Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 23 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑275/25 [Kolwager] (i)
Finanzamt B
contra
A
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea — Artículo 13 — Impuesto sobre donaciones — Domicilio fiscal de los funcionarios y otros agentes de la Unión — Residencia adicional — Artículo 21 — Miembros del personal del Banco Europeo de Inversiones »
I. Introducción
1. La presente petición de decisión prejudicial del Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania) se refiere a la interpretación del artículo 13 del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (en lo sucesivo, «PPI»). (2)
2. Dicha disposición ocupa una especial posición dentro del PPI, pues en sí misma no concede ningún privilegio ni inmunidad, (3) sino que establece una regla para la determinación del domicilio fiscal de los funcionarios de la Unión. (4) En concreto, el artículo 13 del PPI crea una ficción legal según la cual un funcionario de la Unión que, únicamente en razón del ejercicio de sus funciones, establezca su residencia en un Estado miembro distinto del Estado miembro de su domicilio fiscal será considerado, en ambos Estados miembros, como si hubiera conservado su domicilio fiscal original, a efectos del impuesto sobre la renta y el patrimonio y del impuesto de sucesiones.
3. La petición del órgano jurisdiccional remitente se plantea en el contexto de un litigio entre las autoridades tributarias alemanas y A., un miembro del personal del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que, mientras trabajaba y residía en Luxemburgo, conservando su domicilio fiscal original en Austria en virtud del artículo 13 del PPI, estableció una residencia adicional en Alemania. Tras recibir una sustanciosa donación en metálico de un familiar residente en Austria, las autoridades tributarias alemanas liquidaron el impuesto sobre donaciones a cargo de A., alegando que en el momento de los hechos era residente fiscal (5) en Alemania. A. recurrió con éxito la liquidación del impuesto en primera instancia, invocando el artículo 13 del PPI (que se aplica a los miembros del personal del BEI en virtud del artículo 21 del PPI), (6) como fundamento para alegar que debía ser tratado, a efectos fiscales, como residente únicamente en Austria, donde vivía antes de incorporarse al BEI.
4. El Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario), que conoce del recurso de casación, solicita ahora que se aclare el ámbito de aplicación exacto del artículo 13 del PPI. En particular, desea saber si dicha disposición es aplicable en el caso del impuesto sobre donaciones y, de ser así, si se opone al reconocimiento de un domicilio fiscal adicional en un Estado miembro distinto del Estado miembro del puesto de trabajo o del domicilio fiscal original.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
5. El artículo 13, párrafo primero, primera frase, del PPI (en lo sucesivo, simplemente «artículo 13 del PPI») dispone lo siguiente:
«A efectos de aplicación de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, del impuesto sobre sucesiones, así como de los convenios celebrados entre los Estados miembros de la Unión para evitar la doble imposición, los funcionarios y otros agentes de la Unión que, únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión, establezcan su residencia en el territorio de un Estado miembro distinto del país del domicilio fiscal que tuvieren en el momento de entrar al servicio de la Unión serán considerados, tanto en el país de su residencia como en el del domicilio fiscal, como si hubieren conservado su domicilio en este último país si este es miembro de la Unión.»
6. El artículo 21, párrafo primero, del PPI presenta el siguiente tenor:
«El presente Protocolo se aplicará igualmente al Banco Europeo de Inversiones, a los miembros de sus órganos, a su personal y a los representantes de los Estados miembros que participen en sus trabajos.»
B. Derecho alemán
7. La Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), en su versión aplicable en el momento de los hechos, dispone lo siguiente en su artículo 1, con la rúbrica «Operaciones sujetas al impuesto»:
«(1) Estarán sujetas al impuesto sobre sucesiones (o donaciones):
1. las transmisiones mortis causa;
2. las donaciones inter vivos;
3. las donaciones modales;
[…]
(2) Salvo disposición en contrario, las disposiciones de la presente Ley relativas a la transmisión de bienes mortis causa serán aplicables asimismo a las donaciones y a las donaciones modales […].»
8. De conformidad con el artículo 2 de la misma ley, la responsabilidad tributaria personal (respecto a la totalidad de los bienes transmitidos) se aplicará, en particular, cuando el adquirente, en el momento en que se produce el hecho imponible, tenga la condición de residente a efectos fiscales. Entre las personas consideradas residentes a efectos fiscales figuran las personas físicas que tengan su domicilio o su residencia habitual en Alemania.
9. Con arreglo al artículo 8 de la Abgabenordnung (Ley General Tributaria), en su versión aplicable en el momento de los hechos, «el domicilio se entenderá ubicado allí donde la persona posea una vivienda en tales circunstancias que pueda considerarse que es su intención conservar y utilizar dicha vivienda».
III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10. A., el demandante en primera instancia en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «demandante»), es miembro del personal del BEI desde 1995. A fin de desarrollar sus funciones en el BEI, se trasladó desde Austria, donde residía previamente, a Luxemburgo. En 2010 el demandante pasó a compartir domicilio con su cónyuge, también empleada del BEI, en la vivienda de esta en Alemania. No obstante, también siguió utilizando su apartamento de Luxemburgo.
11. El 27 de diciembre de 2013, el demandante recibió de su hermano, residente en Austria, una donación en metálico por importe de 300 000 euros.
12. Mediante resolución de 13 de abril de 2017, el Finanzamt B (Oficina Tributaria B, Alemania; en lo sucesivo, «Oficina Tributaria») liquidó el impuesto sobre donaciones a cargo del demandante, respecto a dicha donación, por importe de 56 000 euros.
13. El demandante interpuso un recurso en vía administrativa, alegando que, con arreglo al artículo 13 del PPI, debía ser tratado como residente fiscal solo en Austria, de modo que no estaba sujeto al referido impuesto sobre donaciones en Alemania. El 1 de agosto de 2019, la Oficina Tributaria desestimó el recurso, afirmando que, en el momento de recibir la donación, el demandante tenía un lugar de residencia en Alemania (en el sentido del artículo 8 de la Ley General Tributaria) y, en virtud de ello, se le consideraba residente fiscal sujeto a responsabilidad tributaria personal, de conformidad con el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Estimó que el artículo 13 del PPI solamente regula la atribución del domicilio fiscal entre el Estado miembro del domicilio fiscal original y el Estado miembro donde el funcionario desempeñe sus funciones (en lo sucesivo, «Estado del puesto de trabajo»), y no abarca la situación, como la controvertida, en que un funcionario establece una residencia adicional en un tercer Estado miembro por motivos estrictamente personales. En esencia, la Oficina Tributaria declaró que, al tener una residencia en Alemania, el demandante había establecido allí un domicilio fiscal, coexistente con el domicilio ficticio en Austria con arreglo al artículo 13 del PPI. Al no existir en Austria un impuesto sobre donaciones, la Oficina Tributaria concluyó que la donación podía ser gravada íntegramente en Alemania, dado que no existía una tributación concurrente. (7)
14. Posteriormente, el demandante interpuso un recurso contra la resolución de la Oficina Tributaria ante el Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Tribunal de lo Tributario de Renania-Palatinado, Alemania). Ese órgano jurisdiccional estimó el recurso mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021. En particular, declaró que el factor decisivo para determinar el domicilio fiscal de un funcionario de la Unión en virtud del artículo 13 del PPI es la situación del funcionario en el momento de entrar al servicio de la Unión. En consecuencia, en opinión de dicho órgano jurisdiccional, basta con que en ese momento el funcionario estableciese una residencia en otro Estado miembro únicamente por razón del desempeño de sus funciones. Acontecimientos posteriores, como el establecimiento de una residencia adicional por motivos personales, se estiman irrelevantes, siempre que el funcionario continúe al servicio de la Unión y que la residencia efectiva mantenga una conexión geográfica con el lugar de trabajo. Partiendo de estas premisas, se consideró que el demandante (que seguía siendo empleado del BEI y residía aproximadamente a 55 kilómetros de su lugar de trabajo en Luxemburgo) era residente fiscal exclusivamente en Austria, el Estado miembro de su domicilio fiscal original, en virtud del artículo 13 del PPI. (8)
15. La Oficina Tributaria recurrió la referida sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente. En su recurso, alega que el artículo 13 del PPI no es aplicable al presente asunto, ya que: i) no abarca el impuesto sobre donaciones, y ii) solo regula la atribución de la potestad tributaria entre el Estado del puesto de trabajo y el del domicilio fiscal original, excluyendo aquellas situaciones, como la controvertida, en que se haya constituido una residencia adicional en un tercer Estado por motivos personales.
