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P9_TA(2023)0321

Relaciones con Bielorrusia

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2023, sobre las relaciones con Bielorrusia (2023/2041(INI))

(C/2024/1761)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 12 de octubre de 2020 y 21 y 22 de octubre de 2021 sobre Bielorrusia,

—	Vista la declaración conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Bruselas el 15 de diciembre de 2021,

—	Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G7, de 4 de noviembre de 2022, a propósito de Bielorrusia,

—	Vistas las declaraciones del alto representante, Josep Borrell, de 3 de marzo de 2023, sobre la condena de Ales Bialiatski y otros defensores de los derechos humanos, y de 17 de enero de 2023, sobre el juicio contra líderes de la oposición y periodistas en Bielorrusia,

—

Vistos los informes de Anaïs Marin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 4 de mayo de 2022 y 20 de julio de 2022, el llamamiento de expertos de las Naciones Unidas, de 10 de octubre de 2022, en favor de la liberación inmediata del premio nobel de la paz encarcelado Ales Bialiatski y de otros defensores de los derechos en Bielorrusia, y el comentario de la portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, de 3 de marzo de 2023, sobre la condena de defensores de los derechos humanos en Bielorrusia,

—	Vista la declaración de independencia de Bielorrusia de la Unión Soviética de 25 de agosto de 1991,

—	Vista la declaración de soberanía estatal de la República Socialista Soviética de Bielorrusia de 27 de julio de 1990,

—	Vistos los Acuerdos de Belavezha, ratificados el 10 de diciembre de 1991 por el Consejo Supremo de Bielorrusia, que proclamaron que la Unión Soviética había dejado de existir,

—	Vista la Constitución de la República de Bielorrusia aprobada el 15 de marzo de 1994,

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y todos los demás convenios sobre derechos humanos en los que Bielorrusia es parte,

—	Vistos la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 25 de junio de 1993,

—	Visto el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares,

—	Visto el Memorando de Budapest sobre Garantías de Seguridad,

—	Visto el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch sobre Bielorrusia,

—	Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

—	Visto el segundo informe de evaluación del Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa, de 28 de junio de 2022, sobre la aplicación por parte de Bielorrusia del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos,

—	Vistos los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 4 de marzo de 2022 y de 3 de febrero de 2023, sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con posterioridad a ellas,

—	Visto el informe del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 11 de mayo de 2023, sobre la amenaza grave a la dimensión humana de la OSCE en Bielorrusia desde el 5 de noviembre de 2020,

—

Visto el informe de la misión de investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional, de julio de 2022, titulado «Event involving Ryanair flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021 » (Incidente relacionado con el vuelo de Ryanair FR4978 en el espacio aéreo bielorruso el 23 de mayo de 2021),

—

Vista la Resolución 2495 (2023) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 27 de abril de 2023, titulada «Deportations and forcible transfers of Ukrainian children and other civilians to the Russian Federation or to temporarily occupied Ukrainian territories: create conditions for their safe return, stop these crimes and punish the perpetrators» (Deportaciones y traslados forzosos de niños ucranianos y otros civiles a la Federación de Rusia o a territorios ucranianos ocupados temporalmente: crear las condiciones para su retorno seguro, poner fin a estos delitos y castigar a los autores),

—

Vistas la Decisión GB.347/INS/14 (Rev. 1) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 20 de marzo de 2023, y su Resolución, de 12 de junio de 2023, sobre las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT sobre la cuestión de Belarús,

—	Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0258/2023),

Considerando que, transcurridos tres años desde las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020, el régimen ilegítimo de Aliaksandr Lukashenka está exacerbando su represión sistemática contra el pueblo bielorruso, que se extiende a todos los segmentos de la sociedad, incluidas las personas vulnerables y marginadas; que los tribunales han condenado a más de 3 000 personas a diversas penas por acusaciones de motivación política y que más de 1 500 siguen encarceladas por motivos políticos, mientras que miles son torturadas al objeto de que no admitan que tienen ese estatuto y viven bajo la continua presión de las intimidaciones, amenazas y posibles detenciones y acusaciones falsas; que el régimen de Lukashenka ha ejecutado cientos de condenas políticas por cargos penales, incluida la retirada de sus licencias a casi cien abogados bielorrusos, el cierre de cientos de medios de comunicación y la baja en el registro de más de mil organizaciones no gubernamentales (ONG); que numerosos empresarios de medios de comunicación y periodistas se han visto obligados a huir de Bielorrusia y a relanzar sus actividades desde el exilio, principalmente desde Lituania y Polonia; que más de treinta periodistas y trabajadores de los medios de comunicación siguen encarcelados por acusaciones penales falsas; que cuatro importantes sindicatos independientes y el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia han sido clausurados y al menos catorce de sus dirigentes y miembros han sido encarcelados; que los presos políticos liberados hacen frente a una discriminación extrema, ya que el régimen les prohíbe la libre circulación y les impide acceder al mercado laboral, a sus cuentas bancarias y a otros activos financieros; que, las acciones del régimen y la negación de asistencia médica y legal han conducido al fallecimiento de presos políticos, incluidos Vitold Ashurak, Dzmitry Dudoits, Aliaksandr Vikhor, Mikalai Klimovicz, Dzmitryj Sarokin y Ales Pushkin; que solo en los últimos años alrededor de 300 000 bielorrusos han huido del país por miedo a afrontar un destino similar;

B.	Considerando que el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Bielorrusia ha comparado la represión perpetrada por el régimen de Lukashenka con crímenes contra la humanidad;

Considerando que en mayo y junio de 2023 respectivamente se cumplieron tres años desde la detención del bloguero de la oposición bielorrusa Siarhiej Tsikhanouski y de Viktar Babaryka bajo acusaciones de motivación política en medio de sus intentos por hacerse con la presidencia bielorrusa; que Palina Sharenda-Panasiuk, presa política y activista de la campaña civil Bielorrusia Europea, decidió renunciar a su ciudadanía bielorrusa en protesta contra las lacerantes condiciones de encarcelamiento y que, tras rellenar una solicitud formal, fue escoltada a fin de someterse a un examen psiquiátrico desconociéndose desde entonces su paradero;

D.	Considerando que al menos 1 300 niños con discapacidad en Bielorrusia están internados en instituciones que tienen problemas para llevar a cabo unos diagnósticos adecuados y facilitar una educación o la reintegración social y que adolecen de una falta de rendición de cuentas y de transparencia;

Considerando que la comunidad internacional, incluida la Unión y sus Estados miembros, no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales fraudulentas ni a Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia; que las autoridades bielorrusas no han llevado a cabo una investigación efectiva sobre las acusaciones generalizadas de torturas y otros malos tratos a manifestantes pacíficos por parte de agentes de policía en agosto de 2020, tras la votación presidencial fraudulenta;

