<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11997ESA.0100012701.case.xml"><NO.CASE>T-64/96</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61996B0064</NO.CELEX><NO.SEQ>0005.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>129</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>139</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19970206">6.2.1997</DATE> — ASUNTO T-64/96</LEFT><RIGHT>DE JORIO / CONSEJO</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Tercera)</P><P>de <DATE ISO="19970206">6 de febrero de 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-64/96,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Filippo de Jorio,</HT> Consejero del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, representado por el Sr. Lucio Filippo Longo, Abogado de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,</P><PARTY.STATUS>parte demandante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Consejo de la Unión Europea,</HT> representado por las Sras. Maria Cristina Giorgi, Consejero Jurídico, y Thérèse Blanchet, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Bruno Eynard, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,</P><PARTY.STATUS>parte demandada,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>que tiene por objeto varias peticiones basadas en los artículos 173 y 175 del Tratado CE, relativas a las dietas de los miembros del Comité Económico y Social,</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-130"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),</P><P>integrado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente; C. P. Briët y A. Potocki, Jueces;</P><P>Secretario: Sr. H. Jung;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Marco normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>El artículo 193 del Tratado CE (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Tratado<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) crea un Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>CES<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), de carácter consultivo y establece que estará compuesto por representantes de los diferentes sectores de la vida económica y social.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>A tenor del párrafo cuarto del artículo 194 del Tratado, el Consejo establecerá, por mayoría cualificada, las dietas de los miembros del CES.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>El Comité de las Regiones (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>CdR<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), creado por el artículo 198 A del Tratado, disposición insertada en el Tratado por el Tratado de la Unión Europea, es también un órgano de carácter consultivo, compuesto por representantes de los entes regionales y locales.</TXT></NP><?PAGE NO="II-131"?><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Al contrario que el CES, el propio CdR puede fijar las dietas de sus miembros, siempre y cuando cumpla las disposiciones adoptadas en el marco del procedimiento presupuestario.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Hechos que originaron el litigio</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>El demandante fue nombrado miembro del CES mediante la Decisión 94/660/CE, Euratom del Consejo, de <DATE ISO="19940926">26 de septiembre de 1994</DATE>, por la que se nombran los miembros del Comité Económico y Social para el período comprendido entre el <DATE ISO="19940921">21 de septiembre de 1994</DATE> y el <DATE ISO="19980920">20 de septiembre de 1998</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="257" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="20">DO L 257, p. 20</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Mediante escritos de <DATE ISO="19941221">21 de diciembre de 1994</DATE> y <DATE ISO="19950126">26 de enero de 1995</DATE>, el Presidente del CES se quejaba al Presidente del Consejo por el hecho de que el propio CdR puede establecer las dietas de sus miembros, mientras que el CES, cuyos miembros ejercen funciones paralelas y equivalentes, no dispone de ficha facultad. Señalaba que los Consejeros del CES consideraban que dicha situación constituía una discriminación con respecto a la de los Consejeros del CdR. Solicitó entonces que se concediese al CES la misma libertad que al CdR por lo que a las dietas de sus miembros se refiere, añadiendo que se trataba de una cuestión de dignidad.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Mediante escrito de <DATE ISO="19950301">1 de marzo de 1995</DATE>, la Presidencia del Consejo respondió al Presidente del CES que el párrafo cuarto del artículo 194 del Tratado no permitía tramitar la reivindicación del CES dirigida a obtener una capacidad autónoma de definición del estatuto económico de sus miembros. No obstante, se declaró dispuesta a examinar de nuevo la cuestión de la revalorización de las dietas de los miembros del CES, si éste pudiera justificar dicha revalorización por consideraciones objetivas de carácter técnico.</TXT></NP><?PAGE NO="II-132"?><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Posteriormente, el Comité presupuestario del Consejo elaboró un Proyecto de nueva Decisión basada en el párrafo cuarto del artículo 194 del Tratado, relativa a las dietas de los miembros del CES.