INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO Contribución de la Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE) a la ejecución de las obligaciones, compromisos e iniciativas que tienen los Estados miembros o la Unión a nivel de la UE o a nivel internacional en el ámbito de la protección medioambiental de las aguas marinas /* COM/2012/0662 final */
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y
AL PARLAMENTO EUROPEO Contribución de la Directiva marco sobre
la estrategia marina (2008/56/CE) a la ejecución de las obligaciones,
compromisos e iniciativas que tienen los Estados miembros o la Unión a nivel de
la UE o a nivel internacional en el ámbito de la protección medioambiental de
las aguas marinas 1. introducción La Directiva marco sobre la estrategia
marina (en lo sucesivo denominada Directiva Marina o DMEM)[1] tiene por objeto lograr de aquí a 2020 un buen estado medioambiental
de las aguas marinas de la UE y proteger los recursos de los que dependen las
actividades económicas y sociales relacionadas con el medio marino. El estado medioambiental se evaluará atendiendo a 11 descriptores
cualitativos[2],
teniendo en cuenta la situación del medio ambiente y las presiones e impactos
que se ejercen sobre los ecosistemas marinos. El objetivo que se persigue es
alcanzar ese buen estado medioambiental gracias al desarrollo y aplicación en
cada Estado miembro de una estrategia para el medio marino que dé respuesta a
todos los impactos y presiones que lo afectan. Parte fundamental de la DMEM es
también la consecución de una mayor cooperación transfronteriza dentro de las
regiones y subregiones marinas. La finalidad del presente Informe es dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 2, de la
DMEM, a saber, evaluar la contribución de la Directiva a la ejecución de las
obligaciones, los compromisos y las iniciativas de los Estados miembros o de la
Unión para la protección del medio ambiente en las aguas marinas. Aunque
algunas de esas obligaciones, compromisos e iniciativas constituyan
obligaciones que tienen su origen en acuerdos internacionales, todos ellos se
tratarán a los efectos del presente Informe bajo el término genérico de «compromisos». La Directiva Marina incorpora al
ordenamiento jurídico de la Unión un extensísimo número de compromisos
internacionales y de la UE relacionados con la protección medioambiental de las
aguas marinas. Gracias a ella, además, se refuerza la coherencia de la acción
de la UE y de sus Estados miembros en el marco de los acuerdos internacionales. El alcance completo de esos compromisos
ha sido analizado pormenorizadamente en un texto titulado «Study on the
contribution of the Marine Strategy Framework Directive to existing
international obligations» (estudio sobre la contribución de la Directiva
marco sobre la estrategia marina a las obligaciones internacionales existentes)[3]. El presente Informe destaca de forma especial
la contribución que ha hecho esa Directiva a los principios fundamentales
establecidos a nivel internacional, así como a algunos compromisos
internacionales esenciales (incluidos los convenios marinos regionales) y a las
grandes políticas de la Unión Europea. 2. Principios generales de la política
aplicada al medio ambiente y al medio marino Algunos de los principios medioambientales
generales que se han acordado a nivel internacional, como, por ejemplo, la Declaración
de Río[4],
se recogen, cuando procede, en la DMEM. Tales principios se reafirman en el
documento final de Río+20 titulado «El futuro que queremos»[5]. 2.1. El enfoque ecosistémico
como parte fundamental de la Directiva Marina El enfoque ecosistémico de la gestión del
medio marino constituye uno de los aspectos fundamentales de la DMEM. Aunque
ese enfoque carezca de una definición acordada internacionalmente, su finalidad
general es garantizar que la presión conjunta de las actividades humanas no
sobrepase unos niveles que menoscaben la capacidad de respuesta de los
ecosistemas. Las decisiones tomadas por la Conferencia
de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
(CDB) (Decisiones V/6 y VII/5 de la Conferencia de las Partes) y el Plan de
Aplicación de Johannesburgo, entre otros, contemplan una serie de requisitos
explícitos —reafirmados en la Conferencia de Río+20— que obligan a adoptar o a seguir
un enfoque ecosistémico para la gestión de las actividades humanas que afectan
al medio marino. La Directiva Marina no solo se refiere
expresamente al enfoque ecosistémico de la gestión del medio marino como
principio rector (considerandos 8 y 44), sino que además exige que este se
aplique en las estrategias marinas (artículos 1 y 3). En virtud, pues, de la
DMEM, ese enfoque se erige en principio jurídicamente obligatorio para la
gestión del medio marino. 2.2. Integración de la
dimensión medioambiental en otras políticas y gestión intersectorial integrada
de las aguas marinas La necesidad de integrar los objetivos de
la protección medioambiental en las actividades socioeconómicas y en otras
políticas se destaca con frecuencia en instrumentos internacionales junto con
la necesidad de una gestión integrada del medio marino y de las zonas costeras.
