Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 2 de julio de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas motivadas por acciones de la Federación de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania — Reglamento (UE) n.º 833/2014 — Artículo 2 septies, apartado 1 — Concepto de “operador” — Prohibición de difundir contenidos de las personas jurídicas, de las entidades o de los organismos enumerados en el anexo XV del Reglamento n.º 833/2014 — Difusión de dicho contenido por parte de personas físicas en un sitio de Internet que solo genera ingresos en forma de aportaciones voluntarias »

En el asunto C‑67/25,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, Alemania), mediante resolución de 20 de diciembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de enero de 2025, en el proceso penal seguido contra

R,

N,

K,

con intervención de:

Staatsanwaltschaft Saarbrücken,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen, la Sra. R. Frendo (Ponente) y el Sr. A. Kornezov, Jueces;

Abogado General: Sr. R. Norkus;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de la Staatsanwaltschaft Saarbrücken, por el Sr. A. Hammer;

–        en nombre de R, por la Sra. A.‑M. Kalmes y el Sr. J. Schmidt, Rechtsanwälte;

–        en nombre de K, por la Sra. A.‑M. Kalmes, Rechtsanwältin;

–        en nombre del Gobierno estonio, por las Sras. H. Hirsik y M. Kriisa, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno francés, por las Sras. E. Timmermans y B. Travard, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno letón, por las Sras. J. Davidoviča y K. Pommere, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Carpus-Carcea y el Sr. M. Kellerbauer, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de febrero de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/350 del Consejo, de 1 de marzo de 2022 (DO 2022, L 65, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 833/2014»).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal incoado contra tres personas físicas, R, N y K, por hechos que pueden constituir una infracción de la prohibición establecida en el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Reglamento n.º 833/2014

3        A tenor del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014:

«Queda prohibido a los operadores difundir, permitir, facilitar o contribuir de otro modo a la emisión de cualquier contenido por parte de las personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo XV, incluso mediante transmisión o distribución por cualesquiera medios tales como cable, satélite, IP-TV, proveedores de servicios de Internet, plataformas o aplicaciones de intercambio de vídeos en Internet, ya sean nuevas o previamente instaladas.»

4        En el anexo XV del mismo Reglamento, titulado «Lista de personas jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 2 septies», figura, entre otros, el nombre «RT — Russia Today de Alemania».

 Reglamento 2022/350

5        Los considerandos 4 a 10, del Reglamento 2022/350 enuncian lo siguiente:

«(4)      En sus Conclusiones de 24 de febrero de 2022, el Consejo Europeo condenó con la máxima firmeza la agresión militar no provocada e injustificada que la Federación de Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania. […] El Consejo Europeo pidió a [la Federación de] Rusia y a las formaciones armadas respaldadas por Rusia que pusieran fin a su campaña de desinformación.

(5)      En sus Conclusiones de 10 de mayo de 2021, el Consejo [de la Unión Europea] subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo la resiliencia de la Unión [Europea] y los Estados miembros, así como su capacidad para luchar contra las amenazas híbridas, incluida la desinformación, garantizando el uso coordinado e integrado de las herramientas existentes y de posibles nuevas herramientas para la lucha contra las amenazas híbridas a escala de la Unión y de los Estados miembros, así como posibles respuestas en el ámbito de las amenazas híbridas —entre otras, la injerencia extranjera y las operaciones de influencia—, por ejemplo, medidas preventivas o repercutir costes a agentes estatales y no estatales hostiles.

(6)      La Federación de Rusia ha emprendido una campaña sistemática e internacional de manipulación de los medios de comunicación y distorsión de los hechos a fin de intensificar su estrategia de desestabilización de sus países vecinos y de la Unión y de sus Estados miembros. En particular, la propaganda ha atacado, de manera reiterada y constante, a los partidos políticos europeos, sobre todo en período electoral, atacando asimismo a la sociedad civil, a los solicitantes de asilo, a las minorías étnicas rusas, a las minorías de género y al funcionamiento de las instituciones democráticas en la Unión y sus Estados miembros.

