–

en nombre de AD, por el Sr. M. Hotes, Rechtsanwalt;

–

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. G. von Rintelen y la Sra. N. Yerrell, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, firmado por la Comunidad Europea el 9 de diciembre de 1999 y aprobado, en nombre de esta, mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001 (DO 2001, L 194, p. 38) (en lo sucesivo, «Convenio de Montreal»), que entró en vigor, por lo que respecta a la Unión Europea, el 28 de junio de 2004.

2

Esa petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre AD, un pasajero aéreo, e Iberia Líneas Aéreas de España, S. A., Operadora Unipersonal (en lo sucesivo, «Iberia»), una compañía aérea, en relación con la responsabilidad de esta última por el daño ocasionado por el retraso en el transporte aéreo del equipaje de AD y de las personas que viajaban con él.

Marco jurídico

Convenio de Montreal

3

En virtud del tercer considerando del Convenio de Montreal, los Estados contratantes reconocen «la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución».

4

El quinto considerando del citado Convenio enuncia que «la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y codificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un nuevo convenio es el medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo».

5

El artículo 19 del Convenio de Montreal, titulado «Retraso», dispone lo siguiente:

6

El artículo 31 del citado Convenio, que lleva por título «Aviso de protesta oportuno», establece:

Derecho de la Unión

7

A tenor del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje (DO 1997, L 285, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002 (DO 2002, L 140, p. 2), «la responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de pasajeros y su equipaje se regirá por todas las disposiciones del Convenio de Montreal relativas a dicha responsabilidad».

Litigio principal y cuestión prejudicial

8

El 15 de diciembre de 2021, AD y otras dos personas realizaron un vuelo, reservado con Iberia, desde Fráncfort del Meno (Alemania) a Panamá (Panamá) con escala en Madrid. Puesto que su equipaje no llegó a Panamá a tiempo, AD comunicó, el mismo día, la ausencia del equipaje y se puso en contacto telefónico con el centro de atención de equipaje de Iberia.

9

Debido a esta situación, AD y las personas que viajaban con él aplazaron la continuación de su viaje y AD indicó, en un formulario de contacto de Iberia, que deseaba que la compañía se pusiera personalmente en contacto con él a más tardar el 18 de diciembre de 2021, y que, de lo contrario, realizarían compras de sustitución y continuarían su viaje. Ante la falta de respuesta de Iberia, realizaron las compras de sustitución. Una vez realizadas estas, el equipaje fue entregado en Panamá el 20 de diciembre de 2021.

10

Mediante demanda presentada ante el Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunal de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania), AD reclamó a Iberia, en virtud de sus propios derechos y de los que le habían sido cedidos por las personas que viajaban con él, el reembolso del coste de las referidas compras de sustitución, de los gastos de desplazamiento y del precio de los billetes correspondientes a un vuelo de sustitución.

11

Mediante sentencia de 30 de enero de 2023, dicho órgano jurisdiccional desestimó la demanda por entender que no se había observado el plazo de protesta contemplado en el artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio de Montreal y que la excepción prevista en el artículo 31, apartado 4, de dicho Convenio no resultaba aplicable.

12

AD interpuso recurso de apelación contra esa sentencia ante el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente.

13

En opinión de AD, su declaración en la que instaba a Iberia a que se pusiera en contacto con él a más tardar el 18 de diciembre de 2021 constituía una protesta anticipada en la que informaba debidamente a Iberia de un daño inminente y que respetaba el plazo establecido en el artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio de Montreal. AD entiende que, como Iberia sabía que no se había puesto personalmente en contacto con él dentro del plazo que le fijó y que, en tal fecha, no se había entregado el equipaje, la compañía ya tenía conocimiento de que se había producido un daño en el sentido de la citada disposición en dicha fecha. Por consiguiente, concluye que no era necesario fijar un nuevo plazo tras la entrega del equipaje.

14

Iberia, por el contrario, considera que la producción de un daño solo puede apreciarse realmente después de la entrega del equipaje.

15

En estas circunstancias, el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

16

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio de Montreal debe interpretarse en el sentido de que una protesta por retraso en el transporte de equipaje debe efectuarse imperativamente en el plazo de veintiún días a partir de la fecha en que el equipaje de que se trate se haya puesto a disposición de su destinatario o si dicha protesta puede efectuarse antes de esa fecha.

17

A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2027/97, en su versión modificada por el Reglamento n.o 889/2002, la responsabilidad de una compañía aérea de la Unión en relación con el transporte de pasajeros se regirá por todas las disposiciones del Convenio de Montreal relativas a dicha responsabilidad.

18

En consecuencia, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio de Montreal por lo que respecta a la Unión, a saber, el 28 de junio de 2004, las disposiciones de este Convenio forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión y el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre su interpretación (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2016, Air Baltic Corporation, C‑429/14, EU:C:2016:88, apartados 22 y 23 y jurisprudencia citada).

19

En relación con tal interpretación, el artículo 31 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331), que refleja el Derecho internacional consuetudinario y cuyas disposiciones forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión, precisa que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin (sentencia de 20 de octubre de 2022, Laudamotion, C‑111/21, EU:C:2022:808, apartado 22 y jurisprudencia citada).

