–

en nombre de la Provincie Oost-Vlaanderen y Sogent, por los Sres. T. Quintens y S. Ronse, advocaten;

–

en nombre de KG y WA, por el Sr. J. De Staercke, advocaat;

–

en nombre del Gobierno belga, por los Sres. S. Baeyens y P. Cottin y por la Sra. C. Pochet, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Noll-Ehlers y G. Wils, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 bis de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 (DO 2014, L 124, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2011/92»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio seguido entre la Provincie Oost-Vlaanderen (provincia de Flandes Oriental, Bélgica) y Sogent, por una parte, y KG y WA, por la otra, en relación con la autorización concedida para el proyecto de reconversión de una instalación de lavadero.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2011/92

3

El artículo 4 de la Directiva 2011/92 establece lo siguiente:

4

El artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 está redactado en los términos siguientes:

Directiva 2014/52

5

Según los considerandos 25 y 26 de la Directiva 2014/52:

Derecho belga

Decreto por el que se establecen disposiciones generales de política medioambiental

6

El artículo 4.3.3, apartado 2, del decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Decreto por el que se establecen disposiciones generales de política medioambiental), de 5 de abril de 1995 (Belgisch Staatsblad, 3 de junio de 1998, p. 15971), dispone lo siguiente:

Decreto sobre Permisos Medioambientales

7

El artículo 9, apartado 2, del decreet betreffende de omgevingsvergunning (Decreto sobre Permisos Medioambientales), de 25 de abril de 2014 (Belgisch Staatsblad, 23 de octubre de 2014, p. 82132), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto sobre Permisos Medioambientales»), establece lo siguiente:

8

El artículo 15/1 del referido Decreto, que tiene por objeto adaptar el Derecho interno al artículo 9 bis de la Directiva 2011/92, dispone lo siguiente:

9

El artículo 20 del referido Decreto establece lo siguiente:

Litigio principal y cuestión prejudicial

10

Sogent, organismo público con personalidad jurídica creado por el Ayuntamiento de Gante (Bélgica), presentó ante el college van burgemeester en schepenen (Junta de Gobierno Local, Bélgica) de dicho ayuntamiento la solicitud de autorización para la realización del proyecto de reconversión de una instalación de lavadero. Adjuntaba a dicha solicitud una nota de verificación preliminar sobre las repercusiones previstas de dicho proyecto sobre el medio ambiente, a efectos de que se valorase si este debía someterse a evaluación medioambiental.

11

El 1 de septiembre de 2020, el miembro del personal municipal de Gante que era competente en materia medioambiental consideró que el referido proyecto no podría tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, por lo que no era necesario someterlo a evaluación medioambiental. El 10 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gante concedió a Sogent la autorización solicitada.

12

KG y WA, propietarios de un inmueble colindante con la instalación que era objeto del proyecto, interpusieron recurso en vía administrativa contra la referida autorización ante la provincia de Flandes Oriental. Esta lo desestimó por infundado el 3 de junio de 2021.

13

Contra la resolución desestimatoria, KG y WA interpusieron recurso de anulación ante el Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consejo del Contencioso de Autorizaciones, Bélgica). Mediante sentencia de 6 de octubre de 2022, este declaró fundado el recurso, anuló la referida resolución y denegó la citada autorización. Consideraba que la referida resolución era contraria a los artículos 15/1, párrafo primero, y 20 del Decreto sobre Permisos Medioambientales y al artículo 9 bis de la Directiva 2011/92. En su opinión, dado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gante era también promotora «de hecho» del proyecto de que se trataba, había errado al declararse competente para pronunciarse sobre la solicitud de autorización en cuestión, ya que el artículo 15/1, párrafo primero, del Decreto sobre Permisos Medioambientales, interpretado a la luz del artículo 9 bis de la Directiva 2011/92, atribuye dicha competencia exclusivamente a la deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen (Diputación Provincial de Flandes Oriental, Bélgica).

14

Contra la referida sentencia, la provincia de Flandes Oriental y Sogent interpusieron sendos recursos de casación ante el Raad van State (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente.

15

El Raad van State (Consejo de Estado) estima que el análisis realizado en la referida sentencia es contrario al artículo 15/1 del Decreto sobre Permisos Medioambientales.

