–

en nombre de OF, EI y RI, por los Sres. W. Bochenek, P. Stalski y T. Zaremba, radcowie prawni;

–

en nombre de M. K., por las Sras. P. Cieślak y M. Pyziak-Waląg, adwokaci;

–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, la Sra. M. Kozak y los Sres. R. Stańczyk y B. Trocha, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. U. Małecka y los Sres. P. Ondrůšek y D. Triantafyllou, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), a la luz de los principios de efectividad y de proporcionalidad y en relación con los artículos 34, apartado 1, letras b) y g), y 70, apartados 1 y 4, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre OF, EI y RI, por una parte, y M. K., en su condición de liquidador de Getin Noble Bank S.A., actualmente en liquidación, por otra, en relación con la solicitud de medidas cautelares presentada por OF, EI y RI en el marco de un procedimiento que tiene por objeto la declaración de nulidad de un contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera y la devolución de las cantidades pagadas en ejecución de dicho contrato, celebrado entre estos últimos y Getin Noble Bank.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 93/13

3

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente:

4

A tenor del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva:

Directiva 2014/59

5

Los considerandos 5, 49 a 51 y 131 de la Directiva 2014/59 tienen la siguiente redacción:

6

A tenor del artículo 1, apartado 2, de la misma Directiva:

7

El artículo 34 de dicha Directiva, titulado «Principios generales que rigen la resolución», dispone, en su apartado 1, cuanto sigue:

8

El artículo 37, apartado 6, de dicha Directiva establece lo siguiente:

9

El artículo 70 de la Directiva 2014/59, titulado «Competencia para restringir la ejecución de garantías», dispone en sus apartados 1 y 4:

10

El artículo 73 de esta Directiva, titulado «Trato de accionistas y acreedores en caso de transmisiones parciales y aplicación del instrumento de recapitalización interna», contempla, en su letra b), la situación en la que una autoridad nacional de resolución aplica el instrumento de recapitalización interna. En su letra a), este artículo establece lo siguiente:

11

El artículo 74 de dicha Directiva, titulado «Valoración de la diferencia en el trato», precisa, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

12

El artículo 75 de la misma Directiva, titulado «Salvaguarda de accionistas y acreedores», tiene el siguiente tenor:

Derecho polaco

Ley por la que se aprueba el Código Civil

13

El artículo 3851 de la ustawa Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964, en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2020, posición 1740), establece en sus apartados 1 y 2:

14

El artículo 405 de este Código dispone:

15

Según el artículo 410, apartado 2, de dicho Código:

Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil

16

La ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil), de 17 de noviembre de 1964, en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2021, posición 1805), dispone en su artículo 189:

17

El artículo 7301 de este Código establece lo siguiente:

18

A tenor del artículo 731 del referido Código:

19

El artículo 755 del mismo Código preceptúa:

Ley Concursal

20

La ustawa Prawo upadłościowe (Ley Concursal), de 28 de febrero de 2003, en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2022, posición 1520), establece en su artículo 146:

Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria

21

La ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, el Sistema de Garantía de Depósitos y la Resolución), de 10 de junio de 2016, en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2022, posición 793) (en lo sucesivo, «Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria»), establece lo siguiente en su artículo 135, apartados 1 y 4:

22

En virtud del artículo 142, apartado 1, de dicha Ley, el Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Fondo de Garantía Bancaria, Polonia), que es la autoridad nacional de resolución, puede suspender el derecho a ejecutar las garantías sobre los activos de una entidad objeto de resolución durante un período que no exceda del final del día hábil siguiente a la publicación del anuncio emitido respecto de la suspensión de ese derecho.

Litigio principal y cuestión prejudicial

23

En 2007, los demandantes en el litigio principal, OF y sus padres, RI y EI, celebraron, en su condición de consumidores, un contrato de préstamo hipotecario de 360 meses de duración por un importe de 185 375,71 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 43 000 euros) con Getin Noble Bank. Este contrato establecía una cláusula de conversión de ese importe en francos suizos (CHF), al tipo de compra de esta divisa fijado por el banco, y un tipo de interés variable. Las cuotas mensuales, calculadas en francos suizos, podían abonarse en eslotis polacos al tipo de venta del franco suizo, igualmente fijado de forma unilateral por dicho banco.