Recogidas particularmente en los compromisos de la Agenda 21[6] y en las decisiones
del CDB y confirmadas en el documento final de la Conferencia de Río+20, ambas
necesidades constituyen un principio fundamental de la política medioambiental
de la UE destacado en el TFUE[7].
La DMEM hace expresamente de este enfoque uno de sus objetivos (artículo 1,
apartado 4). Los instrumentos específicos de la
gestión intersectorial integrada de las aguas marinas han quedado definidos a
nivel internacional y la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) se ha
desarrollado como instrumento de gestión de esas zonas. La exigencia de adoptar
y aplicar la GIZC se ha introducido expresamente en la Agenda 21 y en el
Protocolo del Convenio de Barcelona relativo a esa forma de gestión. El proceso
de ordenación del espacio marítimo constituye otro instrumento complementario
para abordar los distintos usos que compiten en el mar, garantizando al mismo
tiempo la protección del medio ambiente. Dicho proceso se ha expandido y
promocionado más recientemente a nivel internacional (incluida la Decisión X/29
de la Conferencia de las Partes del CDB) y se está desarrollando en el marco de
la política marítima integrada (PMI) de la UE. Al tener en cuenta el impacto acumulado
global en lugar de regular independientemente cada uno de los distintos usos,
la Directiva Marina contribuye a la aplicación efectiva de una gestión
integrada de las aguas marinas. La DMEM, además, requiere que los Estados
miembros incluyan en sus programas de medidas instrumentos de control de la
distribución espacial y temporal (anexo VI), como, por ejemplo, la GIZC o la ordenación
del espacio marítimo. 2.3. El principio de cautela y
el principio de que «quien contamina paga» en el medio marino El principio de cautela y el de que
«quien contamina paga» son dos principios fundamentales de la política de
protección medioambiental y ambos encuentran su base en el TFUE[8]. Los dos principios
están recogidos en una serie de instrumentos internacionales relacionados con
el medio ambiente y, desde la Agenda 21 (capítulo 17.22) y el CDB (Decisiones
IV/5 y VIII/24 de la Conferencia de las Partes), hay una referencia específica
a ambos en conexión con la protección del medio marino. En sintonía con esas disposiciones, uno y
otro principio están incluidos en los considerandos 27 y 44 de la Directiva
Marina como principios rectores para su aplicación. En ambos, además, deben
basarse los programas de medidas que los Estados miembros están obligados a
desarrollar para garantizar que sus aguas marinas alcancen un buen estado medioambiental. 2.4. Gestión adaptativa
basada en el conocimiento e información y participación públicas La necesidad de una gestión adaptativa
basada en el conocimiento es también un principio fundamental que se recoge en
numerosas obligaciones internacionales[9].
