Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 16 de julio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Estado de Derecho — Independencia judicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Normativa nacional que permite comprobar el cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) — Composición de la formación jurisdiccional que ha de controlar el cumplimiento de estos requisitos — Irregularidad de las condiciones de nombramiento de un miembro de esa formación — Consecuencias que deben extraerse de tal irregularidad — Imparcialidad — Primacía del Derecho de la Unión »
En los asuntos acumulados C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante resoluciones de 11 de enero de 2024, recibidas en el Tribunal de Justicia los días 6, 7 y 12 de febrero de 2024 respectivamente, en los procedimientos entre
X. Y. (C‑96/24),
X. Y. (C‑103/24),
L. S. (C‑112/24)
con intervención de:
Prokuratura Krajowa,
Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego,
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. S. Żyrek, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. K. Herrmann y el Sr. P. J. O. Van Nuffel, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2 Estas peticiones se han presentado en el contexto de un procedimiento relativo a X. Y., juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) (asunto C‑96/24), ante la Izba Odpowiedzialności Zawodowej (Sala de Responsabilidad Profesional), que pertenece a dicho tribunal, a raíz de una solicitud de autorización de la Fiscalía para incoar un procedimiento penal contra ese juez, así como en el contexto de sendos procedimientos disciplinarios incoados contra X. Y. y L. S., jueces del Sąd Rejonowy w P. (Tribunal de Distrito de P., Polonia) (asuntos C‑103/24 y C‑112/24), ante la Sala de Responsabilidad Profesional.
Marco jurídico
Ley del Tribunal Supremo
3 El artículo 29 de la ustawa o Sądzie Najwyższym (Ley del Tribunal Supremo), de 8 de diciembre de 2017 (Dz. U. de 2018, posición 5), en su versión modificada por la ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se modifican la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes), de 9 de junio de 2022 (Dz. U. de 2022, posición 1259) (en lo sucesivo, «Ley del Tribunal Supremo»), dispone lo siguiente:
«[…]
2. En el marco de las actividades llevadas a cabo por el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] o sus órganos, no estará permitido cuestionar la legitimidad de los [órganos jurisdiccionales], de los órganos constitucionales del Estado o de los órganos de control y protección de la legalidad.
3. Ni el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] ni ningún otro órgano del poder podrán apreciar o examinar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales derivadas de dicho nombramiento.
4. Las circunstancias que hayan rodeado el nombramiento de un juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] no pueden constituir un motivo exclusivo para impugnar una resolución adoptada con la participación de dicho juez ni para cuestionar su independencia e imparcialidad.
5. Podrá examinarse el cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad por parte de un juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] o de un juez adscrito a [dicho] Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias que hayan rodeado su nombramiento y su conducta tras su nombramiento, a petición del justiciable al que se refiere el apartado 7, si, en las circunstancias de un asunto concreto, ello puede dar lugar a una vulneración del principio de independencia o de imparcialidad que afecte al resultado del asunto, considerando la situación del justiciable y la naturaleza del asunto.
6. Podrá presentarse una solicitud de declaración del cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el apartado 5 contra un juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] [(en lo sucesivo, “test de independencia e imparcialidad”)] o contra un juez adscrito a dicho Tribunal que participe en una formación jurisdiccional que examine:
1) un recurso;
[…]
7. Tendrá derecho a presentar esa solicitud cualquier parte en un procedimiento ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] en los supuestos contemplados en el apartado 6.
[…]
9. La solicitud deberá cumplir los requisitos previstos para un acto procesal y, además, deberá contener:
1) una solicitud de comprobación del cumplimiento, en el caso concreto, de los requisitos a los que se refiere el apartado 5;
2) las circunstancias que justifican la solicitud y los elementos de prueba que la respaldan.
10. Las solicitudes que no cumplan los requisitos contemplados en el artículo 29, apartado 9, de la Ley del Tribunal Supremo deberán desestimarse por inadmisibles sin solicitar la subsanación de los vicios de forma. También se desestimarán por inadmisibles las solicitudes presentadas fuera de plazo o que sean inadmisibles por otro motivo.
[…]
15. El [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] examinará la solicitud a puerta cerrada en una formación de cinco jueces elegidos por sorteo entre todos los miembros del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], tras oír al juez al que se refiere la solicitud, salvo que la audiencia sea imposible o muy difícil. El juez podrá presentar sus observaciones por escrito. El juez en cuestión quedará excluido del sorteo.
[…]
18. Si se estimara la solicitud, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) recusará al juez en el asunto. La recusación de un juez en un asunto no podrá constituir un motivo de recusación de ese juez en otros asuntos examinados con su participación.
[…]
21. El auto dictado tras el examen de la solicitud podrá ser objeto de recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] en una formación jurisdiccional de siete jueces elegidos por sorteo entre todos los miembros del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. El juez en cuestión y el juez que haya participado en el auto impugnado quedarán excluidos del sorteo.
[…]
24. En las cuestiones no reguladas por la ley, las normas sobre incidentes procesales que se aplican al procedimiento relativo a la solicitud se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento iniciado a raíz de una solicitud y al procedimiento de recurso.
[…]»
Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios
4 El artículo 128 de la ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001 (Dz. U. n.º 98, posición 1070), en su versión aplicable a los litigios principales, establece:
«Las disposiciones de la parte general del Código Penal y las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal, con excepción de los artículos 344a y 396a, se aplicarán, mutatis mutandis, a los asuntos no regulados en el presente capítulo, teniendo en cuenta las particularidades derivadas de la naturaleza del procedimiento disciplinario.»
Código de Enjuiciamiento Criminal
5 Los artículos 40 y 41 de la ustawa — Kodeks postępowania karnego (Ley por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Criminal), de 6 de junio de 1997 (Dz. U. de 1997, n.º 89, posición 555), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Criminal»), establecen los supuestos en los que se considera que un juez está inhabilitado, en virtud de la ley, para conocer de un asunto (judex inhabilis, artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Criminal) y aquellos en los que puede presentarse una solicitud de recusación, en particular cuando exista una circunstancia que pueda generar una duda razonable acerca de la imparcialidad de dicho juez en el asunto del que conoce (judex suspectus, artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Criminal).
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Asunto C‑96/24
6 La Sala de Responsabilidad Profesional del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) conocía de un procedimiento que tenía por objeto autorizar la incoación de acciones penales contra el juez X. Y., integrante de dicho tribunal, lo que implicaba el levantamiento de su inmunidad.
