1

Mediante su recurso de casación, International Management Group (IMG) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 4 de septiembre de 2024, IMG/Comisión (T‑509/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:590), mediante la cual dicho Tribunal desestimó su recurso en el que solicitaba, por una parte, la anulación de la decisión de 8 de junio de 2021 por la que la Comisión Europea se negó a reconocerle, con efectos retroactivos desde el 16 de diciembre de 2014, el estatuto de organización internacional previsto por la normativa financiera de la Unión para la ejecución de los fondos de la Unión Europea conforme al régimen de gestión indirecta (en lo sucesivo, «decisión controvertida») y, por otra parte, la reparación de los perjuicios material y moral que alega haber sufrido.

Marco jurídico

Derecho internacional

2

El artículo 2, apartado 1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331; en lo sucesivo, «Convención de Viena»), dispone:

3

El artículo 5 de esta Convención precisa que esta «se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional […], sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización».

4

A tenor del artículo 31 de dicha Convención, que lleva por título «Regla general de interpretación»:

5

El artículo 32 de la misma Convención, titulado «Medios de interpretación complementarios», está redactado en los siguientes términos:

Derecho de la Unión

Reglamento Financiero de 2002

6

El Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 390, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero de 2002»), fue derogado, con efectos desde el 1 de enero de 2013, por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero de 2012»). No obstante, el artículo 212, letra a), del Reglamento Financiero de 2012 estableció, en particular, que los artículos 53 y 53 quinquies del Reglamento Financiero de 2002 seguirían aplicándose a todos los compromisos asumidos hasta el 31 de diciembre de 2013.

7

El artículo 53 del Reglamento Financiero de 2002 disponía:

8

El artículo 53 quinquies de este Reglamento establecía:

Reglamento Financiero de ejecución de 2002

9

El Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 357, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 478/2007 de la Comisión, de 23 de abril de 2007 (DO 2007, L 111, p. 13) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero de ejecución de 2002»), fue derogado, con efectos desde el 1 de enero de 2013, por el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero Delegado de 2012»).

10

El artículo 43 del Reglamento Financiero de ejecución de 2002, titulado «Gestión conjunta», disponía, en su apartado 2:

Reglamento Financiero de 2012

11

El Reglamento Financiero de 2012 entró en vigor el 27 de octubre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 214, párrafo primero. Era aplicable desde el 1 de enero de 2013 en virtud del párrafo segundo de ese artículo, sin perjuicio de las fechas de aplicación específicas establecidas en ese mismo párrafo para determinadas disposiciones de dicho Reglamento.

12

Entre estas disposiciones figuraba el artículo 58 de dicho Reglamento, titulado «Métodos de ejecución del presupuesto», que solo era aplicable a los compromisos asumidos a partir del 1 de enero de 2014. El apartado 1 de dicho artículo tenía el siguiente tenor:

Reglamento Financiero Delegado de 2012

13

El artículo 43 del Reglamento Financiero Delegado de 2012, que lleva por título «Disposiciones específicas en materia de gestión indirecta con organizaciones internacionales», establecía, en su apartado 1:

Antecedentes del litigio

14

Los antecedentes del litigio, recogidos en los apartados 2 a 24 de la sentencia recurrida, pueden resumirse, a efectos del presente procedimiento, del siguiente modo.

15

El recurrente, IMG, inicialmente denominado International Management Group — Infrastructure for Bosnia and Herzegovina (IMG-IBH), se creó el 25 de noviembre de 1994 con el objetivo de que los Estados y las organizaciones internacionales participantes en la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina pudieran disponer de una entidad dedicada a tal fin. Desde entonces, fue ampliando progresivamente sus actividades en los ámbitos de la reconstrucción y el desarrollo.

16

El 7 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución C(2013) 7682 final, relativa al programa de acción anual de 2013 en favor de Myanmar/Birmania con financiación a cargo del presupuesto general de la Unión. Esta Decisión preveía, en particular, un programa de desarrollo del comercio cuyo coste, estimado en 10 millones de euros, debía ser financiado por la Unión y cuya puesta en marcha debía realizarse en régimen de gestión conjunta con el recurrente.

17

El 17 de febrero de 2014, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) informó a la Comisión de la apertura de una investigación relativa al estatuto jurídico del recurrente. El 15 de diciembre de 2014, la Comisión recibió el informe elaborado por la OLAF al término de su investigación, en el que la OLAF consideró, en esencia, que el recurrente no era una organización internacional, en el sentido del Reglamento Financiero de 2002 y del Reglamento Financiero de 2012.

18

El 16 de diciembre de 2014, la Comisión decidió delegar la ejecución, conforme al régimen de gestión indirecta, del programa de desarrollo del comercio previsto en la Decisión de Ejecución C(2013) 7682 final, mencionada en el apartado 16 de la presente sentencia, a una organización distinta del recurrente (en lo sucesivo, «Decisión de 16 de diciembre de 2014»).

19

El 8 de mayo de 2015, la Comisión remitió al recurrente un escrito mediante el cual le informaba de que había decidido, en particular, que, hasta que existiera una certeza absoluta acerca de su estatuto de organización internacional, sus servicios no celebrarían con él ningún nuevo convenio de delegación conforme al régimen de gestión indirecta previsto en el Reglamento Financiero de 2012 (en lo sucesivo, «decisión de 8 de mayo de 2015»).

20

Mediante una primera demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 21 de enero de 2015 y registrada con el número de asunto T‑29/15, y posteriormente mediante una segunda demanda presentada en esa misma Secretaría el 14 de julio de 2015 y registrada con el número de asunto T‑381/15, el recurrente interpuso dos recursos en los que solicitaba, en el primero, la anulación de la Decisión de 16 de diciembre de 2014 y, en el segundo, la anulación de la decisión de 8 de mayo de 2015 y la reparación del perjuicio que alegó que esta le había ocasionado. Estos recursos fueron desestimados mediante las sentencias de 2 de febrero de 2017, International Management Group/Comisión (T‑29/15, EU:T:2017:56), y de 2 de febrero de 2017, IMG/Comisión (T‑381/15, EU:T:2017:57). Mediante dos recursos de casación interpuestos el 11 de abril de 2017 y registrados, respectivamente, con los números de asunto C‑183/17 P y C‑184/17 P, el recurrente solicitó la anulación de estas dos sentencias.

21

Mediante la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, en lo sucesivo, «sentencia de 31 de enero de 2019», EU:C:2019:78), el Tribunal de Justicia anuló las sentencias del Tribunal General mencionadas en el apartado anterior, resolvió él mismo los recursos por los que se solicitaba la anulación de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015, anuló estas decisiones y devolvió el asunto T‑381/15 al Tribunal General para que este se pronunciara sobre el recurso en este asunto, en la medida en que solicitaba la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por el recurrente debido a la adopción de la decisión de 8 de mayo de 2015.

22

Mediante escrito de 6 de mayo de 2019, la Comisión instó al recurrente, en el marco de la ejecución de la sentencia de 31 de enero de 2019, a presentar determinados documentos para demostrar que cumplía efectivamente los requisitos exigidos para tener la posibilidad de trabajar con ella conforme al régimen de gestión indirecta. Dado que el recurrente no proporcionó los documentos solicitados, la Comisión, mediante escrito de 18 de julio de 2019, reiteró su solicitud de que aportara los documentos, indicando que, en caso de negativa por parte del recurrente, se dirigiría directamente a los Estados que el recurrente consideraba miembros suyos.

23

El 26 de noviembre de 2019, la Comisión preguntó a los Estados que el recurrente tenía por miembros suyos si consideraban que el recurrente era una organización internacional, si eran miembros de dicha organización y si habían firmado un acuerdo internacional o intergubernamental por el que se instituyera al recurrente como organización internacional. En caso de que su respuesta fuera afirmativa, se les pedía que enviaran a la Comisión una copia certificada de dicho acuerdo, así como la prueba de que sus signatarios disponían de plenos poderes para firmarlo, o una copia del instrumento de ratificación de dicho acuerdo. La Comisión reiteró esta solicitud a algunos de esos Estados, los días 27 de enero, 11 de marzo, 25 de mayo y 14 de octubre de 2020.

24

Tras haber informado al recurrente, mediante escrito de 19 de febrero de 2021, de que tenía la intención de adoptar una decisión por la que se le denegaría el reconocimiento del estatuto de organización internacional, la Comisión le invitó a presentar observaciones, lo que el recurrente hizo los días 5 y 30 de marzo de 2021.

25

El 8 de junio de 2021, la Comisión adoptó la decisión controvertida.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

26

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 18 de agosto de 2021, el recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba, en primer lugar, la anulación de la decisión controvertida y, en segundo lugar, que se condenara a la Comisión a abonarle, por una parte, una indemnización por importe de 20 000 euros en reparación del perjuicio que afirmaba haber sufrido debido a la duración irrazonable del procedimiento de adopción de la decisión controvertida y, por otra parte, una indemnización de 23 651 903 euros en reparación de los perjuicios financiero y moral que alegaba haber sufrido debido a las ilegalidades de que adolecía la decisión controvertida, que sustituyó a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.

27

Con carácter preliminar, el Tribunal General se pronunció en particular sobre la admisibilidad de los anexos A.24 de la demanda y C.1 del escrito de réplica, que declaró inadmisibles.

28

Más concretamente, en lo referente al anexo A.24 de la demanda, cuya admisibilidad había impugnado la Comisión, el Tribunal General constató, en los apartados 45 y 46 de la sentencia recurrida, que este anexo consistía en un dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, cuya divulgación no había autorizado dicha institución y que no se refería a un procedimiento legislativo para el que se exige una mayor transparencia. El Tribunal General añadió que el recurrente no había alegado un interés distinto del de poder invocar dicho dictamen jurídico en el marco del litigio, por lo que su presentación no parecía estar guiada por un interés público superior.

29

De los apartados 58, 59, 92 y 190 de la sentencia recurrida se desprende que, ante el Tribunal General, el recurrente invocó cuatro motivos en apoyo de sus pretensiones de anulación. Según el Tribunal General, el primer motivo estaba subdividido en tres partes, basadas, la primera, en la infracción del artículo 266 TFUE y en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 31 de enero de 2019; la segunda, en la infracción de la normativa financiera de la Unión y de las Directrices de la Comisión, de 7 de enero de 2015, sobre la evaluación del estatuto de las organizaciones internacionales y la posibilidad de asimilar las organizaciones sin ánimo de lucro a las organizaciones internacionales, en varios errores de Derecho, así como en la vulneración de diversos principios entre los cuales figuraban, en particular, el de no retroactividad, y, la tercera, en la vulneración del principio de igualdad. El segundo motivo también estaba subdividido en tres partes, basadas en el incumplimiento, respectivamente, de la obligación de motivación, de la obligación de diligencia y de la obligación de imparcialidad. El tercer motivo se basaba en la vulneración del principio de seguridad jurídica. Por último, el cuarto motivo estaba subdividido en tres partes basadas en errores manifiestos de apreciación y en errores de Derecho resultantes, por lo que respecta a la primera parte, del hecho de que la Comisión no había identificado correctamente a los miembros del recurrente; en lo referente a la segunda parte, del hecho de que se negó a calificar el acta constitutiva del recurrente de acuerdo internacional por el que se instituye una organización internacional, y, en cuanto a la tercera parte, del hecho de que se negó a reconocer al recurrente el estatuto de organización internacional a pesar de la práctica ulterior de sus miembros y del reconocimiento de dicho estatuto por la Unión y algunos Estados terceros.