Esa necesidad reviste particular importancia en la protección del medio marino,
donde subsiste gran número de incertidumbres. Al exigir una evaluación inicial
(artículo 8) y unos programas de seguimiento (artículo 11), la DMEM contribuye
a un examen global del estado del medio marino. Además, al disponer que los
objetivos medioambientales (artículo 10) y los programas de medidas (artículo
13) se basen en esa evaluación inicial, la Directiva garantiza que el cuerpo de
conocimientos adquirido de esa manera impregne las medidas de gestión que se
adopten subsiguientemente. Esto conduce al concepto de gestión adaptativa —recogido
expresamente en la DMEM [artículo 3, punto 5)]—, que requiere la actualización
de las estrategias marinas en ciclos de seis años. Este enfoque es perfectamente coherente
con el compromiso de desarrollar un proceso regular de las NU para la
comunicación y la evaluación mundial del estado del medio ambiente, que apoya
esa gestión adaptativa basada en el conocimiento. Por último, el acceso a la información,
la consulta pública y la educación son también principios generales que se
promocionan a nivel internacional en compromisos medioambientales. El Convenio
de Aarhus[10],
en particular, es un acuerdo internacional específico que hace operativos esos
principios de Río, y la Directiva Marina establece de forma concreta y
explícita requisitos (artículo 19 y anexo VI, punto 8) que contribuyen a la
aplicación de los mismos. 3. Principales tratados internacionales y
acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente Más allá de esos principios
medioambientales generales, la Directiva Marina incorpora a la normativa de la
UE aplicable a las aguas marinas gran número de compromisos más específicos
procedentes de acuerdos medioambientales multilaterales y de otros acuerdos
internacionales. 3.1. CNUDM y OMI La Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (CNUDM) establece los derechos y los deberes de las
naciones en los mares y los océanos, incluidas algunas obligaciones en materia
de protección y conservación del medio marino. La Convención contiene así
disposiciones que obligan, por ejemplo, al seguimiento y evaluación del estado
del medio marino, a la prevención de la contaminación del mar y a la
cooperación a nivel mundial y regional. La Directiva Marina reconoce plenamente
las obligaciones contenidas en la CNUDM[11]
y, dentro de su ámbito geográfico, recoge el requisito de la Convención de que
los Estados observen y midan los riesgos de la contaminación del medio marino y
sus efectos[12].
La DMEM, además, aplica otras varias disposiciones que obligan a los Estados a
tomar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina de
origen terrestre, para prevenir la contaminación del lecho y del subsuelo
marinos y para impedir la introducción de especies no autóctonas. Asimismo,
recoge las disposiciones de la CNUDM relativas a la pesca y la acuicultura
sostenibles, así como a la innovación y a la inversión en investigación, y, al
hacer hincapié en la cooperación regional[13],
viene a facilitar a los Estados la obligación de cooperar que les impone la
Convención con el fin de proteger el medio marino. Por lo demás, hay también algunas
disposiciones de la CNUDM, particularmente las que limitan la contaminación en
la fuente y las relativas a las evaluaciones de impacto ambiental, que se
recogen en actos normativos distintos de la Directiva Marina, como, por
ejemplo, la Directiva IPPC[14]
o las Directivas EIA y EAE[15]. Lo mismo puede decirse de las normas
adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) —como las contenidas
en el Convenio Marpol[16],
modificado por su Protocolo de 1987, o las del Convenio OPRC y su Protocolo
OPRC-HNS[17]—,
así como de las estipuladas en el Acuerdo sobre la cooperación en la lucha
contra la contaminación del Mar del Norte[18]
(acuerdo exterior a la OMI). Hay, en fin, una serie de disposiciones de la UE
que complementan la DMEM aportando mecanismos y soluciones prácticas para
atender a sus objetivos, como, por ejemplo, la Directiva sobre el control de
los buques por el Estado rector del puerto[19],
la Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados
por buques y residuos de carga[20]
o la Decisión por la que se establece un Mecanismo Comunitario de Protección
Civil[21]. 3.2. La DMEM como
contribución esencial a la implementación de los compromisos internacionales en
