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P9_TA(2021)0313

Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020 (2021/2025(INI))

(2022/C 81/03)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—	Vistos, en particular, el artículo 2, el artículo 3, apartado 1 y apartado 3, párrafo segundo, el artículo 4, apartado 3, y los artículos 5, 6, 7 y 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—	Vistos los artículos del TFUE relativos al respeto, la protección y la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión, incluidos los artículos 70, 258, 259, 260, 263 y 265 de este,

—	Vistos el Protocolo n.o 1, sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, y el Protocolo n.o 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anexos a los Tratados,

—	Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

—	Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),

—	Vistos el artículo 49 del TUE y los criterios de Copenhague, así como el conjunto de normas de la Unión que un país candidato tiene que cumplir si desea adherirse a esta (el acervo),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, «Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 — Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» (COM(2020)0580),

—	Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (1) («Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho»),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo (2),

—	Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—

Vistos los instrumentos de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y las recomendaciones e informes del examen periódico universal de las Naciones Unidas, así como la jurisprudencia de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

—	Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, de 8 de marzo de 1999,

—

Vistos los informes y las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación y otros organismos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),

—

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales y los convenios, recomendaciones, resoluciones, dictámenes e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisario para los Derechos Humanos, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el Comité Director sobre lucha contra la discriminación, diversidad e inclusión, la Comisión de Venecia y otros organismos del Consejo de Europa,

—	Visto el Memorándum de Acuerdo entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, de 23 de mayo de 2007, y las Conclusiones del Consejo, de 8 de julio de 2020, sobre las prioridades de la UE en materia de cooperación con el Consejo de Europa en 2020-2022,

—	Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,

—	Vista la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,

—	Visto el conjunto de herramientas del Consejo de Europa para los Estados miembros «Respetar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el marco de la crisis sanitaria de la COVID-19», de 7 de abril de 2020,

—

Visto el informe provisional sobre las medidas adoptadas en los Estados miembros de la Unión como consecuencia de la crisis de la COVID-19 y su impacto en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, aprobado por la Comisión de Venecia en su 124.a sesión plenaria, celebrada el 8 de octubre de 2020,

—	Visto el informe anual 2020 de las organizaciones asociadas a la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas,

—

Vista la propuesta motivada de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia, presentada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (COM(2017)0835),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de julio de 2019, titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación» (COM(2019)0343),

—	Visto el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020,

—	Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de junio de 2019, titulado «Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión — Situación y posibles próximas etapas», que proponía crear un foro anual sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho,

—	Visto el informe del Grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho del Comité Económico y Social Europeo, de junio de 2020, titulado «National developments from a civil society perspective, 2018-2019» (Desarrollo nacional desde la perspectiva de la sociedad civil, 2018-2019),

—

Vistos el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 17 de enero de 2018, titulado «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Dificultades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en la Unión Europea), sus boletines, publicados en 2020, sobre las implicaciones de la pandemia de COVID-19 en los derechos fundamentales en la Unión y otros informes, datos y herramientas de la Agencia, en particular, el Sistema de Información Europeo de Derechos Fundamentales (SIEDF),

—	Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 10 de septiembre de 2020, titulado «Antisemitism: Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union» (Antisemitismo: resumen de los incidentes antisemitas registrados en la Unión Europea),

—

Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género titulado «Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pekín + 25: quinta revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE), publicado el 5 de marzo de 2020,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre la garantía del respeto del Estado de Derecho, de 16 de diciembre de 2014,

—

Vistas la Estrategia de la UE para la Igualdad de Género 2020-2025, la Estrategia de la UE para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño para 2021-2024 y la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030,

—	Vistos el Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 y el Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos;

—	Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (3),

—	Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia (4),

—	Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la necesidad de establecer un instrumento de defensa de los valores europeos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven valores fundamentales en el seno de la Unión Europea a nivel local y nacional (5),

—	Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová (6),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión (7),

—	Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2018, sobre el Estado de Derecho en Rumanía (8),

—	Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (9),

—	Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (10),

—	Vista su Resolución, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia (11),

—	Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia (12),

—	Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI» (13),

—	Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto — Informe anual 2018 (14),

—	Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría (15),

—	Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (16),

—	Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd (17),

—	Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses (18),

—	Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia (19),

—	Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (20),

—	Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Bulgaria (21),

—	Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación: protección de los periodistas en Europa, discurso del odio, desinformación y papel de las plataformas (22),

—	Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019 (23),

—	Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, el Acuerdo Interinstitucional, el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y el Reglamento relativo al Estado de Derecho (24),

—	Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2021, sobre la declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ (25),

—	Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho (26),

—	Vista su Resolución, de 29 de abril de 2021, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta (27),

—	Vista su evaluación del valor añadido europeo que acompaña al informe de iniciativa legislativa sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, de octubre de 2016,

—	Vista su evaluación preliminar del valor añadido europeo de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, de 23 de abril de 2020,

—	Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—	Vistas las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Peticiones,

—	Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0199/2021),

Considerando que la Unión se fundamenta en los valores compartidos consagrados en el artículo 2 del TUE, esto es, respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías —valores comunes a los Estados miembros y que deben asumir los países candidatos si desean adherirse a la Unión; considerando que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales son valores que se refuerzan mutuamente y que, si se socavan, pueden suponer una amenaza sistémica para la Unión; y considerando que el respeto del Estado de Derecho vincula a la Unión en su conjunto y a sus distintos Estados miembros en todos los niveles de gobierno, incluidos los organismos de ámbito infranacional;

Considerando que el ciclo anual de examen del Estado de Derecho es un complemento positivo a los instrumentos disponibles para preservar los valores enunciados en el artículo 2 del TUE, ya que aborda la situación en todos los Estados miembros de la Unión en función de cuatro pilares que guardan relación directa con el respeto del Estado de Derecho; y considerando que está concebido como un ciclo anual destinado a salvaguardar el Estado de Derecho y prevenir la aparición o la profundización de problemas;

C.	Considerando que el primer informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho (informe de 2020) tiene un alcance limitado, ya que no abarca todos los valores de la Unión recogidos en el artículo 2 del TUE;

Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta se ha integrado plenamente en los Tratados y, por lo tanto, es legalmente vinculante para las instituciones, organismos y otros órganos de la UE y para los Estados miembros en el marco de la aplicación de la legislación de la UE; y considerando que se debe desarrollar, promover y reforzar una verdadera cultura de los derechos fundamentales en las instituciones de la Unión y también en los Estados miembros, en particular cuando aplican el Derecho de la Unión tanto en el ámbito nacional como en sus relaciones con terceros países;

Considerando que, si bien expone motivos de preocupación y contribuye a la concienciación, el informe de 2020 no ofrece una evaluación suficiente de la eficacia de las reformas aplicadas por cada país, ni recomendaciones específicas por país ni un examen de la adhesión de cada país al Estado de Derecho a lo largo del tiempo, lo que podría comprometer los efectos preventivos que se esperan de él;

Considerando que, sin un control eficaz mediante un seguimiento anual, se corre el riesgo de que el informe de 2020 no sirva para prevenir, detectar y abordar eficazmente los desafíos sistémicos y el retroceso del Estado de Derecho que se han observado en varios Estados miembros en los últimos años; y considerando que la salvaguardia del Estado de Derecho es condición previa indispensable para el cumplimiento del principio de buena gestión financiera y para la protección de los intereses financieros de la Unión;

G.	Considerando que, en los últimos años, varias resoluciones adoptadas por el Parlamento han identificado cuestiones preocupantes relacionadas con el Estado de Derecho en diversos Estados miembros (28);

Considerando que el retroceso del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en algunos países está afectando gravemente a la confianza mutua en el funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia y pone en peligro la consecución de los objetivos de la Unión consagrados en el artículo 3 del TUE, tal como han ilustrado varios casos en los que la orden de detención europea se ha visto comprometida debido a serias dudas sobre la independencia del poder judicial;

