Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)

de 10 de septiembre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Artículo 56 TFUE — Restricciones — Actividades de vigilancia y de seguridad — Legislación nacional que exige una autorización previa para el ejercicio de esta actividad — Consideración de las garantías otorgadas en el Estado de origen del prestador de servicios »

En el asunto C‑602/25,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 11 de agosto de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de septiembre de 2025, en el procedimiento entre

Ithaque Sécurité SAS

y

État belge,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),

integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei, Presidenta de Sala, y los Sres. S. Rodin y N. Fenger (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. A. Rantos;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de Ithaque Sécurité SAS, por la Sra. E. Bouillon, el Sr. B. Lebrun y la Sra. C. Lecharlier, avocats;

–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. F. Hayois y las Sras. C. Jacob y C. Pochet, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. M. Chomé y S. Depré y la Sra. R. Mirzabekiantz, avocats;

–        en nombre del Gobierno checo, por las Sras. A. Edelmannová y L. Halajová y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno finlandés, por las Sras. H. Leppo y M. K. Vanhanen, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Mataija, G. Meeßen y B. Stromsky, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 56 TFUE, párrafo primero.

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Ithaque Sécurité SAS, una sociedad francesa (en lo sucesivo, «Ithaque»), y el Estado belga, en relación con una resolución del conseiller de la direction générale de la politique de sécurité et de prévention du «Service public fédéral Intérieur» (Consejero de la Dirección General de Política de Seguridad y Prevención del Servicio Público Federal del Interior, Bélgica), por la que se impone una multa administrativa a dicha sociedad, que solicita su anulación.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        El artículo 56 TFUE, apartado 1, dispone:

«En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión [Europea] para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación.»

 Derecho belga

4        En virtud del artículo 16 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière (Ley sobre Seguridad Privada y Particular) de 2 de octubre de 2017 (Moniteur belge de 31 de octubre de 2017, p. 96776; en lo sucesivo, «Ley de 2 de octubre de 2017»), solo las empresas autorizadas por el Ministro del Interior belga pueden prestar servicios en el ámbito regulado por esta Ley.

5        A tenor del artículo 19 de dicha Ley:

«Cuando el solicitante de la autorización no disponga de un centro de actividad en Bélgica, el Ministro del Interior tendrá en cuenta, al evaluar la solicitud, las garantías ofrecidas en el marco del ejercicio legal y reglamentado de las actividades a las que se refiere la solicitud, en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo».

 Litigio principal y cuestión prejudicial

6        Ithaque es una sociedad que opera en el ámbito de la seguridad y presta servicios regularmente a Française des Jeux, una sociedad mercantil francesa que organiza numerosos juegos de azar.

7        Con ocasión de un sorteo que debía celebrarse en Brujas (Bélgica) en diciembre de 2021, Française des Jeux contrató a Ithaque para velar por el buen desarrollo de las actividades. Esta última se puso en contacto con la Administración belga competente, que la instó a presentar una solicitud de autorización empleando el formulario previsto a tal efecto y a pagar las tasas, que ascendían a 1 000 euros.

8        Ithaque se negó a solicitar una autorización a dicha Administración y a pagar tales tasas, al considerar que no tenía que someterse a un procedimiento de ese tipo, puesto que ya disponía de una autorización expedida por las autoridades francesas que debía haber sido reconocida en Bélgica.

9        En consecuencia, dicha sociedad llevó a cabo el cometido para el que había sido contratada, infringiendo el artículo 16 de la Ley de 2 de octubre de 2017.

10      A raíz de tal infracción, mediante resolución de 14 de febrero de 2024, el Consejero de la Dirección General de Política de Seguridad y Prevención del Servicio Público Federal Interior impuso a Ithaque una multa administrativa por importe de 15 000 euros.

11      Mediante demanda de 4 de abril de 2024, esta sociedad solicitó al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, la anulación de dicha resolución.

12      Según expone el órgano jurisdiccional referido, Ithaque considera que debería haber podido acogerse a un procedimiento simplificado de autorización, en el que se hubieran comparado los requisitos exigidos por las autoridades francesas y los establecidos en la Ley de 2 de octubre de 2017 para el ejercicio de actividades en el territorio del Reino de Bélgica, de modo que, en esencia, se reconociera la autorización otorgada conforme al Derecho francés y se autorizara así a esta sociedad a prestar en Bélgica servicios comprendidos en el ámbito de la vigilancia privada.