materia de biodiversidad marina La Directiva Marina es el primer
instrumento legislativo de la UE que se relaciona expresamente con la
protección de la biodiversidad marina en su conjunto. Contiene el objetivo
reglamentario específico de mantener la biodiversidad de aquí a 2020, objetivo
que constituye la pieza clave para lograr el buen estado medioambiental de los
océanos y de los mares. Aporta, pues, junto con las Directivas de Hábitats y de
Aves[22],
un sólido marco político y jurídico para el cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de protección de la biodiversidad marina,
compromisos como los establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) (mencionado en el considerando 18 de la DMEM) o por la Convención sobre
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres
(CITES). Además de aplicar el enfoque ecosistémico
del CDB y el principio de la gestión adaptativa, la DMEM recoge algunos requisitos
más específicos de ese Convenio, como, por ejemplo, la necesidad de establecer
zonas marinas protegidas (ZMP), necesidad que los Estados miembros tienen que
incorporar a sus estrategias marinas como parte de un enfoque global en la
protección del medio marino. La DMEM, además, agrupará en un solo marco —una
red coherente y representativa de zonas marinas protegidas— aquellas ZMP que se
hayan establecido en virtud de otras obligaciones de la Unión o de otras
obligaciones internacionales (véase más adelante la sección 5). 3.3. Vinculación con los
compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático La Directiva Marina aborda los efectos
del cambio climático en los océanos y, en ese sentido, contribuye
indirectamente a los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de otros instrumentos que tratan este tema. La DMEM mejora el conocimiento del
impacto climático en el medio marino al disponer que en sus evaluaciones
iniciales los Estados miembros tengan presentes diversos factores relacionados
con el clima, como los cambios de la temperatura del mar o de la capa de hielo
o la acidificación de los océanos. Las estrategias marinas de los Estados
miembros enmarcadas en la DMEM pueden contemplar también la adaptación al
cambio climático. Dado que las presiones y los impactos pueden variar en
función de los diferentes modelos de actividad humana y del impacto del cambio
climático, es posible que tenga que adaptarse con el tiempo lo que deba
entenderse por buen estado medioambiental[23]. Por último, los océanos que gozan de
buena salud desempeñan una importante función mitigadora como sumideros de
carbono. Los mares y los océanos pueden utilizarse para la generación de
energías renovables y para la captura y almacenamiento de carbono (CAC), que
son actividades humanas cuya presión e impacto tiene que gestionarse en el
contexto de la Directiva. 4. Papel fundamental de los convenios
marinos regionales Cuatro son los convenios marinos
regionales que afectan a las aguas marinas cubiertas por la DMEM, a saber, el Convenio
sobre protección del medio marino del Nordeste Atlántico (OSPAR), el Convenio
sobre protección del medio marino de la zona del Mar Báltico (HELCOM), el Convenio
para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo
(Convenio de Barcelona ) y el Convenio sobre la protección del Mar Negro frente
a la contaminación (Convenio de Bucarest)[24].
Entre ellos se observan algunas diferencias significativas, particularmente en
lo que atañe al papel de los países que no son miembros de la UE (por ejemplo,
mientras 9 de las 10 Partes del Convenio del Báltico son Estados miembros de la
Unión, del Convenio del Mediterráneo solo lo son 7 de un total de 22 Partes). El objetivo de los convenios marinos
regionales es mejorar la gobernanza regional de las regiones marinas y reforzar
la protección del medio marino. La DMEM contiene numerosas disposiciones cuyo
objetivo es garantizar que su aplicación no solo contribuya a las actividades
de los convenios que atañan a las regiones y subrregiones marinas de la UE,
sino que además se apoye y base en ellas. El artículo 6, apartado 1, de la DMEM
dispone con claridad que, para lograr la coordinación necesaria, los Estados
miembros utilicen las estructuras institucionales de cooperación regional
existentes, incluidas las establecidas en virtud de convenios marinos
regionales. Varios de esos convenios han asumido expresamente la función de
