Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 1 de octubre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Directiva 2001/55/CE — Normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida — Artículo 17, apartado 2 — Directiva 2013/32/UE — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Concesión de la protección internacional a una persona que disfruta de la protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55 — Artículo 31 — Práctica administrativa nacional consistente en suspender, durante el período de protección temporal, el cómputo del plazo establecido para la adopción de una decisión sobre una solicitud de protección internacional »

En el asunto C‑249/25 [Jilin], (i)

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), mediante resolución de 2 de abril de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de abril de 2025, en el procedimiento entre

Minister van Asiel en Migratie

y

UB,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu‑Matei, y los Sres. S. Rodin (Ponente), N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de UB, por la Sra. F. Zeven, advocaat;

–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. H. S. Gijzen y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno belga, por Sras. L. Jans y M. Van Regemorter, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc, M. Debieuvre y L. Haasbeek, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de abril de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (DO 2001, L 212, p. 12) y del artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Minister van Asiel en Migratie (Ministro de Asilo y Migración, Países Bajos) (en lo sucesivo, «Ministro») y UB, en relación con la posibilidad de que el Ministro suspenda el examen de la solicitud de protección internacional presentada por UB mientras este último disfrute de la protección temporal con arreglo a la Directiva 2001/55.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Directiva 2001/55

3        Según el considerando 18 de la Directiva 2001/55:

«Conviene establecer las normas de acceso al procedimiento de asilo en el contexto de la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, de conformidad con las obligaciones internacionales de los Estados miembros y las disposiciones del Tratado.»

4        El artículo 1 de esta Directiva establece lo siguiente:

«La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.»

5        El artículo 2, letras a), c) y d), de dicha Directiva dispone cuanto sigue:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a)      Protección temporal: un procedimiento de carácter excepcional por el que, en caso de afluencia masiva o inminencia de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan volver a entrar en su país de origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de carácter temporal, en especial si el sistema de asilo también corre el riesgo de no poder gestionar este flujo de personas sin efectos contrarios a su buen funcionamiento, al interés de las personas afectadas y al de las otras personas que soliciten protección.

[…]

c)      Personas desplazadas: los nacionales de un tercer país o apátridas que hayan debido abandonar su país o región de origen, o que hayan sido evacuados […], y cuyo regreso en condiciones seguras y duraderas sea imposible debido a la situación existente en ese país, que puedan eventualmente caer dentro del ámbito de aplicación del artículo 1A de la [Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.º 2545 [1954]), que entró en vigor el 22 de abril de 1954 y fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 y que entró a su vez en vigor el 4 de octubre de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»),] u otros instrumentos internacionales o nacionales de protección internacional, y en particular:

i)      las personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente;

ii)      las personas que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos.

d)      Afluencia masiva: la llegada a la Comunidad [Europea] de un número importante de personas desplazadas, procedentes de un país o de una zona geográfica determinada, independientemente de que su llegada a la Comunidad se haya producido de forma espontánea o con ayuda, por ejemplo, de un programa de evacuación.»

6        A tenor del artículo 3, apartado 1, de esta misma Directiva:

«La protección temporal se entenderá sin perjuicio del reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con la Convención de Ginebra.»

7        El artículo 17 de la Directiva 2001/55 dispone lo siguiente:

«1.      Las personas acogidas a la protección temporal deberán poder presentar una solicitud de asilo en cualquier momento.

2.      El examen de una solicitud de asilo que no se haya tramitado antes de finalizar el período de protección temporal deberá completarse tras la finalización de dicho período.»

8        El artículo 19 de dicha Directiva establece cuanto sigue:

«1.      Los Estados miembros podrán disponer que no pueda acumularse el beneficio de la protección temporal con el estatuto de solicitante de asilo cuando se esté estudiando la solicitud.