16

Según el órgano jurisdiccional remitente, del referido artículo resulta que las diputaciones analizan las solicitudes de autorización de proyectos, en lugar de hacerlo las juntas de gobierno local, solamente cuando en el momento de dichas solicitudes ya se ha acreditado que los proyectos de que se trata deben someterse a evaluación medioambiental. Entiende que, en cambio, en los casos en los que las solicitudes de autorización de proyecto implican, en un primer momento, la verificación preliminar para valorar si los proyectos deben someterse a evaluación medioambiental, es competente el funcionario municipal que tenga atribuida la materia medioambiental.

17

Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente estima que, en el supuesto de que el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 se opusiera a que se conceda tal competencia al funcionario municipal que tenga atribuida la materia medioambiental en proyectos en los que el municipio sea también el promotor, en la Región Flamenca no se habría adaptado correctamente el Derecho interno a dicho artículo.

18

Así las cosas, el Raad van State (Consejo de Estado) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

19

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente está preguntando, en esencia, si el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 debe interpretarse en el sentido de que, en los casos en los que la autoridad competente para determinar si uno de los proyectos a que se refiera el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva debe someterse a evaluación medioambiental de conformidad con los artículos 5 a 10 de aquella también sea el promotor del proyecto de que se trate, deberá aplicarse cuando menos una adecuada separación entre funciones en conflicto al ejercer la citada función.

20

Con carácter preliminar, ha de recordarse que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2011/92 se refiere a los proyectos enumerados en su anexo II. En el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si el proyecto que es controvertido en el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho anexo.

21

Procede recordar, asimismo, que la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. La génesis de una disposición de Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación [sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, apartado 37].

22

En primer lugar, por lo que respecta a la redacción del artículo 9 bis de la Directiva 2011/92, este establece, por un lado, en su párrafo primero, que los Estados miembros velarán por que la autoridad o las autoridades competentes ejerzan las funciones derivadas de dicha Directiva de manera objetiva y que no se encuentren en una situación que dé lugar a un conflicto de interés y, por otro lado, en su párrafo segundo, que, en el supuesto concreto de que la autoridad competente también sea el promotor, los Estados miembros deberán cuando menos aplicar en su organización de las competencias administrativas una adecuada separación entre funciones en conflicto al ejercer las funciones de la citada Directiva.

23

Así pues, el referido artículo se refiere, tanto en su párrafo primero como en su párrafo segundo, a las «funciones derivadas de la [Directiva 2011/92]».

24

Pues bien, cuando la autoridad competente determina si uno de los proyectos a que se refiera el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva debe someterse a evaluación medioambiental, en un procedimiento que el considerando 26 de la Directiva 2014/52 califica de «comprobación previa» (verificación preliminar), está ejerciendo una función derivada de esa misma Directiva.

25

Por tanto, resulta del tenor literal del artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 que dicho artículo es de aplicación al referido procedimiento de comprobación previa o verificación preliminar.

26

En segundo lugar, tal análisis se ve corroborado por el contexto en el que se inscribe el referido artículo.

27

En primer término, el considerando 25 de la Directiva 2014/52 enuncia, en términos idénticos, que la adecuada separación entre funciones en conflicto concierne a las autoridades que ejercen «las funciones derivadas de la Directiva [2011/92]», sin excluir la aplicabilidad de dicho requisito al citado procedimiento de comprobación previa.

28

En segundo término, procede señalar que el artículo 4 de la Directiva 2011/92 se refiere, por un lado, en su apartado 1, a los proyectos enumerados en el anexo I de esa Directiva, que serán objeto de evaluación medioambiental por parte de los Estados miembros, y, por otro lado, en su apartado 2, a los proyectos enumerados en el anexo II de la misma Directiva, por lo que respecta a los cuales los Estados miembros determinarán si serán objeto de esa evaluación.

29

Además, con arreglo al artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2011/92, cuando los Estados miembros decidan exigir una determinación respecto a proyectos enumerados en su anexo II, el promotor proporcionará información sobre las características del proyecto y sus posibles efectos significativos en el medio ambiente. Según el apartado 5 de dicho artículo, la autoridad competente determinará, sobre la base de esa información, si el proyecto debe someterse a evaluación medioambiental.

30

En ese contexto, la necesidad de garantizar la coherencia en la aplicación de las garantías preceptuadas por el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 presupone que la autoridad competente pueda pronunciarse de manera objetiva y sin encontrarse en una situación que dé lugar a un conflicto de interés, en particular con respecto al promotor que proporcione a dicha autoridad la información sobre cuya base debe pronunciarse, tanto durante el procedimiento de comprobación previa como durante el procedimiento de evaluación medioambiental.

