Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 11 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑468/24
SR
contra
Netz Niederösterreich GmbH
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht St. Pölten (Tribunal Regional de St. Pölten, Austria)]
« Procedimiento prejudicial — Energía — Suministro de electricidad — Instrumentos de medida — Contadores inteligentes — Derecho del consumidor a negarse — Seguridad de los datos transmitidos por los contadores inteligentes»
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. El artículo 20, letras b) y c), de la Directiva 2019/944, (2) titulado «Funcionalidades de los sistemas de medición inteligentes», dispone:
«Cuando el despliegue de sistemas de medición inteligentes sea valorado positivamente como resultado de la valoración de los costes y beneficios mencionada en el artículo 19, apartado 2, o cuando los sistemas de medición inteligentes se desplieguen de forma sistemática tras el 4 de julio de 2019, los Estados miembros desplegarán sistemas de medición inteligentes con arreglo a las normas europeas y las disposiciones del anexo II y de acuerdo con los requisitos siguientes:
[…]
b) la seguridad de los sistemas de medición inteligentes y de la transmisión de datos estará garantizada de conformidad con la normativa aplicable de la Unión en materia de seguridad, teniendo debidamente en cuenta las mejores técnicas disponibles para garantizar el máximo nivel de protección en materia de ciberseguridad y teniendo en cuenta asimismo los costes y el principio de proporcionalidad;
c) la privacidad de los clientes finales y la protección de sus datos respetará la normativa pertinente de la Unión sobre protección de datos y privacidad;
[…]».
2. El artículo 21, apartado 1, letra a), de la Directiva 2019/944, titulado «Derecho a un contador inteligente», establece:
«1. Cuando el despliegue de sistemas de medición inteligentes sea valorado negativamente como resultado de la valoración de costes y beneficios mencionada en el artículo 19, apartado 2, y cuando los sistemas de medición inteligentes no se desplieguen de forma sistemática, los Estados miembros garantizarán que cada cliente final tenga derecho, previa solicitud, corriendo con los costes correspondientes, a tener instalado o, en su caso, a que sea mejorado, y con arreglo a condiciones justas, razonables y rentables, un contador inteligente que:
a) esté equipado, cuando sea técnicamente posible, con las funcionalidades contempladas en el artículo 20, o con un conjunto mínimo de funcionalidades que serán definidas y publicadas por los Estados miembros a nivel nacional y de conformidad con lo dispuesto en el anexo II;
[…]».
3. De conformidad con el artículo 22, apartado 1, de la misma Directiva, titulado «Contadores convencionales»:
«1. Cuando los clientes finales no dispongan de contadores inteligentes, los Estados miembros se asegurarán de que los clientes finales disponen de contadores individuales convencionales que midan con precisión su consumo real.»
4. El artículo 23, apartado 3, de la Directiva, titulado «Gestión de datos», tiene el siguiente tenor:
«3. Las normas sobre acceso a los datos y su almacenamiento a efectos de la presente Directiva se ajustarán a las disposiciones correspondientes del Derecho de la Unión.
El tratamiento de datos personales en el marco de la presente Directiva se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.»
5. Con arreglo al artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE, (3) titulado «Confidencialidad de las comunicaciones»:
«3. Los Estados miembros velarán por que únicamente se permita el uso de las redes de comunicaciones electrónicas con fines de almacenamiento de información o de obtención de acceso a la información almacenada en el equipo terminal de un abonado o usuario a condición de que se facilite a dicho abonado o usuario información clara y completa, en particular sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE, y de que el responsable del tratamiento de los datos le ofrezca el derecho de negarse a dicho tratamiento. La presente disposición no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar o facilitar la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida de lo estrictamente necesario a fin de proporcionar a una empresa de información un servicio expresamente solicitado por el usuario o el abonado.»
6. El artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento 2016/679, (4) titulado «Principios relativos al tratamiento», establece:
«1. Los datos personales serán:
[…]
f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (“integridad y confidencialidad”)».
7. A tenor del artículo 13, apartado 1, del mismo Reglamento, titulado «Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado»:
«1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:
a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;
[…]».
8. El artículo 32, apartado 2, del citado Reglamento, titulado «Seguridad del tratamiento», establece:
«2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.»
