Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ANDREA BIONDI

presentadas el 25 de junio de 2026 (1)

Asunto C‑670/24 P

Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd,

MJN Global Holdings BV,

Mead Johnson Nutrition Co.

contra

Comisión Europea

« Recurso de casación — Ayudas de Estado — Reino Unido — Régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar — Exención fiscal para las rentas procedentes de intereses y cánones de propiedad intelectual — Decisiones fiscales anticipadas adoptadas a favor de empresas multinacionales — Decisión de ampliar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2 — Medida de ayuda ya ejecutada en la fecha de la decisión — Recurso de anulación — Definición de “acto recurrible” »






I.      Introducción

1.        Mediante el presente recurso de casación, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie, con carácter principal, sobre la coherencia de la línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal General relativa a la inadmisibilidad, en determinadas circunstancias, de los recursos de anulación interpuestos contra las decisiones de la Comisión Europea de incoar el procedimiento de investigación formal, previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, y en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (2)

2.        De acuerdo con dicha jurisprudencia, debe establecerse una distinción en cuanto a la admisibilidad de tales recursos en función de que la decisión impugnada se refiera a medidas nacionales en curso de ejecución o a medidas nacionales que ya hayan sido ejecutadas. Mientras que las decisiones de incoar el procedimiento de investigación formal en relación con medidas que están en curso de ejecución producen efectos jurídicos autónomos debido, en particular, a que exigen la suspensión de esas medidas, y por tanto cabe recurso contra ellas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, las decisiones relativas a medidas que ya han sido ejecutadas no producen tales efectos jurídicos autónomos, al no ser inmediatas, ciertas ni vinculantes en grado suficiente para el Estado miembro al que están destinadas, ni para el beneficiario o beneficiarios de la medida objeto de control. (3) La medida controvertida en el presente recurso de casación está comprendida en esta segunda categoría.

3.        Mediante su recurso de casación, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV y Mead Johnson Nutrition Co. (en lo sucesivo, «recurrentes en casación») solicitan la anulación del auto del Tribunal General de 13 de agosto de 2024, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) y otros/Comisión (4) (en lo sucesivo, «auto recurrido»), por el que el Tribunal General, sobre la base de la jurisprudencia antes citada, declaró inadmisible su recurso de anulación interpuesto contra la Decisión de la Comisión C(2022) 7665 final de 31 de octubre de 2022, relativa a la ayuda estatal SA.34914 (2013/C) — Reino Unido — Régimen del impuesto sobre sociedades de Gibraltar (5) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

II.    Antecedentes del litigio, auto recurrido, pretensiones y procedimiento ante el Tribunal General

4.        En el auto recurrido se describen los antecedentes del litigio del siguiente modo. (6)

5.        Las recurrentes en casación son sociedades pertenecientes al grupo internacional Mead Johnson Nutrition (en lo sucesivo, «grupo MJN»). La Decisión impugnada se inscribe en el marco de un procedimiento de control de ayudas de Estado iniciado en 2013, a raíz de una denuncia presentada en 2012 por el Reino de España relativa a la tributación de las sociedades de Gibraltar. Dicho procedimiento dio lugar a la Decisión (UE) 2019/700 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018 (7) (en lo sucesivo «Decisión final de 2018»), en la que la Comisión constató, en particular, que el trato fiscal concedido por el Gobierno de Gibraltar, sobre la base de decisiones fiscales anticipadas adoptadas con respecto a cinco sociedades domiciliadas en Gibraltar, entre ellas MJN Holdings (Gibraltar) Ltd. (en lo sucesivo, «MJN GibCo»), constituía una ayuda estatal individual ilegal e incompatible con el mercado interior.

6.        En su sentencia de 6 de abril de 2022, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) y otros/Comisión, (8) el Tribunal General anuló parcialmente la Decisión final de 2018, en la medida en que concluía que existía una ayuda individual a favor de MJN GibCo. El Tribunal General declaró que, si bien la decisión fiscal anticipada concedida a MJN GibCo formaba parte del objeto del procedimiento de investigación formal como posible medida de ayuda individual, ni la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal ni la decisión de ampliar dicho procedimiento contenían la información necesaria para identificar la naturaleza y el alcance de la medida de ayuda concedida a MJN GibCo después del 31 de diciembre de 2013, tal como se examinó en la Decisión final de 2018. De este modo, el Tribunal General consideró que la Comisión había adoptado dicha Decisión vulnerando el derecho de las partes interesadas a presentar sus observaciones en el marco del procedimiento de investigación formal con respecto a la ayuda concedida a MJN GibCo con posterioridad al 31 de diciembre de 2013.

7.        Tras la anulación parcial de la Decisión final de 2018, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, mediante la que amplió el procedimiento de investigación formal relativo al régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar para incluir el tratamiento fiscal de MJN GibCo entre el 1 de enero de 2014 y la disolución de la sociedad, el 16 de octubre de 2018 (9) (en los sucesivo, «medida controvertida»).

8.        Las recurrentes interpusieron ante el Tribunal General un recurso mediante el que solicitaban la anulación de la Decisión impugnada. En apoyo de su recurso invocaban tres motivos. En su primer motivo alegaban que la Comisión carece de competencia para adoptar la Decisión impugnada con arreglo al artículo 92, apartado 3, letra a), del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»). (10) Mediante sus motivos segundo y tercero invocaban, respectivamente, vicios sustanciales de forma y la violación del principio de buena administración.

9.        Se admitió la intervención del Gobierno de Gibraltar en apoyo de las pretensiones de las recurrentes en el procedimiento ante el Tribunal General.

10.      En su escrito de contestación, la Comisión alegó que el recurso era inadmisible debido a que la Decisión impugnada no constituye una medida que pueda ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE.