24

Los demandantes en el litigio principal presentaron una demanda en relación con el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Con carácter principal, esa demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de dicho contrato debido al carácter abusivo de algunas de sus cláusulas y, en consecuencia, que se condene a Getin Noble Bank al pago de 48 352,97 PLN y de 27 171,82 CHF (es decir, aproximadamente 11 300 euros y 29 000 euros, respectivamente), cantidades correspondientes a las cuotas mensuales pagadas en ejecución de dicho contrato en la fecha de presentación de su demanda, más los intereses de demora al tipo legal y las costas. Con carácter subsidiario, la referida demanda tiene por objeto que se declare el carácter abusivo de las cláusulas en cuestión y la invalidez de estas.

25

El 29 de septiembre de 2022, mientras se tramitaba el litigio principal, el Fondo de Garantía Bancaria, actuando en su condición de autoridad nacional de resolución, adoptó una decisión por la que se iniciaba un procedimiento de resolución respecto de Getin Noble Bank. En el marco de este procedimiento, el Fondo de Garantía Bancaria recurrió al instrumento de la entidad puente, mediante la constitución de un banco, actualmente denominado VELO Bank S.A., al que se transfirió la práctica totalidad de los activos, derechos y obligaciones de Getin Noble Bank. Esta decisión excluía de esa transferencia los derechos patrimoniales derivados de actuaciones de hecho, de actos jurídicos o de infracciones relativas a los contratos de crédito y de préstamo denominados en francos suizos o indexados al tipo de cambio del franco suizo, así como las pretensiones derivadas de dichos derechos patrimoniales, incluidas las que fueran objeto de procedimientos civiles o administrativos.

26

A raíz de esta decisión del Fondo de Garantía Bancaria, los demandantes en el litigio principal presentaron una demanda de medidas provisionales contra Getin Noble Bank ante el órgano jurisdiccional remitente, en la que instaron la adopción de medidas cautelares en relación con los derechos y obligaciones de las partes del procedimiento sobre el fondo, al objeto de que se suspendiera su obligación contractual de pago de las cuotas mensuales adeudadas en ejecución del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal hasta la conclusión definitiva de este último procedimiento y de que se prohibiera a Getin Noble Bank emprender acciones para la resolución de dicho contrato y darles preaviso por impago del préstamo en cuestión.

27

El órgano jurisdiccional remitente señala que la procedencia de tales medidas cautelares se decide sobre la base de una apreciación prima facie de la correcta fundamentación de las alegaciones de las partes, teniendo en cuenta al mismo tiempo todas las pruebas practicadas en el asunto en cuanto al fondo. En el caso de autos, dicho órgano jurisdiccional considera que las cláusulas del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal impugnadas por los demandantes en dicho litigio podrían calificarse de abusivas y que dicho contrato podría no subsistir tras la declaración de invalidez de esas cláusulas.

28

En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente considera que debería ser posible conceder las medidas cautelares solicitadas, consistentes, en particular, en la suspensión de la obligación de los demandantes en el litigio principal de pagar las cuotas mensuales del préstamo controvertido en dicho litigio. Sin embargo, alberga dudas a este respecto en un contexto en el que el profesional en cuestión es un banco que es objeto de un procedimiento de resolución previsto en la Directiva 2014/59.

29

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente da cuenta de las disposiciones del artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, en virtud de las cuales, cuando un banco está sujeto a una medida de resolución, deben sobreseerse los procedimientos en curso para la obtención de medidas cautelares en relación con ese banco y no está permitida la incoación de un nuevo procedimiento para la obtención de tales medidas. Según dicho órgano jurisdiccional, estas disposiciones constituyen una transposición errónea, por extensiva, del artículo 70, apartados 1 y 4, de la Directiva 2014/59.

30

A raíz de una solicitud de información que le dirigió el Tribunal de Justicia en relación con la eventual pertinencia del artículo 142, apartado 1, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria como medida de transposición del artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59, el órgano jurisdiccional remitente indicó, en esencia, que, efectivamente, existe una correspondencia entre ambas disposiciones, pero que la adición del artículo 135, apartados 1 y 4, de dicha Ley es problemática, ya que estas últimas disposiciones tienen un ámbito de aplicación mucho más amplio que el mencionado artículo 70, apartado 1.