7 En el marco de ese procedimiento, el juez X. Y. presentó una solicitud al amparo del artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo, con objeto de comprobar si la juez A. K., que actuaba como juez único en la Sala de Responsabilidad Profesional, cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad. Alegó, en particular, que esa juez había sido nombrada para el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a propuesta de la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia) (en lo sucesivo, «KRS») en su nueva configuración e hizo hincapié en una declaración de dicha juez, difundida por los medios de comunicación, en la que esta distinguía entre los jueces «antiguos» y los «nuevos», subrayando que los primeros «se comporta[ba]n de manera inculta e inelegante, [menoscabando] la dignidad de la función judicial».
8 De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo, dicha solicitud debía ser examinada por una formación especial de cinco jueces elegidos por sorteo entre los miembros del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). En este asunto, dicha formación estaba compuesta por tres jueces nombrados a propuesta de la antigua KRS y dos jueces, Z. B. y A. S., nombrados a propuesta de la KRS en su nueva configuración mediante un proceso idéntico al del nombramiento de la juez A. K.
9 El juez X. Y. presentó solicitudes de test de independencia e imparcialidad, basadas en el artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo, respecto de los jueces Z. B. y A. S. Tales solicitudes fueron declaradas inadmisibles mediante sendos autos del Presidente del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), que también preside la Sala de Responsabilidad Profesional, debido a que el procedimiento de examen del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad no es aplicable a los jueces elegidos por sorteo para integrar la formación jurisdiccional encargada de resolver este tipo de solicitudes.
10 De conformidad con el artículo 29, apartado 24, de la Ley del Tribunal Supremo y con los artículos 40 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal, el juez ponente de la formación de cinco jueces que conoce de la solicitud mencionada en el apartado 7 de la presente sentencia, que también fue nombrado a propuesta de la antigua KRS y que es el juez remitente, solicitó la recusación de los jueces Z. B. y A. S., por considerar que estos podrían no cumplir los requisitos de independencia e imparcialidad. Subrayó asimismo que la solicitud de recusación no debía ser examinada por un juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) nombrado mediante el nuevo proceso de nombramiento de jueces en el que interviene la KRS en su nueva configuración.
11 Dicha solicitud de recusación fue declarada inadmisible por un auto de 14 de diciembre de 2023 sobre la base del artículo 29, apartado 4, de la Ley del Tribunal Supremo y del artículo 41, apartados 1 y 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal y por analogía con el artículo 128 de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, en su versión aplicable a los litigios principales. El citado auto fue dictado por un juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) nombrado para el cargo mediante un proceso de nombramiento sobre la base de una resolución de la KRS en su nueva configuración.
12 Según el órgano jurisdiccional remitente, la posibilidad, contemplada en el artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo, de presentar una solicitud de comprobación de la independencia e imparcialidad de un juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) no permite subsanar el incumplimiento del requisito de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, máxime cuando el legislador polaco ha restringido considerablemente tal posibilidad. En efecto, el artículo 29, apartado 4, de la citada Ley prohíbe cuestionar la independencia o la imparcialidad de un juez basándose únicamente en las circunstancias que rodearon su nombramiento.
13 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que la indicación, en la solicitud de test de independencia e imparcialidad, de circunstancias relativas al comportamiento del juez de que se trate después de su nombramiento no puede conllevar la inadmisibilidad de la solicitud. Sin embargo, cuando tales circunstancias no permitan acreditar el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, esa solicitud podrá ser desestimada, incluso cuando el juez de que se trate haya sido nombrado en el marco de un proceso viciado por irregularidades graves.
14 Además, según dicho órgano jurisdiccional, el artículo 29, apartado 6, de la Ley del Tribunal Supremo limita el ámbito de los asuntos en los que una solicitud de este tipo puede presentarse y prosperar.
15 Según el órgano jurisdiccional remitente, el legislador polaco presumió injustificadamente que todo nombramiento de un juez a propuesta de la KRS en su nueva configuración cumplía de forma automática el requisito de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Así pues, esta figura legislativa no solo plantea incoherencias lógicas, sino que también se basa en un razonamiento circular.
16 Dicho órgano jurisdiccional estima que, pese a la contradicción que el artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo parece presentar con el Derecho de la Unión y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), es preciso que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las cuestiones planteadas. En efecto, el mecanismo jurídico establecido en el artículo 29, apartados 5 y siguientes, de la Ley del Tribunal Supremo constituye una solución legislativa híbrida, cuya finalidad es la regularización de facto de los jueces nombrados para el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) de manera irregular desde el punto de vista del requisito de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.
17 El órgano jurisdiccional remitente añade que es necesario que el Tribunal de Justicia indique la manera en que deben tratarse, a la luz del Derecho de la Unión, las solicitudes de test de independencia e imparcialidad, en particular por parte de un juez de un Estado miembro que ha sido adscrito a una formación jurisdiccional, competente para conocer de tales solicitudes, constituida irregularmente y que ha agotado las posibilidades jurídicas nacionales para alcanzar una composición regular.
18 En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en formación unipersonal, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la [Carta], en el sentido de que:
a) el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en un procedimiento especial iniciado por el interesado mediante una solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy —designado para ser miembro de una formación jurisdiccional que conoce de un litigio para autorizar la imputación penal de un magistrado del Sąd Najwyższy— cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, está obligado a controlar de oficio si la formación jurisdiccional (que conoce del litigio para autorizar la imputación penal de un magistrado), elegida mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, es un órgano jurisdiccional “establecido previamente por la ley”, cuando el Derecho nacional solo exige que se examinen los atributos de independencia e imparcialidad de los jueces[?]
b) cuando la solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad se funde en la alegación de que dicho magistrado ha sido designado para ese cargo mediante un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular, en la formación jurisdiccional compuesta por cinco jueces elegidos mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, no podrán participar los magistrados del Sąd Najwyższy que hayan sido nombrados mediante ese mismo proceso de nombramiento irregular, ya que dicha formación del Sąd Najwyższy no puede considerarse un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley[?]
c) cuando, en un asunto destinado a que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy (designado para ser miembro de una formación jurisdiccional que conoce de un litigio para autorizar la imputación penal de un magistrado del Sąd Najwyższy) cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, la parte haya acreditado que la formación del órgano jurisdiccional elegida no cumple los requisitos de un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley habida cuenta de la participación de ese magistrado del Sąd Najwyższy en un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular para ese cargo, con el fin de resolver la solicitud para que se verifique el cumplimiento por un magistrado del Sąd Najwyższy de los requisitos de independencia e imparcialidad, será innecesario examinar, como exige el Derecho nacional, la conducta de ese magistrado después de su nombramiento para el cargo judicial y el carácter del litigio (de autorización de la imputación penal de un magistrado del Sąd Najwyższy) y, en consecuencia, no podrá denegarse la solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad por el mero hecho de que el solicitante no haya probado que la conducta de ese magistrado después de su nombramiento pone en entredicho la independencia e imparcialidad de este?