11.      En el auto recurrido, el Tribunal General, invocando la línea jurisprudencial que se menciona en el punto 2 de las presentes conclusiones, declara el recurso inadmisible. En primer lugar, señala que, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, la medida controvertida ya no se estaba ejecutando y que, por tanto, ya no podía existir incumplimiento alguno de la obligación de suspender la ejecución de dicha medida. En segundo lugar, por lo que respecta a la posibilidad de adoptar medidas cautelares, el Tribunal General indica que la Decisión impugnada no contiene una orden de recuperación provisional, con arreglo al artículo 13, apartado 2, del Reglamento 2015/1589, y que no se había presentado ninguna prueba que permitiera concluir la existencia de una «circunstancia de urgencia» o de un «grave riesgo de causar un perjuicio considerable e irreparable a un competidor» que pudiera llevar a la Comisión a adoptar tales medidas. Añade que, si bien no puede excluirse que un órgano jurisdiccional nacional ordene medidas cautelares para salvaguardar, en particular, los intereses de las partes afectadas a la espera de una decisión definitiva de la Comisión, en el caso de autos no se había formulado ninguna alegación ni aportado ninguna prueba que permitiera considerar que se cumplían los requisitos aplicables en virtud del Derecho nacional controvertido para que un órgano jurisdiccional nacional acuerde tales medidas. En tercer lugar, el Tribunal General considera que el mero riesgo de que un órgano jurisdiccional nacional tenga que acordar medidas cautelares no confiere a la Decisión impugnada un efecto inmediato, cierto y vinculante en grado suficiente. En cuarto y último lugar, y en cualquier caso, el Tribunal General señala que, en este asunto, las recurrentes no invocaron ningún otro efecto jurídico derivado de la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, incluido el riesgo de que un órgano jurisdiccional nacional ordene la recuperación de alguna ayuda; se limitaron a defender la admisibilidad del recurso habida cuenta de los motivos de anulación invocados, en particular la falta de competencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada. (11)

12.      Por consiguiente, el Tribunal General concluyó que no podía considerarse que la Decisión impugnada tuviera efectos jurídicamente vinculantes inmediatos y ciertos en grado suficiente, y que no podía calificarse de acto recurrible. (12)

13.      En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes alegan que el Tribunal General no apreció sus alegaciones relativas a la competencia con arreglo al artículo 92, apartado 3, letra a), del Acuerdo de Retirada. Sostienen que, conforme a una interpretación correcta, esta disposición no confiere a la Comisión la facultad de seguir investigando el tratamiento fiscal de las recurrentes con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2. Por tanto, la Decisión impugnada es un acto adoptado ultra vires, con efectos jurídicos frente a ellas. Al analizar directamente las normas aplicables al control jurisdiccional de las decisiones adoptadas en el marco de las normas de la Unión que regulan los procedimientos administrativos en materia de ayudas de Estado, el Tribunal General incurrió en error de Derecho. Las recurrentes invocan asimismo la infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

14.      En su escrito de contestación, el Gobierno de Gibraltar alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el auto recurrido, la Decisión impugnada produce efectos jurídicos vinculantes a pesar de tratarse de un acto de trámite en el marco del sistema de control de las ayudas de Estado. Según el Gobierno de Gibraltar, la distinción efectuada por el Tribunal General entre las decisiones de la Comisión por las que se incoa el procedimiento de investigación formal respecto de medidas en curso de ejecución como ayudas nuevas y las medidas que ya han sido ejecutadas no encuentra sustento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se remite, en particular, a las sentencias de 11 de marzo de 2010, CELF y ministre de la Culture et de la Communication, (13) de 24 de octubre de 2013, Deutsche Post/Comisión, (14) y de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa. (15)

15.      Esta argumentación fue plenamente apoyada por las recurrentes en su escrito de réplica, quienes subrayan, en particular, el riesgo de que se interpongan recursos ante los órganos jurisdiccionales de Gibraltar al objeto de obtener una orden de recuperación inmediata de la exención de que se trata.

16.      Las recurrentes y el Gobierno de Gibraltar solicitan al Tribunal de Justicia que: i) anule el auto recurrido; ii) ordene la admisión del recurso en primera instancia; iii) se pronuncie mediante sentencia firme sobre el presente asunto y anule la Decisión impugnada, iv) condene a la Comisión al pago de las costas de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General y iv), con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que lo examine en cuanto al fondo. La Comisión sostiene que el Tribunal de Justicia debe desestimar el recurso de casación y condenar en costas a las recurrentes.

17.      En la vista celebrada el 2 de marzo de 2026, las recurrentes, el Gobierno de Gibraltar y la Comisión formularon observaciones orales.

III. Análisis

18.      Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en la cuestión de si, en virtud de las normas de la Unión en materia de ayudas de Estado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con una medida que ya ha sido ejecutada despliega efectos jurídicos vinculantes y autónomos y, por tanto, debe considerarse un «acto recurrible» a los efectos del artículo 263 TFUE.

19.      No obstante, con carácter preliminar, procede responder a la alegación de la Comisión de que los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Gibraltar en su escrito de contestación, respaldados por las recurrentes en su escrito de réplica, que se mencionan en el punto 14 de las presentes conclusiones, son inadmisibles. (16)

20.      Esta alegación es fácilmente rechazable.

21.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cualquier hecho relativo a la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal General puede constituir una cuestión de orden público que el Tribunal de Justicia, cuando conoce de un recurso de casación, está obligado a examinar de oficio. (17)

22.      Una vez aclarado este aspecto, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, el recurso de anulación establecido por el artículo 263 TFUE puede interponerse contra todos los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, con independencia de su naturaleza o de su forma. Para determinar si un acto produce tales efectos y, por ende, puede ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, hay que atenerse a la esencia de ese acto y examinar esos efectos a la luz de criterios objetivos, como el contenido de dicho acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución, órgano u organismo que lo adoptó. (18)

23.      En el caso de actos cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, el Tribunal de Justicia ha precisado que únicamente constituye, en principio, un acto recurrible la medida que fije definitivamente la postura de la institución, del órgano o del organismo de la Unión competente, con exclusión de las medidas intermedias o de trámite, cuyo objetivo es preparar esa medida definitiva y que no producen efectos jurídicos autónomos frente a terceros. Constituyen, en particular, medidas de trámite las que expresan una opinión provisional de esa institución, órgano u organismo de la Unión. (19) Esto es así porque una medida de trámite no puede ser objeto, en particular, de un recurso de anulación cuando conste que la ilegalidad de que adolece dicha medida puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra la decisión definitiva de la que la citada medida constituye un acto de elaboración. En tales circunstancias, el recurso interpuesto contra la decisión que ponga fin al procedimiento garantizará una tutela judicial suficiente. (20)

24.      Por consiguiente, en el marco del presente recurso de casación, procede examinar si el Tribunal General declaró acertadamente que la Decisión impugnada, que es una medida de trámite, no tenía por objeto desplegar efectos jurídicos vinculantes y no era, por tanto, susceptible de recurso.

25.      A tal fin, examinaré, en primer lugar, si la distinción realizada por el Tribunal General entre las decisiones de incoación del procedimiento de investigación formal relativas a medidas en curso de ejecución y las relativas a medidas ya ejecutadas, con el fin de determinar si la Decisión impugnada puede ser objeto de recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, tiene fundamento.

A.      Sobre la posibilidad de impugnar las decisiones de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2

1.      Sobre el sistema de control previo de las ayudas de Estado nuevas establecido por el Tratado

26.      De conformidad con el artículo 108 TFUE, apartado 3, los Estados miembros deben informar a la Comisión de todo proyecto dirigido a conceder o modificar ayudas. Si, tras su examen preliminar, la Comisión alberga dudas sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior, incoará el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2. Con arreglo a la última frase del artículo 108 TFUE, apartado 3, el Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva (en lo sucesivo, «cláusula de suspensión»).