Considerando que las instituciones del Defensor del Pueblo y los organismos de fomento de la igualdad de los Estados miembros desempeñan un papel clave en la salvaguardia de los principios fundamentales del Estado de Derecho, como la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de las garantías procesales;

Considerando que las respuestas de emergencia adoptadas como respuesta a la pandemia de COVID-19 han afectado al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE, como el derecho de libre circulación, el acceso a la justicia, el acceso a la información pública, la privacidad, el derecho de asociación y la libertad de reunión, además de repercutir sobre el sistema de controles y equilibrios democráticos; y considerando, por tanto, indispensable que se apliquen unos controles y equilibrios eficaces a las acciones de los gobiernos para proteger los derechos de los ciudadanos de la UE;

Considerando que varios Estados miembros han perdido posiciones en las clasificaciones mundiales de países con mayor libertad de prensa y que ha aumentado la violencia contra los periodistas; considerando que las amenazas a la libertad de prensa incluyen el hostigamiento y los ataques contra periodistas, el menoscabo de la protección jurídica de los periodistas, así como el control informativo y las acciones de los medios de comunicación motivadas por fines económicos o políticos; y considerando que las preocupantes medidas destinadas a reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa sientan un mal ejemplo dentro de la UE y entre los países en vías de adhesión a la UE;

L.	Considerando que es necesario reforzar y racionalizar los mecanismos existentes y desarrollar un mecanismo eficaz de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que garantice la defensa de los principios y los valores consagrados en los Tratados en toda la UE;

Considerando que el respeto de los derechos de las minorías constituye uno de los criterios políticos que los países candidatos deben cumplir con vistas a la adhesión; considerando que la Unión desempeña un papel importante a la hora de velar por que se respeten los derechos de las minorías nacionales y lingüísticas en los países candidatos; y considerando que el Parlamento ya ha solicitado a la Comisión (29) que adopte un marco común de normas mínimas de la Unión para la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, que estén firmemente ancladas en un marco jurídico que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión;

I. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020: lecciones para 2021

Acoge con satisfacción el primer informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho; considera esencial crear una arquitectura europea de supervisión y defensa del Estado de Derecho en la Unión; reitera la importancia de identificar los riesgos con antelación y de prevenir las vulneraciones de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en lugar de reaccionar ex post una vez que estas se repiten; y apoya, por tanto, la creación de este nuevo instrumento;

Celebra el hecho de que el funcionamiento de los sistemas judiciales, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y determinadas cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios, incluido, hasta cierto punto, el espacio cívico, formen parte del examen anual de la Comisión sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros; solicita, además, que los informes anuales incluyan determinados elementos importantes de los criterios de verificación del Estado de Derecho adoptados en 2016 por la Comisión de Venecia, como las garantías jurídicas encaminadas a evitar la arbitrariedad y el abuso de poder por parte de los poderes públicos, la independencia e imparcialidad de los profesionales del Derecho, la igualdad ante la ley y la no discriminación; y anima a la Comisión a que también ponga de relieve las tendencias positivas observadas en algunos Estados miembros y que podrían servir de ejemplo para los demás;

Observa con satisfacción que el informe contiene capítulos por país; encomia los esfuerzos realizados por la Comisión por mantener el contacto con los gobiernos y los parlamentos nacionales, además de la sociedad civil y otros interlocutores nacionales; anima a la Comisión a dedicar un mayor esfuerzo a profundizar en los análisis por país con vistas a lograr una mejor evaluación de la gravedad de los problemas que afectan al Estado de Derecho; cree que debería haberse dedicado más tiempo a las visitas de la Comisión a los distintos países, incluidas las visitas in situ, a fin de lograr una mayor participación de las autoridades nacionales y la sociedad civil y un diálogo más amplio con estas; y considera que la Comisión debería dar a conocer mejor estas visitas con vistas a promover una cultura del Estado de Derecho a nivel nacional;

Celebra que se esté examinando a todos los Estados miembros conforme a los mismos indicadores y la misma metodología; subraya, sin embargo, que la presentación de vulneraciones de distinta naturaleza introduce también el riesgo de que se trivialicen las vulneraciones más graves del Estado de Derecho; urge a la Comisión a introducir en el informe una diferenciación entre las vulneraciones sistémicas del Estado de Derecho y las vulneraciones individualizadas e aisladas; destaca los potenciales efectos preventivos del informe anual sobre el Estado de Derecho; considera que es necesaria una evaluación más exhaustiva para determinar si el informe ha tenido un efecto preventivo; estima, en cualquier caso, que este efecto no se ha dado respecto de los Estados miembros sometidos al procedimiento del artículo 7, apartado 1, del TUE; cree que el informe de 2020 podría haber ofrecido evaluaciones más exhaustivas y transparentes, indicando si existían deficiencias graves, un riesgo de vulneración grave, o una vulneración efectiva, de los valores de la UE en cada uno de los pilares analizados en los capítulos por país; estima necesarias estas evaluaciones para formular conclusiones sobre la situación del Estado de Derecho y para determinar las acciones de seguimiento y las medidas e instrumentos correctores; recomienda un planteamiento sintético en los futuros informes con vistas a identificar claramente dónde se hallan los riesgos y los problemas más importantes en los Estados miembros; y pide a la Comisión que actualice su metodología en consecuencia e informe al Parlamento sin dilaciones indebidas;

Considera que el informe de 2020 es excesivamente descriptivo y no ofrece un análisis suficiente; insta a la Comisión a adoptar un enfoque más analítico en sus informes futuros; considera necesario que los informes futuros contengan recomendaciones específicas por país sobre el modo de abordar los problemas identificados o de corregir las vulneraciones, incluyendo, cuando proceda, plazos de adopción y parámetros de referencia a los que deba darse seguimiento; y solicita a la Comisión que incluya en los informes indicaciones sobre el seguimiento de la aplicación de sus recomendaciones y medidas correctoras;

Está preocupado por las consecuencias indirectas de la erosión de la libertad de prensa en otras áreas analizadas en el informe; y considera que las campañas de desprestigio contra profesores universitarios, periodistas, jueces, profesionales del Derecho, organizaciones de la sociedad civil y activistas, en especial, las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), restringen su independencia y sus posibilidades de actuación, consiguiendo así un efecto disuasorio;

Pide, por tanto, un análisis más integrado de las interrelaciones entre los cuatro pilares incluidos en el informe y de la forma en que la combinación de deficiencias puede dar lugar a violaciones sistémicas del Estado de Derecho o al riesgo de que se produzcan estas violaciones, y que se indique si estas afectan o pueden afectar a los intereses financieros de la Unión;

Considera que los informes anuales deben detectar tendencias transversales a escala de la Unión; considera que en el informe de 2020 no existe una perspectiva que abarque a toda la Unión; pide a la Comisión que señale los casos en que determinadas medidas o prácticas que socavan el Estado de Derecho, la libertad de prensa, los controles y equilibrios, o la lucha contra la corrupción en un Estado miembro están siendo imitadas por otros o que, por su gravedad y alcance, pueden concernir a la Unión en su conjunto; solicita a la Comisión que evalúe el modo en que estas agresiones ponen en peligro la calidad de la democracia en la Unión; reclama que los análisis de los informes den prioridad a estas tendencias, incluyendo los crecientes desafíos de los tribunales constitucionales nacionales al sistema jurídico de la UE, con vistas a orientar las medidas correctoras a escala de la UE; y solicita a la Comisión que ofrezca ejemplos claros de las campañas de desinformación sistemática e injerencia extranjera concebidas para debilitar la confianza del público en las instituciones nacionales y en la independencia de los medios de comunicación, a la vez que empujan a los Estados miembros hacia formas de gobierno autoritarias;

Lamenta que el informe de 2020 no cubra con suficiente detalle todos los problemas que afectan al Estado de Derecho; invita a la Comisión a adquirir más conocimientos y una mayor capacidad en relación con los distintos países, de manera que pueda reaccionar más rápidamente a las evoluciones negativas que se produzcan en los Estados miembros; y solicita a la Comisión que dedique recursos suficientes a la supervisión y el respeto del Estado de Derecho en la UE;

10.