Considerando que el régimen está eliminando los últimos restos de pluralismo político en el país, también mediante el denominado nuevo registro de los partidos políticos, de inminente puesta en marcha, que puede conducir a la supresión de todos los partidos salvo aquellos que apoyan el régimen; que la nueva Constitución de febrero de 2022 crea nuevas instituciones no democráticas que solo sirven para asegurar el control del poder por parte del régimen y que priva al Parlamento bielorruso del último viso de opinión sobre el proceso político;

Considerando que las enmiendas al Código Penal bielorruso que entraron en vigor en enero de 2022 reintroducen la responsabilidad penal en caso de participación en actividades de organizaciones no registradas; que ninguna organización de derechos humanos opera actualmente en el país de forma legal; que, en mayo de 2022, tras la entrada en vigor de nuevas enmiendas al Código Penal, las autoridades ampliaron la aplicación de la pena capital a la tentativa de actos de terrorismo, acusación utilizada anteriormente en juicios contra activistas políticos; que, en julio de 2022, Lukashenka promulgó una ley que permite las investigaciones y los juicios en rebeldía en virtud de cuarenta y ocho artículos del Código Penal; que, en enero de 2023, el régimen de Lukashenka promulgó una ley que retirará la ciudadanía a los exiliados a los que acuse de los denominados delitos relacionados con el extremismo, quienes conforman una lista que ya incluye a más de 2 000 personas;

Considerando que el régimen de Lukashenka está socavando peligrosamente la soberanía de Bielorrusia al convertir al país en un Estado satélite de Rusia y permitir que sea absorbido por Rusia en una denominada Unión de Estados, lo que eleva enormemente el riesgo de una ocupación directa contraria al claro deseo de la mayoría de los bielorrusos; que Lukashenka ha sugerido un pacto de Unión de Estados entre Bielorrusia, Rusia y Kazajistán para compartir armas nucleares;

Considerando que el régimen de Lukashenka sigue destruyendo las manifestaciones de la identidad nacional de los bielorrusos, incluidas la lengua y la cultura nacionales; que está aplicando una política agresiva de rusificación mediante detenciones arbitrarias y, en particular, a través del trato brutal de personalidades del mundo de la cultura, incluidos escritores, artistas y músicos, y de personas que hablan bielorruso en público, así como prohibiendo símbolos nacionales e históricos de Bielorrusia, como la bandera blanca roja y blanca y el escudo de armas de Pahonia, y clausurando editoriales, escuelas privadas y cursos de lengua bielorrusa;

Considerando que el régimen de Lukashenka sigue marginando a las minorías étnicas, religiosas y sexuales, en particular a las comunidades étnicas lituanas y polacas, persiguiendo a sus dirigentes, como Andrzej Poczobut, clausurando instituciones educativas lituanas y polacas, eliminando la educación en sus lenguas étnicas y destruyendo los cementerios conmemorativos polacos; que también sigue reprimiendo a las comunidades y personas religiosas, lo que viola el derecho a la libertad de religión y creencias; que numerosos sacerdotes y pastores católicos romanos, protestantes, ortodoxos y católicos griegos han sido objeto de diversas formas de persecución, que van desde multas a largas penas de cárcel; que la Iglesia ortodoxa bielorrusa sirve en muchos casos a los intereses del régimen, incluido el apoyo a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; que el antiguo arzobispo de Grodno, Artemy Kishchanka, quien era el único jerarca de la Iglesia ortodoxa bielorrusa subordinada a Moscú —el exarcado bielorruso— que condenó la violencia empleada por el régimen de Aliaksandr Lukashenka contra manifestantes pacíficos en 2020, fue enviado al retiro, durante el cual fue objeto de acoso, lo que afectó a su salud y aceleró su fallecimiento;

Considerando que las personas LGBTI se enfrentan en Bielorrusia a una mayor discriminación y violencia sistémicas; que Bielorrusia podría introducir legislación sobre «propaganda» LGBTI similar a la de Rusia; que los bielorrusos que viven, trabajan o buscan refugio en Rusia se hallan entre las personas más vulnerables a la represión transnacional por parte de las autoridades bielorrusas;

Considerando que las autoridades bielorrusas recurren a menudo a la vigilancia, la censura en línea y la desinformación, desplegando tecnologías para controlar a la población; que dicha práctica represiva representa otro paso hacia el autoritarismo digital y la supresión de los derechos digitales de la población en Bielorrusia, lo que da lugar a una escalada de la intimidación de los ciudadanos y a la reducción del espacio cívico;

Considerando que, en octubre de 2022, Bielorrusia se retiró del Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con efectos a partir del 8 de febrero de 2023, bloqueando así el mandato del Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas para recibir y examinar las denuncias relacionadas con derechos humanos de personas en Bielorrusia; que este hecho dejó a los bielorrusos desprovistos de protección internacional, puesto que ni el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueden tomar en consideración las denuncias de bielorrusos;

Considerando que el régimen ilegítimo de Lukashenka respalda de forma activa y se ha convertido por completo en cómplice de la guerra de agresión injustificada de Rusia contra Ucrania y sus crímenes de guerra; que el régimen permite y apoya directamente la agresión militar rusa contra Ucrania y el uso por parte de Rusia de medios de terrorismo, como demuestran el desvío del vuelo de Ryanair FR4978 en mayo de 2021 y el anuncio de acogida de la organización terrorista Grupo Wagner, patrocinada por el Estado ruso; que la mayoría de bielorrusos son contrarios a la participación de su país en esta guerra y lo demuestran organizando protestas pacíficas que dan lugar a detenciones, enjuiciamientos y mala praxis policial, saboteando el transporte de equipamiento militar ruso y uniéndose o apoyando a los regimientos bielorrusos que luchan junto a las fuerzas armadas ucranianas; que, siendo el único país de Europa y Asia Central que aplica la pena de muerte, la está utilizando para disuadir de toda resistencia a la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; que la complicidad del régimen de Lukashenka en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha sido denunciada enérgicamente por la Unión y la OTAN y ha dado lugar a un enfoque común entre ambas organizaciones basado en evaluaciones similares o incluso conjuntas, y que la cooperación UE-OTAN debe reforzarse en consecuencia;

Considerando que, el 27 de abril de 2023, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció por unanimidad la deportación, reeducación y rusificación de menores ucranianos, algunos de los cuales han sido enviados al campo de Dubrava, propiedad de Belaruskali; que estos delitos, de los que el régimen de Lukashenka es cómplice, pueden constituir genocidio;

Considerando que el régimen de Lukashenka representa una amenaza directa para la Unión y la seguridad de sus ciudadanos; que esto queda demostrado por su aceptación del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en su territorio, su negativa a aplicar los requisitos de seguridad nuclear en la central nuclear bielorrusa de Astravyets, su secuestro orquestado de un vuelo civil (Ryanair FR4978), su continua instrumentalización de la migración y la trata de seres humanos, su retórica de guerra agresiva desde agosto de 2020 y su promoción de una mayor presencia militar rusa en Bielorrusia mediante maniobras conjuntas permanentes;