En caso de respuesta afirmativa a la letra b) de la primera cuestión prejudicial:
2) ¿Debe interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la [Carta], en el sentido de que:
un juez, miembro de una formación jurisdiccional que conoce de un asunto destinado a que se verifique si un juez (designado para conocer de un litigio para autorizar la imputación penal de un magistrado del Sąd Najwyższy) cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, puede, en primer lugar, solicitar que se excluya de la formación jurisdiccional a otro juez (jueces), elegido mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, que haya sido nombrado para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy mediante un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular, que impide considerar que el órgano jurisdiccional del que forma parte dicho juez (dichos jueces) sea un órgano jurisdiccional establecido por ley, independiente e imparcial, y, en segundo lugar, pedir que esa solicitud no sea examinada por un juez que también haya sido nombrado para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy mediante ese proceso de nombramiento irregular?
3) En el supuesto de que no se dé curso a [las solicitudes mencionadas] en la [segunda] cuestión (mediante una resolución del órgano jurisdiccional nacional), ¿puede el juez que haya presentado esa solicitud negarse a pronunciarse en el asunto destinado a que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad o deberá participar en la adopción de la resolución, dejando en manos de la parte la decisión sobre la eventual impugnación de dicha resolución debido a la vulneración del derecho de la parte a que el litigio sea examinado por un órgano jurisdiccional que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la [Carta]?
4) ¿Influye en la irregularidad de la configuración de toda una formación jurisdiccional —en un asunto destinado a que se verifique si un juez cumple los requisitos de independencia e imparcialidad—, en el contexto del artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47, párrafos primero y segundo, de la [Carta], el hecho de que, en una formación jurisdiccional de cinco miembros, solo dos jueces hayan sido nombrados en un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy, es decir, en ese supuesto, puede seguir tramitándose aún el procedimiento y dictarse una resolución, habida cuenta de que el problema de la irregularidad del nombramiento para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy no se plantea en la mayoría de los miembros de la formación jurisdiccional designada?»
Asunto C‑103/24
19 Después de la incoación de un procedimiento disciplinario contra el juez X. Y., integrante del Sąd Rejonowy w P. (Tribunal de Distrito de P.), ante la Sala de Responsabilidad Profesional del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), los jueces K. B. y C. W., así como M. M., juez lego, fueron designados para constituir la formación encargada de ese procedimiento.
20 En este contexto, el juez X. Y. sometido a ese procedimiento presentó una solicitud, al amparo del artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo, con objeto de comprobar si el juez K. B., miembro de esa formación disciplinaria, cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad, teniendo en cuenta, en particular, que había sido nombrado para el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a propuesta de la KRS en su nueva configuración. El juez X. Y. también solicitó la recusación del juez K. B. en el marco de este procedimiento disciplinario.
21 Para pronunciarse sobre esa solicitud, se constituyó una formación especial de cinco jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) elegidos por sorteo. Dicha formación comprende tres jueces nombrados a propuesta de la antigua KRS y dos jueces, C. W. y B. Z., nombrados a propuesta de la KRS en su nueva configuración mediante procesos idénticos al del nombramiento del juez K. B.
22 De la resolución de remisión se desprende que, a diferencia de los otros dos asuntos objeto de la presente sentencia, el juez ponente de esa formación, nombrado él mismo a propuesta de la antigua KRS y que es el juez remitente, decidió no presentar una solicitud de recusación de los jueces nombrados a propuesta de la KRS en su nueva configuración, en el caso de autos los jueces C. W. y B. Z., ya que se habían desestimado solicitudes similares sin entrar a examinar el fondo, por lo que, en su opinión, era inútil una nueva solicitud en este sentido.
23 En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en formación unipersonal, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la [Carta], en el sentido de que:
a) el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en un procedimiento especial iniciado por una parte mediante una solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy —designado para ser miembro de una formación jurisdiccional que conoce de un litigio disciplinario que atañe a un juez de un tribunal ordinario— cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, está obligado a controlar de oficio si esa formación jurisdiccional, elegida mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, es también un órgano jurisdiccional “establecido previamente por la ley”[?]
b) cuando la solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad se funde en la alegación de que dicho magistrado ha sido designado para ese cargo mediante un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular, en la formación jurisdiccional compuesta por cinco jueces elegidos mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, no podrán participar los magistrados del Sąd Najwyższy que hayan sido nombrados mediante ese mismo proceso de nombramiento irregular, ya que dicha formación del Sąd Najwyższy no puede considerarse un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley?
En caso de respuesta afirmativa a la letra b) de la primera cuestión prejudicial:
2) ¿Influye en la irregularidad de la configuración de una formación jurisdiccional —en un asunto destinado a que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad—, en el contexto del artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la [Carta], el hecho de que, en una formación jurisdiccional de cinco miembros, solo dos jueces hayan sido nombrados en un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy, es decir, en ese supuesto, puede seguir tramitándose aún el procedimiento y dictarse una resolución, habida cuenta de que el problema de la irregularidad del nombramiento para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy no se plantea en la mayoría de los miembros de la formación jurisdiccional designada?
En caso de que la respuesta a la segunda cuestión sea que, si la formación jurisdiccional de cinco miembros exigida por el Derecho nacional incluye dos o incluso un solo magistrado del Sąd Najwyższy que haya sido nombrado de forma irregular, dicha formación no es un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la [Carta], ¿en qué medida tienen un carácter fundamental los vicios del proceso de nombramiento?
3) Con el fin de garantizar a las partes el derecho a ser oídas en un plazo razonable por un órgano jurisdiccional, en el sentido del artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la [Carta], ¿es admisible que una solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy (designado para conocer de un litigio disciplinario que atañe a un juez de un tribunal ordinario) cumple los requisitos de independencia e imparcialidad sea examinada por un juez único, ponente de una formación jurisdiccional y cuyo proceso de nombramiento al cargo de magistrado del Sąd Najwyższy no suscita dudas, como una solicitud de recusación de un magistrado del Sąd Najwyższy aplicando principios generales?»