Subraya que la legislación de los Estados miembros, el respeto del Estado de Derecho, los controles y equilibrios, y las instituciones democráticas, incluida la independencia de estas, no solo deben contar con un reconocimiento de iure: también deben funcionar de facto;

Sistemas judiciales

11.

Acoge con satisfacción la supervisión de la independencia, la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros, incluida la fiscalía de cada país y su capacidad para garantizar la tutela judicial efectiva a fin de asegurar el cumplimiento del Derecho de la Unión; considera que también debe vigilarse si existe un entorno propicio para garantizar el acceso universal a la justicia, incluido el acceso a la justicia a escala de la Unión, así como los esfuerzos y recursos asignados para garantizar el acceso a esta; está preocupado por la falta de un mecanismo de reparación directa que puedan utilizar los ciudadanos de la UE para hacer valer sus derechos, tal como se prevé en la Carta; estima que los informes no deben limitarse a ofrecer una instantánea anual estática, que deben incluir cualquier información pertinente sobre la situación del Estado de Derecho en los capítulos por país, incluidos los antecedentes pertinentes y el contexto político en el que se adoptan las nuevas medidas, a fin de que pueda realizarse una evaluación precisa, dinámica e integral de la independencia de iure y de facto de los distintos sistemas judiciales, incluida la independencia de los letrados y de los profesionales del Derecho, y que deben abarcar un período de tiempo mayor que los doce meses previos; destaca que deben garantizarse unas normas del Estado de Derecho adecuadas para todos los ciudadanos y residentes en la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación dentro de la UE; y remarca que el acceso a una tutela judicial efectiva para todos los ciudadanos es una piedra angular del Estado de Derecho que debe garantizarse especialmente a los trabajadores temporeros y transfronterizos que lleven a cabo una actividad profesional en otro Estado miembro, habida cuenta de su especial vulnerabilidad;

12.

Hace hincapié en que la eficacia, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales son esenciales para la salvaguardia del Estado de Derecho; recuerda que la estructura judicial de la Unión incluye los sistemas judiciales nacionales; subraya el hecho de que, para garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la UE, los sistemas judiciales y la judicatura deben ser independientes y estar, por tanto, protegidos contra cualquier tipo de presión, amenaza o injerencia, directa o indirecta, cualquiera que sea su origen, incluidas las procedentes de autoridades políticas; agradece el hecho de que también se hayan identificado como indicadores de la independencia judicial la composición de los órganos jurisdiccionales, los métodos de designación, los mecanismos que regulen la duración del mandato y los motivos de exclusión y cese de sus miembros, ascenso, procedimientos disciplinarios y sanciones; y subraya que el seguimiento de estos parámetros debe ser continuo y estar integrado en una evaluación exhaustiva de todos los controles y equilibrios, sin ceñirse a un número reducido de parámetros, para, de este modo, poder verificar la verdadera situación de la independencia del poder judicial en los Estados miembros;

13.

Observa que el informe de 2020 aborda acertadamente la necesaria digitalización de los procedimientos judiciales y la formación profesional de la judicatura; recuerda que aún perduran diferencias significativas entre los Estados miembros en el grado de participación en actividades de formación de los profesionales del Derecho; y lamenta que el informe no cite la formación profesional de los letrados;

14.

Muestra su alarma por el acusado deterioro de la independencia de los sistemas judiciales de algunos Estados miembros y por el creciente y flagrante incumplimiento del Derecho de la Unión, incluidas las sentencias del TJUE; observa que la independencia judicial en algunos Estados miembros sigue suscitando gran preocupación, como se refleja en los capítulos dedicados a determinados países; pide a la Comisión que evalúe y designe con claridad las deficiencias y constataciones que se consideren un riesgo claro de vulneración grave del Estado de Derecho; muestra una profunda preocupación por la falta de respuesta rápida de la Comisión, con los medios jurídicos adecuados, a los graves riesgos para el Estado de Derecho detectados en los capítulos por país, sobre todo, una vez que estos se han materializado en inobservancias efectivas del Estado de Derecho; y pide a la Comisión que ofrezca una evaluación útil, sencilla y clara de los diferentes sistemas judiciales nacionales y que ponga de relieve dónde podrían aplicarse las buenas prácticas para sistemas comparables y cómo podrían resolverse las deficiencias similares;

15.

Subraya que, de acuerdo con el artículo 17, apartado 1, del TUE, la Comisión debe velar por que se apliquen los Tratados y el Derecho derivado, también en aquellos casos en que los riesgos de vulneraciones graves de los valores enunciados en el artículo 2 del TUE, señalados en los capítulos por país, se hayan materializado tras la publicación del informe de 2020;

16.

Denuncia las presiones políticas ejercidas en Hungría y Polonia para evitar que los órganos jurisdiccionales nacionales inicien procedimientos prejudiciales ante el TJUE al amparo del artículo 267 del TFUE, intentando así evitar que los jueces y magistrados nacionales planteen ante el TJUE cuestiones relacionadas con los requisitos de la UE en materia de independencia judicial; considera que esta práctica contraviene los Tratados y la interpretación reiterada de las disposiciones pertinentes realizada por el TJUE; manifiesta su consternación por el creciente y deliberado incumplimiento de las sentencias del TJUE en algunos Estados miembros; considera que estas posturas ilegítimas suponen una amenaza sistémica para la unidad y coherencia del Derecho de la Unión y para el mismo funcionamiento de la UE; invita a la Comisión a incluir en sus futuros informes datos detallados del cumplimiento de las sentencias del TJUE por los Estados miembros; considera, por tanto, que los próximos informes anuales deben considerar en su evaluación que los incumplimientos de las sentencias del TJUE constituyen violaciones graves; urge a la Comisión a garantizar unas respuestas jurídicas inmediatas y adecuadas a la negativa a aplicar y respetar los fallos del TJUE, por ejemplo, mediante los procedimientos contemplados en el artículo 260 del TFUE; pide a la Comisión que realice un seguimiento estrecho de los fallos de los órganos jurisdiccionales nacionales relacionados con la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho constitucional nacional y que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros que vulneren este principio de manera sistemática; y desaprueba también la solicitud realizada por el primer ministro de Polonia al Tribunal Constitucional para que este se pronuncie a favor de la primacía del Derecho constitucional nacional sobre el Derecho de la Unión;

17.

Observa que la lentitud de los procedimientos judiciales civiles, penales y contencioso-administrativos constituye un grave peligro, en especial, en lo que concierne al respeto del Estado de Derecho; y pide a la Comisión que incluya en sus futuros informes una evaluación de las condiciones penitenciarias, los retrasos en la administración de justicia y la duración media de los juicios en cada Estado miembros;

Marco de lucha contra la corrupción

18.