13      Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente señala que, al no haberse implantado tal procedimiento simplificado en Bélgica, una sociedad extranjera que desee ejercer su actividad en este Estado miembro debe seguir el procedimiento completo de autorización, sin perjuicio de que la Administración deba tener en cuenta las garantías ofrecidas en otro Estado miembro, sin mayores precisiones.

14      Por lo tanto, según ese órgano jurisdiccional, se plantea la cuestión de si el artículo 56 TFUE, párrafo primero, no obliga a los Estados miembros a tomar en consideración elementos no definidos, o incluso vagos, sino a establecer una obligación positiva a cargo de sí mismos de permitir, en principio, las actividades de las sociedades de vigilancia establecidas en otro Estado miembro, con la posibilidad, no obstante, de llevar a cabo determinadas comprobaciones, por ejemplo en materia de equivalencia de títulos.

15      En estas circunstancias, el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«El artículo 56 [TFUE], párrafo primero, […], ¿debe interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado miembro a admitir, en principio, en su territorio las actividades de sociedades de vigilancia establecidas en otro Estado miembro, con la única salvedad de poder efectuar determinadas comprobaciones?»

 Sobre la cuestión prejudicial

16      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 56 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que supedita la prestación de servicios de vigilancia en el territorio nacional por parte de una empresa establecida en otro Estado miembro a la concesión de una autorización administrativa, so pena de sanción a cualquier empresa infractora.

17      Con carácter preliminar, es preciso observar que los servicios de seguridad privada no han sido objeto, hasta la fecha, de una armonización a escala de la Unión. No obstante, aunque ello significa que los Estados miembros siguen siendo competentes, en principio, para definir los requisitos de acceso a dichas actividades, no es menos cierto que están obligados a ejercer sus competencias en este ámbito respetando las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE, en particular la libre prestación de servicios establecida en el artículo 56 de este (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2006, Comisión/España, C‑514/03, EU:C:2006:63, apartado 23 y jurisprudencia citada).

18      Según jurisprudencia reiterada, el artículo 56 TFUE no solo exige eliminar toda discriminación en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por razón de su nacionalidad, sino también suprimir cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos (sentencias de 7 de octubre de 2010, dos Santos Palhota y otros, C‑515/08, EU:C:2010:589, apartado 29, y de 22 de enero de 2026, Vlaams Gewest, C‑413/24, EU:C:2026:30, apartado 22).

19      Una normativa nacional que supedite el ejercicio, en el territorio nacional, de determinadas prestaciones de servicios, como el servicio de vigilancia, por parte de una empresa domiciliada en otro Estado miembro, a la concesión de una autorización administrativa, so pena de sanción a cualquier empresa infractora, constituye una restricción a la libre prestación de servicios a efectos del artículo 56 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 58; de 30 de abril de 2014, Pfleger y otros, C‑390/12, EU:C:2014:281, apartado 39; de 22 de junio de 2017, Unibet International, C‑49/16, EU:C:2017:491, apartado 33, y de 12 de septiembre de 2019, Maksimovic y otros, C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 y C‑148/18, EU:C:2019:723, apartado 32). Así sucede incluso cuando los prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros también tengan la obligación de solicitar una autorización para realizar una prestación de servicios análoga en dichos Estados miembros.

20      De ello se deduce que una normativa como la controvertida en el litigio principal es, en principio, contraria al artículo 56 TFUE y, por tanto, está prohibida por dicho artículo, a menos que esté justificada por razones imperiosas de interés general y sin perjuicio, por otra parte, de que sea proporcionada con respecto al objetivo perseguido (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 60 y jurisprudencia citada).

21      A este respecto, hay que señalar que la exigencia de una autorización administrativa previa al ejercicio de actividades de seguridad privada puede responder a la necesidad de proteger el orden público, habida cuenta de la naturaleza específica de estas actividades (sentencia de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 61).

22      No obstante, una restricción solo puede justificarse en la medida en que el interés general invocado no quede salvaguardado por normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro donde está establecido (sentencia de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 62 y jurisprudencia citada).