(7)      Para justificar y apoyar su agresión contra Ucrania, la Federación de Rusia ha emprendido acciones de propaganda continuas y concertadas contra la sociedad civil de la Unión y de sus países vecinos, distorsionando y manipulando gravemente los hechos.

(8)      Dichas acciones de propaganda vienen canalizándose a través de una serie de medios de comunicación bajo el control permanente, directo o indirecto, de los dirigentes de la Federación de Rusia. Estas acciones constituyen una amenaza importante y directa para el orden público y la seguridad de la UE.

(9)      Dichos medios de comunicación son esenciales [y] decisivos para impulsar y apoyar la agresión a Ucrania y para la desestabilización de sus países vecinos.

(10)      Habida cuenta de la gravedad de la situación, y en respuesta a las acciones de [la Federación de] Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, es necesario, en consonancia con los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales [de la Unión Europea], en particular con el derecho a la libertad de expresión e información, tal como se reconoce en su artículo 11, introducir nuevas medidas restrictivas a fin de suspender urgentemente las actividades de radiodifusión de dichos medios de comunicación en la Unión, o dirigidos a esta. Dichas medidas deben mantenerse hasta que cese la agresión contra Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus medios de comunicación asociados dejen de llevar a cabo acciones de propaganda contra la Unión y sus Estados miembros.»

 Reglamento (UE) 2024/1745

6        El Reglamento (UE) 2024/1745 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO L, 2024/1745), introdujo en el Reglamento n.º 833/2014 un artículo 3 novodecies, cuyo apartado 4 establece:

«Con el fin de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones [de prestar servicios de recarga en el territorio de la Unión a efectos de operaciones de transbordo de gas natural licuado originario de Rusia o exportado desde Rusia, así como de facilitar, directa o indirectamente, asistencia técnica, servicios de intermediación, financiación o asistencia financiera relacionados con la prohibición de prestar tales servicios de recarga], las autoridades competentes podrán establecer normas y orientaciones a nivel nacional. Dichas normas y orientaciones incluirán requisitos reforzados de diligencia debida, en particular para la identificación de los servicios de recarga prestados a los efectos de las operaciones de transbordo, teniendo en cuenta […] el país de registro de los operadores económicos implicados.»

 Derecho alemán

7        En virtud del artículo 18, apartado 1, punto 1, letra b), de la Außenwirtschaftsgesetz (Ley de Comercio Exterior), de 6 de junio de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1482), en su versión aplicable a los hechos del procedimiento principal (en lo sucesivo, «Ley de Comercio Exterior»), quien infrinja una prohibición de emisión, de transmisión, de distribución o de prestación de otros servicios impuesta en algún acto jurídico de las Comunidades Europeas o de la Unión directamente aplicable y publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o el Diario Oficial de la Unión Europea que esté dirigido a la ejecución de medidas económicas sancionadoras decididas por el Consejo en el ámbito de la política exterior y de seguridad común será sancionado con pena privativa de libertad de entre tres meses y cinco años.

8        Con arreglo al artículo 18, apartado 7, punto 2, de la Ley de Comercio Exterior, quien realice con fines comerciales las actividades descritas en el apartado 1 de dicho artículo 18 será sancionado con pena privativa de libertad no inferior a un año.

 Litigio principal y cuestión prejudicial

9        El Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, conoce de una investigación penal dirigida contra tres personas físicas, R, N y K, sospechosas de haber participado en una asociación ilícita, por haber difundido vídeos procedentes de la cadena RT de Alemania en cuatro ocasiones durante el año 2023, a través del blog «Live-Ticker» accesible al público en el sitio de Internet www.traugott-ickeroth.com (en lo sucesivo, «sitio de Internet traugott-ickeroth»). Toda vez que sobre las publicaciones de dicho canal pesaba la prohibición de difusión prevista en el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, el hecho de haber puesto esos vídeos a disposición del público constituye en Alemania, en virtud de la Ley de Comercio Exterior, una infracción punible penalmente.

