–

en nombre de RB, en calidad de sucesor de Claude Chabrol, por el Sr. J. Aittouares, avocat;

–

en nombre de AD, representado por su curadora NM, en calidad de sucesor de Claude Chabrol, DR, ZB y VQ, en calidad de sucesores de Claude Chabrol, y RZ, DQ, FI y LF, en calidad de sucesores de Paul Gégauff, por el Sr. L. Klein, avocat;

–

en nombre de Radio Days SARL, Brinter Company Ltd, BS, MW, Artedis SA y Panoceanic Films SA, por el Sr. P. Spinosi, avocat;

–

en nombre del Gobierno francés, por el Sr. B. Fodda y la Sra. E. Timmermans, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll y el Sr. G. Kunnert, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Auvret y J. Samnadda, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 a 4 y 8 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10); de los artículos 1 a 3 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16); de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28); de los artículos 1, 2 y 9 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO 2006, L 372, p. 12), y de los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, de una parte, nueve personas físicas, en calidad de sucesores del Sr. Claude Chabrol, director fallecido en 2010, y del Sr. Paul Gégauff, guionista y dialoguista fallecido en 1983, y, de otra parte, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Radio Days SARL, Brinter Company Ltd (en lo sucesivo, «Brinter»), BS, MW, Artedis SA y Panoceanic Films SA, en relación con la explotación de catorce películas dirigidas por el Sr. Chabrol, en cinco de las cuales el Sr. Gégauff colaboró en calidad de dialoguista.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2001/29

3

El considerando 4 de la Directiva 2001/29 señala:

4

A tenor del artículo 2 de esta Directiva, titulado «Derecho de reproducción»:

–

«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

5

El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas», establece:

6

El artículo 4 de la citada Directiva, titulado «Derecho de distribución», prevé:

7

El artículo 8 de la Directiva 2001/29, titulado «Sanciones y vías de recurso», está redactado en los siguientes términos:

Directiva 2004/48

8

Los considerandos 10 y 13 de la Directiva 2004/48 tienen el siguiente tenor:

9

El artículo 1 de dicha Directiva, titulado «Objeto», preceptúa:

10

El artículo 2 de la citada Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone:

11

A tenor del artículo 3 de la misma Directiva, titulado «Obligación general»:

12

El artículo 4 de la Directiva 2004/48, titulado «Personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos», prevé:

Directiva 2006/115

13

La Directiva 2006/115 se refiere a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

Directiva 2006/116

14

El considerando 11 de la Directiva 2006/116 señala:

15

A tenor del artículo 1 de esta Directiva, titulado «Duración de los derechos de autor»:

16

El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Obras cinematográficas o audiovisuales», establece:

17

El artículo 9 de la citada Directiva, titulado «Derechos morales», establece:

Derecho francés

18

El artículo L113‑3 del code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual) dispone:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

19

Entre 1967 y 1974, el Sr. Chabrol dirigió catorce películas (en lo sucesivo, «películas de que se trata»). El Sr. Gégauff colaboró en cinco de esas películas como autor de los diálogos, del guion o de la adaptación.

20

Los materiales de las películas de que se trata pertenecían a su productor, SA Les Films La Boétie, que, en liquidación, los cedió, por contrato de 25 de marzo de 1982, a la sociedad de Derecho inglés Brinter C.

21

Mediante un mandato de venta fechado el 1 de enero de 1990, Brinter autorizó a Artedis, de la que MW se presentaba como directora, a firmar directamente contratos de venta con los compradores y recibir el precio, por un período de doce meses prorrogables por tácita reconducción.

22

Mediante contrato de 8 de junio de 1990, el Sr. Chabrol cedió a Brinter el derecho de «continuar la explotación» de varias de las películas de que se trata, por un período de treinta años. BS se presentaba como director de esta sociedad.

23

Los derechos de explotación del Sr. Gégauff respecto de las cinco películas en las que había colaborado también fueron cedidos por cuatro herederos de este a Brinter mediante contrato de 8 de junio de 1990.