2.      Cuando, tras haberse procedido al examen de una solicitud de asilo o, en su caso, de otra forma de protección de una persona que pueda beneficiarse o que ya disfruta de la protección temporal, sea denegada dicha solicitud, los Estados miembros dispondrán, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 28, que dicha persona disfrute o pueda seguir disfrutando de la protección temporal durante el período de dicha protección que quede por transcurrir.»

 Directiva 2011/95/UE

9        El artículo 1 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9), titulado «Objeto», dispone lo siguiente;

«El objeto de la presente Directiva es el establecimiento de normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida.»

10      El artículo 2, letras h) e i), de esta Directiva precisa cuanto sigue:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

[…]

h)      «solicitud de protección internacional»: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado;

i)      «solicitante»: un nacional de un tercer país o un apátrida que haya presentado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se haya tomado una decisión definitiva».

 Directiva 2013/32

11      A tenor del artículo 1 de la Directiva 2013/32, titulado «Objeto»:

«La presente Directiva tiene por objeto establecer procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional conforme a la Directiva [2011/95].»

12      El artículo 2 de la Directiva 2013/32, titulado «Definiciones», establece lo siguiente en su letra b):

«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

[…]

b)      “solicitud” o “solicitud de protección internacional”, la petición de protección formulada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la Directiva [2011/95] que pueda solicitarse por separado».

13      El artículo 3 de la Directiva 2013/32, titulado «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«La presente Directiva se aplicará a todas las solicitudes de protección internacional presentadas en el territorio, con inclusión de la frontera, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, y a la retirada de la protección internacional.»

14      El artículo 31 de dicha Directiva, titulado «Procedimiento de examen», establece cuanto sigue en sus apartados 3 a 5:

«3.      Los Estados miembros procurarán que el procedimiento de examen termine en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud.

Cuando se aplique a una solicitud el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 604/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31)], el plazo de seis meses empezará a contar a partir del momento en que se determine el Estado miembro responsable de su examen de conformidad con el citado Reglamento, el solicitante se halle en el territorio de dicho Estado miembro y la autoridad competente se haya hecho cargo de él.

Los Estados miembros podrán ampliar el plazo de seis meses establecido en el presente apartado por un período que no excederá de otros nueve meses cuando:

a)      se planteen complejas cuestiones de hecho y/o de Derecho;

b)      un gran número de nacionales de terceros países o apátridas soliciten simultáneamente protección internacional, haciendo muy difícil en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses;

c)      el retraso pueda imputarse claramente al incumplimiento por parte del solicitante de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13.

De forma excepcional, en circunstancias debidamente justificadas, los Estados miembros podrán ampliar los plazos establecidos en el presente apartado por un máximo de tres meses cuando ello sea necesario para garantizar un examen adecuado y completo de la solicitud de protección internacional.

4.      Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la Directiva [2011/95], los Estados miembros podrán posponer la conclusión del procedimiento de examen cuando no quepa esperar razonablemente que la autoridad decisoria adopte una resolución en los plazos establecidos en el apartado 3 debido a una situación incierta en el país de origen que se espera sea temporal. En tal caso, los Estados miembros:

a)      procederán a revisar la situación en dicho país de origen cada seis meses como mínimo;

b)      informarán en un plazo razonable a los solicitantes interesados de los motivos del aplazamiento;

c)      informarán en un plazo razonable a la Comisión [Europea] del aplazamiento de los procedimientos correspondientes a ese país de origen.

5.      En cualquier caso, los Estados miembros concluirán el procedimiento de examen en un plazo máximo de veintiún meses a partir del momento de presentación de la solicitud.»

 Derecho neerlandés

 Ley General de Procedimiento Contencioso-Administrativo

15      El artículo 6:12 de la Algemene wet bestuursrecht (Ley General de Procedimiento Contencioso-Administrativo), de 4 de junio de 1992 (Stb. 1992, n.º 315), establece lo siguiente:

«1.      Cuando el recurso se dirija contra la falta de adopción de una resolución dentro de plazo […], [la interposición de dicho recurso] no estará sujeta al cumplimiento de ningún plazo.