facilitar la aplicación regional de la DMEM. Además, el apartado 2 del mismo
artículo 6 requiere que los Estados miembros hagan todo lo posible —recurriendo
a los foros internacionales pertinentes y empleando los mecanismos que ofrecen
los convenios marinos regionales— por coordinar sus acciones con los terceros
países para establecer y aplicar estrategias marinas, y por ampliar, cuando
proceda, la coordinación y la cooperación a todos los Estados miembros,
incluidos los países sin litoral. La Directiva Marina garantiza no solo que
los convenios marinos regionales y otros acuerdos internacionales se tengan en
cuenta en todas las fases de desarrollo de las estrategias marinas, sino
también que haya coherencia entre las metodologías utilizadas en las distintas
regiones o subregiones marinas y que se tengan presentes los efectos transfronterizos. La Directiva Marina contribuye, por otra
parte, al cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos por la UE y
por los Estados miembros en virtud de convenios marinos regionales. Esto abarca, por ejemplo, la obligación
de tomar cuantas medidas sean posibles para prevenir y eliminar la
contaminación procedente de fuentes marinas y terrestres, así como el impacto
de los vertidos de fuente puntual en el medio marino. La DMEM, además, ha hecho
suyo el compromiso expreso de adoptar o de seguir un enfoque ecosistémico para
la gestión de las aguas marinas y de conservar los recursos del mar, incluyendo
la obligación de adoptar medidas que, como la regulación de la introducción de
especies invasoras, permitan proteger y conservar los ecosistemas y la
biodiversidad. La Directiva Marina incorpora todos estos elementos como
condición indispensable para alcanzar un buen estado medioambiental. La DMEM, por último, integra también
aquellas disposiciones de los convenios marinos regionales que regulan el
acceso a la información sobre el estado del medio marino y la obligación de los
Estados de aplicar programas de seguimiento e investigación y de informar de
sus resultados (véase la sección 2.4). 5. Relación de la DMEM con otras políticas
de la UE Muchas de las políticas de la UE afectan
al medio marino, especialmente las relacionadas con la pesca, el transporte, la
industria, la agricultura, el desarrollo regional, la investigación, la energía
y las relaciones exteriores, así como partes importantes de la política
medioambiental, como, por ejemplo, la correspondiente al agua. Esas políticas,
sin embargo, no están concebidas específicamente para proteger el medio marino
de forma coordinada. Esto significa que cada sector aborda por separado las
actividades humanas que tienen impacto en el medio marino. Para poder conseguir su objetivo
principal, la DMEM quiere garantizar la coherencia y la integración de las
medidas tomadas en virtud de otros instrumentos jurídicos de la UE. De esta
forma, como se dispone en su artículo 20, al evaluar la contribución de la
Directiva al cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales, es
necesario tener en cuenta las medidas y las obligaciones que hayan sido establecidas
por otros actos normativos de la Unión. La Directiva Marco del Agua (DMA)[25] está íntimamente
vinculada a la Directiva Marina dado que, complementando el buen estado
medioambiental que persigue esta, establece el objetivo de alcanzar de aquí a
2015 un buen estado en todas las aguas subterráneas y de superficie de la UE,
incluidas las costeras. Las medidas que se adopten en virtud de la DMA
reducirán la contaminación marina y el aporte de nutrientes de origen terrestre
y protegerán los ecosistemas en las aguas costeras y de transición, que son
para muchas especies de peces de mar zonas de desove fundamentales. La obligación de realizar una evaluación
de impacto ambiental (EIA) de los proyectos y actividades que tengan como
escenario las tierras o los mares de la Unión se establece en la Directiva
2011/92/UE. La misma obligación existe para la preparación de planes y
programas en virtud de la Directiva 2001/42/CE, conocida como la Directiva de
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La Directiva Marina no establece
expresamente el requisito de realizar una EAE para los planes y programas que
afecten al medio marino. Sin embargo, como ha confirmado el Tribunal de
Justicia[26],
la EAE se aplica por derecho propio, siempre que se cumplan sus condiciones, en
especial que el plan de que se trate constituya un marco para el desarrollo