30

El Tribunal General examinó, para empezar, la primera parte del segundo motivo, a continuación, los motivos primero a cuarto y, finalmente, las partes segunda y tercera del segundo motivo. Consideró que estos motivos, así como las pretensiones de anulación del recurrente, debían desestimarse.

31

En particular, el cuarto motivo se examinó en los apartados 190 a 370 de la sentencia recurrida. A este respecto, el Tribunal General expuso, en primer lugar, en los apartados 190 a 213 de la sentencia recurrida, ciertas consideraciones preliminares relativas a la definición del concepto de «organización internacional» establecida en la normativa financiera de la Unión. De ello se desprende, en esencia, que el Tribunal General consideró que los conceptos de «organización internacional» y de «acuerdo internacional» contemplados en la normativa financiera de la Unión debían interpretarse a la luz de las normas pertinentes del Derecho internacional y ser objeto de una interpretación estricta, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión.

32

En segundo lugar, en los apartados 215 a 232 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la primera imputación de la primera parte del cuarto motivo, basada en un error manifiesto de apreciación cometido por la Comisión en la medida en que estableció una distinción artificial entre los Estados fundadores del recurrente, los Estados contribuyentes y los Estados participantes en los órganos del recurrente, a saber, en el Comité de Gobernanza y en el Grupo Gubernamental de Apoyo (en lo sucesivo, «GSG»). A este respecto, en los apartados 216 y 217 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que de la motivación de la decisión controvertida no se desprendía que la Comisión hubiera establecido formalmente tal distinción.

33

Sin embargo, en los apartados 218 a 231 de esta sentencia, el Tribunal General examinó la hipótesis de que la decisión controvertida podría interpretarse en el sentido de que establecía una distinción como la alegada por el recurrente. Tras analizar el contenido del documento de 25 de noviembre de 1994 relativo al establecimiento de IMG-IBH (en lo sucesivo, «resolución de 25 de noviembre de 1994»), así como de los estatutos del recurrente, el Tribunal General declaró, en el apartado 230 de dicha sentencia, que únicamente debían considerarse miembros del recurrente en la fecha en que la decisión controvertida surtió efecto los Estados y las organizaciones internacionales que habían solicitado su admisión al Comité de Gobernanza o al Comité Permanente del recurrente, cuya solicitud no había dado lugar a objeciones por parte de los miembros de dicho órgano decisorio, y que seguían formando parte de este a 16 de diciembre de 2014 y, en su caso, con posterioridad. Sobre la base de esta conclusión, el Tribunal General consideró, en los apartados 231 y 232 de la sentencia recurrida, que el recurrente no podía reprochar fundadamente a la Comisión que no hubiera considerado que determinados Estados y organizaciones internacionales eran miembros suyos si dichos Estados u organizaciones no formaban parte de su Comité de Gobernanza o de su Comité Permanente desde el 16 de diciembre de 2014 y que, por consiguiente, la primera imputación de la primera parte del cuarto motivo debía desestimarse por infundada.

34

En tercer lugar, en los apartados 233 a 248 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la segunda imputación de la primera parte del cuarto motivo, basada en un error manifiesto de apreciación de la Comisión en la interpretación de las posiciones adoptadas por las autoridades belgas y austriacas.

35

Por un lado, en lo tocante a la respuesta de las autoridades austriacas, de los apartados 235 a 239 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró, en esencia, que la Comisión no había incurrido en un error manifiesto de apreciación respecto de esta respuesta, dado que la había reproducido fielmente en la decisión controvertida, a la vez que consideraba que no ponía en entredicho las conclusiones a las que llegaba dicha Decisión.

36

Por otro lado, en cuanto a la respuesta de las autoridades belgas, de los apartados 241 y 242 de la sentencia recurrida resulta que el Tribunal General consideró que la Comisión había reproducido fielmente, en la decisión controvertida, el contenido de esta respuesta. Además, el Tribunal General descartó la alegación del recurrente según la cual debía considerarse que el Reino de Bélgica era uno de sus miembros. En consecuencia, en el apartado 248 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la segunda imputación de la primera parte del cuarto motivo.

37

En cuarto lugar, en los apartados 249 a 257 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la tercera imputación de la primera parte del cuarto motivo, basada en errores de Derecho y en un error manifiesto de apreciación de la Comisión, en la medida en que se negó a reconocer la adhesión de la Unión al recurrente. El Tribunal General desestimó esta imputación, por una parte, basándose en que, según se desprende de los apartados 253 y 254 de la sentencia recurrida, la Comisión había dejado de formar parte del Comité de Gobernanza del recurrente a partir del 20 de mayo de 2003 y que, en consecuencia, no cabía considerar que la Unión fuera miembro del recurrente durante el período de vigencia de la decisión controvertida. Por otra parte, en el apartado 255 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que el recurrente no demostraba, y ni siquiera sostenía, que, en la fecha en que surtió efecto la decisión controvertida, contara entre sus miembros con otra organización internacional. Habida cuenta de que se habían desestimado todas las imputaciones invocadas en apoyo de la primera parte del cuarto motivo del recurrente, el Tribunal General consideró que esta parte debía desestimarse en su totalidad.

38

En quinto lugar, en los apartados 260 a 303 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la primera imputación de la segunda parte del cuarto motivo, basada en errores de Derecho resultantes de la negativa de la Comisión a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional.

39

A este respecto, el Tribunal General declaró, en los apartados 273 y 274 de la sentencia recurrida, que esta resolución contenía al menos un compromiso jurídicamente vinculante para sus signatarios y que la Comisión había incurrido en un error de Derecho en la decisión controvertida al adoptar la postura de la República de Austria y de la República de Finlandia, según la cual la mencionada resolución constituía una declaración política carente de carácter jurídicamente vinculante.

40

Asimismo, en el apartado 289 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la Comisión había incurrido en error de Derecho en la decisión controvertida al negarse a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional debido a la falta de plenos poderes de los participantes en la reunión del mismo día durante la cual se había adoptado esa resolución, dado que la firma de dicha resolución fue confirmada ulteriormente por al menos dos Estados.

41

Por lo demás, en los apartados 295 y 299 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en esencia, que la Comisión no había incurrido en un error de Derecho al solicitar a los Estados miembros del recurrente que precisaran si habían firmado la resolución de 25 de noviembre de 1994 y, en su caso, que presentaran los eventuales instrumentos de firma o de ratificación de dicha resolución.

42

Al término de su examen de la primera imputación de la segunda parte del cuarto motivo, el Tribunal General consideró, en esencia, en los apartados 302 y 303 de la sentencia recurrida, que los errores de Derecho de la Comisión mencionados en los apartados 39 y 40 de la presente sentencia no podían dar lugar por sí solos a la anulación de la decisión controvertida. En efecto, según el Tribunal General, también era preciso determinar si el recurrente se había creado mediante un acuerdo internacional cuyo objeto fuera instituirlo en calidad de organización internacional.

43

En sexto lugar, en los apartados 304 a 319 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo, basada en un error de interpretación en cuanto a la intención de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 de conceder al recurrente el estatuto de organización internacional. Tras analizar los términos, la finalidad y el contexto de esta resolución, el Tribunal General concluyó, en el apartado 319 de dicha sentencia, que la Comisión no incurrió en error de Derecho en la decisión controvertida al considerar que dicha resolución no había tenido por objeto ni como efecto conferir al recurrente el estatuto de organización internacional. En consecuencia, el Tribunal General consideró que procedía desestimar por infundada la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo del recurso del recurrente y, por lo tanto, esta parte en su totalidad por infundada.

44

En séptimo lugar, en los apartados 321 a 347 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la primera imputación de la tercera parte del cuarto motivo del recurso del recurrente, basada en un error de Derecho en cuanto a la práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 que acreditaba un reconocimiento suficientemente amplio y claro del estatuto de organización internacional de este.

45

A este respecto, el Tribunal General consideró, en el apartado 329 de la sentencia recurrida, que, de conformidad con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Caza de ballenas en el Antártico [Australia c. Japón; con intervención de Nueva Zelanda], de 31 de marzo de 2014 (CIJ Recopilación 2014, p. 226), la demostración de que los acuerdos ulteriores o una práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 han modificado la interpretación de las disposiciones de dicha resolución con el fin de conferir al recurrente el estatuto de organización internacional estaba supeditada al requisito de que todos los signatarios de dicha resolución o, al menos, todos los miembros del recurrente hubieran aprobado tal modificación.

46

El Tribunal General declaró, en el apartado 330 de la sentencia recurrida, por un lado, que los estatutos del recurrente adoptados el 10 de marzo de 1995 (en lo sucesivo, «Estatutos iniciales») le confirieron personalidad jurídica y establecieron que una parte de su personal disfrutaría de inmunidades y, por otro lado, que el artículo 1 de los estatutos del recurrente adoptados en 2012 (en lo sucesivo, «Estatutos de 2012») lo calificaba de organización internacional. No obstante, en el apartado 331 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que el recurrente no había demostrado que estos dos Estatutos reflejaran la voluntad de todos los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 o, al menos, de sus miembros de conferirle el estatuto de organización internacional. El Tribunal General expuso los motivos que justificaban esta constatación en los apartados 332 a 345 de la sentencia recurrida. Por lo tanto, concluyó, en los apartados 346 y 347 de dicha sentencia, que la Comisión no había incurrido en error de Derecho al considerar que la práctica posterior a la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994, y después a la adopción de los Estatutos iniciales y de los Estatutos de 2012 del recurrente, no acreditaba un reconocimiento suficientemente amplio y claro del estatuto de organización internacional de este y que, por consiguiente, procedía desestimar la primera imputación de la tercera parte del cuarto motivo por infundada.

47

En octavo lugar, en los apartados 348 a 365 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y rechazó la segunda imputación de la tercera parte del cuarto motivo del recurso del recurrente, basada en errores de Derecho por cuanto este consideraba que la Comisión no había tenido en cuenta el reconocimiento del estatuto de organización internacional del que se beneficiaba el recurrente por parte de la Unión y de determinados Estados.

48

A este respecto, el Tribunal General, por una parte, en los apartados 349 a 359 de la sentencia recurrida, examinó y desestimó la alegación del recurrente según la cual la celebración de convenios entre él y la Comisión en régimen de gestión conjunta o indirecta implicaba necesariamente la obligación por parte de dicha institución de reconocer su estatuto de organización internacional.