23      En este sentido, no puede considerarse necesaria para alcanzar el objetivo perseguido una medida establecida por un Estado miembro que, básicamente, consista en repetir controles ya realizados en el Estado miembro en que esté establecido el prestador de servicios (sentencia de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 63).

24      En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que el requisito de obtención de una nueva autorización específica en el Estado miembro de acogida para el personal de una empresa de seguridad privada constituye una restricción no justificada a la libre prestación de servicios por parte de dicha empresa en el sentido del artículo 56 TFUE, en la medida en que no se tengan en cuenta los controles o comprobaciones ya efectuados en el Estado miembro de origen (sentencia de 26 de enero de 2006, Comisión/España, C‑514/03, EU:C:2006:63, apartado 55). Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que una legislación nacional de acuerdo con la cual una empresa de seguridad debe obtener una licencia territorial es contraria a dicho artículo a falta de disposición expresa en la legislación nacional que exija que se tomen en consideración las exigencias previstas en el Estado miembro de establecimiento (sentencia de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 67).

25      En el caso de autos, el artículo 19 de la Ley de 2 de octubre de 2017 prevé que, «cuando el solicitante de la autorización no disponga de un centro de actividad en Bélgica, el Ministro del Interior tendrá en cuenta, al evaluar la solicitud, las garantías ofrecidas en el marco del ejercicio legal y reglamentado de las actividades a las que se refiere la solicitud, en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo».

26      Es preciso recordar que, por lo que respecta a la normativa belga que precedió a esta disposición, a saber, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (Ley de 10 de abril de 1990 sobre las empresas de vigilancia, sobre las empresas de seguridad y sobre los servicios internos de vigilancia) (Moniteur belge de 29 de mayo de 1990, p. 10963), el Tribunal de Justicia declaró que el Reino de Bélgica había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 TFUE al exigir a todas las empresas de vigilancia que reunieran los mismos requisitos para la obtención de una autorización, sin tener en cuenta las obligaciones a las que la empresa prestadora ya estaba sujeta para el ejercicio de su actividad en el Estado miembro de establecimiento (sentencia de 9 de marzo de 2000, Comisión/Bélgica, C‑355/98, EU:C:2000:113, apartado 38 y fallo).

27      A este respecto, en sus observaciones, el Gobierno belga alega que, mediante la adopción de la Ley de 10 de junio de 2001, por la que se modifica la Ley de 10 de abril de 1990 sobre las empresas de vigilancia, sobre las empresas de seguridad y sobre los servicios internos de vigilancia, de cuyo artículo 4, posteriormente, tomó su contenido el artículo 19 de la Ley de 2 de octubre de 2017, el Reino de Bélgica pretendió poner remedio a este incumplimiento. Este Gobierno expone que de los trabajos preparatorios de esta última Ley resulta que la Administración belga ya no efectuará investigaciones acerca de los requisitos de autorización en relación con los cuales la empresa establecida en el extranjero ya haya proporcionado en el Estado miembro de establecimiento garantías equivalentes a las exigidas por la normativa belga. Por consiguiente, en tal caso, según dicho Gobierno, la concesión de una autorización a dicha empresa resulta muy simplificada, incluso casi inmediata.

28      Dicho esto, Ithaque alega, en sus observaciones escritas, que la Administración belga competente sigue exigiendo a las empresas de seguridad privada establecidas en otro Estado miembro la presentación de una solicitud de autorización completa, la presentación de todos los documentos exigidos a una empresa belga que aún no disponga de autorización y el pago íntegro de las tasas administrativas vinculadas a tal procedimiento.

29      Según reiterada jurisprudencia, un Estado miembro no puede supeditar la prestación de servicios en su territorio a la observancia de todos los requisitos exigidos para el establecimiento, so pena de privar de eficacia a las disposiciones destinadas a garantizar la libre prestación de servicios (sentencia de 24 de enero de 2002, Portugaia Construções, C‑164/99, EU:C:2002:40, apartado 17 y jurisprudencia citada).

30      Así pues, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en el caso de autos, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida impusieron al prestador de servicios establecido en otro Estado miembro requisitos y controles equivalentes a los exigidos para el establecimiento.

31      En particular, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar que la información solicitada no va más allá de lo necesario para evaluar la ejecución de una prestación puntual y no un establecimiento.

32      De ser así, el órgano jurisdiccional remitente deberá comprobar también que, en el caso de autos, dichas autoridades no hayan impuesto requisitos y controles que dupliquen aquellos a los que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que está establecido.