10      Según el órgano jurisdiccional remitente, R, que bajo el pseudónimo «Traugott Ickeroth» publica libros y los distribuye a través de la plataforma de comercio en línea Amazon, reconoció en la fase de instrucción ser responsable de la línea editorial del sitio de Internet traugott-ickeroth.

11      Los contenidos publicados en ese sitio de Internet eran de libre acceso. Sin embargo, se incitaba a los usuarios, mediante un llamamiento a los donativos, a apoyar económicamente el funcionamiento de dicho sitio. De este modo, entre el 1 de abril de 2022 y el 3 de agosto de 2023, R y N percibieron, en sus respectivas cuentas, numerosos pagos realizados por los usuarios que respondieron a ese llamamiento a los donativos, por un importe total de 60 038,65 euros.

12      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si personas físicas como R, N y K están comprendidas en el concepto de «operador», en el sentido del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, de modo que la prohibición que en él se establece pueda serles oponible. En su opinión, la interpretación de este concepto no resulta tan evidente que quede excluida toda duda razonable.

13      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia al documento de trabajo elaborado por los servicios de la Comisión Europea titulado «Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014» (Preguntas frecuentes consolidadas sobre la aplicación de los Reglamentos n.os 833/2014 y 269/2014 del Consejo; en lo sucesivo, «directrices de la Comisión»), según el cual el concepto de «operador» comprende a cualquier persona física o jurídica o cualquier entidad cuya actividad comercial o profesional consista en difundir o permitir, facilitar o contribuir de cualquier otro modo a la emisión de contenidos no autorizados.

14      Dicho órgano jurisdiccional observa que, por un lado, el acceso al sitio de Internet traugott-ickeroth era, en principio, gratuito, en el sentido de que no estaba supeditado al pago de una contraprestación pecuniaria por parte de los usuarios. Por otro lado, el funcionamiento de ese sitio de Internet no se financiaba con recursos independientes de las aportaciones voluntarias de los usuarios, como ingresos publicitarios, pese a que estos son usuales en este ámbito. Por consiguiente, opina que la actividad de R puede considerarse de carácter puramente privado.

15      No obstante, el mismo órgano jurisdiccional señala que la recaudación de donativos privados, que constituyen donaciones de Derecho civil, también puede calificarse de «actividad profesional», siempre que se trate, como en el presente caso, de una medida que permita reunir sumas significativas con las cuales se pueda sufragar, al menos en parte, el propio sustento. A su juicio, la finalidad con la que se solicitaban donativos era generar recursos económicos para el funcionamiento del sitio de Internet traugott-ickeroth y, por lo tanto, constituir una fuente de ingresos duradera, característica de una actividad profesional.

16      En estas circunstancias, el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento [n.º 833/2014] en el sentido de que son “operadores” a efectos de dicha disposición también las personas físicas que, con [un sitio de Internet] gestionad[o] por ellas, únicamente generen ingresos en forma de aportaciones voluntarias de terceros (donaciones o figuras análogas)?»

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

17      El órgano jurisdiccional remitente solicitó que se diera al presente asunto una tramitación prioritaria, en virtud del artículo 53, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

18      Mediante decisión de 3 de marzo de 2025, el Presidente del Tribunal de Justicia denegó esta solicitud.

 Sobre la cuestión prejudicial

 Sobre la admisibilidad

19      Sin sostener formalmente que la cuestión prejudicial sea inadmisible, la Staatsanwaltschaft Saarbrücken (Fiscalía de Saarbrücken, Alemania) niega su necesidad.

20      En primer lugar, sostiene que no es necesaria una decisión prejudicial, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo segundo, para resolver esta cuestión y que el órgano jurisdiccional remitente tampoco está obligado a plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en el sentido del párrafo tercero de dicho artículo 267 TFUE.

21      En particular, estima, por una parte, que dicha cuestión no constituye por sí sola el objeto central del litigio principal, que plantea otras cuestiones de hecho o de Derecho que pueden ser apreciadas de manera diferente por el órgano jurisdiccional de apelación, de modo que en su opinión no resulta oportuno plantear una petición de decisión prejudicial ya en el momento de la primera instancia judicial. Por otra parte, a diferencia de lo que considera el órgano jurisdiccional remitente, opina que tampoco resulta necesaria una decisión prejudicial para determinar su propia competencia para conocer, como sala especializada en infracciones económicas, de infracciones de la Ley de Comercio Exterior, ya que esta competencia no puede suscitar ninguna duda seria.

