1

Mediante su recurso de casación, el Sr. Alaa Hamoudi solicita la anulación del auto del Tribunal General de 13 de diciembre de 2023, Hamoudi/Frontex (T‑136/22, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2023:821), por el que este desestimó su recurso basado en el artículo 268 TFUE mediante el que solicitaba la reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de infracciones del Derecho de la Unión Europea supuestamente cometidas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el marco de las medidas de expulsión que las autoridades griegas supuestamente adoptaron en su contra.

2

Los considerandos 2, 3, 24, 81 y 103 del Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1052/2013 y (UE) 2016/1624 (DO 2019, L 295, p. 1), tienen la siguiente redacción:

[…]

[…]

[…]

3

El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Objeto», dispone:

«El presente Reglamento crea una Guardia Europea de Fronteras y Costas con el objetivo de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores, con miras a gestionar esas fronteras eficientemente respetando plenamente los derechos fundamentales, y aumentar la eficiencia de la política de retorno de la Unión.

El presente Reglamento da respuesta a los desafíos migratorios y a los posibles retos y amenazas futuros en las fronteras exteriores. Garantiza un elevado nivel de seguridad interior en la Unión respetando plenamente los derechos fundamentales y salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de personas dentro de la Unión. Contribuye a la detección, prevención y lucha contra la delincuencia transfronteriza en las fronteras exteriores.»

4

El artículo 4 del referido Reglamento, titulado «Guardia Europea de Fronteras y Costas», tiene el siguiente tenor:

«La Guardia Europea de Fronteras y Costas estará compuesta por las autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en que lleven a cabo tareas de control fronterizo, las autoridades nacionales responsables en materia de retorno y [Frontex].»

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El artículo 5 de ese mismo Reglamento, titulado «[Frontex]», establece en sus apartados 3 y 4:

«3.   Con el fin de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras coherente, [Frontex] facilitará y hará más efectiva la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores, especialmente el Reglamento (UE) 2016/399 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO 2016, L 77, p. 1)], y de las medidas de la Unión relativas al retorno.

4.   [Frontex] contribuirá a la aplicación constante y uniforme del Derecho de la Unión, incluido el acervo de la Unión en materia de derechos fundamentales, en particular la [Carta], en las fronteras exteriores. Su contribución incluirá el intercambio de buenas prácticas.»

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El artículo 7 del Reglamento 2019/1896, titulado «Responsabilidad compartida», tiene la siguiente redacción:

«1.   La Guardia Europea de Fronteras y Costas realizará la gestión europea integrada de las fronteras como responsabilidad compartida de [Frontex] y de las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en que lleven a cabo operaciones de vigilancia de las fronteras marítimas y cualesquiera otras tareas de control fronterizo. Los Estados miembros serán los principales responsables de la gestión de sus secciones de las fronteras exteriores.

[…]

4.   [Frontex] apoyará la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores y la ejecución de las decisiones de retorno mediante el refuerzo, la evaluación y la coordinación de las acciones de los Estados miembros y mediante la prestación de asistencia técnica y operativa, para la ejecución de dichas medidas, así como en materia de retorno. [Frontex] no apoyará medidas ni participará en actividades relacionadas con controles en las fronteras interiores. [Frontex] será plenamente responsable y deberá rendir cuentas en relación con todas las decisiones que tome y con todas las actividades de las que sea única responsable en virtud del presente Reglamento.

[…]»

7

El artículo 10 del referido Reglamento, titulado «Tareas de [Frontex]», dispone:

«1.   [Frontex] ejercerá las siguientes funciones:

[…]

[…]

[…]».

8

El artículo 36 del mencionado Reglamento, titulado «Medidas tomadas por [Frontex]», establece en su apartado 2:

«[Frontex] organizará la asistencia técnica y operativa necesaria para el Estado miembro de acogida y podrá, de conformidad con el Derecho de la Unión e internacional aplicables, incluido el principio de no devolución, tomar una o varias de las siguientes medidas:

[…]

[…]».