Asunto C‑112/24
24 Después de la incoación de un procedimiento disciplinario contra el juez L. S., integrante del Sąd Rejonowy w P. (Tribunal de Distrito de P.), ante la Sala de Responsabilidad Profesional del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), el juez K. B. fue designado para constituir la formación encargada de ese procedimiento.
25 En este contexto, el juez sometido a ese procedimiento presentó una solicitud al amparo del artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo, con objeto de comprobar si el juez K. B., miembro de esa formación disciplinaria, cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad, habida cuenta de ese juez había sido nombrado para el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a propuesta de la KRS en su nueva configuración.
26 Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 29, apartado 15, de la Ley del Tribunal Supremo, se constituyó una formación especial de cinco jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) elegidos por sorteo para pronunciarse sobre esta solicitud. Dicha formación comprende cuatro jueces nombrados a propuesta de la antigua KRS, mientras que el quinto, el juez X. Y., fue nombrado para el cargo a propuesta de la KRS en su nueva configuración, en circunstancias idénticas a las del nombramiento del juez K. B.
27 Uno de los miembros de dicha formación, nombrado a propuesta de la antigua KRS, presentó una solicitud de recusación del juez X. Y., con arreglo al artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo en relación con los artículos 40 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal, basándose en que la participación del juez X. Y. ponía en peligro la imparcialidad de la formación en cuestión.
28 Dicha solicitud de recusación fue declarada inadmisible mediante un auto de 29 de noviembre de 2023, dictado por un juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), nombrado asimismo a propuesta de la KRS en su nueva configuración.
29 En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en formación unipersonal, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la [Carta], en el sentido de que:
a) el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en un procedimiento especial iniciado por una parte mediante una solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy —designado para ser miembro de una formación jurisdiccional que conoce de un litigio disciplinario que atañe a un juez de un tribunal ordinario— cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, está obligado a controlar de oficio si esa formación jurisdiccional, elegida mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, es también un órgano jurisdiccional “establecido previamente por la ley”[?]
b) cuando la solicitud para que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad se funde en la alegación de que dicho magistrado ha sido designado para ese cargo mediante un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular, en la formación jurisdiccional compuesta por cinco jueces elegidos mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, no podrán participar los magistrados del Sąd Najwyższy que hayan sido nombrados mediante ese mismo proceso de nombramiento irregular, ya que dicha formación del Sąd Najwyższy no puede considerarse un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley[?]
c) cuando, en un asunto destinado a que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy (designado para ser miembro de una formación jurisdiccional que conoce de un litigio disciplinario que atañe a un juez de un tribunal ordinario) cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, la parte haya acreditado que la formación del órgano jurisdiccional elegida no cumple los requisitos de un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley habida cuenta de la participación de ese magistrado del Sąd Najwyższy en un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular para ese cargo, con el fin de resolver la solicitud para que se verifique el cumplimiento por un magistrado del Sąd Najwyższy de los requisitos de independencia e imparcialidad, será innecesario examinar, como exige el Derecho nacional, la conducta de ese magistrado después de su nombramiento para el cargo judicial y el carácter del litigio disciplinario y, en consecuencia, no podrá denegarse la solicitud en virtud del Derecho nacional (artículo 29, apartado 10, de la [Ley del Tribunal Supremo]) por el mero hecho de que no se hayan indicado en ella las circunstancias relativas a la conducta de ese magistrado después de su nombramiento para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy?
En caso de respuesta afirmativa a la letra b) de la primera cuestión prejudicial:
2) ¿Debe interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la [Carta], en el sentido de que:
un juez, miembro de una formación jurisdiccional que conoce de un asunto destinado a que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy (designado para conocer de un litigio disciplinario que atañe a un juez de un tribunal ordinario) cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, puede, en primer lugar, solicitar que se excluya de la formación jurisdiccional a otro juez (jueces), elegido mediante sorteo de entre todos los jueces del Sąd Najwyższy, que haya sido nombrado para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy mediante un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular, que impide considerar que el órgano jurisdiccional del que forma parte dicho juez (dichos jueces) sea un órgano jurisdiccional establecido por ley, independiente e imparcial, y, en segundo lugar, pedir que esa solicitud no sea examinada por un juez que también haya sido nombrado para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy mediante ese proceso de nombramiento irregular?
3) En el supuesto de que no se dé curso a [las solicitudes mencionadas] en la [segunda] cuestión (mediante una resolución del órgano jurisdiccional nacional), ¿puede el juez que haya presentado [esas solicitudes] negarse a pronunciarse en el asunto destinado a que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad o deberá participar en la adopción de la resolución, dejando en manos de la parte la decisión sobre la eventual impugnación de dicha resolución debido a la vulneración del derecho de la parte a que el litigio sea examinado por un órgano jurisdiccional que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47 de la [Carta]?
4) ¿Influye en la irregularidad de la configuración de una formación jurisdiccional —en un asunto destinado a que se verifique si un magistrado del Sąd Najwyższy cumple los requisitos de independencia e imparcialidad—, en el contexto del artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47, [párrafo primero], de la [Carta], el hecho de que, en una formación jurisdiccional de cinco miembros, solo uno de los jueces haya sido nombrado en un proceso de nombramiento (fundamentalmente) irregular para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy, es decir, en ese supuesto, puede seguir tramitándose aún el procedimiento y dictarse una resolución, habida cuenta de que el problema de la irregularidad del nombramiento para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy no se plantea en la mayoría de los miembros de la formación jurisdiccional designada?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
30 Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2024, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.
Competencia del Tribunal de Justicia
31 Con carácter preliminar, ha de recordarse que, conforme a reiterada jurisprudencia, incumbe al propio Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que un juez nacional se dirige ante él, a fin de verificar su propia competencia o la admisibilidad de la petición que se le presenta [sentencia de 22 de marzo de 2022, Prokurator Generalny (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑508/19, EU:C:2022:201, apartado 59 y jurisprudencia citada].
32 A este respecto, procede, en primer lugar, recordar que, en el marco de la remisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia solo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que le son atribuidas [sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 77 y jurisprudencia citada].
33 En los tres presentes asuntos acumulados, las cuestiones planteadas en cada uno de ellos presentan algunas diferencias en su formulación en lo que respecta a las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita. En efecto, algunas cuestiones versan sobre la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta, mientras que otras se refieren al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta. Por lo tanto, conviene precisar el ámbito de aplicación de esta última disposición.