B. Derecho austriaco
9. El artículo 83, apartado 3, de la Elektrizitätswirtschafts- und —organisationsgesetz (ElWOG) (5) (Ley del Mercado de la Electricidad y de Organización del Sector Eléctrico; en lo sucesivo, «Ley de Electricidad») tiene el siguiente tenor:
«(3) La pantalla del instrumento de medida inteligente se debe configurar con carácter general de manera que solo pueda leerse el estado actual del contador. A fin de comprobar otros valores almacenados en el instrumento que sean relevantes a efectos de facturación, a petición del cliente se desbloqueará la pantalla del instrumento de manera que sea posible la comprobación de dichos valores en la propia pantalla. Este desbloqueo se llevará a cabo sin coste alguno y sin un esfuerzo adicional desproporcionado para el consumidor final. […]»
10. El artículo 84a, apartado 1, de la misma Ley, dispone:
«(1) La lectura y utilización de los valores del consumidor final medidos cada quince minutos por el gestor de la red solo podrá llevarse a cabo con el consentimiento expreso de aquel, o bien para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de suministro que, a elección del cliente, se base en los valores medidos cada quince minutos. No obstante, los gestores de redes podrán leer estos datos de los instrumentos de medida inteligentes, aun sin el consentimiento del consumidor final, en casos concretos justificados, cuando sea indispensable para mantener la seguridad y la eficiencia de la red. Estos datos deberán suprimirse inmediatamente en cuanto dejen de ser necesarios para la realización de este fin. […] En caso de lectura de los valores medidos cada quince minutos sin el consentimiento del consumidor final, este deberá ser informado inmediatamente.»
11. El artículo 1 del Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (6) (Decreto de Implantación de los Instrumentos de Medida Inteligentes; en lo sucesivo, «Decreto IME-») establece:
«(1) Todo gestor de redes:
1. […]
2. dentro de lo técnicamente factible, antes de finales de 2024, deberá disponer de instrumentos de medida inteligentes en al menos el 95 % de los contadores conectados a su red (artículo 7, apartado 1, punto 31, de la [Ley de Electricidad]), de conformidad con lo dispuesto en el […] [Decreto IMA], (7) siendo posible la transmisión por cable.
[…]
(4) Los gestores de redes informarán inmediatamente a los consumidores finales de la instalación de un instrumento de medida inteligente y de las condiciones de esta instalación. […]
[…]
(6) Si un consumidor final se niega a que la medición se efectúe por medio de un instrumento de medida inteligente, el gestor de la red deberá atender esta negativa. En tal caso, el gestor de la red deberá configurar los instrumentos de medida inteligentes por instalar o ya instalados de manera que no puedan almacenarse ni transmitirse valores mensuales ni diarios ni medidos cada quince minutos y que estén desactivadas la función de desconexión y la función de limitación de potencia. La configuración de las funciones debe quedar claramente visible para el consumidor final en el instrumento de medida. Han de ser posible la lectura y la transmisión de los datos del contador necesarios para la facturación o para la limitación del consumo y, siempre que el instrumento de medida sea técnicamente apto para ello, de la carga (potencia) media más alta por intervalos de quince minutos en un año natural. Los instrumentos de medida digitales así configurados constituirán una forma válida de cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado 1, siempre que satisfagan los requisitos del [Decreto IMA] mediante la correspondiente activación o programación, que se ha de llevar a cabo inmediatamente a petición del consumidor final.
[…]»
II. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12. Netz Niederösterreich GmbH, parte recurrida en apelación, es un gestor de red eléctrica en Austria. SR, parte recurrente en apelación, compra energía eléctrica a otra empresa a través de la propia red de la parte recurrida.
13. La recurrente disponía de un contador de energía eléctrica analógico, cuya calibración expiró en diciembre de 2023. De la petición de decisión prejudicial se desprende que este contador debe ser sustituido por un sistema de medición inteligente que cumpla los requisitos legales (en lo sucesivo, también denominado «contador inteligente»).
14. Dado que la parte recurrente se opuso a la desinstalación del anterior contador analógico, la parte recurrida presentó una demanda ante el Bezirksgericht Tulln (Tribunal de Distrito de Tulln, Austria) al objeto de poder desinstalar el anterior contador. La recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia ante el Landesgericht St. Pölten (Tribunal Regional de St. Pölten), órgano jurisdiccional remitente.
15. El órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes seis cuestiones prejudiciales:
«1. ¿Debe interpretarse el artículo 22 de la Directiva [2019/944], en relación con el anexo II de dicha Directiva, en el sentido de que un gestor de redes debe respetar el deseo de un consumidor final de que no se le instale un instrumento de medida inteligente y, en este caso, está obligado a poner a disposición del consumidor final un contador convencional, en lugar del sistema de medición inteligente?
2. ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida, (8) que define en detalle el “instrumento de medida” en el sentido de los anexos III a XII, específicos de los distintos instrumentos [contadores de energía eléctrica activa (MI-003)], en relación con los artículos 20, letras b) y c), y 23, apartado 3, de la Directiva 2019/944, en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional [el artículo 7, apartado 1, punto 31, de la Elektrizitätswirtschafts- und —organisationsgesetz 2010 (Ley del Mercado de la Electricidad y de Organización del Sector Eléctrico de 2010), en la versión de BGBl. I n.º 17/2021), que no establece requisitos concretos en cuanto a la seguridad de los datos de los instrumentos de medida?
3. ¿Debe tenerse en cuenta también el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 85/374/CEE (Directiva en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos), (9) en la versión modificada por la Directiva 1999/34/CE, (10) al interpretar los artículos 20, letras b) y c), 21, apartado 1, letra a), y 23, apartado 3, de la Directiva [2019/944]?
4. ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, de la Directiva [2002/58] en el sentido de que el concepto de “red de comunicaciones electrónicas” es aplicable también a una red eléctrica a través de la cual se transmiten datos (de consumo, metadatos, números de identificación personal) para los fines de los artículos 20, letras b) y c), 21, apartado 1, letra a), y 23, apartado 3, de la Directiva [2019/944]?
5. ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letra f), 13 y 32, apartado 2, del [Reglamento 2016/679] y los artículos 7 y 8, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea […] en el sentido de que se oponen a una disposición nacional [el artículo 1, apartado 6, del Decreto IME], con arreglo a la cual solo ha de ser visible para el consumidor final la correspondiente configuración del intervalo de lectura, pero no si el gestor de la red ha apreciado que se trata de un “caso concreto justificado” (artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad) y ha consultado los datos del consumidor final antes del intervalo establecido?
6. Habida cuenta del artículo 52, apartado 3, de la Carta, del punto 5 de su preámbulo y de la explicación relativa al artículo 7 de la Carta, ¿debe atenderse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8 del CEDH para interpretar los artículos 20, letras b) y c), 21, apartado 1, letra a), y 23, apartado 3, de la Directiva [2019/944]?»
16. A petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones versarán sobre las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta.
17. Las partes en el litigio principal, los Gobiernos austriaco y finlandés, así como la Comisión, presentaron observaciones escritas y fueron oídos en la vista celebrada el 24 de septiembre de 2025.
III. Análisis
Observaciones preliminares
Sobre la eficiencia energética y la protección de datos
18. El presente asunto se inscribe en un determinado marco jurídico y tecnológico en el que la digitalización del sector energético se considera un elemento indispensable para la consecución de los objetivos de eficiencia y sostenibilidad medioambiental consagrados en el Derecho de la Unión.
19. En particular, la Directiva 2019/944, relativa al mercado interior de la electricidad, anima a los Estados miembros a introducir sistemas de medición inteligentes (11) (en lo sucesivo, también, «contadores inteligentes») que permitan a los consumidores acceder a la información sobre su consumo de energía en tiempo real o cuasirreal, así como incentivar su implicación en la transición energética. (12)
20. Asimismo, el legislador de la Unión ha pretendido responsabilizar a los consumidores de su consumo de energía con el fin de que participen en mayor medida en el mercado, garantizándoles también la libre elección de sus suministradores. (13) Para implicar a los consumidores, son necesarias tecnologías como los sistemas de medición inteligentes. En particular, tales sistemas permiten a los gestores tener una mayor visibilidad de las redes y reducir sus gastos de funcionamiento y mantenimiento. (14) En este sentido, la Directiva 2019/944 también establece derechos y obligaciones para los gestores de las redes de distribución. (15)
21. El sistema de medición inteligente implica la obtención de diferentes tipos de datos, desde datos de consumo hasta datos personales. Por ello, el legislador de la Unión ha subrayado la importancia de que el tratamiento de los datos personales se lleve a cabo de conformidad con el RGPD. (16)
22. En este contexto, el presente asunto brinda la oportunidad de comprobar el modo en que los Estados miembros gestionan la relación entre la eficiencia energética y la protección de datos.