Considerando que el régimen de Lukashenka sigue forzando a migrantes de terceros países a atravesar sus fronteras con Letonia, Lituania y Polonia; que en Bielorrusia los migrantes se enfrentan a torturas y otros malos tratos por parte de los guardias fronterizos y otros agentes, a obstáculos para solicitar asilo o a su devolución;

Considerando que las fuerzas democráticas bielorrusas lideradas por Sviatlana Tsikhanouskaya tienen una estructura bien establecida que recibe continuamente un reconocimiento internacional, incluida la reciente formación del Gabinete de Transición Unido, la renovación del Consejo de Coordinación y la apertura de la Misión de la Bielorrusia Democrática en Bruselas; que el Gabinete de Transición Unido, los miembros de la diáspora de diversos partidos de la oposición democrática y otros bielorrusos desempeñan un papel fundamental a la hora de seguir prestando apoyo activo a los presos políticos, a sus familias y a los activistas que aún se encuentran en Bielorrusia;

S.	Considerando que Sviatlana Tsikhanouskaya y los dirigentes de los partidos políticos democráticos han declarado públicamente las aspiraciones europeas de los bielorrusos;

Considerando que, en respuesta a la represión en curso, la Unión y sus Estados miembros han adoptado un conjunto de medidas restrictivas contra el régimen de Lukashenka, incluidas sanciones contra 195 individuos y 34 entidades culpables de participación directa en violaciones de derechos humanos y de ayudar al régimen; que, la Unión y sus Estados miembros han asignado más de 100 000 000 EUR al apoyo al pueblo bielorruso y sus aspiraciones democráticas;

Considerando que el régimen de Lukashenka está mitigando el efecto de las sanciones occidentales a Bielorrusia utilizando asistencia prestada por Rusia, que incluye el uso de la infraestructura portuaria y de transporte rusa para la exportación de productos bielorrusos, el acceso preferencial al mercado ruso y el aplazamiento de los pagos de la deuda a Rusia, así como eludiendo las sanciones;

Considerando que, como consecuencia de las sanciones occidentales, el PIB de Bielorrusia se redujo en un 4,7 % en 2022, un descenso que supone la mitad de lo esperado; que las importaciones de la Unión desde Bielorrusia en 2022 se redujeron a menos de la mitad en comparación con los años anteriores, de 6 540 000 000 EUR en 2021 a 3 190 000 000 EUR; que las exportaciones de Bielorrusia a Rusia aumentaron en un 40 %, de 16 300 000 000 USD en 2021 a 23 000 000 000 USD en 2022; que las exportaciones de Bielorrusia a China casi se duplicaron en 2022;

Considerando que el régimen de Lukashenka está restaurando el modelo económico de planificación central de la era soviética, en particular la regulación de los precios minoristas, el mantenimiento de la producción industrial de las empresas de propiedad estatal a un nivel alto incluso cuando no existe demanda y la represión contra las empresas privadas, incluidas la prohibición a los inversores extranjeros de vender sus acciones en empresas en Bielorrusia y la imposición de normas que permiten la confiscación de la propiedad privada; que Bielorrusia no ha acatado las conclusiones principales de la comisión de investigación de la OIT de 2004 y que el régimen de Lukashenka ha continuado persiguiendo a los sindicalistas;

X.	Considerando que, como consecuencia del apoyo de la Unión, cientos de bielorrusos perciben actualmente becas y muchos más reciben formación en línea para reforzar sus capacidades profesionales y participarán en intercambios profesionales;

Represión continua por parte del régimen de Lukashenka y apoyo de la Unión a los reprimidos

Condena en los términos más enérgicos la represión constante y las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos cometidas de forma permanente por el régimen de Lukashenka, incluidos los múltiples casos de malos tratos y torturas, y las detenciones en régimen de incomunicación de presos políticos y otras personas enjuiciadas por acusaciones de motivación política, como periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas de sindicatos independientes y otras personas, así como la asistencia médica inadecuada que se les presta; condena asimismo la presión ejercida sobre las personas perseguidas mediante la detención y condena deliberadas de sus familiares y la revocación de las licencias de sus abogados; reitera su solidaridad con el valiente pueblo bielorruso y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que defienden una Bielorrusia soberana, libre y democrática, en la que prevalezcan la justicia, la paz y los derechos humanos, arriesgando su libertad y sus vidas;

Exige que el régimen de Lukashenka ponga fin a esta espiral de violencia, torturas, represión y propaganda contra las voces disidentes y los críticos percibidos, libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, sus familiares y todas las personas detenidas arbitrariamente, declare una amnistía universal para todos los detenidos por motivos políticos desde 2020 y permita el traspaso pacífico del poder tras la organización de unas elecciones libres y justas;

Pide a las autoridades bielorrusas que pongan fin de inmediato a las condiciones crueles, inhumanas y degradantes de detención y encarcelamiento de los presos políticos, incluida la denegación de tratamiento médico, de productos básicos de higiene y del acceso a abogados y familiares; condena la práctica de las «detenciones en cadena», o extensiones injustificadas de la detención preventiva por delitos menores o acusaciones inventadas de «extremismo»; expresa su profunda preocupación por que los líderes de la oposición democrática encarcelados Viktar Babaryka y Maria Kalesnikava hayan sido trasladados en secreto a un hospital sin que se haya facilitado información alguna sobre su estado de salud; manifiesta también su preocupación por la persistente falta de información sobre el estado de los políticos de la oposición Siarhei Tsikhanouski, Mikalai Statkevich y Maksim Znak, los periodistas Ihar Losik, Katsiaryna Bakhvalava (pseudónimo: Andreyeva) y Andrzej Poczobut, el último de los cuales es asimismo uno de los líderes de la minoría polaca en Bielorrusia, y la activista de la campaña cívica Bielorrusia Europea Palina Sharenda-Panasiuk;

Pide al régimen de Lukashenka que proporcione inmediatamente el tratamiento médico necesario y que garantice una supervisión médica adecuada a todos los presos políticos con enfermedades y problemas de salud graves, incluidos Maria Kalesnikava, Viktar Babaryka, Ales Bialiatski, Ryhor Kastusiou, Iryna Melkher, Halina Dzerbysh, Henadz Fiadynich, Marfa Rabkova, Vasil Berasneu, Viachaslau Areshka, Uladzimir Hundar, Uladzimir Matskevich, Mikalai Statkevich, Alena Hnauk, Andrei Voinich, Aliaksandr Fiaduta, Mikita Zalatarou, Dzmitry Zalomski, Aliaksei Hubich, Vadzim Hurman, Antanina Kanavalava, Andrei Skurko, Darya Afanasieva, Arsenii Maiseichyk, Ihar Mints, Pavel Hancharyk, Siarhei Batura, Viachaslau Dashkevich, Daniil Kastsiukevich, Mikhail Khamitsevich, Palina Sharenda-Panasiuk, Andrzej Poczobut, Kseniya Lutskina, Maryna Markevich, Yauhen Liulkovich, Volha Tsybulskaya, Volha Zalatar, Artsiom Bayarski, Pavel Kuchynski, Uladzimir Malakhouski, Ruslan Slutski, Alena Maushuk, Larysa Kuzmenka, Kiryl Palcheuski, Yury Prakharenka, Siarhei Verashchahin, Viachaslau Rahashchuk, Aliaksandr Kapshul, Raman Karanevich, Vital Melnik, Aksana Zaretskaya y Viktoryia Kulsha;