9

El artículo 37 del mismo Reglamento, titulado «Puesta en marcha de operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas en las fronteras exteriores», dispone:

«1.   Un Estado miembro podrá pedir a [Frontex] que inicie operaciones conjuntas para hacer frente a los retos venideros, como la inmigración ilegal, las amenazas actuales y futuras en las fronteras exteriores o la delincuencia transfronteriza, o que le preste una mayor asistencia técnica y operativa, para el cumplimiento de sus obligaciones de control de las fronteras exteriores. Como parte de esa solicitud, un Estado miembro también podrá indicar los perfiles del personal operativo que necesita para la operación conjunta en cuestión, incluidos aquellos que exijan competencias ejecutivas, si procede.

2.   A solicitud de un Estado miembro que se encuentre ante una situación de retos concretos y desproporcionados, en particular la llegada a determinados puntos de sus fronteras exteriores de un gran número de nacionales de terceros países que tratan de entrar sin autorización en el territorio de ese Estado miembro, [Frontex] podrá desplegar, durante un período limitado de tiempo, una intervención fronteriza rápida en el territorio de dicho Estado miembro de acogida.

3.   El director ejecutivo evaluará, aprobará y coordinará las propuestas de operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas presentadas por los Estados miembros. Las operaciones conjuntas y las intervenciones fronterizas rápidas deberán ir precedidas de un análisis de riesgos detallado, fiable y actualizado, de modo que [Frontex] pueda fijar un orden de prioridades para las operaciones conjuntas y las intervenciones fronterizas rápidas propuestas, teniendo en cuenta el nivel de impacto atribuido a las secciones de la frontera exterior de conformidad con el artículo 34 y los recursos disponibles.

[…]»

10

A tenor del artículo 38 del Reglamento 2019/1896, titulado «Plan operativo para las operaciones conjuntas»:

«1.   Como preparación de una operación conjunta, el director ejecutivo, en colaboración con el Estado miembro de acogida, redactará una lista que incluya el equipamiento técnico, el personal y los perfiles del personal necesarios, incluido el personal con competencias ejecutivas, si procede, que deban autorizarse de conformidad con el artículo 82, apartado 2. […]

2.   El director ejecutivo redactará un plan operativo para las operaciones conjuntas llevadas a cabo en las fronteras exteriores. El director ejecutivo y el Estado miembro de acogida, en estrecha y oportuna consulta con los Estados miembros participantes, acordarán el plan operativo en el que se detallen los aspectos organizativos y procedimentales de la operación conjunta.

3.   El plan operativo será vinculante para [Frontex], para el Estado miembro de acogida y para los Estados miembros participantes. Abarcará todos los aspectos que se consideren necesarios para la realización de la operación conjunta, incluidos los siguientes elementos:

[…]

[…]

[…]

[…]».

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El artículo 39 del referido Reglamento, titulado «Procedimiento para el inicio de una intervención fronteriza rápida», dispone:

«1.   Las peticiones presentadas por los Estados miembros para el inicio de una intervención fronteriza rápida incluirán una descripción de la situación, los posibles objetivos y las necesidades previstas, así como los perfiles del personal que se precise, incluido, en su caso, el personal que tenga competencias ejecutivas. […]

[…]

5.   El director ejecutivo tomará una decisión sobre la solicitud de iniciar una intervención fronteriza rápida en un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en la que se reciba dicha solicitud. El director ejecutivo notificará su decisión por escrito simultáneamente al Estado miembro de que se trate y al consejo de administración. En la decisión se expondrán los principales motivos en que se basa.

[…]

8.   El director ejecutivo y el Estado miembro de acogida redactarán y acordarán de inmediato el plan operativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, y en todo caso en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de la decisión.

[…]»

12

El artículo 44 del mencionado Reglamento, titulado «Agente de coordinación», tiene el siguiente tenor:

«1.   [Frontex] garantizará la ejecución operativa de todos los aspectos organizativos de las operaciones conjuntas, los proyectos piloto o las intervenciones fronterizas rápidas, incluida la presencia de personal estatutario.