16. Así las cosas, el órgano jurisdiccional remitente, al albergar dudas sobre la interpretación correcta del artículo 13 del PPI, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Es aplicable [el artículo 13 del PPI] a la recaudación del impuesto sobre donaciones?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: En el supuesto de un funcionario o agente de la Unión que, únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión, establezca su residencia en el territorio de un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen, ¿excluye [el artículo 13 del PPI] que dicho funcionario o agente constituya un domicilio fiscal adicional en un Estado miembro distinto de aquel en el que ejerce sus funciones si, al mismo tiempo, conserva un domicilio efectivo en el Estado miembro en el que ejerce sus funciones?»
17. Han depositado observaciones escritas el demandante, el Gobierno alemán y la Comisión Europea. No se ha celebrado vista.
IV. Análisis
18. Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide el alcance del artículo 13 del PPI, tanto respecto a los tipos de impuestos que abarca como a los supuestos de residencia comprendidos en su ámbito de aplicación. Voy a examinar estas cuestiones de forma sucesiva, para concluir, respecto a la primera de ellas, que el artículo 13 del PPI debe interpretarse en el sentido de que comprende el impuesto sobre donaciones (sección B) y, respecto a la segunda, que dicha disposición es aplicable en caso de que exista una residencia adicional fuera del Estado de puesto de trabajo solo si el funcionario estableció dicha residencia exclusivamente en razón del desempeño de sus funciones (sección C).
19. Sin embargo, antes de emprender este análisis, estimo útil hacer algunas observaciones preliminares respecto al artículo 13 del PPI (sección A).
A. Observaciones preliminares sobre el artículo 13 del PPI
20. Para empezar, procede señalar que, como Protocolo a los Tratados de la Unión, el PPI forma parte integrante de ellos, de modo que constituye Derecho primario de la Unión. Además, aunque, en principio, los impuestos directos siguen perteneciendo a la competencia de los Estados miembros, estos, en esencia, han concedido una restricción parcial de su soberanía fiscal mediante las disposiciones en materia tributaria del PPI, en aras de garantizar el buen funcionamiento de la Unión. (9) En relación, en particular, con los funcionarios de la Unión eso es lo que sucede con los artículos 12 y 13 del PPI.
21. En virtud del artículo 12 del PPI, los funcionarios de la Unión están exentos de los impuestos nacionales sobre sus sueldos, salarios y emolumentos abonados por la Unión, y están sujetos, en su lugar, a un impuesto recaudado a escala de la Unión.
22. No obstante, en cuanto a otros impuestos, los funcionarios de la Unión permanecen obligados, en principio, a tributar en los Estados miembros. A este respecto, el artículo 13 del PPI establece lo que, en esencia, constituye una regla de doble imposición (10) que determina el domicilio fiscal de los funcionarios.
23. En concreto, como ya he señalado, el artículo 13 del PPI crea una ficción legal en relación con determinados impuestos, en virtud de la cual se considera que los funcionarios conservan la residencia fiscal en el Estado miembro de su domicilio fiscal original (en lo sucesivo, «Estado de origen»), pese a haber establecido una residencia efectiva en otro Estado miembro por razón de su trabajo (en lo sucesivo, «Estado de residencia por motivos de trabajo»). Como tal, dicha disposición no determina ni reparte la potestad tributaria, per se, entre los Estados miembros implicados. Sin embargo, dado que el domicilio fiscal constituye en muchos aspectos el nexo principal para la recaudación de los impuestos (sobre todo, respecto a la renta mundial y a la responsabilidad tributaria general), inevitablemente ejerce una influencia decisiva en la atribución de la correspondiente potestad tributaria entre dichos Estados. (11)
24. En la práctica, esto implica, con carácter general, que, a excepción de los salarios, sueldos y emolumentos abonados por la Unión, el Estado de origen conserva, en principio, la competencia tributaria ilimitada (12) en relación con el impuesto sobre la renta y el patrimonio y el impuesto de sucesiones, en términos del artículo 13 del PPI. (13)
25. Dicho esto, es preciso recalcar (especialmente ante ciertos aparentes malentendidos en las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia) que lo anterior no significa que, en virtud del artículo 13 del PPI, el Estado de origen tenga competencia exclusiva para recaudar los referidos impuestos. La residencia fiscal no es sino uno de los varios factores de conexión utilizados por los Estados miembros en el ejercicio de su potestad tributaria. En consecuencia, el artículo 13 no impide que los funcionarios de la Unión estén obligados a tributar en el Estado de residencia por motivos de trabajo (o en otros Estados miembros) en virtud de otros factores de conexión, como el origen de los ingresos o la localización de los activos. (14) En los casos en que esto pueda dar lugar a doble imposición, en principio el remedio vendría dado por los convenios de doble imposición aplicables o, en su caso, por las medidas unilaterales nacionales.
26. Una vez expuestos los antecedentes, pasaré a ocuparme del fondo de las cuestiones prejudiciales.
B. ¿Es aplicable el artículo 13 del PPI al impuesto sobre donaciones?
27. Como ya he señalado, con su primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 13 del PPI es aplicable al impuesto sobre donaciones.
28. Según el tenor de esta disposición, la ficción legal que establece opera «a efectos de aplicación de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, del impuesto sobre sucesiones, así como de los convenios celebrados entre los Estados miembros de la Unión para evitar la doble imposición». Como observa el órgano jurisdiccional remitente, el impuesto sobre donaciones no está expresamente mencionado. En consecuencia, el Gobierno alemán alega que la disposición excluye de manera clara e inequívoca el impuesto sobre donaciones de lo que considera una enumeración exhaustiva de impuestos, de manera que el Tribunal de Justicia no puede apartarse de tal interpretación.
29. En este punto debo señalar, antes de nada, que el «impuesto sobre donaciones» se concibe de forma diferente en los distintos Estados miembros. En algunos de ellos se considera una subcategoría del impuesto sobre la renta; (15) en muchos otros es tratado de forma similar al impuesto sobre sucesiones y se considera como una forma anticipada de este o como un complemento inextricable de él. (16) En ciertos sistemas jurídicos, las donaciones efectuadas durante un determinado período anterior al deceso del donante se recalifican como sucesiones a efectos fiscales. (17) Desde este punto de vista, aunque la inclusión del impuesto sobre donaciones en el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI no pueda deducirse de forma inmediata del tenor de esta disposición, su exclusión dista de estar inequívocamente impuesta por ese tenor.