49

Por otra parte, en los apartados 360 a 365 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y rechazó la alegación del recurrente basada en un error de Derecho en la medida en que, a su entender, la Comisión no tuvo en cuenta los acuerdos de sede celebrados por el recurrente. Según se desprende del apartado 364 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el hecho de que los Estados que no se han adherido al acuerdo constitutivo de una organización y que no son, o han dejado de ser, miembros de esta la consideren una organización internacional no obliga a la Comisión a reconocer a dicha organización el estatuto de organización internacional.

50

En noveno lugar, en los apartados 366 a 370 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó la tercera imputación de la tercera parte del cuarto motivo del recurso del recurrente basada en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no había tenido en cuenta el hecho de que los miembros del recurrente no lo habían disuelto y el hecho de que este cumplía el principio de especialidad. El Tribunal General reconoció, en el apartado 367 de dicha sentencia, que los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 que se habían adherido al recurrente pretendían, al adoptar los Estatutos del recurrente del año 2008 y los Estatutos de 2012, garantizarle una cierta estabilidad y delegarle competencias especializadas en los ámbitos de la reconstrucción y el desarrollo, más allá del territorio de Bosnia-Herzegovina. A pesar de todo, consideró, en los apartados 368 y 369 de dicha sentencia, que, en la medida en que ni los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 ni los miembros del recurrente habían manifestado una intención unánime o, al menos, mayoritaria de conferirle el estatuto de organización internacional, el hecho de que el recurrente no hubiera sido disuelto carecía de incidencia en la legalidad de la decisión controvertida. En consecuencia, el Tribunal General rechazó la tercera imputación de la tercera parte del cuarto motivo, así como, por consiguiente, esta parte y este motivo en su totalidad.

51

Las pretensiones de indemnización del recurrente se examinaron en los apartados 418 a 447 de la sentencia recurrida. A este respecto, el Tribunal General declaró, en el apartado 418 de esta sentencia, que el recurrente presentaba dos aspectos del perjuicio por los que solicitaba, respectivamente, una indemnización por importe de 20 000 euros como consecuencia de la duración supuestamente irrazonable del procedimiento de adopción de la decisión controvertida y una indemnización por importe de 23 651 903 euros en concepto de reparación de los perjuicios económico y moral que imputaba a las ilegalidades de que adolecía la decisión controvertida, que sustituyó a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.

52

El primer aspecto del perjuicio, que se examinó en los apartados 429 a 442 de la sentencia recurrida, fue desestimado debido a que, según se desprende de los apartados 440 a 442 de dicha sentencia, el plazo que tardó la Comisión en elaborar y adoptar la decisión controvertida no era irrazonable y el recurrente no había demostrado la existencia de un perjuicio material o moral resultante de la ilegalidad alegada.

53

El segundo aspecto del perjuicio, que se examinó en los apartados 443 a 447 de la sentencia recurrida, fue desestimado debido a que, según se desprende de los apartados 444 y 446 de dicha sentencia, las pretensiones de anulación de la decisión controvertida habían sido desestimadas, por lo que no se cumplía el requisito para que se generara la responsabilidad extracontractual de la Unión, que se refiere a la existencia de una violación de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, y que, además, el recurrente no había esgrimido, en apoyo de este segundo aspecto del perjuicio, motivos de ilegalidad que difirieran de los invocados en apoyo de sus pretensiones de anulación.

54

Por consiguiente, el Tribunal General desestimó el recurso del recurrente en su totalidad.

Pretensiones de las partes

55

El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, que resuelva él mismo su recurso y que lo estime, así como que condene en costas a la Comisión tanto respecto del procedimiento ante el Tribunal General como respecto del desarrollado ante el Tribunal de Justicia.

56

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas al recurrente.

Sobre el recurso de casación

57

El recurrente invoca siete motivos en apoyo de su recurso de casación. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 266 TFUE, en la inobservancia de la obligación del Tribunal General de motivar sus sentencias, de la prohibición de pronunciarse ultra petita y del principio de irretroactividad, así como en la desnaturalización de los elementos obrantes en autos. El segundo motivo se basa en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada y de la obligación de motivación. El tercer motivo se basa en la vulneración del principio de igualdad y del derecho de defensa. El cuarto motivo se basa en la violación del principio de seguridad jurídica y en el incumplimiento de la obligación de motivación. El quinto motivo se basa en un error de Derecho, por cuanto el Tribunal General desestimó el cuarto motivo del recurso del recurrente. El sexto motivo se basa en la violación del principio de buena administración, del deber de diligencia y del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por último, el séptimo motivo se basa en la vulneración de los principios de contradicción y de igualdad de armas.

Séptimo motivo

Alegaciones de las partes

58

Mediante el séptimo motivo, que debe examinarse en primer lugar, el recurrente impugna los fundamentos de Derecho que figuran en los apartados 38 a 47 de la sentencia recurrida para justificar la decisión del Tribunal General de declarar la inadmisibilidad del anexo A.24 de la demanda presentada ante el Tribunal General.

59

En primer lugar, alega que el propio Tribunal General es quien, en la vista celebrada ante él, tomó la iniciativa de preguntar a la Comisión si se oponía al mantenimiento de dicho anexo en los autos. Entiende que, al actuar de esta manera, el Tribunal General modificó el objeto del litigio y se pronunció ultra petita.

60

En segundo lugar, el recurrente sostiene que las circunstancias del presente asunto son diferentes de las del asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo (C‑156/21, EU:C:2022:97), apartados 54 a 56, en la que se basó el Tribunal General. A su juicio, el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión que figura en el anexo A.24 de la demanda presentada ante el Tribunal General pasó a ser de dominio público tras una filtración a la prensa. De ello se deduce, según el recurrente, que este dictamen, por su naturaleza y las condiciones de su divulgación, no menoscababa la confidencialidad ni un interés público superior. Por añadidura, el mencionado dictamen constituye un documento determinante, que se refiere exclusivamente al asunto ante el Tribunal General.

61

En tercer lugar, el recurrente invoca «el principio de igualdad de armas en un proceso justo», que implica, en su opinión, la obligación de ofrecer a cada una de las partes una posibilidad razonable de presentar su causa, incluidas las pruebas, en unas condiciones que no la coloquen en una situación de «clara desventaja» con respecto a su adversario. Por consiguiente, el recurrente considera que el Tribunal General debería haber mantenido el anexo A.24 de la demanda en los autos y que incurrió en un error de Derecho al declararlo inadmisible.

62

La Comisión opina que el séptimo motivo debe desestimarse.

Apreciación del Tribunal de Justicia

63

En primer lugar, por lo que respecta a la alegación del recurrente de que el Tribunal General se pronunció ultra petita al decidir retirar de los autos el anexo A.24 de la demanda, del apartado 38 de la sentencia recurrida se desprende que, en la vista celebrada ante el Tribunal General, la Comisión planteó la inadmisibilidad de este anexo, en la medida en que contenía un dictamen de su Servicio Jurídico.

64

De ello se desprende que el Tribunal General tomó la decisión de excluir dicho anexo de los autos del asunto a petición de la Comisión y que, por tanto, no se le puede acusar, en todo caso, de haberse pronunciado ultra petita. A este respecto, es irrelevante que la Comisión haya alegado la inadmisibilidad del mismo anexo en respuesta a una pregunta del Tribunal General.

65

En segundo lugar, contrariamente a lo que argumenta, en esencia, el recurrente, en los apartados 45 y 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó correctamente el criterio jurisprudencial derivado de la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo (C‑156/21, EU:C:2022:97), apartados 54 a 56, que el propio Tribunal General mencionó en los apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida.

66

Tal como ha recordado el Tribunal de Justicia, en principio, admitir que un demandante aporte a los autos un dictamen jurídico de una institución cuya divulgación esta no ha autorizado contraviene las exigencias de un proceso justo y supone eludir el procedimiento de solicitud de acceso a dicho documento establecido por el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43) (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartado 54 y jurisprudencia citada).

67

Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha admitido que debe tenerse en cuenta el principio de transparencia, recogido en los artículos 1 TUE, párrafo segundo, y 10 TUE, apartado 3, así como en los artículos 15 TFUE, apartado 1, y 298 TFUE, apartado 1, que permite, en particular, garantizar una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración para con los ciudadanos en un sistema democrático. Al permitir que se debatan abiertamente las divergencias entre varios puntos de vista, la transparencia contribuye además a aumentar la confianza de los ciudadanos (sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartado 55 y jurisprudencia citada).

68

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que solo con carácter excepcional el principio de transparencia puede justificar la divulgación en el marco de un procedimiento judicial de un documento de una institución que no se ha hecho accesible al público y que contiene un dictamen jurídico. Así, el mantenimiento, en los autos de un asunto, de un documento que contenga un dictamen jurídico de una institución no está justificado por ningún interés público superior cuando, por una parte, dicho dictamen no se refiere a un procedimiento legislativo que exija una mayor transparencia y, por otra parte, el interés de la parte que lo haya aportado en que se mantenga en los autos consiste únicamente en poder invocar dicho dictamen jurídico en el marco de un litigio. En estas circunstancias, la presentación de tal dictamen jurídico parece estar guiada por los propios intereses del demandante en sustentar su argumentación y no por un interés público superior, como el de hacer público el procedimiento que condujo al acto impugnado (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartado 56 y jurisprudencia citada).

69

En el presente asunto, por una parte, en el apartado 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, sin que el recurrente lo contradijera, que el dictamen jurídico que figura en el anexo A.24 de la demanda no se refería a un procedimiento legislativo que exija una mayor transparencia.

70

Por otra parte, en el apartado 46 de dicha sentencia, el Tribunal General señaló que el recurrente no había alegado un interés distinto del de poder invocar el dictamen jurídico en el marco del litigio ante el Tribunal General, por lo que su presentación no parecía estar guiada por un interés público superior, sino por los propios intereses del recurrente.

71

Pues bien, estas circunstancias, según las constató el Tribunal General, no podían justificar, con arreglo a la jurisprudencia citada en los apartados 66 a 68 de la presente sentencia, que se mantuviera el anexo A.24 de la demanda en los autos del asunto.

72

En tercer lugar, en lo tocante a la supuesta vulneración del principio de igualdad de armas, debe constatarse que el recurrente no ha precisado de qué manera el Tribunal General violó este principio, máxime cuando de la sentencia recurrida no se desprende, y el recurrente no lo afirma, que el Tribunal General permitiera a la Comisión invocar documentos confidenciales que deberían haberse retirado de los autos.

73

En estas condiciones, procede considerar que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en la medida en que declaró la inadmisibilidad del anexo A.24 de la demanda, por lo que debe desestimarse el séptimo motivo por infundado.