27.      Por tanto, las ayudas nuevas están sujetas a un sistema de control previo dirigido a garantizar que solo se ejecuten aquellas que sean compatibles con el mercado interior. (21) La obligación de notificación y la consiguiente obligación de suspensión constituyen elementos fundamentales de este sistema. Los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión toda medida que pretenda establecer o modificar una ayuda y a no aplicar dicha medida mientras esta institución no haya adoptado una decisión definitiva. (22)

28.      Indagando un poco en la historia, el Tribunal de Justicia ya declaró en la temprana sentencia Costa (23) que la prohibición de ejecución contemplada en la última frase del entonces artículo 93, apartado 3, del Tratado CEE, tiene efecto directo y engendra, en favor de los particulares, derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. Esta prohibición se extiende a toda ayuda que no haya sido notificada y, en caso de notificación, seguirá aplicándose hasta que la Comisión adopte una decisión definitiva. (24)

29.      Así pues, la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado se basa en una obligación de cooperación leal entre la Comisión, los órganos jurisdiccionales de la Unión y los órganos jurisdiccionales nacionales, en cuyo marco cada uno debe desempeñar la función que le atribuye el Tratado FUE. (25)

30.      En particular, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales salvaguardar los derechos de los justiciables frente a un posible incumplimiento de la obligación de suspensión. (26) A tal fin, pueden tener que interpretar y aplicar el concepto de «ayuda estatal» que contiene el artículo 107 TFUE, apartado 1, para determinar si una medida habría debido notificarse. (27) Cuando concluyan que una ayuda se ha concedido infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3, deben extraer todas las consecuencias jurídicas necesarias con arreglo al Derecho nacional. (28) En particular, pueden acordar medidas cautelares, exigir la recuperación de una ayuda concedida ilegalmente (29) y conocer de demandas de indemnización de daños presentadas por competidores perjudicados por la ayuda. (30) El objeto de estas facultades es adoptar las medidas adecuadas para remediar la ilegalidad resultante del incumplimiento de la obligación de suspensión y garantizar que el beneficiario no conserve la libre disposición de las ayudas. (31)

2.      Sobre los efectos de la incoación del procedimiento de investigación formal

31.      A continuación, examinaré los efectos de la incoación del procedimiento con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, sobre el ejercicio de las facultades conferidas a los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco del sistema de control de las ayudas de Estado de la Unión antes descrito.

32.      En este sentido, cabe señalar que la última frase del artículo 108 TFUE, apartado 3, no hace ninguna referencia al papel y a las funciones y competencias específicas de la Comisión. (32) La concreta intervención de los órganos jurisdiccionales nacionales en el sistema de control de las ayudas de Estado se debe al efecto directo de esta disposición. (33)

33.      Por consiguiente, la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal no puede dispensar a los órganos jurisdiccionales nacionales de su obligación de salvaguardar los derechos de los justiciables ante un posible incumplimiento de la obligación de suspensión. (34)

34.      Por las mismas razones, en el ejercicio de sus funciones, los órganos jurisdiccionales nacionales gozan de un cierto «grado de independencia» frente a la Comisión. (35) Por consiguiente, una decisión de la Comisión por la que se declara la compatibilidad de una ayuda con el mercado interior no produce el efecto de regularizar los actos de ejecución adoptados incumpliendo la obligación de suspensión, «so pena de vulnerar el efecto directo del [artículo 108 TFUE, apartado 3, última frase,] y de ignorar los intereses de los justiciables que estos órganos jurisdiccionales tienen la misión de proteger». (36) Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ha precisado que, aunque no estén obligados a hacerlo en virtud del Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden, en el marco de su Derecho interno y cuando sea apropiado, ordenar la recuperación de una ayuda ilegal declarada compatible con el mercado interior por la Comisión (37) o estimar demandas de indemnización de los perjuicios causados por la naturaleza ilegal de la ayuda. (38)

35.      Dicho esto, el alcance de la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de proteger los derechos de los justiciables ante una posible infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3 «puede variar» en función de que la Comisión haya incoado o no el procedimiento de investigación formal. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Deutsche Lufthansa, a la que se refieren profusamente las recurrentes y el Gobierno de Gibraltar, si bien las apreciaciones efectuadas en la decisión de incoación de dicho procedimiento tienen, efectivamente, carácter preliminar, «ello no significa que dicha Decisión carezca de efectos jurídicos». (39)

36.      No obstante, estos efectos dependen de si la decisión se refiere a medidas en curso de ejecución o a medidas que ya han sido ejecutadas.

a)      Sobre la incoación del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, con respecto a medidas en curso de ejecución

37.      Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Deutsche Lufthansa, en una situación en la que la Comisión ya ha incoado el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en el supuesto de que los órganos jurisdiccionales nacionales pudieran apartarse de la apreciación preliminar de la Comisión según la cual la medida controvertida puede presentar elementos de ayuda y, en consecuencia, decidir no suspender su ejecución, se frustraría el efecto útil del artículo 108 TFUE, apartado 3. (40)

38.      El Tribunal de Justicia ha reconocido que la obligación de suspensión solo se aplica a las medidas que pueden calificarse de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y que, antes de extraer las consecuencias de un posible incumplimiento de dicha obligación, los órganos jurisdiccionales nacionales deben determinar, en primer lugar, si la medida en cuestión constituye o no una ayuda de Estado. No obstante, el Tribunal de Justicia ha considerado que, una vez adoptada la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, el objetivo de prevención en que se basa el sistema de control de las ayudas estatales establecido por el Tratado FUE se vería comprometido si la ejecución de la medida en cuestión no se aplazara hasta que la Comisión despeje las dudas planteadas en cuanto al carácter de ayuda de esa medida y su compatibilidad con el mercado interior, (41) con independencia de si la medida implica efectivamente una ayuda de Estado.