30. Esto me lleva a un segundo punto: el Gobierno alemán se ha pronunciado en contra de incluir el impuesto sobre donaciones en el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI, por referencia al concepto y la naturaleza de dicho impuesto en el Derecho alemán. (18) Sin embargo, la diversidad de enfoques en los distintos Estados miembros respecto a la clasificación y denominación de los impuestos (incluido el de donaciones) demuestra, a mi parecer, que el artículo 13 del PPI no puede interpretarse por referencia al Derecho nacional.
31. Es cierto que, en una de sus relativamente escasas sentencias relativas a (lo que hoy es) el artículo 13 del PPI, el Tribunal de Justicia pareció atender al Derecho nacional al valorar si un impuesto estaba sometido a dicha disposición. En particular, declaró que, «por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta, […] a efectos del [artículo 13 del PPI], este concepto debe determinarse de acuerdo con los criterios del Derecho nacional aplicable». (19) No obstante, considero, respetuosamente, que una interpretación fundada sobre clasificaciones nacionales daría lugar a grandes dificultades.
32. En primer lugar, no está claro qué Derecho nacional ha de ser el decisivo: el del Estado de origen o el del Estado de residencia por motivos de trabajo, en caso de que difieran en su concepción y clasificación de un determinado impuesto. Si, por ejemplo, el ordenamiento jurídico de uno de dichos Estados considera el impuesto sobre donaciones como un tipo de impuesto sobre sucesiones, mientras que otro lo trata de forma totalmente diferente, la aplicabilidad del artículo 13 del PPI respecto al mismo funcionario de la Unión variará en función de la clasificación nacional que se tenga en cuenta.
33. En segundo lugar, en cualquier caso, atender al Derecho nacional —ya sea del Estado de origen o del Estado de residencia por motivos de trabajo— implicaría que el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI variase de un Estado miembro a otro. Como acertadamente observa la Comisión, ello socavaría la aplicación uniforme de una norma de Derecho primario como es el artículo 13 del PPI, cuya necesidad ha sido expresamente reconocida por el Tribunal de Justicia. (20) Asimismo, llevaría a tratar de forma diferente a los funcionarios de la Unión, pues dicho artículo se aplicaría a algunos de ellos pero no a otros, en función de las particularidades de los sistemas tributarios nacionales en cuestión. (21) Desde un punto de vista práctico, este planteamiento también acarrearía graves dificultades para las autoridades tributarias nacionales, que tendrían que determinar el domicilio fiscal de manera diferente para cada funcionario en función del impuesto de que se trate y de las posibles clasificaciones nacionales concurrentes (lo cual, a su vez, plantearía complejos problemas en cuanto a la competencia).
34. En tercer lugar, como observó el Abogado General Jacobs en sus conclusiones presentadas en el asunto Kristoffersen, (22) una interpretación del artículo 13 del PPI que dependa del Derecho nacional dejaría un amplio margen para la elusión. Por ejemplo, un Estado de origen podría tratar de incluir un impuesto en el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI, y por consiguiente arrogarse la residencia fiscal, simplemente designándolo como uno de los impuestos expresamente mencionados en esta disposición. Por el contrario, un Estado de residencia por motivos de trabajo podría eludir la aplicación de dicha disposición clasificando artificialmente en una categoría diferente un impuesto que, sin embargo, operase, en esencia, como el impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio o como el impuesto sobre sucesiones.
35. En vista de todo ello, coincido con la Comisión (y con lo afirmado en las conclusiones del asunto Kristoffersen) en que los conceptos «impuesto sobre la renta», «impuesto sobre el patrimonio» e «impuesto sobre sucesiones» del artículo 13 del PPI no pueden depender del Derecho nacional, sino que se han de interpretar de manera autónoma conforme al sentido que se le da generalmente y a la luz de la finalidad de dicha disposición.
36. El sentido que se les da generalmente a dichos conceptos no resuelve de forma concluyente la presente cuestión. Como ha observado el órgano jurisdiccional remitente, el impuesto sobre donaciones presenta tanto similitudes como diferencias con los impuestos enumerados en el artículo 13 del PPI. Se trata, en particular, de un impuesto que grava el enriquecimiento obtenido de una transferencia a título lucrativo, compartiendo de este modo características tanto con el impuesto sobre la renta (en el sentido amplio de gravar los incrementos de la capacidad económica) como con el impuesto sobre sucesiones (como impuesto sobre las transferencias sin contraprestación). Sin embargo, también difiere del primero, principalmente en que no está vinculado a la creación de valor en el mercado, y del segundo, en cuanto se refiere a transferencias inter vivos, cuyo momento preciso puede elegirse libremente, al contrario de las transferencias mortis causa.
37. Por lo tanto, la finalidad del artículo 13 del PPI es decisiva a la hora de determinar si el impuesto sobre donaciones está comprendido en su ámbito de aplicación.
38. A este respecto, he de señalar que el objetivo general del PPI, como resulta de su único considerando y del artículo 343 TFUE, (23) así como del artículo 17 del PPI, (24) es garantizar que la Unión goce de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión.
39. En consonancia con dicho objetivo, el artículo 13 del PPI debe entenderse en el sentido de que también persigue dos finalidades específicas, ambas derivadas del hecho de que, aunque los funcionarios de la Unión proceden de todos los Estados miembros, sus lugares de trabajo están situados en Estados miembros específicos, principalmente concentrados en Bélgica y Luxemburgo, donde tienen su sede la mayoría de las instituciones de la Unión.
40. En primer lugar, el artículo 13 del PPI pretende impedir que los Estados miembros de acogida obtengan una ventaja fiscal indebida mediante el ejercicio de potestades tributarias ilimitadas (excepción hecha de los impuestos sobre el consumo y otros de carácter local) sobre los funcionarios de la Unión, que no residirían en su territorio si no fuera por sus funciones oficiales. Al mismo tiempo, garantiza que los Estados de origen no se vean indebidamente privados de su potestad tributaria sobre las personas que, de otro modo, habrían conservado su domicilio fiscal en él. (25)
41. En segundo lugar, por lo que respecta a los propios funcionarios de la Unión, el artículo 13 del PPI pretende garantizar la neutralidad, de manera que su entrada al servicio de la Unión no los coloque en situación de ventaja ni de desventaja a los efectos de su domicilio fiscal. Al preservar su situación fiscal anterior, la disposición facilita la movilidad, reduce el riesgo de doble imposición asociado a la residencia y elimina las dificultades administrativas que lleva aparejadas el traslado para trabajar al servicio a la Unión.
42. Esta lógica guarda un estrecho paralelismo con el Derecho internacional público, especialmente en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, (26) el instrumento internacional más destacado en el ámbito de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, sus funcionarios y sus representantes, que ya estaba en vigor cuando se adoptó el PPI en 1957. La sección 13 de dicha Convención dispone que, «cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto depende de la residencia, los períodos en que los representantes de Miembros de los organismos […] de las Naciones Unidas, y de conferencias convocadas por las Naciones Unidas, permanezcan en un país desempeñando sus funciones, no se estimarán para estos efectos como períodos de residencia» (el subrayado es mío). Esta disposición, que se ha replicado en numerosos instrumentos internacionales posteriores, (27) tiene, en principio, el mismo efecto que el artículo 13 del PPI de impedir el establecimiento de un domicilio fiscal en el Estado de acogida y conservarlo en el Estado de origen. El razonamiento subyacente es el mismo: la presencia en un Estado de acogida para desempeñar funciones oficiales no debe dar lugar a un cambio de residencia fiscal. (28)
43. Habida cuenta de lo anterior, la ratio legis del artículo 13 del PPI consiste, a mi parecer, en evitar que se establezca el domicilio fiscal en el Estado miembro de acogida en relación con aquellos impuestos que, con carácter principal o en grado significativo, dependen de la residencia, habida cuenta de que los funcionarios no se hallan en dicho Estado por elección personal, sino solamente debido a su trabajo al servicio de la Unión.
