base imponible del IRAP estará constituida por la suma aritmética de varios elementos, entre los que figura, en la letra a) de dicha disposición, el producto bancario neto, reducido en el 50 % de los dividendos.

43

Dado que, como precisa el Gobierno italiano, el producto bancario neto incluye la totalidad de los dividendos, el artículo 6, apartado 1, letra a), del Decreto Legislativo n.o 446/1997 modificado tiene por efecto que el 50 % de los dividendos se incluya en la base imponible del IRAP que deben pagar los intermediarios financieros, con independencia del origen de dichos dividendos.

44

Así las cosas, procede considerar que el método de la exención se opone a una normativa nacional que permita la inclusión de los dividendos que una sociedad matriz percibe de aquellas de sus filiales que residen en otros Estados miembros en la base imponible de un impuesto como el IRAP, además de la inclusión de dichos dividendos, en una medida correspondiente al 5 % de su importe, en la base imponible de un impuesto sobre los rendimientos de las sociedades como el IS.

45

Por otra parte, a la vista de la alegación del Gobierno italiano, en esencia, de que el resultado contemplado en el apartado anterior puede dar lugar a una discriminación inversa en perjuicio de una sociedad matriz residente en Italia que perciba dividendos de sus filiales italianas, en supuesta violación del principio de igualdad de trato, resulta obligado observar que la situación evocada por dicho Gobierno sería puramente interna de la República Italiana.

46

Pues bien, según la jurisprudencia, el principio de igualdad de trato consagrado por el Derecho de la Unión no puede invocarse en una situación puramente interna. En tal situación, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales valorar si se genera una discriminación prohibida por el Derecho interno y si, y de qué forma, debe eliminarse (auto de 5 de abril de 2004, Mosconi y Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, C‑3/02, EU:C:2004:224, apartado 53 y jurisprudencia citada; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartado 35 y jurisprudencia citada).

47

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 4 de la Directiva 2011/96 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional mediante la cual un Estado miembro que hubiera elegido el método de la exención puede gravar, en una medida superior al 5 % de su importe, los dividendos que los intermediarios financieros residentes en ese Estado miembro perciban, como sociedades matrices a efectos de dicha Directiva, de aquellas de sus filiales que residen en otros Estados miembros, incluso cuando tal tributación se produce mediante un impuesto que no es un impuesto sobre los rendimientos de las sociedades, pero que incluye en su base imponible dichos dividendos o una fracción de ellos.

Costas

48

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.