24

Mediante contrato de 18 de febrero de 2012, Brinter cedió a Panoceanic Films el derecho de explotación de estas cinco películas.

25

El 11 de julio de 2019, los cinco herederos del Sr. Chabrol y los cuatro herederos del Sr. Gégauff demandaron a Radio Days, Brinter, BS, MW, Artedis y Panoceanic Films por incumplimiento de contrato y vulneración de los derechos de autor correspondientes a las películas de que se trata. Estos herederos, que son los demandantes en el litigio principal, denuncian esencialmente la explotación inexistente o insuficiente de dichas películas y reclaman el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de incumplimientos contractuales.

26

El 27 de enero de 2020, los demandados en el litigio principal, basándose en la jurisprudencia relativa al artículo L113‑3, párrafo segundo, del Código de la Propiedad Intelectual, opusieron una excepción de inadmisibilidad, porque no se había llamado al proceso a diecinueve coautores de estas películas.

27

Mediante escritos de 5 de mayo y de 12 de junio de 2020, para subsanar sus demandas, los demandantes en el litigio principal llamaron al proceso a siete personas físicas a las que consideraban «coautores» o «derechohabientes de coautores» fallecidos anteriormente, ocho «herencias» de coautores, respecto de las cuales no habían podido identificar a las personas físicas que tuvieran la cualidad de herederos, y dos sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor, a saber, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) y la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

28

Mediante auto de 9 de febrero de 2023, el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente, ordenó, en esencia, a los demandados en el litigio principal que facilitasen los datos de identificación de los coautores de las películas de que se trata o de sus derechohabientes.

29

Los demandantes en el litigio principal, aun contando con esos datos, no pudieron localizar e identificar a todos los coautores de las películas de que se trata y a sus derechohabientes, debido al número de películas, su antigüedad, la complejidad de los intervinientes y la muerte de algunos de estos coautores, cuyos herederos no son conocidos o no residen en Francia.

30

El órgano jurisdiccional remitente señala que, desde el 27 de enero de 2020, el litigio principal se encuentra paralizado por la imposibilidad de identificar a los múltiples herederos sucesivos de los coautores de las películas de que se trata. Subraya que los demandantes en el litigio principal han realizado un esfuerzo considerable para identificar a estos coautores o a sus sucesores, sin que estos hayan podido ser debidamente llamados al proceso, tal como exige la jurisprudencia nacional relativa al artículo L113‑3 del Código de la Propiedad Intelectual.

31

Este órgano jurisdiccional destaca, en primer lugar, que la Directiva 2001/29 exige, no obstante, por una parte, que los Estados miembros establezcan sanciones y vías de recurso adecuadas y, por otra parte, que dichas sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

32

Dicho órgano jurisdiccional subraya, en segundo lugar, que las medidas, procedimientos y recursos previstos en la Directiva 2004/48 se entienden sin perjuicio de los medios establecidos en la legislación nacional, pero «siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos» y siempre que tales medidas, procedimientos y recursos no sean «inútilmente complejos o gravosos» y no supongan «plazos injustificables» o «retrasos innecesarios».

33

En cualquier caso, el órgano jurisdiccional remitente precisa que el artículo 1 de la Directiva 2006/116 protege los derechos de autor transmitidos a los derechohabientes durante setenta años después de la muerte del autor y que esta protección se extiende para las obras colectivas, ya que se calcula a partir de la fecha de fallecimiento del último autor superviviente de la obra de que se trate. Tal es el caso, en particular, de una obra cinematográfica o audiovisual, en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva.

34

Además, dicho órgano jurisdiccional señala que la Carta garantiza el derecho de los demandantes en el litigio principal a la tutela judicial efectiva. A su juicio, se imposibilita a estos, en efecto, acceder al juez que se pronuncie sobre el fondo de su demanda civil si no pueden llamar al proceso a la totalidad de los derechohabientes de los coautores de las películas de que se trata.