22      A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 267 TFUE confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales la más amplia facultad para dirigirse al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión necesarias para la resolución del litigio del que conocen, y pueden ejercer dicha facultad en cualquier fase del procedimiento que estimen apropiada [véanse las sentencias de 16 de enero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, apartado 3, y de 12 de mayo de 2021, Bundesrepublik Deutschland (Notificación roja de Interpol), C‑505/19, EU:C:2021:376, apartado 49 y jurisprudencia citada].

23      Además, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 25, y de 30 de octubre de 2025, Mercedes-Benz Bank y Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, apartado 48).

24      De ello se desprende que las cuestiones prejudiciales relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (véanse las sentencias de 7 de septiembre de 1999, Beck y Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, apartado 22, y de 30 de octubre de 2025, Mercedes-Benz Bank y Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, apartado 49).

25      En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el procedimiento principal se refiere a diligencias penales incoadas contra tres personas físicas por haber difundido, a través de un sitio de Internet accesible al público, contenidos de la cadena RT de Alemania, que figura en el anexo XV del Reglamento n.º 833/2014 y cuya difusión está prohibida en virtud del artículo 2 septies, apartado 1, de ese Reglamento. En estas circunstancias, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si una persona física que gestiona un sitio de Internet de ese tipo, difundiendo esos contenidos, y que con ello únicamente genera ingresos en forma de aportaciones voluntarias de terceros está comprendida en el concepto de «operador», en el sentido de esa disposición.

26      Así pues, no resulta evidente que la interpretación del Reglamento n.º 833/2014 solicitada mediante esta cuestión no guarde relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal ni que el problema planteado tenga carácter hipotético.

27      Por lo tanto, no pueden acogerse las objeciones formuladas por la Staatsanwaltschaft Saarbrücken (Fiscalía de Saarbrücken) en lo que atañe a la admisibilidad de la cuestión prejudicial, tal como se resumen en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia.

28      En segundo lugar, esta alega que la decisión de apertura de la fase de enjuiciamiento ante la Sala competente del órgano jurisdiccional remitente aún podría ser objeto de un «recurso inmediato» (sofortige Beschwerde), que constituye un «ulterior recurso judicial de Derecho interno», en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, de modo que, en su opinión, ese órgano jurisdiccional no está obligado, en virtud de esa disposición, a plantear la cuestión al Tribunal de Justicia.

29      A este respecto, basta con señalar que el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente no esté obligado a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, debido a que esas decisiones son susceptibles de ulteriores recursos judiciales de Derecho interno, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, carece de incidencia sobre la más amplia facultad de que dispone para plantear una cuestión al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo segundo, como se ha recordado en el apartado 22 de la presente sentencia.

30      En tercer y último lugar, según la Staatsanwaltschaft Saarbrücken (Fiscalía de Saarbrücken), no resulta indispensable plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del concepto de «operador», contemplado en el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, puesto que, en su opinión, los métodos de interpretación habituales del Derecho de la Unión bastan para precisar su alcance y el sentido de esta disposición resulta evidente.

31      Es preciso recordar, a este respecto, que la facultad de plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia corresponde al órgano jurisdiccional nacional con independencia de la apreciación de las partes del litigio principal en cuanto a la oportunidad de tal remisión. Además, nada impide a un órgano jurisdiccional nacional plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial cuya respuesta, según una de las partes del litigio principal, no deje lugar a duda razonable alguna. Por lo tanto, aun suponiendo que así fuera, tal cuestión no resultaría inadmisible (véanse, en ese sentido, las sentencias de 1 de diciembre de 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, apartados 64 y 65, y de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartado 42).