34 A este respecto, el ámbito de aplicación de la Carta, por lo que se refiere a la acción de los Estados miembros, se define en su artículo 51, apartado 1, según el cual las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión; este artículo confirma la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas [sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 78 y jurisprudencia citada].
35 En los presentes asuntos, por lo que respecta al artículo 47 de la Carta, el órgano jurisdiccional remitente no ha aportado nada que indique que los litigios principales se refieran a la interpretación o aplicación de una norma del Derecho de la Unión a la que se esté dando efecto en el plano nacional.
36 Por lo tanto, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, el artículo 47 de esta no es, como tal, aplicable a los citados litigios.
37 Sin embargo, habida cuenta de que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, obliga a todos los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, la tutela judicial efectiva, en el sentido, en particular, del artículo 47 de la Carta, este último artículo debe tomarse debidamente en consideración a efectos de la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (sentencias de 3 de julio de 2025, Lita y Jeszek, C‑646/23 y C‑661/23, EU:C:2025:519, apartado 54 y jurisprudencia citada, y de 4 de septiembre de 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, apartado 34).
38 En segundo lugar, procede recordar que, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar a los justiciables el respeto de su derecho a la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. De este modo, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que garantice un control judicial efectivo en los referidos ámbitos (sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 32 y jurisprudencia citada).
39 En cuanto al ámbito de aplicación ratione materiae del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, esta disposición se refiere a «los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», con independencia de la situación en la que los Estados miembros apliquen este Derecho (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 35 y jurisprudencia citada).
40 El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es aplicable a cualquier instancia nacional que pueda pronunciarse, como órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o a la interpretación del Derecho de la Unión y que, por tanto, están comprendidas en los ámbitos cubiertos por este Derecho (sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 34 y jurisprudencia citada).
41 Pues bien, este es el caso del órgano jurisdiccional remitente, que, en efecto, puede tener que pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión y que, como «órgano jurisdiccional» —en el sentido definido por este Derecho—, forma parte del sistema polaco de vías de recurso en los «ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de modo que debe cumplir las exigencias de la tutela judicial efectiva (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 37 y jurisprudencia citada).
42 En consecuencia, en los presentes asuntos, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las primeras cuestiones prejudiciales, letra c), de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24
43 Mediante las primeras cuestiones prejudiciales, letra c), de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que las circunstancias que rodean el nombramiento de un juez pueden, por sí solas, implicar una vulneración del derecho a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones.
44 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, como se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, en particular el establecimiento, la composición, las competencias y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales, no es menos cierto que, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión y, en particular, el artículo 19 TUE [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 44 y jurisprudencia citada, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 28].
45 A este respecto, el principio de tutela judicial efectiva al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es un principio general del Derecho de la Unión, consagrado, entre otros, en el artículo 6, apartado 1, del CEDH, el cual se corresponde con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. Como se ha recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, esta última disposición debe tomarse debidamente en consideración a efectos de la interpretación del citado artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 42].
46 Las garantías de acceso a un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley —en particular, las que determinan tanto el concepto como la composición de este—, constituyen la piedra angular del derecho a un proceso justo. La verificación de si, por su composición, un órgano constituye un tribunal dotado de tales características, cuando surja sobre este punto una duda fundada, es necesaria para la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al justiciable [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 69 y jurisprudencia citada].
47 Según reiterada jurisprudencia, las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Derecho de la Unión postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional de que se trate, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y sobre su neutralidad con respecto a los intereses en litigio [sentencias de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 109, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 70].
48 El Tribunal de Justicia, haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado que, aunque el derecho a un «tribunal establecido previamente por la ley» constituye un derecho autónomo, tiene vínculos muy estrechos con las garantías de «independencia» e «imparcialidad». En particular, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, debe garantizarse la independencia de los tribunales en especial frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 72 y jurisprudencia citada].
49 A este respecto, la exigencia de un tribunal «establecido previamente por la ley», en el sentido del Derecho de la Unión, tiene por objeto evitar que la organización del sistema judicial se deje a la discreción del Poder Ejecutivo y conseguir que esta materia esté regulada por una ley adoptada por el Poder Legislativo de conformidad con las normas que delimitan el ejercicio de su competencia. Esta expresión refleja en particular el valor del respeto del Estado de Derecho y se refiere no solo a la base jurídica de la propia existencia del tribunal, sino también a la composición del órgano enjuiciador en cada asunto, así como a cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleve la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen de un asunto, lo que incluye, en particular, disposiciones relativas a la independencia e imparcialidad de los miembros del órgano jurisdiccional de que se trate [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartado 73 y jurisprudencia citada; de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 129, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 73].
50 Por consiguiente, es necesario asegurarse de que las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de las decisiones de nombramiento impidan que se susciten dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y sobre su neutralidad, una vez nombrados, con respecto a los intereses en litigio. A tal fin, es importante, en particular, que dichas condiciones y normas se conciban de manera que satisfagan las exigencias recordadas en el apartado anterior de la presente sentencia [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 74 y jurisprudencia citada].
51 Por lo que respecta, más concretamente, al proceso de nombramiento de los jueces, el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta de las consecuencias capitales que tiene para el correcto funcionamiento y la legitimidad del Poder Judicial en un Estado democrático regido por la supremacía de la ley, dicho proceso constituye necesariamente un elemento inherente al concepto de «juez establecido previamente por la ley» del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, precisando al mismo tiempo que la independencia de un tribunal, en el sentido de esta disposición, se mide, en particular, por la manera en que se ha nombrado a sus miembros [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 75 y jurisprudencia citada].
52 Dicho esto, no todo error que pueda producirse durante el proceso de nombramiento de un juez puede generar dudas sobre la independencia y la imparcialidad de ese juez y, por tanto, sobre la condición de tribunal «independiente e imparcial, establecido previamente por la ley», en el sentido del Derecho de la Unión, de una formación jurisdiccional en la que esté integrado [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 76 y jurisprudencia citada].
53 Es jurisprudencia reiterada que una irregularidad cometida con ocasión del nombramiento de los jueces en el seno del sistema judicial de que se trate supone el incumplimiento del requisito de que un tribunal esté establecido por la ley, en especial cuando esta irregularidad sea de tal naturaleza y gravedad que cree un riesgo real de que otras ramas del poder, en particular el Ejecutivo, puedan ejercer una potestad discrecional indebida que ponga en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y que origine así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez o de los jueces afectados, lo que sucede cuando se cuestionan normas fundamentales que forman parte del establecimiento y del funcionamiento de ese sistema judicial [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartado 75, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 77 y jurisprudencia citada].
