Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 22 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Medio Ambiente — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Zonas de protección especial — Artículo 6, apartado 3 — Evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto que pueda afectar a un lugar protegido, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar — Exclusión de determinadas categorías de actividades, planes o proyectos de la obligación de llevar a cabo una evaluación adecuada »
En el asunto C‑548/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consejo del Contencioso de Autorizaciones, Bélgica), mediante resolución de 31 de julio de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de agosto de 2025, en el procedimiento entre
Dryade vzw
y
Stad Peer, representado por la Junta de Gobierno Local,
con intervención de:
X vvzrl,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo y los Sres. N. Jääskinen, M. Condinanzi y A. Kornezov (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de Dryade vzw, por la Sra. M. Van de Poel, advocaat;
– en nombre del Gobierno belga, por los Sres. S. Baeyens, P. Cottin y la Sra. C. Pochet, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. N. Dewulf y los Sres. G. Schaiko y B. Schelstraete, advocaten;
– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. N. Ruiz García y la Sra. F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Dryade vzw, asociación sin ánimo de lucro, y el Stad Peer (Ayuntamiento de Peer, Bélgica), representado por la Junta de Gobierno Local, en relación con un recurso de anulación, presentado por esa asociación, contra un acuerdo de dicho Ayuntamiento por el que se deja constancia de una comunicación de captación de aguas subterráneas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3 El artículo 2 de la Directiva sobre los hábitats dispone:
«1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado.
2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario.
[…]»
4 El artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats precisa, en sus apartados 2 y 3:
«2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva.
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.»
Derecho belga
5 El artículo 36 ter, apartados 3 y 4, del decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Ley relativa a la Conservación de la Naturaleza y el Medio Ambiente), de 21 de octubre de 1997 (Belgisch Staatsblad, 10 de enero de 1998, p. 599), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre la Conservación de la Naturaleza»), que tiene por objeto transponer al Derecho belga el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, establece:
«§ 3. Una actividad sujeta a autorización o un plan o programa que, individualmente o en combinación con una o varias actividades, planes o programas existentes o propuestos, pueda causar un deterioro apreciable de las características naturales de una zona especial de conservación, sin que dicha actividad sujeta a autorización o dicho plan o programa tenga una relación directa con la gestión de una zona en la zona especial de conservación de que se trate o sea necesaria para la misma, deberá someterse a una adecuada evaluación con respecto a las repercusiones apreciables en la zona especial de conservación.
[…]
§ 4. La autoridad que deba pronunciarse sobre una solicitud de autorización, un plan o un programa únicamente podrá conceder la autorización o bien aprobar el plan o programa si el plan o programa o la ejecución de la actividad no afectan de forma apreciable a la integridad de las zonas especiales de conservación de que se trate. La autoridad competente velará siempre, mediante la imposición de condiciones, por que no pueda producirse ningún deterioro apreciable de las características naturales de una zona especial de conservación.»
6 El anexo 1 del besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Decreto de la Región Flamenca por el que se establecen disposiciones generales y sectoriales en materia de higiene ambiental), de 1 de junio de 1995 (Belgisch Staatsblad, 31 de julio de 1995, p. 20526), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Vlarem»), indica, en particular, qué establecimientos y explotaciones están sujetos a autorización y qué establecimientos y actividades solo están sujetos a la obligación de presentar una comunicación. Las entidades y actividades clasificadas en las clases primera y segunda están sujetas a autorización, mientras que las entidades y actividades clasificadas en la clase tercera solo están sujetas a la obligación de presentar una comunicación.
7 En virtud de la rúbrica 53.8, punto 1, letra a), de ese anexo 1, están comprendidas en la tercera clase las perforaciones de pozos de captación de aguas subterráneas y las captaciones de aguas subterráneas distintas de las contempladas en las rúbricas 53.1 a 53.7 y 53.12 de este cuando el caudal bombeado total sea inferior o igual a 5 000 metros cúbicos (m³) al año y todos los pozos tengan una profundidad inferior o igual al criterio de profundidad propio del lugar tal como se reproduce en el mapa recogido en el anexo 2 ter del Vlarem y no estén clasificadas en dicha rúbrica 53.8, punto 1, letra c).