32      De las consideraciones anteriores se desprende que la cuestión prejudicial es admisible.

 Sobre el fondo

33      Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que gestiona un sitio de Internet, difundiendo en él contenidos de personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo XV de ese Reglamento, y que con la gestión de ese sitio de Internet únicamente genera ingresos procedentes de aportaciones voluntarias de terceros, en forma de donaciones o figuras análogas, está comprendida en el concepto de «operador», a efectos de dicha disposición.

34      A este respecto, de conformidad con reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 12 de febrero de 2026, Stichting Koskea, C‑490/24, EU:C:2026:89, apartado 23).

35      En primer lugar, por lo que respecta al tenor del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, este establece que queda prohibido a los operadores difundir, permitir, facilitar o contribuir de otro modo a la emisión de cualquier contenido por parte de las personas jurídicas, de las entidades o de los organismos enumerados en el anexo XV de dicho Reglamento, incluso mediante transmisión o distribución por cualesquiera medios tales como cable, satélite, IP-TV, proveedores de servicios de Internet, plataformas o aplicaciones de intercambio de vídeos en Internet, ya sean nuevas o previamente instaladas.

36      En lo que atañe, más concretamente, al concepto de «operador» que figura en dicha disposición, procede señalar que no se define ni en esta ni en ninguna otra disposición del Reglamento n.º 833/2014 y que aquella no contiene ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y alcance.

37      Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión y respecto de los cuales no remite al Derecho de los Estados miembros debe realizarse de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (véanse las sentencias de 27 de enero de 1988, Dinamarca/Comisión, 349/85, EU:C:1988:34, apartado 9, y de 12 de febrero de 2026, Stichting Koskea, C‑490/24, EU:C:2026:89, apartado 24 y jurisprudencia citada).

38      Según su significado habitual en el lenguaje corriente, el término «operador» designa, entre otras cosas, a toda persona física o jurídica que gestione un equipo o un conjunto de equipos o que esté encargada de realizar determinadas operaciones técnicas. Aplicado al ámbito de la comunicación y de la difusión de contenidos mediáticos y digitales, este término se refiere a toda persona física o jurídica responsable, directa o indirectamente, de la puesta a disposición o de la transmisión de este tipo de contenidos al público.

39      Además, procede señalar que el término «operador» se utiliza en el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014 sin ir acompañado del adjetivo «económico» en la gran mayoría de las versiones lingüísticas de esta disposición, en particular en las versiones en lengua búlgara, española, alemana, inglesa, francesa, croata, italiana, letona, maltesa, portuguesa, rumana, eslovaca y finesa. De ello se deduce que este término abarca a las personas físicas o jurídicas responsables de la difusión de los contenidos a los que se refiere dicha disposición, con independencia de la naturaleza económica o no de su actividad.

40      En el mismo orden de ideas, esa propia disposición establece una prohibición de difusión de esos contenidos, en particular, a través de «plataformas o aplicaciones de intercambio de vídeos en Internet, ya sean nuevas o previamente instaladas», lo que remite a modos de difusión generalmente accesibles a título gratuito en el marco de actividades que no tienen necesariamente carácter remunerado.

41      Por lo tanto, desde un punto de vista literal, debe entenderse que el concepto de «operador», en el sentido del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, incluye a toda persona física o jurídica responsable de la difusión o puesta a disposición de los contenidos contemplados en dicha disposición, incluso en el marco de una actividad no remunerada o en el marco de la gestión de un sitio de Internet financiado mediante aportaciones voluntarias de terceros.

42      Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que, según las directrices de la Comisión, la prohibición establecida en ese artículo 2 septies, apartado 1, se aplique «a cualquier persona, entidad u organismo que ejerza una actividad comercial o profesional que difunda o permita, facilite o contribuya de cualquier otro modo a la difusión del contenido [al que se refiere dicha disposición]».

43      En efecto, por una parte, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, las directrices de la Comisión no son más que un documento de trabajo elaborado por los servicios de la Comisión, carente de fuerza vinculante, destinado a proporcionar meras orientaciones sobre la aplicación e interpretación del Reglamento n.º 833/2014.