39.      En otras palabras, cuando la Comisión adopta la decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con una medida que no ha sido notificada ni se ha ejecutado todavía o que está en curso de ejecución, el Estado miembro de que se trate está obligado a suspender su ejecución hasta la conclusión del procedimiento. Por su parte, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación, en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, última frase, de cumplir dicha obligación, ordenando la suspensión de la ejecución de cualquier acto de ejecución y desestimando las solicitudes de pago en ejecución de dicha medida. (42)

40.      Por consiguiente, esta decisión tiene por objeto producir efectos jurídicos vinculantes autónomos y constituye, por tanto, un acto que puede ser objeto de recurso en virtud del artículo 263 TFUE. (43) Como ya reconoció el Tribunal de Justicia en la sentencia Italgrani, (44) la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal en las circunstancias antes descritas no es una mera fase preparatoria, en cuyo caso un recurso contra la decisión que ponga fin a dicho procedimiento garantizaría una protección suficiente contra cualquier ilegalidad. Las consecuencias irreversibles de un retraso en el pago de una ayuda debido a la prohibición establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3, última frase, no podrían eliminarse mediante una decisión por la que se declare la compatibilidad de la ayuda con el Tratado o mediante un recurso contra una decisión de la Comisión por la que se declare su incompatibilidad.

41.      No sucede lo mismo, como declaró acertadamente el Tribunal General en el auto recurrido, cuando la medida ya ha sido totalmente ejecutada.

b)      Sobre la incoación del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en relación con medidas ya ejecutadas

42.      El efecto suspensivo resultante de la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal con respecto a una medida en curso de ejecución, que se aplica con independencia de que existan elementos de ayuda, no opera cuando la medida ya ha sido ejecutada.

43.      Si la Comisión califica provisionalmente esa medida como ayuda, tal decisión puede constituir la base para que los órganos jurisdiccionales nacionales acuerden medidas cautelares, incluida la recuperación de las cantidades abonadas. Sin embargo, no están obligados a hacerlo si albergan dudas en cuanto a la existencia de ayuda de Estado.

44.      En sí misma, la incoación del procedimiento de investigación formal, que es un acto de trámite basado en apreciaciones provisionales, no crea una obligación para los órganos jurisdiccionales nacionales (ni para las autoridades nacionales) de proceder a la recuperación. En este sentido, los órganos jurisdiccionales nacionales (y las autoridades nacionales) están sujetos únicamente a la prohibición establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3, última frase, (45) que solo se aplica a las medidas que puedan calificarse de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

45.      Así lo precisó el Tribunal de Justicia en la sentencia CELF II. Un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso tras la incoación de un procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, con la pretensión de que se recupere una ayuda ilegal solo está obligado a conceder las medidas solicitadas si concurren los requisitos que justifican tales medidas, entre las que figura, en particular, la inexistencia de dudas sobre si la medida constituye una ayuda de Estado. (46) Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno de Gibraltar, dicha sentencia no contradice, sino que sostiene, la distinción realizada por el Tribunal General en el auto recurrido entre las medidas ya ejecutadas y las medidas pendientes de ejecución o en curso de ejecución, por lo que respecta a los efectos jurídicos de la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2.

46.      En el mismo sentido, la sentencia Deutsche Lufthansa tampoco cuestiona esta distinción.

47.      Ciertamente, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales, por una parte, y la Comisión y los órganos jurisdiccionales de la Unión, por otra, los primeros deben, en particular, abstenerse de adoptar resoluciones en contra de una decisión de la Comisión, aunque esta tenga carácter provisional, y están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para extraer las consecuencias de un incumplimiento de la obligación de suspensión. El Tribunal de Justicia también aclaró que, a tal fin, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden, además de suspender la ejecución de la medida de que se trate, ordenar la recuperación de los pagos ya abonados o medidas cautelares con el fin de salvaguardar tanto los intereses de las partes afectadas como el efecto útil de la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal. (47)

48.      Sin embargo, en primer lugar, estas afirmaciones se refieren a una situación en la que la Comisión había incoado el procedimiento de investigación formal de una medida en curso de ejecución. (48) En segundo lugar, incluso en tal situación, el Tribunal de Justicia declaró, de conformidad con su jurisprudencia anterior, que la adopción de tales medidas exige que no quepa duda alguna de que la medida en cuestión constituye una ayuda de Estado: cuando los órganos jurisdiccionales nacionales alberguen dudas sobre si la medida de que se trate constituye una ayuda de Estado o en cuanto a la validez o la interpretación de la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, dichos órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar aclaraciones a la Comisión o, lo que es más importante, plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. (49) En tercer lugar, el Tribunal de Justicia se refirió a la «posibilidad» de que los órganos jurisdiccionales nacionales ordenen la restitución o acuerden medidas cautelares, (50) y no a una «obligación». (51) Ello implica, en mi opinión, que los órganos jurisdiccionales nacionales siempre deben poner en la balanza los diferentes intereses en juego antes de pronunciarse sobre la recuperación o sobre las medidas cautelares.

49.      El razonamiento del Tribunal General en el auto recurrido, según el cual las decisiones de incoar el procedimiento de investigación formal respecto de medidas ya ejecutadas no tienen por objeto desplegar efectos jurídicos vinculantes, tampoco queda desvirtuado por la sentencia Comisión/Hansestadt Lübeck, (52) invocada, asimismo, por el Gobierno de Gibraltar y las recurrentes.

50.      El asunto que dio lugar a esta última sentencia se refería a un recurso de anulación de la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal respecto de medidas relativas al aeropuerto de Lübeck. Tanto ante el Tribunal General como en el marco de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, la Comisión alegó que la ciudad de Lübeck (Alemania) ya no tenía interés en ejercitar la acción tras la venta del aeropuerto a un inversor privado. Según la Comisión, la Decisión controvertida había dejado de producir su único efecto jurídico, a saber, la suspensión de la medida de ayuda durante la investigación. (53)

51.      Refiriéndose, en particular, a la sentencia Deutsche Lufthansa y al auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de abril de 2014, Flughafen Lübeck, (54) el Tribunal de Justicia declaró que «la obligación de suspender la ejecución de la medida controvertida no es el único efecto jurídico de una decisión de incoar el procedimiento de investigación formal». Para desestimar el motivo de la Comisión, señaló que, tras la privatización del aeropuerto de Lübeck, la ciudad de Lübeck seguía estando «al menos expuesta al riesgo de que un órgano jurisdiccional nacional ordenara la recuperación de toda ayuda concedida» durante la gestión del anterior propietario. Por tanto, el Tribunal General declaró acertadamente que, «a falta de una decisión final de la Comisión por la que concluyera el procedimiento de investigación formal, la Decisión controvertida seguía produciendo efectos, por lo que la ciudad Lübeck conservaba el interés en ejercitar la acción para solicitar su anulación». (55)

52.      En este sentido, procede recordar, en primer lugar, que, en el momento de la interposición del recurso de anulación, las medidas respecto de las cuales la Comisión había incoado el procedimiento de investigación formal seguían en curso de ejecución. Por consiguiente, la sentencia Comisión/Hansestadt Lübeck, (56) al igual que la sentencia Deutsche Lufthansa, se refería a un acto que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia analizada en los puntos 37 a 40 de las presentes conclusiones, era recurrible.

