–

en nombre de Lukoil Bulgaria EOOD, por los Sres. Y. Pekunov y A. Velichkov, advokati, la Sra. A. Pekunova, yuriskonsult, y el Sr. A. Robertson, KC;

–

en nombre de la Komisia za zashtita na konkurentsiata, por las Sras. M. Goranova, N. Mincheva e Y. Nenkova;

–

en nombre del Gobierno búlgaro, por la Sra. T. Mitova, el Sr. R. Stoyanov y la Sra. T. Tsingileva, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. V. Hitrovs y las Sras. E. Rousseva e I. Söderlund, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 102 TFUE.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Lukoil Bulgaria EOOD y la Komisia za zashtita na konkurentsiata (Autoridad de Defensa de la Competencia, Bulgaria; en lo sucesivo, «autoridad búlgara de defensa de la competencia»), en relación con la validez de la decisión n.o 184, de 16 de febrero de 2023 (en lo sucesivo, «decisión de la autoridad búlgara de defensa de la competencia»), mediante la que esta última declaró que dicha sociedad había incurrido en un abuso de posición dominante.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

El artículo 102 TFUE dispone que:

Derecho búlgaro

4

El artículo 21 de la Zakon za zashtita na konkurentsiata (Ley de Defensa de la Competencia) (DV n.o 102, de 28 de noviembre de 2008; en lo sucesivo, «ZZK»), establece:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

5

De la resolución de remisión se desprende que, en Bulgaria, las actividades del grupo económico Lukoil (en lo sucesivo, «grupo Lukoil») incluyen la producción, el comercio al por mayor y la distribución al por menor de productos petrolíferos, abarcando así toda la cadena de valor en el sector de la comercialización de dichos productos. Dentro de este grupo, Lukoil Neftohim Burgas AD, que dispone de la única refinería de petróleo crudo en Bulgaria, es el mayor productor de combustibles para motores vendidos en ese Estado miembro. Lukoil Bulgaria opera en el mercado del comercio al por mayor de combustibles para motores, a saber, la gasolina para automóviles y el gasóleo (en lo sucesivo, «mercado mayorista de combustibles»), y explota una de las mayores cadenas nacionales de estaciones de servicio.

6

Según la decisión de la autoridad búlgara de defensa de la competencia, el grupo Lukoil dispone en Bulgaria de una infraestructura única en materia de logística, almacenamiento y transporte, que le confiere una ventaja competitiva excepcional en el mercado mayorista de combustibles, en el que ocupa una posición dominante.

7

En la citada decisión, esa autoridad consideró que Lukoil Bulgaria aplicaba en ese mercado una práctica tarifaria en virtud de la cual dicha sociedad fijaba para los combustibles sujetos al pago de impuestos especiales (el mercado descendente) precios de venta inferiores a los que fijaba para los combustibles en régimen suspensivo de tales impuestos (el mercado ascendente). Esta práctica tarifaria, que se manifiesta en un estrechamiento de los márgenes, constituye, en su opinión, un abuso de posición dominante contrario al artículo 21 de la ZZK.

8

En el marco del recurso que interpuso contra la mencionada decisión ante el Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Sofía, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, Lukoil Bulgaria alega, en particular, que esa autoridad incurrió en error al definir el mercado de referencia.

9

En primer lugar, Lukoil Bulgaria considera, por un lado, que el mercado de referencia debería haber incluido el gas licuado de petróleo (GLP) y el metano, ya que ambos productos son sustitutivos de la gasolina y del gasóleo. Añade que su exclusión llevó a sobreestimar el poder en el mercado de Lukoil Bulgaria. La autoridad búlgara de defensa de la competencia rechaza esta alegación basándose en que el GLP y el metano solo son parcialmente sustitutivos de la gasolina y el gasóleo.