54 Para determinar que se ha incumplido la exigencia de un «juez establecido previamente por la ley» y las consecuencias de tal incumplimiento, es preciso realizar una apreciación global de una serie de elementos que, considerados en conjunto, contribuyen a generar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la independencia e imparcialidad de los jueces [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 78 y jurisprudencia citada].
55 Aplicando la jurisprudencia recordada en los apartados 46 a 48 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 77 de la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), en relación con la apreciación de la condición de «órgano jurisdiccional», a efectos del artículo 267 TFUE, de la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos, Polonia) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), que, considerados conjuntamente, los elementos tanto sistémicos como circunstanciales que caracterizaron el nombramiento, en dicho órgano, de varios jueces tienen como consecuencia que esta no tenga la condición de «juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley», a efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, apartados 49 y 50).
56 Asimismo, en los apartados 35 y 37 de la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940), el Tribunal de Justicia señaló que los vicios que afectaron al proceso de nombramiento del juez único que componía el órgano remitente y que había sido nombrado para la Sala de lo Civil del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), eran idénticos a los que afectaron al proceso de nombramiento de los jueces de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos y eran suficientes, por sí solos, para suscitar dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia y a la imparcialidad de dicho juez, de modo que este último no constituía un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
57 Así pues, algunos vicios en el proceso de nombramiento de jueces pueden indicar, por sí solos, que los jueces de que se trate no cumplen los requisitos de independencia e imparcialidad. En tales casos, no puede exigirse a una parte procesal, que plantea la cuestión del respeto de tales requisitos, que aporte elementos adicionales para corroborar el incumplimiento alegado de dichos requisitos.
58 En cuanto a la solicitud de test de independencia e imparcialidad de un juez integrante de una formación jurisdiccional, para determinar si este cumple los requisitos de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta, la parte que presenta tal solicitud debería tener la posibilidad de limitarse a invocar alegaciones basadas únicamente en las circunstancias que rodearon el nombramiento de ese juez y que demuestren que se incurrió, en esa ocasión, en una irregularidad de tal naturaleza y gravedad que origina, en el ánimo de los justiciables, dudas en cuanto a la independencia e imparcialidad de dicho juez frente al Poder Ejecutivo o Legislativo, sin que sea necesario alegar otros elementos.
59 Así pues, la formación del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) que haya de examinar, sobre la base del artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo, la cuestión de la independencia e imparcialidad de un juez de dicho órgano jurisdiccional debe satisfacer, a su vez, los requisitos de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.
60 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales, letra c), de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24 que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que las circunstancias que rodean el nombramiento de un juez pueden entrañar, por sí solas, una vulneración del derecho a un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones, si dichas circunstancias implican una irregularidad de tal naturaleza y gravedad que suscita una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad de ese juez.
Sobre las primeras cuestiones prejudiciales, letra b), de los asuntos C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24
61 Mediante las primeras cuestiones prejudiciales, letra b), en estos tres asuntos, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce en un tribunal y, en consecuencia, del derecho a un juez establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones, se encomiende a una formación jurisdiccional de dicho tribunal que incluya a uno o varios jueces que, debido a las condiciones de su nombramiento, se encuentren en una situación idéntica a la del juez objeto de dicha comprobación.
62 A este respecto, como se ha recordado en el apartado 45 de la presente sentencia, el principio de tutela judicial efectiva al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es un principio general del Derecho de la Unión, que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, consagrado, entre otros, en el artículo 6, apartado 1, del CEDH, el cual se corresponde con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta.
63 Por otra parte, en la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, el artículo 52, apartado 3, de aquella tiene por objeto asegurar la coherencia necesaria entre los derechos que esta contiene y los derechos correspondientes garantizados por el CEDH, sin que ello afecte a la autonomía del Derecho de la Unión. Según las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17), el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta se corresponde con el artículo 6, apartado 1, del CEDH. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe velar por que la interpretación que realice en los presentes asuntos garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 46 y jurisprudencia citada).
64 Precisado lo anterior, ha de recordarse que todo Estado miembro debe garantizar, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que los órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales», en el sentido definido por el Derecho de la Unión, tengan que resolver sobre cuestiones vinculadas a la aplicación o la interpretación de este Derecho y que formen parte del sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva, entre ellas la de independencia (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 47 y jurisprudencia citada).
65 A este respecto, ha de recordarse que la exigencia de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental a un proceso equitativo, que revisten una importancia capital como garantías de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 49 y jurisprudencia citada).
66 Según reiterada jurisprudencia, la exigencia de independencia comprende dos aspectos. El primero de ellos, de orden externo, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar e influir en sus decisiones [sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 121, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 50].
67 El segundo aspecto, de orden interno, se asocia al concepto de «imparcialidad» y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica [sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 122, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 51].
68 Estas garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que atañe a su neutralidad ante los intereses en litigio [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 123, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 52].
69 Por lo que respecta, más concretamente, al principio de imparcialidad, dicho principio exige que los jueces no alberguen ningún interés creado, sesgo o prejuicio en los litigios de los que conozcan y que traten a todas las partes de manera equitativa y justa.
70 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la imparcialidad significa normalmente que no existen prejuicios o sesgos, lo cual puede comprobarse de diversas maneras. Según dicho Tribunal, la existencia de imparcialidad debe apreciarse a partir de un enfoque subjetivo consistente en tomar en consideración la convicción personal y el comportamiento de un juez determinado para comprobar si ha dado muestras de cualquier prejuicio o sesgo en el asunto del que conoce, pero también desde un enfoque objetivo, consistente en valorar si el propio órgano jurisdiccional ofrecía, entre otros aspectos por su composición, garantías suficientes para excluir toda duda legítima en cuanto a su imparcialidad (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, § 93).
71 En el marco de la apreciación objetiva de la imparcialidad, procede preguntarse si, independientemente de la conducta personal de los jueces, determinados hechos verificables permiten dudar de la imparcialidad de estos. A este respecto, incluso las apariencias pueden tener importancia. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para pronunciarse sobre la existencia de motivos que hagan temer que no se satisfacen en un determinado asunto esas exigencias de independencia o de imparcialidad objetiva, el punto de vista de una parte se tiene en cuenta, pero no desempeña un papel decisivo. El factor determinante consiste en si los temores de que se trate pueden considerarse objetivamente justificados (véanse, en este sentido, TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, §§ 96 y 98, y la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Vivacom Bulgaria, C‑369/23, EU:C:2024:1043, apartado 33 y jurisprudencia citada).