31

El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria priva a los consumidores de la protección prevista en la Directiva 93/13 y es, por ello, contrario a los principios de efectividad y de proporcionalidad. En efecto, estima que los consumidores afectados se ven privados de la posibilidad de quedar efectivamente liberados de la ejecución de un contrato potencialmente inválido, debido a las cláusulas abusivas que contiene, mientras dure el procedimiento judicial que tiene por objeto que se reconozca el carácter abusivo de esas cláusulas, pese a que corren el riesgo de no poder beneficiarse posteriormente del efecto restitutorio derivado de la eventual declaración de dicho carácter abusivo.

32

Dicho órgano jurisdiccional subraya a este respecto que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que no se permite la ejecución forzosa contra el banco, el único medio efectivo de llevar a la práctica ese efecto restitutorio es, en su opinión, una compensación de los créditos recíprocos. Pues bien, en el supuesto de una declaración de insolvencia del banco, el crédito del consumidor frente a él, relativo a la restitución de las cantidades pagadas en virtud del contrato de préstamo más allá del capital prestado, quedaría sometido a la misma suerte que los créditos de los demás acreedores, lo que, en la práctica, significaría que el consumidor no podría cobrar su crédito.

33

Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia al principio mencionado en el artículo 34, apartado 1, letra g), de la Directiva 2014/59, según el cual los procedimientos de resolución deben llevarse a cabo de modo que los acreedores no sufran más pérdidas que en el marco de los procedimientos de insolvencia ordinarios. Este órgano jurisdiccional duda de que pueda respetarse este principio si se prohíbe presentar una solicitud de medidas cautelares consistentes en la suspensión de la obligación de pago de las cuotas mensuales de reembolso de un crédito concedido por un banco objeto de un procedimiento de resolución con arreglo a un contrato cuya validez se discute.

34

En efecto, el órgano jurisdiccional remitente indica que el litigio principal versa, en parte, sobre un crédito que dicho órgano jurisdiccional califica de «no pecuniario», en la medida en que la acción que se ejercita tiene por objeto que se declare la nulidad del contrato de préstamo controvertido en dicho litigio, y que, con arreglo al artículo 146, apartado 3, de la Ley Concursal, en su versión aplicable al litigio principal, la concesión de medidas cautelares en relación con tal crédito es posible pese a la apertura de un procedimiento de insolvencia, dado que, en esencia, tales medidas no constituyen medidas cautelares con respecto a los bienes del concursado, en el sentido de dicha disposición. En su respuesta a la solicitud de información del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente indicó que la solicitud de medidas cautelares controvertida en el litigio principal habría sido admisible si se hubiera presentado después de la declaración de concurso de Getin Noble Bank, producida, entretanto, el 20 de julio de 2023.

35

En su opinión, este «crédito no pecuniario» debe distinguirse del crédito relativo a la restitución de prestaciones indebidas derivadas del efecto restitutorio vinculado a la aplicación de la Directiva 93/13, que tiene consecuencias patrimoniales para el concursado, de modo que, en relación con este segundo crédito, no sería posible adoptar una medida cautelar.

36

Por último, el órgano jurisdiccional remitente considera que procede tomar en consideración el hecho de que, en caso de anulación del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, el banco dispondría de un crédito para el reembolso del capital prestado. Por consiguiente, suspender el cumplimiento de las obligaciones de los demandantes en el litigio principal derivadas de dicho contrato antes de que el total de sus reembolsos haya alcanzado la cantidad equivalente a ese capital podría ser contrario al objetivo del procedimiento de resolución, ya que ello limitaría o retrasaría el proceso de cobro de los créditos del banco afectado, destinado a satisfacer a otros acreedores.

37

En tales circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

38

Con carácter preliminar, procede señalar, en primer lugar, que el órgano jurisdiccional remitente invita al Tribunal de Justicia a tomar en consideración el artículo 70, apartados 1 y 4, de la Directiva 2014/59 en el marco de la interpretación de la Directiva 93/13 que se le solicita, por el motivo de que el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, que se identifica en la resolución de remisión como la «normativa nacional» a que se refiere la cuestión prejudicial, constituye la transposición de dicho artículo 70, apartados 1 y 4.

39

Pues bien, estas disposiciones del Derecho de la Unión, por una parte, y del Derecho polaco, por otra, difieren en cuanto a su objeto y alcance. En efecto, mientras que el artículo 70, apartados 1 y 4, de la Directiva 2014/59 se refiere a la competencia de la que deben disponer las autoridades nacionales de resolución para restringir la ejecución de garantías respecto a los activos de una entidad objeto de resolución, y ello durante un tiempo extremadamente corto, el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria tiene por objeto, como se desprende de la resolución de remisión, prohibir a los órganos jurisdiccionales nacionales que tramiten cualquier procedimiento de ejecución o que tenga por objeto la concesión de medidas cautelares en relación con el patrimonio de tal entidad mientras esta sea objeto de un procedimiento de resolución.