Acoge con satisfacción que se dedique un capítulo específico a los esfuerzos de lucha contra la corrupción en cada capítulo por país, ya que la corrupción sistémica socava tanto el buen funcionamiento del Estado de Derecho como la confianza de los ciudadanos de la UE en las resoluciones adoptadas por las autoridades, los funcionarios y la judicatura; subraya que la corrupción resultante del desvío de fondos públicos para usos distintos de su uso público previsto afecta al nivel y la calidad de los servicios públicos, lo cual redunda en una merma de los derechos fundamentales; señala que, si bien la existencia de normas, políticas y estrategias nacionales de lucha contra la corrupción puede considerarse un avance, su aplicación y posterior eficacia sobre el terreno son cruciales para el Estado de Derecho y también deben ser objeto de evaluación; subraya que los marcos de lucha contra la corrupción deben cubrir áreas como las normas deontológicas, las medidas de concienciación, las normas sobre la declaración del patrimonio, las incompatibilidades y conflictos de intereses, la contratación pública, los mecanismos de control interno, las normas sobre los grupos de presión y las «puertas giratorias»; solicita a los Estados miembros y a las instituciones que adopten instrumentos eficaces para prevenir la corrupción y el fraude, detectar el riesgo de que se produzcan, atajarlos y sancionarlos, además de mecanismos para recuperar el beneficio obtenido en tales casos, en particular, controlando de manera regular el uso de los fondos públicos de la UE y nacionales; y observa que en el informe de 2020 sigue faltando en gran medida una evaluación de la resiliencia de los marcos de lucha contra la corrupción frente a los riesgos relacionados con la corrupción en el ámbito de la contratación pública;

19.

Invita a la Comisión a que haga mayor hincapié en la malversación de los fondos de la Unión, habida cuenta, en particular, del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, y que examine el correcto funcionamiento del proceso de investigación y del Ministerio Fiscal en cada Estado miembro en relación con la investigación y el enjuiciamiento del fraude, incluido el fraude fiscal, la corrupción y otras infracciones del Derecho de la Unión relacionadas con la ejecución del presupuesto de la UE o con la protección de los intereses financieros de la Unión; y expresa su preocupación por el riesgo creciente de malversación del presupuesto de la Unión como medio para debilitar el Estado de Derecho en algunos Estados miembros;

20.

Muestra una gran preocupación por la creciente amenaza de los delitos relacionados con la corrupción; pide a la Comisión que ponga al día y mejore la normativa anticorrupción de la UE en la medida en que resulte necesario, basándose en las conclusiones del informe, para dar una mejor respuesta a las deficiencias detectadas, y que adopte un conjunto de políticas adecuado para luchar contra la corrupción judicial en los Estados miembros; pone de relieve los peligros del aumento de la corrupción para la cohesión del ordenamiento jurídico de la Unión, la eficacia de sus políticas comunes, la protección de los derechos fundamentales, su credibilidad internacional y el funcionamiento de su mercado interior, en el que el respeto del Estado de Derecho juega un papel importante; y solicita a la Comisión que describa cuáles son las prácticas recomendadas, identifique áreas especialmente proclives a la corrupción y elabore recomendaciones de mejora específicas para cada país, y que utilice dichos conocimientos para poner al día y mejorar el marco de lucha contra la corrupción de la UE;

21.

Recuerda que los denunciantes de irregularidades juegan un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y los delitos relacionados con el blanqueo de capitales;

22.

Advierte de que la ausencia de unas estadísticas uniformes, actualizadas y consolidadas en todos los Estados miembros, unida a las dificultades para recabar información sobre los beneficiarios de los programas de la UE, obstaculiza la evaluación y comparación de los datos sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción; solicita, por tanto, a la Comisión que apoye y promueva la armonización de dichos tipos penales en toda la Unión y que vele por que se usen de manera más adecuada los conjuntos de datos existentes y la metodología empleada para elaborar otros nuevos, con el fin de obtener datos comparativos en toda la Unión sobre el tratamiento de los casos de corrupción; subraya la importancia de apoyar y reforzar la cooperación entre las instituciones de la UE, los Estados miembros, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea en la lucha contra la corrupción; y opina que esta lucha contra la corrupción no solo requiere un mandato firme, sino también una dotación presupuestaria mucho mayor, recursos y cualquier tipo de apoyo que puedan necesitar las instituciones y los organismos mencionados;

Libertad de expresión: libertad y pluralismo de los medios de comunicación, libertad artística y libertad académica

23.

Acoge con satisfacción la inclusión en el informe de un capítulo específico sobre el seguimiento de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación; agradece, en particular, el enfoque en la seguridad de los periodistas; insta a la Comisión a que presente una evaluación de la eficiencia y la eficacia de los marcos nacionales para la protección de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación; y subraya la importancia de evaluar y supervisar la situación de los medios de comunicación en los Estados miembros con la finalidad de evitar el riesgo de que la información siga concentrándose en manos de unos pocos, lo cual podría entorpecer la difusión de información libre e independiente, debiendo examinarse, en particular, las medidas que pudiera adoptar cualquier gobierno para silenciar los medios críticos o minar la libertad y el pluralismo;

24.

Lamenta que no se haya evaluado el sector de los medios de comunicación públicos y privados a escala nacional y su grado de independencia de iure y de facto frente a las autoridades nacionales, los partidos políticos y cualquier otra injerencia, ni, dentro de este sector, los posibles conflictos de intereses, la concentración de los medios de comunicación y la transparencia acerca de la titularidad de estos; hace hincapié en la necesidad de garantizar la independencia económica de los operadores de medios de comunicación privados y las condiciones para que estos puedan mantener su actividad, a fin de evitar el control político de los medios de comunicación; destaca el papel irremplazable de los medios de comunicación públicos y subraya que resulta esencial salvaguardar y preservar su independencia y libertad frente a las injerencias políticas; desaprueba la falta de evaluación del grado de independencia de iure y de facto de los organismos nacionales encargados de regular los medios de comunicación; considera que debe supervisarse estrechamente la correcta aplicación del artículo 30 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual de 2018 (30) y que, cuando esté justificado, deben iniciarse rápidamente los procedimientos de infracción tras este proceso; y solicita, al respecto, a la Comisión que examine los intentos por amedrentar y difamar a periodistas, en particular, por parte de los servicios públicos de radiodifusión, incluidos los ataques directos a periodistas extranjeros a los que se tilde de enemigos públicos por sus reportajes de investigación;

25.

Muestra su alarma por el creciente deterioro de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en algunos Estados miembros desde la publicación del informe de 2020; muestra una gran preocupación por las amenazas físicas, psicológicas y económicas, las agresiones, los delitos y los asesinatos cometidos contra periodistas y empleados de los medios de la comunicación en la UE como represalia por su actividad y recuerda que estos ataques a menudo llevan a la autocensura; y solicita a la Comisión que, en los capítulos por país de los futuros informes, incluya un resumen de los ataques contra periodistas en la Unión que se centre especialmente en los asesinatos de periodistas y donde se incluya la independencia real de las investigaciones y los procedimientos penales frente a las injerencias políticas, así como las respuestas al respecto por los Estados miembros;

26.

Observa con preocupación que los desafíos que afectan a la libertad de los medios de comunicación están estrechamente relacionados con el menoscabo de la libertad artística y la libertad académica; pide, por tanto, que este pilar se amplíe a todos los aspectos de la libertad de expresión, incluida la lucha contra el discurso de odio, y que se adapte en consecuencia el título del pilar;

27.

Expresa su preocupación por el uso que gobiernos e individuos poderosos puedan hacer de medidas jurídicas destinadas a silenciar a los críticos, como demandas SLAPP o leyes que restrinjan la libertad de expresión de un modo incompatible con los derechos fundamentales de las personas; solicita a los Estados miembros que legislen con el fin de proteger a los periodistas de estas prácticas; y pide a la Comisión que proponga una legislación europea que evite las demandas SLAPP, con el fin de proteger a los periodistas de este tipo de demandas temerarias;

28.

Observa que el deterioro de la libertad de prensa está provocando un mayor señalamiento de las minorías y su uso como chivo expiatorio, a menudo a instancia del gobierno, como ocurre con el colectivo LGBTI, las personas migrantes y los refugiados, lo cual redunda a su vez en un aumento del discurso de odio contra estos grupos y la censura de los medios de comunicación; y pide a la Comisión que, en futuros informes, evalúe cómo afectan los delitos de odio y el discurso de odio a la discriminación;

Otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y equilibrios, incluida la protección de un espacio para el ejercicio de los derechos cívicos

29.