53.      En segundo lugar, no cabe duda de que una decisión de incoar el procedimiento de investigación formal en relación con una medida que no ha sido notificada y que se ha ejecutado parcial o totalmente expone a las partes interesadas al riesgo de que los órganos jurisdiccionales nacionales ordenen medidas cautelares, incluida la recuperación de las cantidades ya abonadas. Tras la adopción de tal decisión, existe, como mínimo, una duda significativa en cuanto a la legalidad de dicho acto. (57)

54.      No obstante, como ya he señalado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que esta calificación no suscite duda alguna para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan adoptar tales medidas.

55.      En tercer lugar, la sentencia Comisión/Hansestadt Lübeck (58)versaba sobre la cuestión de si la ciudad de Lübeck tenía interés en ejercitar la acción, (59) que constituye un requisito de admisibilidad distinto del relativo a la existencia de un acto susceptible de recurso de anulación. Para que tal recurso sea admisible, es necesario que se cumplan ambos requisitos.

56.      La exposición al riesgo de que un órgano jurisdiccional nacional emita una orden de recuperación, de resultas de una decisión de incoación de un procedimiento de investigación formal que ponga en duda la legalidad de la medida controvertida, basta para justificar un interés en que los órganos jurisdiccionales de la Unión controlen la legalidad de dicha decisión. No obstante, de las consideraciones anteriores se desprende que no basta con concluir que tal decisión, aun siendo una medida de trámite, produce efectos jurídicos vinculantes autónomos que permitan calificarla de acto recurrible a los efectos del artículo 263 TFUE. (60)

57.      Por último, en mi opinión, la sentencia de 24 de octubre de 2013, Deutsche Post/Comisión, (61) que invocan las recurrentes y el Gobierno de Gibraltar, tampoco contradice el razonamiento del Tribunal General en el auto recurrido. En dicha sentencia, (62) remitiéndose a la sentencia Italia/Comisión, el Tribunal de Justicia se limitó a reiterar los efectos jurídicos vinculantes de una decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, con respecto a una medida en curso de ejecución y calificada de ayuda nueva. (63)

3.      Conclusión

58.      A la vista de todas las consideraciones anteriores, en mi opinión, el Tribunal General no incurrió en error al distinguir entre las decisiones de la Comisión por las que se incoa el procedimiento de investigación formal respecto de medidas «en curso de ejecución como ayudas nuevas» y las medidas que «ya han sido ejecutadas» a efectos de examinar si la decisión puede ser recurrida.

59.      Como observación final, quisiera subrayar que, como ha precisado el Tribunal de Justicia, un recurso de anulación dirigido contra una medida que exprese una opinión provisional podría obligar al juez de la Unión a realizar una apreciación relativa a elementos sobre los que la institución, órgano u organismo competente aún no ha tenido ocasión de pronunciarse con carácter definitivo, lo que sería incompatible con el sistema de reparto de competencias y de recursos previsto en el Tratado FUE. (64) Para apreciar si una decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, es recurrible, debe examinarse cuidadosamente la «injerencia» en el ejercicio de las competencias de la Comisión en el sistema de control previo de las ayudas estatales. El procedimiento de investigación formal permite a la Comisión recabar información de las partes interesadas para apreciar no solo la compatibilidad de la medida en cuestión, sino también su calificación como ayuda de Estado. Dado que tal calificación puede requerir una apreciación particularmente compleja, es preferible permitir a la Comisión que adopte una decisión definitiva y plenamente informada antes de que el juez de la Unión la examine.

B.      Sobre la posibilidad de recurrir la Decisión impugnada

60.      A efectos de determinar la existencia de un acto recurrible con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión impugnada, que amplía el procedimiento de investigación formal relativo al régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar al tratamiento fiscal de MJN GibCo, debe considerarse equivalente a una decisión de incoación de dicho procedimiento. Este extremo fue admitido por todas las partes en la vista en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia.

61.      En el auto recurrido, el Tribunal General declaró que la medida controvertida ya se había ejecutado en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, es decir, el 31 de octubre de 2022, y, por tanto, también en el momento de la interposición del recurso ante él. (65)

62.      En su escrito de contestación, el Gobierno de Gibraltar sostiene, no obstante, que el Tribunal General no señaló que la medida controvertida produjera «efectos que perdurasen», como reconoce la propia Decisión impugnada. En primer lugar, la Comisión se refiere en dicha Decisión a la «aplicación continuada» de una decisión fiscal anticipada concedida en 2012 a Mead Johnson GibCo, con posterioridad y a pesar de una modificación legislativa adoptada en 2013 que sometió a tributación la obtención de rentas procedentes de cánones, a partir del 1 de enero de 2014, sin precisar la fecha de finalización. En segundo lugar, la Comisión indicó que la presunta ayuda podía haberse transferido a otras sociedades del grupo MJN y, por tanto, haber producido efectos que perduraron tras la disolución de Mead Johnson GibCo en octubre de 2018. (66)

63.      En este sentido, basta con señalar, en primer lugar, que, como declaró el Tribunal General en el apartado 43 del auto recurrido, de la Decisión impugnada se desprende con claridad que la medida controvertida consistía en la ejecución de la decisión fiscal anticipada concedida a MJN GibCo entre el 1 de enero de 2014 y su disolución. (67) En segundo lugar, como señaló la Comisión, la referencia, en dicha Decisión, a la posibilidad de extensión de la ventaja supuestamente concedida a MJN GibCo a otras sociedades del grupo MJN es una cuestión diferente de la de si la medida controvertida se halla en curso de ejecución.

64.      En cualquier caso, en la vista se puso de manifiesto que las recurrentes y el Gobierno de Gibraltar no niegan que la medida controvertida se haya ejecutado plenamente.

65.      Las recurrentes sostienen que la Decisión impugnada sigue produciendo efectos jurídicos vinculantes para ellas, a pesar de que la medida controvertida ya se haya ejecutado plenamente.

66.      Por una parte, señalan el riesgo de que se interponga un recurso ante los órganos jurisdiccionales de Gibraltar dirigido a la recuperación inmediata de las supuestas ventajas conferidas por la medida controvertida. En la vista ante el Tribunal de Justicia, se refirieron a un procedimiento ya en curso, sin precisar, no obstante, más detalles sobre el objeto específico de dicho procedimiento ni la fecha de su incoación. En la vista también se puso de manifiesto que dicho procedimiento se ha suspendido, al menos parcialmente.