2.      El recurso podrá presentarse desde el momento en que:

a.      la Administración no se pronunció en plazo […] y

b.      hayan transcurrido dos semanas a partir del día siguiente a aquel en que el interesado envió el escrito de requerimiento a la Administración.

[…]»

16      El artículo 8:55d de la Ley General de Procedimiento Contencioso-Administrativo dispone cuanto sigue:

«1.      Si el recurso es fundado y aún no se ha notificado una resolución, el juez de lo contencioso-administrativo ordenará a la Administración que notifique una resolución en el plazo de dos semanas a partir del día siguiente a la remisión de su sentencia.

2.      El juez de lo contencioso-administrativo acompañará su sentencia con una multa coercitiva específica por cada día de retraso que la Administración tarde en cumplir dicha sentencia. […]

3.      En casos particulares o cuando así lo exija el cumplimiento de otras disposiciones legales, el juez de lo contencioso-administrativo podrá establecer otro plazo u ordenar otra medida.»

 Ley de Extranjería de 2000

17      El artículo 42 de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de Extranjería de 2000), de 23 de noviembre de 2000 (Stb. 2000, n.º 495), establece cuanto sigue:

«1.      La decisión sobre la solicitud de concesión de un permiso de residencia temporal […] se adoptará dentro de los seis meses siguientes a la recepción de dicha solicitud.

[…]

4.      El plazo a que se refiere el apartado 1 podrá prorrogarse por un período no superior a nueve meses adicionales si:

[…]

5.      […] tras la prórroga mencionada en el apartado 4, si resulta necesario para garantizar un examen adecuado y exhaustivo de dicha solicitud, el plazo podrá prorrogarse de nuevo por un máximo de tres meses. […]»

18      El artículo 43, apartado 1, de esta Ley dispone lo siguiente:

«Mediante resolución [del Ministro], para determinadas categorías de extranjeros que hayan presentado una solicitud de concesión de un permiso de residencia temporal […], el plazo previsto en el artículo 42, apartado 1, podrá prorrogarse por un máximo de veintiún meses cuando, con toda probabilidad, exista durante un breve período de tiempo incertidumbre sobre la situación en el país de origen y, por ello, no pueda razonablemente decidirse si dicha solicitud puede ser acogida […].»

19      A tenor del artículo 43a de dicha Ley:

«No obstante lo dispuesto en el artículo 42, apartado 1, […], por lo que respecta a los extranjeros que disfruten de la protección temporal, la decisión sobre una solicitud de concesión del permiso de residencia temporal a que se refiere el artículo 28 se adoptará en un momento comprendido entre la recepción de dicha solicitud y seis meses después de la expiración del período de protección temporal. […]»

 Real Decreto de desarrollo de la Ley de Extranjería

20      El artículo 3.1a del Besluit tot uitvoering van de Vreemdelingenwet (Real Decreto de desarrollo de la Ley de Extranjería), de 23 de noviembre de 2000 (Stb. 2000, 497), establece lo siguiente:

«1.      La presentación de una solicitud de concesión de un permiso de residencia temporal por asilo tendrá como consecuencia que no se procederá a la expulsión mientras esté en vigor una decisión como la indicada en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva [2001/55], siempre que el extranjero:

a.      pertenezca al grupo concreto de extranjeros definido en una decisión del Consejo de la Unión Europea como la contemplada en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva [2001/55];

b.      sea el cónyuge del extranjero mencionado en la letra a), o la pareja de hecho con quien mantenga una relación estable, y conviviese con dicho extranjero en el momento de los hechos que dieron lugar a la decisión mencionada en la frase introductoria;

c.      sea el hijo menor de edad, soltero, adoptado o no, del extranjero mencionado en las letras a) o b);

d.      sea otro pariente cercano del extranjero mencionado en la letra a) que, en el momento de los hechos que dieron lugar a la resolución mencionada en la frase introductoria, estuviera total o en gran parte a cargo de dicho extranjero y viviera en la unidad familiar, y cuyo abandono crearía una situación desgarradora; o,

e.      pertenezca al grupo, designado mediante decreto ministerial, de extranjeros procedentes del mismo país o región que los extranjeros mencionados en la letra a), que se hayan desplazado por las mismas razones y que no disfruten ya de protección en otro país parte en el Tratado [FUE] o en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo[, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3)].»