10

Por otro lado, Lukoil Bulgaria sostiene que dado que la gasolina y el gasóleo no son productos sustitutivos, ni por lo que respecta a la demanda ni a la oferta, no forman parte de un mismo mercado. La autoridad búlgara de defensa de la competencia considera, por su parte, que si bien la gasolina y el gasóleo, desde el punto de vista del consumidor final, no son sustitutivos, en cambio, la comercialización de estos dos tipos de combustibles por los mismos proveedores y la formación de sus precios en el mercado mayorista de combustibles se efectúan en condiciones idénticas.

11

Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente estima que procede determinar si, a efectos de la aplicación del artículo 102 TFUE, una autoridad nacional de defensa de la competencia puede incluir en un mismo mercado de productos combustibles que no son sustitutivos. Según dicho órgano jurisdiccional, de ser así, la decisión de la autoridad búlgara de defensa de la competencia habría podido incluir el gasóleo y la gasolina en un mismo mercado. Sin embargo, en tal caso, opina que la negativa de la autoridad búlgara de defensa de la competencia a incluir el GLP en ese mismo mercado carece de justificación razonable, ya que, a su parecer, la gasolina es parcialmente sustitutiva del GLP.

12

En segundo lugar, Lukoil Bulgaria estima que la autoridad búlgara de defensa de la competencia incurrió en error al considerar que el mercado mayorista de combustibles podía dividirse verticalmente en dos submercados, a saber, el mercado ascendente, el de los combustibles vendidos en régimen suspensivo de impuestos especiales, y el mercado descendente, el de los combustibles destinados al consumo final tras el pago de dichos impuestos.

13

Lukoil Bulgaria alega, en particular, que la autoridad búlgara de defensa de la competencia afirmó que esta sociedad dispone de una cuota de mercado relativamente elevada en el mercado mayorista de combustibles, comprendida entre el 40 % y el 60 %, y ocupa una posición dominante en dicho mercado y en el submercado de los combustibles vendidos en régimen suspensivo de impuestos especiales. Añade que, sin embargo, la decisión de la autoridad búlgara de defensa de la competencia no contiene ninguna evaluación de las cuotas de mercado de esa sociedad en los dos submercados diferenciados en dicha decisión y no identifica a los operadores presentes en cada uno de esos submercados. Lukoil Bulgaria considera que el Derecho de la Unión se opone a que una autoridad de defensa de la competencia declare que una empresa ocupa una posición dominante sin indicar expresamente cuáles son sus cuotas de mercado, extremo que niega la autoridad búlgara de defensa de la competencia.

14

Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, para constatar una infracción como la que supuestamente cometió Lukoil Bulgaria, la autoridad búlgara de defensa de la competencia estaba obligada a examinar todas las características esenciales de los dos mercados afectados, determinando, para cada uno de ellos, las cuotas de mercado, el volumen de mercado y los operadores del mercado.

15

En estas circunstancias, el Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

16

La autoridad búlgara de defensa de la competencia y el Gobierno búlgaro se oponen a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Dichos interesados formulan, en esencia, tres alegaciones a este respecto.

17

En primer término, consideran que la decisión de la autoridad búlgara de defensa de la competencia se basa exclusivamente en la aplicación del Derecho búlgaro y que el artículo 102 TFUE no es aplicable, dado que el supuesto abuso de posición dominante no afecta al comercio entre Estados miembros. En segundo término, añaden que el órgano jurisdiccional remitente no ha definido el marco fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones prejudiciales ni ha explicado los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones, elementos necesarios para obtener una interpretación del Derecho de la Unión que le sea útil. Aducen que, en realidad, dicho órgano jurisdiccional se limitó a reproducir las alegaciones de las partes en el litigio principal. En tercer término, según la autoridad búlgara de defensa de la competencia, la presente petición de decisión prejudicial equivale, en la práctica, a transferir al Tribunal de Justicia las competencias del órgano jurisdiccional remitente para resolver la cuestión de la definición del mercado de referencia, esencial para la solución del citado litigio.

18

Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencias de 21 de abril de 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, apartado 8, y de 22 de octubre de 2024, Kolin Inșaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartado 36 y jurisprudencia citada).

19

De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 9 de septiembre de 2021, GE Auto Service Leasing, C‑294/20, EU:C:2021:723, apartado 40 y jurisprudencia citada).