futuro de proyectos. Es posible a este respecto que, dependiendo de su
contenido, las estrategias marinas deban someterse a una EAE, como también es
probable que tengan que hacerlo los programas de medidas si, como prevé el
anexo VI de la DMEM, establecen el marco para actividades y proyectos futuros. Además, la Directiva de Hábitats[27] dispone en su
artículo 6 que se lleve a cabo una evaluación adecuada en el caso de todos los
planes o proyectos que puedan tener efectos significativos en las zonas
especiales de conservación (ZEC) que se establezcan en su marco, así como en
las zonas especiales de protección para las aves (ZEPA) establecidas en virtud
de la Directiva de Aves. Dado que algunas ZEC vienen a añadirse a las zonas marinas
protegidas que contempla la DMEM, es habitual que se requiera para las
estrategias marinas y para los programas de medidas y actividades una
evaluación enmarcada en el artículo 6 de la Directiva de Hábitats. Estas
evaluaciones pueden integrarse en el procedimiento de la EAE. La UE ha contraído una serie de
compromisos políticos de alto nivel para la protección de la biodiversidad. El
objetivo principal es detener de aquí a 2020 la pérdida de biodiversidad y la
degradación de los servicios de los ecosistemas en la UE, restableciéndolos en
la medida de lo posible. Este objetivo político ha quedado consagrado en la
estrategia que tiene la UE para la biodiversidad hasta 2020[28] y se materializa
en una serie de metas y acciones específicas vinculadas a la consecución del
objetivo de la Directiva Marina y de otros actos normativos de la UE centrados
en la protección de las especies amenazadas y en la explotación sostenible de
las poblaciones de peces. Por disposición de las Directivas de Hábitats
y de Aves, los Estados miembros tienen que garantizar un estado de conservación
favorable de una serie de especies y de hábitats marinos y un estado
poblacional positivo de todas aquellas especies marinas cuya presencia en una
zona sea natural, incluidas las aves migratorias. En virtud de ambas
Directivas, hay gran número de zonas costeras y marinas de la UE que han sido o
serán designadas como espacios de la red Natura 2000. La DMEM reconoce que el
establecimiento de zonas marinas protegidas —incluyendo los espacios Natura
2000 ya designados o por designar en el marco de esas dos Directivas— hace una
importante contribución al logro del buen estado medioambiental y exige que las
redes de zonas marinas protegidas que se constituyan queden incluidas en los
programas de medidas de las estrategias marinas (véase el artículo 13, apartado
4, de la DMEM). Esta disposición, que requiere que las redes de zonas marinas
protegidas sean coherentes y representativas y cubran de forma adecuada la
diversidad de los ecosistemas que las compongan, va expresamente más allá de la
red Natura 2000 ya que amplía esas redes a las zonas marinas protegidas
establecidas en virtud de convenios marinos regionales. Por su parte, el
apartado 5 de ese mismo artículo garantiza un vínculo explícito entre el
establecimiento de las zonas marinas protegidas y las medidas que puedan
adoptarse en el marco de la Política Pesquera Común (PPC). La DMEM, por lo
tanto, asume en este caso la función específica de un marco en el que es
posible integrar y complementar las medidas existentes con nuevas iniciativas. En lo que atañe a la regulación de la
pesca y de la acuicultura, la PPC establece para la gestión de las pesquerías
compartidas de la UE un enfoque basado en la colaboración. La propuesta de
reforma de la PPC de 2011[29]
exige tener en cuenta el impacto medioambiental de las actividades pesqueras y
hacer que todas las poblaciones de peces se sitúen por encima de unos niveles
que permitan alcanzar el rendimiento máximo sostenible. Exige también
expresamente integrar los objetivos de la Directiva Marina, que viene así a
complementar la PPC al tender un vínculo entre esta y otros aspectos esenciales
de la protección del medio ambiente (como la conservación de la biodiversidad o
la protección de los hábitats y de las especies a ellos asociadas). Son varios, por otra parte, los
instrumentos legislativos de la UE que tienen un impacto en el grado de
contaminación ulterior del medio marino, como, por ejemplo, la Directiva sobre
nitratos[30],
la Directiva sobre sustancias prioritarias[31]
o la Directiva marco sobre residuos[32].