44. A la luz de estas consideraciones, cuando el artículo 13 del PPI hace referencia al «impuesto sobre la renta», al «impuesto sobre el patrimonio» y al «impuesto sobre sucesiones», a mi parecer no debe entenderse como una enumeración rígida de tres impuestos definidos en sentido estricto, sino como una referencia amplia a las tres principales categorías de impuestos directos sobre la ganancia, conservación y transmisión de la riqueza, cuya aplicación está vinculado a la residencia. En cambio, los impuestos que carecen de esta conexión (como los impuestos sobre el consumo o ciertas exacciones relativas a operaciones) quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI.
45. Dentro de esta taxonomía de los impuestos directos basados en la residencia, resulta evidente, en mi opinión, que el impuesto sobre donaciones, como impuesto directo sobre la transmisión a título gratuito de riqueza que generalmente se vincula a la residencia del donante o del donatario, responde al mismo marco conceptual y, por tanto, se enmarca perfectamente en las mencionadas categorías fiscales que abarca el artículo 13 del PPI. A efectos de dicha disposición, y teniendo en cuenta sus objetivos, considero que el impuesto sobre donaciones debe entenderse comprendido dentro de la categoría más amplia de impuestos sobre transmisiones a título gratuito, junto con el impuesto sobre sucesiones. Ambos comparten la misma función económica, a saber, gravar las transmisiones de riqueza sin contraprestación; así pues, el impuesto sobre donaciones debe verse como el equivalente inter vivos del impuesto sobre sucesiones, dentro de una misma unidad funcional coherente.
46. Partiendo de estas premisas, soy del parecer de que el impuesto sobre donaciones se ha de considerar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI. En mi opinión, y teniendo en cuenta la ratio legis de dicha disposición, no hay ninguna razón convincente para excluir un impuesto que, como el impuesto sobre sucesiones, grava las transmisiones de activos a título gratuito y cuya aplicación está estrechamente vinculada a la residencia. Hacerlo introduciría una distinción que no se basa en ningún factor objetivo relevante, y conduciría a una fragmentación del domicilio fiscal, de manera que los funcionarios de la Unión quedarían sujetos a un domicilio específicamente para el impuesto sobre donaciones y a otro para los demás. Tal resultado sería ineficiente tanto para los funcionarios como para las autoridades tributarias y, en consecuencia, sería contrario al objetivo de facilitar el trabajo de aquellos y, por extensión, el funcionamiento de la Unión.
47. En aras de la exhaustividad, quisiera señalar que la ausencia de menciones expresas al impuesto sobre donaciones en el artículo 13 del PPI parece deberse principalmente a consideraciones históricas. El tenor de dicha disposición ha permanecido inalterado en su esencia desde su adopción en 1957, como sucede en gran medida el PPI en su conjunto. Se entiende que, en aquella época, el impuesto sobre donaciones bien era menos común o bien estaba comprendido dentro del impuesto sobre la renta o sobre sucesiones, como hoy en día. (29) Además, los primeros modelos de convenio para la prevención de la doble imposición en vigor cuando se adoptó el PPI (concebidos, en particular, para resolver conflictos de residencia fiscal) hacían referencia precisamente a las tres categorías amplias de impuestos mencionadas en el artículo 13 del PPI. (30)
48. Para concluir, quisiera añadir que la interpretación del artículo 13 del PPI antes expuesta se ve sin duda corroborada por la referencia que en él se hace a la «aplicación […] de los convenios celebrados entre los Estados miembros de la Unión para evitar la doble imposición». Dicha referencia parece dirigida a garantizar la observancia de la ficción legal establecida en el artículo 13 del PPI también en la aplicación de dichos convenios. Nótese, a este respecto, que los convenios sobre doble imposición entre Estados miembros se basan en gran medida en los modelos de convenio tributario de la OCDE (31) y tienen por objeto principalmente los impuestos sobre la renta y sobre el capital, y solo con menor frecuencia los impuestos sobre sucesiones y donaciones. (32) Por lo tanto, cuando, por ejemplo, el Estado de origen y el Estado de residencia por motivos de trabajo han celebrado un convenio de doble imposición que comprende el impuesto sobre donaciones, el Estado de origen, en virtud de dicho convenio, puede considerarse como Estado del domicilio fiscal también con respecto a este impuesto. No obstante, considero que sería incoherente llegar a la conclusión de que el impuesto sobre donaciones normalmente queda excluido del ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI, pero puede, sin embargo, incluirse indirectamente en él en virtud de convenios bilaterales que así lo dispongan expresamente. Tal planteamiento haría que el ámbito de aplicación de esta disposición dependiese de la existencia y el contenido de acuerdos bilaterales, lo que socavaría su aplicación uniforme.
49. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo 13 del PPI debe interpretarse como aplicable al impuesto sobre donaciones.
C. ¿Es aplicable el artículo 13 del PPI a una residencia adicional situado en un Estado miembro distinto del Estado del puesto de trabajo y que se ha establecido por motivos personales?
50. En caso de que el artículo 13 del PPI deba interpretarse como aplicable al impuesto sobre donaciones, el órgano jurisdiccional remitente también desea saber si dicha disposición se opone al establecimiento de un domicilio fiscal adicional en un Estado miembro distinto del Estado de origen y del Estado del puesto de trabajo, si el funcionario también mantiene una residencia efectiva en el Estado del puesto de trabajo. En esencia, el órgano jurisdiccional remitente desea aclarar si un funcionario de la Unión que mantiene un domicilio fiscal ficticio en su Estado de origen en virtud del artículo 13 del PPI y una residencia efectiva en el Estado del puesto trabajo puede, sin embargo, establecer un domicilio fiscal adicional en un tercer Estado miembro y, de este modo, estar obligado a tributar en este.
51. Conviene advertir en qué grado difieren las posturas que sobre esta cuestión sostienen las partes interesadas que han presentado observaciones.
52. El Gobierno alemán argumenta que el artículo 13 del PPI solo regula la relación entre el Estado de origen y el Estado de residencia por motivos de trabajo, de modo que no impide el establecimiento de un domicilio fiscal adicional en otro lugar.
53. En cambio, el demandante alega que esa disposición establece un único y exclusivo domicilio fiscal en el Estado de origen, con lo que impide que se constituya ningún otro domicilio fiscal dentro de la Unión Europea a lo largo de toda la carrera del funcionario.
54. Por su parte, la Comisión adopta una postura intermedia. Afirma que el artículo 13 del PPI impide el establecimiento de un domicilio fiscal adicional en un Estado miembro distinto del Estado de origen, siempre y cuando, no obstante, el funcionario de la Unión resida a una distancia del lugar de trabajo que no le dificulte el desempeño de sus funciones.
55. A fin de proporcionar una respuesta útil a la cuestión prejudicial, explicaré en primer lugar por qué, en mi opinión, el artículo 13 del PPI solo se opone al establecimiento de un domicilio fiscal en un Estado miembro donde se haya fijado la residencia únicamente en razón del ejercicio de las funciones del funcionario, y no en otros Estados miembros (subsección 1). Después examinaré con mayor detalle la forma en que se debe interpretar esta condición, a saber, que la residencia se haya fijado únicamente en razón del ejercicio de tales funciones (subsección 2). Por último, expondré las consecuencias que tal interpretación tiene para las residencias establecidas adicionalmente a una residencia anterior en el Estado miembro del puesto de trabajo (subsección 3).