Litigio principal y cuestión prejudicial
8 El 13 de noviembre de 2023, X vvzrl presentó ante el Ayuntamiento de Peer una comunicación relativa a un proyecto de explotación de una captación de aguas subterráneas de una profundidad de 60 metros y de un caudal máximo de 175 m³ diarios y de 5 000 m³ anuales. Este proyecto, comprendido en la tercera clase en virtud del anexo 1 del Vlarem, está situado a unos 425 metros del lugar «Abeek con zonas pantanosas adyacentes», designado como zona especial de conservación (en lo sucesivo, «ZEC») con arreglo a la Directiva sobre los hábitats.
9 La empresa X adjuntó a su comunicación una «evaluación adecuada/examen ecológico más detallado», en la que se concluía que no existían repercusiones negativas previsibles en la ZEC de que se trata. Según esta sociedad, el proyecto controvertido en el litigio principal está implantado a 201 metros de la captación más próxima de aguas subterráneas situada en el mismo acuífero. Además, el radio en el que el nivel de la capa freática disminuye en 1 centímetro (cm), a raíz de la realización de este proyecto, es de 137 metros. Por lo tanto, según la referida sociedad, este proyecto no tendrá ninguna repercusión en esta última captación de aguas subterráneas y, en consecuencia, no tendrá ninguna repercusión negativa apreciable en esa ZEC.
10 Mediante acuerdo de 24 de noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Peer dejó constancia de dicha comunicación y declaró que los riesgos para la seguridad externa, así como los daños y las repercusiones sobre el medio ambiente, las aguas, la naturaleza y el hombre en el exterior de dicho proyecto podían limitarse a un nivel aceptable, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en dicho acuerdo, relativas, en particular, al uso parsimonioso de las aguas subterráneas captadas y a la limitación de las captaciones de las aguas subterráneas de que se trata a un período máximo de diez años.
11 Dryade interpuso un recurso de anulación contra dicho acuerdo ante el Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consejo del Contencioso de Autorizaciones, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente.
12 Ante este órgano jurisdiccional, esa asociación alega, en esencia, que el proyecto controvertido está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats y que, por lo tanto, debe ser objeto de una evaluación adecuada. Ahora bien, según Dryade, no puede considerarse que la evaluación adjunta a la comunicación mencionada en el apartado 9 de la presente sentencia constituya tal evaluación «adecuada», puesto que es incompleta e inapropiada.
13 Según dicha asociación, el criterio del radio en el que el nivel de la capa freática disminuye en 1 cm, invocado por la sociedad X para concluir que este proyecto no tiene efectos negativos apreciables, es erróneo y no tiene ninguna base científica. Además, alega que no se tuvieron en cuenta los efectos acumulativos de las otras cuatro captaciones de aguas subterráneas situadas en el interior de la ZEC objeto del litigio principal, que se sitúa alrededor del punto de extracción de que se trata. Por otra parte, Dryade considera que la normativa nacional objeto del litigio principal constituye una transposición incorrecta del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats.
14 Por su parte, la sociedad X alega ante el órgano jurisdiccional remitente que, con arreglo a esta normativa, la obligación de efectuar una evaluación adecuada solo se aplica a los proyectos sujetos a autorización y no a aquellos sujetos a una mera obligación de comunicación, como el proyecto controvertido en el litigio principal.
15 El órgano jurisdiccional remitente señala que una serie de actos urbanísticos y de actividades clasificadas que anteriormente estaban sujetos, en virtud del Derecho nacional, a la obligación de obtener una autorización están ahora sujetos a una mera obligación de comunicación. Así, según dicho órgano jurisdiccional, en la medida en que el proyecto controvertido en el litigio principal está comprendido, en virtud de la rúbrica 53.8, punto 1, letra a), del anexo 1 del Vlarem, en la tercera clase, está sujeto únicamente a una obligación de comunicación. Por consiguiente, no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 36 ter, apartados 3 y 4, de la Ley sobre la Conservación de la Naturaleza, que solo se aplica a las actividades sujetas a autorización. Pues bien, en virtud de estas disposiciones, solo estas últimas actividades deben ser objeto de una evaluación adecuada cuando puedan causar, individualmente o en combinación con una o varias actividades, planes o programas existentes o propuestos, un deterioro apreciable de las características naturales de una ZEC. De este modo, los proyectos sujetos a una mera obligación de comunicación quedan exentos de la obligación de llevar a cabo una evaluación adecuada, aun cuando puedan causar tales deterioros.
