–

en nombre del Gobierno belga, por las Sras. C. Pochet, L. van den Broeck y M. van Regemorter, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. M. Carpus-Carcea, L. Haasbeek y L. Puccio, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, 4, apartado 1, letras b) y d), y 9 del Reglamento (UE) n.o 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1985 del Consejo, de 20 de octubre de 2022 (DO 2022, L 272 I, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 269/2014»), del artículo 19 TUE, apartado 1, del artículo 57 TFUE, párrafo primero, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds (en lo sucesivo, «FDRK») y el Belgische Staat (Estado belga), representado por el Ministro de Hacienda, en relación con la negativa del administrateur-generaal van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën (administrador general de la Tesorería del Servicio Público Federal de Hacienda) a estimar su solicitud de autorización de una transferencia de fondos a una de sus cuentas, sobre la base de los artículos 6 y 6 ter del Reglamento n.o 269/2014.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

A tenor del considerando 6 del Reglamento n.o 269/2014:

4

El artículo 1 del citado Reglamento prevé:

5

El artículo 2 del mencionado Reglamento dispone:

6

El artículo 4, apartado 1, del referido Reglamento presenta el siguiente tenor:

7

Los artículos 6 y 6 ter del Reglamento n.o 269/2014 prevén, no obstante lo dispuesto en su artículo 2, la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o su puesta a disposición en los casos específicos que enumeran.

8

A tenor del artículo 9, apartado 1, del citado Reglamento:

Derecho belga

Ley por la que se crea un fondo presupuestario para la asesoría jurídica de segundo grado

9

El artículo 4, apartado 4, de la wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand (Ley por la que se crea un fondo presupuestario para la asesoría jurídica de segundo grado), de 19 de marzo de 2017 (Belgisch Staatsblad, de 31 de marzo de 2017, p. 46565), dispone:

Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado

10

El artículo 66, párrafo primero, del besluit van de Regent tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [Decreto del Regente por el que se determina el procedimiento ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Raad van State (Consejo de Estado)], de 23 de agosto de 1948 (Belgisch Staatsblad, de 23 de agosto de 1948, p. 6821), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado»), establece:

11

El artículo 70 del Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado dispone, en su apartado 1:

12

El artículo 71 de dicho Reglamento está redactado en los siguientes términos:

13

Según la jurisprudencia del Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional, Bélgica), los derechos previstos en el artículo 70 del Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado (en lo sucesivo, «tasas judiciales») y la contribución a tanto alzado al fondo presupuestario para la asesoría jurídica de segundo grado, contemplada en el artículo 66, 6.º, de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «contribución a tanto alzado»), constituyen impuestos en el sentido de la Constitución.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14

FDRK es una entidad cuyos fondos depositados en Euroclear Bank NV se inmovilizaron con arreglo al artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014. En efecto, como se desprende de la decisión del administrador general de la Tesorería del Servicio Público Federal de Hacienda de 26 de enero de 2023, que es objeto del litigio principal, de los cinco miembros del Consejo de FDRK, máximo órgano decisorio de dicha entidad, dos eran miembros del Gobierno ruso y un tercero era miembro de VEB.RF, entidad de desarrollo económico incluida, como entidad, en la lista que figura en el anexo I de dicho Reglamento.

15

FDRK presentó ante la algemene administratie van de Thesaurie (Administración General de la Tesorería, Bélgica) tres solicitudes sucesivas para que se autorizase a Euroclear Bank a transferir fondos por importe de 162 945 017,64 dólares estadounidenses (USD) a una de sus cuentas. Más concretamente, en la tercera de esas solicitudes, presentada el 4 de enero de 2023, sobre la base de los artículos 6 y 6 ter de dicho Reglamento, expresó el deseo de que se autorizase a dicha entidad bancaria, por una parte, a efectuar esa transferencia de fondos y, por otra, a liberar el efectivo y los títulos-valores en el marco de su venta hasta dicho importe, abonando los beneficios en una de sus cuentas.

16

Mediante decisión de 26 de enero de 2023, el administrador general de la Tesorería del Servicio Público Federal de Hacienda denegó dichas solicitudes. A este respecto, consideró que, según la última información de que disponía, las tres personas físicas mencionadas en el apartado 14 de la presente sentencia eran miembros del máximo órgano decisorio de FDRK y tenían derecho a ejercer una influencia dominante sobre este último. De ello dedujo que los fondos del mismo en Euroclear Bank debían permanecer inmovilizados mientras FDRK no demostrase que no estaba controlado de hecho por una persona o por una entidad sometida a una inmovilización de fondos.