1. El artículo 13 del PPI como regla de atribución de la potestad tributaria entre Estados miembros concretos
56. Conforme al tenor del artículo 13 del PPI, se considera que los funcionarios conservan su domicilio fiscal original «tanto en el país de su residencia como en el del domicilio fiscal». Por lo tanto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, (33) dicha disposición está concebida para regular la relación y el reparto de competencias fiscales únicamente entre esos dos Estados miembros, a saber, el de origen y el de residencia por motivos de trabajo.
57. Esta lectura viene respaldada también por la finalidad del artículo 13 del PPI, que, como ya he expuesto, consiste esencialmente en neutralizar las consecuencias fiscales (tanto para los funcionarios de la Unión como para los Estados miembros afectados) del traslado de residencia impuesto por el trabajo al servicio de la Unión. En consecuencia, como desarrollaré a continuación, dicha disposición está acotada a las situaciones surgidas a raíz de tales traslados por motivos de trabajo, y no a las residencias establecidas al margen de este.
58. De ello se deduce que, como alega el Gobierno alemán, el artículo 13 del PPI no puede interpretarse en el sentido de que regula, y mucho menos impide, el ejercicio de la potestad tributaria por un tercer Estado miembro y el establecimiento de una residencia fiscal con arreglo a los criterios de su Derecho interno.
59. Con esto no se pretende sugerir que la ficción legal establecida por dicha disposición carezca de relevancia en relación con otros Estados miembros. Dado que esta ficción opera tanto en el Estado de origen como en el de residencia por motivos de trabajo, dichos Estados también deben mantener la ficción frente a terceros Estados miembros, de manera que, entre ellos dos, solo el Estado de origen debe considerarse el domicilio fiscal del funcionario, excluyendo el Estado de residencia por motivos de trabajo. Sin embargo, esto no impide que esos terceros Estados miembros también consideren al funcionario como su propio residente fiscal conforme a su Derecho interno, tal como harían con cualquier otro residente fiscal (no ficticio) en el Estado de origen. Como ha observado el órgano jurisdiccional remitente, todo conflicto que surja a este respecto, en su caso, habrá de resolverse mediante convenios de doble imposición o mecanismos similares.
60. La anterior lectura no queda en entredicho ante la jurisprudencia invocada por el demandante y por la Comisión. En particular, en su sentencia X, (34) el Tribunal de Justicia declaró que el reparto de competencias tributarias establecido por el artículo 13 del PPI se pondría en tela de juicio si el funcionario tuviera la libre elección de desplazar su domicilio fiscal a otro Estado distinto de su domicilio fiscal de origen. Partiendo de esta premisa, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que, con arreglo al artículo 13 del PPI, el domicilio fiscal de un funcionario no puede depender de su voluntad.
61. Tanto el demandante como la Comisión (y, provisionalmente, también el órgano jurisdiccional remitente) deducen de la jurisprudencia que el establecimiento de cualquier domicilio fiscal distinto de aquel en el Estado de origen está terminantemente prohibido, lo que implica que, en todas las circunstancias y con independencia de la fijación de otras residencias, este Estado se mantiene como el único domicilio fiscal del funcionario.
62. Sin embargo, dicha lectura pasa por alto el contexto y el alcance preciso de la resolución del Tribunal de Justicia. En la sentencia X, (35) la cuestión tratada era, en esencia, si un funcionario podía optar por estar domiciliado en el Estado de residencia por motivos de trabajo, en lugar del Estado de origen, eludiendo así la ficción legal del artículo 13 del PPI. El Tribunal de Justicia desestimó fundadamente tal posibilidad, al considerar que dicha disposición era una norma establecida únicamente en interés de la Unión, (36) de manera que no se trata de un privilegio personal al cual pueda renunciar el funcionario afectado.
63. Bien entendida, la citada jurisprudencia declara, por un lado, que el domicilio fiscal en el Estado de origen no puede ser desplazado por la voluntad del funcionario, quien sigue sujeto a la ficción del artículo 13 del PPI, (37) y, por otro, que el Estado del puesto de trabajo no puede adquirir la condición de domicilio fiscal si la residencia en él se debe únicamente a motivos de trabajo. No obstante, de ello no se deduce que, al margen del ámbito de la residencia fijada por motivos de trabajo a que se refiere el artículo 13 del PPI, el funcionario no pueda forjar vínculos reales con otros Estados miembros que, en virtud de su legislación interna, den lugar a un domicilio fiscal adicional.
64. Además, en contra de lo alegado por la Comisión, la posibilidad de establecer un nuevo domicilio fiscal en un tercer Estado miembro no privaría de su finalidad al artículo 13 del PPI. A este respecto, la Comisión alega que el funcionario podría cambiar su domicilio fiscal, obviando así la ficción establecida por dicha disposición, con la simple constitución de una residencia complementaria. Sin embargo, como ya he expuesto, la residencia fiscal ficticia del artículo 13 del PPI no puede ser sustituida, sino que continúa existiendo paralelamente al domicilio fiscal adicional. (38) El razonamiento de la Comisión parece basarse implícitamente en la premisa de que cada persona solo puede tener un único domicilio fiscal. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad del Derecho tributario internacional. No son pocas ni anómalas las situaciones en que diversos Estados reclaman simultáneamente la residencia fiscal de una misma persona, en función de sus respectivos criterios internos; antes bien, son precisamente las situaciones, entre otras, que pretender abordar los convenios de doble imposición.
65. Por lo tanto, cabe concluir que el artículo 13 del PPI solo se opone al establecimiento de un domicilio fiscal en el Estado miembro que constituya el Estado de residencia del funcionario por motivos de trabajo, y no en cualquier otro Estado miembro. En consecuencia, esta disposición no se opone a que un Estado miembro distinto del Estado de residencia por motivos de trabajo trate a un funcionario de la Unión como su propio residente fiscal en virtud de su Derecho interno.
66. Respecto al presente asunto, esto significa que el establecimiento de un domicilio fiscal para el demandante en Alemania por razón de la residencia que este haya fijado allí solo estaría prohibida si dicha residencia respondiese a motivos de trabajo o, por utilizar de forma más precisa los términos del artículo 13 del PPI, si se ha establecido únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión.
2. Residencia establecida «únicamente en razón del ejercicio de [las] funciones [del funcionario] al servicio de la Unión»
67. Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, debo ahora ocuparme de la condición esencial para la aplicación del artículo 13 del PPI: si la residencia en un Estado miembro distinto del Estado de origen se ha establecido «únicamente en razón del ejercicio de [las] funciones [del funcionario] al servicio de la Unión». Solo si se cumple esta condición este Estado miembro tiene prohibido tratar al funcionario como residente fiscal. Esta condición que pide numerosas aclaraciones, que paso a abordar a continuación.
a) ¿Estado del puesto trabajo o de residencia por motivos de trabajo?
68. En primer lugar, es preciso aclarar, en caso de que no haya quedado ya patente, que el artículo 13 del PPI no exige, para que se aplique el domicilio fiscal ficticio en el Estado de origen, que el funcionario haya establecido su residencia en el territorio del propio Estado del puesto de trabajo (es decir, aquel en que están situadas la sede u otras oficinas de la institución u órgano donde trabaja el funcionario). Dicha disposición se refiere únicamente a la residencia establecida «en el territorio de un Estado miembro distinto del país del domicilio fiscal [original]» del funcionario (el subrayado es mío).