67.      En este sentido, como ya se ha recordado, habida cuenta del reparto de competencias entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco del sistema de control previo de las ayudas de Estado establecido por el Tratado FUE, no puede considerarse que, por sí solo, el mero riesgo de que un órgano jurisdiccional nacional ordene la recuperación de cantidades abonadas en ejecución de una medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, despliegue efectos jurídicos vinculantes autónomos que puedan convertir dicha decisión en un acto recurrible con arreglo al artículo 263 TFUE.

68.      Por otra parte, las recurrentes, apoyadas por el Gobierno de Gibraltar, alegan, además, que la Decisión impugnada produce efectos jurídicos vinculantes en la medida en que expone la posición final de la Comisión en cuanto a sus facultades en virtud del artículo 92, apartado 3, letra a), del Acuerdo de Retirada; por tanto, resulta erróneo considerar que dicha Decisión constituye una medida de trámite que únicamente expresa opiniones de carácter provisional. Invocan, asimismo, una infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, alegando que es erróneo el argumento según el cual la ilegalidad de que adolecen las apreciaciones provisionales de la Decisión impugnada puede invocarse en apoyo de un recurso contra la decisión final mediante la que concluya el procedimiento de investigación formal, confiriendo, así, una tutela judicial suficiente al recurrente. Las recurrentes concluyen que, aun cuando las facultades de la Comisión en virtud del Acuerdo de Retirada fueran impugnadas con éxito en el marco de un recurso contra la decisión final, persistiría, no obstante, la perturbación provisional de su seguridad jurídica en sus relaciones con las autoridades fiscales de Gibraltar.

69.      Si bien estas alegaciones abordan cuestiones que exceden del alcance de las presentes conclusiones, formularé las siguientes breves observaciones.

70.      En primer lugar, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ya ha precisado que no puede considerarse que la posición enunciada en un acto adoptado por una institución de la Unión en cuanto a la competencia de dicha institución para adoptar ese acto produzca, por sí misma, efectos jurídicos vinculantes en el sentido del artículo 263 TFUE. (68) Todo acto de las instituciones de la Unión, independientemente de que produzca o no efectos jurídicos vinculantes, contiene una declaración sobre la competencia de la institución de la que procede, ya sea implícita o explícitamente. Atribuir un efecto jurídicamente vinculante autónomo a tal declaración implicaría que cualquier acto adoptado por una institución podría recurrirse en virtud del artículo 263 TFUE. (69)

71.      Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la gravedad del incumplimiento imputado a la institución de que se trate no puede justificar una excepción a las causas de inadmisión por motivos de orden público previstas por el Tratado. (70) Por consiguiente, la supuesta falta de competencia de la Comisión en virtud del artículo 92, apartado 3, letra a), del Acuerdo de Retirada, y la supuesta infracción de dicho Acuerdo que se derivaría de ello son insuficientes para conferir a la Decisión impugnada un efecto jurídico vinculante.

72.      En segundo lugar, la conclusión de que la Decisión impugnada no es un acto recurrible no queda desvirtuada por las alegaciones de las recurrentes basadas en el derecho a la tutela judicial efectiva y en la situación de inseguridad jurídica a que se ven expuestas. El Tribunal de Justicia ya ha precisado que, si bien la exigencia de que el acto despliegue efectos jurídicos vinculantes debe interpretarse a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales, este derecho no tiene por objeto modificar el sistema de control jurisdiccional establecido en los Tratados y, en particular, las normas que regulan la admisibilidad de los recursos directos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. (71)

73.      Por último, se desprende de la jurisprudencia que un acto de trámite tampoco puede ser objeto de recurso cuando consta que la ilegalidad de que adolece dicho acto puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra la decisión final de la que dicho acto constituye un acto de elaboración. (72) Así sucede con la supuesta falta de competencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada.

C.      Conclusiones provisionales

74.      A la luz de las consideraciones anteriores, en mi opinión, el Tribunal General concluyó acertadamente que la Decisión impugnada no constituye un acto recurrible a los efectos del artículo 263 TFUE. Por tanto, procede desestimar el recurso de casación.

IV.    Conclusión

75.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:

–        Desestime el recurso de casación.

–        Condene a Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV y Mead Johnson Nutrition Co. a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

–        Condene al Gobierno de Gibraltar a cargar con sus propias costas.


1      Lengua original: inglés.


2      DO 2015, L 248, p. 9.


3      Véanse la sentencia de 16 de octubre de 2014, Alpiq RomIndustries y Alpiq RomEnergie/Comisión (T‑129/13, EU:T:2014:895), y los autos de 3 de marzo de 2015, Gemeente Nijmegen/Comisión (T‑251/13, EU:T:2015:142), y de 8 de diciembre de 2015, Italia/Comisión (T‑673/14, EU:T:2015:969).


4      T‑37/23, EU:T:2024:570.


5      DO 2023, C 52, p. 10.


6      Véanse los apartados 2 a 12 del auto recurrido.


7      Decisión de la Comisión relativa a la ayuda estatal SA.34914 (2013/C) ejecutada por el Reino Unido por lo que respecta al régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar (DO 2019, L 119, p. 151).


8      T‑508/19, EU:T:2022:217.


9      La Comisión recordó que la decisión fiscal anticipada concedida a MJN GibCo el 11 de septiembre de 2012 confirmaba la no imposición, con respecto a dicha sociedad, de las rentas procedentes de cánones de propiedad intelectual por su participación en una sociedad comanditaria neerlandesa, dentro del grupo MJN. En opinión de la Comisión, a raíz de la modificación de la Gibraltar Income Tax Act 2010 (Ley del Impuesto sobre la Renta de Gibraltar de 2010), adoptada en 2013 y que entró en vigor el 1 de enero de 2014, que establecía que las rentas procedentes de cánones de propiedad intelectual tributaban en Gibraltar con independencia de su origen, las autoridades de Gibraltar debían haber considerado que MJN GibCo tenía que tributar por los cánones de propiedad intelectual percibidos después del 1 de enero de 2014. En consecuencia, la Comisión consideró que el mantenimiento de la decisión fiscal anticipada de 2012 para MJN GibCo, tras la modificación de 2013 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Gibraltar de 2010, hasta su disolución, debía considerarse la medida controvertida. Tras un examen preliminar de la medida controvertida, la Comisión consideró, con carácter provisional, que esa medida concedía a MJN GibCo una ayuda estatal en forma de exención del impuesto de sociedades, potencialmente incompatible con el mercado interior.