17

El 6 de abril de 2023, FDRK interpuso un recurso contra dicha decisión ante el Raad van State (Consejo de Estado), que es el órgano jurisdiccional remitente. La fecha límite para el pago de las tasas judiciales y de la contribución a tanto alzado, adeudadas por la interposición de dicho recurso, que ascendían a un total de 224 euros, era el 14 de agosto de 2023. Sin embargo, FDRK no realizó el abono de esa cantidad en la cuenta indicada para su pago hasta el 1 de septiembre de 2023.

18

El 14 de septiembre de 2023, el órgano jurisdiccional remitente notificó a FDRK la comunicación prevista en el artículo 71, párrafo cuarto, del Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado. FDRK solicitó ser oído, de conformidad con dicha disposición. Las partes fueron convocadas a una comparecencia que tuvo lugar el 28 de febrero de 2024.

19

En su recurso, en primer lugar, FDRK alega que no había podido efectuar el pago de las tasas judiciales y de la contribución a tanto alzado a su debido tiempo, en razón de la inmovilización de sus fondos en Euroclear Bank, que se deriva de la decisión mencionada en el apartado 16 de la presente sentencia, adoptada en virtud del artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014. En segundo lugar, FDRK estima que la aplicación de la sanción vinculada a tal falta de pago en tiempo oportuno, prevista en el artículo 71, párrafos cuarto a séptimo, del Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado, a saber, el hecho de que su recurso se considere no presentado o se archive, es manifiestamente irrazonable y restringe su derecho de acceso a la justicia de manera desproporcionada. A este respecto, subraya que precisamente acudió al órgano jurisdiccional remitente porque considera erróneo que dicha decisión no liberara sus fondos. En tercer lugar, concluye que esta situación es un caso de fuerza mayor y que, por esta razón, no puede aplicarse dicha sanción.

20

En la fase de instrucción del asunto, el órgano jurisdiccional remitente instó a las partes a pronunciarse en la comparecencia sobre las siguientes cuestiones:

–

Subcuestión A: si se considera que esta posibilidad existe, si la parte demandante solicitó (a su debido tiempo) tal autorización a la “autoridad competente” —entendiéndose que, en el caso de autos, procede remitirse a la directriz 80 de las “Prácticas recomendadas de la [Unión Europea] para la aplicación eficaz de medidas restrictivas” (n.o 10572/22, de 27 de junio de 2022, de la Secretaría General del Consejo [de la Unión Europea]) para responder a esta cuestión— y, en caso afirmativo, cuál es el resultado que la “autoridad competente” ha de dar a esta solicitud. La respuesta debe documentarse.

21

En respuesta a estas cuestiones, FDRK indicó que el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014 no es aplicable al caso de autos. En apoyo de esta afirmación, alegó, por una parte, que las tasas judiciales y la contribución a tanto alzado son impuestos recaudados por las autoridades públicas. Por otra parte, señaló que el órgano jurisdiccional remitente no es un prestador de servicios, habida cuenta de la definición del concepto de «servicios» prevista en el artículo 57 TFUE. En particular, dicho órgano jurisdiccional no ejerce una actividad económica como las contempladas en dicho artículo. Por lo tanto, las tasas judiciales y la contribución a tanto alzado no constituyen gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos. FDRK deduce de ello que dicho artículo 4, apartado 1, letra b), no le permitía solicitar ni obtener la autorización para liberar determinados fondos o recursos económicos inmovilizados. Añade que, por lo demás, el plazo de tramitación de las solicitudes de liberación de fondos sobre la base del Reglamento n.o 269/2014 es de varios meses, de modo que, en cualquier caso, una decisión relativa a tal solicitud se habría adoptado demasiado tarde. Sobre esta base, mantiene su argumentación según la cual, en el caso de autos, existe un caso de fuerza mayor que impide la aplicación de la sanción prevista en el artículo 71, párrafos cuarto a séptimo, del Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado.