40

Por otra parte, como señaló la Abogada General, en esencia, en los puntos 31 a 35 de sus conclusiones, los demandantes en el litigio principal no son «acreedores garantizados» de una entidad objeto de resolución, en el sentido del artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59. En efecto, de la resolución de remisión se desprende que son partes contratantes respecto de tal entidad y que presentaron una demanda contra ella al objeto de que se reconociera la existencia, por una parte, de un «crédito» consistente en la anulación de un contrato de préstamo y, por otra parte, de un crédito pecuniario consistente en la restitución de las cantidades que pagaron a dicha entidad en cumplimiento de ese contrato. Estos supuestos créditos no van acompañados de ninguna «garantía respecto a cualquier activo de dicha entidad», en el sentido del citado artículo 70, apartado 1. Además, es ajena a tal garantía una demanda de medidas provisionales cuyo objeto sea la concesión de unas medidas cautelares como las controvertidas en el litigio principal, que consisten, en esencia, en la suspensión, durante el procedimiento sobre el fondo, de la obligación de pagar las cantidades adeudadas correspondientes a los futuros vencimientos previstos en dicho contrato (véase, en este sentido, el auto de 20 de febrero de 2024, Getin Noble Bank, C‑34/23, EU:C:2024:203, apartado 32).

41

Por lo demás, a raíz de una solicitud de información del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente parece haber admitido que, como han sostenido el Gobierno polaco y la Comisión Europea en sus observaciones presentadas en el marco del presente procedimiento, el artículo 70 de la Directiva 2014/59 fue transpuesto al Derecho polaco mediante otras disposiciones de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, a saber, las del artículo 142 de esta.

42

En segundo lugar, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente hace referencia, en la cuestión prejudicial, al principio de efectividad y al principio de proporcionalidad, procede señalar que dicho órgano jurisdiccional no explicita el motivo de la referencia al segundo de esos principios. Pues bien, con arreglo al artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, toda petición de decisión prejudicial debe contener la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal, exigencia que también se aplica a los principios generales del Derecho de la Unión sobre los que dicho órgano jurisdiccional se pregunta en el marco de tal petición de decisión prejudicial.

43

En consecuencia, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad y en relación con el artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que obliga al juez nacional a denegar las medidas cautelares solicitadas por un consumidor, consistentes en la suspensión del pago de las cuotas mensuales adeudadas por dicho consumidor en virtud de un contrato de préstamo cuya anulación solicita alegando que contiene cláusulas abusivas, a la espera de una resolución definitiva sobre esta última pretensión, por el único motivo de que el banco con el que se celebró el contrato es objeto de un procedimiento de resolución, en el sentido de la Directiva 2014/59, procedimiento en el que se recurrió al instrumento de la entidad puente, mediante la constitución de otro banco al que se transfirió la mayor parte de los activos, derechos y pasivos del banco objeto de resolución, pero no el contrato en cuestión, que permaneció en el patrimonio de la entidad residual, aun cuando tales medidas cautelares serían necesarias para garantizar la plena eficacia de dicha resolución definitiva.

44

Procede recordar de entrada que la Directiva 93/13 tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, apartado 36, y de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 36 y jurisprudencia citada]. Este objetivo es conforme con el imperativo que resulta del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que consiste, por su parte, en garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores en las políticas de la Unión, imperativo que rige particularmente la aplicación de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2024, Novo Banco y otros, C‑498/22 a C‑500/22, EU:C:2024:686, apartado 137 y jurisprudencia citada).

45

A tal fin, por una parte, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a establecer que no vinculen al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional.

46

De ello se deriva que los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar dichas cláusulas, con el fin de que estas no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, salvo si el consumidor se opone a ello [sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 37 y jurisprudencia citada].

47

Cuando se trata de cláusulas abusivas que imponen el pago de una cantidad de dinero, esta obligación genera, en principio, un efecto restitutorio respecto de dicha cantidad. La exigencia de que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de que se trate de no haber existido tales cláusulas abusivas, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en virtud de dichas cláusulas abusivas, que debe, por tanto, reconocerse al consumidor, forma parte del propio contenido sustancial de la protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensación de oficio en caso de cláusula abusiva), C‑170/21, EU:C:2022:518, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada].