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Mediante escrito de <DATE ISO="19950601">1 de junio de 1995</DATE>, el Presidente del CES informó al Presidente del Consejo que la Mesa del CES había decidido por unanimidad rechazar dicho Proyecto de Decisión. Señaló, sin embargo, que si se consideraba que el aumento de las dietas propuesto era una mera corrección con arreglo a la evolución del coste de la vida, la Mesa del CES estaría dispuesta a aceptarlo, siempre y cuando dicho aumento no fuera acompañado de ninguna condición especial.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>De esta forma, el Consejo aumentó las dietas diarias de los miembros del CES, mediante la Decisión 95/358/CE, Euratom, de <DATE ISO="19950629">29 de junio de 1995</DATE>, relativa a la concesión de dietas diarias a los miembros del Comité Económico y Social, así como a los suplentes y expertos (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="205" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="38">DO L 205, p. 38</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Decisión 95/358<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimiento administrativo previo y pretensiones de las partes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19960510">10 de mayo de 1996</DATE>, el demandante interpuso el presente recurso, formulando una pretensión de anulación basada en el artículo 173 del Tratado y una pretensión de declaración de omisión basada en el artículo 175 del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>La fase escrita siguió su curso reglamentario. El <DATE ISO="19961209">9 de diciembre de 1996</DATE>, el Consejo presentó su escrito de duplica.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>El demandante no ha formulado diferenciadamente pretensiones formales.</TXT></NP><?PAGE NO="II-133"?><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Declare la inadmisibilidad del recurso.</P></ITEM><ITEM><P>Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.</P></ITEM><ITEM><P>Condene en costas al demandante.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado el <DATE ISO="19961024">24 de octubre de 1996</DATE>, el Reino de los Países Bajos solicitó ser admitido a intervenir en el litigio en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sobre la admisibilidad el recurso</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Respecto a la pretensión de anulación</P></TI></TITLE><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>En su escrito de contestación, el Consejo afirma que la pretensión de anulación es inadmisible, por no ajustarse a las exigencias del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Recuerda que, a tenor de las letras c) y d) de dicha disposición, la demanda deberá contener, entre otras cosas, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> así como <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>las pretensiones del demandante<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>. Pues bien,<?PAGE NO="II-134"?> la demanda no contiene nada de eso. No indica ningún acto cuya anulación solicita el demandante, ni formula ninguna pretensión identificable al respecto. Por consiguiente, a la luz del auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19931129">29 de noviembre de 1993</DATE>, Koelman/Comisión (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-56/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1267">T-56/92, Rec. p. II-1267</REF.DOC.ECR>), apartado 19, la demanda no posee el grado de precisión requerido para que pueda declararse su admisibilidad.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Por otra parte, el único acto que posiblemente hubiera podido ser objeto de un recurso de anulación sería la Decisión 95/358, publicada en el <HT TYPE="ITALIC">Diario Oficial de las Comunidades Europeas</HT> el <DATE ISO="19950831">31 de agosto de 1995</DATE>. Pues bien, si el demandante se hubiera referido a dicha Decisión, su pretensión de anulación hubiera sido manifiestamente extemporánea y, por consiguiente, inadmisible. En efecto, el plazo de interposición del recurso de dos meses, más el plazo de diez días por razón de la distancia previsto para Italia, hubiera expirado mucho antes de la presentación de la demanda el <DATE ISO="19960510">10 de mayo de 1996</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>En su escrito de réplica, el demandante alega que el acto cuya anulación se solicita es <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>la negativa del Consejo a aceptar la petición del Presidente del CES destinada a obtener que el Consejo examine de nuevo las dietas que han de concederse a los miembros del Comité Económico y Social<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Afirma que tuvo conocimiento de dicho acto mediante un fax remitido el <DATE ISO="19960213">13 de febrero de 1996</DATE>. Por consiguiente, al presentar su demanda el <DATE ISO="19960510">10 de mayo de 1996</DATE>, es decir, dentro de los sesenta días siguientes a aquella fecha, respetó el plazo de interposición de su recurso.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>En su escrito de dúplica, el Consejo contesta que sigue sin entender bien cuál es el acto cuya anulación solicita el demandante, ignorando en particular a qué <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>negativa del Consejo<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> hace alusión el demandante. Esta confusión no hace sino reforzar su tesis de que procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de anulación, por ser contraria a las exigencias del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento (véase el apartado 17 <HT TYPE="ITALIC">supra</HT>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-135"?