(1)

El 9 de septiembre de 2021, se presentó a la Comisión la solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «INICIATIVA EVE PARA LA CREACIÓN DEL DERECHO DE DECISIÓN».

(2)

Mediante Decisión de 5 de octubre de 2021, en forma de carta [C(2021) 7294 final], y de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/788, la Comisión informó al grupo de organizadores de que se cumplían los requisitos de registro establecidos en el artículo 6, apartado 3, párrafo primero, letras a), d) y e), de dicho Reglamento y de que el artículo 6, apartado 3, párrafo primero, letra b), no era de aplicación. Sin embargo, la Comisión también explicó que la iniciativa no cumplía el requisito establecido en el artículo 6, apartado 3, párrafo primero, letra c), del Reglamento (UE) 2019/788. Por consiguiente, la Comisión pidió al grupo de organizadores, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2019/788, que modificase su iniciativa. La Comisión llamó la atención del grupo de organizadores sobre el hecho de que el Reglamento (UE) 2019/788 no permite que las iniciativas ciudadanas contengan propuestas de modificación de los Tratados. Por otra parte, pidió al grupo de organizadores que indicase qué tipo de acto jurídico de la Unión quería que la Comisión propusiera, y que explicase el contenido de dicho(s) acto(s) jurídico(s).

(3)

El 19 de octubre de 2021, el grupo de organizadores envió una carta a los servicios de la Comisión en la que pedía aclaraciones sobre i) el requisito de presentar una «propuesta», aduciendo que corresponde a la Comisión elaborar las propuestas legislativas, y ii) el examen de la iniciativa, solicitando una reunión con representantes de la Comisión para valorar el proyecto EVE (que tiene por fin la creación del derecho de decisión) y confeccionar su contenido de forma conjunta (citando, equivocadamente, el artículo 15 del Reglamento (UE) 2019/788, que solo se aplica a las iniciativas válidas). En su respuesta de 5 de noviembre de 2021, los servicios de la Comisión reiteraron que los objetivos de la iniciativa deben cumplir las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/788.

(4)

El 17 de noviembre de 2021, el grupo de organizadores volvió a presentar la iniciativa. Si bien la iniciativa había sido reformulada, su contenido era, en esencia, el mismo, a pesar de la petición de la Comisión de que se tuviese en cuenta la evaluación de su Decisión de 5 de octubre de 2021.

(5)

Los objetivos de la iniciativa se exponen como sigue: «Vista la documentación anexada en el documento titulado PROPUESTA a la Iniciativa EVE, se solicita a la Comisión Europea cuanto acto o legislación necesario para que la Comisión Europea cree el derecho (humano) de decisión y su traslado a funciones públicas institucionales. Creando un sistema de democracia directa, donde el ciudadano tenga de facto el derecho a decidir de forma cohesionada en lo común o cosa pública, ejerciendo así la soberanía del pueblo con y sin representantes. Entendiendo la magnitud de lo que se está solicitando, la Iniciativa propone y ofrece un proyecto, que puede crear el derecho de decisión. Por lo que también solicita entender estos tres posibles: 1) Que la UE y sus Instituciones creen el objeto de la Iniciativa por propia cuenta. 2) La creación de una forma especial por la UE para realizar un examen previo de la factibilidad del proyecto y posteriormente para el desarrollo del proyecto con todas las partes competentes posibles en la UE. 3) La autorización de la UE para desarrollar, probar y ensayar el proyecto de forma pública por y para la parte particular o proyecto exclusivamente. La iniciativa prosigue indicando que tiene por fin lograr el objetivo global de que se adopte «cuanto acto o acción necesaria para que cree el objeto de la Propuesta de la Iniciativa», lo que quiere decir, probablemente, elaborar el contenido del (proyecto tendente al establecimiento del nuevo) «derecho de decisión» y/o desarrollarlo.

(6)

Con esta iniciativa, el grupo de organizadores quiere que la Comisión presente una propuesta para la introducción de un nuevo derecho fundamental con el que se cree un «sistema de democracia directa» a nivel de las instituciones de la Unión, donde el ciudadano tenga derecho a decidir «de forma cohesionada en lo común o cosa pública, ejerciendo así la soberanía del pueblo con y sin representantes». Según el grupo de organizadores, esto debería lograrse: 1) con acción de la UE «por propia cuenta», 2) con autorización para «el desarrollo de la creación del objeto para y por la parte particular del representante de la Iniciativa y Proyecto EVE» o 3) «conjuntamente con el Proyecto EVE». El grupo de organizadores aclara que tal propuesta puede suponer cambios en los Tratados, pero que, a su juicio, el Reglamento (UE) 2019/788 permite que las iniciativas ciudadanas soliciten a la Comisión que presente una propuesta de ese tipo. En las opciones 2 o 3, el grupo de organizadores sugiere a la Comisión «autorizar» un proyecto privado («Proyecto EVE»), cuyo objetivo sería contribuir a la creación del nuevo derecho fundamental. Los demás objetivos fijados en el documento adjunto a la propuesta coadyuvan a la consecución del objetivo global de crear ese nuevo derecho.

(7)

Según el artículo 11, apartado 4, párrafo primero, del TUE y el artículo 1 del Reglamento (UE) 2019/788, se entiende por iniciativa ciudadana europea la iniciativa por la que se invite a la Comisión a presentar, en el ámbito de sus atribuciones, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciudadanos estimen que se requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados, siempre y cuando haya recibido el apoyo de al menos un millón de firmantes con capacidad para ello y procedan de, por lo menos, un cuarto de los Estados miembros. De conformidad con el artículo 6, apartado 3, párrafo primero, letra c), del Reglamento (UE) 2019/788, la Comisión rechazará registrar una propuesta de iniciativa ciudadana en el caso de que esté «manifiestamente fuera del marco de las atribuciones de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados».

(8)

En su sentencia en el asunto T-611/19, el Tribunal General dictaminó que el concepto de acto jurídico, en el sentido del artículo 11 del TUE y del artículo 2, punto 1, y del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), se refiere, de conformidad con el artículo 288 del TFUE, a los reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes adoptados por las instituciones. El Reglamento (UE) n.o 211/2011 fue derogado el 1 de enero de 2020 y sustituido por el Reglamento (UE) 2019/788. No obstante, el ámbito de aplicación de la iniciativa ciudadana y las condiciones jurídicas que rigen su registro no han cambiado. El Reglamento (UE) 2019/788 no permite solicitar en una iniciativa ciudadana que la Comisión proponga modificaciones de los Tratados; solo permite solicitar en una iniciativa que la Comisión proponga, en el marco de sus competencias, actos de Derecho derivado para aplicar los Tratados.

(9)

Como admite el propio grupo de organizadores, para lograr el objetivo de la iniciativa son precisas modificaciones de los Tratados, con lo que no puede lograrse mediante actos jurídicos en el sentido del artículo 288 del TFUE. Por otra parte, otra medida que la iniciativa propone es la puesta en marcha de un proyecto privado («Proyecto EVE»), que tendría por objeto contribuir a la creación del nuevo «derecho de decisión»; a este respecto, la Comisión observa que dicha medida no presupone una propuesta de acto de este tipo.

(10)

Por estas razones, la iniciativa titulada «INICIATIVA EVE PARA LA CREACION DEL DERECHO DE DECISION» queda manifiestamente fuera del marco de las atribuciones de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados en el sentido del artículo 6, apartado 4, párrafo tercero, letra c), del Reglamento (UE) 2019/788.

(11)

Por consiguiente, debe denegarse la solicitud de registro.