22

Por su parte, la demandada en el litigio principal afirma, por el contrario, que el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014 autoriza a FDRK a solicitar y obtener la liberación o la puesta a disposición de fondos o recursos económicos, siempre que estos se destinen exclusivamente al pago de las tasas judiciales. Pues bien, según la parte demandada, FDRK no presentó tal solicitud, de modo que, en el caso de autos, no existe fuerza mayor ni error invencible, en el sentido del artículo 71, párrafo séptimo, del Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado.

23

En cambio, estas partes coinciden en considerar que FDRK no tiene la posibilidad de obtener la asistencia jurídica gratuita prevista en los artículos 78 y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Consejo de Estado.

24

Habida cuenta de lo anterior, el órgano jurisdiccional remitente constata que existe incertidumbre en cuanto a si el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que excluye que las tasas judiciales y la contribución a tanto alzado, que deben abonarse para interponer ante él un recurso contra una medida nacional de ejecución de dicho Reglamento, puedan considerarse «gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos», en el sentido de dicha disposición.

25

Más concretamente, se pregunta si es posible una interpretación de la referida disposición distinta de la defendida por FDRK, en el sentido de que el concepto de «servicios jurídicos» no excluye una prestación de servicios jurídicos para asistir o representar a una persona jurídica sancionada, como FDRK, en el marco o en relación con un recurso interpuesto ante un órgano jurisdiccional nacional contra una medida nacional de ejecución del Reglamento n.o 269/2014, y si, en el contexto de esta interpretación, queda excluido que las tasas judiciales y la contribución a tanto alzado, cuyo pago es necesario para el mantenimiento de tal recurso, se consideren «gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos», para los que podría concederse una liberación de fondos.

26

Además, el órgano jurisdiccional remitente indica que procede, en su caso, tener en cuenta el derecho fundamental de acceso a la justicia, tal como se garantiza en el artículo 47 de la Carta y que se recuerda en el considerando 6 del Reglamento n.o 269/2014, en relación o no con la obligación impuesta a los Estados miembros, en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Asimismo, señala que, según FDRK, también debe tenerse en cuenta el artículo 57 TFUE.

27

Por último, señala que la parte demandada en el litigio principal se refiere asimismo a la posibilidad, prevista en el artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 269/2014, de liberar determinados fondos o recursos económicos inmovilizados si son «necesarios para gastos extraordinarios». Estima que la correcta interpretación de esta última expresión también es pertinente para el presente litigio, ya que se plantea la cuestión de si las tasas judiciales y la contribución a tanto alzado están comprendidas en dicha expresión.

28

En estas circunstancias, el Raad van State (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

29

Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio de que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le hayan planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de sus cuestiones [sentencia de 5 de diciembre de 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconocimiento y ejecución de las sanciones pecuniarias), C‑671/18, EU:C:2019:1054, apartado 26 y jurisprudencia citada].

30

En el presente asunto, por una parte, las cuestiones prejudiciales planteadas versan, en esencia, sobre la posibilidad de que los Estados miembros autoricen, sobre la base del artículo 4 del Reglamento n.o 269/2014 y no obstante lo dispuesto en su artículo 2, la liberación de fondos o recursos económicos inmovilizados en virtud de este último artículo o su puesta a disposición cuando su Derecho nacional prevea el pago de tasas judiciales y de una contribución a tanto alzado para la presentación de un recurso de anulación. Por consiguiente, no parece que estas cuestiones requieran la interpretación del artículo 9 de dicho Reglamento, que se refiere a la prohibición de participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2 de dicho Reglamento.

31

Por otra parte, en estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente se refiere al hecho de que, en virtud de ese Derecho nacional, las tasas judiciales y la contribución a tanto alzado deben calificarse como «impuestos» recaudados por los poderes públicos, calificación que invoca FDRK en el marco del litigio principal. Pues bien, el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 269/2014 prevé la liberación de los fondos inmovilizados o su puesta a disposición para el pago, en particular, de los impuestos. En este contexto, aunque, con sus cuestiones prejudiciales, dicho órgano jurisdiccional no solicita específicamente la interpretación de esta disposición, procede considerar que es pertinente para responder a ellas.

32

Por consiguiente, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, que han de examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 1, letras a), b) y d), del Reglamento n.o 269/2014, en relación con el artículo 2 de dicho Reglamento, el artículo 47 de la Carta y el artículo 57 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que incluye la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o su puesta a disposición para el pago de tasas judiciales y de una contribución a tanto alzado que, con arreglo al Derecho nacional, deben abonarse en el momento de la interposición de un recurso judicial contra una medida nacional de ejecución del citado Reglamento.