><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>En cualquier caso, si por casualidad el día inicial del plazo de interposición del recurso fuese el <DATE ISO="19960213">13 de febrero de 1996</DATE>, como afirma el demandante, el plazo de recurso de dos meses, más el plazo de diez días por razón de la distancia, hubiera vencido el <DATE ISO="19960423">23 de abril de 1996</DATE>, es decir, mucho antes de la presentación de la demanda el <DATE ISO="19960510">10 de mayo de 1996</DATE>. La pretensión de anulación es pues extemporánea y, por consiguiente, inadmisible.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Respecto a la pretensión de declaración de omisión</P></TI></TITLE><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>En su escrito de contestación, el Consejo alega que la pretensión de declaración de omisión es inadmisible, porque no se ajusta a las exigencias del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>En efecto, aunque sea ligeramente más clara que la pretensión de anulación, en la medida en que reprocha al Consejo <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>no haber hecho nada<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> o incluso el hecho de que, supuestamente, los miembros del CES <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>sigan sin tener estatuto económico<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, la pretensión de declaración de omisión no deja de ser confusa e incoherente, careciendo de esta forma del grado de precisión requerido por el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento para que pueda declararse su admisibilidad (véase también el apartado 17 <HT TYPE="ITALIC">supra</HT>).</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Por otra parte, el Consejo recuerda que una pretensión de declaración de omisión solamente será admisible si el demandante hubiere requerido previamente a la Institución demandada para que actúe. Dicho requerimiento para actuar es una <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>formalidad inicial esencial<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> cuya ausencia implica la inadmisibilidad de la pretensión de declaración de omisión.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Pues bien, en el caos de autos, el demandante nunca requirió al Consejo para que actuase a efectos del párrafo segundo del artículo 175 del Tratado, por lo que procede que se declare la inadmisibilidad de su pretensión de declaración de omisión.</TXT></NP><?PAGE NO="II-136"?><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Por ùltimo, el Consejo señala que no incurre actualmente ni ha incurrido nunca en omisión con respecto a la fijación de las dietas de los miembros del CES, ya que desde 1958 ha venido fijando reglamentariamente dichas dietas, la última vez mediante su Decisión 95/358.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>En su escrito de réplica, el demandante no responde a las alegaciones del Consejo relativas a la supuesta inadmisibilidad de su pretensión de declaración de omisión. Afirmando que no quiere perderse <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>en sutilezas<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>, solicita al Tribunal de Primera Instancia <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>que tenga a bien pronunciarse sobre el fondo de este problema serio y grave, y no decidir sobre las excepciones de inadmisibilidad<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>A tenor del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>En el caso de autos, procede aplicar dicho artículo.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>En primer lugar, hay que señalar que, con arreglo al artículo 19 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia y a la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, toda demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta información debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el órgano jurisdiccional comunitario resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19920331">31 de marzo de 1992</DATE>, Comisión/Dinamarca, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-52/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-2187">C-52/90, Rec. p. I-2187, apartado 17</REF.DOC.ECR>; auto Koelman/Comisión, antes citado, apartado 21).</TXT></NP><?PAGE NO="II-137"?><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Pues bien, en el caso de autos, la demanda no permite identificar sin ambigüedades ni el acto cuya anulación se solicita ni la omisión por parte del Consejo que el Tribunal de Primera Instancia estaría obligado a declarar. Por otra parte, la demanda no contiene en modo alguno una exposición clara y precisa de los motivos invocados.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>De ello se deduce que la demanda no cumple los requisitos para que se declare su admisibilidad establecidos en el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>En segundo lugar, procede señalar que, con arreglo al artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y a la letra d) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, la demanda deberá contener las pretensiones del demandante.