20

En el presente asunto, por lo que atañe a la primera alegación mencionada en el apartado 17 de la presente sentencia, no resulta evidente que la interpretación solicitada del artículo 102 TFUE no guarde ninguna relación con la realidad o con el objeto del litigio principal.

21

Por una parte, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 102 TFUE es aplicable al litigio principal. Además, el artículo 102 TFUE debe ser aplicado de oficio por cualquier órgano jurisdiccional nacional (sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, apartado 31).

22

Por otra parte, según el contenido de la decisión de la autoridad búlgara de defensa de la competencia, tal como se desprende de la resolución de remisión, Lukoil Bulgaria opera en todo el territorio de la República de Bulgaria y la práctica de precios controvertida en el litigio principal se aplica a escala nacional. Tal apreciación, que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, es suficiente, por sí sola, para considerar que esta práctica puede afectar al comercio entre los Estados miembros, a efectos de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (véase, en ese sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C‑94/04 y C‑202/04, EU:C:2006:758, apartado 45 y jurisprudencia citada). Pues bien, cuando una autoridad nacional de defensa de la competencia aplica las disposiciones del Derecho nacional que prohíben los abusos de posición dominante al comportamiento de una empresa que puede afectar al comercio entre los Estados miembros, en el sentido del artículo 102 TFUE, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), le impone que aplique asimismo, de forma paralela, el artículo 102 TFUE (véase, en ese sentido, la sentencia de 3 de abril de 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, apartado 26 y jurisprudencia citada).

23

Por lo que respecta a la segunda alegación mencionada en el apartado 17 de la presente sentencia, procede recordar que, como enuncia el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la petición de decisión prejudicial debe contener la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

24

En el caso de autos, de los apartados 11 y 14 de la presente sentencia se desprende que el órgano jurisdiccional remitente expuso, en esencia, las razones que le llevaron a plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Además, de las observaciones de las partes en el litigio principal, del Gobierno búlgaro y de la Comisión Europea se deriva que estos pudieron, en esencia, pronunciarse de manera completa y útil sobre las cuestiones prejudiciales planteadas.

25

Dicho esto, la resolución de remisión no permite identificar las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre los principios relativos al derecho de defensa, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima, incluido el de presunción de inocencia. De ello se deduce que, en esta medida, las cuestiones prejudiciales primera y segunda son inadmisibles.

26

Por lo que concierne a la tercera alegación mencionada en el apartado 17 de la presente sentencia, debe señalarse que las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a la interpretación del artículo 102 TFUE, sin que se solicite al Tribunal de Justicia que aplique dicho artículo en el litigio principal. A este respecto, procede recordar que el procedimiento de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE establece una estrecha cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, basada en un reparto de funciones entre ellos, y constituye un instrumento a través del cual el Tribunal de Justicia proporciona a los órganos jurisdiccionales nacionales los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisen para la solución de los litigios que deban dirimir, sin facultar al Tribunal de Justicia para aplicar las normas del Derecho de la Unión en un asunto determinado [véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de noviembre de 2021, IS (Ilegalidad de la resolución de remisión), C‑564/19, EU:C:2021:949, apartado 59 y jurisprudencia citada; de 8 de diciembre de 2022, HYA y otros (Imposibilidad de interrogar a los testigos de cargo), C‑348/21, EU:C:2022:965, apartado 49, y de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartados 50 a 55 y jurisprudencia citada].

27

En estas circunstancias, debe declararse la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial en la medida en que versa sobre la interpretación del artículo 102 TFUE.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

28

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, para declarar la existencia de una práctica abusiva de estrechamiento de márgenes cometida por una empresa verticalmente integrada, una autoridad de defensa de la competencia debe acreditar, tanto para el mercado ascendente como para el mercado descendente de que se trate, el tamaño de esos mercados y las cuotas de mercado en dichos mercados que poseen esa empresa y sus competidores.