Acoge con satisfacción el pilar del informe relativo a los controles y equilibrios, así como el examen de las medidas excepcionales adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19; recuerda que los gobiernos deben adoptar unas medidas de emergencia que respeten el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la rendición de cuentas democrática para luchar contra la pandemia y estas deben ser la piedra angular de todos los esfuerzos dirigidos a controlar la propagación de la COVID-19; considera que los poderes de excepción deben someterse a un examen adicional para garantizar que no sirvan como pretexto para alterar el equilibrio de poderes con efectos más duraderos; muestra su alarma por el uso de las medidas de emergencia con motivo de la COVID-19 como pretexto para acelerar la adopción de legislación discriminatoria; solicita a la Comisión que siga realizando un seguimiento de las medidas de excepción para asegurarse de que los correspondientes proyectos de ley se preparen, y las leyes se promulguen, respetando los plazos y de un modo transparente, para que estas sean necesarias, proporcionadas y socialmente equitativas y tengan una duración limitada, y de modo que el acceso a las vías de recurso no se vea afectado de manera desproporcionada por el cierre de los órganos jurisdiccionales; subraya, en este contexto, el papel del control parlamentario y la consulta a la sociedad civil; pide a la Comisión que siga supervisando el levantamiento progresivo de las medidas de forma oportuna; y anima a la Comisión a que vele por que los Estados miembros respeten, protejan y salvaguarden los derechos de los ciudadanos de la UE durante la pandemia de COVID-19 y después de esta;

30.

Recuerda la importancia de la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos y los defensores del pueblo, en pleno cumplimiento de los Principios de París, así como de los organismos de fomento de la igualdad, para la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos de la UE y para poder defender el Estado de Derecho a escala nacional, regional y local; muestra una gran preocupación por los recientes intentos de Polonia por atentar contra la independencia de su defensor del pueblo frente al poder ejecutivo; acoge de buen grado la referencia, en el informe de 2020, al papel de las instituciones que desempeñan la función de defensores del pueblo; solicita a la Comisión que preste más atención en el siguiente ciclo anual a las actividades de los defensores del pueblo y los organismos de fomento de la igualdad nacionales, examinando con mayor detalle su funcionamiento, su grado de independencia y su contribución real a la hora de garantizar que se hayan adoptado las salvaguardias adecuadas; hace hincapié, en particular, en la pérdida de independencia de algunos organismos de igualdad de los Estados miembros desde la publicación del informe de 2020, lo cual representa una amenaza inmediata para los derechos fundamentales de los ciudadanos; y reitera su preocupación por la creciente reducción del espacio de acción de la sociedad civil independiente en algunos Estados miembros, en especial, para los defensores de los derechos de la mujer, las minorías y los derechos humanos, a través, entre otras medidas, de la tipificación de determinadas actividades como delito, la imposición de cargas administrativas desproporcionadas, la restricción del acceso a financiación, la menor financiación de actividades de defensa de intereses y la limitación de la libertad de reunión y asociación;

31.

Subraya la importancia de un espacio cívico sin injerencias para la promoción y supervisión de los valores de la UE, para exigir la responsabilidad de los gobiernos en función de su adhesión a estos, para servir de contrapeso a la erosión del Estado de Derecho y para promover una cultura de respeto del Estado de Derecho; invita a la Comisión a afinar su evaluación del espacio cívico en el informe de 2021; considera beneficioso que se intenten definir unos criterios de referencia claros sobre un espacio destinado al ejercicio de los derechos cívicos, con el fin de reforzar este campo de análisis a largo plazo, incluyendo, entre otros, un marco jurídico favorable al ejercicio de las libertades públicas, un marco para la viabilidad económica y la sostenibilidad de las organizaciones cívicas, incluida la cuestión de las organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno (ONG gubernamentales), el acceso al proceso de toma de decisiones y la participación en este, el derecho a acceder a la información, un espacio seguro, en particular por lo que hace a los casos de agresiones físicas y verbales y las reacciones a estas, las campañas de desprestigio y el acoso judicial, administrativo y fiscal, incluidas las demandas SLAPP, el efecto disuasorio que consiguen y sus consecuencias a largo plazo en la ciudadanía activa de otros países; reitera que las instituciones de la UE deben mantener un diálogo abierto, transparente y periódico con las asociaciones representativas y la sociedad civil; y pide a la Comisión que, en sus futuros informes, evalúe si el ejercicio de los derechos políticos por los ciudadanos de la UE se encuentra garantizado en todos los Estados miembros;

32.

Lamenta que el incumplimiento por Hungría de una sentencia del TJUE relativa a las restricciones impuestas de manera ilícita a la financiación de organizaciones civiles por personas establecidas fuera de su territorio, lo que constituye de por sí una violación grave del Estado de Derecho, haya servido para continuar con el proceso de reducción del espacio de acción de la sociedad civil en este país; insta a la Comisión a someter el caso de Hungría al TJUE y a solicitar sanciones pecuniarias disuasorias al amparo del artículo 260 del TFUE con carácter urgente; y observa con preocupación que un número cada vez mayor de Estados miembros está adoptando normas que introducen graves restricciones a la libertad de asociación y expresión de las organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo así a la reducción de su espacio de acción;

33.

Lamenta que el informe no reconozca claramente el proceso deliberado de retroceso democrático y del Estado de Derecho organizado por las autoridades nacionales de algunos Estados miembros y el consiguiente establecimiento progresivo de regímenes (semi)autocráticos basados en la gradual eliminación de todos los controles y equilibrios; y solicita que la Comisión reconozca y tenga en cuenta los diversos informes anuales e índices elaborados por organizaciones de reconocido prestigio y larga trayectoria que evalúan el respeto, por los Estados miembros, de los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos a lo largo del tiempo;

Alcance del informe: ámbitos que deberían incluirse

34.

Lamenta que el informe de 2020 no incluya plenamente los valores de democracia y derechos fundamentales contemplados en el artículo 2 del TUE, que se ven afectados inmediatamente cuando los países empiezan a retroceder en lo que atañe al Estado de Derecho;

35.

Pide a la Comisión que incluya un capítulo dedicado a cada país candidato o candidato potencial a la ampliación de la Unión, con un detenido análisis de su sistema judicial, su marco de lucha contra la corrupción, el grado de libertad y pluralismo de los medios de comunicación y los controles y equilibrios institucionales;

36.

Reitera la vinculación intrínseca existente entre Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales y la necesidad de aumentar la concienciación sobre los valores consagrados en el artículo 2 del TUE y la Carta; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de incluir en el alcance de los futuros informes la aplicación de todos los derechos garantizados por la Carta; subraya que cualquier acción adoptada por un Estado miembro que actúe dentro de los límites del Derecho de la Unión debe respetar los derechos y principios de la Carta; e insiste, por tanto, en mantener el vínculo entre respeto del Estado de Derecho e igualdad ante la ley, derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal independiente e imparcial, derecho a un juicio imparcial y derecho a hacerse aconsejar, defender y representar, junto a la prestación de asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes, y derecho a una buena administración, según se establece en el artículo 41 de la Carta;

37.

Denuncia con firmeza que en algunos Estados miembros no se respete plenamente la legislación europea e internacional, por ejemplo, en materia de lucha contra la discriminación y en materia de asilo, como pone de manifiesto la inobservancia por Hungría de varias sentencias del TJUE y del Tribunal de Derechos Humanos relativas al acceso al procedimiento de asilo, incluyendo la detención automática e ilegal y la privación de alimentos, lo que vulnera el derecho de los migrantes y los solicitantes de asilo a solicitar protección internacional;

38.