33      En cuanto a las tasas administrativas exigidas por la presentación de una solicitud de autorización, será preciso comprobar que, de conformidad con el principio de proporcionalidad, no resulten excesivas o irrazonables. A este respecto, el carácter excesivo o irrazonable y, en consecuencia, desproporcionado de tales tasas debe apreciarse a la luz del coste generado por la tramitación de la solicitud, que, en consecuencia, el Estado miembro de que se trate debe soportar [véase, por analogía, la sentencia de 20 de junio de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Desplazamiento de trabajadores de terceros países), C‑540/22, EU:C:2024:530, apartados 119 y 120].

34      Asimismo, suponiendo que, como sostiene la Comisión Europea, la legislación belga exija una garantía bancaria para el pago de eventuales tasas y multas administrativas, el órgano jurisdiccional remitente deberá determinar si tal garantía es realmente necesaria y proporcionada en el marco de la prestación transfronteriza de servicios de carácter puntual.

35      En efecto, la obligación de constituir una garantía de ese tipo ante un organismo belga puede obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de la libre prestación de servicios, en el sentido del artículo 56 TFUE, en la medida en que hace más onerosa la ejecución de una prestación de servicios para las empresas de seguridad privada establecidas en otros Estados miembros que para las establecidas en Bélgica (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de enero de 2006, Comisión/España, C‑514/03, EU:C:2006:63, apartado 41, y la de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 109).

36      Un obstáculo de este tipo únicamente puede justificarse en la medida en que el interés general de que se trate, a saber, poner a disposición de las autoridades belgas cantidades que garanticen la ejecución de las obligaciones de Derecho público establecidas por la legislación nacional en vigor, no quede salvaguardado ya por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que esté domiciliado (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑465/05, EU:C:2007:781, apartado 111).

37      A este respecto, es preciso señalar que, en la medida en que la legislación belga exija la constitución de dicha garantía bancaria, sin tener en cuenta las garantías bancarias constituidas, en su caso, en el Estado miembro de origen, adecuada para asegurar una protección apropiada de dichos créditos públicos, impondría una obligación que va más allá de lo necesario a tal efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2006, Comisión/España, C‑514/03, EU:C:2006:63, apartado 43).

38      A todos los efectos pertinentes, es preciso recordar que el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente estime que determinados conceptos que figuran en el artículo 19 de la Ley de 2 de octubre de 2017 son particularmente amplios no impide que pueda considerarse que esta disposición establece normas claras y precisas que permiten al justiciable prever sus efectos, siempre que la ambigüedad o vaguedad aparentes de estos conceptos puedan disiparse recurriendo a los métodos ordinarios de interpretación del Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2026, AK Dlhopolec y otros, C‑590/24, EU:C:2026:41, apartado 96 y jurisprudencia citada), extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

39      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que supedita la prestación de servicios de vigilancia en el territorio nacional por una empresa establecida en otro Estado miembro a la concesión de una autorización administrativa, so pena de sanción a cualquier empresa infractora, siempre que dicha normativa:

–        no imponga al prestador de servicios requisitos y controles equivalentes a los exigidos para el establecimiento,

–        establezca que se tengan debidamente en cuenta todos los requisitos que ya cumpla el prestador de servicios en el Estado miembro en el que esté establecido, en la medida en que correspondan a los requisitos impuestos por el Estado miembro de acogida para proteger el orden público, y

–        no fije tasas administrativas desproporcionadas ni imponga garantías innecesarias o desproporcionadas.

 Costas

40      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que supedita la prestación de servicios de vigilancia en el territorio nacional por una empresa establecida en otro Estado miembro a la concesión de una autorización administrativa, so pena de sanción a cualquier empresa infractora, siempre que dicha normativa:

–        no imponga al prestador de servicios requisitos y controles equivalentes a los exigidos para el establecimiento,

–        establezca que se tengan debidamente en cuenta todos los requisitos que ya cumpla el prestador de servicios en el Estado miembro en el que esté establecido, en la medida en que correspondan a los requisitos impuestos por el Estado miembro de acogida para proteger el orden público, y

–        no fije tasas administrativas desproporcionadas ni imponga garantías innecesarias o desproporcionadas.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: francés