Quinto motivo

74

Mediante el quinto motivo, que debe examinarse en segundo lugar, el recurrente impugna los fundamentos de Derecho expuestos en los apartados 197 a 370 de la sentencia recurrida para justificar la desestimación del cuarto motivo de su recurso. Este motivo consta de cuatro partes.

Alegaciones de las partes

75

Mediante la primera parte del quinto motivo, el recurrente arguye que la definición del concepto de «organización internacional» en la que se basó el Tribunal General es errónea. Afirma que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, citada en los apartados 206 y 208 de la sentencia recurrida, no es pertinente y que, en cualquier caso, el Tribunal General efectuó una lectura errónea de esta.

76

Mediante la segunda parte del quinto motivo, el recurrente impugna los apartados 218 a 232 y 235 a 248 de la sentencia recurrida.

77

En lo referente a los apartados 218 a 232 de dicha sentencia, el recurrente alega que el Tribunal General no comprendió correctamente el alcance de la primera imputación de la primera parte del cuarto motivo de su recurso, basada en la falta de una distinción clara, en la decisión controvertida, entre los Estados fundadores del recurrente y sus Estados donantes. Argumenta, a este respecto, que los Estados que firmaron la resolución de 25 de noviembre de 1994 son sus miembros y constituyen, según los Estatutos iniciales, el GSG. Por consiguiente, el Tribunal General erró al desestimar, en el apartado 222 de la sentencia recurrida, la alegación según la cual el mero hecho de que un Estado o una organización internacional haya sido miembro del GSG y haya participado, al firmar la resolución de 25 de noviembre de 1994, en la fundación del recurrente convierte a dicho Estado o a dicha organización en uno de los miembros del recurrente.

78

Por lo que se refiere a los apartados 235 a 248 de la sentencia recurrida, el recurrente arguye, en primer término, que tienen por objeto una imputación que no se alega en el marco del cuarto motivo, sino del segundo motivo de su recurso, basado en la vulneración del principio de buena administración y del deber de diligencia.

79

En segundo término, reprocha al Tribunal el haber confirmado, en los apartados 235 a 239 de la sentencia recurrida, la apreciación hecha por la Comisión de la respuesta de las autoridades austriacas, sin tener en cuenta el hecho de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 constituía un acuerdo internacional, extremo que el propio Tribunal General debería haber reconocido.

80

En tercer término, el recurrente estima que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la medida en que consideró, en el apartado 246 de la sentencia recurrida, que la participación del Reino de Bélgica en la creación del recurrente y en las reuniones de sus órganos hasta el año 2013 carecía de pertinencia, ya que la condición de miembro del recurrente de este Estado solo puede apreciarse a fecha de 16 de diciembre de 2014. Pues bien, según el recurrente, los criterios objetivos que deben tomarse en consideración para calificar a una entidad de «organización internacional» no incluyen el hecho de que un Estado se considere miembro de dicha organización. El recurrente añade que el propio Reino de Bélgica calificó al recurrente de organización internacional constituida mediante un acuerdo internacional.

81

Mediante la tercera parte, el recurrente argumenta, en primer lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho por cuanto valoró de forma distinta, en los apartados 258, 260 y 321 a 347 de la sentencia recurrida, la resolución de 25 de noviembre de 1994 y los Estatutos iniciales, cuando constituían un «sistema de tratados». El recurrente añade que los Estatutos de 2012 también son pertinentes, como prueba de una práctica posterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 que acredita un reconocimiento suficientemente amplio y claro de su estatuto de organización internacional, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en los apartados 322 a 346 de la sentencia recurrida.

82

De ello se deduce, según el recurrente, que los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida adolecen de un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General consideró, en primer término, que todas las partes en un acuerdo internacional deben haber contribuido a una práctica posterior para que dicha práctica pueda tenerse en cuenta a efectos de la interpretación de dicho acuerdo; en segundo término, que todos los miembros del recurrente deberían haber aprobado una modificación de la interpretación de las disposiciones de la resolución de 25 de noviembre de 1994 debido a una práctica posterior a esta que acreditaba un reconocimiento suficientemente amplio y claro del estatuto de organización internacional del recurrente, y, en tercer término, que el recurrente debía demostrar que los Estatutos iniciales o los Estatutos de 2012 reflejaban la voluntad de todos los signatarios de dicha resolución.

83

En segundo lugar, el recurrente alega que los fundamentos de Derecho expuestos en los apartados 285 y 286 de la sentencia recurrida, relativos a la resolución de 25 de noviembre de 1994, resultan de una apreciación errónea de las circunstancias de la adopción de dicha resolución. Según se desprende, a su entender, de los documentos aportados ante el Tribunal General, esta resolución fue aprobada y firmada por los representantes de los Estados que participaron en la reunión de la misma fecha, así como de la Comisión.

84

En tercer lugar, el recurrente argumenta que los apartados 291 a 300 de la sentencia recurrida adolecen de un error de Derecho, por cuanto el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que, de conformidad con la Convención de Viena, los Estados pueden expresar su voluntad de quedar vinculados por un acuerdo internacional de diversas formas. Según el recurrente, la resolución de 25 de noviembre de 1994 era un «acuerdo en forma simplificada», que es una forma de acuerdo reconocida en Derecho internacional.

85

En cuarto lugar, el recurrente alega que los fundamentos de Derecho expuestos en los apartados 306 a 319 de la sentencia recurrida incurren en un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General, demostrando un formalismo excesivo, consideró que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no instituyó al recurrente como organización internacional.

86

El recurrente observa, a este respecto, que de las actas de la reunión en la que se adoptó dicha resolución se desprende que es una «entidad independiente». Además, considera que el artículo 19 de los Estatutos iniciales establece que el recurrente podía gozar de inmunidades en el ejercicio de sus actividades, siendo así que los Estatutos de 2012 reconocían expresamente al recurrente el estatuto de organización internacional.

87

Asimismo, según se desprende, a su juicio, del apartado 310 de la sentencia recurrida, la resolución de 25 de noviembre de 1994 preveía, en su punto 3, que el Comité de Gobernanza del recurrente debía reexaminar cada seis meses la necesidad de mantener la actividad de este, lo que contradice la consideración de que los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 no habían dotado al recurrente de las mejores garantías de eficacia para el ejercicio de sus funciones. Esta resolución también atribuyó al recurrente «competencias funcionales», bajo el control de sus miembros, lo que significa que el recurrente cumplía el principio de especialidad, como afirma que reconoció el propio Tribunal General en el apartado 369 de la sentencia recurrida.

88

Mediante la cuarta parte, el recurrente impugna los apartados 321 a 370 de la sentencia recurrida. En primer lugar, arguye que, contrariamente a lo que consideró el Tribunal General en el apartado 328 de la sentencia recurrida, puede legítimamente invocar el artículo 32 de la Convención de Viena, ya que la Comisión lo reconoció durante años como una organización internacional y recurrió a sus servicios, antes de considerar inopinadamente que ya no constituía ese tipo de organización.

89

En segundo lugar, censura al Tribunal General por haber desnaturalizado los elementos obrantes en autos, por cuanto afirmó, en el apartado 335 de la sentencia recurrida, que, en la vista celebrada ante el Tribunal General, el recurrente sostuvo que habían firmado los Estatutos de 2012 la República Francesa, la República Italiana, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino de Noruega. El recurrente afirma que no es posible que haya realizado tal declaración, dado que de los autos del asunto de que dispone el Tribunal General se desprende claramente que los Estatutos de 2012 fueron firmados por el presidente del Comité de Gobernanza del recurrente y aprobados por unanimidad por todos los participantes en la reunión de 27 de noviembre de 2012 de dicho Comité.

90

En tercer lugar, el recurrente alega que, en los apartados 338 a 341 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refirió a documentos relativos al informe de la OLAF que la Comisión había decidido explícitamente descartar a efectos de la adopción de la decisión controvertida. De este modo, entiende que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho, al basarse en fundamentos de Derecho que no figuraban en la decisión controvertida.

91

En cuarto lugar, el recurrente argumenta que el Tribunal General desnaturalizó el escrito del Reino de Suecia de 2 de julio de 2020 al afirmar, en el apartado 339 de la sentencia recurrida, que dicho Estado consideraba que el recurrente no era una organización internacional. Según el recurrente, de este escrito se deduce que el Reino de Suecia se basó en el hecho de que no había ratificado la resolución de 25 de noviembre de 1994, cuando tal ratificación no es necesaria para la constitución de una organización internacional.

92

En quinto lugar, el recurrente sostiene que el Tribunal General también incumplió la obligación de motivación al omitir explicar, en el apartado 340 de la sentencia recurrida, por qué motivo los elementos de los autos que había invocado, relativos a la República Italiana y al Reino de Noruega, no eran útiles.

93

En sexto lugar, el recurrente reprocha al Tribunal General el haber incurrido en un error de Derecho en el apartado 351 de la sentencia recurrida, en la medida en que consideró que el recurrente no podía invocar los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena, cuyas disposiciones no son directamente aplicables a la Unión. Según el recurrente, esta Convención es aplicable a los tratados constitutivos de organizaciones internacionales y dichos artículos reflejan la costumbre y la práctica internacionales.

94

Añade que el hecho de que la Comisión hubiera dejado de formar parte del Comité de Gobernanza del recurrente desde el 20 de mayo de 2003 carece de pertinencia, en la medida en que esta institución no expresó formalmente su voluntad de dejar de ser miembro del recurrente y, por añadidura, continuó cooperando con este en virtud de la normativa financiera de la Unión. Por consiguiente, considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 356 de la sentencia recurrida, que la Comisión estaba exenta, en la fecha en que surtió efecto la decisión controvertida, de cualquier obligación de reconocer al recurrente el estatuto de organización internacional.

95

Además, el recurrente censura al Tribunal General por haberse basado, en los apartados 362 a 365 de la sentencia recurrida, en una comprensión errónea del concepto de «reconocimiento» en Derecho internacional y por haberlo confundido con el concepto de «creación» de una organización internacional. Esta última resulta de un concurso de voluntades de los Estados. En cambio, el reconocimiento hace que resulte oponible a su autor, en particular, la existencia de un sujeto de Derecho, en el presente caso, de una organización internacional. Por lo tanto, el recurrente entiende que el hecho de que la Comisión hubiera celebrado con él numerosos contratos constituía un acto de reconocimiento, por esta institución, de su estatuto de organización internacional.

96

El recurrente considera, por consiguiente, que un análisis objetivo de la entidad creada por la resolución de 25 de noviembre de 1994 y por los Estatutos iniciales que la completaron demuestra que se había instituido una organización internacional y que dicha organización solo podía disolverse mediante una decisión adoptada por sus propios órganos o por los miembros que la crearon.

97

En respuesta a la primera parte, la Comisión alega que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en lo referente a la definición del concepto de «organización internacional». A su entender, la jurisprudencia citada en los apartados 206 y 208 de la sentencia recurrida es pertinente para poder distinguir entre, por un lado, un instrumento internacional no vinculante y, por otro lado, un acuerdo internacional, en el sentido de la Convención de Viena, así como entre, por una parte, una organización internacional y, por otra parte, otro tipo de organización.