Destaca con preocupación que siguen sin respetarse plenamente en toda la Unión los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad, los niños, las minorías religiosas —en particular, en un momento en el que se ha producido un aumento del antisemitismo y la islamofobia en Europa—, los gitanos y otras personas pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas, los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados, las personas LGBTI+ y las personas de edad avanzada, así como las mujeres, lo cual contraviene el artículo 2 del TUE; hace hincapié en la vinculación evidente que existe entre el menoscabo de las normas del Estado de Derecho y las violaciones de los derechos fundamentales y los derechos de las minorías en esos Estados miembros; y solicita a la Comisión que evalúe las violaciones persistentes de los principios democráticos y los derechos fundamentales en la Unión, incluidas las agresiones contra las personas en situación vulnerable;

39.

Acoge favorablemente que la Comisión haya anunciado su estrategia para reforzar la aplicación de la Carta; opina que el enfoque anual en un único tema predeterminado no permite que se pongan de relieve otras violaciones graves de la Carta que tengan lugar en ese año; considera que el examen anual debería suponer una aportación a un mecanismo de seguimiento global y que, por lo tanto, su metodología, ciclo y alcance deberían adaptarse a los informes anuales; y expresa su pesar y preocupación por la reticencia de la Comisión a incoar procedimientos de infracción con motivo de las violaciones de la Carta;

40.

Pide a los Estados miembros que presenten informes anuales sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, incluidos la igualdad y los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

41.

Señala que el mecanismo de presentación de informes anuales de la Unión debería consolidar y sustituir los instrumentos existentes para evitar las duplicidades, en particular, el informe anual sobre el Estado de Derecho, el marco para el Estado de Derecho de la Comisión, el informe anual de la Comisión sobre la aplicación de la Carta, el diálogo sobre el Estado de Derecho del Consejo y el mecanismo de cooperación y verificación, al tiempo que aumenta la complementariedad y la coherencia con otras herramientas disponibles, incluidos los procedimientos previstos en el artículo 7 del TUE, los procedimientos de infracción y la condicionalidad presupuestaria; considera que las tres instituciones deberían utilizar los resultados del ciclo anual de seguimiento en su evaluación con vistas a la activación del artículo 7 del TUE y la condicionalidad presupuestaria; subraya que deben respetarse las funciones y las prerrogativas de cada una de las tres instituciones; y se compromete a combinar su trabajo anual relativo a los informes sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en un solo ciclo anual de seguimiento más amplio que aborde el artículo 2 del TUE, y a empezar a trabajar en este inmediatamente después de que la Comisión publique el informe sobre el Estado de Derecho;

42.

Solicita una evaluación en la que se determine si el ámbito de aplicación de la cláusula de no discriminación de la Carta es suficientemente amplio para garantizar que el respeto del Estado de Derecho en los Estados miembros y la Unión sea coherente con el artículo 14 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se decida qué otras medidas pueden adoptar las instituciones de la UE para garantizar su correcta aplicación; recuerda que, a pesar de que las autoridades judiciales únicamente puedan aplicar la Carta cuando apliquen el Derecho de la Unión, es importante que los derechos consagrados en la Carta se tengan en cuenta en todo momento en los procedimientos judiciales, al objeto de promover una cultura común de respeto del Estado de Derecho; y pide, por tanto, a la Comisión que también estudie la posibilidad de crear módulos de formación centrados en la Carta que se dirijan a la judicatura y los profesionales de la Justicia;

Fuentes y metodología del informe

43.

Pide a la Comisión que refuerce el diálogo periódico, inclusivo y estructurado con los gobiernos y los parlamentos nacionales, las ONG, las instituciones nacionales de derechos humanos, los defensores del pueblo, los organismos de fomento de la igualdad, las asociaciones profesionales y otras partes interesadas; pide asimismo a la Comisión que mantenga la práctica de permitir la notificación tanto pública como confidencial, a fin de proteger y apoyar a los defensores de los derechos humanos y los especialistas en Estado de Derecho en riesgo de verse afectados por demandas SLAPP, enjuiciamiento u hostigamiento por parte de las autoridades nacionales o sus representantes; lamenta que tres Estados miembros se hayan negado a hacer públicas sus contribuciones al informe de 2020, pero agradece que veinticuatro Estados miembros sí lo hayan hecho con transparencia; pide plena transparencia en el proceso y que todas las contribuciones de los Estados miembros se hagan públicas; y considera que las organizaciones de la sociedad civil deben participar estrechamente en todas las fase del ciclo de examen;

44.

Lamenta que la Comisión no haya consultado a las partes interesadas, incluido el Parlamento, sobre la metodología y el proceso de preparación del informe de 2020, y que no haya tratado de obtener opiniones sobre su funcionalidad;

45.

Recuerda que la Comisión debe tener en cuenta la información relevante de las fuentes pertinentes y las instituciones reconocidas; recuerda también que las conclusiones de los organismos internacionales pertinentes, como aquellos bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa, tienen una importancia crucial para evaluar la situación en los Estados miembros; opina que EFRIS es una fuente de información en este contexto; pide a la Comisión que solicite a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea asesoramiento metodológico, así como la realización de estudios comparativos específicos para cubrir lagunas y agregar información detallada en ámbitos clave del informe sobre el Estado de Derecho; y resalta la necesidad de que, en el informe sobre el Estado de Derecho, participe un grupo de expertos independientes, en colaboración con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Comisión de Venecia, para que ayude a detectar las principales evoluciones positivas y negativas en cada Estado miembro;

46.

Destaca que la sociedad civil es un socio clave para identificar las violaciones del Estado de Derecho y promover la democracia y los derechos fundamentales; cree firmemente que la Comisión debe entablar un diálogo formal y continuado sobre estas cuestiones con representantes de la sociedad civil y garantizar una participación significativa de estos en la elaboración del informe anual sobre el Estado de Derecho; destaca a este respecto, sobre la base de la experiencia de las ONG en el ciclo de 2020, que unas consultas estructuradas temáticamente en el marco de los debates sobre el Estado de Derecho darían lugar a un proceso más eficiente y a la obtención de una mayor cantidad de información valiosa de la sociedad civil; y subraya que el cuestionario de consulta debe permitir a las partes interesadas informar de elementos que no se limiten al ámbito circunscrito por la Comisión, ya que pueden contribuir a evaluar mejor si el sistema constitucional prevé mecanismos eficaces para limitar el ejercicio del poder;

47.

Opina que los plazos establecidos para la consulta a la sociedad civil podrían considerarse demasiado cortos con frecuencia y que estos deben ser flexibles y adaptarse según convenga, afín de que puedan recabarse unas opiniones completas y exhaustivas; señala que esto ha dificultado a las partes interesadas, en especial a las organizaciones de la sociedad civil, la preparación y planificación de sus contribuciones, así como de las actividades nacionales de sensibilización que se proponen realizar con ocasión de la presentación del informe; observa que organizar las consultas antes de la publicación anual de estadísticas públicas empobrece las contribuciones; pide a la Comisión que autorice las contribuciones multilingües; sugiere hacer predecible y menos rígido el marco para las contribuciones de las partes interesadas; y observa que es posible mejorar la consulta si, entre otras cuestiones, se efectúa un seguimiento, junto a los interlocutores de la sociedad civil, sobre la información que estos hayan aportado;

48.

Considera que la cooperación con el Consejo de Europa y su Asamblea Parlamentaria en el ciclo anual de seguimiento, también a través de una colaboración más estructurada, reviste especial importancia para promover la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la UE; pide a la Comisión que incluya en los capítulos por país datos sobre el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conforme a la evaluación realizada por el Comité de Ministros; recuerda que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales es una obligación jurídica en virtud del artículo 6, apartado 2, del TUE; y reitera la necesidad de concluir rápidamente el proceso de adhesión a fin de garantizar un marco coherente para la protección de los derechos humanos en toda Europa y continuar reforzando la protección de los derechos y libertades fundamentales dentro de la Unión;

II. Aspectos institucionales del mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales

49.