20

A este respecto, para empezar, resulta del tenor del artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio de Montreal que, en caso de retraso en la recepción del equipaje o de la carga, su destinatario debe comunicar su protesta al transportista a más tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su disposición.

21

Si bien esta disposición establece un plazo de caducidad de veintiún días a partir de la fecha de puesta a disposición del equipaje para realizar tal protesta, únicamente determina el último día del plazo al término del cual ya no es posible, en principio, efectuar válidamente esa protesta. La interpretación literal del tenor de esta disposición sugiere que dicha protesta puede realizarse en cualquier momento desde que se constata un retraso en la entrega del equipaje o de la carga hasta la expiración de dicho plazo, y, por tanto, incluso antes de esa fecha.

22

En estas circunstancias, procede constatar que, aunque el artículo 31, apartado 2, del Convenio de Montreal no contemple expresamente la posibilidad de formular una protesta antes de la fecha de puesta a disposición del equipaje de que se trate, esta disposición puede interpretarse en el sentido de que permite realizar una protesta antes de esa fecha.

23

A continuación, es necesario determinar si esta interpretación basada en el tenor del artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio de Montreal se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe esta disposición.

24

A este respecto, se ha de señalar, en primer lugar, que el artículo 31, apartado 1, del Convenio de Montreal establece que el recibo del equipaje facturado sin protesta por parte del destinatario constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que dicho equipaje ha sido entregado en buen estado y de conformidad con el documento de transporte o la constancia conservada por los otros medios mencionados en el apartado 2 del artículo 3 del citado Convenio.

25

Así pues, la finalidad de una protesta, como la controvertida en el asunto principal, presentada por un pasajero al transportista aéreo es comunicarle que el equipaje facturado no ha sido entregado en buen estado o de conformidad con el documento de transporte o la constancia conservada por los otros medios mencionados en el apartado 2 del artículo 3 del citado Convenio (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2018, Finnair, C‑258/16, EU:C:2018:252, apartado 50), en particular por lo que respecta al momento en que debía tener lugar dicha entrega.

26

En segundo lugar, a tenor del artículo 19, primera frase, del Convenio de Montreal, «el transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga».

27

De ello se infiere que el artículo 31, apartado 1, de ese Convenio, en relación con el artículo 19, primera frase, del referido Convenio, debe interpretarse en el sentido de que una protesta formulada por el pasajero afectado, como la del asunto principal, tiene por objeto informar al transportista aéreo de la existencia del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de equipaje o carga (véase, por analogía, la sentencia de 12 de abril de 2018, Finnair, C‑258/16, EU:C:2018:252, apartado 52).

28

Por consiguiente, es preciso señalar que del contexto en el que se inscribe el artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio de Montreal también se desprende que el daño resultante de un retraso en el transporte aéreo de equipaje debe poder señalarse al transportista aéreo desde el momento en que el pasajero afectado tenga conocimiento de ese retraso y, a más tardar, dentro de los veintiún días siguientes a la fecha en que dicho equipaje haya sido puesto a su disposición, sin que el pasajero deba esperar a que el referido equipaje se ponga a su disposición.

29

Esta conclusión se ve asimismo confirmada por el hecho de que, como se desprende del artículo 19, segunda frase, del Convenio de Montreal, el transportista no es responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas.

30

En efecto, como ha indicado el órgano jurisdiccional remitente, en esencia, en la petición de decisión prejudicial, la comunicación al transportista en cuestión de una protesta por retraso en el transporte de equipaje antes de la fecha en que el equipaje en cuestión se pone a disposición de su destinatario permite a ese transportista reunir lo antes posible los elementos necesarios para poder aportar tal prueba y quedar así exonerado de responsabilidad en virtud de dicha disposición.

31

Por último, la interpretación que figura en el apartado 22 de la presente sentencia también es conforme con los objetivos perseguidos por el Convenio de Montreal. En efecto, los Estados parte en este Convenio, que, de conformidad con el tercer considerando del Convenio, reconocen «la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución», han decidido establecer un régimen de responsabilidad objetiva de las compañías aéreas. Este régimen de responsabilidad implica, como resulta del quinto considerando de dicho Convenio, que se preserve un «equilibrio […] equitativo» entre los intereses de los transportistas aéreos y de los pasajeros [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Austrian Airlines (Primeros auxilios a bordo de una aeronave), C‑510/21, EU:C:2023:550, apartado 25 y jurisprudencia citada].

32

Pues bien, una interpretación del artículo 31, apartado 2, segunda frase, del referido Convenio que excluyese la posibilidad de que los pasajeros afectados puedan formular una protesta por retraso en el transporte de equipaje antes de la fecha en que se ponga a su disposición el equipaje menoscabaría tal equilibrio al supeditar el cumplimiento de la formalidad de protesta a un requisito adicional innecesario y, además, sería contraria a los intereses de los transportistas, como resulta del apartado 30 de la presente sentencia.

33

De lo anterior se desprende que procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 31, apartado 2, segunda frase, del Convenio de Montreal debe interpretarse en el sentido de que la protesta por retraso en el transporte de equipaje puede efectuarse antes de la fecha en que el equipaje de que se trate se haya puesto a disposición de su destinatario.

Costas

34

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.