Sobre la admisibilidad
23. La parte recurrida y el Gobierno austriaco se oponen a la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta. Sostienen que estas cuestiones tienen carácter hipotético, ya que se refieren al supuesto de que el contador inteligente ya esté instalado, mientras que el litigio principal versa sobre la desinstalación del anterior contador analógico.
24. En relación con lo anterior, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, «las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia». (17) Tal presunción solo puede desvirtuarse en circunstancias excepcionales, cuando resulte evidente que la cuestión planteada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil. (18)
25. Además, el espíritu de cooperación que inspira el mecanismo de remisión prejudicial implica que corresponde al juez nacional apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial como la pertinencia de las cuestiones que plantea. Cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. (19)
26. En el presente asunto, de los autos se desprende que el órgano jurisdiccional remitente pretende aclarar el alcance de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, al objeto de interpretar el Derecho nacional de manera conforme. Así, ha motivado la pertinencia de las cuestiones prejudiciales en relación con el objeto del litigio explicando en qué medida su respuesta puede influir en la resolución del litigio principal.
27. De ello se desprende que las cuestiones prejudiciales que plantea no pueden considerarse puramente hipotéticas.
A. Cuarta cuestión prejudicial
28. Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si los requisitos de almacenamiento de información o de obtención de acceso a la información almacenada en el equipo terminal de una red de comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 pueden aplicarse a una red eléctrica a través de la cual es posible transmitir datos personales en el sentido de los artículos 20, letras b) y c), 21, apartado 1, letra a), y 23, apartado 3, de la Directiva 2019/944.
29. En primer lugar, cabe precisar que, en mi opinión, el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2019/944 carece de pertinencia en el presente asunto, en la medida en que regula el supuesto de que el despliegue de los sistemas de medición inteligentes haya sido valorado negativamente en un Estado miembro determinado. De los autos se desprende que, en Austria, el despliegue de tales sistemas fue valorado positivamente, tras un estudio de los costes y beneficios, (20) sobre cuya base se adoptó, posteriormente, el Decreto IME.
30. Dicho esto, para responder a esta cuestión prejudicial, procede, en esencia, comprobar si el concepto de «red eléctrica» puede estar comprendido en el de «red de comunicaciones electrónicas». (21)
31. A este respecto, debe señalarse que los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 únicamente se refieren a la información almacenada en el equipo terminal de un abonado o usuario. (22)
32. Procede señalar, asimismo, que el artículo 1, punto 1, letra a), de la Directiva 2008/63, (23) sobre los equipos terminales de telecomunicaciones, define «equipo terminal» como el equipo conectado directa o indirectamente a la interfaz de una red pública de telecomunicaciones para transmitir, procesar o recibir información. (24)
33. Si bien es cierto que, a tenor del Reglamento de Ejecución 2023/1162, relativo a los requisitos de interoperabilidad, (25) «habida cuenta de que los contadores inteligentes se consideran equipos terminales, también es aplicable la Directiva [2002/58], […] incluido su artículo 5, apartado 3», (26) tal Reglamento no especifica si la equiparación de los contadores inteligentes con los equipos terminales debe o no considerarse pertinente en el caso de las redes eléctricas públicas. Interpretar que los contadores inteligentes son equipos terminales, con independencia del carácter público o no de la red eléctrica, podría, en mi opinión, no conciliarse con las demás disposiciones del Derecho de la Unión antes mencionadas.
34. Sobre la base de estas consideraciones, cabe deducir que, para que el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 sea aplicable en el presente asunto, es necesario, en esencia, que concurran dos requisitos: en primer lugar, que el contador inteligente sea propiedad del consumidor y, en segundo lugar, que dicho contador esté conectado a una red pública, (27) ya que el contador inteligente puede considerarse un equipo terminal.
35. En la vista se puso de manifiesto que, en Austria, la red eléctrica no es pública y que el contador inteligente no es propiedad del consumidor.
36. Por otra parte, como señala el Gobierno austriaco, el objetivo principal de la red eléctrica en el presente asunto consiste en suministrar electricidad y no en transmitir señales, como sucede, en cambio, en el caso de una red de comunicaciones electrónicas. (28)
37. De ello se desprende que, en el caso de autos, no pueden cumplirse los dos requisitos antes mencionados para considerar que sean aplicables los requisitos de almacenamiento de información contemplados en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58. En cualquier caso, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tales requisitos se cumplen en el litigio principal.