La DMEM viene a complementar estos actos normativos de la Unión. Hay también una estrecha vinculación
entre la Directiva Marina y la política de protección civil de la UE, que
establece a nivel de la Unión un marco de cooperación para gestionar todos los
tipos de catástrofes en todas las fases de su ciclo de gestión, incluidas la
prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación[33]. La DMEM, en fin, constituye el pilar
medioambiental de la Política Marítima Integrada (PMI). Su función se pone de
manifiesto en una serie de aspectos de esa política, incluyendo la ordenación
del espacio marítimo, el conocimiento del medio marino y las estrategias
regionales. Como tal, la DMEM, además de orientar la
implementación de varias obligaciones, compromisos e iniciativas a nivel de la
UE y de contribuir a ellos, garantiza su sostenibilidad y coadyuva al objetivo
general de coherencia que se establece en su artículo 1, apartado 4. 6. Perspectivas de futuro: la DMEM y la
aplicación de los resultados de Río+20 El documento final de Río+20 titulado «El
futuro que queremos» recoge una serie de conceptos contenidos en la Directiva
Marina, lo que incluye el compromiso de proteger —y de restablecer— la salud,
la productividad y la resistencia de los océanos y de los ecosistemas marinos y
de mantener su biodiversidad, posibilitando su conservación y su uso sostenible
tanto para las generaciones presentes como para las futuras. El documento
destaca la necesidad de aplicar con efectividad un enfoque ecosistémico y
preventivo en la gestión de las actividades que tengan un impacto en el medio
marino. Contiene, asimismo, una serie de compromisos específicos, entre ellos
el de adoptar estrategias coordinadas para la lucha contra la contaminación, el
de tomar medidas para que de aquí a 2025 se reduzcan de forma significativa las
cantidades de basura marina o el de emprender acciones para combatir las
especies invasoras. La Directiva Marina constituirá uno de los principales
instrumentos de la Unión para aplicar en ella los compromisos marinos de Río+20. Otra importante decisión que se tomó en
Río fue la de abordar con carácter de urgencia el problema de la conservación y
del uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas más allá de
las jurisdicciones nacionales (entre las medidas contempladas se incluiría el
desarrollo de un instrumento internacional en el marco del CNUDM). En la
consecución de ese objetivo, habrá de tenerse en cuenta —tal y como se acordó
en Río y como se dispone en la DMEM— la necesidad de mantener la biodiversidad
marina y de adoptar otras medidas sectoriales también acordadas en Río,
especialmente en relación con la pesca. Entre tales medidas figuran una
intensificación urgente de los esfuerzos para alcanzar de aquí a 2015 el
objetivo de mantener o restablecer las poblaciones de peces en niveles que
permitan producir el rendimiento máximo sostenible[34], así como una
acción reforzada para gestionar las capturas accesorias, los descartes y otros
efectos negativos de la pesca en los ecosistemas, incluyendo la eliminación de
las prácticas pesqueras destructivas. Además, al igual que el CDB, la Directiva
Marina combina la protección con el uso sostenible y es indispensable para la
consecución de una economía ecológica. Basándose así en los resultados de Río+20,
la UE seguirá prestando su apoyo a una «economía azul» que haga extensivos los
principios de la economía ecológica a la conservación y al uso sostenible de
los recursos marinos. 7. Conclusión La DMEM es una directiva marco que
promueve un enfoque integrado y adaptativo para la gestión de las actividades
humanas que afectan al medio marino. Es, además, por su propia naturaleza, un
instrumento de política flexible que permite incorporar los compromisos internacionales
a las políticas que aplica la Unión a sus aguas. En el futuro, esta
flexibilidad de la Directiva (incluido su ciclo regular de seis años para la
actualización de las estrategias marinas) le permitirá adaptarse a los nuevos
compromisos y, entre ellos, a los derivados de Río+20 y de su seguimiento. Dado que el ámbito geográfico de la DMEM
no cubre el alta mar, no todos los compromisos internacionales que atañen al
medio marino entran en su campo de actuación. En algunos casos, hay otros
instrumentos normativos de la UE que están mejor adaptados para aplicar esos
compromisos a sectores específicos. Un aspecto positivo, sin embargo, es que
esos instrumentos funcionan cada vez más en sinergia con los mecanismos de la
DMEM, contribuyendo a sus objetivos. La Directiva Marina está entrando en una
fase crucial de su aplicación, con la preparación de las evaluaciones
iniciales, la determinación del buen estado medioambiental y el establecimiento
por los Estados miembros de objetivos medioambientales cuya idoneidad y
coherencia serán analizadas por la Comisión Europea. El grado de ambición con
el que se cumplan en los Estados miembros los numerosos compromisos
internacionales asumidos por la DMEM dependerá fuertemente de la forma en que
se determine el buen estado medioambiental y en que se apliquen después a nivel
nacional las disposiciones de la Directiva. En este contexto, los convenios marinos
regionales seguirán desempeñando un importantísimo papel, participando
activamente en el seguimiento de las primeras fases de aplicación de la
Directiva Marina y garantizando una mayor coherencia de los enfoques nacionales
en cada región. [1] Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria
para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)
(DO L 164 de 25.6.2008). [2] Los 11 descriptores cualitativos son los siguientes: 1.