35

A este respecto, este órgano jurisdiccional subraya que no se trata de cuestionar derechos adquiridos, impugnados por las partes y que sean objeto del debate sobre el fondo, sino, en la fase de admisibilidad, de la posibilidad misma de hacer valer dichos derechos mediante un recurso judicial. A su modo de ver, en el presente asunto, el ejercicio de los derechos de autor de los demandantes en el litigio principal parece depender de su capacidad para identificar a todos los cotitulares de esos derechos.

36

En estas circunstancias, el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación de la Directiva 2006/115

37

Es preciso recordar que las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren exclusivamente a un problema procesal derivado de la interpretación del artículo L113‑3 del Código de la Propiedad Intelectual, que dispone que los coautores de una obra de colaboración deben ejercer sus derechos de común acuerdo. Según la jurisprudencia de la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), de esta disposición resulta que el coautor de una obra de colaboración, como las películas de que se trata en el litigio principal, que ejercita acciones judiciales en defensa de sus derechos patrimoniales está obligado, so pena de inadmisibilidad de su acción, a llamar al proceso al conjunto de los coautores de la obra en cuestión, puesto que su contribución no puede separarse de la de los demás coautores. El órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el Derecho de la Unión, del que invoca determinadas normas, mencionadas en dichas cuestiones, incluida la Directiva 2006/115, se opone a tal exigencia.

38

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la resolución del litigio que deban dirimir (sentencia de 27 de abril de 2023, Castorama Polska y Knor, C‑628/21, EU:C:2023:342, apartado 25 y jurisprudencia citada).

39

De jurisprudencia reiterada se deduce igualmente que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. En la resolución de remisión deben figurar además las razones precisas que han conducido al juez nacional a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario someter una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (sentencia de 27 de abril de 2023, Castorama Polska y Knor, C‑628/21, EU:C:2023:342, apartado 27 y jurisprudencia citada).

40

A este respecto, como se desprende del artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, una petición de decisión prejudicial debe contener, so pena de inadmisibilidad, la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

41

Pues bien, en el presente asunto, la petición de decisión prejudicial no contiene ninguna indicación relativa a la posible pertinencia de la Directiva 2006/115 para la resolución del litigio principal, ni precisa de qué disposiciones de dicha Directiva desea obtener la interpretación el órgano jurisdiccional remitente.

42

Procede concluir que, por lo que respecta a la Directiva 2006/115, la resolución de remisión no cumple todos los requisitos mencionados en los apartados 39 y 40 de la presente sentencia.

43

De lo anterior resulta que la petición de decisión prejudicial, en la medida en que se refiere a la interpretación de la Directiva 2006/115, es inadmisible.

Sobre el fondo

44

Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencia de 18 de noviembre de 2021, A. S.A., C‑212/20, EU:C:2021:934, apartado 36 y jurisprudencia citada).

45

En el presente asunto, de la motivación de la resolución de remisión se desprende que las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren, en esencia, a la incidencia del artículo 8 de la Directiva 2001/29, del artículo 3 de la Directiva 2004/48 y del artículo 1 de la Directiva 2006/116 en la admisibilidad de una acción por violación de los derechos de autor ejercitada por una parte de los titulares de los derechos de autor de una obra colectiva. Dicho órgano jurisdiccional señala que el requisito, establecido en el Código de la Propiedad Intelectual, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Cour de cassation (Tribunal de Casación), según el cual tal acción solo es admisible si la ejercitan todos estos titulares no se cumple en el presente asunto, habida cuenta de que los demandantes en el litigio principal no pueden designar a los derechohabientes de algunos coautores de un modo que permita llamarlos al proceso.

46

En estas circunstancias, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, que han de examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8 de la Directiva 2001/29, el artículo 3 de la Directiva 2004/48 y el artículo 1 de la Directiva 2006/116, en relación con los artículos 17 y 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que supedita la admisibilidad de una acción por violación de los derechos de autor de una obra colectiva a que se llame al proceso a todos los cotitulares de esos derechos.

47

En primer lugar, el artículo 8, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2001/29 dispone que los Estados miembros establecerán las sanciones y vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos y las obligaciones previstos en dicha Directiva y adoptarán cuantas disposiciones resulten necesarias para garantizar que se apliquen tales sanciones y vías de recurso.