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Ahora bien, en el presente caso, la demanda no contiene pretensiones formales. Además, el escrito de réplica tampoco contiene dichas pretensiones. Aunque en determinadas circunstancias la falta de indicación de pretensiones formales pueda ser subsanada por el órgano jurisdiccional comunitario, cuando dichas pretensiones puedan deducirse del conjunto de la argumentación contenida en la demanda (auto del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19940207">7 de febrero de 1994</DATE>, Pia Hifi/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-388/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-387">C-388/93, Rec. p. I-387, apartados 8 a 10</REF.DOC.ECR>), dicha deducción es imposible en el caso de autos, dado que precisamente, la argumentación contenida en la demanda carece manifiestamente de claridad y precisión (véase el apartado 32 <HT TYPE="ITALIC">supra</HT>).</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>De lo antedicho resulta que la demanda no cumple tampoco los requisitos establecidos en el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y en la letra d) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento para que proceda declarar su admisibilidad.</TXT></NP><?PAGE NO="II-138"?><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Además, por lo que respecta más concretamente a la pretensión de anulación, hay que señalar que, incluso en el supuesto de que la presunta <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>negativa del Consejo de aceptar la petición del Presidente del CES destinada a obtener que el Consejo examine de nuevo las dietas que han de concederse a los miembros del Comité Económico y Social<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> pudiera considerarse un acto impugnable a efectos del artículo 173 del Tratado, el demandante, en cualquier caso, habría interpuesto su recurso fuera de plazo.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>En efecto, como el propio demandante alegó, tuvo conocimiento de dicho acto el <DATE ISO="19960213">13 de febrero de 1996</DATE>. Por consiguiente, al presentar su demanda el <DATE ISO="19960510">10 de mayo de 1996</DATE>, no respetó el plazo imperativo de dos meses y diez días (plazo por razón de la distancia) previsto en el párrafo quinto del artículo 173 del Tratado y en el apartado 2 del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento para la interposición de un recurso de anulación por un demandante residente en Italia.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Por último, por lo que se refiere más concretamente a la pretensión de declaración de omisión, del conjunto de los documentos obrantes en autos se deduce que, antes de interponer el presente recurso, el demandante no siguió adecuadamente el procedimiento administrativo previo dirigiendo al Consejo un requerimiento para que actuase, con arreglo al párrafo segundo del artículo 175 del Tratado. De esta forma, incumplió una formalidad esencial, lo que implica la inadmisibilidad de su pretensión de declaración de omisión (véase en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19590204">4 de febrero de 1959</DATE>, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="17/57" YEAR="1959" PAGE.ECR="9">17/57, Rec. pp. 9 y ss</REF.DOC.ECR>., especialmente p. 26).</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Por otra parte, si bien el demandante parece sugerir en su demanda que en el caso de autos se ha respetado debidamente el procedimiento administrativo previo, dado que <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>el Presidente del CES recordó constantemente al Consejo de Ministros la necesidad de tomar una decisión<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>, procede señalar que, incluso en el supuesto de que se tratase aquí de un requerimiento para actuar a efectos del párrafo segundo del artículo 175 del Tratado, dicho requerimiento no subsanaría el defecto señalado anteriormente, en la medida en que el recurso por omisión debe presentarlo la misma persona que haya requerido previamente a la Institución demandada para que actúe.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Habida cuenta de lo antedicho, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del presente recurso.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-139"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sobre la demanda de intervención</P></TI></TITLE><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>En estas circunstancias, no es necesario pronunciarse sobre la demanda de intervención presentada por el Reino de los Países Bajos.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por el demandante, procede, habida cuenta de las pretensiones de la parte demandada, condenarle a cargar con sus propias costas, así como con las costas en que hubiere incurrido el Consejo.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenar en costas al demandante.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19970206">6 de febrero de 1997</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H.Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>B. Vesterdorf</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>