se mantiene la biodiversidad; 2. las especies alóctonas no afectan de forma
adversa a los ecosistemas; 3. las poblaciones de peces y moluscos explotados
comercialmente presentan un buen estado de salud; 4. todos los elementos de las
redes tróficas garantizan la abundancia de las especies y su reproducción; 5.
se minimiza la eutrofización; 6. la integridad del suelo marino garantiza el
funcionamiento de los ecosistemas; 7. la alteración permanente de las
condiciones hidrográficas no afecta de manera adversa a los ecosistemas; 8. las
concentraciones de contaminantes no dan lugar a efectos de contaminación; 9.
los contaminantes presentes en los productos de la pesca destinados al consumo
humano no superan los niveles de seguridad; 10. los desechos marinos no
resultan nocivos; 11. la introducción de energía (incluido el ruido subacuático)
no afecta de manera adversa a los ecosistemas. [3] http://ec.europa.eu/environment/marine/ [4] La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, salida de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en 1992, proclamó 27 principios
fundamentales que debían orientar las decisiones y políticas futuras para
atender a las implicaciones medioambientales del desarrollo socioeconómico. [5] A/CONF.216/L.1. [6] La Agenda 21, acordada en la CNUMAD de 1992, es un
programa no obligatorio y un plan de acción global para el desarrollo
sostenible (http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/). [7] Artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE). [8] Artículo 191 del TFUE. [9] La Agenda 21, el CDB y el proceso regular de las
Naciones Unidas promueven una gestión adaptativa. La mayor parte de los
convenios marinos regionales ha recogido ese enfoque en sus instrumentos. [10] El Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en
materia de medio ambiente fue adoptado en 1998 por la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas. [11] Considerando 17 de la DMEM. [12] Artículo 11 y anexo V de la DMEM. [13] Artículo 6 de la DMEM. [14] Directiva 2008/1/CE, relativa a la prevención y al control
integrados de la contaminación (DO L 24 de 29.1.2008, p. 8–29). [15] Directivas 2011/92/UE y 2001/42/CE. [16] Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por
los Buques (Marpol). [17] Convenio internacional sobre cooperación, preparación y
lucha contra la contaminación por hidrocarburos (OPRC) y Protocolo sobre
cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. [18] Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la
contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias
peligrosas. [19] Directiva 2009/16/CE (DO L 131 de
28.5.2009, p. 57–100). [20] Directiva 2000/59/CE (DO L 332 de
28.12.2000, p. 81–90), modificada en último lugar por el Reglamento
(CE) nº 1137/2008. [21] Decisión 2007/779/CE, Euratom del Consejo (refundición). [22] Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p.
7–50), y Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves
silvestres (codificada) (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7–25). [23] Considerando 34 de la DMEM. [24] Considerando 19 de la DMEM. [25] Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1). [26] Véanse los asuntos C-105/09 y C-295/10. [27] Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7). [28] Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la UE
sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural»
[COM (2011) 244 final]. [29] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la Política Pesquera Común [COM(2011) 425 final]. [30] Directiva 91/676/CEE (DO L 375 de
31.12.1991, p. 1–8), modificada en último lugar por el Reglamento (CE) nº
1137/2008 (DO L 311 de 21.11.2008, p. 1–54). [31] Directiva 2008/105/CE (DO L 348
de 24.12.2008, p. 84–97). [32] Directiva 2008/98/CE (DO L 312 de
22.11.2008, p. 3–30). [33] Decisión 2007/779/CE, Euratom del Consejo por la que se
establece un Mecanismo Comunitario de Protección Civil (Refundición). [34] Se trata de un objetivo que se acordó por primera vez en
2002 en la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible.