–

en nombre de innogy Energie s. r. o., por el Sr. P. Dub, advokát;

–

en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. H. Leppo, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. P. Kienapfel y P. Ondrůšek, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por una parte, de los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L. 137, p. 13), y del punto 1, letra e), del anexo de dicha Directiva y, por otra parte, del artículo 12, apartado 3, de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre innogy Energie s. r. o., una sociedad de suministro de energía, y QS, un consumidor, en relación con una solicitud de dicha sociedad dirigida al pago de una penalización sobre la base de una cláusula del contrato de suministro de electricidad celebrado con este.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 93/13

3

El artículo 3 de la Directiva establece:

4

El artículo 4 de esta Directiva dispone en su apartado 1:

5

A tenor del artículo 5 de dicha Directiva:

6

El artículo 7 de la referida Directiva establece en su apartado 1:

7

El anexo de la Directiva 93/13 lleva por título «Cláusulas contempladas en el apartado 3 del artículo 3». El punto 1, letra e), del mismo está redactado como sigue:

Directiva 2019/944

8

El artículo 12 de la Directiva 2019/944, titulado «Derecho a cambiar de suministrador y normas aplicables a las tasas relacionadas con el cambio», dispone:

9

El artículo 71 de la Directiva 2019/944, con la rúbrica «Transposición», dispone en su apartado 1:

Derecho checo

Ley n.o 89/2012, por la que se aprueba el Código Civil

10

El artículo 1811 de la zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Ley n.o 89/2012, por la que se aprueba el Código Civil), dispone en su apartado 1:

11

El artículo 2048 de esta Ley establece en su apartado 1:

Ley n.o 458/2000, sobre la Energía

12

El artículo 28 de la zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (Ley n.o 458/2000, sobre la Energía) establece en sus apartados 1, letra e), y 2, letra l):

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

13

El 24 de enero de 2020, QS e innogy Energie celebraron un contrato de suministro de electricidad de duración determinada para necesidades domésticas en el que se establecía un precio de la electricidad, garantizado durante toda la vigencia del contrato, inferior al aplicado en el marco de los contratos de suministro de electricidad por tiempo indefinido.

14

Este contrato de adhesión, que correspondía a un formulario electrónico preestablecido de dos páginas, estipulaba el pago de cuotas mensuales de 1 200 coronas checas (CZK) (aproximadamente 48 euros) por un consumo previsto de 1,8 MWh/año. En la primera página del contrato, en la sección «Celebración y duración del contrato», se indicaba que el contrato se celebraba por un período determinado de treinta meses, correspondiente al «período básico», durante el cual el contrato no podía resolverse anticipadamente.

15

Además, dicho contrato estipulaba, en la parte titulada «Otras cláusulas» que figura en la primera página, que el cliente estaba obligado a prestar sin demora injustificada a innogy Energie su colaboración en la ejecución del contrato y, en particular, a no tener comportamientos jurídicos o de otro tipo que obstaculizaran la ejecución de tal compromiso, a excepción de aquellos a los que estaba autorizado por la ley. En caso de incumplimiento de esta obligación, dicho contrato establecía una cláusula según la cual el cliente estaba obligado a pagar a innogy Energie una penalización de 3 000 CZK (aproximadamente 120 euros). Del mismo modo, en caso, en particular, de un incumplimiento reiterado de la obligación de pago del precio de la electricidad, podía reclamarse al cliente una penalización contractual que incluyera una eventual indemnización del perjuicio sufrido por innogy Energie por la no adquisición de la electricidad convenida. Esta penalización correspondía a un importe de 400 CZK (aproximadamente 16 euros) por cada mes natural siguiente al día de la resolución del contrato o de la suspensión del suministro de electricidad hasta la expiración de su duración.

16

El contrato celebrado entre QS e innogy Energie fue completado por los empleados de esta sociedad por vía electrónica. QS tuvo la posibilidad de visualizarlo en la pantalla de un ordenador antes de firmarlo mediante una tableta digital. El contrato final firmado se envió por correo electrónico al cliente, que podía solicitar una versión en papel en cualquier fase de la negociación.