72 A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado asimismo, en esencia, que la participación de jueces en una decisión relativa a la recusación de uno de sus colegas, miembro de la misma formación jurisdiccional, puede servir de fundamento para alegar la infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH, cuando ellos mismos sean objeto de una petición de recusación de esta índole (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 22 de septiembre de 1994, Debled c. Bélgica, CE:ECHR:1994:0922JUD002681891, § 37).
73 Así pues, los miembros de una formación jurisdiccional que deba pronunciarse sobre la cuestión de si la participación de un juez en un órgano determinado puede incumplir la exigencia de que un tribunal esté establecido previamente por la ley no pueden encontrarse, ellos mismos, en una situación idéntica a la de ese juez. En efecto, la identidad entre las circunstancias de su propio nombramiento como jueces y las de este último juez puede suscitar en los justiciables dudas legítimas acerca de la neutralidad de esa formación en relación con los intereses en conflicto. De ello resulta que los miembros de dicha formación no pueden examinar la cuestión de la independencia y la imparcialidad de ese juez cuando se encuentren en la misma situación.
74 En los presentes asuntos, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que las disposiciones relativas al procedimiento de control del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) entraron en vigor, tras una modificación de la Ley del Tribunal Supremo, en el año 2022, con el fin de garantizar el derecho de los justiciables a un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta. Este procedimiento permite a las partes de un litigio ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) solicitar que se realice un test de independencia e imparcialidad de un juez de ese órgano jurisdiccional encargado de resolver el asunto que las afecta, con objeto de determinar si el juez designado para pronunciarse en el asunto que les concierne cumple los requisitos de independencia e imparcialidad; el examen de esta solicitud se encomienda a una formación específica compuesta por cinco jueces elegidos por sorteo entre los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), con exclusión del juez afectado por dicha solicitud.
75 Pues bien, como ya se ha señalado en el apartado 59 de la presente sentencia, la formación jurisdiccional del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) que haya de examinar, sobre la base del artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo, la cuestión de la independencia e imparcialidad de un juez de dicho órgano jurisdiccional debe satisfacer, a su vez, los requisitos de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.
76 El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, más concretamente, si un juez nombrado para el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), a propuesta de la KRS en su nueva configuración, puede pertenecer a la formación de cinco jueces que ha de pronunciarse sobre una solicitud de test de independencia e imparcialidad de otro juez, presentada con arreglo al artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo, cuando las condiciones de su propio nombramiento sean idénticas a las del juez objeto de dicha solicitud.
77 A este respecto, de las resoluciones de remisión se desprende que, en las formaciones del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) encargadas de examinar las solicitudes de test de independencia e imparcialidad en los tres asuntos principales, al menos un juez fue nombrado a propuesta de la KRS en su nueva configuración.
78 Así pues, como se ha indicado en el apartado 73 de la presente sentencia, cuando un juez en ejercicio en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) haya sido nombrado en circunstancias idénticas a las que rodearon el nombramiento de un juez que es objeto de una solicitud de test de independencia e imparcialidad y que precisamente fundamentan dicha solicitud, no cabe admitir que ese primer juez pueda integrar la formación de dicho órgano jurisdiccional encargada de resolver tal solicitud.
79 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales, letra b), de los asuntos C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24 que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce en un tribunal y, en consecuencia, del derecho a un juez establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones, se encomiende a una formación jurisdiccional de dicho tribunal que incluya a uno o varios jueces que, debido a las condiciones de su nombramiento, se encuentren en una situación idéntica a la del juez objeto de dicha comprobación.
Sobre las primeras cuestiones prejudiciales, letra a), y las segundas cuestiones prejudiciales de los asuntos C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24, la tercera cuestión prejudicial del asunto C‑103/24 y las cuartas cuestiones prejudiciales de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24
80 Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, obliga al Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a examinar de oficio si la formación jurisdiccional que ha de resolver una solicitud de test de independencia e imparcialidad relativa a un juez del órgano jurisdiccional cumple el requisito de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Se pregunta asimismo, por una parte, si un miembro de esa formación que albergue dudas acerca del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad por otro miembro de la misma formación debe solicitar la recusación de este último y, por otra parte, si la apreciación de esa solicitud puede ser realizada por una formación en la que solo una minoría de sus miembros haya sido nombrada al término de un proceso viciado por irregularidades.
81 Procede señalar que, mediante dichas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en esencia, que se determinen las medidas que pueden garantizar que las solicitudes de test de independencia e imparcialidad relativas a un juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) sean examinadas por una formación de este órgano jurisdiccional que satisfaga los requisitos de un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta.
82 En estas circunstancias, conviene reformular las primeras cuestiones prejudiciales, letra a), y las segundas cuestiones prejudiciales de los asuntos C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24, la tercera cuestión del asunto C‑103/24 y las cuartas cuestiones de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24 en el sentido de que, mediante ellas, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que la formación de un órgano jurisdiccional, que ha de conocer de una solicitud de comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un miembro de dicho órgano jurisdiccional, vulnere ella misma el derecho a un tribunal establecido previamente por la ley debido a la presencia en su seno de un juez que no cumple tales requisitos, el órgano jurisdiccional de que se trate está obligado a velar por que ese juez no participe en el examen de la solicitud y debe inaplicar, en su caso, las normas nacionales que determinan la composición de esa formación, con el fin de que la solicitud pueda ser examinada por un órgano que se atenga a las citadas disposiciones del Derecho de la Unión.
83 Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, implica que todo órgano jurisdiccional nacional que deba aplicar el Derecho de la Unión está obligado a verificar si, por su composición, es un tribunal que tiene dichas características cuando surja sobre este punto una duda fundada, considerándose que tal comprobación es necesaria para la confianza que los órganos jurisdiccionales deben inspirar en los justiciables en una sociedad democrática, o también que tal órgano jurisdiccional nacional debe poder comprobar, en determinadas circunstancias, si una irregularidad en el proceso de nombramiento de un juez ha podido entrañar la vulneración de este derecho fundamental [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartado 57, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 276].
84 Es preciso recordar asimismo que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la presencia, en una formación jurisdiccional, de un solo juez que no sea independiente, imparcial o establecido previamente por la ley basta para privar a dicha formación de su condición de tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartados 69 a 75, y de 4 de septiembre de 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, apartado 57 y jurisprudencia citada].