Reitera su solicitud a la Comisión y al Consejo para insistir en que respondan positivamente a la petición formulada por el Parlamento en su Resolución, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, que debe cubrir el alcance completo de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE; reitera que dicho mecanismo es necesario para reforzar el fomento y el respeto de los valores de la Unión; y recuerda que este ciclo anual debe ser exhaustivo, objetivo e imparcial, basarse en datos contrastados y aplicarse de manera justa y equitativa a todos los Estados miembros;

Recomendaciones específicas por país

50.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente una verdadera evaluación de la situación de cada uno de los valores del artículo 2 del TUE en los Estados miembros y adopte unas recomendaciones por país claras en relación con el modo de abordar los problemas identificados y de corregir las vulneraciones, con plazos de aplicación, cuando proceda, y criterios de referencia que deban seguirse, incluyendo calendarios, objetivos y medidas concretas que deban adoptarse, a fin de ayudar a los Estados miembros a afrontar las deficiencias señaladas en el informe; y solicita que dichas iniciativas sean objeto de seguimiento en los informes anuales siguientes o en informes urgentes;

51.

Recomienda que la Comisión adecue cada recomendación a los instrumentos potencialmente aplicables para poner remedio a las deficiencias detectadas; pide a la Comisión que mejore el seguimiento de la aplicación de los capítulos específicos por país por parte de los Estados miembros afectados y que, en caso necesario, active otros instrumentos del Estado de Derecho, a fin de obtener resultados cuando no se apliquen las recomendaciones; considera que la Comisión podría interponer más acciones por infracción ante el TJUE; y subraya la importancia de identificar tendencias positivas y negativas claras en cada Estado miembro y la necesidad de prestar especial atención a las comparaciones con el informe del año anterior;

Acuerdo interinstitucional

52.

Considera que el acuerdo interinstitucional en que se apoya el informe anual no está a la altura de las expectativas del Parlamento; y espera que las tres instituciones creen un grupo de trabajo interinstitucional permanente, tal como propuso el Parlamento en su Resolución de 7 de octubre de 2020;

53.

Pide a la Comisión y al Consejo que entablen sin demora negociaciones con el Parlamento sobre un acuerdo interinstitucional de conformidad con el artículo 295 del TFUE, a fin de establecer un mecanismo sobre el Estado de Derecho que complemente los instrumentos existentes, a través de un acto jurídico que vincule a las tres instituciones en un proceso transparente y regularizado, con responsabilidades definidas más claramente, en el que participe un grupo de expertos independientes que asesore al grupo de trabajo y a las tres instituciones, en estrecha cooperación con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de forma que la protección y la promoción de todos los valores de la Unión pase a ser una parte permanente y visible de la agenda de la Unión; considera que la propuesta recogida en el anexo de la Resolución del Parlamento, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales constituye una base adecuada para esas negociaciones; y considera que, entre tanto, un proyecto piloto para evaluar la conformidad con los valores de la Unión, con la participación de expertos independientes, podría contribuir a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios;

Complementariedad con otros instrumentos en materia de Estado de Derecho

54.

Reitera que el mecanismo para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales no debe sustituir en modo alguno, sino complementar y reforzar, los procedimientos actuales y futuros iniciados en virtud del artículo 7 del TUE; lamenta profundamente la incapacidad del Consejo para lograr avances significativos a la hora de hacer respetar los valores de la Unión en los procedimientos que están en curso al amparo del artículo 7 del TUE; observa que la renuencia del Consejo a aplicar el artículo 7 del TUE está permitiendo, en la práctica, que sigan ignorándose de manera sistemática los valores establecidos en el artículo 2 del TUE, incluyendo casos de desacato flagrante de las sentencias del TJUE y de hostigamiento de quienes defienden el Estado de Derecho en algunos Estados miembros; lamenta que el Consejo no haya organizado audiencias con el pretexto de la COVID-19, cuando no existe ninguna obligación legal que exija que las audiencias sean presenciales y no puedan realizarse por videoconferencia; reclama la divulgación pública de cualquier posible dictamen del Servicio Jurídico del Consejo que afirme otra cosa; insta al Consejo a que avance en los procedimientos previstos en el artículo 7, apartado 1, del TUE, que vele por que se reanuden con urgencia las audiencias y que aborde asimismo los acontecimientos recientes; reitera su llamamiento al Consejo para que, con vistas a dar seguimiento a las audiencias, dirija recomendaciones concretas a los Estados miembros de que se trata, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, del TUE, e indique plazos para la aplicación de dichas recomendaciones; pide que en la Conferencia sobre el Futuro de Europa se reflexione sobre la revisión del artículo 7 del TUE, incluidos los requisitos en materia de votación, con el fin de mejorar la eficacia del proceso, centrándose especialmente en la derogación del requisito de unanimidad para la imposición de sanciones; e insiste en que se respeten la función y las funciones del Parlamento, en particular, el derecho a estar debidamente informado sobre los procedimientos relativos a los instrumentos en materia de Estado de Derecho, incluidas las audiencias contempladas en el artículo 7 del TUE;

55.

Opina que resultan indispensables unas recomendaciones claras acerca de los problemas detectados y la correspondiente acción de seguimiento necesaria, a pesar de que el informe anual siga siendo un instrumento de seguimiento esencial; reitera que, en caso de que no se subsanen las deficiencias y se apliquen las recomendaciones, el informe anual debe servir de base para decidir si se activan uno o varios instrumentos pertinentes, como el procedimiento previsto en el artículo 7 del TUE, el mecanismo de condicionalidad o el marco para el Estado de Derecho, o si se incoan procedimientos de infracción, incluidos procedimientos acelerados, demandas de medidas provisionales ante el TJUE y recursos por falta de ejecución de las sentencias del TJUE relativas a la protección de los valores de la Unión; subraya que el informe debe ir acompañado, en todo caso, de recomendaciones factibles, incluidos plazos de aplicación; recuerda que pueden ejercerse simultáneamente acciones por infracción sobre cuestiones identificadas en las propuestas motivadas previstas en el artículo 7, apartado 1, del TUE, tal como ya ha establecido el TJUE; insta a la Comisión a que haga un uso contundente de los procedimientos de infracción, cuando resulte necesario, a fin de evitar retrocesos en el Estado de Derecho en los sistemas judiciales nacionales; considera que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe servir para seguir consolidando en las disposiciones del Tratado el principio jurídico bien afianzado de la primacía del Derecho de la Unión; e invita a la Conferencia sobre el Futuro de Europa a que estudie la posibilidad de reforzar el papel del TJUE en la protección de los valores fundacionales de la Unión;

56.

Celebra que la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa incluya entre los temas de debate los derechos y valores europeos —incluido el Estado de Derecho—; y pide a la Conferencia sobre el Futuro de Europa que incluya una reflexión sobre la eficacia de las herramientas existentes en la Unión para supervisar, prevenir y afrontar las violaciones de los principios enunciados en el artículo 2 del TUE, y que presente propuestas con medidas concretas para enriquecer el conjunto de herramientas de la Unión;

57.

Resalta que la aplicabilidad, la finalidad y el ámbito de aplicación del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho están claramente definidos en el texto jurídico del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092; destaca que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho ha entrado en vigor, es directamente aplicable desde el 1 de enero de 2021 y es obligatorio en todos sus elementos para todos los créditos de compromiso y de pago en todos los Estados miembros, en particular para el desembolso de los fondos del instrumento NextGenerationEU, y que su aplicación por las instituciones de la UE no está sujeta a la adopción de directrices ni a interpretaciones judiciales; considera que las Conclusiones del Consejo Europeo, de 10 y 11 de diciembre de 2020, sobre el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho contravienen los artículos 15 y 17 del TUE y el artículo 288 del TFUE en la medida en que introducen una inseguridad jurídica innecesaria en relación con las directrices adicionales de la Comisión y la suspensión de la adopción del Reglamento en los casos previstos en el artículo 263 del TFUE, como sucede en la actualidad tras los recientes recursos de anulación interpuestos por Hungría y Polonia; reitera su llamamiento a la Comisión para que adopte medidas inmediatas en virtud del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho para utilizar plenamente y sin más demora los instrumentos de investigación de que ya dispone a fin de subsanar aquellas deficiencias del Estado de Derecho en los Estados miembros que pudieran afectar o amenazar con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión de un modo suficientemente directo; y pide a la Comisión que aplique con más firmeza el Reglamento sobre disposiciones comunes (31) y el Reglamento Financiero (32) para combatir el uso discriminatorio de los fondos europeos, como hizo cuando retuvo los fondos destinados a gobiernos municipales o locales autoproclamados «libres de ideología LGBTI»;

58.