29

En el presente asunto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que la autoridad búlgara de defensa de la competencia constató que el estrechamiento de márgenes imputado a Lukoil Bulgaria se produce, dentro del mercado mayorista de combustibles, entre dos submercados, uno de los cuales, el submercado ascendente, es el mercado mayorista de combustibles incluidos en el régimen suspensivo de impuestos especiales y el otro, el submercado descendente, es el mercado mayorista de combustibles tras el pago de los impuestos especiales. El estrechamiento de márgenes resulta, en su opinión, del hecho de que Lukoil Bulgaria vende carburante al por mayor en el mercado descendente, es decir, tras el pago de los impuestos especiales, a un precio inferior al precio al que vende el carburante en régimen suspensivo de impuestos especiales en el mercado ascendente.

30

En primer lugar, procede recordar que una práctica abusiva de estrechamiento de márgenes consiste en una práctica tarifaria que, a falta de toda justificación objetiva, tiene un carácter no equitativo en la medida en que estrecha efectivamente los márgenes de las empresas competidoras y puede, por ello, provocar un efecto de expulsión de los competidores que sean al menos igual de eficientes que la empresa dominante (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartados 30 y 31).

31

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el estrechamiento de márgenes constituye un abuso autónomo, dado que el carácter no equitativo, en el sentido del artículo 102 TFUE, de tal práctica tarifaria está vinculado a la propia existencia de dicho estrechamiento, y no a su diferencia precisa, de modo que no es en absoluto necesario comprobar que los precios mayoristas del producto, en el mercado ascendente, o los precios al por menor, en el mercado descendente, son en sí mismos abusivos debido, según los casos, a su carácter excesivo o predatorio (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartado 34 y jurisprudencia citada).

32

A fin de determinar si una empresa dominante ha explotado de manera abusiva su posición mediante la aplicación de esa práctica tarifaria, procede apreciar el conjunto de circunstancias y examinar si dicha práctica pretende privar al comprador de la posibilidad de elegir sus fuentes de aprovisionamiento, o al menos limitar dicha posibilidad, impedir el acceso al mercado de los competidores, aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes o reforzar su posición dominante mediante la distorsión de la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartado 28 y jurisprudencia citada).

33

Tales circunstancias pueden concurrir cuando una empresa verticalmente integrada, dominante en un mercado ascendente, intenta obstaculizar el juego normal de la competencia en un mercado próximo, el mercado descendente respecto del mercado dominado por ella, ya que tal comportamiento puede expulsar a los competidores que sean al menos igual de eficientes en el mercado próximo, es decir, el mercado descendente, debido al estrechamiento de los márgenes de estos. En efecto, tal práctica puede, en particular por los estrechos vínculos existentes entre los mercados de que se trata, restringir la competencia en el mercado descendente (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartados 87 y 91).

34

Por lo tanto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente tomar en consideración todas las circunstancias específicas del litigio principal para apreciar si los dos mercados identificados por la autoridad búlgara de defensa de la competencia constituyen mercados distintos que mantienen estrechos vínculos.

35

En segundo lugar, si el órgano jurisdiccional remitente considera que los dos mercados identificados por la autoridad búlgara de defensa de la competencia constituyen dos mercados distintos pero estrechamente vinculados, dicho órgano jurisdiccional deberá examinar aún, antes de concluir que se ha infringido el artículo 102 TFUE, si la empresa verticalmente integrada es dominante en el mercado ascendente (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartados 85 a 89).

36

Pues bien, así sucede si dicha empresa tiene un poder económico que le permite impedir que haya una competencia efectiva en ese mercado ascendente, confiriéndole la posibilidad de actuar con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores (sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartado 23 y jurisprudencia citada).

37

Por otra parte, la existencia de una posición dominante resulta, en general, de la concurrencia de varios factores que, considerados aisladamente, no han de ser necesariamente determinantes (sentencia de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión, 27/76, EU:C:1978:22, apartado 66).

38

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, aunque la magnitud de las cuotas de mercado pueda variar de un mercado a otro, la posesión durante mucho tiempo de una cuota de mercado extremadamente importante constituye, salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante y que las cuotas de mercado superiores al 50 % constituyen cuotas de mercado extremadamente altas (véanse, a este respecto, las sentencias de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, EU:C:1979:36, apartado 41, y de 6 de diciembre de 2012, AstraZeneca/Comisión, C‑457/10 P, EU:C:2012:770, apartado 176).