Pide a las autoridades bielorrusas que permitan a diplomáticos y organizaciones internacionales, incluidas las fundaciones médicas independientes, en particular al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), visitar a los presos políticos para que puedan evaluar su condición y prestar ayuda; pide a la Comisión, a los Estados miembros de la Unión y a instituciones internacionales como el CICR o Unicef que sigan proporcionando un apoyo sistemático y exhaustivo a los presos políticos bielorrusos y a sus familiares que se encuentren en una situación económica vulnerable, así como a los presos políticos que hayan cumplido sus sentencias, incluidos apoyo financiero y asistencia mediante rehabilitación médica y psicológica;

Pide una investigación independiente y un informe de expertos sobre las muertes de presos políticos bajo custodia del régimen y sobre la muerte del activista Raman Bandarenka en noviembre de 2020, provocada por una brutal paliza propinada presuntamente por agentes de policía vestidos de paisano o agentes interpuestos;

Pide al régimen de Lukashenka que se abstenga de cualquier tipo de acoso, también contra antiguos presos políticos que ya hayan sido liberados; insta al régimen a que permita a estos antiguos presos vivir sus vidas en libertad y les brinde un acceso pleno al mercado laboral y a la vida social, así como a sus cuentas bancarias y sus activos; expresa su profunda preocupación por el presunto uso del trabajo forzoso de reclusos en las colonias penales bielorrusas, en particular por parte de proveedores de grandes empresas establecidas en la Unión; pide a todas las empresas establecidas en la Unión que suspendan las relaciones con cualquier proveedor bielorruso que emplee el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, incluso con aquellos que aún no estén sujetos a medidas restrictivas, y pide al Consejo que imponga sanciones a cualquier empresa bielorrusa que emplee el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro; acoge con agrado la reciente adopción de la Resolución de la OIT sobre las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT sobre la cuestión de la violación sistemática de la libertad de asociación, la supresión del movimiento sindical democrático y la persecución continuada de líderes y activistas sindicales independientes por parte de Bielorrusia, y pide a los países miembros de la OIT que actúen en consecuencia;

Reitera que la retirada unilateral del régimen de Lukashenka de la política de la Asociación Oriental, anunciada el 28 de enero de 2021, carece de legitimidad, ya que no refleja la verdadera voluntad del pueblo bielorruso y sus aspiraciones a un Estado libre y democrático;

Reitera su condena de la decisión del régimen de Lukashenka de retirar a Bielorrusia del Convenio de Aarhus, acuerdo internacional mediante el que se aplica el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible;

10.

Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que estudien la posibilidad de permitir que representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas, en particular Sviatlana Tsikhanouskaya, representante legítimo del pueblo bielorruso, y la sociedad civil ocupen los escaños vacíos ocupados anteriormente por representantes de las autoridades bielorrusas en foros bilaterales y multilaterales, en particular en el marco de la política de la Asociación Oriental; pide a la Comisión que incluya expertos bielorrusos independientes no afiliados al régimen como representantes nacionales de Bielorrusia en programas de cooperación como EU4Climate, EU4Environment y otras iniciativas; anima al Consejo de Asuntos Exteriores a que extienda una invitación permanente a Sviatlana Tsikhanouskaya, como dirigente del Gabinete de Transición Unido bielorruso, a asistir a las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores relacionadas con Bielorrusia; pide a los dirigentes de los Estados miembros, así como a los dirigentes políticos de los restantes Estados participantes de la Comunidad Política Europea, que incluyan a las fuerzas democráticas bielorrusas en la Comunidad Política Europea, por ejemplo, otorgándole un estatuto de observador;

11.

Denuncia los «simulacros de juicios» por motivos políticos destinados a infundir miedo a los representantes y partidarios de las fuerzas democráticas, la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, los sindicatos libres, los defensores de los derechos humanos y las minorías nacionales, religiosas y sexuales; condena la decisión de las autoridades bielorrusas, de 23 de agosto de 2023, de declarar «organización extremista» al prestigioso Centro de Derechos Humanos de Viasna y a todas sus secciones, y pide la inmediata liberación de su presidente y fundador, Ales Bialiatski, galardonado con el Premio Nobel de la Paz y el Premio Sájarov, y de sus colegas Valiantsin Stefanovich, Uladzimir Labkovich, Marfa Rabkova y Andrei Chapiuk denuncia, en particular, la condena a largas penas de prisión de Ales Bialiatski, Henadz Fiadynich, Vasil Berasneu, Viachaslau Areshka, Maryna Zolatava y Liudmila Chekina, así como la condena en rebeldía de destacadas personalidades de las fuerzas democráticas como Sviatlana Tsikhanouskaya, Pavel Latushka, Maryia Maroz, Volha Kavalkova, Siarhei Dyleuski, Valery Tsapkala, Stsiapan Putsila y Yan Rudzik, por acusaciones falsas de «conspiración para tomar el poder» o «creación de organizaciones extremistas»; condena el prolongado encarcelamiento de los líderes de la oposición democrática Pavel Sevyarynets y Mikalai Statkevich; condena los actos del régimen de Lukashenka de represión transnacional contra bielorrusos en el extranjero, así como la facilitación y la cooperación activa por parte de Rusia en dicha represión; insta al régimen a que deje inmediatamente de retirar o amenazar con retirar a los padres la custodia de sus hijos como forma de castigarlos por protestar o ser políticamente activos; anima al Consejo y a la Comisión a que encuentren nuevas vías para trabajar en pro de la liberación de todos los presos políticos en Bielorrusia;

12.

Insta a las autoridades bielorrusas a que conmuten inmediatamente todas las condenas a muerte y a que establezcan una moratoria inmediata sobre la aplicación de la pena de muerte, como primer paso hacia su abolición total y permanente;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan permitiendo que los defensores de los derechos humanos, los abogados y las organizaciones de la sociedad civil presten servicios a los presos políticos y sus familias, en especial de asistencia social, asistencia sanitaria y defensa pública; pide a los diplomáticos de la Unión y sus Estados miembros que, pese a las dificultades existentes, colaboren con los representantes de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, los grupos en favor de la democracia y las familias de los presos políticos en Bielorrusia y los apoyen;

14.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior que cooperen con socios internacionales, como el Mecanismo de Moscú de la OSCE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno, en el seguimiento, la documentación y la notificación de las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que están teniendo lugar en Bielorrusia, a fin de asegurar la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas; recalca el valioso trabajo de las ONG dentro y fuera de Bielorrusia que documentan casos de tortura y, de este modo, sientan una importante base para el futuro enjuiciamiento de los crímenes cometidos por el régimen de Lukashenka; reitera su apoyo a la Plataforma Internacional para la Rendición de Cuentas en Bielorrusia;

15.

Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión para que preparen el terreno de cara al enjuiciamiento penal de los altos cargos bielorrusos responsables o cómplices de fraude electoral, de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad, en virtud de los principios aceptados de jurisdicción extraterritorial y universal; se hace eco del llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas consideren este modo de trabajo en favor de la rendición de cuentas; respalda la continuación de los debates sobre la posible creación en La Haya de un tribunal internacional para las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia;

Implicación del régimen de Lukashenka en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania

16.

Condena en los términos más enérgicos la participación del régimen de Lukashenka en la guerra de agresión injustificada, ilegal y no provocada de Rusia contra Ucrania y su promoción de la incitación al odio, la desinformación y la propaganda, haciéndose eco de la retórica belicosa de Moscú; condena, a este respecto, el suministro masivo por parte del régimen de munición y material militar a los agresores rusos, en particular la fabricación de componentes para el ejército ruso, así como el estacionamiento de tropas rusas en Bielorrusia y su formación por parte de instructores bielorrusos, la acogida de la organización terrorista ilegal y patrocinada por el Estado Grupo Wagner, la amenaza de unirse a la agresión, junto con el estacionamiento de tropas cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, que fija a las tropas ucranianas en dicho lugar, y el uso del territorio, el espacio aéreo y la infraestructura bielorrusos como base desde la que poner en marcha la invasión, así como los continuos ataques con misiles contra objetivos militares y civiles en Ucrania; observa que la inmensa mayoría de los bielorrusos desaprueba esta participación múltiple en la guerra de agresión de Rusia; expresa su pleno apoyo a los activistas bielorrusos que presentan resistencia a los agresores en el interior de Bielorrusia mediante la interrupción de líneas de ferrocarril y otras líneas de suministro utilizadas por las fuerzas militares rusas, así como a los ciberpartisanos bielorrusos y a los voluntarios, en particular a los regimientos Kastuś Kalinouski y el antiguo Pahonia, que luchan con valentía junto con el ejército ucraniano para repeler a los agresores; apoya plenamente la prestación de asistencia a estos resistentes;

17.

Denuncia el traslado ilegal de más de 2 150 niños, incluidos huérfanos, de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia a los denominados «campos recreativos» en Bielorrusia, donde son sometidos a una rusificación y adoctrinamiento; condena enérgicamente la participación de la Cruz Roja de Bielorrusia en la deportación ilegal de niños ucranianos; apoya la investigación de la Fiscalía ucraniana sobre el papel de Bielorrusia en las deportaciones forzosas y opina que las acciones del propio Lukashenka y su régimen podrían equivaler al crimen contra la humanidad de «deportación o traslado forzoso de población» en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI); considera a Lukashenka tan responsable de estos crímenes de guerra como Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova y pide, por tanto, a la CPI que valore la emisión de una orden internacional similar para la detención de Lukashenka; pide al Consejo que amplíe la lista de individuos objeto de las sanciones de la Unión para incluir a los implicados en deportaciones forzosas de niños ucranianos a Bielorrusia;

18.

Pide unas mayores sinergias y coherencia entre la Brújula Estratégica de la Unión y el Concepto Estratégico de la OTAN, en particular en lo que se refiere a su aplicación, con vistas a contrarrestar la agresión de Rusia contra Ucrania y la complicidad del régimen de Lukashenka en este conflicto; subraya la importancia de intensificar la cooperación entre la Unión y la OTAN a la hora de tratar todos los aspectos pertinentes de la implicación de Bielorrusia en la guerra de Rusia contra Ucrania; estima necesario desarrollar una estrategia común para preservar la independencia de Bielorrusia, que incluya apoyo internacional a tal fin y en favor de la transición del país hacia la democracia, con la participación de la Unión y de instituciones internacionales como la OSCE, el Consejo de Europa y el G7;

19.

Considera que, al permitir la guerra de agresión injustificada de Rusia contra Ucrania, el régimen de Lukashenka se ha convertido en cómplice de los crímenes cometidos por Rusia, lo que conlleva una responsabilidad por la destrucción y los daños causados en Ucrania; estima, además, que el tribunal internacional especial sobre el crimen de agresión perpetrado por Rusia contra Ucrania debe tener jurisdicción para investigar no solo a Putin y a los dirigentes políticos y militares rusos, sino también a los dirigentes bielorrusos; pide, por tanto, a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para posibilitar el enjuiciamiento penal de los funcionarios bielorrusos cómplices del crimen de agresión, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de genocidio cometidos contra Ucrania; acoge favorablemente, a este respecto, las medidas adoptadas para el establecimiento de una oficina nacional de la CPI en Ucrania; pide a la Unión y a sus Estados miembros que encuentren vías legales para incautar los bienes de los dirigentes bielorrusos y las entidades bielorrusas conexas implicadas en el esfuerzo bélico ruso y, si es posible, destinarlos a apoyar la reconstrucción de Ucrania;

20.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que amplíen y refuercen el alcance de sus sanciones (medidas restrictivas) y que adopten un nuevo conjunto de sanciones contra Bielorrusia y Rusia y las personas físicas y jurídicas responsables o cómplices de violaciones graves de los derechos humanos en Bielorrusia, en virtud de los regímenes de sanciones a Rusia y Bielorrusia y del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la UE), que incluya a jueces, fiscales, funcionarios policiales, penitenciarios y de colonias penitenciarias, propagandistas y agentes de los infames KGB y GUBOPiK/HUBAZiK (Dirección principal para la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción);

21.

Pide que se copien contra Bielorrusia las sanciones vigentes contra Rusia; insiste en que la potasa bielorrusa, que es la principal fuente de ingresos del régimen, debe permanecer en la lista de sanciones y no debe transportarse por territorio de la Unión, en especial dado que el principal productor de potasa, Belaruskali, está directamente implicado en el traslado ilegal, la rusificación y el adoctrinamiento de niños ucranianos; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que aumenten urgentemente su capacidad para evaluar el efecto real de las sanciones y los posibles daños colaterales, con el fin de garantizar la plena aplicación de todas las medidas restrictivas que afectan a Bielorrusia y a individuos bielorrusos e impedir todo régimen de elusión, así como a que presten un apoyo adecuado al trabajo del enviado especial internacional para la aplicación de las sanciones de la Unión, al objeto de abordar todas las lagunas y mejorar la aplicación eficaz de todas las sanciones;

22.