33

A tenor del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que dichos fondos o recursos económicos se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos.

34

A este respecto, cabe señalar que, como han indicado el Gobierno belga y la Comisión, algunas versiones lingüísticas de dicha disposición, como, en particular, sus versiones inglesa y neerlandesa, no se refieren a «gastos realizados para asegurar el servicio de juristas», como la versión francesa, sino a «gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos».

35

De ello se deduce que, mientras que el tenor de dicha disposición en su versión en lengua francesa podría parecer referirse únicamente a los gastos efectuados para el pago de una prestación de servicios jurídicos, sus términos, en otras versiones lingüísticas, incluyen también los gastos conexos a tal prestación.

36

Ahora bien, según la jurisprudencia, las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse y aplicarse de manera uniforme, a la luz de las versiones establecidas en todas las lenguas de la Unión, y, en caso de divergencia entre estas distintas versiones, la disposición de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en la que se integra (sentencia de 17 de enero de 2023, España/Comisión, C‑632/20 P, EU:C:2023:28, apartado 42 y jurisprudencia citada).

37

En el caso de autos, procede señalar que las disposiciones del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 deben interpretarse a la luz del considerando 6 de dicho Reglamento, que precisa, en particular, que este debe aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta, y más concretamente con los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

38

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el contexto comparable del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Bielorrusia (DO 2006, L 134, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 84/2011 del Consejo, de 31 de enero de 2011 (DO 2011, L 28, p. 17), y por el Reglamento (UE) n.o 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011 (DO 2011, L 161, p. 1), que, al resolver sobre una solicitud de liberación de fondos inmovilizados, conforme al artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 765/2006, la autoridad nacional competente aplica el Derecho de la Unión. De ello resulta que debe respetar la Carta, conforme a lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, de esta (sentencia de 12 de junio de 2014, Peftiev, C‑314/13, EU:C:2014:1645, apartado 24).

39

Desde esta perspectiva, procede subrayar que el motivo de la liberación de fondos o de recursos económicos inmovilizados previsto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014 tiene por objeto, sea cual sea la versión lingüística de dicha disposición a la que se haga referencia, facilitar el acceso de las personas y entidades cuyos activos hayan sido inmovilizados a los servicios jurídicos para garantizar la defensa de sus intereses. Así, la referida disposición debe interpretarse de conformidad con las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta en el sentido de que la inmovilización de esos activos no puede tener por consecuencia privar a esas personas de tener un acceso efectivo a la justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2014, Peftiev, C‑314/13, EU:C:2014:1645, apartados 25 y 26).

40

Más concretamente, cabe recordar que, a tenor del artículo 47, párrafo segundo, segunda frase, de la Carta, toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

41

Así pues, el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014 debe interpretarse a la luz de esta disposición de la Carta en el sentido de que, al referirse, en su conjunto, al «pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos», puede incluir todos los gastos efectuados para que una persona, entidad u organismo cuyos activos han sido inmovilizados pueda ser representado ante los tribunales.

42

Dicho esto, el pago de una tasa judicial y de una contribución a tanto alzado en el momento de la interposición de un recurso judicial no puede considerarse un gasto realizado para que una persona, entidad u organismo pueda ser representado ante los tribunales.

43

En efecto, es cierto que la referencia al «pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos» indica que la expresión «reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos» comprende gastos distintos de los honorarios que puedan correr a cargo de la persona, entidad u organismo que, para ser representado ante un tribunal, recurra a los servicios de un abogado o de otro profesional del Derecho habilitado al efecto.

44

No obstante, el pago de tasas judiciales o de una contribución a tanto alzado, como las mencionadas por el órgano jurisdiccional en sus cuestiones prejudiciales, no corresponde ni al pago de honorarios ni a un gasto en que se haya incurrido para cubrir gastos distintos de los honorarios que puedan correr a cargo de la persona, entidad u organismo que, para ser representado ante un tribunal, recurra a los servicios de un abogado o de otro profesional del Derecho habilitado al efecto.