[…]

3.   El agente de coordinación actuará en nombre de [Frontex] en todos los aspectos del despliegue de los equipos. El agente de coordinación se encargará de reforzar la cooperación y coordinación entre el Estado miembro de acogida y los Estados miembros participantes. El agente de coordinación contará con la asistencia y el asesoramiento de al menos un observador de los derechos fundamentales. En particular, el agente de coordinación:

[…]

[…]

[…]»

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El artículo 46 del mismo Reglamento, titulado «Decisiones para la suspensión, conclusión o no inicio de las actividades», establece en sus apartados 4 y 5:

«4.   El director ejecutivo podrá, tras consultar con el agente de derechos fundamentales e informar al Estado miembro de que se trate, retirar la financiación de cualquier actividad de [Frontex] o suspender o poner fin, tanto total como parcialmente, a tal actividad, si considera que se están produciendo violaciones de derechos fundamentales o de obligaciones de protección internacional graves o que es probable que persistan en relación con la actividad de que se trate.

5.   El director ejecutivo, tras consultar al oficial de derechos fundamentales, decidirá no iniciar ninguna actividad de [Frontex] cuando, desde el comienzo de esta, considere que hay razones serias para suspenderla o concluirla porque puede provocar graves violaciones de derechos fundamentales o de obligaciones de protección internacional. El director ejecutivo informará al Estado miembro de que se trate de dicha decisión.»

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El artículo 48 del Reglamento 2019/1896, titulado «Retorno», dispone en su apartado 1:

«Sin analizar los fundamentos de las decisiones de retorno, que siguen siendo competencia exclusiva de los Estados miembros, por lo que respecta al retorno, [Frontex], respetando plenamente los derechos fundamentales, los principios generales del Derecho de la Unión y el Derecho internacional, incluida la protección internacional de los refugiados, la observancia del principio de no devolución y los derechos de los menores, en lo que se refiere al retorno, realizará las siguientes tareas:

[…]».

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El artículo 80 del referido Reglamento, titulado «Protección de los derechos fundamentales y estrategia de derechos fundamentales», tiene el siguiente tenor:

«1.   La Guardia Europea de Fronteras y Costas garantizará la protección de los derechos fundamentales en la realización de las tareas que le asigna el presente Reglamento de conformidad con el Derecho de la Unión, especialmente la Carta y el Derecho internacional aplicable, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados[, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967], la Convención sobre los Derechos del Niño [adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1577, p. 3, n.o 27531 (1990)]] y las obligaciones relacionadas con el acceso a la protección internacional, especialmente el principio de no devolución.

Con tal fin, [Frontex], con la contribución del agente de derechos fundamentales y sujeto al respaldo de este, elaborará, aplicará y seguirá desarrollando una estrategia y un plan de acción de derechos fundamentales que incluya un mecanismo eficaz para supervisar el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de [Frontex].

2.   En el ejercicio de sus funciones, la Guardia Europea de Fronteras y Costas garantizará que ninguna persona, vulnerando el principio de no devolución, sea forzada a desembarcar, forzada a entrar o conducida a un país, o entregada o retornada de otra forma a las autoridades de un país cuando exista un grave riesgo, entre otros, de que allí sea condenada a muerte o sometida a tortura, persecución u otras penas o tratos inhumanos o degradantes, o cuando su vida o libertad se vean amenazadas por razón de su raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas, o cuando exista el riesgo de que desde allí sea expulsada, devuelta, extraditada o retornada a otro país vulnerando el principio de no devolución.

3.   En el ejercicio de sus funciones, la Guardia Europea de Fronteras y Costas tendrá en cuenta las necesidades especiales de los niños, los menores no acompañados, las personas con discapacidad, las víctimas de la trata de seres humanos, las personas que requieren asistencia médica, las personas que requieren protección internacional, las personas en peligro en el mar y cualesquiera otras personas que se encuentren en una situación especialmente vulnerable, y abordará estas necesidades en el ámbito de su mandato. La Guardia Europea de Fronteras y Costas prestará especial atención en todas sus actividades a los derechos de los niños, y garantizará el respeto del interés superior del menor.

[…]»

16

El artículo 97 del mencionado Reglamento, titulado «Responsabilidad», dispone en su apartado 4:

«En el caso de la responsabilidad no contractual, [Frontex], de conformidad con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, deberá reparar los daños y perjuicios causados por sus servicios o por su personal en el ejercicio de sus funciones, incluidos los relacionados con el ejercicio de sus competencias ejecutivas.»

17

El artículo 88 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece:

«1.   Las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba podrán practicarse o modificarse en cualquier etapa del procedimiento, bien de oficio, bien a instancia de una parte principal.

2.   La solicitud a la que se hace referencia en el apartado 1 deberá indicar con precisión el objeto de las diligencias solicitadas y las razones que las justifiquen. Cuando esta solicitud se formule tras el primer turno de escritos de alegaciones, la parte que presente la solicitud deberá indicar las razones por las que no pudo presentarla anteriormente.

3.   En caso de solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento o de diligencias de prueba, el Presidente ofrecerá a las demás partes la posibilidad de pronunciarse al respecto.»

18

El artículo 89 del referido Reglamento dispone:

«1.   Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de la forma más adecuada.

2.   Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto, en particular:

3.   Las diligencias de ordenación del procedimiento podrán consistir, en particular, en:

4.   Cuando se organice una vista oral, el Tribunal General instará, en la medida de lo posible, a las partes a que concentren sus informes orales en una o varias cuestiones específicas.»

19

El artículo 90, apartado 1, del mencionado Reglamento tiene el siguiente tenor:

«Las diligencias de ordenación del procedimiento serán acordadas por el Tribunal General.»

20

El artículo 91 del mismo Reglamento dispone:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Estatuto [del Tribunal de Justicia de la Unión Europea], serán admisibles como diligencias de prueba:

21

A tenor del artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, este último determinará mediante auto las diligencias de prueba que considere convenientes y los hechos que deben probarse.

22

El artículo 93 del citado Reglamento establece:

«1.   Los testigos cuyo interrogatorio se considere necesario serán citados en virtud de un auto, contemplado en el artículo 92, apartado 1, que contendrá:

2.   Los testigos serán citados por el Tribunal General, en su caso tras el depósito de la provisión de fondos contemplada en el artículo 100, apartado 1.»

23

El artículo 94 del referido Reglamento tiene el siguiente tenor:

«1.   Después de verificar la identidad de los testigos, el Presidente les indicará que deben refrendar sus declaraciones en la forma establecida en el apartado 5 y en el artículo 97.

2.   Los testigos serán oídos por el Tribunal General, previa citación de las partes. Tras la declaración de los testigos, el Presidente podrá formularles preguntas, a instancia de parte o de oficio.

3.   La misma facultad tendrán los demás Jueces y el Abogado General.

4.   Los representantes de las partes, bajo la autoridad del Presidente, podrán formular preguntas a los testigos.

5.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97, tras su declaración, el testigo prestará el siguiente juramento: “Juro haber dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.”

6.   El Tribunal General, tras oír a las partes principales, podrá dispensar al testigo de prestar juramento.»

24

El artículo 95 del mismo Reglamento establece:

«1.   Los testigos regularmente citados estarán obligados a cumplir con la citación y comparecer al acto del interrogatorio.

2.   Cuando un testigo regularmente citado no comparezca, sin justa causa, ante el Tribunal General, este podrá imponerle una sanción pecuniaria cuyo importe máximo será de 5000 euros y ordenar una segunda citación del testigo a expensas de este.

3.   Igual sanción podrá imponerse al testigo que, sin justa causa, se niegue a declarar o a prestar juramento.»

25

El artículo 106 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone:

«1.   El procedimiento ante el Tribunal General comprenderá, en su fase oral, una vista oral organizada, bien de oficio, bien a instancia de una parte principal.

2.   La solicitud de celebración de una vista oral presentada por una parte principal deberá indicar las razones por las que esta desea ser oída, y deberá presentarse en un plazo de tres semanas a partir de la notificación a las partes de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento. El Presidente podrá prorrogar este plazo.