Pide a la Comisión que utilice las conclusiones del informe anual en la evaluación que sirve de base al mecanismo para proteger el presupuesto frente a las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho, así como en cualquier otra evaluación pertinente a los efectos de las herramientas presupuestarias existentes y futuras; reitera su petición a la Comisión para que dedique una sección del informe anual sobre el Estado de Derecho a un análisis de los casos en los que las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro concreto puedan afectar o amenazar con afectar gravemente a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión de un modo suficientemente directo, pudiendo servir esto como base para activar el mecanismo de condicionalidad; e insta a la Comisión a reforzar las sinergias entre sus informes anuales sobre el Estado de Derecho y el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, de manera que se utilicen como herramientas distintas, pero complementarias;

59.

Reconoce que la Comisión debe utilizar el informe anual sobre el Estado de Derecho como una fuente importante de información a la hora de elaborar un expediente para la aplicación del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, donde debe incluirse, entre otra, información de los informes del Tribunal de Cuentas Europeo, la OLAF y la Fiscalía Europea, los informes de auditoría de la Comisión y las autoridades nacionales de auditoría, las sentencias del TJUE y los tribunales nacionales, análisis de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea e información de distintos sistemas, como el sistema de detección precoz y exclusión para la protección de los intereses financieros de la Unión (EDES) y Arachne; pide a la Comisión que aclare en la metodología utilizada el vínculo entre el informe sobre el Estado de Derecho y el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho; y recuerda que es fundamental que los intereses legítimos de los destinatarios y beneficiarios finales queden debidamente protegidos al adoptar las medidas en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho;

60.

Pide a la Comisión que fomente una cultura del respeto de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, entre otras cosas, intensificando los esfuerzos por promover la educación de los ciudadanos europeos, que debe incluir la educación sobre el Estado de Derecho; pide a la Comisión que adopte un programa específico de apoyo a las iniciativas innovadoras dirigidas a promover la educación de la ciudadanía de la Unión; insta al Consejo y a la Comisión a proporcionar una información y una financiación adecuadas a las organizaciones de la sociedad civil de ámbito europeo, nacional, regional y local, así como al periodismo independiente, en especial, haciendo un uso estratégico de las oportunidades de financiación que ofrece el Reglamento por el que se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores con el fin de ayudarles en las tareas de sensibilización y en la promoción de los valores de la Unión y las herramientas aplicables, incluido el informe anual, para combatir las amenazas al Estado de Derecho identificadas en el informe anual, en concreto, cuando se hayan detectado violaciones y deficiencias; pide a los Estados miembros que aprendan de las buenas prácticas, colmen las lagunas detectadas y adopten medidas para mejorar la situación en los cuatro pilares principales definidos en el informe sobre el Estado de Derecho; y destaca la necesidad de una mayor concienciación entre los ciudadanos y los residentes de la UE sobre los medios y los procedimientos disponibles a nivel nacional y europeo para asegurar el respeto del Estado de Derecho e informar sobre las violaciones;

III. Seguimiento y repercusiones del informe

61.

Pide a la Comisión que evalúe en informes sucesivos cómo han evolucionado los problemas detectados en los ámbitos analizados en informes anteriores, si han sido resueltos y si pueden empeorar o han empeorado ya, para identificar tendencias positivas y negativas y problemas transversales, haciendo especial hincapié en cualquier patrón sistémico o recurrente de violaciones del Estado de Derecho, y para proponer recomendaciones claras a fin de atajar cualquier riesgo o retroceso detectado;

62.

Resalta la importancia de difundir las conclusiones del informe anual a escala nacional; y alienta a la Comisión a que fomente el debate en torno al informe en los parlamentos nacionales y a que colabore con las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de dicho informe;

63.

Pide a la Comisión que deje claro en sus informes anuales sobre el Estado de Derecho que no todas las deficiencias y violaciones en esta materia son de la misma naturaleza o intensidad y que cuando se conculcan los valores enumerados en el artículo 2 del TUE de forma deliberada, grave, permanente y sistemática a lo largo de un período de tiempo, los Estados miembros pueden dejar de cumplir todos los criterios que definen una democracia para convertirse en regímenes autoritarios; resalta que la principal prioridad de la Comisión debe ser aplicar el Derecho de la Unión cuando se vulnera el artículo 2 del TUE y que su informe anual sobre el Estado de Derecho debe contribuir esencialmente a tal fin; y pide, por tanto, a la Comisión que evalúe en profundidad a los Estados inmersos en procedimientos amparados por el artículo 7 del TUE, a fin de ilustrar cómo se ha procedido al menoscabo estructural del Estado de Derecho para facilitar la consolidación de formas de gobierno autoritarias;

64.

Resalta que el informe debe servir de base para establecer las prioridades de las medidas de seguimiento por parte de la Unión en relación con aquellos Estados miembros en los que se han observado problemas o deficiencias y que sus contribuciones deben ser un elemento central en el marco general del mecanismo para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

65.

Se compromete a empezar a trabajar en el informe de 2021 lo antes posible tras su publicación;

o o

66.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1.

(2) DO L 156 de 5.5.2021, p. 1.

(3) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.

(4) DO C 129 de 5.4.2019, p. 13.

(5) DO C 390 de 18.11.2019, p. 117.

(6) DO C 390 de 18.11.2019, p. 111.

(7) DO C 433 de 23.12.2019, p. 66.

(8) DO C 363 de 28.10.2020, p. 8.

(9) DO C 363 de 28.10.2020, p. 45.

(10) DO C 449 de 23.12.2020, p. 102.

(11) DO C 108 de 26.3.2021, p. 107.

(12) Textos aprobados, P9_TA(2019)0103.

(13) Textos aprobados, P9_TA(2019)0101.

(14) Textos aprobados, P9_TA(2020)0007.

(15) Textos aprobados, P9_TA(2020)0014

(16) Textos aprobados, P9_TA(2020)0054.

(17) Textos aprobados, P9_TA(2020)0173.

(18) Textos aprobados, P9_TA(2020)0164.

(19) Textos aprobados, P9_TA(2020)0225.

(20) Textos aprobados, P9_TA(2020)0251.

(21) Textos aprobados, P9_TA(2020)0264.

(22) Textos aprobados, P9_TA(2020)0320.

(23) Textos aprobados, P9_TA(2020)0328.

(24) Textos aprobados, P9_TA(2020)0360.

(25) Textos aprobados, P9_TA(2021)0089.

(26) Textos aprobados, P9_TA(2021)0103.

(27) Textos aprobados, P9_TA(2021)0148.

(28) Véanse, por ejemplo, sus resoluciones citadas en el presente de 1 de marzo de 2018, 19 de abril de 2018, 13 de noviembre de 2018, 28 de marzo de 2019, 18 de diciembre de 2019, 19 de junio de 2020, 8 de octubre de 2020 y 29 de abril de 2021.

(29) Resolución de 13 de noviembre de 2018 sobre las normas mínimas para las minorías en la Unión Europea (DO C 363 de 28.10.2020, p. 13).

(30) DO L 303 de 28.11.2018, p. 69.

(31) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

(32) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.