45

En efecto, por una parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que las actividades a las que se refiere el concepto de «servicios de asesoramiento jurídico», en el sentido del artículo 5 quindecies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/1904 del Consejo, de 6 de octubre de 2022 (DO 2022, L 259 I, p. 3), se distinguen claramente de aquellas que pueden estar obligadas a ejercer las autoridades públicas o cualquier otra entidad a la que el Estado haya encomendado el ejercicio, bajo el control de estas autoridades, de una función de interés general y a la que se haya dotado, a tal efecto, de determinadas potestades vinculantes para los ciudadanos. En efecto, la función de estas autoridades no consiste en prestar servicios de asesoramiento sobre cuestiones de Derecho a personas para promover o defender los intereses particulares de estas (sentencia de 5 de septiembre de 2024, Jemerak, C‑109/23, EU:C:2024:681, apartado 41).

46

Por otra parte, como se desprende de la resolución de remisión, las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a una situación en la que el Derecho nacional impone tasas judiciales y una contribución a tanto alzado no por el hecho de que la persona, entidad u organismo interesado haya recurrido a los servicios de un abogado, sino porque esa persona, entidad u organismo ha interpuesto un recurso ante el órgano jurisdiccional de que se trata. Por lo tanto, debe deducirse de ello que, en tal situación, esas tasas judiciales y dicha contribución a tanto alzado pueden imponerse a la parte demandante con independencia de si está representada por un abogado u otro profesional del Derecho habilitado a tal efecto.

47

En cambio, procede señalar que, a modo de ejemplo de liberación o de puesta a disposición de los fondos y recursos económicos necesarios para satisfacer las «necesidades básicas» de las personas, entidades u organismos cuyos fondos se han inmovilizado, el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 269/2014 incluye expresamente tal liberación o tal puesta a disposición para el «pago» de los «impuestos».

48

A este respecto, por una parte, procede considerar que, a falta de otra precisión, la referencia hecha por esta disposición al «pago» de los «impuestos» como gasto «necesari[o] para satisfacer las necesidades básicas» de esas personas, entidades u organismos debe interpretarse en el sentido de que se refiere al pago de cualquier contribución obligatoria a la financiación del gasto público que deban abonar.

49

Por otra parte, en lo que atañe a la expresión «necesari[o] para satisfacer las necesidades básicas», que figura en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 269/2014, procede señalar que, como se desprende del considerando 6 de dicho Reglamento, esta debe interpretarse en el sentido de que se refiere, en particular, al gasto indispensable para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de esas personas, entidades u organismos, incluidos los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, protegidos por el artículo 47 de la Carta.

50

Por consiguiente, una tasa judicial y una contribución a tanto alzado, como las mencionadas en las cuestiones prejudiciales planteadas, que deben ser abonadas por tal persona, entidad u organismo para interponer un recurso de anulación contra una decisión de ejecución del Reglamento n.o 269/2014 por la que se deniega su solicitud de liberación de sus fondos, deben considerarse «impuestos», a efectos del artículo 4, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, cuyo pago es necesario para satisfacer sus «necesidades básicas», en el sentido de dicha disposición.

51

Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que, con arreglo al artículo 47, párrafo tercero, de la Carta, se preste asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

52

En efecto, cuando debe interponer un recurso judicial, cuyo mantenimiento en el Registro del órgano jurisdiccional ante el que se interponga está supeditado al pago de una contribución obligatoria, una persona, entidad u organismo mencionado en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 o una persona o entidad asociada a ella no puede ser considerada indigente debido a la inmovilización de sus fondos, sino que, por el contrario, debe solicitar a tal efecto la liberación de determinados fondos o recursos, siempre que concurran todos los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento. Por lo tanto, esta disposición se opone, por sí misma, a que la autoridad nacional competente deniegue la autorización de la liberación de fondos basándose en que tal persona podría recurrir a la asistencia jurídica gratuita (véase, por analogía, la sentencia de 12 de junio de 2014, Peftiev, C‑314/13, EU:C:2014:1645, apartado 31).

53

En lo que atañe al artículo 4, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento, no resulta necesario proceder a su interpretación, ya que se ha declarado, en el apartado 50 de la presente sentencia, que el pago de tasas judiciales y de una contribución a tanto alzado puede estar incluido en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento.

54

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 269/2014, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que incluye la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o su puesta a disposición para el pago de tasas judiciales y de una contribución a tanto alzado que, con arreglo al Derecho nacional, deben abonarse en el momento de la interposición de un recurso judicial contra una medida nacional de ejecución de dicho Reglamento.

Costas

55

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.