38. Por tanto, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 no es aplicable en el supuesto de que el contador no sea propiedad del consumidor y esté conectado a una red privada.
B. Quinta cuestión prejudicial
39. Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los artículos 5, apartado 1, letra f), 13 y 32, apartado 2, del RGPD, así como los artículos 7 y 8, apartados 1 y 2, de la Carta, se oponen a la disposición austriaca (a saber, el artículo 1, apartado 6, del Decreto IME y el artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad) según la cual para el consumidor solo ha de ser visible la configuración del intervalo de lectura, pero no si el gestor de red ha apreciado que se trata de un «caso concreto justificado» y ha consultado los datos del consumidor antes del intervalo establecido.
40. Con carácter preliminar, procede señalar que, en la vista, tanto la recurrida como el Gobierno austriaco hicieron hincapié en que el artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad, relativo al acceso a los datos en los contadores inteligentes por parte de los gestores en casos concretos justificados, no se aplica cuando el contador esté configurado en modo «opt-out», (29) al no quedar registrados los valores de consumo de energía, por lo que resulta imposible consultarlos en el supuesto previsto en el artículo 84a de la citada Ley.
41. Dicho esto, analizaré la quinta cuestión prejudicial examinando si las disposiciones del RGPD se oponen al artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad.
42. En primer lugar, procede señalar que, como enuncia el considerando 91 de la Directiva 2019/944, «la presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta» y que «es fundamental que todo tratamiento de datos personales en virtud de la presente Directiva sea conforme al [RGPD] […]». (30)
43. Con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2019/944, titulado «Gestión de datos», los Estados miembros están obligados a especificar las normas sobre el acceso de las partes elegibles a los datos del cliente final y a organizar la gestión de los datos con el fin de garantizar un acceso y un intercambio de datos eficiente y seguro, así como la protección y la seguridad de los datos.
44. Por lo que respecta a los artículos 5, apartado 1, letra f), 13 y 32, apartado 2, del RGPD, cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente en su quinta cuestión prejudicial, no estoy totalmente convencido de que los artículos 5, apartado 1, letra f), y 32, apartado 2, sean pertinentes en el presente asunto.
45. En efecto, el artículo 5, apartado 1, letra f), del RGPD enuncia los principios de integridad y confidencialidad, en virtud de los cuales el responsable del tratamiento de datos personales está obligado a aplicar las medidas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. (31) El artículo 32 de dicho Reglamento establece las obligaciones del responsable del tratamiento en lo que respecta a la seguridad del tratamiento. Con arreglo al apartado 2 de dicho artículo, al evaluar la adecuación de ese nivel de seguridad, se deben tener en cuenta «los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos». (32)
46. En el presente asunto, la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente se refiere a la obligación que incumbe al gestor de informar al consumidor cuando consulta los datos en un «caso concreto justificado». Por ello, en mi opinión, habida cuenta de la falta de pertinencia en el presente asunto de los artículos 5, apartado 1, letra f), y 32, apartado 2, del RGPD, en mi análisis me centraré en el artículo 13.
47. Pues bien, dicho artículo enumera la información que el responsable del tratamiento (en el presente asunto, el gestor) debe facilitar al interesado (el consumidor) «en el momento en que [los datos personales] se obtengan». Entre la información que debe facilitar se encuentran los fines del tratamiento a que se destinan dichos datos y la base jurídica de ese tratamiento. (33) Sin embargo, con arreglo al artículo 13, apartado 4, del RGPD, dicha obligación de información queda excluida cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.
48. Por lo que respecta a la normativa austriaca, el artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad contempla expresamente la finalidad para la que los gestores de redes pueden acceder a esos datos a través del contador inteligente en casos «concretos justificados». El objetivo es que sea indispensable para mantener la seguridad y la eficiencia de la red. Además, dispone que «estos datos deberán suprimirse inmediatamente en cuanto dejen de ser necesarios para la realización de este fin. […] En caso de lectura de los valores medidos cada quince minutos sin el consentimiento del consumidor final, este deberá ser informado inmediatamente».
49. Como ha señalado la parte recurrida en sus observaciones, el artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad se reproduce en las condiciones generales de acceso a la red de distribución de Netz Österreich, (34) que pueden considerarse reproducidas en el contrato celebrado con el consumidor en el momento de la instalación del contador inteligente o con anterioridad a ese momento.