10      DO 2020, L 29, p. 7. De conformidad con el artículo 92, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, relativo a los «procedimientos administrativos en curso», las instituciones de la Unión seguirán siendo competentes en lo que respecta a los procedimientos administrativos regulados por el Reglamento 2015/1589 que se hayan iniciado antes del final del período transitorio, el 31 de diciembre de 2020. Con arreglo al artículo 92, apartado 3, letra a), del Acuerdo de Retirada, se considerará que los procedimientos administrativos en materia de ayudas estatales se han iniciado en el momento en que se haya atribuido a los procedimientos un número de asunto. En primera instancia, las recurrentes alegaron que, dado que el expediente SA.34914 y todos los procedimientos conexos, se habían archivado y concluido mediante la adopción de la Decisión final de 2018, no existía ningún «procedimiento en curso» y, por tanto, la Comisión no podía basarse en el artículo 92, apartado 3, letra a), del Acuerdo de Retirada para declararse competente para adoptar la Decisión impugnada.


11      Véase el auto recurrido, apartados 43 a 59.


12      Véase el auto recurrido, apartados 60 y 68.


13      C‑1/09, en lo sucesivo, «sentencia CELF II», EU:C:2010:136.


14      C‑77/12 P, EU:C:2013:695.


15      C‑284/12, en lo sucesivo, «sentencia Deutsche Lufthansa» , EU:C:2013:755.


16      La Comisión sostiene que la alegación de las recurrentes de que la Decisión impugnada despliega efectos jurídicos vinculantes para ellas porque siguen estando expuestas a un eventual procedimiento de recuperación ha sido formulada de manera inexplicablemente tardía y debe declararse inadmisible, al no haberse esgrimido en el recurso de casación; igualmente, la misma alegación forma parte del escrito de contestación del Gobierno de Gibraltar al recurso de casación y también es inadmisible, en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada por motivos distintos y autónomos de los invocados en el recurso de casación. La Comisión señala, además, que tal alegación no fue formulada ante el Tribunal General ni tampoco puede formularse válidamente ante el Tribunal de Justicia contra el auto recurrido, al constituir un razonamiento nuevo.


17      Sentencia de 6 de julio de 2023, Julien/Consejo (C‑285/22 P, EU:C:2023:551), apartado 45 y jurisprudencia citada.


18      Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de febrero de 2026, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos (C‑97/23P, EU:C:2026:81), apartado 67 y jurisprudencia citada.


19      Sentencia de 10 de febrero de 2026, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos (C‑97/23 P, EU:C:2026:81), apartado 69 y jurisprudencia citada.


20      Sentencia de 10 de febrero de 2026, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos (C‑97/23 P, EU:C:2026:81), apartado 70 y jurisprudencia citada.


21      Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 1994, Italia/Comisión (C‑47/91, en lo sucesivo, «sentencia Italgrani», EU:C:1994:358), apartado 24, y de 24 de noviembre de 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952), apartado 18 y jurisprudencia citada.


22      Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), apartado 56 y jurisprudencia citada, y de 24 de noviembre de 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952), apartado 36 y jurisprudencia citada.


23      Sentencia de 15 de julio de 1964 (6/64, EU:C:1964:66).


24      Sentencia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz (120/73, EU:C:1973:15), apartado 8. Véanse, asimismo, las sentencias de 21 de noviembre de 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires y Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C‑354/90, EU:C:1991:440), apartado 11, y Deutsche Lufthansa, apartado 29.


25      Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 1996, SFEI y otros (C‑39/94, EU:C:1996:285), apartado 41; de 2 de mayo de 2019, A-Fonds (C‑598/17, EU:C:2019:352), apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 24 de noviembre de 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19, EU:C:2020:952), apartado 16 y jurisprudencia citada.


26      Véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2020, Viasat Broadcasting UK (C‑445/19 EU:C:2020:952), apartado 17 y jurisprudencia citada. Los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden pronunciarse sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior, ya que esta apreciación incumbe a la Comisión, bajo el control del Tribunal de Justicia. Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros (C‑39/94, EU:C:1996:285), apartado 42 y jurisprudencia citada.


27      Sentencia de 18 de julio de 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434), apartado 50 y jurisprudencia citada.


28      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros (C‑39/94 EU:C:1996:285), apartado 40 y jurisprudencia citada.


29      Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 1996, SFEI y otros (C‑39/94, EU:C:1996:285), apartado 40 y jurisprudencia citada, y de 26 de octubre de 2016, DEI y Comisión/Alouminion tis Ellados (C‑590/14, EU:C:2016:797), apartado 101 y jurisprudencia citada.


30      Sentencia de 23 de enero de 2019 Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51), apartado 56.


31      Véase, en este sentido, la sentencia CELF II, apartado 30; véase asimismo la sentencia Deutsche Lufthansa, apartado 31.


32      Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51), apartado 63.


33      Sentencias de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien Pipeline y Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598), apartado 26, y Deutsche Lufthansa, apartado 29.


34      Sentencia Deutsche Lufthansa, apartado 32. Los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de una solicitud de ejecución del artículo 108 TFUE, apartado 3, no pueden suspender el procedimiento mientras esté en curso el procedimiento de investigación formal (véase la sentencia CELF II, apartado 31).


35      Véase la sentencia de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51), apartados 53 y 57, con especial referencia a las demandas por daños, que, en principio, son independientes de toda investigación paralela de la Comisión relativa a la ayuda en cuestión.


36      Sentencia de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17 EU:C:2019:51), apartado 59 y jurisprudencia citada.


37      Véanse las sentencias de 12 de febrero de 2008, CELF y ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79), apartados 49 a 52; de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2019:51), apartado 59, y de 15 de diciembre de 2022, Veejaam y Espo (C‑470/20, EU:C:2022:981), apartados 56 a 66; el Derecho de la Unión solo obliga a condenar al beneficiario de la ayuda al pago de intereses por el período de ilegalidad.


38      Véase la sentencia de 12 de febrero de 2008, CELF y ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79), apartado 53.


39      Sentencia Deutsche Lufthansa, apartado 33.


40      Véase, en este sentido, la sentencia Deutsche Lufthansa, apartado 38.


41      Sentencia Deutsche Lufthansa, apartados 38 a 40.


42      Sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1), apartado 119. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, no obstante, que una resolución de un órgano jurisdiccional nacional por la que se condena a la autoridad competente del Estado miembro a abonar la ayuda ilegal con la condición de que se notifique previamente a la Comisión y de que esta institución dé su consentimiento, o se considere que lo ha dado, también puede impedir que se abone una nueva ayuda infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3.


43      Tal conclusión podía extraerse ya de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En la sentencia de 9 de octubre de 2001, Italia/Comisión (C‑400/99, en lo sucesivo, «sentencia Italia/Comisión», EU:C:2001:528), el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 57, que «el hecho de que la Comisión, en su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo [108 TFUE, apartado 2], califique, aunque solo sea provisionalmente, como ayuda nueva una ayuda actualmente en vigor que sigue pagándose y que el Estado miembro considera, en cambio, como una ayuda existente tiene efectos jurídicos autónomos». Como observa el Tribunal General en el apartado 28 del auto recurrido, el mismo razonamiento se aplica en buena lógica cuando el Estado miembro en cuestión no ha cumplido su obligación de informar por considerar que la medida en cuestión no constituía ayuda de Estado.