69. Ciertamente, el ejercicio efectivo de las propias funciones requiere por lo general (al menos, cuando el puesto no está totalmente digitalizado) un grado de proximidad geográfica al lugar de trabajo. No obstante, cumpliéndose este requisito, especialmente en atención a las cortas distancias de desplazamiento transfronterizo al trabajo, no se puede descartar que un funcionario establezca su residencia en un Estado miembro distinto del Estado del puesto de trabajo. Así sucede, en particular, de Luxemburgo, donde de hecho es habitual que los funcionarios residan en las regiones colindantes de los Estados miembros vecinos (Bélgica, Alemania y Francia) mientras desempeñan sus puestos en Luxemburgo.
70. Además, esta interpretación viene respaldada por las normas que rigen la actividad de los funcionarios. En concreto, el artículo 20 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») establece la obligación de los funcionarios de «residir en la localidad de su destino o a una distancia de la misma que no entorpezca el ejercicio de sus funciones» (el subrayado es mío). De igual manera, el Reglamento del Personal del BEI, que es aplicable al caso del demandante, dispone en su artículo 10 que, «salvo permiso especial, los miembros del personal deberán residir en su lugar de trabajo o cerca de él» (el subrayado es mío).
71. La Comisión parece entender que la residencia por motivos de trabajo ha de determinarse a la luz de los requisitos relativos a la residencia para los funcionarios que han sido mencionados. Así pues, en su opinión, una residencia por motivos de trabajo, a la que fuera aplicable el artículo 13 del PPI, sería cualquier residencia situada a tal distancia del lugar de trabajo del funcionario que no entorpeciese el ejercicio de sus funciones.
72. Estoy de acuerdo con la Comisión en que los requisitos relativos a la residencia impuestos a los funcionarios son relevantes a la hora de valorar si una residencia está vinculada al ejercicio de las funciones. Sin embargo, a mi parecer un criterio geográfico de proximidad no es suficiente, y tampoco es siempre necesario. Una residencia puede ser geográficamente próxima, pero carecer de relación con el trabajo, o, a la inversa, puede estar más alejada pero estar autorizada en virtud de regímenes especiales (como parece posible, por ejemplo, en virtud del Reglamento del Personal del BEI, que permite con carácter excepcional residir en otro lugar previa autorización). Sin embargo, un criterio genérico de proximidad puede resultar difícil de aplicar de manera coherente para las autoridades nacionales y puede dar lugar a distintas interpretaciones del PPI.
73. Por lo tanto, a mi parecer, para que un lugar pueda considerarse residencia por motivos de trabajo es necesario que sea la residencia declarada y que conste a la institución u órgano empleador como lugar de residencia del funcionario a efectos del cumplimiento de las obligaciones aplicables vinculadas al empleo al servicio de la Unión. (39) Este criterio proporciona una base más objetiva y manejable para la valoración, cuya aplicación vendría facilitada por el artículo 18 del PPI, disposición que exige a las instituciones de la Unión cooperar con las autoridades nacionales en la aplicación del PPI.
74. Dicho esto, el artículo 13 del PPI no se limita a exigir que la residencia esté vinculada al trabajo, sino, más concretamente, que se haya establecido «únicamente en razón del ejercicio de sus funciones» (el subrayado es mío). Por lo tanto, es necesario examinar la naturaleza y el grado de exigencia de esta condición.
b) El significado de «únicamente en razón del ejercicio de [las] funciones [del funcionario] al servicio de la Unión»
75. Para poder interpretar correctamente el significado de la condición «únicamente en razón del ejercicio de [las] funciones [del funcionario]», debe hacerse referencia una vez más al objetivo del PPI en general y a la finalidad de su artículo 13 en particular (véanse los puntos 38 a 41 de las presentes conclusiones). A este respecto, conviene destacar que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los privilegios e inmunidades reconocidos por el PPI tienen carácter funcional, en la medida en que pretenden evitar que se obstaculice el funcionamiento y la independencia de la Unión. Ello implica, en particular, que los privilegios, inmunidades y facilidades se otorgan a los funcionarios exclusivamente en interés de aquella. (40) A este respecto, como ya he mencionado, el artículo 13 del PPI pretende neutralizar las consecuencias fiscales de la movilidad exigida por el trabajo al servicio de la Unión, nada más.
76. En este contexto, la expresión «únicamente en razón del ejercicio de [las] funciones [del funcionario]» debe entenderse como referida a situaciones en que el funcionario no habría fijado su residencia en otro Estado miembro de no ser por exigirlo así sus funciones, es decir, si no hubiera sido por su trabajo al servicio de la Unión.
77. Sin embargo, se hace necesaria una aclaración. A mi parecer, el término «únicamente» no se debe interpretar en el sentido de que exija una forma de causalidad absoluta o pura, exenta de cualquier otra consideración. Tal lectura haría que la disposición sería en buena medida inoperante, pues las decisiones relativas al empleo y el traslado, en realidad, casi siempre están motivadas por múltiples consideraciones personales, económicas o prácticas.
78. Lo que importa es si el ejercicio de las funciones constituye el motivo decisivo y determinante para establecer la residencia. En mi opinión, la presencia de consideraciones adicionales (como el coste de la vida, los lazos familiares o sociales o la conveniencia personal), en sí misma, no excluye la aplicación del artículo 13, siempre que el funcionario no hubiera establecido su residencia en el Estado miembro en cuestión de no ser por su trabajo al servicio de la Unión. Este es, a mi entender, el “test” fundamental. Ciertamente, tal valoración puede plantear dificultades prácticas, motivo por el cual, en su sentencia X, el Tribunal de Justicia declaró que no pueden tomarse en consideración solamente las intenciones del funcionario respecto a la residencia, sino que este ha de aportar las pruebas objetivas de que habría trasladado su domicilio al Estado miembro de que se trate «con independencia de su entrada al servicio de [la Unión]». (41) A mi juicio, esta prueba objetiva puede consistir, por ejemplo, en la previa aceptación de una oferta de trabajo alternativa en dicho Estado miembro, junto con medidas concretas dirigidas al traslado, como la búsqueda de vivienda, antes de que el funcionario en último término decidiese, en cambio, entrar al servicio de la Unión.
79. A este respecto, cabe señalar que el Gobierno alemán ha recalcado que el demandante en el presente asunto estableció su residencia en Alemania por motivos personales. Sin embargo, ni en las observaciones ni en la resolución de remisión consta información sobre este aspecto, más allá de que el demandante pasó a compartir domicilio con su cónyuge en la vivienda de esta en Alemania. La decisión pertinente le incumbe al órgano jurisdiccional remitente, a la vista de todas las circunstancias del caso. No obstante, debo señalar que, a la vista de mi análisis precedente, no aprecio fundamento objetivo alguno para diferenciar entre los funcionarios que deciden residir en un Estado miembro vecino por motivos de coste o de preferencia personal y los que lo hacen por la conveniencia de una vivienda ya existente de su cónyuge en un lugar cercano, si en ambos casos el factor decisivo es la necesidad de residir a una distancia razonable del lugar de trabajo que permita al funcionario ejercer sus funciones. En ambas situaciones, el criterio determinante es si se habría fijado la residencia si no se desempeñaran tales funciones. Lo contrario entrañaría el riesgo de incurrir en una diferencia de trato entre funcionarios sin una justificación objetiva, tal como han argumentado, en esencia, el demandante y la Comisión.
c) El alcance temporal de la condición
80. A continuación, procedo a analizar la dimensión temporal de la condición. El demandante, y en cierta medida también el órgano jurisdiccional remitente y la Comisión, parecen entender que la condición de establecer la residencia «únicamente en razón del ejercicio de [las] funciones [del funcionario]» solo se ha de satisfacer en el momento de incorporarse al servicio de la Unión, y que cualquier otra residencia establecida en un momento posterior, sea cual sea el motivo, estará comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI, siempre y cuando el funcionario continúe trabajando para la Unión.