44      Por otra parte, las directrices de la Comisión introducen un requisito que no se desprende del tenor del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, al supeditar el concepto de «operador» al ejercicio de una actividad «comercial o profesional», lo que tiende a restringir indebidamente el ámbito de aplicación ratione personae de esta disposición.

45      En estas circunstancias, las directrices de la Comisión no pueden modificar el alcance de las medidas restrictivas previstas en el Reglamento n.º 833/2014 ni ser determinantes a efectos de la interpretación del artículo 2 septies, apartado 1, de este.

46      En segundo lugar, la interpretación literal del concepto de «operador», en el sentido de esa disposición, se ve corroborada por el contexto normativo en el que se inscribe esta.

47      En efecto, dicha disposición se distingue de otras disposiciones del Reglamento n.º 833/2014, que se refieren expresamente a operadores «económicos». Así sucede con el artículo 3 novodecies, apartado 4, de ese Reglamento, introducido por el Reglamento 2024/1745, que, en la gran mayoría de sus versiones lingüísticas, en particular en las versiones en lengua búlgara, española, inglesa, francesa, croata, italiana, letona, lituana, maltesa, portuguesa, rumana, eslovaca y finesa, menciona el país de registro de los «operadores económicos implicados» en el marco de la adopción de las normas nacionales de diligencia debida relativas a la aplicación de la prohibición de transbordo de gas natural licuado originario de Rusia o exportado desde Rusia.

48      De ello se deduce que, cuando el legislador de la Unión ha querido limitar el ámbito de aplicación de una medida restrictiva únicamente a los operadores que ejercen una actividad de naturaleza económica, lo ha hecho de manera explícita. Pues bien, es evidente que no sucede así con el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, en el que el concepto de «operador» se refiere únicamente a la difusión de los contenidos contemplados en dicha disposición, con independencia del estatuto del operador de que se trate y de la naturaleza, económica o no, de su actividad.

49      Por lo tanto, en el contexto del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, el hecho de que una persona ejerza una actividad de naturaleza económica y, en consecuencia, genere o no ingresos no puede constituir un criterio pertinente para determinar si sobre esa persona pesa la prohibición establecida en dicha disposición.

50      En tercer y último lugar, la interpretación expuesta en el apartado 41 de la presente sentencia también se ve corroborada por la finalidad perseguida por el Reglamento n.º 833/2014 y, en particular, por su artículo 2 septies, apartado 1.

51      A este respecto, procede señalar que esta disposición fue introducida por el Reglamento 2022/350, adoptado el 1 de marzo de 2022, con el objetivo de dar una respuesta inmediata, como enuncian sus considerandos 4 y 5, a la agresión militar no provocada e injustificada lanzada una semana antes por la Federación de Rusia contra Ucrania. A fin de establecer la prohibición prevista en esta disposición, el Consejo se basó en el llamamiento realizado por el Consejo Europeo a Rusia el 24 de febrero de 2022 para que pusiera fin a su campaña de desinformación, así como en sus propias Conclusiones de 10 de mayo de 2021, según las cuales es necesario reforzar la resiliencia de la Unión y de los Estados miembros, así como su capacidad para luchar contra las amenazas híbridas, incluida la desinformación, y reforzar las posibles respuestas en el ámbito de las amenazas híbridas (entre otras, la injerencia extranjera y las operaciones de influencia).

52      Además, de la lectura conjunta de los considerandos 6 a 10 del Reglamento 2022/350 se desprende que la prohibición de difusión establecida en el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014 persigue un doble objetivo. Por una parte, tiene por objeto proteger el orden y la seguridad públicos de la Unión, amenazados por la campaña sistemática e internacional de manipulación de los medios de comunicación, distorsión de los hechos y propaganda puesta en marcha por la Federación de Rusia, a través de una serie de medios de comunicación puestos bajo el control permanente, directo o indirecto, de sus dirigentes, y que pretende desestabilizar los países vecinos, la Unión y sus Estados miembros, así como justificar, apoyar e impulsar la agresión militar contra Ucrania. Por otra parte, dicha prohibición se inscribe en el marco de las finalidades perseguidas por el mecanismo de respuesta introducido por la Unión mediante la adopción de nuevas medidas restrictivas, con el fin de ejercer una presión adicional sobre la Federación de Rusia, para que esta ponga fin a su agresión militar contra Ucrania y, de manera más general, a sus acciones y políticas que desestabilizan ese tercer país.