98

En lo que atañe a la segunda parte, la Comisión argumenta, en primer término, que los fundamentos de Derecho contenidos en los apartados 215 a 217 de la sentencia recurrida bastan para justificar la desestimación de la primera imputación de la primera parte del cuarto motivo del recurso y no adolecen de error de Derecho, de manera que la argumentación del recurrente dirigida contra los apartados 218 a 232 de la sentencia recurrida debe rechazarse por inoperante.

99

En segundo término, en cuanto a las alegaciones del recurrente referidas a los apartados 235 a 239 de la sentencia recurrida, la Comisión arguye que el Tribunal General únicamente reconoció, en el apartado 238 de la sentencia recurrida, que la decisión controvertida reproducía fielmente la respuesta de la República de Austria a las preguntas que le había planteado la Comisión.

100

En tercer término, respecto de las críticas formuladas por el recurrente en relación con la apreciación hecha por el Tribunal General de la respuesta del Reino de Bélgica a las preguntas de la Comisión, esta última precisa que no considera que la firma de la resolución de 25 de noviembre de 1994 bastara para convertir a un Estado en miembro permanente del recurrente, por cuanto esta resolución no suponía ninguna obligación de contribuir al presupuesto o a las operaciones del recurrente. Por lo tanto, el Reino de Bélgica podía legítimamente dejar de considerarse miembro del recurrente. De lo anterior resulta, según la Comisión, que el apartado 246 de la sentencia recurrida no adolece de un error de Derecho.

101

En lo referente a la tercera parte, la Comisión replica al recurrente que el Tribunal General examinó la cuestión de si los estatutos de este le confirieron el estatuto de organización internacional, basándose en una jurisprudencia pertinente. Por lo que respecta a la alegación del recurrente relativa a los apartados 285 y 286 de la sentencia recurrida, la Comisión señala que en estos apartados el Tribunal General se limitó a constatar que los representantes de los Estados afectados no disfrutaban de una exención de la exigencia de plenos poderes para notificar el consentimiento de sus Estados a la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994. A pesar de esta constatación, el Tribunal General consideró que esta resolución constituye un acuerdo internacional, de manera que esta alegación del recurrente es inoperante. La Comisión añade que, aunque no se haya adherido a la casación contra la sentencia recurrida para impugnar esta última apreciación del Tribunal General, sigue mostrándose «escéptica» respecto a los fundamentos de Derecho que subyacen a esta, según se expusieron en los apartados 276 a 289 de la sentencia recurrida.

102

Con respecto a las críticas del recurrente contra los fundamentos de Derecho expuestos en los apartados 291 a 300 de la sentencia recurrida, la Comisión observa que el recurrente no especifica cuál es la norma procesal o de fondo que afirma que ha infringido el Tribunal General. La Comisión recuerda que el Tribunal General consideró, acertadamente, que estaba facultada para preguntar a los Estados supuestamente miembros del recurrente sobre si habían firmado la resolución de 25 de noviembre de 1994 y para instarles a aportar los posibles instrumentos de firma o de ratificación. En todo caso, el Tribunal General consideró que esta resolución constituye un acuerdo internacional, por lo que las alegaciones del recurrente dirigidas contra esta parte de la sentencia recurrida son inoperantes.

103

Por último, en lo tocante a la argumentación del recurrente relativa a los apartados 306 a 319 de la sentencia recurrida, la Comisión afirma que el requisito del reconocimiento de una entidad como organización internacional relativo a que se dote a dicha entidad de todos los medios necesarios para su funcionamiento y de las mejores garantías de estabilidad, de continuidad y de eficacia para el ejercicio de sus funciones se desprende efectivamente de la jurisprudencia citada en el apartado 212 de la sentencia recurrida. La Comisión añade que del texto de la resolución de 25 de noviembre de 1994, en particular de sus puntos 4 y 5, se desprende claramente que la participación en el recurrente era facultativa y que este último constituía inicialmente un mecanismo temporal, que debía renovarse cada seis meses.

104

En respuesta a la cuarta parte, la Comisión precisa, en primer lugar, que, en el apartado 335 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la cuestión de si los Estatutos iniciales habían sido adoptados por todas las partes que adoptaron la resolución de 25 de noviembre de 1994 o, al menos, por todos los miembros del recurrente.

105

En segundo lugar, la Comisión argumenta que los apartados 338 a 341 de la sentencia recurrida contemplan la situación hipotética en la que el recurrente haya tenido únicamente cinco miembros, que adoptaron los Estatutos de 2012. El propio recurrente contradice esta hipótesis en su recurso de casación. La Comisión añade que, habida cuenta de las respuestas de diferentes Estados, resumidas en el apartado 340 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró justificadamente, en el apartado 341 de dicha sentencia, que no se desprendía de los autos del asunto que la cláusula de los Estatutos de 2012, en virtud de la cual el recurrente es una organización internacional, refleje la voluntad clara e inequívoca de dichos Estados de conferir tal condición al recurrente.

106

En tercer lugar, en cuanto a las alegaciones del recurrente relativas a los apartados 339, 340 y 351 de la sentencia recurrida, la Comisión considera que el Tribunal General expuso de modo suficiente en Derecho los motivos por los cuales descartó la argumentación del recurrente y que este no incurrió en error de Derecho.

107

En cuarto y último lugar, por lo que respecta a las críticas del recurrente relativas a los apartados 362 a 365 de la sentencia recurrida, la Comisión alega que no cabe admitir que, cuando las partes en un acuerdo internacional no tuvieran la intención de instituir una organización internacional mediante dicho acuerdo, el reconocimiento del estatuto de organización internacional de la entidad creada mediante el referido acuerdo pueda resultar del hecho de que ha sido reconocida como tal organización por terceros. La Comisión considera, por tanto, que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al rechazar las alegaciones del recurrente basadas en el supuesto reconocimiento de este como organización internacional.

Apreciación del Tribunal de Justicia

108

Procede examinar de forma conjunta las partes del quinto motivo que se refieren a los apartados 190 a 370 de la sentencia recurrida. En dichos apartados, el Tribunal General examinó y desestimó el cuarto motivo del recurso del recurrente, basado en errores de Derecho y en errores manifiestos de apreciación, en la medida en que la Comisión no había identificado correctamente a los miembros del recurrente, se había negado a calificar el acta constitutiva del recurrente de acuerdo internacional por el que se instituía una organización internacional y no había tenido en cuenta la práctica posterior de los miembros del recurrente, así como el reconocimiento de este último como organización internacional por la Unión y por determinados terceros Estados.

109

Como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 92 de la sentencia de 31 de enero de 2019, el concepto de «organización internacional», al que se refieren los artículos 53 y 53 quinquies del Reglamento Financiero de 2002 y el artículo 58 del Reglamento Financiero de 2012 se ha definido, en los mismos términos, en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento Financiero de ejecución de 2002 y posteriormente en el artículo 43, apartado 1, del Reglamento Financiero Delegado de 2012. En virtud de estas dos últimas disposiciones, están comprendidos en este concepto, entre otras, «las organizaciones de Derecho internacional público creadas por acuerdos intergubernamentales y las agencias especializadas creadas por aquellas».

110

El Tribunal General debía controlar la legalidad de la decisión controvertida a la luz de esta definición (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2019, apartado 93).

111

De los apartados 197 a 199 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General no ignoraba que debía basarse en dicha definición para determinar si la Comisión había considerado justificadamente, en la decisión controvertida, que el recurrente no era una organización internacional.

112

Sin embargo, debe constatarse, en primer lugar, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar, en el apartado 200 de la sentencia recurrida, que el concepto de «organización internacional» debe ser objeto de una interpretación estricta, a los efectos de la aplicación de la normativa financiera de la Unión.

113

En efecto, según señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 72 de sus conclusiones, el concepto de «organización internacional» debe interpretarse de la misma manera con independencia del contexto en el que se utilice. Admitir lo contrario generaría inseguridad jurídica, por cuanto la misma entidad, en función del contexto, tanto podría ser reconocida como organización internacional como ver que se le niega tal condición.

114

En segundo lugar, de los apartados 274, 289 y 301 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró que la resolución de 25 de noviembre de 1994 constituía un acuerdo internacional y que, al estimar, en la decisión controvertida, que no era así, la Comisión había incurrido en un error de Derecho en dicha Decisión. Aunque la Comisión indica que es «escéptica» con respecto a esta conclusión del Tribunal General, no ha planteado ninguna alegación específica que pueda ponerla en tela de juicio, como tampoco ha formulado una adhesión a la casación para impugnar esta parte de la sentencia recurrida.

115

En estas circunstancias, procede desestimar por inoperantes las alegaciones del recurrente dirigidas contra los apartados 259 a 300 de la sentencia recurrida. En efecto, el razonamiento desarrollado en esta parte de la sentencia recurrida llevó al Tribunal General a considerar, en los apartados 274, 289 y 301 de dicha sentencia, que, como sostenía el recurrente, la decisión controvertida adolecía de un error de Derecho, en la medida en que la Comisión consideró que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no era un acuerdo internacional. Por consiguiente, los errores de Derecho invocados por el recurrente de los que, a su juicio, adolece dicha parte de la sentencia recurrida, aun suponiendo que estén acreditados, no impidieron al Tribunal General llegar a un resultado favorable al recurrente.

116

En tercer lugar, procede examinar la imputación basada en el «formalismo excesivo» al apreciar los términos de la resolución de 25 de noviembre de 1994, mediante la cual el recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General el haber incurrido en un error de Derecho consistente en la calificación jurídica errónea del objeto y de los efectos de dicha resolución.

117

A este respecto, del apartado 305 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró, sin incurrir en un error de Derecho, que, al tratarse de un acuerdo internacional, dicha resolución, de conformidad con las normas de Derecho internacional consuetudinario que se ven reflejadas en las disposiciones del artículo 31 de la Convención de Viena, que, como tales, vinculan a las instituciones de la Unión y forman parte de su ordenamiento jurídico (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, apartado 58 y jurisprudencia citada), debía interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de dicha resolución en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

118

En los apartados 306 a 312 de la sentencia recurrida, el Tribunal General efectuó una serie de constataciones sobre los términos de la resolución de 25 de noviembre de 1994 que, en su opinión, justificaban que se considerara que los autores de dicha resolución no tuvieron la intención de instituir una organización internacional cuando crearon al recurrente.

119

En particular, en el apartado 306 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que esta resolución no calificaba al recurrente de organización internacional ni definía su estatuto jurídico.

120

Sin embargo, el mero hecho de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no calificara al recurrente de organización internacional no basta para concluir que los autores de esta resolución no tuvieran la intención de crear al recurrente como una organización internacional, máxime cuando, como señaló el propio Tribunal General, dicha resolución no definía, en cualquier caso, el estatuto jurídico del recurrente.