81. En apoyo de esta tesis se alega, principalmente, la referencia que el artículo 13 del PPI hace al «momento de entrar al servicio de la Unión». Sin embargo, esta referencia tiene por objeto únicamente identificar el Estado de origen, es decir, «el país del domicilio fiscal que tuvieren en el momento de entrar al servicio de la Unión» (el subrayado es mío), de modo que solo sirve para determinar el domicilio fiscal de qué Estado miembro se debe conservar en virtud de la ficción legal del artículo 13. No significa que cualquier residencia que se establezca con posterioridad en otros Estados miembros a lo largo de la carrera del funcionario quede automáticamente comprendida por el ámbito de aplicación de esta disposición. Por el contrario, las residencias posteriormente establecidas en otros Estados miembros durante la carrera de un funcionario han de seguirse valorando a la luz del criterio de si se fijaron «únicamente en razón del ejercicio de [las] funciones [del funcionario]» a fin de que sea aplicable el artículo 13 del PPI. Esto es así tanto para los cambios de residencia (por ejemplo, cuando un funcionario cambia de puesto y se traslada de Luxemburgo a Bélgica) como para residencias adicionales, de las cuales paso a ocuparme ahora con mayor profundidad.
3. Aplicación del artículo 13 del PPI a residencias adicionales
82. A la luz de las consideraciones anteriores, queda por examinar, más específicamente, a efectos de la segunda cuestión prejudicial, si el artículo 13 del PPI es aplicable en situaciones en que un funcionario mantiene más de una residencia, en particular si establece una residencia mientras mantiene otra en el Estado de trabajo.
83. A este respecto, de la interpretación antes expuesta se deduce que el artículo 13 del PPI puede aplicarse a toda residencia que constituya la residencia por motivos de trabajo (o, en concreto, que cumpla el requisito de haber sido establecida únicamente en razón del ejercicio de las funciones). A mi parecer, dicha disposición no limita tal residencia a un único Estado miembro. En consecuencia, cuando un funcionario mantiene más de una residencia y varias de ellas cumplen la referida condición, cada una de ellas puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI. Cabe pensar, por ejemplo, en el caso de un empleado del BEI que, además de residir en Luxemburgo, fije una residencia en Madrid solamente porque con frecuencia está obligado a trabajar en proyectos en España o en la oficina del BEI sita en ese país. En tal caso, considero que ambas residencias quedarían comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 13 del PPI.
84. En cambio, una residencia establecida por motivos ajenos al ejercicio de las funciones quedaría fuera del ámbito del artículo 13 del PPI y, por tanto, podría dar lugar a un domicilio fiscal adicional.
85. Como ejemplo, podría considerarse la situación de un funcionario empleado en Luxemburgo que, debido al trabajo a tiempo parcial y a los períodos de permiso, puede pasar una parte significativa del año en una residencia situada en otro Estado miembro, como España. Si, en tales circunstancias, esa persona cumple los requisitos para la residencia fiscal en ese segundo Estado miembro, no es posible sostener que, solo por tratarse de un funcionario de la Unión que trabaja en Luxemburgo, dicha residencia nunca pueda ser reconocida a efectos fiscales.
86. Admitir tal proposición sería contrario al objetivo del PPI, consistente en asegurar el buen funcionamiento y la independencia de la Unión, y también socavaría el sentido funcional de su artículo 13, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe expresamente a aquellas residencias que vengan impuestas por el ejercicio de las funciones al servicio de la Unión. Asimismo, implicaría en cierta medida blindar al individuo frente a la competencia tributaria de un Estado miembro, en una situación totalmente ajena a sus funciones y, por ende, no sometida al PPI.
87. En consecuencia, cuando se establece una residencia por razones personales, no es de aplicación del artículo 13 del PPI y, a este respecto, el funcionario debe ser tratado como cualquier otro contribuyente. Así pues, el Estado miembro de que se trate sigue siendo libre para decidir, con arreglo a su Derecho interno, si tal residencia determina la responsabilidad fiscal y en qué medida.
88. En vista de lo anterior, propongo que el Tribunal de Justicia responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 13 del PPI debe interpretarse en el sentido de que solamente se opone al establecimiento de un domicilio fiscal adicional sobre la base de la residencia en un Estado miembro distinto de aquel donde radica el lugar de trabajo del funcionario si dicha residencia se ha establecido únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión. Al determinar si se cumple esa condición se ha de tener en cuenta, en particular, si la residencia es considerada por la institución u órgano empleador como residencia del funcionario para el ejercicio de tales funciones, así como factores objetivos que determinen si dicha residencia se hubiera establecido con independencia del trabajo para la Unión.
V. Conclusión
89. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales de la Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania) del modo siguiente:
«1) El artículo 13, párrafo primero, primera frase, del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que es aplicable al impuesto sobre donaciones.
2) El artículo 13 del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que solamente se opone al establecimiento de un domicilio fiscal adicional sobre la base de la residencia en un Estado miembro distinto de aquel donde radica el lugar de trabajo del funcionario si dicha residencia se ha establecido únicamente en razón del ejercicio de sus funciones al servicio de la Unión. Al determinar si se cumple esa condición se ha de tener en cuenta, en particular, si la residencia es considerada por la institución u órgano empleador como residencia del funcionario para el ejercicio de tales funciones, así como factores objetivos que determinen si dicha residencia se hubiera establecido con independencia del trabajo para la Unión.»
1 Lengua original: inglés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte del procedimiento.
2 DO 2016, C 202, p. 266.
3 Véase Athen, M. y Dörr, O., «Article 343 TFEU», en Grabitz, E., Hilf, M., y Nettesheim, M. (eds.), Das Recht der Europäischen Union, 73.er suplemento, mayo de 2021, C.H. Beck, Múnich, apartados 108 a 114.
4 Por simplificar, en adelante utilizaré el término «funcionario» en referencia también a los demás agentes de la Unión, así como a los miembros del personal del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones, a los que igualmente se aplica el artículo 13 del PPI.
5 A los efectos de las presentes conclusiones, las expresiones «residencia fiscal» y «domicilio fiscal» se utilizarán indistintamente, al no afectar a la presente situación la diferenciación que entre ellas existe en algunos ordenamientos jurídicos nacionales.
6 El primer párrafo del artículo 21 del PPI dispone que «el presente Protocolo se aplicará igualmente al Banco Europeo de Inversiones, a los miembros de sus órganos, a su personal y a los representantes de los Estados miembros que participen en sus trabajos […]».
7 Austria abolió el impuesto sobre sucesiones y donaciones en 2008, con lo que se puso fin también al convenio entre Alemania y Austria sobre doble imposición por el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
8 Véase la sentencia del Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Tribunal de lo Tributario de Renania-Palatinado) de 16 de septiembre de 2021, asunto 4 K 1762/19.
9 Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Darmon presentadas en el asunto X (C‑88/92, EU:C:1993:129), punto 20.