16 El órgano jurisdiccional remitente señala que, de este modo, el legislador flamenco eximió de la obligación de realizar una evaluación adecuada, de manera sistemática, a los proyectos sujetos a una obligación de comunicación sobre la base de criterios o umbrales previamente establecidos. Según dicho órgano jurisdiccional, no parece que esos criterios y umbrales se basen en estudios científicos que permitan descartar cualquier duda sobre si tales proyectos pueden causar un deterioro apreciable a las características naturales de una ZEC.
17 En estas circunstancias, el Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consejo del Contencioso de Autorizaciones) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se opone el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats a una disposición legislativa en cuya virtud los proyectos para los que no se requiere autorización, permiso o licencia, sino solo una comunicación, como las captaciones limitadas de aguas subterráneas, no están sujetos a la obligación de elaborar una evaluación adecuada, aunque dichos proyectos puedan afectar de forma apreciable a las características naturales de una [ZEC]?»
Sobre la cuestión prejudicial
18 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exime de la obligación de llevar a cabo una evaluación adecuada a determinadas categorías de planes o proyectos sobre la base de criterios y umbrales previamente establecidos cuando estos últimos no permiten descartar que cualquier plan o proyecto comprendido en esas categorías pueda, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, afectar de forma apreciable a una ZEC.
19 Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats impone a los Estados miembros una serie de obligaciones y de procedimientos específicos dirigidos a garantizar, como se desprende del artículo 2, apartado 2, de esta Directiva, el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés de la Unión, para alcanzar el objetivo más general de la referida Directiva que es garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente en lo que atañe a los lugares protegidos por ella (sentencia de 29 de julio de 2019, Inter‑Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, apartado 116 y jurisprudencia citada).
20 En este contexto, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats establece un procedimiento de evaluación destinado a garantizar, mediante un control previo, que un plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar de que se trate o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar únicamente se autorice en la medida en que no cause perjuicio a la integridad de dicho lugar (sentencia de 15 de junio de 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, apartado 34 y jurisprudencia citada).
21 Este mismo artículo 6, apartado 3, establece un procedimiento de evaluación en el que aparecen dos fases diferenciadas.
22 La primera, mencionada en la primera frase de esta disposición, impone a los Estados miembros la realización de una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto en un lugar protegido cuando exista la probabilidad de que dicho plan o proyecto afecte de manera apreciable a ese lugar. La segunda, mencionada en la segunda frase de esta misma disposición, que tiene lugar después de dicha evaluación adecuada, somete la autorización de tal plan o proyecto a la condición de que no vulnere la integridad del lugar afectado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats (sentencia de 15 de junio de 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, apartado 36 y jurisprudencia citada), que no es pertinente en el presente asunto.
23 A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la exigencia de una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto establecida en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats está supeditada a que exista la probabilidad o el riesgo de que ese plan o proyecto afecte de manera apreciable al lugar de que se trate. Teniendo en cuenta, en particular, el principio de cautela, se considera que tal riesgo existe cuando no quepa excluir, a la luz de los mejores conocimientos científicos en la materia, que el plan o proyecto pueda afectar a los objetivos de conservación de dicho lugar. Esta posibilidad debe apreciarse, en particular, a la luz de las características y condiciones medioambientales específicas del lugar afectado por tal plan o proyecto (sentencia de 15 de junio de 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, apartado 37 y jurisprudencia citada).
24 Según reiterada jurisprudencia, una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto implica que, antes de la aprobación de este, es preciso identificar, a la luz de esos mejores conocimientos, todos los aspectos del plan o del proyecto que, por sí solos o conjuntamente con otros planes o proyectos, puedan afectar a los objetivos de conservación del lugar protegido. Esa evaluación no puede comportar lagunas y debe contener constataciones y conclusiones completas, precisas y definitivas, que permitan disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos de las obras previstas en el lugar considerado (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Eco Advocacy, C‑721/21, EU:C:2023:477, apartados 38 y 39 y jurisprudencia citada).
25 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats exige, por regla general, el examen individual de los planes o proyectos (sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros, C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882, apartado 94).
26 El Tribunal de Justicia ha considerado, en particular, que la posibilidad de dispensar en términos generales a determinadas actividades, conforme a la normativa nacional, de la necesidad de una evaluación de sus repercusiones sobre el lugar de que se trate, no permite garantizar que tales actividades no vulneren la integridad de ese lugar (sentencia de 26 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica, C‑538/09, EU:C:2011:349, apartados 41 y 42).