121

En efecto, como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos 101 y 102 de sus conclusiones, no es indispensable que el instrumento constitutivo de una organización internacional estipule de forma expresa que se ha constituido como tal.

122

Por los mismos motivos, el hecho, mencionado por el Tribunal General en el apartado 307 de la sentencia recurrida, de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no contenga una cláusula que otorgue personalidad jurídica al recurrente no basta para concluir que los autores de dicha resolución no tuvieran la intención de constituir al recurrente como organización internacional.

123

Asimismo, el Tribunal General señaló, en el apartado 308 de la sentencia recurrida, que esta resolución tampoco había previsto que el recurrente pudiera gozar de inmunidades para el ejercicio de sus actividades, «mientras que, con arreglo a la jurisprudencia citada en los apartados 209 y 210 [de la sentencia recurrida], las organizaciones internacionales gozan, en principio, para el desempeño de sus funciones, de inmunidades previstas en sus tratados constitutivos».

124

No obstante, basta con señalar que no se desprende ni de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internacionales, citada en el apartado 209 de la sentencia recurrida, ni de las sentencias de 3 de septiembre de 2020, Supreme Site Services y otros (C‑186/19, EU:C:2020:638), apartado 61, y de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Eslovenia (Archivos del BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030), apartado 73, citadas en el apartado 210 de dicha sentencia, que, para que se considere que un acuerdo internacional constituye una organización internacional, dicho acuerdo deba obligatoriamente conceder inmunidades a la entidad que crea.

125

Por lo demás, en el apartado 309 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que de los términos de la resolución de 25 de noviembre de 1994 se desprendía que los signatarios de esta no pretendían instituir «una organización dotada de todos los medios necesarios para su funcionamiento y de las mejores garantías de estabilidad, de continuidad y de eficacia para el ejercicio de sus funciones», sino un «mecanismo facultativo puesto a disposición de las partes, que cualquiera de ellas podría utilizar discrecionalmente».

126

A este respecto, en lo tocante, en primer término, a la estabilidad y a la continuidad de las funciones del recurrente, el Tribunal General se refirió, en el apartado 310 de la sentencia recurrida, al punto 3 de la resolución de 25 de noviembre de 1994, del que se desprende que el Comité de Gobernanza del recurrente debía reexaminar cada seis meses la necesidad de mantener la actividad del recurrente, mientras que, con arreglo al punto 5 de esta resolución, los Estados parte en esta debían decidir si integraban al recurrente en el marco global para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina o si ponían fin progresivamente a sus actividades.

127

Sin embargo, contrariamente a lo que el Tribunal General parece haber deducido de estos puntos de la resolución de 25 de noviembre de 1994, estos demuestran más bien una cierta estabilidad prevista para el recurrente, en el sentido de que, siempre y cuando el Comité de Gobernanza del recurrente o los Estados parte en dicha resolución no hubieran decidido poner fin a las actividades del recurrente o integrarlo en otro marco, el recurrente seguiría existiendo.

128

Por añadidura, debe señalarse que nada excluye que las disposiciones del acto constitutivo de una organización internacional prevean que esa organización solo existirá durante un determinado período de tiempo o que, en ciertas situaciones, será disuelta, sin que tales disposiciones puedan impedir el reconocimiento del estatuto de organización internacional de la entidad de que se trate.

129

En segundo término, en cuanto a la eficacia de las funciones encomendadas al recurrente, el Tribunal General señaló, en el apartado 311 de la sentencia recurrida, que, si bien el punto 3 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 se refería al pago regular de contribuciones a favor del recurrente procedentes de las partes en esta resolución, esas contribuciones no tenían un carácter obligatorio, sino facultativo.

130

Sin embargo, esta circunstancia no puede demostrar la falta de una voluntad de los autores de dicha resolución de conferir al recurrente el estatuto de organización internacional, por cuanto, como constató el propio Tribunal General, se preveía que las contribuciones a favor del recurrente, aunque eran facultativas, tuvieran un carácter regular. De ello se deduce que los autores de la resolución de 25 de noviembre de 1994 esperaban que el recurrente dispusiera, gracias a tales contribuciones facultativas, de los medios financieros necesarios para su funcionamiento.

131

En tercer y último término, el Tribunal General mencionó, en el apartado 312 de la sentencia recurrida, el hecho de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no había previsto ninguna transferencia de competencias obligatorias de los Estados y de las organizaciones parte en dicha resolución al recurrente y que esos Estados y esas organizaciones tenían libertad para adherirse al recurrente, para salir unilateralmente de este en el momento en que lo juzgasen oportuno y para reemplazarlo con otros canales de comunicación.

132

No obstante, por un lado, la posibilidad de que los miembros de una entidad constituida mediante un acuerdo internacional decidan dejar de ser miembros de esta no es incompatible con el estatuto de organización internacional de dicha entidad.

133

Por otro lado, del apartado 315 de la sentencia recurrida se desprende que la resolución de 25 de noviembre de 1994 incluía un anexo, titulado «Pliego de condiciones de IMG-IBH», que enumeraba las funciones encomendadas al recurrente, a saber, en el territorio de Bosnia-Herzegovina y en los ámbitos de la energía, de los servicios públicos, del alojamiento y de la vivienda, recabar información, evaluar las necesidades básicas de la población, determinar los sectores prioritarios que requerían una asistencia internacional rápida, identificar y elaborar programas o proyectos susceptibles de ser financiados por la comunidad internacional y asistir a los Estados y a las instituciones internacionales con vistas a la financiación de programas o proyectos.

134

Así pues, de este documento se desprende que las partes en la reunión de 25 de noviembre de 1994 en la que se adoptó esta resolución dotaron efectivamente al recurrente de ciertas competencias, en particular las que le permitían, por una parte, determinar los sectores que requerían una asistencia internacional rápida y, por otra parte, elaborar programas o proyectos susceptibles de ser financiados por la comunidad internacional.

135

Por lo demás, el Tribunal General no tomó en consideración el hecho de que, como se desprende del resumen de los términos de la resolución de 25 de noviembre de 1994 que figura en los apartados 266 a 270 de la sentencia recurrida, los signatarios de esta resolución se pusieron de acuerdo para formalizar, a partir de esa fecha, el establecimiento del recurrente, nombraron a su director general y establecieron el Comité de Gobernanza del recurrente, al que dotaron de la competencia para, en particular, adoptar el presupuesto del recurrente y decidir sobre sus necesidades de personal.

136

Pues bien, el hecho de que estuviera previsto que el recurrente dispondría no solo de un director general, sino también de su propio presupuesto y de su propio personal, así como de las competencias mencionadas en el apartado 134 de la presente sentencia, puede poner en entredicho la conclusión de que el recurrente estaba concebido como un mero «mecanismo facultativo puesto a disposición de las partes, que cualquiera de ellas podría utilizar discrecionalmente», como señaló el Tribunal General en el apartado 309 de la sentencia recurrida.

137

En efecto, la expresión «mecanismo facultativo» remite más bien a una estructura no autónoma, gestionada por uno o varios Estados o por una o varias organizaciones internacionales, que proporcionan los recursos, incluido el personal, necesarios para su funcionamiento.

138

De las consideraciones expuestas en los apartados 117 a 137 de la presente sentencia se desprende que, en la medida en que estimó, en el apartado 313 de la sentencia recurrida, que la interpretación de los términos y de la finalidad de la resolución de 25 de noviembre de 1994 justificaba considerar que los autores de dicha resolución no tenían la intención de instituir una organización internacional cuando fundaron al recurrente, el Tribunal General efectuó una calificación jurídica errónea del objeto y de los efectos de esta resolución y, por tanto, incurrió en un error de Derecho.

139

Esta constatación no queda desvirtuada por la consideración del Tribunal General, recogida en dicho apartado 313 de la sentencia recurrida, según la cual su interpretación de los términos y de la finalidad de la resolución de 25 de noviembre de 1994 se ve corroborada por el contexto en el que se había adoptado esa resolución.

140

En relación con el contexto en el que se inscribía la resolución de 25 de noviembre de 1994, el Tribunal General tomó en consideración, en primer término, el acta de la reunión de la misma fecha en la que se adoptó dicha resolución, de la que se desprende, según el apartado 314 de la sentencia recurrida, que varios participantes habían expresado reticencias ante una iniciativa que habría conducido a la creación de un nuevo organismo institucionalizado y habían insistido en el carácter temporal de la actividad del recurrente, que ninguno de ellos calificó de organización internacional.

141

Si bien el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al tomar en consideración esta acta, debe observarse que las reticencias de ciertos participantes en esa reunión respecto de la constitución de una nueva organización internacional no bastan, por sí solas, para considerar que el recurrente no fue instituido como organización internacional con ocasión de dicha reunión. En efecto, no puede excluirse que el hecho de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 previera un reexamen, cada seis meses, de la necesidad de mantener la actividad del recurrente —reexamen que, en su caso, podía dar lugar a la disolución del recurrente o a su reintegración en otra estructura— haya podido paliar las reticencias de determinados participantes en la misma reunión y haya convencido a dichos participantes de consentir en la institución del recurrente como organización internacional.

142

En segundo término, en los apartados 315 y 316 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refirió al pliego de condiciones del recurrente, mencionado en el apartado 133 de la presente sentencia, observando que este documento no se pronunciaba sobre el estatuto jurídico del recurrente ni le confería la facultad de celebrar acuerdos internacionales.

143

Debe señalarse que dicho documento, que estaba anejo a la resolución de 25 de noviembre de 1994, formaba parte integrante de esta y no era un elemento de su contexto. En cualquier caso, dado que el objeto del mismo documento no era definir el estatuto jurídico del recurrente, sino enumerar las funciones que se le encomendaban, el hecho de que no se pronunciara sobre el estatuto jurídico del recurrente es irrelevante.

144

En tercer término, en el apartado 317 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hizo referencia a una certificación del coordinador de la operación especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la antigua Yugoslavia, que había presidido la reunión de 25 de noviembre de 1994 en la que se adoptó esta resolución. El Tribunal General constató que esta certificación se limitaba a dejar constancia de la creación formal del recurrente en dicha reunión, sin precisar si esta iniciativa tenía por objeto dotar al recurrente de personalidad jurídica y, en su caso, conferirle el estatuto de organización internacional.

145

Ahora bien, dado que dicha certificación no se pronunciaba sobre el estatuto jurídico preciso del recurrente, no podía corroborar la consideración según la cual los participantes en la resolución de 25 de noviembre de 1994 no habían tenido la intención de instituir al recurrente como organización internacional.

146

En cuarto y último término, en el apartado 318 de la sentencia recurrida, el Tribunal General mencionó la convocatoria a dicha reunión, de la que se desprende, según el Tribunal General, que esta tenía por objeto examinar la reestructuración de la entidad que dio origen al recurrente, así como su estatuto futuro, y no crear una organización internacional.