50. En mi opinión, el artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad recoge la obligación prevista en el artículo 23 de la Directiva 2019/944 de gestionar los datos con el fin de garantizar el acceso a tales datos y un intercambio de datos eficiente y seguro.
51. En efecto, el artículo 84a prevé expresamente la finalidad para la que tendrá lugar el acceso y dispone que los datos se supriman cuando ya no sean necesarios. De este modo, el artículo 84a garantiza la seguridad del acceso a los datos y de su intercambio. Asimismo, garantiza la protección de los propios datos al exigir que el consumidor sea informado inmediatamente cuando no haya dado su consentimiento.
52. De ello se desprende que la normativa austriaca, a saber, el artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad, no es contraria al RGPD, siempre que se informe al consumidor de la finalidad concreta contemplada en el artículo 84a, apartado 1. Por las mismas razones, considero que la normativa austriaca no es contraria a los artículos 7 y 8, apartados 1 y 2, de la Carta.
53. Como también se ha señalado en la vista, soy consciente de que al consumidor le puede preocupar la protección efectiva de los datos personales, en particular cuando se transmiten a través de dispositivos como los contadores de energía. En este sentido, considero que puede ser pertinente mencionar que el legislador de la Unión ha reforzado recientemente el nivel de protección de los datos personales de los consumidores mediante la adopción del Reglamento (UE) 2023/2854, (35) que, si bien se aplica a partir del 12 de septiembre de 2025, garantiza más a los usuarios de «productos conectados» (36) el acceso oportuno a los datos generados por tales dispositivos.
54. En conclusión, considero que el artículo 13 del RGPD, así como los artículos 7 y 8, apartados 1 y 2, de la Carta, no se oponen a una normativa nacional según la cual para el consumidor final solo ha de ser visible la configuración del intervalo de lectura, pero no si el gestor de la red ha apreciado que se trata de un «caso concreto justificado» (artículo 84a, apartado 1, de la Ley de Electricidad) y ha consultado los datos del consumidor final antes del intervalo establecido, siempre y cuando se informe previamente al consumidor también de esta finalidad concreta.
IV. Conclusión
55. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landesgericht St. Pölten (Tribunal Regional de St. Pölten, Austria):
«El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, debe interpretarse en el sentido de que
el concepto de “red de comunicaciones electrónicas” no se aplica a una red eléctrica a través de la cual se transmiten datos (de consumo, metadatos, números de identificación personal) a los efectos de los artículos 20, letras b) y c), y 23, apartado 3, de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, cuando la red eléctrica no es pública y el contador inteligente no es propiedad del consumidor.
El artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en relación con los artículos 7 y 8, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional según la cual para el consumidor final solo ha de ser visible la configuración del intervalo de lectura, pero no si el gestor de red ha apreciado que se trata de un “caso concreto justificado” y ha consultado los datos del consumidor final antes del intervalo establecido, si se ha informado previamente al consumidor de esta finalidad concreta.»
1 Lengua original: italiano.
2 Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (versión refundida) (DO 2019, L 158, p. 125).
3 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO 2002, L 201, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11).
4 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; en lo sucesivo, «RGPD»).
5 Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird (Elektrizitätswirtschafts- und —organisationsgesetz 2010 — ElWOG 2010). BGBl. I n.º 110/2010.
6 Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die Einführung intelligenter Messgeräte festgelegt wird (Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung — IME-VO). BGBl. II n.º 138/2012.
7 Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden (Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 — IMA-VO 2011). BGBl. II n.º 339/2011 (en lo sucesivo, «Decreto IMA»).
8 DO 2014, L 96, p. 149.
9 Directiva del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO 1985, L 210, p. 29; EE 13/19, p. 8).
10 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999, por la que se modifica la Directiva 85/374/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO 1999, L 141, p. 20).
11 El artículo 2, punto 23, de la Directiva 2019/944, define «sistema de medición inteligente» como «un sistema electrónico capaz de medir la cantidad de electricidad vertida a la red o el consumo de electricidad de la red, que proporciona más información que un contador convencional, y capaz de transmitir y recibir datos, con fines de información, seguimiento y control, utilizando una forma de comunicación electrónica». El sistema de medición inteligente se distingue del «contador convencional» en que, tal como se define en el artículo 2, punto 22, de la misma Directiva, este último consiste en «un contador analógico o electrónico, sin capacidad para transmitir ni recibir datos».