53      Pues bien, una interpretación del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014 como la defendida por K y R en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, según la cual la prohibición establecida en esta disposición solo debería aplicarse a las personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad comercial y persigan un fin lucrativo, privaría a esa prohibición de su efecto útil y resultaría contraria a los objetivos recordados en el apartado anterior de la presente sentencia. En efecto, tal interpretación permitiría a los operadores que con la gestión de su sitio de Internet no generan ningún ingreso difundir libremente los contenidos a los que se refiere dicha disposición, contribuyendo así activamente a campañas de desinformación y desestabilización llevadas a cabo por medios de comunicación puestos bajo el control permanente, directo o indirecto, de los dirigentes de la Federación de Rusia y que amenazan, por ello, el orden y la seguridad públicos de la Unión.

54      Asimismo, es necesario observar, al igual que, en esencia, el Abogado General en los puntos 60 y 62 de sus conclusiones, que la financiación de sitios de Internet, como el controvertido en el litigio principal, mediante aportaciones voluntarias de terceros hace, en principio, que sea menos fácil rastrear el origen de la financiación y, por tanto, rastrear las eventuales influencias ejercidas sobre los contenidos difundidos. Así pues, esta configuración puede facilitar, directa o indirectamente, la injerencia de intereses extranjeros, incluidos los de terceros Estados, en la difusión de contenidos mediáticos y, por ende, aumentar el riesgo de que tal sitio de Internet se utilice para transmitir la campaña de propaganda puesta en marcha por la Federación de Rusia que el Reglamento n.º 833/2014 tiende a prohibir.

55      Además, no puede acogerse la interpretación defendida por R según la cual, a efectos de la interpretación del concepto de «operador», en el sentido del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, solo deben tomarse en consideración las actividades de difusión que tengan cierta duración, con exclusión de publicaciones aisladas y de alcance insignificante.

56      A este respecto, procede señalar que ni esa disposición ni ese Reglamento establecen que la extensión o la duración de la difusión efectuada deban tenerse en cuenta para apreciar si una persona está comprendida en este concepto de «operador». Tal interpretación podría, en cualquier caso, favorecer comportamientos de elusión de dicha disposición consistentes en fragmentar artificialmente las actividades de difusión de los contenidos cubiertos por ella.

57      Desde ese punto de vista, solo una interpretación del concepto de «operador», en el sentido del artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014, que no dependa ni de la naturaleza comercial o no de la actividad de difusión ni de su modo de financiación y que no esté supeditada a la extensión o a la duración de la difusión efectuada puede llegar a una solución conforme con la finalidad perseguida por dicha disposición, consistente en impedir la difusión de la propaganda puesta en marcha por la Federación de Rusia y, por tanto, en proteger el orden y la seguridad públicos de la Unión.

58      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento n.º 833/2014 debe interpretarse en el sentido de que una persona física que gestiona un sitio de Internet, difundiendo en él contenidos de personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo XV de ese Reglamento, y que con la gestión de ese sitio de Internet únicamente genera ingresos procedentes de aportaciones voluntarias de terceros, en forma de donaciones o figuras análogas, está comprendida en el concepto de «operador», a efectos de dicha disposición.

 Costas

59      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/350 del Consejo, de 1 de marzo de 2022,

debe interpretarse en el sentido de que

una persona física que gestiona un sitio de Internet, difundiendo en él contenidos de personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo XV del Reglamento n.º 833/2014, en su versión modificada, y que con la gestión de ese sitio de Internet únicamente genera ingresos procedentes de aportaciones voluntarias de terceros, en forma de donaciones o figuras análogas, está comprendida en el concepto de «operador», a efectos de dicha disposición.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: alemán.