39

Dicho esto, si bien, para apreciar la existencia de una posición dominante en un mercado, la posesión durante mucho tiempo de una cuota de mercado de gran magnitud es altamente significativa, no es menos cierto que una posición dominante también puede acreditarse teniendo en cuenta otras características del mercado de que se trate, como la existencia de importantes barreras de entrada o de infraestructuras esenciales, que permitan apreciar si, en dicho mercado, la citada empresa actúa con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y los consumidores.

40

A este respecto, en el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que Lukoil Bulgaria opera en toda la cadena de producción de combustibles hasta su venta final y posee la única refinería del país y una infraestructura logística, de almacenamiento y de transporte única en el país.

41

En tercer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el carácter abusivo de una práctica tarifaria aplicada por una empresa verticalmente integrada dominante en un mercado ascendente que tenga como consecuencia el estrechamiento de los márgenes de los competidores de esa empresa en el mercado descendente no depende de que exista una posición dominante de dicha empresa en este último mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartado 89).

42

Dicho esto, como señala la Comisión, no cabe excluir que puedan tenerse en cuenta datos relativos a ese mercado descendente para examinar si esta práctica tarifaria es contraria al artículo 102 TFUE.

43

En efecto, para acreditar un abuso de posición dominante consistente en un estrechamiento de márgenes, una autoridad de defensa de la competencia está obligada a demostrar que la diferencia entre los precios de los productos o servicios de que se trate en el mercado ascendente y los del mercado descendente es o bien negativa, o bien insuficiente para cubrir los costes específicos que la empresa dominante ha de soportar por el suministro de sus propios productos o la prestación de sus propios servicios en el mercado descendente, de modo que dicha diferencia no permita a un competidor que sea igual de eficiente que dicha empresa competir con ella para el suministro de los referidos productos o la prestación de los referidos servicios en el mercado descendente. El Tribunal de Justicia también ha declarado que, al objeto de apreciar la licitud de la política de precios aplicada por una empresa dominante, procede, en principio, referirse a determinados criterios de precios basados en los costes contraídos por la propia empresa dominante y en la estrategia de esta (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2021, Slovak Telekom/Comisión, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, apartados 73 y 74 y jurisprudencia citada).

44

Así pues, para determinar si la diferencia entre los precios aplicados por una empresa dominante en el mercado ascendente y los precios aplicados por dicha empresa en el mercado descendente puede tener, en este último mercado, un efecto de expulsión de los competidores que sean al menos igual de eficientes que ella, resulta preciso comprobar si dicha empresa habría podido ser suficientemente eficiente para ofrecer prestaciones en el mercado descendente, sin incurrir en pérdidas, en caso de que se hubiera visto obligada previamente a pagar sus propios precios en el mercado ascendente, lo que exige, en principio, tener en cuenta los precios y costes de la empresa dominante en el mercado descendente, o bien, cuando no sea posible hacer referencia a esos precios y costes, los de los competidores en ese mismo mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartados 41 a 46).

45

Por último, es preciso subrayar también que la empresa de que se trate tiene la posibilidad de demostrar que su práctica tarifaria, aunque produzca un efecto de expulsión en el mercado descendente, está económicamente justificada, lo que exige demostrar, sobre la base del conjunto de circunstancias del caso concreto, que tal efecto de expulsión, desfavorable para la competencia, puede verse contrarrestado, o incluso superado, mediante mejoras de la eficacia que también pueden beneficiar al consumidor en dicho mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartados 75 y 76).