12 Véanse, en particular, los considerandos 10, 49, 52 y 54 de la Directiva 2019/944.
13 Véanse los considerandos 11 y 12 de la Directiva 2019/944.
14 Véase el considerando 52 de la Directiva 2019/944.
15 Véase el considerando 45 de la Directiva 2019/944.
16 Véase el considerando 91 de la Directiva 2019/944.
17 Véase la sentencia de 17 de mayo de 2023, BK y ZhP (Suspensión parcial del procedimiento principal) (C‑176/22, EU:C:2023:416), apartado 19 y jurisprudencia citada.
18 Véase la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), apartado 46.
19 Véase la sentencia de 25 de junio de 2024, Ilva y otros (C‑626/22, EU:C:2024:542), apartado 46 y jurisprudencia citada.
20 PWC Austria para la autoridad reguladora de la energía eléctrica E-Control, Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering, junio de 2010, que puede consultarse en https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06‑2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472.
21 El concepto de «red de comunicaciones electrónicas» se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas (versión refundida) (DO 2018, L 321, p. 36).
22 El subrayado es mío. En particular, como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia de 1 de octubre de 2019, Planet49 (C‑673/17, EU:C:2019:80), la protección prevista en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 se aplica a toda información almacenada en el equipo terminal, con independencia de si se trata de datos personales o no (apartados 68 a 70).
23 Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, relativa a la competencia en los mercados de equipos terminales de telecomunicaciones (DO 2008, L 162, p. 20).
24 El subrayado es mío.
25 Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1162 de la Comisión, de 6 de junio de 2023, relativo a los requisitos de interoperabilidad y procedimientos no discriminatorios y transparentes para acceder a los datos de medición y consumo (DO 2023, L 154, p. 10).
26 Véase el considerando 16 del Reglamento de Ejecución 2023/1162.
27 El artículo 2, punto 8, de la Directiva 2018/1972, define la «red pública de comunicaciones electrónicas» como «una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de información entre puntos de terminación de la red».
28 Véase el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2018/1972.
29 En aras de la exhaustividad, de los autos se desprende que la transmisión de los valores de consumo puede hacerse mediante una de las tres configuraciones posibles: «estándar», «opt-in» u «opt-out». La configuración «estándar» consiste en la transmisión de los valores de consumo diarios. La configuración «opt-in» implica la transmisión de los valores de consumo en intervalos de quince minutos, además de los valores de consumo diarios. En cambio, la configuración «opt-out» se plantea en términos opuestos respecto de las otras dos configuraciones, en la medida en que el contador configurado de este modo memoriza y transmite únicamente el consumo anual. Si se activa la configuración «opt-out», el contador deja de medir la energía eléctrica como contador inteligente y funciona como un contador digital.
30 Véase, asimismo, el artículo 23, apartado 3, de la misma Directiva.
31 Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krankenversicherung Nordrhein (C‑667/21, EU:C:2023:1022), apartado 68.
32 Véase la sentencia de 25 de enero de 2024, MediaMarktSaturn (C‑687/21, EU:C:2024:72), apartado 37.
33 Véase, asimismo, la sentencia de 11 de julio de 2024, Meta Platforms Ireland (Acción de representación) (C‑757/22, EU:C:2024:598), apartado 54.
34 Como ha señalado Netz Niederösterreich en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia, el punto XIV de las condiciones generales de acceso a la red de distribución de Netz Niederösterreich [Allgemeine Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der Netz Niederösterreich GmbH] dispone expresamente que, «cuando sea indispensable para mantener la seguridad y la eficiencia de la red, en casos concretos justificados, los valores podrán obtenerse cada quince minutos aun sin el consentimiento del cliente de la red, en cuyo caso este deberá ser informado inmediatamente. Además, los valores podrán obtenerse cada quince minutos por orden del BMWFW [Bundesministerium für Wissenshaft, Forschung und Wirtschaft] o de la autoridad reguladora, con arreglo a lo previsto en el artículo 84a, apartado 1, de la [Ley de Electricidad], siempre que se agreguen inmediatamente tras efectuar la lectura y se anonimicen posteriormente». Netz Niederösterreich alega, además, que el contrato celebrado con el consumidor es conforme con las referidas condiciones generales, que fueron autorizadas por la autoridad reguladora de la energía eléctrica E-Control el 18 de junio de 2014.
35 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos) (DO 2023, L 2023/2854).
36 Véase la definición de «producto conectado» contenida en el artículo 2, punto 5, del Reglamento 2023/2854.