27 Por lo tanto, un Estado miembro, con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, no puede, en principio, eximir, de manera sistemática y general, a determinadas categorías de planes o proyectos de la obligación de evaluación de sus repercusiones sobre los lugares protegidos, en función del sector de actividad o mediante el establecimiento de un régimen de declaración (sentencia de 26 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica, C‑538/09, EU:C:2011:349, apartado 45).
28 Solo como excepción a esta regla general puede contemplarse la aplicación, por parte de un Estado miembro, de un régimen de declaración que exima a determinadas categorías de planes o proyectos de la obligación de efectuar una evaluación adecuada de sus repercusiones en un lugar protegido, siempre que se demuestre, no obstante, que las disposiciones nacionales aplicables permiten excluir con certeza, sobre la base de datos objetivos, que cualquier plan o proyecto sometido a dicho régimen afecte a un lugar protegido de forma apreciable, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos (véase, en ese sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica, C‑538/09, EU:C:2011:349, apartado 52 y jurisprudencia citada).
29 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 36 ter, apartado 3, de la Ley sobre la Conservación de la Naturaleza solo impone la obligación de llevar a cabo una evaluación adecuada en relación con actividades sujetas a autorización que puedan causar un deterioro apreciable de las características naturales de una ZEC. Según dicho órgano jurisdiccional, el legislador flamenco exime así de la realización de una evaluación adecuada, de manera sistemática, a determinadas categorías de proyectos sujetas a una mera obligación de comunicación, definidas en función de criterios o umbrales establecidos por la normativa nacional aplicable.
30 En particular, por lo que respecta a los proyectos de captación de aguas subterráneas, de dicha normativa nacional se desprende que estos se dividen en tres clases diferentes en función, en esencia, de su caudal, de su profundidad y del sistema de bombeo del pozo de que se trate, y que son únicamente los proyectos comprendidos en la primera y en la segunda clase los que están sujetos a una autorización y, por tanto, a la obligación de llevar a cabo la evaluación adecuada prevista en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. Las perforaciones de pozos que, al igual que el proyecto controvertido en el litigio principal, están comprendidas en la tercera clase solo están sujetas a una mera obligación de comunicación y, por tanto, exentas de la obligación de llevar a cabo una adecuada evaluación.
31 Por lo tanto, procede examinar si, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 23 a 28 de la presente sentencia, tales criterios y umbrales permiten excluir, sobre la base de datos objetivos, que cualquier plan o proyecto sometido al régimen objeto del litigio principal afecte de forma apreciable a un lugar protegido, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos.
32 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que incluso un proyecto de dimensiones reducidas puede tener, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, un impacto considerable en el medio ambiente cuando está situado en un lugar en el que los factores medioambientales como la fauna y la flora, el suelo, el agua, el clima o el patrimonio cultural, sean sensibles a la más mínima modificación (sentencia de 26 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica, C‑538/09, EU:C:2011:349, apartado 55).
33 En el contexto específico de los proyectos sobre la utilización del agua, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de considerar que el hecho de que una utilización solo se refiera a volúmenes reducidos de agua no permite por sí misma excluir que algunas de estas utilizaciones puedan afectar de forma apreciable a un lugar protegido. Incluso suponiendo que tales utilizaciones del agua no produzcan ninguna repercusión apreciable sobre el estado de una masa de agua, de ello no se deduce que tampoco puedan producir un impacto significativo en los lugares protegidos próximos (sentencia de 10 de enero de 2006, Comisión/Alemania, C‑98/03, EU:C:2006:3, apartado 44).
34 Por tanto, un Estado miembro no puede dar por sentado que algunas categorías de planes o proyectos —determinadas por sectores de actividad o por las dimensiones de las actividades de que se trate— tendrán, por definición, un impacto irrelevante en lugares protegidos (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica, C‑538/09, EU:C:2011:349, apartado 56).
35 En segundo lugar, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece que los criterios y los umbrales previstos por la normativa nacional objeto del litigio principal a efectos de la aplicación de la exención que establece permitan tomar en consideración otros posibles planes o proyectos, en particular los relativos a un lugar protegido determinado o que estén situados en las proximidades de la zona de que se trate, así como sus eventuales efectos acumulativos en dicho lugar. En efecto, estos criterios y umbrales se refieren únicamente a las características del plan o del proyecto de que se trate.