48

Por otra parte, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros deben hacer uso de medios que sean, a la vez, adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

49

Procede recordar, a este respecto, que dadas la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, el artículo 6, apartado 1, de esta debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público (sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 52, y de 17 de mayo de 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, apartado 24). El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva también está directamente relacionado con ese interés público (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980, apartado 56).

50

Dado que el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales procedimientos, en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, no obstante, de que respeten los principios de equivalencia y de efectividad [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 74 y jurisprudencia citada].

51

En virtud del principio de efectividad, la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la protección de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. El respeto de las exigencias derivadas de este principio debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupan las normas de que se trate en el conjunto del procedimiento, el desarrollo de este y las particularidades de tales normas ante las distintas instancias nacionales [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada].

52

Procede también subrayar que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular para los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, reconocida también en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que se aplica, en particular, a la regulación procesal de las acciones judiciales basadas en tales derechos [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 76 y jurisprudencia citada].

53

Por consiguiente, corresponde a los Estados miembros precisar, en sus respectivos Derechos nacionales, las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos celebrados entre profesionales y consumidores y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, la cual debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de que se trate de no haber existido tales cláusulas abusivas, en su caso mediante el reconocimiento del derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional. En efecto, esa regulación por el Derecho nacional de la protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar el contenido sustancial de tal protección [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 39 y jurisprudencia citada].

54

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado contrario al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 el hecho de privar a un consumidor de la posibilidad de obtener la suspensión de un procedimiento de ejecución incoado en virtud de un título ejecutivo basado en una cláusula contractual cuya validez se impugna judicialmente debido a su carácter abusivo, cuando, a falta de tal suspensión, la resolución que se dicte en cuanto al fondo, en la que se declare el carácter abusivo de dicha cláusula, solo proporcionaría al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que sería incompleta e insuficiente, y, por lo tanto, no constituiría un medio ni adecuado ni eficaz para que cese el uso de dicha cláusula (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 60).

55

Por lo tanto, la protección garantizada a los consumidores por la Directiva 93/13, en particular por los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de esta, requiere que, cuando existan indicios suficientes a favor de la nulidad de las cláusulas contractuales impugnadas por el consumidor, o incluso del propio contrato, de manera que un reembolso total o parcial de las cantidades pagadas por ese consumidor es probable, el órgano jurisdiccional nacional debe poder adoptar una medida cautelar apropiada, si ello es necesario para garantizar la plena eficacia de la resolución que se dicte en cuanto al carácter abusivo de las cláusulas contractuales [véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartados 59, 60 y 64; de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, apartados 57 y 58, y de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartados 43 y 60].

56

La plena eficacia de la resolución que debe adoptarse en cuanto al fondo implica, en particular, que pueda evitarse que el consumidor abone a lo largo del proceso judicial, cuya duración puede ser considerable, cantidades por un importe superior a las efectivamente adeudadas si dicha resolución declarase el carácter abusivo de las cláusulas impugnadas, de modo que puede ser necesario adoptar medidas cautelares en tal supuesto [véanse, en este sentido, el auto de 26 de octubre de 2016, Fernández Oliva y otros, C‑568/14 a C‑570/14, EU:C:2016:828, apartado 35, y la sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 42].

57

Por otra parte, la necesidad de conceder medidas cautelares debe apreciarse a la vista de todas las circunstancias del caso de autos [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 59].

58

A este respecto, en el caso de un contrato de préstamo, la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales concedan tal medida es aún más necesaria cuando, en ejecución de dicho contrato, el consumidor ya ha pagado o corre el riesgo de tener que pagar a la entidad de crédito un importe superior a la cantidad que tomó prestada [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartados 52 y 59].

59

Sin embargo, como ha indicado el órgano jurisdiccional remitente, procede señalar que la eventual declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales impugnadas por el consumidor no implica la extinción de todo derecho de crédito de la entidad de crédito frente a dicho consumidor.

60

En el presente asunto, las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren esencialmente al hecho de que el Derecho nacional, en particular el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, excluye toda posibilidad de adoptar medidas cautelares cuando el profesional que ha celebrado con un consumidor un contrato cuya validez se impugna judicialmente —de manera fundada, según una apreciación prima facie— es una entidad de crédito que es objeto de un procedimiento de resolución.