3.   De no presentarse la solicitud mencionada en el apartado 2, el Tribunal podrá decidir resolver el recurso sin fase oral, si estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente. En tal caso, podrá sin embargo decidir en un momento posterior la apertura de la fase oral del procedimiento.»

26

El artículo 126 del referido Reglamento establece:

«Cuando el Tribunal General sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando este sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.»

27

Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 2 a 5 y 10 del auto recurrido según se indica a continuación:

[…]

28

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 10 de marzo de 2022, el recurrente interpuso un recurso basado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE por el que solicitaba la indemnización del perjuicio que alega haber sufrido debido al comportamiento ilegal de Frontex en el marco de sus operaciones en el mar Egeo, en particular en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020. A este respecto, solicitó que se condenara a Frontex a abonarle la cantidad de 500000 euros en concepto de indemnización por el daño moral que alega haber sufrido como consecuencia de las infracciones de los artículos 38, 46 y 80 del Reglamento 2019/1896, así como de los artículos 1 (dignidad humana), 2 (derecho a la vida), 3 (derecho a la integridad de la persona), 4 (prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes), 6 (derecho a la libertad y a la seguridad), 18 (derecho de asilo), 19 (protección en caso de devolución, expulsión y extradición) y 21 (no discriminación) de la Carta.

29

El 10 de marzo de 2022, el recurrente solicitó al Tribunal General, por una parte, que adoptara diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba para que Frontex aportara documentos que obraban en su poder y, por otra parte, que se celebrara una vista oral. Los días 29 de abril y 18 de mayo de 2022, el recurrente solicitó al Tribunal que adoptara diligencias de ordenación del procedimiento para que Frontex aportara otros documentos.

30

Mediante el auto recurrido, el Tribunal General desestimó el recurso del recurrente. Tras recordar, en los apartados 19 a 23 de dicho auto, los principios que rigen los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión y, en los apartados 28 a 34 del referido auto, los relativos, en particular, a la realidad del daño invocado, el Tribunal General resumió, en el apartado 36 del mismo auto, los hechos que originaron el perjuicio alegado invocados por el recurrente en su demanda en primera instancia, en los siguientes términos:

«El demandante afirma en su demanda que, el 28 de abril de 2020, en torno a las 7.30 horas, veintidós personas, incluyéndole a él, llegaron a la isla de Samos, en Grecia. Llegaron a una playa junto a unas montañas, que comenzaron a subir tras abandonar el bote. Según el demandante, una vez que llegaron a la cima, él tomó fotos y vídeos que envió a un conocido suyo en Austria. El grupo pasó varias horas pidiendo a los habitantes de la zona que llamaran a la Policía. Cuando llegaron los oficiales de policía, confiscaron sus teléfonos y los condujeron en furgoneta a la playa, donde había un barco pequeño y un bote pequeño. Posteriormente, todos los miembros del grupo fueron llevados a bordo de un pequeño bote naranja que, según el demandante, era un bote salvavidas sin ningún medio de propulsión. Una vez en el mar, se obligó al grupo a cambiar de barco dos veces más. Según el demandante, ese tira y afloja se prolongó durante la noche y hasta la tarde del 29 de abril de 2020, momento en el que fueron finalmente recogidos por los guardacostas turcos.»

31

En el apartado 37 del auto recurrido, el Tribunal General señaló que, «para probar esas alegaciones relativas a su presencia y su participación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, el demandante se basa en los siguientes elementos de prueba:

32

En el apartado 39 del auto recurrido, el Tribunal General consideró que esos elementos de prueba eran manifiestamente insuficientes para demostrar de manera concluyente la presencia y la implicación del recurrente en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020. Por las razones expuestas en los apartados 40 a 60 de referido auto, el Tribunal General concluyó, en el apartado 61 de dicho auto, que el recurrente no había demostrado la realidad del perjuicio invocado y que, por tanto, era manifiesto que no se cumplía el requisito relativo a la realidad del daño.

33

Por consiguiente, el Tribunal General, en el apartado 62 del mismo auto, desestimó el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno, sin que fuera necesario examinar si concurrían los demás requisitos que podían generar la responsabilidad extracontractual de Frontex.