36 Pues bien, como se desprende expresamente del tenor del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, esta disposición se aplica a los planes o proyectos que, individualmente «o en combinación con otros planes y proyectos», puedan afectar de forma apreciable a un lugar protegido. Así pues, esta disposición tiene por objeto prevenir también el deterioro de los hábitats que pueda derivarse de los efectos acumulativos de varios planes o proyectos, incluidos los de escasa importancia, pero que puedan ejecutarse simultáneamente en un mismo lugar protegido o en sus proximidades.
37 En estas circunstancias, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, resulta que los criterios y los umbrales establecidos por la normativa nacional objeto del litigio principal no permiten excluir que cualquier plan o proyecto sometido al régimen previsto por dicha normativa y exento de la obligación de llevar a cabo una adecuada evaluación pueda afectar de forma apreciable a un lugar protegido, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos.
38 Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones del Gobierno belga según las cuales, en primer término, existen otras disposiciones nacionales, en particular las adoptadas en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, que pueden paliar la falta de obligación de llevar a cabo una evaluación adecuada de los planes o proyectos sujetos a una mera obligación de comunicación, aun cuando puedan afectar de forma apreciable a un lugar protegido; en segundo término, las autoridades administrativas competentes pueden decidir no dejar constancia de una comunicación o acompañar sus acuerdos de determinadas condiciones y, en tercer término, son aplicables disposiciones penales nacionales en caso de ejecución de actividades sujetas a una obligación de comunicación cuando estas puedan tener repercusiones apreciables en una ZEC.
39 A este respecto, procede recordar, en primer término, que, si bien los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats constituyen un conjunto coherente respecto a los objetivos de conservación contemplados en esa Directiva, dado que pretenden garantizar el mismo nivel de protección para los hábitats naturales y los hábitats de especies (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2018, People Over Wind y Sweetman, C‑323/17, EU:C:2018:244, apartado 24), no es menos cierto que tienen distinto objeto. En efecto, el apartado 2 contiene una obligación de protección general, consistente en evitar deterioros y alteraciones que puedan tener efectos apreciables en lo que respecta a los objetivos de la Directiva, mientras que el apartado 3 establece un procedimiento de evaluación destinado a garantizar, mediante un control previo, que un proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar de que se trate o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar únicamente se autorice si no vulnera la integridad de dicho lugar (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, apartado 38). Por lo tanto, los citados apartados 2 y 3 tienen un alcance diferente y no pueden mezclarse, so pena de comprometer su respectivo efecto útil.
40 De ello se deduce que la adopción de medidas nacionales con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats no permite considerar que se cumplen las exigencias derivadas del artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva.
41 En segundo término, basta con señalar, por un lado, que, como se ha recordado en el apartado 22 de la presente sentencia, la competencia de la Administración para denegar la realización de un plan o proyecto o para supeditar la aprobación de ese plan o proyecto al cumplimiento de ciertas condiciones forma parte de la segunda fase mencionada en ese apartado 22, contemplada en el artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats, y, por tanto, no es pertinente en el marco de la primera fase mencionada en el apartado 22, relativa a los requisitos aplicables a la evaluación adecuada establecida en el artículo 6, apartado 3, primera frase. Pues bien, es precisamente la primera fase la que constituye el objeto del presente asunto.
42 En tercer término, como se ha recordado en los apartados 20 y 39 de la presente sentencia, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats establece un procedimiento de evaluación basado en un control previo. Por consiguiente, también carece de pertinencia la posibilidad, prevista en el Derecho nacional, de imponer sanciones, incluso penales, cuando no se respete la prohibición de ejercer actividades sujetas a una obligación de comunicación y que tengan una repercusión apreciable en una ZEC.
43 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exime a determinadas categorías de planes o proyectos de la obligación de llevar a cabo una evaluación adecuada sobre la base de criterios y umbrales previamente establecidos cuando estos últimos no permiten excluir con certeza, sobre la base de datos objetivos, que tales planes o proyectos puedan tener efectos apreciables en una ZEC, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos.
Costas
44 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que exime a determinadas categorías de planes o proyectos de la obligación de llevar a cabo una evaluación adecuada sobre la base de criterios y umbrales previamente establecidos cuando estos últimos no permiten excluir con certeza, sobre la base de datos objetivos, que tales planes o proyectos puedan tener efectos apreciables en una zona especial de conservación, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos.
Firmas
* Lengua de procedimiento: neerlandés.