46

Por lo tanto, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, para declarar la existencia de una práctica abusiva de estrechamiento de márgenes cometida por una empresa verticalmente integrada, una autoridad de defensa de la competencia debe acreditar, por un lado, la existencia de una posición dominante de esa empresa en el mercado ascendente, teniendo en cuenta las cuotas de mercado de dicha empresa u otras características pertinentes de ese mercado que permitan considerar que esa empresa dispone de un poder económico que le permite actuar con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y los consumidores, así como, por otro lado, la existencia, en un mercado descendente, vinculado al mercado ascendente, de una práctica de precios por parte de la empresa verticalmente integrada que pueda producir un efecto de expulsión de los competidores que sean al menos igual de eficientes que ella, habida cuenta de las características de ese mercado descendente.

Cuestiones prejudiciales segunda y tercera

47

Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que pueden incluirse en la definición del mercado de productos pertinente productos que no son sustitutivos desde el punto de vista de la oferta y la demanda, como la gasolina y el gasóleo, mientras que queda excluido de dicha definición un producto que, como el GLP, es sustitutivo desde el punto de vista de la oferta y la demanda al menos respecto de uno de esos dos combustibles.

48

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la determinación del mercado de referencia, en el marco de la aplicación del artículo 102 TFUE, es de una importancia esencial, dado que las posibilidades de competencia solo pueden apreciarse en función de las características de los productos de que se trate, y constituye, en principio, un requisito previo a la apreciación de la eventual existencia de una posición dominante de la empresa en cuestión (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de febrero de 1973, Europemballage y Continental Can/Comisión, 6/72, EU:C:1973:22, apartado 32). Esta determinación tiene por objeto definir los límites dentro de los cuales debe apreciarse si dicha empresa tiene la posibilidad de actuar con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y los consumidores [véanse, en ese sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión, 322/81, EU:C:1983:313, apartado 37, y de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros, C‑307/18, EU:C:2020:52, apartado 127].

49

La determinación del mercado de referencia exige definir, en primer lugar, el mercado de productos y, en segundo lugar, el mercado geográfico de este (sentencias de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión, 27/76, EU:C:1978:22, apartados 10 y 11, y de 27 de junio de 2024, Comisión/Servier y otros, C‑176/19 P, EU:C:2024:549, apartado 382).

50

Por lo que se refiere al mercado de productos, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el concepto de mercado de referencia implica que pueda existir una competencia efectiva entre los productos que forman parte de dicho mercado, lo que exige un grado suficiente de intercambiabilidad o de sustituibilidad, a efectos del mismo uso, entre todos los productos que forman parte de un mismo mercado. La intercambiabilidad o sustituibilidad no se aprecia únicamente en relación con las características objetivas de los productos de que se trate. Es preciso, asimismo, tomar en consideración las condiciones de competencia y la estructura de la oferta y la demanda en el mercado (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de junio de 2024, Comisión/Servier y otros, C‑176/19 P, EU:C:2024:549, apartado 383 y jurisprudencia citada).

51

De estos elementos resulta que la apreciación de la sustituibilidad de dos productos no se limita a determinar si dichos productos son aptos, desde un punto de vista funcional, para satisfacer una misma necesidad, sino que exige, además, determinar si, desde el punto de vista económico, esos productos son efectivamente sustitutivos en la práctica. Cabe apreciar la sustituibilidad económica entre dos productos cuando los cambios en sus precios relativos dan lugar a un desplazamiento de las ventas de uno al otro. A este respecto, es preciso destacar que, desde una perspectiva económica, la sustituibilidad de la demanda es el medio más inmediato y eficaz de restringir el comportamiento de los suministradores de un determinado producto. La apreciación de esta sustituibilidad puede consistir esencialmente en evaluar la elasticidad cruzada de la demanda con respecto al precio, determinando si los consumidores de un producto sujeto a un aumento de precio, ligero pero permanente, recurrirían a productos sustitutivos (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de junio de 2024, Comisión/Servier y otros, C‑176/19 P, EU:C:2024:549, apartado 384).