Pide que se incluya a Rusia y Bielorrusia en la lista de la Unión de terceros países de alto riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; pide que se elabore una lista de los familiares directos de las personas relacionadas con el régimen criminal de Lukashenka que estén disfrutando de la hospitalidad de los países de la Unión; pide la revisión inmediata de sus visados de entrada y su estatuto de residencia; insta al Comité Olímpico Internacional y al resto de las federaciones deportivas internacionales a que no permitan a atletas de Bielorrusia y de Rusia, muchos de los cuales apoyan o incluso han participado en la guerra de agresión injustificada de Rusia contra Ucrania, competir en los Juegos Olímpicos de París de 2024 o en cualquier otra competición deportiva internacional;

23.

Lamenta que algunos Estados miembros estén presionando para que se levanten las sanciones contra los productores de potasa bielorrusos, incluido Belaruskali, y pide a los Estados miembros que definan enfoques comunes ante los retos que plantean las sanciones; condena a los terceros países que están ayudando a Rusia y a Bielorrusia a eludir las sanciones en vigor y pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien sanciones secundarias contra esos terceros países; deplora la visita oficial a Minsk del ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría en febrero de 2023, que contradice la política de la Unión sobre Bielorrusia, Rusia y la guerra de agresión contra Ucrania; pide al Consejo y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que estudien nuevas medidas más allá de las sanciones y que desarrollen un enfoque coherente y global a largo plazo con respecto a Bielorrusia, en estrecha coordinación con los socios de la Unión;

Soberanía de Bielorrusia y protección de su lengua y su cultura nacional

24.

Observa con gran preocupación la creciente subordinación política, económica, militar y cultural de Bielorrusia respecto de Moscú; lamenta que Bielorrusia se haya convertido en un Estado satélite de Rusia y condena las acciones de ambos regímenes, que podrían dar lugar a la posible absorción y anexión de Bielorrusia por parte de Rusia; denuncia el revisionismo histórico del régimen de Lukashenka y sus intentos de justificar sus crímenes, en particular la represión del pueblo bielorruso y la guerra de agresión contra Ucrania; condena el despliegue de armas nucleares tácticas rusas bajo mando ruso en territorio bielorruso, en flagrante violación de la condición de Bielorrusia de país sin armas nucleares, que se revocó tras el referéndum constitucional fraudulento del 27 de febrero de 2022; reitera su condena de dicho despliegue, que viola el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y puede dar lugar a nuevos despliegues nucleares en la región; pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la OTAN que adopten todas las medidas posibles para afrontar dicho despliegue; lamenta la retórica amenazadora de Lukashenka sobre el posible uso de armas nucleares; pide a la Unión que trabaje en cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear para garantizar la seguridad nuclear en la central bielorrusa de Astravyets, y lamenta que el segundo reactor de dicha central nuclear bielorrusa se haya puesto en marcha sin que se hayan abordado adecuadamente las preocupaciones en materia de seguridad nuclear planteadas por la comunidad internacional; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que no reconozcan ningún acuerdo firmado por el régimen de Lukashenka con Rusia por el que se ceda la soberanía de Bielorrusia en contra de la voluntad del pueblo;

25.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que mantengan la unidad a la hora de hacer frente a las múltiples amenazas que plantea el régimen de Aliaksandr Lukashenka a la Unión, en particular la continua y creciente instrumentalización estatal de la migración, que provoca deliberadamente sufrimiento humano en las fronteras de Bielorrusia con Letonia, Lituania y Polonia y más allá; condena enérgicamente el uso de la migración con fines políticos por parte de las autoridades bielorrusas y lo considera una represalia deliberada orquestada por el régimen de Lukashenka contra los Estados miembros de la Unión por su apoyo a las fuerzas democráticas de Bielorrusia, destinada a desestabilizar a esos Estados miembros; manifiesta su preocupación por la situación humanitaria a lo largo de las fronteras de Bielorrusia con Estados miembros de la Unión; pide a estos Estados miembros de la Unión que se adhieran al Derecho de la Unión, ya que la defensa de las normas europeas básicas, el Derecho internacional y el respeto de la dignidad de toda vida humana, en especial ante desafíos, se sitúan en el eje del proyecto democrático europeo del que la Unión desea que también Bielorrusia forme parte; recalca la necesidad de garantizar el derecho al asilo al tiempo que se proporcionan unas condiciones de acogida humanas y dignas a los migrantes y los solicitantes de asilo bloqueados en la frontera;

26.

Opina que la llegada a Bielorrusia de la compañía militar privada rusa Grupo Wagner crea riesgos potenciales para la seguridad de Ucrania, los Estados miembros de la Unión vecinos de Bielorrusia y la Unión en su conjunto; reitera su llamamiento al Consejo para que incluya el Grupo Wagner en la lista de terroristas de la UE y pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan supervisando las actividades del Grupo Wagner y que refuercen la protección de las fronteras de la Unión con el fin de evitar cualquier provocación por parte del Grupo Wagner o intentos de sus mercenarios de entrar en territorio de la Unión, así como que sigan luchando contra el creciente contrabando de mercancías procedentes de Bielorrusia;

27.

Observa la creciente dependencia económica de Bielorrusia respecto a Rusia y otros países no democráticos, incluida China; lamenta que Bielorrusia esté volviendo al modelo económico de planificación central de la era soviética, lo que aislará todavía más al país del mercado mundial y provocará un retraso en la innovación y la modernización y una continua fuga de cerebros contraria a los intereses del pueblo bielorruso, que ha demostrado una creciente iniciativa empresarial en los últimos años;

28.

Recuerda a todas las empresas de la Unión que operan en Bielorrusia su llamamiento previo para que actúen con especial diligencia y asuman su responsabilidad de respetar los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; les pide que se abstengan de realizar nuevas inversiones en el país y que protesten públicamente ante las autoridades bielorrusas contra la continua represión de los trabajadores y de los ciudadanos en general;

29.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que sigan apoyando a las pequeñas y medianas empresas en Bielorrusia, dado que han desempeñado un papel importante de apoyo al movimiento en favor de la democracia en Bielorrusia tanto durante las elecciones presidenciales de 2020 como a partir de su celebración;

30.

Manifiesta su solidaridad con los bielorrusos que tratan de proteger y fortalecer su identidad nacional, en particular mediante esfuerzos para extender el uso de la lengua bielorrusa; lamenta la reciente condena del marchante de arte Pavel Belavus a trece años de cárcel por sus iniciativas de promoción de la lengua y la cultura bielorrusas; se compromete a aumentar su comunicación en lengua bielorrusa, en particular mediante la traducción a dicha lengua de sus informes y resoluciones sobre políticas relativas a Bielorrusia y a la Asociación Oriental, y pide a las demás instituciones de la Unión que actúen de la misma forma;

31.