17

Mediante escrito de 21 de julio de 2020, innogy Energie instó a QS a pagar 1 200 CZK (aproximadamente 48 euros) correspondientes a las cuotas de los meses de junio y julio de 2020. Debido al incumplimiento de la obligación de QS de pagar debidamente el precio de la electricidad, esta sociedad puso fin, el 11 de septiembre de 2020, de conformidad con la ley nacional aplicable, al suministro de electricidad a QS y, posteriormente, mediante escrito de 13 de septiembre de 2020, le reclamó, en concepto de penalización contractual, el pago a más tardar el 23 de septiembre de 2020 de un importe de 8 800 CZK (aproximadamente 360 euros), es decir, 400 CZK (aproximadamente 16 euros) por cada uno de los veintidós meses restantes hasta la finalización del contrato inicialmente previsto. QS efectuó un pago parcial por importe de 2 190,34 CZK (aproximadamente 90 euros). Mediante escrito de 23 de septiembre de 2020, innogy Energie resolvió el contrato celebrado con este debido a que, a pesar de los requerimientos reiterados, no había abonado las cantidades adeudadas en virtud de dicho contrato. Esta sociedad también elaboró una liquidación final en la que se indicaba que se había percibido en exceso, para el período comprendido entre el 4 de febrero de 2020 y el 11 de septiembre de 2020, un importe de 316,36 CZK (aproximadamente 12 euros).

18

En este contexto, innogy Energie interpuso una demanda ante el Okresní soud v Teplicích (Tribunal Comarcal de Teplice, República Checa), que es el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de que se condenara a QS, basándose en la cláusula que establece dicha penalización, al pago de la cantidad de 6 609,66 CZK (aproximadamente 270 euros), es decir, el importe restante adeudado en concepto de tal penalización.

19

El órgano jurisdiccional remitente recuerda, de entrada, que, al amparo de la normativa nacional sobre las cláusulas abusivas en vigor antes del 1 de enero de 2014, el Ústavní soud (Tribunal Constitucional, República Checa) declaró que, para que una cláusula que establezca una penalización contractual no se considere abusiva, debe formar parte del propio texto del contrato celebrado con un consumidor, ser suficientemente legible y clara y estar presentada de manera lógica para que el consumidor medio pueda comprenderla, así como con un tamaño de letra suficiente, y no estar incluida en una sección de ese contrato que pueda dar la impresión al consumidor de que se trata de una cláusula accesoria.

20

A continuación, el órgano jurisdiccional remitente señala que innogy Energie utilizó un modo de inserción de las cláusulas penales en el contrato que le ha llevado a preguntarse si se cumplen las exigencias de transparencia previstas en el artículo 5 de la Directiva 93/13. Hace referencia, en particular, a la ubicación de la cláusula controvertida en el litigio principal en la primera página del contrato, en la sección titulada «Otras cláusulas», es decir, en la parte del contrato que no incluye ninguna cláusula que haya sido negociada individualmente, a diferencia de las que figuran en la segunda página de dicho contrato. El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la conformidad de esta cláusula con las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores en la medida en que figura en una página de un contrato de adhesión que no necesita ser completada, lo que la hace menos visible para el cliente.

21

Dicho órgano jurisdiccional observa que, en un caso en el que se ponga fin al contrato debido al incumplimiento por parte del cliente de sus obligaciones pecuniarias, innogy Energie aplica una penalización contractual por importe de 400 CZK (aproximadamente 16 euros) al mes, por todos los meses durante los cuales no se ha producido el consumo previsto en el contrato de duración determinada, sin que dicha sociedad esté obligada a demostrar el importe de la pérdida económica directa real sufrida. En cambio, cuando el consumidor resuelve el contrato debido a un cambio de suministrador durante el período de vigencia de su contrato, el suministrador tiene derecho a una indemnización, prevista por la penalización contractual, equivalente a la pérdida económica sufrida que el suministrador debe demostrar.

22

Por último, subraya que, en el litigio principal, no hay atrasos en concepto del precio que debe pagarse por el suministro de energía, sino que, por el contrario, existe un pago excesivo par con innogy Energie, a pesar de que QS no ha abonado al menos dos cuotas mensuales por un importe de 1 200 CZK (aproximadamente 48 euros).

23

En estas circunstancias, el Okresní soud v Teplicích (Tribunal Comarcal de Teplice) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial

24

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3 de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letra e), de su anexo «o» con el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2019/944, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de resolución anticipada por un suministrador de un contrato de suministro de electricidad de precio fijo y duración determinada debido al incumplimiento por parte del consumidor de sus obligaciones contractuales y a la aplicación de una penalización contractual que cubra la pérdida económica directa sufrida por ese suministrador como consecuencia de la resolución, este último está obligado a probar la realidad de dicha pérdida.

