<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2003ESA.0400348301.case.xml"><NO.CASE>C-142/00 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62000C0142</NO.CELEX><NO.SEQ>0011.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>3485</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>3489</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. LÉGER — ASUNTO C-142/00 P</LEFT><RIGHT>COMISIÓN / NEDERLANDSE ANTILLEN</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Philippe Léger</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="20020912">12 de septiembre de 2002</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lengua original: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Mediante el presente recurso de casación, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de <DATE ISO="20000210">10 de febrero de 2000</DATE>, Nederlandse Antillen/Comisión,<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-32/98+T-41/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="II-201">T-32/98 y T-41/98, Rcc. p. II-201</REF.DOC.ECR> (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>sentencia recurrida<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>).</P></NOTE> por la que dicho Tribunal anuló los Reglamentos (CE) n<HT TYPE="SUP">os</HT> 2352/97<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Reglamento de la Comisión, de <DATE ISO="19971127">27 de noviembre de 1997</DATE>, por cl que se establecen medidas específicas para la importación de arroz originario de los países y territorios de ultramar (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="326" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="21">DO L 326, p. 21</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> y 2494/97<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Reglamento de la Comisión, de <DATE ISO="19971212">12 de diciembre de 1997</DATE>, relativo a la expedición de certificados de importación de arroz del código NC 1006 originario de los países y territorios de ultramar con arreglo a las meelidas específicas establecidas por el Reglamento n° 2352/97 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="343" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="17">DO L 343, p. 17</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> relativos a la importación de arroz originario de los países y territorios de ultramar.<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>PTU<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La Comisión sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar la admisibilidad de los recursos interpuestos por el Gobierno de las Antillas Neerlandesas. En su opinión, dicho Gobierno no se ve ni individual ni directamente afectado por los Reglamentos controvertidos, sin que, por lo demás, demuestre tener interés en ejercitar la acción. Con carácter subsidiario, niega haber cometido un error de Derecho al adoptar los Reglamentos de que se trata.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>El presente asunto es similar al que dio lugar a la sentencia de <DATE ISO="20011122">22 de noviembre de 2001</DATE>, Nederlandse Antillen/Consejo.<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Asunto <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-452/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-8973">C-452/98, Rec. p. I-8973</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> En este último asunto, enumeré precisamente las razones que me llevaban a estimar que el Tribunal de Primera Instancia había cometido un error de Derecho en la sentencia recurrida, en la medida en que declaró la admisibilidad de los recursos interpuestos por el Gobierno de las Antillas Neerlandesas contra los Reglamentos n<HT TYPE="SUP">os</HT> 2352/97 y 2494/97 de la Comisión relativos a la importación de arroz originario de los PTU.<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Nederlandse Antillen/Consejo, antes citado (puntos 99 a 113).</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>El Tribunal de Justicia se adhirió a este criterio al declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el Gobierno de las Antillas Neerlandesas, sobre la base de su interpretación tradicional del concepto de <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>personas físicas o jurídicas individualmente afectadas<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto.<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia Nederlandse Antillen/Consejo, antes citada (apartatios 60 a 77).</P></NOTE> Procede citar el texto íntegro de los apartados 64, 67 y 70 a 77 de dicha sentencia.</TXT></NP><?PAGE NO="I-3486"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>A juicio del Tribunal de Justicia:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>64</NO.P><TXT>[El] interés general que puede tener un PTU, como entidad competente para las cuestiones de orden económico y social en su territorio, en conseguir un resultado favorable para la prosperidad económica de éste no basta, de por sí, para considerar que lo dispuesto en el Reglamento [controvertido] le afecta, en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado, ni —con mayor razón— le afecta individualmente.</TXT></NP><P>[...]</P><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>[...] el hecho de que el Consejo o la Comisión, con arreglo a disposiciones concretas, estén obligados a tener en cuenta las consecuencias del acto que pretenden adoptar sobre la situación de determinados particulares permite individualizar a éstos [...].</TXT></NP><P>[...]</P><NP><NO.P>70</NO.P><TXT>No obstante, de la sentencia Piraiki-Patraiki y otros/Comisión [sentencia de <DATE ISO="19850117">17 de enero de 1985</DATE>, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/82" YEAR="1985" PAGE.ECR="207">11/82, Rec. p. 207</REF.DOC.ECR>] se desprende que el reconocimiento de la existencia de esta obligación no basta para demostrar que tales medidas afectan individualmente a dichos PTU y a dichas empresas en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>71</NO.P><TXT>En efecto, el Tribunal de Justicia, tras haber llegado a la conclusión, en el apartado 28 de dicha sentencia, de que la Comisión tenía la obligación de informarse sobre las repercusiones negativas que su decisión podía tener en la economía del Estado miembro de que se tratara y para las empresas interesadas, no dedujo de esta mera afirmación que todas las empresas interesadas resultaran individualmente afectadas en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado. Al contrario, consideró que sólo las empresas que hubieran celebrado contratos [...] cuya ejecución, prevista durante el período de aplicación de la Decisión controvertida, se viera impedida en todo o en parte por ésta, estaban individualmente afectadas en el sentido del artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado [...]