34

El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

35

Frontex solicita al Tribunal de Justicia que:

36

En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca un motivo único, basado en la violación por el Tribunal General de los principios que rigen la carga de la prueba, vulnerando los derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, cuyo respeto se impone en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta como umbral mínimo de protección. Este motivo único consta de dos partes, que procede examinar conjuntamente.

37

En la primera parte de su motivo único, el recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General violó los principios que rigen la carga de la prueba, al considerar, en los apartados 35, 39, 61 y 62 del auto recurrido, que manifiestamente no había demostrado suficientemente que se cumplía el requisito para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión relativo a la realidad del daño.

38

A su entender, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») en los asuntos relativos a la expulsión de solicitantes de asilo, habida cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, debe tenerse en cuenta la dificultad, o incluso la imposibilidad, de que esas personas obtengan pruebas. En particular, señala que el TEDH considera que, en tales situaciones, la falta de elementos de prueba directos no constituye un factor decisivo, que con frecuencia es necesario conceder a dichas personas el beneficio de la duda cuando se aprecia la credibilidad de sus declaraciones y de los documentos que las apoyan, y que, cuando esas mismas personas han aportado indicios razonables en apoyo de su versión de los hechos, se invierte la carga de la prueba (véanse, en este sentido, las sentencias del TEDH de 23 de agosto de 2016, J. K. y otros c. Suecia, CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, §§ 92 a 97; de 13 de febrero de 2020, N. D. y N. T. c. España, CE:ECHR:2017:1003JUD000867515, § 85, y de 18 de noviembre de 2021, M. H. y otros c. Croacia, CE:ECHR:2021:1118JUD001567018, § 268).

39

Según el recurrente, al imponer exigencias en materia de prueba que son difíciles, o incluso imposibles, de cumplir en el marco de operaciones de devolución, el Tribunal General vulneró los derechos fundamentales garantizados por la Carta, entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva, y menoscabó el sistema completo recursos establecido por el Tratado FUE. A su juicio, esas exigencias equivalen a eximir a Frontex de toda obligación jurídica de facilitar información pertinente a la que solo ella tiene acceso y de toda consecuencia derivada de la no presentación de dicha información.

40

Además, en su opinión, la imposición de esas exigencias llevó al Tribunal General a incurrir en errores de calificación jurídica de los hechos y en desnaturalizaciones de los elementos de prueba.

41

Así, según el recurrente, en primer lugar, las apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 37, 42, 46, 47, 53 y 55 del auto recurrido, conforme a las cuales las fotografías y los vídeos procedentes del artículo de Bellingcat no permitían identificar al recurrente ni el lugar y la fecha en que fueron tomados, desnaturalizan tales fotografías y vídeos.

42

En segundo lugar, a su entender, en esos apartados, el Tribunal General incurrió en errores de calificación jurídica de los hechos y violó el principio de buena administración de la justicia al considerar que los elementos de prueba aportados por el recurrente eran demasiado imprecisos para poder ser considerados pertinentes y probatorios. A este respecto, el recurrente afirma que las fotografías y los vídeos presentados ante el Tribunal General permiten identificarle y confirmar su presencia en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020. A su juicio, estos hechos quedan corroborados por el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) elaborado a raíz de la investigación OC/2020/0866/A1, relativo a irregularidades graves supuestamente cometidas por Frontex, consistentes, en particular, en haber guardado silencio sobre devoluciones sumarias de migrantes o en haber participado en ellas (en lo sucesivo, «informe de la OLAF»), al que el demandante tuvo acceso tras filtraciones a la prensa. El recurrente señala que solicitó al Tribunal General que adoptara una diligencia de ordenación del procedimiento con el fin de que se aportara ese informe. Sin embargo, según el recurrente, esa petición no fue atendida y ni siquiera se mencionó en el auto recurrido.