48

Así pues, esta disposición se limita a enunciar la exigencia de establecer, en particular, vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos y las obligaciones previstos en la citada Directiva, sin precisar las modalidades de ejercicio de las acciones judiciales destinadas a garantizar la protección de los derechos de autor en caso de cotitularidad de tal derecho.

49

En segundo lugar, por lo que respecta a la Directiva 2004/48, su artículo 3, apartado 1, dispone que los Estados miembros deben establecer las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos deben ser justos y equitativos y no han de ser inútilmente complejos o gravosos ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios. Además, según el apartado 2 de ese artículo 3, dichas medidas, procedimientos y recursos tienen que ser asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios y aplicarse de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

50

A este respecto, procede señalar que, si bien el referido artículo 3 exige el establecimiento, en particular, de procedimientos efectivos para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, precisándose que tales procedimientos no pueden ser inútilmente complejos o gravosos, no incluye, sin embargo, normas aplicables en caso de cotitularidad de un derecho de autor.

51

En tercer lugar, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2006/116 regula el plazo de protección de los derechos de autor al disponer que, en el caso de una obra común a varios autores, el plazo previsto en el artículo 1, apartado 1, se calculará a partir de la muerte del último autor superviviente. Por consiguiente, no aborda las modalidades de ejercicio de las acciones judiciales destinadas a garantizar la protección de los derechos de autor en caso de cotitularidad de tal derecho.

52

De lo anterior se sigue que el artículo 8 de la Directiva 2001/29, el artículo 3 de la Directiva 2004/48 y el artículo 1 de la Directiva 2006/116 obligan a los Estados miembros a establecer los procedimientos necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual contemplados en dichas Directivas, prohibiendo en particular los procedimientos que resulten inútilmente complejos o gravosos. En cambio, ninguno de estos artículos determina, por su propio tenor, las modalidades de esta protección en caso de cotitularidad de un derecho de autor.

53

No obstante, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos que persigue la normativa de la que forma parte (sentencia de 27 de abril de 2023, Castorama Polska y Knor, C‑628/21, EU:C:2023:342, apartado 36 y jurisprudencia citada).

54

En cuanto al contexto en el que se inscriben el artículo 8 de la Directiva 2001/29, el artículo 3 de la Directiva 2004/48 y el artículo 1 de la Directiva 2006/116, procede señalar que los demás artículos de estas Directivas tampoco determinan las modalidades de ejercicio de las correspondientes vías de recurso en caso de cotitularidad de un derecho de autor.

55

En particular, el artículo 4 de la Directiva 2004/48, relativo a las personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos contemplados en dicha Directiva, no contiene normas específicas en materia de recursos interpuestos por cotitulares de derechos de autor.

56

Por lo que respecta a los objetivos perseguidos, procede señalar que del considerando 4 de la Directiva 2001/29, del considerando 10 de la Directiva 2004/48 y del considerando 11 de la Directiva 2006/116 se desprende que estas tres Directivas tienen por objeto, en particular, garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor.

57

Por lo que respecta, en particular, a la Directiva 2004/48, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de esta Directiva no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino solo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente. De este modo, el legislador de la Unión optó por llevar a cabo una armonización mínima del respeto de los derechos de propiedad intelectual en general (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de julio de 2020, Constantin Film Verleih, C‑264/19, EU:C:2020:542, apartado 36, y de 11 de enero de 2024, Mylan, C‑473/22, EU:C:2024:8, apartado 33 y jurisprudencia citada).

58

En consecuencia, procede declarar que, sin perjuicio de la obligación de establecer vías de recurso que no sean inútilmente complejas o gravosas, corresponde a los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal, determinar la regulación procesal de las vías de recurso de que se trate, incluso en los casos de cotitularidad de derechos de propiedad intelectual.

59

En cuanto a este último extremo, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud de este principio, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, a condición, no obstante, de que no sea menos favorable que la que rige situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad) [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe-Zentralfinanz y Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, apartado 5; de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, apartado 65, y de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 129].