25

Innogy Energie alberga dudas en cuanto a la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial en la medida en que hace referencia al artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2019/944, toda vez que esta disposición aún no había sido plenamente transpuesta al Derecho checo en el momento de la celebración y de la resolución del contrato controvertido en el litigio principal, por lo que, en su opinión, carece de toda pertinencia en el presente asunto.

26

Es preciso recordar que una norma jurídica nueva se aplica a partir de la entrada en vigor del acto que la contiene y que, si bien esta norma no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas bajo el imperio de la antigua norma, sí se aplica a los efectos futuros de tales situaciones, así como a las situaciones jurídicas nuevas. Únicamente deja de ser así, sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la nueva norma va acompañada de disposiciones particulares que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal [sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 37 y jurisprudencia citada].

27

De este modo, por lo que se refiere más particularmente a las directivas, en el ámbito de aplicación ratione temporis de una directiva solo pueden incluirse, por regla general, las situaciones jurídicas consolidadas con posterioridad a la expiración del plazo de transposición de esta [sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 38 y jurisprudencia citada].

28

De conformidad con el artículo 71 de la Directiva 2019/944, los Estados miembros debían haber adoptado y publicado, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, las disposiciones necesarias para dar cumplimiento, en particular, al artículo 12 de dicha Directiva. De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la normativa checa de transposición de dicha Directiva, a saber, la versión modificada de la Ley n.o 458/2000, sobre la Energía, entró en vigor el 1 de enero de 2022. Pues bien, de los autos se deduce asimismo que el contrato de suministro de electricidad controvertido en el litigio principal fue celebrado el 24 de enero de 2020 y resuelto por innogy Energie el 23 de septiembre de 2020, diez días después de su solicitud de pago de la penalización contractual, es decir, antes de la expiración del plazo de transposición del artículo 12 de la Directiva 2019/944.

29

De ello se infiere que la Directiva 2019/944 no era aplicable ni en la fecha de celebración ni en la de resolución del contrato controvertido en el litigio principal.

30

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la interpretación del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2019/944 no guarda relación con la solución del litigio principal, de modo que la segunda cuestión prejudicial es inadmisible en la medida en que se refiere a la interpretación de dicha disposición.

Sobre el fondo

31

Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en primer término, los artículos 3, apartado 1, y 5 de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letra e), del anexo de esta y con el artículo 7 de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo que permite al suministrador que lo ha resuelto, antes de su vencimiento, debido a un impago por parte del consumidor, imponer automáticamente a este último una penalización a tanto alzado, con independencia de la pérdida económica directa efectivamente sufrida por ese suministrador, puede tener carácter abusivo, y, en segundo término, si esa cláusula, por su estructura y su ubicación en el contrato y las circunstancias que rodearon su celebración, por vía electrónica, cumple las exigencias de transparencia establecidas en el artículo 5 de la Directiva 93/13.

32

En primer lugar, procede señalar que, a tenor del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

33

Tal como enuncia el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, el anexo de esta Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. Entre las cláusulas que se relacionan en dicho anexo figuran, en particular, como se desprende del punto 1, letra e), de ese anexo, las que tengan por objeto o por efecto «imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta».

34

Si bien el contenido de dicho anexo no puede determinar automáticamente y por sí solo el carácter abusivo de una cláusula controvertida, sí constituye un elemento esencial en el cual el juez competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de dicha cláusula (sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, apartado 26 y jurisprudencia citada).

35

De ello se deduce que corresponde al juez nacional apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13. En el marco de esta apreciación, incumbe a dicho juez evaluar, atendiendo a todas las circunstancias del litigio, en primer lugar, el posible incumplimiento de las exigencias de la buena fe y, en segundo lugar, la existencia de un posible desequilibrio importante en detrimento del consumidor, en el sentido de esta última disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, apartado 49 y jurisprudencia citada).

36

Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente deberá examinar si la cláusula controvertida en el litigio principal, por una parte, cumple las exigencias de la buena fe exigida y, por otra parte, si existe un desequilibrio importante en detrimento del consumidor y, más concretamente, si la indemnización a tanto alzado prevista en dicha cláusula es desproporcionadamente alta en el sentido del punto 1, letra e), del anexo de la Directiva 93/13.