61

Habida cuenta de la cuestión prejudicial planteada por dicho órgano jurisdiccional, procede, pues, determinar si, cuando una entidad de crédito es objeto de un procedimiento de resolución en el que se ha recurrido al instrumento de la entidad puente, mediante la constitución de un banco al que se ha transferido la mayor parte de los activos, derechos y pasivos de dicha entidad de crédito, el artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59 afecta a la posibilidad que debe tener el órgano jurisdiccional nacional de adoptar las medidas cautelares solicitadas por un consumidor con el fin de garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que se dicte en relación con el supuesto carácter abusivo de una cláusula de un contrato que ha permanecido en el patrimonio del establecimiento residual.

62

El artículo 34, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/59 establece, en esencia, el orden en el que las personas afectadas por el inicio de un procedimiento de resolución asumen, en principio, las pérdidas de la entidad objeto de resolución, a saber, primero los accionistas y, después, los acreedores de dicha entidad, estos últimos de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios, lo que, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, punto 47, de la Directiva 2014/59, es una cuestión de Derecho nacional.

63

Por lo tanto, dicho artículo 34, apartado 1, letra b), no contiene ninguna indicación en cuanto a la posibilidad de que un consumidor obtenga la suspensión de sus propias obligaciones frente a la entidad objeto de resolución.

64

Por su parte, el artículo 34, apartado 1, letra g), de la Directiva 2014/59 establece el principio según el cual los acreedores no deben incurrir en más pérdidas que aquellas que habrían sufrido si la entidad objeto de resolución hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, de conformidad con los artículos 73 a 75 de dicha Directiva.

65

Como expuso la Abogada General, en esencia, en los puntos 72 a 74 de sus conclusiones, el hecho de que esta disposición se remita expresamente a los artículos 73 a 75 de la Directiva 2014/59 implica que contempla una salvaguarda que, ciertamente, beneficia, entre otros, a los acreedores de una entidad objeto de resolución, pero que solo se aplica a posteriori. En efecto, esta salvaguarda supone la comparación de las pérdidas efectivamente sufridas por esos acreedores, a la vista de su trato real en el marco de la resolución de esa entidad, con las que habrían sufrido si se hubiera aplicado a dicha entidad un procedimiento de insolvencia ordinario en el momento en que se decidió adoptar una medida de resolución. En el supuesto de que las primeras resulten ser superiores a las segundas, dicha salvaguarda les permite obtener el pago de la diferencia con cargo a los mecanismos de financiación en el procedimiento de resolución.

66

Por lo tanto, el «principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores», enunciado en el considerando 5 de la Directiva 2014/59, en relación con el artículo 34, apartado 1, letra g), de esta, leído conjuntamente con los artículos 73 a 75 de la misma Directiva, no se refiere a una eventual protección procesal relativa a la concesión de medidas cautelares, como las controvertidas en el litigio principal, de las que podrían beneficiarse los acreedores de una entidad residual en el marco del procedimiento de resolución. Así pues, dicho artículo 34, apartado 1, letra g), tampoco es pertinente para responder a la cuestión de si un órgano jurisdiccional nacional debe estar facultado para conceder medidas cautelares como las controvertidas en el litigio principal.

67

Por lo demás, procede señalar, como hizo la Abogada General, en esencia, en el punto 75 de sus conclusiones, que ninguna otra disposición de la Directiva 2014/59 puede, tampoco, afectar a tal protección, a falta de una disposición específica relativa a las solicitudes de medidas cautelares presentadas frente a una entidad objeto de resolución por parte de los acreedores de esta.

68

De ello se deduce que disposiciones como el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2014/59, que establece que los Estados miembros podrán adoptar o mantener normas más estrictas o adicionales a las establecidas en dicha Directiva y en los actos delegados y de ejecución adoptados sobre su base.

69

De conformidad con esta última disposición, los Estados miembros pueden adoptar tales normas siempre que sean de aplicación general y no entren en conflicto con la Directiva 2014/59 ni con los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de esta.

70

En estas circunstancias, procede comprobar si la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Directiva 93/13, en un contexto como el del litigio principal, puede privar de eficacia u obstaculizar la aplicación del procedimiento de resolución.