31

El hecho de que el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 2011/92 remita a la aplicación de sus artículos 5 a 10 por lo que atañe a la evaluación medioambiental no supone que su artículo 9 bis no pueda aplicarse asimismo por lo que atañe al procedimiento de comprobación previa.

32

En tercer lugar, desde el punto de vista teleológico, según se desprende del considerando 25 de la Directiva 2014/52, la exigencia de prevenir conflictos de interés que prevé el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 persigue el objetivo de garantizar la objetividad de las autoridades competentes. Además, dicho objetivo contribuye al objetivo esencial de la segunda de ambas Directivas, que consiste en garantizar que los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan, antes de concederse la autorización, a una evaluación con respecto a sus efectos en el medio ambiente (sentencia de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, apartado 108 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, el respeto de esos objetivos presupone que el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 se aplique cuando la autoridad competente comprueba si uno de los proyectos a que se refiera el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2011/92 debe someterse a evaluación medioambiental.

33

Efectivamente, la efectividad del artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 se vería debilitada si la objetividad de las autoridades competentes y la inexistencia de conflictos de interés no estuvieran garantizadas en todas las fases de ejercicio de las funciones que dicha Directiva encomienda a dichas autoridades, por lo que respecta tanto a la comprobación previa como a la evaluación posterior de las repercusiones de un proyecto sobre el medio ambiente.

34

En cuarto y último lugar, esa interpretación no se ve cuestionada por la génesis del artículo 9 bis de la Directiva 2011/92.

35

Si bien la provincia de Flandes Oriental y Sogent alegan que la enmienda 19 del Informe del Parlamento Europeo, de 22 de julio de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente [COM(2012) 0628], se adoptó después de la sentencia de 20 de octubre de 2011, Seaport (NI) y otros (C‑474/10, EU:C:2011:681), que se ocupaba de un supuesto en que se requiere la evaluación medioambiental de determinados planes o programas, y que dicha enmienda proponía añadir un considerando 13 ter que previera el establecimiento de normas precisas para evitar conflictos de interés entre la autoridad competente y el promotor de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, sin mencionar los proyectos sometidos al procedimiento de comprobación previa, ha de señalarse que esa enmienda no se corresponde con el tenor literal del considerando 25 de la Directiva 2014/52. Además, y en cualquiera de los casos, en la Directiva 2011/92 no hay ninguna disposición que limite al procedimiento de evaluación de las repercusiones de un proyecto sobre el medio ambiente la aplicación de las garantías previstas por el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92. Por consiguiente, esa alegación no puede desvirtuar una interpretación de dicho artículo basada en su redacción, contexto y objetivos.

36

De lo anterior resulta que el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 sí se aplica cuando la autoridad competente determina si uno de los proyectos a que se refiera su artículo 4, apartado 2, debe someterse a evaluación medioambiental.

37

En consecuencia, con arreglo a dicho artículo 9 bis, párrafo segundo, en los casos en los que la autoridad competente para realizar la referida determinación también sea el promotor del proyecto de que se trate, los Estados miembros deberán, cuando menos, aplicar en su organización de las competencias administrativas una adecuada separación entre funciones en conflicto al ejercer dicha función.

38

Esa adecuada separación se organizará de modo que una entidad administrativa integrada en la autoridad que es competente para realizar la referida determinación tenga una autonomía real, lo que entraña, en particular, que sea dotada de sus propios medios administrativos y humanos, y pueda así cumplir su función de manera objetiva [véase, por analogía, la sentencia de 20 de octubre de 2011, Seaport (NI) y otros, C‑474/10, EU:C:2011:681, apartado 43].

39

Habida cuenta de los razonamientos anteriores, procede contestar a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 9 bis de la Directiva 2011/92 debe interpretarse en el sentido de que, en los casos en los que la autoridad competente para determinar si uno de los proyectos a que se refiera el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2011/92 debe someterse a evaluación medioambiental de conformidad con los artículos 5 a 10 de la Directiva 2011/92 también sea el promotor del proyecto de que se trate, deberá aplicarse cuando menos una adecuada separación entre funciones en conflicto al ejercer la citada función.

Costas

40

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.