147

Basta con señalar, a este respecto, que el hecho de que el objeto de la misma reunión se presentara en el sentido de que consistía, en particular, en el «estatuto futuro» del recurrente no excluye en absoluto que los participantes en esta decidieran, durante la misma, instituir al recurrente como organización internacional.

148

De lo anterior se deduce, a la vista de las consideraciones expuestas en los apartados 139 a 147 de la presente sentencia, que, de los elementos mencionados por el Tribunal General en relación con el contexto en el que se inserta la resolución de 25 de noviembre de 1994, solo uno, a saber, las reticencias expresadas por algunos participantes en la reunión de la misma fecha, durante la cual se adoptó esta resolución, en cuanto a la perspectiva de la creación de una nueva organización internacional, podía invocarse en apoyo de la interpretación de los términos de esta resolución, en el sentido de que no instituyó al recurrente como organización internacional. No obstante, por las razones expuestas en el apartado 141 de la presente sentencia, este elemento no podía tener un carácter determinante.

149

En cuarto lugar, procede examinar las alegaciones del recurrente relativas a los Estatutos iniciales.

150

El Tribunal General analizó estos estatutos en los apartados 330 a 333 de la sentencia recurrida, con arreglo al artículo 31, apartado 3, letra b), de la Convención de Viena, como elemento susceptible de demostrar la práctica seguida en la aplicación de la resolución de 25 de noviembre de 1994, práctica mediante la cual podía demostrarse el acuerdo de los autores de esta resolución en relación con su interpretación.

151

Tras este análisis, el Tribunal General señaló, en el apartado 334 de la sentencia recurrida, que, teniendo en cuenta las posiciones del ACNUR y de la República de Finlandia cuando se adoptaron los Estatutos iniciales, mencionadas en los apartados 332 y 333 de dicha sentencia, de las circunstancias en que se habían adoptado esos estatutos no se desprendía que estos reflejaran la voluntad de todos los autores de la resolución de 25 de noviembre de 1994, o de los miembros del recurrente, de conferir a este último el estatuto de organización internacional.

152

Del apartado 333 de la sentencia recurrida se desprende que los Estatutos iniciales no fueron adoptados por todos los Estados y organizaciones internacionales que adoptaron la resolución de 25 de noviembre de 1994, sino por el Comité de Gobernanza del recurrente, por mayoría de dos tercios de sus miembros, en su reunión de 10 de marzo de 1995.

153

En estas condiciones, no cabe considerar que estos estatutos formen parte del mismo acuerdo internacional que esa resolución y, por tanto, que puedan apreciarse conjuntamente con esta. Por consiguiente, no puede prosperar la alegación del recurrente según la cual la resolución de 25 de noviembre de 1994 y los Estatutos iniciales constituían un «sistema de tratados» y debían valorarse conjuntamente. En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 85 de sus conclusiones, los Estatutos iniciales se distinguen de esta resolución, ya que, a diferencia de esta, no constituyen un acuerdo internacional, sino un acto adoptado por un órgano del propio recurrente.

154

Una vez precisado esto, no es menos cierto que, según se desprende de los apartados 287, 332 y 333 de la sentencia recurrida, los Estatutos iniciales fueron adoptados inmediatamente después de la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994, por el Comité de Gobernanza del recurrente instituido por esa resolución, del que formaban parte al menos algunos de los Estados y de las organizaciones internacionales que habían adoptado dicha resolución.

155

Así, los Estatutos iniciales pertenecían al procedimiento de constitución del recurrente, como señaló el Abogado General en el punto 119 de sus conclusiones. Fueron adoptados por una parte de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994, concretamente aquellos que formaban parte del Comité de Gobernanza del recurrente. Además, de la sentencia recurrida no se desprende que los demás signatarios de esta resolución hayan formulado objeciones contra los Estatutos iniciales.

156

En estas circunstancias, procede considerar que los Estatutos iniciales son un instrumento, establecido por algunas partes con ocasión de la celebración del acuerdo internacional que constituye la resolución de 25 de noviembre de 1994, instrumento respecto del cual las restantes partes aceptaron que se refería a ese acuerdo internacional, en el sentido del artículo 31, apartado 2, letra b), de la Convención de Viena. Por lo tanto, de conformidad con esta disposición, debían tomarse en consideración los Estatutos iniciales a efectos de la interpretación de la resolución de 25 de noviembre de 1994 como elemento de su contexto.

157

De ello se deduce que el Tribunal General también incurrió en error de Derecho en la sentencia recurrida en la medida en que, en esencia, consideró, en el apartado 334 de dicha sentencia, que los Estatutos iniciales no podían tenerse en cuenta a efectos de la interpretación de la resolución de 25 de noviembre de 1994, dado que no reflejaban la práctica posterior seguida por todos los autores de esta resolución.

158

De todas las consideraciones anteriores se desprende que la apreciación, por el Tribunal General, de la procedencia de la consideración, recogida en la decisión controvertida, según la cual el recurrente no fue instituido como organización internacional adolece de errores de Derecho, según se desprende de los apartados 112, 138 y 157 de la presente sentencia.

159

En estas condiciones, habida cuenta de que el resto de los fundamentos de Derecho expuestos en la decisión controvertida no son suficientes para confirmar la legalidad de esta Decisión, procede, sin examinar las demás alegaciones formuladas por el recurrente, estimar el quinto motivo y, sin que sea necesario examinar los motivos primero a cuarto, ni el sexto motivo, estimar el recurso de casación y anular la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal General desestimó la pretensión de anulación de la decisión controvertida, así como la pretensión de que se condenara a la Comisión a abonar al recurrente una indemnización por importe de 23 651 903 euros en reparación de los perjuicios económico y moral que alega haber sufrido debido a las ilegalidades de las que, a su juicio, adolece la decisión controvertida, que sustituyó a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.

160

En cambio, dado que ningún motivo de casación tiene por objeto cuestionar la desestimación, por el Tribunal General, de la pretensión del recurrente de que se condene a la Comisión a abonarle una indemnización por importe de 20 000 euros, en reparación del perjuicio sufrido debido al plazo supuestamente irrazonable que caracteriza al procedimiento de adopción de la decisión controvertida, la sentencia recurrida adquiere firmeza en este sentido.

Sobre el recurso

161

Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el estado del litigio permita resolverlo, en todo o en parte, el Tribunal de Justicia podrá pronunciarse él mismo definitivamente sobre el litigio o la parte del litigio que esté en condiciones de ser juzgada, según corresponda, y devolver, si procede, el resto del asunto al Tribunal General.

162

En el presente asunto, procede que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente sobre la pretensión de anulación de la decisión controvertida, así como, parcialmente, sobre la pretensión de indemnización.

Sobre la pretensión de anulación

163

Mediante los motivos segundo y cuarto de su recurso, el recurrente reprocha a la Comisión, en esencia, el haber incurrido en errores de Derecho en la decisión controvertida, así como en errores manifiestos de apreciación que la llevaron a considerar que el recurrente no constituía una organización internacional y, por tanto, no podía optar a ejecutar el presupuesto de la Unión conforme al régimen de gestión indirecta, previsto en la normativa financiera de la Unión.

164

Debe recordarse que el Tribunal General declaró que la Comisión había incurrido en un error de Derecho en la medida en que consideró, en la decisión controvertida, que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no constituía un acuerdo internacional. No cabe poner en entredicho esta constatación, dado que la Comisión no ha formulado una adhesión a la casación en lo referente a esta parte de la sentencia recurrida (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2021, Consejo/Hamás, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, apartado 81 y jurisprudencia citada).

165

Según se desprende de los apartados 136 y 138 de la presente sentencia, los términos y la finalidad de la resolución de 25 de noviembre de 1994 no permiten concluir que los autores de esta resolución no tuvieran la intención de instituir al recurrente como organización internacional, o que su intención fuera instituir al recurrente como un simple mecanismo de cooperación entre ellos, carente de personalidad jurídica autónoma.

166

Al contrario, de dicha resolución se desprende que esos autores dotaron al recurrente de sus propios órganos, a saber, el director general, nombrado mediante dicha resolución, así como el Comité de Gobernanza y el GSG, de su propio personal y de su propio presupuesto. Además, se atribuyeron al recurrente competencias como las mencionadas en el apartado 134 de la presente sentencia. Todos estos elementos demuestran que los autores de la misma resolución pretendían que el recurrente constituyera una entidad separada, que gozaba de una cierta autonomía con respecto a sus miembros, que, por lo demás, podían variar, por cuanto estaba previsto, en esencia, que cada miembro del recurrente podía decidir unilateralmente, en cualquier momento, poner fin a su participación en este.

167

Pues bien, dado que los mencionados autores pretendían constituir al recurrente como una entidad separada y que disfrutaba de una cierta autonomía, de ello se deduce que los propios autores también pretendían conferir al recurrente personalidad jurídica internacional, ya que estos elementos implican la capacidad del recurrente de ser titular de derechos y obligaciones propios en el ordenamiento jurídico internacional y la capacidad de obrar.

168

Esta consideración no se ve desvirtuada por las respuestas que dieron los Estados mencionados en el sitio de Internet del recurrente y que se presentan en este como sus miembros a las preguntas que les planteó la Comisión, relativas a la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994 y al estatuto del recurrente.

169

Es preciso señalar, a este respecto, que estas respuestas son opiniones que se emitieron veinticinco años después de la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994. Como ha señalado el Abogado General, en esencia, en los puntos 218 y 219 de sus conclusiones, tales opiniones no son pertinentes para apreciar la intención que animaba a las partes cuando firmaron la resolución de 25 de noviembre de 1994.

170

En cuanto al hecho de que todos los Estados consultados por la Comisión, a excepción de la República de Austria, hubieran indicado que no eran miembros del recurrente, debe señalarse que la cuestión de si un Estado es miembro de una entidad es diferente de la de si dicha entidad constituye una organización internacional. No puede excluirse que algunos Estados u organizaciones internacionales que participaron en la creación del recurrente mediante la resolución de 25 de noviembre de 1994 y que, por ello, se convirtieron en sus miembros hayan abandonado posteriormente al recurrente y ya no sean miembros del mismo, sin que ello afecte al estatuto de organización internacional del recurrente.

171

En todo caso, debe señalarse que una vez creada, una organización internacional no deja simplemente de existir si algunos de sus miembros deciden abandonarla. En su caso, corresponde a los miembros restantes decidir sobre la disolución de la organización de que se trate, adoptando al mismo tiempo las disposiciones necesarias para regular el destino de las relaciones jurídicas que esta organización haya establecido durante su existencia. Pues bien, de la decisión controvertida no se desprende que, durante los aproximadamente veintisiete años que han transcurrido desde la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994, se haya adoptado la decisión de disolver al recurrente.