[…]»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

21      El 7 de marzo de 2022, UB, nacional chino de origen uigur, llegó a los Países Bajos con su esposa, de nacionalidad ucraniana, y su hijo. El 13 de abril de 2022, presentó una solicitud de asilo en el centro de registro de la central de acogida de solicitantes de asilo en Ter Apel (Países Bajos).

22      Tras iniciar el examen de dicha solicitud de asilo, la autoridad competente constató, en el marco de dicho examen, que UB, como familiar de un ciudadano ucraniano, que residía en Ucrania con su mujer y su hijo antes del 24 de febrero de 2022, tenía derecho a la protección temporal. En tales circunstancias, el mismo día en que UB fue oído en relación con dicha solicitud de asilo, el Ministro le informó de que no procedía continuar el examen de esta, puesto que cumplía los requisitos para disfrutar de la protección temporal. Según manifestó, la tramitación de la solicitud de asilo podría reanudarse cuando expirara el período de protección temporal.

23      Mediante escrito de requerimiento de 16 de enero de 2024, UB reprochó al Ministro no haberse pronunciado sobre su solicitud de asilo dentro de los plazos establecidos en la Directiva 2013/32. Habida cuenta de que no se adoptó decisión alguna en las dos semanas siguientes al envío de dicho escrito, UB interpuso un recurso por omisión ante el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Arnhem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Arnhem, Países Bajos).

24      El rechtbank Den Haag, zittingsplaats Arnhem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Arnhem) consideró que el plazo máximo de veintiún meses para concluir el procedimiento de examen de una solicitud de asilo establecido en la Directiva 2013/32 comenzaba a correr en todos los casos a partir de la presentación de dicha solicitud de asilo. Por consiguiente, en el caso de autos, dado que la solicitud de asilo de UB se había presentado el 13 de abril de 2022, dicho tribunal consideró que el Ministro debería haberse pronunciado sobre dicha solicitud de asilo a más tardar en enero de 2024. Dado que el Ministro no había adoptado una decisión en tiempo oportuno, dicho tribunal le ordenó que resolviera sobre dicha solicitud de asilo en un plazo de ocho semanas a partir de su sentencia, con pago de una multa coercitiva de 100 euros por cada día de retraso, hasta un importe máximo de 7 500 euros.

25      El Ministro recurrió la sentencia del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Arnhem (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Arnhem) ante el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente.

26      Mediante dicho recurso, el Ministro sostiene que ni del tenor de las disposiciones de la Directiva 2013/32 que establecen los plazos para adoptar una decisión sobre una solicitud de asilo ni de la «idea en la que se basa esta Directiva» se desprende que esos plazos se apliquen también en las situaciones excepcionales reguladas por la Directiva 2001/55.

27      El órgano jurisdiccional remitente explica que la Directiva 2001/55 se transpuso al Derecho neerlandés el 16 de diciembre de 2004. Según dicho órgano jurisdiccional, de esa transposición se desprende que hay que presentar una solicitud de asilo para poder disfrutar de la protección temporal. El plazo de adopción de la decisión relativo a tal solicitud de asilo queda en suspenso durante el período de protección temporal, de modo que solo procedería pronunciarse sobre dicha solicitud de asilo una vez finalizado el período de protección temporal.

28      El órgano jurisdiccional remitente considera que, para resolver el litigio del que conoce, le resulta necesario determinar cómo debe fijarse el plazo establecido para adoptar una decisión sobre una solicitud de protección internacional cuando la persona que ha presentado tal solicitud también disfruta de la protección temporal.