44      Sentencia de 5 de octubre de 1994, Italia/Comisión (C‑47/91, EU:C:1994:358), apartados 25 a 30.


45      Al menos hasta que la Comisión decida requerir la recuperación provisional de la ayuda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento 2015/1589. La mera referencia en la decisión de incoación del procedimiento a las obligaciones derivadas del artículo 108 TFUE, apartado 3, última frase, es insuficiente a tal efecto. Véase la sentencia Italia/Comisión, apartados 53 y 54.


46      Véase, en este sentido, la sentencia CELF II, apartados 35 y 36. Solo cuando se cumplen todos los requisitos enunciados en el apartado 36 de dicha sentencia, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados, según la sentencia, a conceder tales medidas cautelares previa solicitud. Véanse los apartados 36 y 38 de la sentencia.


47      Sentencia Deutsche Lufthansa, apartados 41 a 43 y fallo. Véase, en las mismas circunstancias, el auto del Tribunal de Justicia de 4 de abril de 2014, Flughafen Lübeck (C‑27/13, EU:C:2014:240), apartado 27.


48      Véase la sentencia Deutsche Lufthansa, apartado 42.


49      Sentencia Deutsche Lufthansa, apartado 44.


50      Por ejemplo, como sugería la Comisión en el apartado 62 de su Comunicación relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO 2009, C 85, p. 1), ingresar los fondos en una cuenta bloqueada con el fin de que el beneficiario no conserve su disposición (véase, en este sentido, la sentencia CELF II, apartado 37).


51      En particular, la terminología utilizada por el Tribunal de Justicia contradice la formulación de la primera cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Koblenz (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Coblenza, Alemania), en la que dicho órgano jurisdiccional preguntaba si «una decisión de la Comisión no impugnada de incoar un procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, segunda frase, tiene como consecuencia que, en el marco de un procedimiento de recurso relativo a la recuperación de los pagos efectuados y a la orden de abstenerse de efectuar pagos futuros, un órgano jurisdiccional nacional esté vinculado por el dictamen jurídico de la Comisión en dicha decisión sobre si una medida constituye una ayuda de Estado» (el subrayado es mío). También cabe señalar que el Tribunal de Justicia utilizó un lenguaje diferente al examinar la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de suspender la ejecución de la medida (véanse los apartados 38 a 40 de la sentencia Deutsche Lufthansa).


52      Sentencia de 21 de diciembre de 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).


53      Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971), apartados 23 y 24.


54      C‑27/13, EU:C:2014:240, apartado 27.


55      Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Hansestadt Lübeck(C‑524/14 P, EU:C:2016:971), apartados 30 y 31.


56      Sentencia de 21 de diciembre de 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).


57      Sentencia Italia/Comisión, apartado 59.


58      Sentencia de 21 de diciembre de 2016 (C‑524/14 P, EU:C:2016:971).


59      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica solo es admisible en la medida en que esa persona tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Tal interés, que constituye el requisito esencial y fundamental de todo recurso judicial y debe existir en la fecha de interposición del recurso y permanecer hasta el final del procedimiento, exige que la anulación del acto impugnado pueda tener, por sí mismo, consecuencias jurídicas y que el recurso, por tanto, pueda, con su resultado, proporcionar una ventaja a la parte que lo haya interpuesto: véase la sentencia de 29 de julio de 2024, Validity/Comisión (C‑51/23 P, EU:C:2024:664), apartado 32. Por tanto, el interés en ejercitar la acción se aprecia a la luz de la situación del recurrente. Por el contrario, el carácter recurrible de un acto debe apreciarse de manera objetiva, sobre la base de su esencia, y no en relación con el recurrente.


60      Las mismas consideraciones son aplicables al auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019, EDP España/Comisión [C‑536/19 P(I), EU:C:2019:965], que se refería a la cuestión de si una sociedad que se había beneficiado de la medida impugnada antes de que se adoptara la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal tenía un interés directo y efectivo en el resultado del litigio y, por tanto, debía admitirse su intervención en el recurso de anulación interpuesto contra esa decisión.


61      C‑77/12 P, EU:C:2013:695.


62      Apartado 52 y 53.


63      De la decisión controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia de 24 de octubre de 2013, Deutsche Post (C‑77/12 P, EU:C:2013:695), a saber, la Decisión de la Comisión de 12 de septiembre de 2007, «Ayuda estatal C‑36/07 (ex NN 25/07) — Ayuda estatal a Deutsche Post AG» (DO 2007, C 245, p. 21, considerando 15), se desprende que la obligación de servicio público de Deutsche Post AG, en virtud de la cual se concedieron las supuestas ayudas, aún no había expirado en el momento de la adopción de dicha Decisión.


64      Sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), apartado 104 y jurisprudencia citada.


65      Véase el auto recurrido, apartado 43.


66      Tras recordar, en el considerando 78 de la Decisión impugnada, que, a efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado, puede considerarse que entidades jurídicas distintas forman una sola unidad económica, la Comisión señala, en el considerando 79, que, en esa fase, no puede excluirse que otros miembros del grupo MJN disfrutaran de la ventaja concedida a MJN GibCo.


67      Véase, en particular, el epígrafe 5 («Conclusión») de la Decisión controvertida.


68      Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2006, Reynolds Tobacco y otros/Comisión (C‑131/03 P, EU:C:2006:541), apartado 66; el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal confirmada por el Tribunal de Justicia se refería a una decisión de la Comisión de someter el asunto a un órgano jurisdiccional de un Estado tercero.


69      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de enero de 2003, Philip Morris International/Comisión (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 y T‑272/01, EU:T:2003:6), apartado 86, confirmada por la sentencia de 12 de septiembre de 2006, Reynolds Tobacco y otros/Comisión (C‑131/03 P, EU:C:2006:541).


70      Véase, en este sentido, el auto de 10 de mayo de 2001, FNAB y otros/Consejo (C‑345/00 P, EU:C:2001:270), apartados 39 a 42. Véase, asimismo, la sentencia de 25 de marzo de 2021, Carvalho y otros/Parlamento y Consejo (C‑565/19 P, EU:C:2021:252), apartado 48.


71      Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2017, Rumanía/Comisión (C‑599/15 P, EU:C:2017:801), apartado 68.


72      Sentencia de 13 de octubre de 2011, Deutsche Post y Alemania/Comisión (C‑463/10 P y C‑475/10 P, EU:C:2011:656), apartado 53 y jurisprudencia citada.