10 Véase Athen, M. y Dörr, O., nota 3, op. cit., apartado 110.
11 Véase la sentencia de 17 de junio de 1993, X (C‑88/92, en lo sucesivo, «sentencia X», EU:C:1993:246), apartado 11.
12 Véase la sentencia de 28 de julio de 2011, Gistö (C‑270/10, en lo sucesivo, «sentencia Gistö», EU:C:2011:529), apartado 17 y la jurisprudencia citada.
13 Esta nota no es pertinente para la versión española de las presentes conclusiones.
14 Véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 1988, Comisión/Bélgica (260/86, EU:C:1988:91), apartado 13.
15 Es el caso, por ejemplo, de la República Checa, Letonia y Lituania: véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), «Inheritance Taxation in OECD Countries», OECD Tax Policy Studies, n.º 28, OECD Publishing, París, 2021, p. 115.
16 Es, por ejemplo, el caso de Grecia, España, Francia e Italia. En un análisis comparativo se aprecia que numerosos Estados miembros tratan las donaciones y las sucesiones dentro de un régimen fiscal integrado, en que la distinción entre el impuesto sobre donaciones y el impuesto sobre sucesiones es mucho más técnica que conceptual. Véase también StudyonInheritanceTaxes in EU MemberStates and PossibleMechanismstoResolveProblemsofDoubleInheritanceTaxation in the EU, encargado por la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión y elaborado por Copenhagen Economics en 2011, donde se señala que la mayoría de los Estados miembros recaudan un impuesto sobre las donaciones para evitar la elusión del impuesto sobre sucesiones mediante donaciones inter vivos, p. 16.
17 Véase OCDE, Inheritance Taxation in OECD Countries, nota 15, op. cit., pp. 115 a 117.
18 No obstante, cabe señalar que el órgano jurisdiccional remitente, aparte de destacar las diferenciaciones que hace el Derecho alemán, también ha reconocido las similitudes entre el impuesto sobre donaciones y los impuestos sobre la renta y sobre sucesiones.
19 Sentencia de 25 de mayo de 1993, Kristoffersen (C‑263/91, EU:C:1993:207), apartado 12.
20 Véanse la sentencia X, apartado 14.
21 Obsérvese que, una vez determinado el domicilio fiscal aplicable con arreglo a una interpretación uniforme del artículo 13 del PPI, pese a todo los funcionarios pueden afrontar distintos resultados sustantivos, dependiendo de si en dicho domicilio se recaudan (y en qué medida) determinados impuestos.
22 Véase las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Kristoffersen (C‑263/91; en lo sucesivo, «conclusiones del asunto Kristoffersen», EU:C:1992:462), punto 10.
23 El artículo 343 TFUE dispone: «La Unión gozará en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión, en las condiciones establecidas en el [PPI]. Lo mismo se aplicará al Banco Central Europeo y al [BEI]». El único considerando del PPI se remite al tenor del artículo 343 TFUE.
24 El artículo 17, párrafo primero, del PPI dispone que «los privilegios, inmunidades y facilidades a favor de los funcionarios y otros agentes de la Unión se otorgarán exclusivamente en interés de esta última».
25 Véase, por analogía, las conclusiones del Abogado General Darmon presentadas en el asunto X (C‑88/92, EU:C:1993:129), punto 9.
26 Adoptada el 13 de febrero de 1946, Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1, p. 15.
27 Véase, por ejemplo, el Acuerdo relativo a la Sede concertado entre la Corte Penal Internacional y el Estado anfitrión, de 1 de marzo de 2008 (ICC‑BD/04‑01‑08), que establece una norma análoga para el personal de la Corte.
28 Véase también, mutatis mutandis, Denza, E., DiplomaticLaw — CommentaryontheViennaConventiononDiplomaticRelations, 5.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2025, p. 299, quien observa que los privilegios fiscales de los diplomáticos se justifican, entre otras razones, por la necesidad de garantizar el ejercicio independiente de las funciones oficiales y, en aras de la eficacia administrativa, para mantener a los diplomáticos dentro del sistema tributario del Estado emisor en lugar de someterlos a los sucesivos regímenes de los Estados de acogida.
29 Véanse el punto 29 de las presents conclusiones y, entre otros, OCDE, «Part I — Introductory Report by the Committee on Fiscal Affairs», ModelDoubleTaxationConventiononEstates and Inheritances and onGifts, OECD Publishing, París, 1982.
30 A este respecto, véanse League of Nations Fiscal Committee, Model Bilateral ConventiononthePreventionoftheDoubleTaxationofIncome and Property(cuya versión francesa utiliza el concepto «fortune», al igual que el PPI), y Model Bilateral ConventionforthePreventionoftheDoubleTaxationofEstates and Successions; disponible en: https://archives.ungeneva.org/fiscal-committee-london-and-mexico-model-tax-conventions-commentary-and-text.
Cabe señalar, a este respecto, que el borrador de Londres del segundo modelo de convenio, según su comentario, estaba redactado de manera que permitiese a los negociadores de los tratados bilaterales que utilizasen el modelo incluir las donaciones inter vivos, al margen de su título referido solo a las herencias y las sucesiones. No fue hasta mucho más tarde, con la evolución del Modelo de convenio sobre doble imposición de las herencias y sucesiones y de las donaciones de la OCDE, en 1982, cuando se introdujo expresamente el concepto de «impuesto sobre donaciones» en respuesta a la evolución que, en los sistemas tributarios nacionales, había experimentado aquel como complemento de este para evitar la elusión, y también en atención a la estrecha relación entre ambos.
31 Actualmente, la OCDE ofrece dos modelos a este respecto: el Modelo de convenio tributario sobre la renta y el patrimonio y el Modelo de doble imposición sobre las sucesiones y donaciones.
32 Para información detallada sobre los convenios de doble imposición celebrados por los Estados miembros de la Unión, véase: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/double-taxations-conventions_en
33 Véase la sentencia X, apartado 11.
34 Ibid., apartados 12 y 13; véase también la sentencia Gistö, apartado 18.
35 La sentencia Gistö versaba sobre consideraciones similares.
36 Véase la sentencia X, apartado 10.
37 No obstante, como se observa en las conclusiones presentadas en el asunto Kristoffersen, punto 11, esta concepción puede resultar muy artificial, en particular si el interesado solamente residió en el Estado de origen durante un período de tiempo relativamente breve antes de entrar al servicio de la Unión.
38 Aunque, en la práctica, tal situación pueda afectar al ejercicio de la potestad tributaria por el Estado de origen, este efecto no es producto del trabajo del funcionario al servicio de la Unión, por lo que no está prohibido por el artículo 13 del PPI.
39 A este respecto, la segunda frase del artículo 20 del Estatuto dispone expresamente que los funcionarios «comunicarán a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos su dirección y le notificarán de inmediato cualquier cambio de domicilio». En el marco jurídico del BEI, se entiende que una declaración de residencia también puede ser relevante para la concesión de ciertos permisos, especialmente el de expatriación que contempla el artículo 2.1.2 del Estatuto del Personal del BEI.
40 Véase la sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra(C‑3/20, EU:C:2021:969), apartado 57 y la jurisprudencia citada; véase también, respecto al principio de necesidad funcional de los privilegios e inmunidades, Bekker, P.H.F., The Legal Position ofIntergovernmentalOrganizations: A FunctionalNecessityAnalysisofTheir Legal Status and Immunities, segunda edición revisada, Brill, Leiden, 2025.
41 Véase la sentencia X, apartados 14 y 16 y el fallo.