29      A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala que de una interpretación literal del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55 se desprende que esta disposición está redactada según una «formulación abierta». En su opinión, si bien incumbe al Estado miembro de que se trate completar el examen de una solicitud de asilo, ya sea durante el período de protección temporal, ya sea tras la finalización de dicho período, no es menos cierto que esa disposición no precisa cuándo debe comenzar efectivamente el examen de la solicitud de asilo ni cuánto tiempo puede durar dicho examen.

30      El citado órgano jurisdiccional considera, más en general, que el tenor de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2001/55 y de la Directiva 2013/32 no ofrece una respuesta decisiva respecto a la cuestión de Derecho que se plantea en el caso de autos.

31      Al examinar el contexto en el que se inscribe la Directiva 2001/55, ese mismo órgano jurisdiccional manifiesta que, mediante dicha Directiva, el legislador de la Unión ha reconocido la necesidad de poder ofrecer, en los Estados miembros, una «protección inmediata y de carácter temporal» a las personas desplazadas, en particular cuando exista también el riesgo de que el sistema de asilo de los Estados miembros no pueda gestionar adecuadamente la afluencia de solicitantes de protección internacional. Sin embargo, ni la Directiva 2001/55, ni la Directiva 2013/32, ni la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO 2005, L 326, p. 13), establecen excepciones en relación con las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/55.

32      Más en general, el órgano jurisdiccional remitente considera que un examen conjunto de las Directivas 2001/55 y 2013/32, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no le permite deducir con certeza que exista la facultad de no pronunciarse sobre una solicitud de asilo presentada por una persona que disfrute de la protección temporal durante el período de protección temporal.

33      En estas circunstancias, el Raad van State (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 17, apartado 2, de la Directiva [2001/55] en el sentido de que esta disposición faculta a los Estados miembros para suspender el examen de una solicitud de protección internacional presentada por una persona que disfruta de protección temporal durante el período de protección temporal?

2)      ¿Deben interpretarse los plazos de resolución del artículo 31 de la Directiva [2013/32] en el sentido de que, en el caso de que una solicitud de protección internacional haya sido presentada antes o durante el período de protección temporal por un beneficiario […], dichos plazos no comienzan a correr o no siguen corriendo hasta el final del período de protección temporal?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

34      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55 y el artículo 31 de la Directiva 2013/32 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que las autoridades de un Estado miembro suspendan de manera automática el examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal durante el período de protección temporal, de modo que el plazo para adoptar una decisión sobre esas solicitudes de protección internacional únicamente comience a correr o siga corriendo tras la finalización de dicho período.

35      Como indica su artículo 1, la Directiva 2001/55 tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Según resulta del artículo 2, letra a), de dicha Directiva, la aplicación de esta protección persigue, en particular, evitar que el sistema de concesión de protección internacional se vea saturado por la presentación masiva y simultánea de solicitudes para obtener el estatuto de refugiado, y ello en interés tanto de las personas desplazadas como de las otras personas que soliciten protección internacional.

36      Este mecanismo de protección temporal e inmediata, que constituye una manifestación del principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros en la aplicación de la política de asilo, contemplada en el artículo 80 TFUE, reviste, sin embargo, como subrayan los considerandos 2 y 13, así como el artículo 2, letra a), de la citada Directiva, un carácter excepcional y debe quedar reservado a los casos de afluencia masiva de personas desplazadas. Confiere, además, a sus beneficiarios derechos más limitados que los derivados de la concesión de la protección internacional en el sentido de la Directiva 2011/95 (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartado 82 y jurisprudencia citada).

37      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tomarse en consideración no solamente su tenor literal, sino también, llegado el caso, su contexto y los objetivos que persigue la normativa de la que forma parte. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12; de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartado 50, y de 26 de marzo de 2026, Gonrieh, C‑819/25 PPU, EU:C:2026:252, apartado 47 y jurisprudencia citada).