Insta al régimen bielorruso a que ponga fin a la discriminación y la violencia contra todas las minorías, en particular contra las minorías étnicas, religiosas y sexuales; condena a las autoridades bielorrusas por atacar a las comunidades étnicas lituana y polaca del país, en particular a través de las recientes decisiones destinadas a liquidar las escuelas lituanas y polacas y a eliminar la educación en las lenguas lituana y polaca; pide a las autoridades bielorrusas que respeten los derechos de las minorías lituana y polaca, incluido el derecho a la educación en las lenguas lituana y polaca; condena la detención de Andżelika Borys, Andrzej Poczobut y otros miembros de la comunidad polaca; considera que las acusaciones de «incitación al odio» y de «rehabilitación del nazismo» formuladas contra Andżelika Borys son políticas y carecen de justificación ni de valor jurídico, y toma nota de que ha sido absuelta de estos cargos;

32.

Condena enérgicamente la persecución de las comunidades religiosas en Bielorrusia, incluida la persecución tanto de clérigos como de legos que, en sus actividades religiosas, se niegan a apoyar la posición del régimen de Lukashenka y expresan su desacuerdo con sus políticas; denuncia, a este respecto, la condena del sacerdote ortodoxo Siarhei Rezanovich, su esposa y su hijo a 16 años de prisión, la presión ejercida sobre el difunto arzobispo ortodoxo Artemy Kishchanka, así como las detenciones periódicas de miembros del clero, incluido el encarcelamiento en mayo de 2023 de los sacerdotes católicos Viachaslau Adamovich, Andrei Kulik y Aliaksandr Shautsouy y del catequista Uladzislau Beladzed; condena asimismo la confiscación de iglesias católicas de Minsk y la prohibición de toda actividad política en el marco del evangelismo protestante;

33.

Insta al régimen de Lukashenka a que ponga fin de inmediato a su persecución y a la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI y a que garantice su plena protección e inclusión en la sociedad; apoya los esfuerzos de las organizaciones LGBTI en Bielorrusia al abogar por reformas jurídicas que garanticen la igualdad de derechos y de protección de todas las personas;

34.

Lamenta la falta de una legislación de lucha contra la discriminación en relación con las personas con discapacidad en Bielorrusia, así como la clausura forzosa en 2021 de la principal organización de derechos de las personas con discapacidad del país, la Oficina para los Derechos de las Personas con Discapacidad; lamenta los problemas a los que se enfrentan los niños con discapacidad en Bielorrusia en relación con los diagnósticos adecuados, la educación y la reintegración social, así como la falta de rendición de cuentas pública y de transparencia de las instituciones en las que se encuentran estos niños; subraya la necesidad de una desinstitucionalización y de que sea derogada la Ley n.o 183-Z de la República de Bielorrusia, de 30 de junio de 2022, que discrimina a los niños y los adultos con discapacidad, limitando su acceso a la educación primaria, secundaria y superior en función de su grado de discapacidad; se muestra consternado por que las autoridades bielorrusas continúen con la práctica de colocar a personas con distintas discapacidades en las mismas instalaciones y no proporcionen cuidados especializados a ningún grupo, por que más de 10 000 personas con discapacidad que viven en instituciones «psiconeurológicas» se vean privadas de sus derechos legales, y por que los tribunales hayan designado a los directores de estas instituciones como sus tutores legales; subraya la necesidad de derogar las disposiciones que permitan la privación involuntaria de libertad;

Apoyo a la democracia y a las aspiraciones europeas

35.

Recalca que Bielorrusia posee vínculos históricos con el resto de Europa y comparte el patrimonio de la cultura y la identidad europeas y que, sobre la base de las aspiraciones del pueblo bielorruso, debe seguir siendo parte del espacio político, cultural y económico europeo; acoge con agrado y respalda las declaraciones sobre las aspiraciones europeas de los bielorrusos realizadas por Sviatlana Tsikhanouskaya y los dirigentes de los partidos políticos democráticos de Bielorrusia; pide a las instituciones de la Unión y a sus Estados miembros que desarrollen una estrategia más ambiciosa y global, unida a un amplio plan económico, que proporcione apoyo a las fuerzas democráticas bielorrusas, incluidos los partidos políticos de la oposición, los activistas de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los artistas independientes, los sindicatos independientes y los medios de comunicación libres, tanto dentro como fuera de Bielorrusia, con vistas a impulsar una transición democrática en este país y a defender la independencia y la soberanía de Bielorrusia; pide programas de desarrollo de capacidades exhaustivos, formación sobre conocimientos jurídicos para la redacción de legislación y sobre seguridad digital y personal, iniciativas de tutorización, programas de prácticas y otras oportunidades educativas para capacitar a estos agentes y fortalecer su potencial;

36.

Pide que se mejore la comunicación de la Unión con el pueblo de Bielorrusia, con el fin de proporcionarle información y contrarrestar la desinformación y la propaganda de los medios de comunicación controlados por el Estado; insta a los Estados miembros de la Unión a que fomenten los contactos entre su población y el pueblo bielorruso y a que coordinen sus acciones para aliviar las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas democráticas y los partidos políticos de la oposición, los activistas de la sociedad civil y otros ciudadanos bielorrusos exiliados, por ejemplo, en el proceso de obtención de permisos de residencia o de apertura de cuentas bancarias y en el contexto de los procedimientos de solicitud de visados en Bielorrusia y en terceros países, también como resultado de la aplicación incorrecta del régimen de sanciones; destaca que no debe equipararse al pueblo bielorruso con el régimen de Lukashenka y que no se debe discriminar a los bielorrusos que viven en el exilio sobre la base de la participación del régimen en la guerra contra Ucrania; lamenta la expulsión deliberada o la no renovación por parte del régimen de Lukashenka de la acreditación de diplomáticos de la Unión, sus Estados miembros y otros países, con el fin de limitar su apoyo a los bielorrusos perseguidos y su capacidad para expedir visados; reconoce la labor de las organizaciones de la sociedad civil de la Unión a la hora de apoyar a sus homólogos bielorrusos y de asistir a los bielorrusos durante el proceso de reubicación y pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan facilitando su trabajo;

37.

Anima a los Estados miembros a que sigan simplificando los procedimientos de obtención de visados y permisos de residencia para quienes huyen de Bielorrusia por motivos políticos o para quienes precisan tratamiento médico como resultado de la violencia perpetrada contra ellos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren normas y procedimientos para tratar los casos en que defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil sean privados de su nacionalidad en Bielorrusia, así como que presten apoyo a los bielorrusos residentes en la Unión cuyos documentos de identidad están a punto de caducar y no disponen de medios para renovarlos, ya que no pueden regresar a Bielorrusia;

38.