37

En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «contrariamente a las exigencias de la buena fe», debe recordarse que, habida cuenta del decimosexto considerando de la Directiva 93/13, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual (sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, apartado 60 y jurisprudencia citada).

38

En el marco de este examen, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista acuerdo de las partes en este sentido, de modo que el juez nacional puede verse obligado a evaluar, en el marco de un análisis comparativo, si y, en su caso, en qué medida, el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, apartado 59 y jurisprudencia citada).

39

El órgano jurisdiccional remitente deberá verificar también que el importe de la penalización contractual controvertida en el litigio principal es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que este persigue y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 74).

40

Debe recordarse que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 precisa que el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.

41

El Tribunal de Justicia ha declarado que las cláusulas del contrato que parecen establecer sanciones automáticas y desproporcionadas en relación con la naturaleza del eventual incumplimiento del consumidor deben poder ser declaradas abusivas, sobre la base del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letra e), del anexo de esta (véase, en este sentido, el auto de 24 de octubre de 2019, Topaz, C‑211/17, EU:C:2019:906, apartado 59).

42

Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que la penalización contractual de 400 CZK (aproximadamente 16 euros) se aplicó a QS debido a la falta de pago de dos cuotas mensuales por importe de 1 200 CZK (aproximadamente 48 euros), por cada mes siguiente al cese del suministro de electricidad y por la duración restante del contrato, fijada inicialmente en treinta meses. Por lo tanto, esta penalización puede constituir una sanción automática y «desproporcionadamente alta» en el sentido del punto 1, letra e), del anexo de la Directiva 93/13 y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en el apartado 41 de la presente sentencia, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.

43

Dicho órgano jurisdiccional también deberá verificar al llevar a cabo ese examen si el importe de esa penalización es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzarlos, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 39 de la presente sentencia. En particular, procede señalar, por una parte, que la penalización controvertida en el litigio principal resulta de una cláusula incluida en un contrato de suministro de electricidad de duración determinada para necesidades domésticas que establece un precio de la electricidad, garantizado durante toda la vigencia del contrato, inferior al aplicado en el marco de los contratos de suministro de electricidad de duración indefinida. Así pues, esta cláusula parece tener por objeto reparar los posibles daños causados al suministrador como consecuencia de la no adquisición de la energía pactada con el cliente, convenida previamente por el suministrador con el cliente en mercados mayoristas volátiles, en el marco de los contratos de duración determinada, durante toda la vigencia acordada del contrato. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente debería tener en cuenta el hecho de que la liquidación final elaborada por el suministrador da cuenta de una cantidad pagada en exceso, a pesar de que QS no pagó dos cuotas mensuales.

44

En segundo lugar, por lo que respecta a la exigencia de transparencia, que figura en el artículo 5 de la Directiva 93/13 y que establece que las cláusulas contractuales escritas deben estar redactadas «siempre» de forma clara y comprensible, procede recordar que esta exigencia es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva. No obstante, del artículo 4, apartado 2, de esta Directiva se deduce que la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 66].

45

Dicha exigencia no puede limitarse al carácter comprensible desde un punto de vista formal y gramatical. En efecto, en la medida en que el sistema de protección establecido por esta Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional en lo relativo, en particular, al nivel de información, la exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales y, por tanto, de transparencia, a que obliga la propia Directiva, debe interpretarse de manera extensiva [sentencia de 16 de marzo de 2023, Caixabank (Comisión de apertura de préstamo), C‑565/21, EU:C:2023:212, apartado 30].

46

Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartado 45 y jurisprudencia citada).

47

Esta cuestión debe ser examinada por el órgano jurisdiccional remitente a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el proveedor en el marco de la negociación del contrato controvertido (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartado 46 y jurisprudencia citada).

48

Más concretamente, reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración del contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, ya que precisamente sobre la base de esa información el consumidor decidirá si desea quedar vinculado contractualmente a un profesional adhiriéndose a las condiciones redactadas de antemano por este (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartado 48 y jurisprudencia citada).