38      En primer lugar, del tenor del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55 se desprende que esta disposición se limita a establecer una norma relativa a las modalidades de examen de las solicitudes de protección internacional tras la finalización del período de protección temporal, sin precisar las modalidades de examen de esas solicitudes durante ese período y, en particular, si los Estados miembros tienen la facultad de no llevar a cabo tal examen durante dicho período.

39      Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55 y a la génesis de esta disposición, es preciso recordar, en primer término, que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/55 precisa que la protección temporal se entiende sin perjuicio del reconocimiento del estatuto de refugiado de conformidad con la Convención de Ginebra, mientras que el artículo 17, apartado 1, de dicha Directiva establece que las personas acogidas a la protección temporal deben poder presentar una solicitud de asilo «en cualquier momento».

40      Por otra parte, del artículo 19, apartado 2, de dicha Directiva se deriva que si, tras haberse procedido al examen de una solicitud de asilo o, en su caso, de otra forma de protección de una persona que pueda beneficiarse o que ya disfruta de la protección temporal, sea denegada dicha solicitud, dicha persona disfrutará o podrá seguir disfrutando de la protección temporal durante el período de dicha protección.

41      Por lo tanto, de las disposiciones anteriormente mencionadas de la Directiva 2001/55 se desprende que el legislador de la Unión no pretendió establecer un régimen en el que se excluyera o suspendiera de pleno Derecho la aplicación de los procedimientos de protección internacional, sino que, por el contrario, previó que tales procedimientos pudieran llevarse a cabo durante el período de aplicación de la protección temporal.

42      En segundo término, como señaló el Abogado General en los puntos 42 a 45 de sus conclusiones, de los trabajos preparatorios de la Directiva 2001/55 se desprende que, ante la falta de acuerdo sobre la posibilidad de suspender el examen de las solicitudes de protección internacional mientras dure la protección temporal, los Estados miembros decidieron no introducir esta posibilidad en dicha Directiva, pese a que figuraba en la propuesta inicial de la Comisión.

43      En consecuencia, no cabe considerar que el legislador de la Unión previó implícitamente dicha posibilidad en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55.

44      Por lo tanto, de las disposiciones anteriormente mencionadas de la Directiva 2001/55 y de la génesis de su artículo 17, apartado 2, se desprende que el legislador de la Unión no pretendió establecer un régimen en el que la aplicación de los procedimientos de protección internacional estuviera o pudiera estar excluida o suspendida de pleno Derecho, sino que, por el contrario, previó que tales procedimientos pudieran llevarse a cabo durante el período de aplicación de la protección temporal.

45      En tercer término, procede tomar en consideración también las normas generales relativas a los procedimientos de protección internacional establecidas en las Directivas 2011/95 y 2013/32. A este respecto, es preciso señalar, por un lado, que el artículo 1 de la Directiva 2011/95 dispone que el objeto de esta Directiva es el establecimiento de normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. Además, de dicho artículo 1 en relación con el artículo 2, letras h) e i), de dicha Directiva se desprende que esta regula todas las peticiones de protección presentadas a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que puedan presumirse aspiran a obtener el estatuto de refugiado.

46      Por otro lado, del artículo 1 y del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/32 se desprende que esta Directiva, que tiene por objeto establecer procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional conforme a la Directiva 2011/95, se aplica a todas las solicitudes de protección internacional presentadas en el territorio, con inclusión de la frontera, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros.

47      De estas disposiciones se deriva que el legislador de la Unión no excluyó en absoluto del ámbito de aplicación de las Directivas 2011/95 y 2013/32 a los solicitantes de protección internacional que, en el momento de la presentación de la solicitud de dicha protección, ya disfrutan de la protección temporal.

48      Por lo tanto, a falta de una precisión en sentido contrario en las Directivas 2011/95 y 2013/32, procede considerar que las normas generales establecidas en estas Directivas son normalmente aplicables a tales solicitantes de protección internacional. En particular, los plazos mencionados en el artículo 31 de la Directiva 2013/32 deben considerarse aplicables, en principio, al examinar una solicitud de protección internacional con independencia de si el solicitante de dicha protección ya disfruta de la protección temporal.