Pide al Consejo que revise y actualice sus conclusiones sobre Bielorrusia centrándose en la prevención y la contención de los riesgos de seguridad que plantea el régimen de Lukashenka, una política pública de la Unión eficaz y la colaboración con el pueblo de Bielorrusia, incluidos los exiliados, la cooperación estructurada con las fuerzas democráticas y la sociedad civil bielorrusas y el apoyo a las víctimas del régimen de Lukashenka;

39.

Acoge favorablemente la apertura en Bruselas, el 1 de marzo de 2023, de la Misión de la Bielorrusia Democrática oficial; acoge con agrado asimismo la creación del Gabinete de Transición Unido como organismo ejecutivo central del movimiento democrático, que junto al Consejo de Coordinación, un organismo representativo unificado de la sociedad democrática bielorrusa, deben ser tratados por la comunidad internacional como representantes democráticos del pueblo de Bielorrusia; pide la firma de un acuerdo para formalizar y sistematizar la cooperación entre el Parlamento Europeo y las fuerzas democráticas y la sociedad civil de Bielorrusia, incluidos el Gabinete de Transición Unido y el Consejo de Coordinación; resalta la necesidad de que el Consejo y la Comisión mantengan la atención y el apoyo internacionales en relación con el movimiento prodemocrático en Bielorrusia, que se ha desviado a raíz de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; pide a la Comisión y al Consejo que estén preparados para distintos escenarios, como la sustitución (por la fuerza) de Lukashenka o la anexión de facto o la ocupación de Bielorrusia, y que consulten al Gabinete de Transición Unido sobre estos distintos escenarios;

40.

Se felicita por la aprobación por parte de la Comisión del programa de apoyo «EU4Belarus: Supporting societal resilience and human capital development» (EU4Belarus: apoyo a la resiliencia social y al desarrollo del capital humano), que tiene por objeto respaldar las aspiraciones democráticas en Bielorrusia; considera que dicho apoyo es esencial para preservar los cambios en la sociedad bielorrusa que se derivaron del movimiento prodemocrático pacífico durante las elecciones presidenciales de 2020; insiste en que los fondos de EU4Belarus se canalicen estratégicamente hacia actividades en apoyo de las aspiraciones europeas del pueblo de Bielorrusia;

41.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan y amplíen el apoyo a las actividades culturales y educativas de la sociedad civil y las instituciones académicas bielorrusas, incluidas aquellas destinadas a apoyar la lengua bielorrusa y a los medios de comunicación independientes; pone de relieve la importancia de apoyar la digitalización y la creación de espacios para la participación cívica y política de los bielorrusos en favor de la democracia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando los medios de comunicación independientes de Bielorrusia, que fueron diezmados después de las elecciones presidenciales de 2020 y tuvieron que reubicarse y reconstruir sus actividades; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a este respecto, que refuercen la capacidad de los medios de comunicación en lengua bielorrusa, incluidos los similares a Charter 97, Radio Racyja, Euroradio, Belsat TV, Naša Niva y Novy Čas, y que presten especial atención a los nuevos medios de comunicación como NEXTA, Malanka y Zerkalo (anteriormente TUT.BY); acoge con satisfacción la reubicación de Radio Free Europe/Radio Liberty y la apertura de su oficina en Lituania, que presta una cobertura mediática creíble a la audiencia en Bielorrusia;

42.

Destaca la importancia de reforzar continuamente los vínculos y la cooperación entre Bielorrusia, por una parte, y los jóvenes y la comunidad académica de la Unión, por otra; acoge con agrado la asignación por parte de la Unión de recursos financieros para ofrecer oportunidades educativas a estudiantes y profesionales bielorrusos, en particular a través del proyecto EU4Belarus MOST+ (plan de movilidad para contactos interpersonales específicos); espera que dicho apoyo se mantenga y que se incluya sustancialmente a bielorrusos en programas de la Unión, como Erasmus+ y Horizonte Europa; pide, además, un apoyo continuo a las instituciones académicas independientes bielorrusas, incluida la Universidad Europea de Humanidades de Vilna;

43.

Insiste en que una proporción significativa del apoyo financiero de la Unión debe seguir canalizándose a través de mecanismos de la Unión flexibles e imparciales, como la Dotación Europea para la Democracia, lo que garantizaría una buena orientación y rendición de cuentas con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los grupos en favor de la democracia; pide un umbral de financiación más bajo para las ONG dentro y fuera de Bielorrusia; sugiere que la Dotación Europea para la Democracia refuerce su atención a Bielorrusia, al tiempo que los Estados miembros proporcionan más medios a la Dotación Europea para la Democracia en apoyo de las fuerzas democráticas de Bielorrusia;

44.

Apoya los preparativos de una conferencia internacional de donantes dirigida por la Unión para ayudar a las fuerzas democráticas de Bielorrusia; pide a la Unión que colabore a nivel operativo con los representantes de las fuerzas democráticas de Bielorrusia con el fin de concluir los trabajos sobre la adopción de una hoja de ruta destinada a la aplicación del paquete económico y de inversión de 3 000 000 000 EUR ya previsto por la Comisión como una forma de asumir las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso; pide un diálogo político entre la Unión y las fuerzas democráticas de Bielorrusia con el fin de alcanzar una visión conjunta sobre dicho plan de apoyo; destaca la necesidad de un debate público de fondo con el fin de fomentar el apoyo público a una participación sustancial de la Unión;

45.

Manifiesta su preocupación por la transparencia, la libertad y la equidad de las elecciones parlamentarias y locales de 2024 en Bielorrusia, en particular a la luz de las nuevas restricciones legales a los partidos políticos y las declaraciones de la Comisión Electoral Central en las que cuestionaba la importancia de la observación electoral internacional y el papel de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE; condena la aplicación de condiciones intolerables y restricciones a las actividades de los partidos democráticos de la oposición en Bielorrusia; condena, en particular, la nueva ley sobre los partidos políticos adoptada en febrero de 2023, que busca claramente obstaculizar y desalentar las actividades de las fuerzas democráticas imponiendo restricciones y obligaciones adicionales para el registro ante el Ministerio de Justicia; considera que esta ley intenta de manera deliberada liquidar formalmente a los partidos democráticos e impedirles participar en las elecciones parlamentarias de 2024, lo que en última instancia conducirá a la prohibición de facto de cualquier partido político que se oponga al régimen; pide a los partidos políticos nacionales de los Estados miembros y a los partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas que sigan desarrollando su cooperación con los partidos políticos democráticos en Bielorrusia y su apoyo a los mismos;

46.

Pide a los líderes de las fuerzas democráticas bielorrusas que mantengan la unidad y continúen empleando métodos innovadores para informar e implicar al pueblo de Bielorrusia, en particular dentro del país, con el fin de mantener su confianza y fe en la transición democrática y de movilizarlo en las próximas elecciones;

o o

47.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a los representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Comité Olímpico Internacional, a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, a la Federación Internacional de Tenis, a la Asociación de Tenistas Profesionales, a la Asociación de Tenis Femenino y a las autoridades de facto de la República de Bielorrusia.