49

Para determinar si una cláusula contractual es clara y comprensible, también procede tener en cuenta el nivel de atención que puede esperarse, con respecto a tal cláusula, de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [sentencia de 16 de marzo de 2023, Caixabank (Comisión de apertura de préstamo), C‑565/21, EU:C:2023:212, apartado 44].

50

Procede señalar además que la ubicación y la estructura de una cláusula contractual como la controvertida en el litigio principal permiten determinar si constituye un elemento importante del contrato, en la medida en que esos elementos ofrecen al consumidor la posibilidad de evaluar las consecuencias económicas que se deriven para él de esa cláusula [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2023, Caixabank (Comisión de apertura de préstamo), C‑565/21, EU:C:2023:212, apartado 46].

51

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si la cláusula que establece la penalización contractual cumple los requisitos de transparencia establecidos en el artículo 5 de la Directiva 93/13 a la luz de las consideraciones mencionadas en los apartados 44 a 50 de la presente sentencia.

52

En el presente asunto, por lo que respecta, en primer término, a las circunstancias que rodearon la celebración del contrato de suministro de electricidad, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que dicho contrato corresponde a un formulario preestablecido en formato electrónico, del que QS tuvo la posibilidad de pedir la impresión en cualquier fase de la negociación. Pues bien, es preciso señalar, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, que dicho contrato no fue completado por el consumidor, sino por los empleados de la sociedad contratante que controlaron su formalización durante toda la fase de negociación. De ello se infiere asimismo que QS parece haber consultado el contrato de que se trata únicamente a través de la pantalla de un ordenador antes de firmarlo mediante una tableta digital. En estas circunstancias, sin perjuicio de las apreciaciones que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente, procede señalar que no parece seguro que el consumidor haya tenido la posibilidad de conocer suficientemente el contenido y el funcionamiento de la cláusula controvertida en el litigio principal en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 48 de la presente sentencia.

53

En segundo término, ha de indicarse que los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no contienen precisiones en cuanto a la información facilitada por innogy Energie antes de la celebración del contrato sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.

54

En tercer término, por lo que respecta a la ubicación particular y a la estructura de la cláusula controvertida en el litigio principal, que no ha sido objeto de negociación individual alguna, de la resolución de remisión se desprende que figura en la primera página de un contrato de adhesión correspondiente a un formulario preestablecido de dos páginas. Pues bien, en la medida en que el contrato se celebró por vía electrónica, por medio de un ordenador, y en que la navegación por el texto de dicho contrato fue realizada por los empleados de la sociedad innogy Energie, parece que QS solo disponía de una posibilidad limitada de acceder a la totalidad del documento. Así pues, parece que esta cláusula, pese a estar situada en primera página, podía pasar desapercibida o no llamar la atención de QS al igual que la información bajo la cual figura su firma. En efecto, la segunda página de ese contrato, que es la única que fue completada por dichos empleados y que fue firmada por QS, se limita a mencionar todas las cláusulas individuales. Asimismo, procede señalar que la cláusula controvertida en el litigio principal fue incluida en la sección de dicho contrato titulada «Otras cláusulas», lo que podría dar a entender que se trata de una disposición de menor importancia.

55

En estas circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si el contrato controvertido en el litigio principal es suficientemente legible y claro, y está presentado de manera lógica para que el consumidor medio normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz pueda tener conocimiento de las cláusulas contractuales y, en particular, si la inclusión de la cláusula que establece la penalización en una sección determinada de dicho contrato puede hacer creer al consumidor que se trata de una cláusula accesoria.

56

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que los artículos 3, apartado 1, y 5 de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letra e), del anexo de esta y con el artículo 7 de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo que permite al suministrador que lo ha resuelto, antes de su vencimiento, debido a un impago por parte del consumidor, imponer automáticamente a este último una penalización a tanto alzado, con independencia de la pérdida económica directa efectivamente sufrida por ese suministrador, puede tener carácter abusivo. Esa cláusula cumple las exigencias de transparencia establecidas en el artículo 5 de la Directiva 93/13 si la estructura y la ubicación de dicha cláusula en el contrato, así como las circunstancias que rodearon la celebración por vía electrónica de este último, incluida la información que el profesional ha facilitado al consumidor, permiten a un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz tener conocimiento del contenido y del funcionamiento de la cláusula que le impone el pago de una penalización a tanto alzado y evaluar las consecuencias económicas que de ello se derivan para él.

Costas

57

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.