49      Esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que el legislador de la Unión ha reconocido a los Estados miembros cierto margen de apreciación para prorrogar el plazo de examen de las solicitudes de protección internacional cuando razones objetivas justifiquen tal prórroga.

50      El artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 establece que los Estados miembros pueden ampliar el plazo de seis meses establecido para el examen de una solicitud de protección internacional, sin que pueda exceder de otros nueve meses, cuando un gran número de nacionales de terceros países o apátridas soliciten simultáneamente protección internacional, haciendo muy difícil en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses.

51      Además, del artículo 31, apartado 3, párrafo cuarto, de la Directiva 2013/32 resulta que, en circunstancias debidamente justificadas, los Estados miembros pueden ampliar por un máximo de tres meses los plazos de seis y nueve meses establecidos en el artículo 31, apartado 3, párrafos primero y tercero, letra b), de dicha Directiva, cuando ello sea necesario para garantizar un examen adecuado y completo de la solicitud de protección internacional.

52      Por otra parte, del artículo 31, apartados 4 y 5, de la Directiva 2013/32 se desprende que los Estados miembros pueden posponer la conclusión del procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional cuando no quepa esperar razonablemente que la autoridad decisoria adopte una resolución en los plazos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo 31, debido a una situación incierta en el país de origen que se espera sea temporal, siempre que no se supere un plazo final de veintiún meses.

53      De lo anterior se deduce que dicho artículo 31 permite a los Estados miembros superar el plazo de seis meses, normalmente previsto para el examen de las solicitudes de protección internacional, en situaciones caracterizadas por un aumento de la presión sobre sus sistemas de protección internacional, como las que pueden justificar la aplicación de la protección temporal prevista en la Directiva 2001/55, de modo que el propio artículo 31 pone de manifiesto que el legislador de la Unión tuvo debidamente en cuenta las dificultades administrativas que puede provocar el aumento del número de solicitudes de protección internacional presentadas simultáneamente.

54      En tercer lugar, no cabe considerar que, para garantizar la consecución de los objetivos de dicha Directiva, sea necesaria una suspensión generalizada y automática, durante el período de protección temporal, del examen de las solicitudes de protección internacional o de los plazos de examen de ese tipo de solicitud.

55      Es cierto que, como se recuerda en el apartado 35 de la presente sentencia, la aplicación de la protección temporal persigue evitar que el sistema de concesión de protección internacional se vea saturado por la presentación masiva y simultánea de solicitudes de personas desplazadas para obtener el estatuto de refugiado, y ello en interés tanto de esas personas desplazadas como de las otras personas que soliciten protección internacional.

56      Sin embargo, la citada Directiva vela también por preservar la posibilidad efectiva de los nacionales de terceros países y los apátridas acogidos a la protección temporal de obtener protección internacional al término de un examen adecuado de su situación individual, garantizándoles de forma inmediata una protección de menor amplitud (sentencia de 20 de noviembre de 2025, Framholm, C‑195/25, EU:C:2025:904, apartado 48 y jurisprudencia citada).

57      Pues bien, este último objetivo se opone a la concesión a las autoridades de los Estados miembros de la facultad de suspender, de manera generalizada y automática, el examen de las solicitudes de protección internacional durante el período de protección temporal.

58      Además, la aplicación, en toda la Unión Europea, del mecanismo de protección temporal establecido en la Directiva 2001/55 no significa necesariamente que un Estado miembro se enfrente a la presentación de un número de solicitudes de protección internacional que exceda de las capacidades de su sistema de protección. Por consiguiente, el examen de una solicitud de protección internacional presentada por un beneficiario de la protección temporal no puede aplazarse por la única razón de que ese examen podría ser contrario al objetivo recordado en el apartado 55 de la presente sentencia.