</TXT></NP><NP><NO.P>72</NO.P><TXT>De lo anterior se deduce que la afirmación de que, en el momento en que<?PAGE NO="I-3487"?> adoptó el Reglamento [controvertido], el Consejo estaba obligado, en la medida en que las circunstancias no se opusieran a ello, a tener en cuenta las repercusiones negativas que dicho Reglamento pudiera tener sobre la economía de los PTU afectados y de las empresas interesadas no libera en modo alguno a las Antillas Neerlandesas de la necesidad de probar que dicho Reglamento les afecta en razón de una situación de hecho que las caracteriza respecto a cualquier otra persona.</TXT></NP><NP><NO.P>73</NO.P><TXT>Ahora bien, el hecho de que las Antillas Neerlandesas fueran con diferencia el mayor exportador de arroz originario de los PTU hacia la Comunidad no permite distinguirlas de los demás PTU. En efecto, aunque la afirmación de que las medidas de salvaguardia establecidas en el Reglamento [controvertido] podían tener importantes consecuencias socioeconómicas para las Antillas Neerlandesas resultara fundada, ha de tenerse en cuenta que de ellas se derivaban consecuencias similares para los demás PTU.</TXT></NP><NP><NO.P>74</NO.P><TXT>La actividad económica de que se trata en el caso de autos, a saber, la actividad de transformación en el territorio de los PTU de arroz procedente de países terceros, es una actividad comercial que puede ejercerse en cualquier momento por cualquier operador económico en cualquier PTU. También existen fábricas de transformación de arroz en PTU distintos de las Antillas Neerlandesas, como Montserrat y las islas [Turcas] y Caicos. Por consiguiente, dicha actividad económica no permite caracterizar a las Antillas Neerlandesas respecto a cualquier otro PTU.</TXT></NP><NP><NO.P>75</NO.P><TXT>Habida cuenta de las consideraciones precedentes, las Antillas Neerlandesas no han probado que su posición jurídica se vea afectada en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y, por ello, las individualiza.</TXT></NP><NP><NO.P>76</NO.P><TXT>Al no haber probado las Antillas Neerlandesas que el Reglamento [controvertido] les afecta individualmente, no<?PAGE NO="I-3488"?> es necesario examinar si el referido Reglamento les afecta directamente.</TXT></NP><NP><NO.P>77</NO.P><TXT>En tales circunstancias, debe declararse la inadmisibilidad del recurso.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>En la medida en que esta motivación puede perfectamente trasladarse al presente asunto, propongo al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, entre a conocer del fondo del asunto y declare la inadmisibilidad de los recursos de anulación de los Reglamentos n<HT TYPE="SUP">os</HT> 2352/97 y 2494/97 interpuestos por el Gobierno de las Antillas Neerlandesas.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>En la vista, el Gobierno de las Antillas Neerlandesas solicitó al Tribunal de Justicia que acogiera el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia de <DATE ISO="20020503">3 de mayo de 2002</DATE>, Jégo-Quéré/Comisión.<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Asunto <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-177/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-2365">T-177/01, Rec. p. II-2365</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> En dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que procedía reconsiderar la interpretación estricta del concepto de <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>persona física o jurídica individualmente afectada<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. A su juicio, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>para garantizar una protección jurisdiccional efectiva de los particulares, ha de considerarse que una persona física o jurídica queda individualmente afectada por una disposición comunitaria de alcance general que le afecta directamente si la disposición de que se trata afecta de manera cierta y actual a su situación jurídica restringiendo sus derechos o imponiéndole obligaciones. El número y la situación de otras personas igualmente afectadas por la disposición o que puedan serlo no son, a este respecto, consideraciones pertinentes<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem (apartado 51).</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Sin embargo, el Tribunal de Justicia, reunido en sesión plenaria, rechazó este razonamiento en la sentencia de <DATE ISO="20020725">25 de julio de 2002</DATE>, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo,<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Asunto <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-50/00 P" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6677">C-50/00 P, Rec. p. I-6677</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> que se pronunció después de que se dictara la resolución del Tribunal de Primera Instancia antes citada.</TXT></NP><?PAGE NO="I-3489"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusión</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>En estas circunstancias, propongo al Tribunal de Justicia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="20000210">10 de febrero de 2000</DATE>, Nederlandse Antillen/Comisión (asuntos acumulados T-32/98 y T-41/98).</P></ITEM><ITEM><P>Declare la inadmisibilidad de los recursos de anulación del Reglamento (CE) n° 2352/97 de la Comisión, de <DATE ISO="19971127">27 de noviembre de 1997</DATE>, por el que se establecen medidas específicas para la importación de arroz originario de los países y territorios de ultramar, y del Reglamento (CE) n° 2494/97 de la Comisión, de <DATE ISO="19971212">12 de diciembre de 1997</DATE>, relativo a la expedición de certificados de importación de arroz del código NC 1006 originario de los países y territorios de ultramar con arreglo a las medidas específicas establecidas por el Reglamento n° 2352/97.</P></ITEM><ITEM><P>Condene a las Antillas Neerlandesas al pago de las costas, incluidas las generadas en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>