85 Precisado lo anterior, procede recalcar que, conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de primacía del Derecho de la Unión consagra la preeminencia de este Derecho sobre el Derecho de los Estados miembros. En consecuencia, este principio obliga a todos los órganos de los Estados miembros a dar plena eficacia a las diferentes normas de la Unión, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda afectar a los efectos reconocidos a estas normas en el territorio de dichos Estados [sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 61 y jurisprudencia citada].
86 De este modo, en virtud de dicho principio, en particular, todo juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de las exigencias de ese Derecho en el litigio del que conoce, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier normativa o práctica nacional que sea contraria a una norma de efecto directo del Derecho de la Unión, sin que deba solicitar o esperar la previa eliminación de dicha normativa o práctica nacional por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional. El cumplimiento de esa obligación es necesario, concretamente, para garantizar el respeto de la igualdad entre los Estados miembros ante los Tratados y constituye una manifestación del principio de cooperación leal enunciado en el artículo 4 TUE, apartado 3 [sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 62 y jurisprudencia citada].
87 Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta, que impone a los Estados miembros una obligación de resultado clara y precisa que no está sujeta a ninguna condición, en particular en lo que respecta a la independencia y la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde interpretar y aplicar el Derecho de la Unión y a la exigencia de que hayan sido establecidos previamente por la ley, tiene tal efecto directo, que entraña que haya de dejarse inaplicada cualquier disposición, jurisprudencia o práctica nacional contraria a esos preceptos del Derecho de la Unión, según los interpreta el Tribunal de Justicia [sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 63 y jurisprudencia citada].
88 También según jurisprudencia reiterada, incluso en ausencia de medidas legislativas nacionales que hayan puesto fin a un incumplimiento constatado por el Tribunal de Justicia, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar que surta pleno efecto el Derecho de la Unión de conformidad con la doctrina derivada de la sentencia declarativa del incumplimiento. Asimismo, dichos órganos jurisdiccionales están obligados, en virtud del principio de cooperación leal previsto en el artículo 4 TUE, apartado 3, a eliminar las consecuencias ilícitas de una infracción del Derecho de la Unión [véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de marzo de 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, apartados 38 y 63 y jurisprudencia citada, y de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 64].
89 Para cumplir las obligaciones mencionadas en los apartados 85 a 88 de la presente sentencia, un órgano jurisdiccional nacional está obligado a dar a la legislación nacional pertinente, en la medida de lo posible, una interpretación conforme con las exigencias dimanantes del Derecho de la Unión. Sin embargo, si tal interpretación no permite evitar una vulneración del derecho de los justiciables a un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, dicho órgano jurisdiccional está obligado, para garantizar la primacía del Derecho de la Unión, a inaplicar las disposiciones nacionales en cuestión, en particular cuando estas pudieran dar lugar a que un asunto fuese examinado por jueces que no tengan o parezcan no tener la imparcialidad necesaria [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartados 159 y 161, y de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 65].
90 Sin embargo, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no impone a los Estados miembros un modelo único para garantizar la tutela judicial efectiva ni para restablecer la confianza en el sistema judicial que el público haya perdido debido a irregularidades sistémicas en el nombramiento de los jueces [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 64].
91 Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate establecer normas procesales que permitan garantizar que la solicitud relativa a la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad del miembro de un tribunal sea examinada por una formación jurisdiccional que respete los requisitos derivados del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
92 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales, letra a), y a las segundas cuestiones prejudiciales de los tres presentes asuntos, a la tercera cuestión del asunto C‑103/24 y a las cuartas cuestiones de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24 que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que la formación de un órgano jurisdiccional, que ha de conocer de una solicitud de comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un miembro de dicho órgano jurisdiccional, vulnere ella misma el derecho a un tribunal establecido previamente por la ley debido a la presencia en su seno de un juez que no cumple tales requisitos, el órgano jurisdiccional de que se trate está obligado a velar por que ese juez no participe en el examen de la solicitud y debe inaplicar, en su caso, las normas nacionales que determinan la composición de esa formación, con el fin de que la solicitud pueda ser examinada por un órgano que se atenga a las citadas disposiciones del Derecho de la Unión. En particular, deben excluirse de la formación jurisdiccional encargada de llevar a cabo ese examen los jueces que no cumplan los requisitos de imparcialidad exigidos. Corresponde al ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate establecer normas procesales que permitan garantizar que tal solicitud sea examinada por una formación jurisdiccional que respete los requisitos derivados del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Sobre las terceras cuestiones prejudiciales de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24
93 Habida cuenta de la respuesta dada a las primeras cuestiones prejudiciales, letra a), y a las segundas cuestiones prejudiciales de los asuntos C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24, a la tercera cuestión prejudicial del asunto C‑103/24 y a las cuartas cuestiones prejudiciales de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24, no procede responder a las terceras cuestiones prejudiciales de los asuntos C‑96/24 y C‑112/24.
Costas
94 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
las circunstancias que rodean el nombramiento de un juez pueden entrañar, por sí solas, una vulneración del derecho a un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones, si dichas circunstancias implican una irregularidad de tal naturaleza y gravedad que suscita una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad de ese juez.
2) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce en un tribunal y, en consecuencia, del derecho a un tribunal establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones, se encomiende a una formación jurisdiccional de dicho tribunal que incluya a uno o varios jueces que, debido a las condiciones de su nombramiento, se encuentren en una situación idéntica a la del juez objeto de dicha comprobación.
3) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que,
en el supuesto de que la formación de un órgano jurisdiccional, que ha de conocer de una solicitud de comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un miembro de dicho órgano jurisdiccional, vulnere ella misma el derecho a un tribunal establecido previamente por la ley debido a la presencia en su seno de un juez que no cumple tales requisitos, el órgano jurisdiccional de que se trate está obligado a velar por que ese juez no participe en el examen de la solicitud y debe inaplicar, en su caso, las normas nacionales que determinan la composición de esa formación, con el fin de que la solicitud pueda ser examinada por un órgano que se atenga a las citadas disposiciones del Derecho de la Unión. En particular, deben excluirse de la formación jurisdiccional encargada de llevar a cabo ese examen los jueces que no cumplan los requisitos de imparcialidad exigidos. Corresponde al ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate establecer normas procesales que permitan garantizar que tal solicitud sea examinada por una formación jurisdiccional que respete los requisitos derivados del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Firmas
* Lengua de procedimiento: polaco.