59      Por otra parte, una eventual suspensión generalizada y automática del examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal podría exponer a las autoridades competentes, una vez finalizado el período de protección temporal, a la carga de tener que examinar simultáneamente un gran número de solicitudes de protección internacional, de modo que dicha medida no parece realmente idónea para alcanzar el objetivo de protección de los sistemas nacionales frente a la saturación causada por la presentación masiva y simultánea de solicitudes de protección internacional.

60      Sin embargo, no puede excluirse por completo que, con carácter excepcional, la presentación, en un breve período de tiempo, de un número considerable de solicitudes de protección internacional por parte de los beneficiarios de la protección temporal lleve, en la práctica, a un Estado miembro —habida cuenta de las capacidades de su sistema de protección temporal y pese a todas las medidas razonablemente posibles para hacer frente a tal afluencia— a la imposibilidad objetiva de examinar todas esas solicitudes respetando estrictamente los plazos establecidos en el artículo 31 de la Directiva 2013/32.

61      Si bien la existencia de tal imposibilidad objetiva no puede justificar, por las razones expuestas en los apartados 35 a 59 de la presente sentencia, una suspensión generalizada y automática del examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal, sí puede, en cambio, llevar al Estado miembro de que se trate, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos de la Directiva 2001/55 y preservar los derechos de todos los solicitantes de protección internacional, a adoptar medidas como el examen escalonado de esas solicitudes de protección internacional, definiendo, en su caso, prioridades a tal efecto.

62      Por lo tanto, tales medidas podrían, en su caso, llevar a las autoridades competentes de un Estado miembro a aplazar temporalmente el examen de algunas de las solicitudes de protección internacional presentadas por beneficiarios de la protección temporal, sin que sea posible garantizar, de manera sistemática, que cada una de esas solicitudes pueda ser finalmente examinada respetando estrictamente los plazos establecidos en el artículo 31 de la Directiva 2013/32.

63      En una situación en la que las autoridades competentes hubieran aplicado medidas de este tipo, corresponderá a los órganos jurisdiccionales competentes que conozcan de un recurso como el del litigio principal asegurarse de que la eventual superación de esos plazos, por un lado, no procede de una decisión de suspensión generalizada y automática del examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal y, por otro lado, resulta únicamente de las medidas necesarias para hacer frente a una imposibilidad objetiva de observar dichos plazos y evitar al mismo tiempo la saturación del sistema de protección internacional del Estado miembro de que se trate.

64      De todo lo anterior se desprende que el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55 y el artículo 31 de la Directiva 2013/32 deben interpretarse en el sentido de que:

–        se oponen a que las autoridades de un Estado miembro suspendan de manera automática el examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal durante el período de protección temporal, de modo que el plazo para adoptar una decisión sobre esas solicitudes de protección internacional únicamente comience a correr o siga corriendo tras la finalización de dicho período;

–        en casos excepcionales, las autoridades competentes pueden aplazar temporalmente el examen de algunas de dichas solicitudes de protección internacional, incluso superando ese plazo de decisión, siempre que tal superación resulte de medidas adoptadas para hacer frente a una imposibilidad objetiva de observar estrictamente dicho plazo de decisión y evitar al mismo tiempo la saturación del sistema de protección internacional del Estado miembro de que se trate y que sean necesarias a tal fin.

 Costas

65      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, y el artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,

deben interpretarse en el sentido de que

–        se oponen a que las autoridades de un Estado miembro suspendan de manera automática el examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los beneficiarios de la protección temporal durante el período de protección temporal, de modo que el plazo para adoptar una decisión sobre esas solicitudes de protección internacional únicamente comience a correr o siga corriendo tras la finalización de dicho período;

–        en casos excepcionales, las autoridades competentes pueden aplazar temporalmente el examen de algunas de dichas solicitudes de protección internacional, incluso superando ese plazo de decisión, siempre que tal superación resulte de medidas adoptadas para hacer frente a una imposibilidad objetiva de observar estrictamente dicho plazo de decisión y evitar al mismo tiempo la saturación del sistema de protección internacional del Estado miembro de que se trate y que sean necesarias a tal fin.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: neerlandés.


i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.