71

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los objetivos consistentes en garantizar la estabilidad del sistema bancario y financiero, así como en evitar un riesgo sistémico, constituyen objetivos de interés general perseguidos por la Unión. Por lo tanto, la Directiva 2014/59 establece el recurso, en un contexto económico excepcional, a un procedimiento que puede afectar, en particular, a los derechos de los acreedores de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión, a fin de preservar la estabilidad financiera de los Estados miembros, al crear un régimen de insolvencia que constituye una excepción al régimen general de los procedimientos de insolvencia, cuya aplicación únicamente se autoriza en circunstancias excepcionales y debe estar justificada por un interés general superior. El carácter excepcional de este régimen implica que cabe descartar la aplicación de otras disposiciones del Derecho de la Unión cuando estas puedan privar de eficacia u obstaculizar la aplicación del procedimiento de resolución [sentencia de 5 de mayo de 2022, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular), C‑410/20, EU:C:2022:351, apartados 36 y 37].

72

Dicho esto, procede señalar que, en un contexto como el del litigio principal, la eficacia del procedimiento de resolución se logró, en principio, en el momento en que se recurrió a la utilización del instrumento de la entidad puente, de manera simultánea a la transferencia a esta de la mayor parte de los activos, derechos y pasivos de la entidad objeto de tal procedimiento, de modo que los incidentes procesales sobrevenidos en procedimientos relativos a activos que permanecieron en el patrimonio de la entidad residual no pueden menoscabar tal eficacia ni obstaculizar la aplicación del procedimiento de resolución. Procede además subrayar que, a partir de ese momento, dicha entidad residual está destinada a ser liquidada conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios, en virtud del artículo 37, apartado 6, de la Directiva 2014/59.

73

Por lo tanto, las circunstancias del litigio principal son distintas de las contempladas en las sentencias de 5 de mayo de 2022, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351), y de 5 de septiembre de 2024, Novo Banco y otros (C‑498/22 a C‑500/22, EU:C:2024:686), en la medida en que los asuntos en los que se dictaron estas dos sentencias se referían a entidades creadas después del inicio del procedimiento de resolución, no a una entidad residual.

74

Por otra parte, según la apreciación prima facie del órgano jurisdiccional remitente, tal como se desprende de la petición de decisión prejudicial, la concesión de medidas cautelares en circunstancias como las del litigio principal, dirigidas a evitar que se sigan realizando pagos sobre la base de cláusulas contractuales cuyo carácter abusivo resulta de una jurisprudencia nacional consolidada, solo tendría por efecto impedir un aumento del patrimonio del establecimiento residual con importes indebidos, que, en la práctica, los consumidores solo adeudarían porque el procedimiento que han incoado en cuanto al fondo está aún en curso. En efecto, en una situación en la que, como en el caso de autos, el consumidor parece haber efectuado pagos por un importe total aproximado al capital prestado, es preciso que el juez nacional pueda decidir suspender la obligación de dicho consumidor de pagar las cuotas mensuales adeudadas en virtud del contrato de préstamo cuya declaración de invalidez se pretende, con el fin de evitar que la entidad residual reciba importes superiores a los que legalmente podría exigir en caso de declaración de invalidez del contrato.

75

De cuanto antecede resulta que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad y en relación con la Directiva 2014/59, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que obliga al juez nacional a denegar las medidas cautelares solicitadas por un consumidor, consistentes en la suspensión del pago de las cuotas mensuales adeudadas por dicho consumidor en virtud de un contrato de préstamo cuya anulación solicita alegando que contiene cláusulas abusivas, a la espera de una resolución definitiva sobre esta última pretensión, por el único motivo de que el banco con el que se celebró el contrato es objeto de un procedimiento de resolución, en el sentido de la Directiva 2014/59, procedimiento en el que se recurrió al instrumento de la entidad puente, mediante la constitución de otro banco al que se transfirió la mayor parte de los activos, derechos y pasivos del banco objeto de resolución, pero no el contrato en cuestión, que permaneció en el patrimonio de la entidad residual, aun cuando tales medidas cautelares serían necesarias para garantizar la plena eficacia de dicha resolución definitiva. En el marco del examen de la necesidad de conceder estas medidas cautelares, el juez nacional debe tener en cuenta el hecho de que el consumidor ha pagado o corre el riesgo de pagar durante el procedimiento judicial un importe superior al efectivamente adeudado en caso de declaración de invalidez del contrato.

Costas

76

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.