60

Además, esta regulación procesal debe, en cualquier caso, ser conforme con las exigencias que resultan de la Carta y, en particular, de sus artículos 17, relativo al derecho de propiedad, y 47, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.

61

En el presente asunto, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, en virtud del artículo L113‑3 del Código de la Propiedad Intelectual, los coautores de obras colectivas deben ejercer sus derechos de común acuerdo y que, en caso de falta de acuerdo, corresponde al juez nacional que conoce del asunto pronunciarse al respecto. No obstante, la interpretación que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) hace de esta disposición tiene como consecuencia la inadmisibilidad de una acción ejercitada por un coautor si no se llama al proceso a todos los demás coautores o, en su caso, a sus derechohabientes, aun cuando llamarlos al proceso resulte muy difícil, o incluso imposible, debido a circunstancias ajenas a la voluntad del demandante.

62

A la luz de las exigencias recordadas en los apartados 58 a 60 de la presente sentencia, procede comprobar si, en estas circunstancias, el procedimiento en cuestión no es inútilmente complejo o gravoso y si no pudiera violar los principios de equivalencia y de efectividad e incumplir las exigencias derivadas de los artículos 17 y 47 de la Carta.

63

En primer lugar, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el requisito relativo a que se llame al proceso a todos los coautores o derechohabientes de estos tiene como efecto imposibilitar el examen judicial de sus pretensiones, habida cuenta de la dificultad que entraña identificar y, en consecuencia, llamar al proceso a todos los derechohabientes de los cotitulares de los derechos de autor en cuestión. Corresponde a dicho órgano jurisdiccional comprobar si, en el presente asunto, este requisito no da lugar a que el procedimiento sea inútilmente complejo y gravoso.

64

En segundo lugar, si bien los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten presumir que exista violación del principio de equivalencia, procede recordar, por lo que respecta al principio de efectividad, que el Derecho de la Unión no tiene como efecto obligar a los Estados miembros a crear vías de recurso distintas de las existentes en el Derecho interno, a menos, no obstante, que del sistema del ordenamiento jurídico nacional en cuestión se infiera que no existe ninguna vía de recurso judicial que permita, siquiera sea por vía incidental, garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, o que la única vía de los justiciables para acceder a un juez sea infringir el Derecho (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, apartado 67 y jurisprudencia citada).

65

Además, ha de destacarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa la citada disposición dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo y sus peculiaridades ante las distintas instancias nacionales (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, apartado 68 y jurisprudencia citada).

66

Pues bien, en el presente asunto, cuando la identificación y la localización de coautores de una obra colectiva tropiezan con dificultades graves y persistentes, supeditar la admisibilidad de la acción judicial de aquellos coautores de la obra que pretenden defender sus derechos a que se llame al proceso a todos los demás coautores de la obra puede dificultar excesivamente el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los coautores.

67

En tercer lugar, también es preciso comprobar si tal situación puede vulnerar los derechos consagrados en los artículos 17 y 47 de la Carta, que se refieren, respectivamente, al derecho de propiedad y al derecho a la tutela judicial efectiva.

68

A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 17, apartado 1, de la Carta, «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general». El apartado 2 de dicho artículo dispone que se protege la propiedad intelectual (sentencia de 9 de febrero de 2012, Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, apartado 68).

69

En este contexto, procede señalar que, cuando un objeto puede calificarse de «obra», en el sentido de la Directiva 2001/29, debe gozar, como tal, de una protección en virtud de los derechos de autor, de conformidad con dicha Directiva, que, por otra parte, no establece ningún requisito en cuanto al número de coautores de tal obra.

70

Debe concluirse que, cuando varias personas son titulares conjuntamente de una propiedad intelectual, como el derecho de autor, sobre la misma obra, se considera que todas ellas han adquirido, en virtud del Derecho de la Unión, el derecho a disfrutar de dicha propiedad intelectual y están protegidas de la misma manera.