52

Aunque una apreciación que permita definir el mercado en el que debe apreciarse la existencia de una posición dominante requiere realizar constataciones fácticas sobre las condiciones de competencia y la estructura de la oferta y la demanda en dicho mercado, lo cual es competencia del órgano jurisdiccional remitente, procede señalar que no cabe excluir que, a pesar de la falta de sustituibilidad funcional entre tres tipos de combustibles para automóviles, como el gasóleo, la gasolina y el GLP, respecto a la demanda de los consumidores finales, pueda existir, habida cuenta de las condiciones específicas de la oferta en Bulgaria, un grado suficiente de sustituibilidad entre algunos de estos combustibles en el mercado mayorista de combustibles en régimen suspensivo de impuestos especiales, lo que llevaría a incluirlos en un mismo mercado de productos.

53

Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar, en particular, por una parte, si el almacenamiento al por mayor de gasolina y gasóleo debe tener lugar en instalaciones de naturaleza análoga o diferente y, por otra parte, si el GLP puede ser objeto de almacenamiento al por mayor en las mismas instalaciones que la gasolina y el gasóleo o si, por el contrario, requiere instalaciones específicas.

54

En efecto, de la resolución de remisión se desprende que la autoridad búlgara de defensa de la competencia tuvo en cuenta, al determinar el mercado de referencia a efectos de apreciar la existencia de una posición dominante, únicamente la gasolina y el gasóleo, pero no el GLP, en la medida en que, para los mayoristas, las condiciones de almacenamiento de los dos primeros combustibles son las mismas, lo que les permite, en función de la demanda, ofrecer uno u otro de los dos primeros combustibles mencionados, sin que ello suponga costes adicionales para ellos.

55

En cambio, por lo que respecta al GLP, según la autoridad búlgara de defensa de la competencia, existen en Bulgaria requisitos específicos en cuanto a su almacenamiento y a su reventa tras el pago de los impuestos especiales. Por otra parte, el GLP se transporta de manera diferente a la gasolina y al gasóleo.

56

Tales consideraciones podrían constituir una justificación objetiva de la diferenciación realizada por la autoridad búlgara de defensa de la competencia entre la gasolina y el gasóleo, por una parte, y el GLP, por otra, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

57

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que solo los productos que presentan un grado suficiente de sustituibilidad pueden incluirse en un mismo mercado a efectos de apreciar la existencia de una posición dominante. Cuando el comportamiento considerado infractor consiste en prácticas tarifarias que dan lugar a estrechamientos de márgenes, la autoridad de defensa de la competencia debe comprobar si, a pesar de la falta de sustituibilidad funcional entre tres tipos de combustibles para automóviles, como el gasóleo, la gasolina y el GLP, respecto a la demanda procedente de los consumidores finales, las condiciones de competencia y la estructura de la oferta y la demanda permiten constatar que algunos de esos combustibles forman parte de un mismo mercado de productos en el mercado ascendente.

Costas

58

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, para declarar la existencia de una práctica abusiva de estrechamiento de márgenes cometida por una empresa verticalmente integrada, una autoridad de defensa de la competencia debe acreditar, por un lado, la existencia de una posición dominante de esa empresa en el mercado ascendente, teniendo en cuenta las cuotas de mercado de dicha empresa u otras características pertinentes de ese mercado que permitan considerar que esa empresa dispone de un poder económico que le permite actuar con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y los consumidores, así como, por otro lado, la existencia, en un mercado descendente, vinculado al mercado ascendente, de una práctica de precios por parte de la empresa verticalmente integrada que pueda producir un efecto de expulsión de los competidores que sean al menos igual de eficientes que ella, habida cuenta de las características de ese mercado descendente.

2)

El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que solo los productos que presentan un grado suficiente de sustituibilidad pueden incluirse en un mismo mercado a efectos de apreciar la existencia de una posición dominante. Cuando el comportamiento considerado infractor consiste en prácticas tarifarias que dan lugar a estrechamientos de márgenes, la autoridad de defensa de la competencia debe comprobar si, a pesar de la falta de sustituibilidad funcional entre tres tipos de combustibles para automóviles, como el gasóleo, la gasolina y el gas licuado de petróleo, respecto a la demanda procedente de los consumidores finales, las condiciones de competencia y la estructura de la oferta y la demanda permiten constatar que algunos de esos combustibles forman parte de un mismo mercado de productos en el mercado ascendente.