172

Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, procede constatar que la decisión controvertida está viciada de ilegalidad, en la medida en que la Comisión consideró, infringiendo el artículo 43, apartado 1, del Reglamento Financiero Delegado de 2012 y el artículo 31 de la Convención de Viena, que refleja el Derecho consuetudinario internacional, que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no constituía un acuerdo internacional, cuyo efecto fue constituir al recurrente como organización internacional. Por lo tanto, procede anular la decisión controvertida.

Sobre la pretensión de indemnización

173

El recurrente solicita que se condene a la Comisión a abonarle una indemnización por importe de 8 651 903 euros, en reparación del perjuicio material, y por importe de 15 millones de euros, en reparación del perjuicio moral que considera haber sufrido debido a las ilegalidades de las que adolece la decisión controvertida, que sustituyó a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.

174

En primer lugar, en lo referente a la pretensión de reparación del perjuicio moral, el recurrente recuerda que, en el marco de un asunto anterior ante el Tribunal General, había solicitado una indemnización por importe de 10 millones de euros en reparación del perjuicio moral que afirmaba haber sufrido debido a la adopción de la decisión de 8 de mayo de 2015. Alega que este perjuicio moral «se ha incrementado en 5 millones de euros» debido a la adopción de la decisión controvertida.

175

A este respecto, debe señalarse que, mediante la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑381/15 RENV, EU:T:2020:406), en la medida en que el Tribunal General había desestimado por infundada, en particular, una pretensión de reparación anterior del recurrente por la que se solicitaba la reparación del perjuicio moral que afirmaba haber sufrido como consecuencia de la adopción de la decisión de 8 de mayo de 2015.

176

Pronunciándose, tras examinar el asunto, sobre el fondo de dicha pretensión, el Tribunal de Justicia señaló que ciertamente se había acreditado el incumplimiento suficientemente caracterizado, por parte de la Comisión, al adoptar la decisión de 8 de mayo de 2015, de la obligación de diligencia que le incumbía y que dicho incumplimiento había ocasionado a IMG un perjuicio moral consistente en un menoscabo de su reputación. Sin embargo, el Tribunal de Justicia recordó que había declarado la ilegalidad de esa decisión y la había anulado mediante la sentencia de 31 de enero de 2019. El Tribunal de Justicia, por tanto, declaró que los términos claros de la declaración de la ilegalidad de la mencionada decisión, habida cuenta del contexto en el que se efectuaron, permitían garantizar la reparación adecuada y suficiente del perjuicio moral sufrido por el recurrente, por lo que las pretensiones de indemnización del recurrente debían desestimarse por infundadas en la medida en que se referían al perjuicio moral derivado de la ilegalidad de la decisión de 8 de mayo de 2015 (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartados 194 y 198 a 200).

177

Así, el Tribunal de Justicia aplicó la jurisprudencia consolidada según la cual, en determinadas situaciones, un perjuicio inmaterial o moral puede considerarse reparado de manera adecuada y suficiente mediante la anulación del acto ilegal que lo causó (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 197 y jurisprudencia citada).

178

Pues bien, en aplicación de esta jurisprudencia y por motivos análogos a los considerados por el Tribunal de Justicia en cuanto al perjuicio moral sufrido por el recurrente debido a la adopción de la decisión de 8 de mayo de 2015, debe considerarse que la declaración, en el apartado 172 de la presente sentencia, de la ilegalidad de la decisión controvertida, expresada en términos claros, y su consiguiente anulación pueden garantizar la reparación adecuada y suficiente del perjuicio moral sufrido por el recurrente debido a la adopción de dicha decisión.

179

En estas circunstancias, la pretensión de indemnización debe desestimarse por infundada, en la medida en que tiene por objeto la reparación de este perjuicio moral.

180

En segundo lugar, por lo que respecta a la pretensión de reparación del perjuicio material que el recurrente considera haber sufrido debido a las ilegalidades de las que adolece la decisión controvertida, debe señalarse que es cierto que el concepto de «organización internacional» puede suscitar dificultades de interpretación, en ausencia, en particular, de jurisprudencia al respecto (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 191).

181

Sin embargo, en el presente asunto, para adoptar la decisión controvertida, la Comisión se basó casi exclusivamente en las respuestas de los Estados a los que había interrogado. Por consiguiente, ignoró en gran medida los términos de la resolución de 25 de noviembre de 1994, así como el contexto en el que esta se inscribía, en particular los Estatutos iniciales que establecían expresamente que el recurrente dispone de personalidad jurídica. Pues bien, a falta de una decisión para constituir al recurrente como persona jurídica de conformidad con la normativa de un Estado o de una organización internacional, este solo podía adquirir la personalidad jurídica si se había constituido como organización internacional.

182

Además, la Comisión se limitó a interpretar a su antojo las respuestas de los Estados a los que había consultado, sin entablar un diálogo con dichos Estados para determinar si, y de qué manera, estas respuestas podían conciliarse con los elementos mencionados en el apartado anterior.

183

En estas circunstancias, las posibles dificultades de interpretación y de aplicación del concepto de «organización internacional» no pueden permitir considerar que los errores cometidos por la Comisión al adoptar la decisión controvertida, derivados de una falta manifiesta de diligencia, sean excusables. En consecuencia, la ilegalidad de que adolece esta decisión debe considerarse suficientemente caracterizada y, por consiguiente, capaz de dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartados 193 y 194).

184

Dicho esto, debe observarse que el posible perjuicio material sufrido por el recurrente se deriva de la decisión de la Comisión de dejar de celebrar con él convenios de delegación conforme al régimen de gestión indirecta previsto en la normativa financiera de la Unión. Así pues, como ha señalado el propio recurrente en su recurso, este perjuicio tiene su origen en la decisión de 8 de mayo de 2015. Mediante su demanda en el presente asunto, el recurrente pretende llevar a cabo una «actualización» del perjuicio sufrido.

185

Debe recordarse, a este respecto, que, mediante su recurso ante el Tribunal General registrado con el número de asunto T‑381/15, el recurrente también formuló una pretensión de reparación del perjuicio material que afirmaba haber sufrido debido a la adopción de la decisión de 8 de mayo de 2015, que fue desestimada mediante la sentencia de 2 de febrero de 2017, IMG/Comisión (T‑381/15, EU:T:2017:57).

186

Según se ha mencionado en el apartado 21 de la presente sentencia, mediante la sentencia de 31 de enero de 2019, el Tribunal de Justicia anuló, en particular, la sentencia de 2 de febrero de 2017, IMG/Comisión (T‑381/15, EU:T:2017:57), y devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciara sobre el recurso en dicho asunto, en la medida en que este solicitaba la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por el recurrente debido a la adopción de la decisión de 8 de mayo de 2015. Mediante la sentencia de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑381/15 RENV, EU:T:2020:406), el Tribunal General desestimó la pretensión del recurrente de reparación de los perjuicios supuestamente causados por la decisión de 8 de mayo de 2015.

187

Mediante la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑381/15 RENV, EU:T:2020:406), en la medida en que desestimó por infundada la pretensión de reparación formulada por el recurrente relativa al perjuicio que afirmaba que le había ocasionado la decisión de 8 de mayo de 2015, y devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciara sobre dicha pretensión, en cuanto se refiere al perjuicio material invocado por el recurrente.

188

Mediante la sentencia de 4 de septiembre de 2024, IMG/Comisión (T‑381/15 RENV II, EU:T:2024:589), el Tribunal General desestimó esta pretensión por infundada.

189

Sin embargo, mediante sentencia de hoy en el asunto C‑789/24 P, el Tribunal de Justicia ha anulado esta sentencia del Tribunal General, ha recordado que, en la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), ya había declarado que la existencia de un incumplimiento suficientemente caracterizado de la obligación de diligencia que incumbía a la Comisión por la adopción de la decisión de 8 de mayo de 2015 estaba acreditada, ha constatado que la existencia de un nexo causal entre este incumplimiento y el perjuicio material alegado por el recurrente debido a la suspensión de la celebración de convenios de delegación con la Comisión también estaba acreditada y ha devuelto el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la existencia y el alcance del daño eventualmente sufrido por el recurrente, derivado de la pérdida de la oportunidad de que la Comisión le encomendara tareas de ejecución presupuestaria como organización internacional.

190

Por lo tanto, es preciso determinar si, y en qué medida, la pretensión de reparación del perjuicio material en el presente asunto persigue la reparación de un perjuicio de la misma naturaleza y del mismo importe que los del perjuicio cuya reparación persigue la pretensión de indemnización en el asunto T‑381/15, que aún está pendiente, dado que, de ser así, la pretensión de reparación del perjuicio material en el presente asunto debería declararse inadmisible, en dicha medida, por causa de litispendencia (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 1985, Hoogovens Groep/Comisión, 172/83 y 226/83, EU:C:1985:355, apartado 9).

191

Asimismo, en la medida en que la pretensión de reparación del perjuicio material invocado por el recurrente atañe a un perjuicio de una naturaleza diferente a la del perjuicio al que se refiere la pretensión de reparación del perjuicio material en el asunto T‑381/15, o de un importe que vaya más allá del contemplado en esta última pretensión, debe señalarse que, ciertamente, en el apartado 183 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que en el presente caso se cumplía el requisito para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión relativo al carácter suficientemente caracterizado de la ilegalidad cometida.

192

Sin embargo, en el estado actual de los autos, el Tribunal de Justicia no dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la realidad y el alcance de un posible perjuicio, como el contemplado en el apartado anterior, sufrido por el recurrente y, en su caso, sobre la existencia de un nexo causal entre dicho perjuicio y la ilegalidad cometida por la Comisión.

193

Por consiguiente, el estado del asunto no permite resolverlo y debe ser devuelto al Tribunal General, para que este pueda pronunciarse sobre las cuestiones a que se refieren los apartados 190 a 192 de la presente sentencia.

Costas

194

Dado que se devuelve el asunto al Tribunal General, procede reservar la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de 4 de septiembre de 2024, IMG/Comisión (T‑509/21, EU:T:2024:590), en la medida en que desestimó, por una parte, la pretensión de anulación de la decisión de la Comisión Europea de 8 de junio de 2021 por la que se negaba a reconocer a International Management Group (IMG), con efectos retroactivos a partir del 16 de diciembre de 2014, el estatuto de organización internacional previsto por la normativa financiera de la Unión para la ejecución de los fondos de la Unión Europea conforme al régimen de gestión indirecta y, por otra parte, la pretensión de que se condene a la Comisión a abonar a IMG una indemnización por importe de 23 651 903 euros en reparación de los perjuicios material y moral que alega haber sufrido debido a las ilegalidades de las que, a su juicio, adolece dicha decisión.

2)

Anular la decisión de la Comisión Europea a que se refiere el punto 1 del presente fallo.

3)

Desestimar el recurso en la medida en que se refiere a la pretensión de reparación del perjuicio moral alegado por International Management Group (IMG).

4)

Devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la pretensión de reparación del perjuicio material alegado por International Management Group (IMG).

5)

[En su versión rectificada mediante auto de 20 de julio de 2026] Reservar la decisión sobre las costas.