71

En estas circunstancias, el reconocimiento de la condición de autor de una obra cinematográfica, como sucede en el presente asunto, constituye un requisito suficiente para el ejercicio del derecho de propiedad, habida cuenta de los principios recordados en el apartado 59 de la presente sentencia.

72

Además, procede recordar que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados debe disfrutar de la tutela judicial efectiva, como establece el artículo 47 de la Carta. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que dicho artículo 47 constituye base suficiente para invocar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que su contenido deba ser desarrollado por otras disposiciones del Derecho de la Unión o por disposiciones del Derecho interno de los Estados miembros, ya que el reconocimiento de este derecho a la tutela judicial efectiva en un caso concreto presupone, como resulta de ese artículo 47, párrafo primero, que la persona que lo invoque se ampare en derechos o libertades garantizados por el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, apartado 32 y jurisprudencia citada).

73

El Tribunal de Justicia ha declarado que el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta incluye, entre otros elementos, el derecho de su titular a acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a aquel y, a tal efecto, para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para pronunciarse sobre el litigio de que conoce (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, apartado 61 y jurisprudencia citada).

74

Es cierto que una restricción como la resultante de las disposiciones del artículo L113‑3 del Código de la Propiedad Intelectual protege los derechos de los cotitulares ausentes, permitiéndoles disponer de información suficiente para participar o no en el procedimiento, lo que contribuye, en particular, a garantizar el respeto del derecho de propiedad de esos cotitulares, en el sentido del artículo 17 de la Carta, y a alcanzar, en lo que a ellos respecta, el objetivo recordado en el apartado 56 de la presente sentencia.

75

Sin embargo, parece que estas disposiciones tienen por efecto que, a pesar de los esfuerzos y la diligencia desplegados por los demandantes en el litigio principal para que se llame al proceso a todos los cotitulares de los derechos de autor, se imposibilite el examen judicial de sus pretensiones. En tal caso, la obligación de llamar al proceso a todos los cotitulares, so pena de inadmisibilidad de la acción en cuestión, parece impedir a dichos demandantes ejercer sus propios derechos. El Gobierno francés ha admitido a este respecto que esta obligación puede constituir, en determinados casos, un requisito irrazonable, capaz de hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio, por parte de los demandantes en el litigio principal, de los derechos que les confiere el Derecho de la Unión. Como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 65 de sus conclusiones, el derecho de los cotitulares a defender sus derechos de autor no puede sujetarse a requisitos procesales de imposible o muy difícil cumplimiento, lo que equivaldría a la neutralización, en la práctica, de dicho derecho y vulneraría así el derecho fundamental garantizado por el artículo 47 de la Carta.

76

Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, parece, pues, que la interpretación y la aplicación de los requisitos procesales impuestos a los demandantes en el litigio principal, a la vista de las circunstancias particulares del litigio del que conoce dicho órgano jurisdiccional, pueden hacer que el procedimiento sea inútilmente complejo y gravoso y violar tanto el principio de efectividad como el artículo 47 de la Carta.

77

Si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que no es posible interpretar su Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, estaría obligado a asegurar, en el marco de sus competencias, la protección jurídica que para los justiciables se deriva de dicho artículo 47 y a obrar por la plena eficacia de este dejando, en caso necesario, sin aplicar las correspondientes disposiciones nacionales (véase, por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2025, Wojewoda Mazowiecki, C‑713/23, EU:C:2025:917, apartado 76 y jurisprudencia citada).

78

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 8 de la Directiva 2001/29, el artículo 3 de la Directiva 2004/48 y el artículo 1 de la Directiva 2006/116, en relación con los artículos 17 y 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que supedita la admisibilidad de una acción por violación de los derechos de autor de una obra colectiva a que se llame al proceso a todos los cotitulares de esos derechos, siempre que la interpretación y la aplicación de esa normativa no hagan que el procedimiento establecido sea inútilmente complejo o gravoso. A tal efecto, este no debe hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de esa acción únicamente por parte de un coautor o de varios de ellos. El juez nacional debe, en cualquier caso, garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta.

Costas

79

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.