43

En tercer lugar, el recurrente sostiene que, en los apartados 40 y 41 del auto recurrido, el Tribunal General incurrió en un error de calificación jurídica de los hechos y desnaturalizó los elementos de prueba al considerar que el testimonio del recurrente que se adjunta a la demanda de primera instancia tiene escaso valor probatorio, no es suficientemente preciso y no permite identificar a las demás personas presentes en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020. El recurrente invoca, en este contexto, el informe de la OLAF, que, a su juicio, demuestra, para empezar, que medios cofinanciados por Frontex participaron en la ejecución de expulsiones colectivas, contrariamente a lo que Frontex afirmó durante la investigación. A continuación, dicho informe acredita, según el recurrente, que Frontex había decidido reubicar sus medios aéreos para no ser testigo de incidentes en el mar Egeo y que sus agentes, por temor a represalias por parte del Estado miembro de acogida, se habían abstenido de comunicar los incidentes. A juicio del recurrente, estos elementos corroboran su alegación de que el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020 es más un caso de no comunicación de un incidente que un caso de no detección del mismo. Por último, a su entender, el citado informe confirma la credibilidad del artículo de Bellingcat sobre el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020. En su opinión, a la vista de dichos elementos, que se presentaron ante el Tribunal General, este debería haber concedido al recurrente el beneficio de la duda a efectos de determinar la realidad de los hechos de que se trata.

44

En la segunda parte del motivo único, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho y de calificación jurídica de los hechos al estimar, en los apartados 14 y 62 del auto recurrido, que los documentos que obran en autos le proporcionaban información suficiente y que el recurso carecía manifiestamente de fundamento jurídico alguno. En esencia, el recurrente reprocha al Tribunal General no haber instruido correctamente el asunto y haber aplicado erróneamente el artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Más concretamente, sostiene que, al negarse, sin proporcionar motivación alguna, a dar curso a sus solicitudes de que se aportase y tuviese en cuenta el informe de la OLAF y los tres informes que figuran en la base de datos de la Aplicación de Transmisión de Información sobre las Operaciones Conjuntas (Joint Operations Reporting Application) (en lo sucesivo, «informes JORA»), a los que Frontex tenía acceso exclusivo, y al negarse a organizar una vista solicitada por el recurrente para que pudiera testificar en ella, el Tribunal General violó el principio de buena administración de la justicia y el principio de igualdad de armas y realizó un examen incompleto de los hechos. Estos errores, que, a juicio del recurrente, menoscaban el sistema completo de recursos establecido por los Tratados y conducen a eximir injustamente a Frontex de toda responsabilidad, vician, a su entender, las apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 14, 58, 59, 61 y 62 del auto recurrido.

45

El recurrente estima, asimismo, que, contrariamente a lo que sostiene Frontex, el presente motivo es admisible. Por una parte, señala que no se basa en elementos de prueba que no figuran en los autos, sino en solicitudes de ordenación del procedimiento dirigidas al Tribunal General con el fin de que se aportasen documentos a los que Frontex tenía acceso exclusivo. Por otra parte, el recurrente invoca una desnaturalización de los elementos de prueba que, a su juicio, se desprende manifiestamente de los documentos que obran en autos, de modo que, a su entender, no es necesario que el Tribunal de Justicia proceda a una nueva apreciación de los hechos y de los elementos de prueba.

46

Frontex alega que el motivo único es manifiestamente inadmisible y, en cualquier caso, manifiestamente infundado.

47

En primer lugar, sostiene que la primera parte del motivo único es inadmisible. Para empezar, a su entender, el recurrente se limita a solicitar el reexamen de los elementos de prueba o la evaluación de elementos de prueba presentados por primera vez en la fase de casación. A continuación, afirma que el recurrente no menciona los apartados impugnados del auto recurrido cuando alega violaciones tanto de los principios que rigen la carga de la prueba como del artículo 52, apartado 3, de la Carta. Además, en su opinión, el recurrente presenta como cuestiones de Derecho lo que son apreciaciones fácticas. Así sucedería con la cuestión de si debía concederse al recurrente el beneficio de la duda, en el sentido de la jurisprudencia del TEDH. Frontex precisa, a este respecto, que esta jurisprudencia no puede prevalecer sobre la norma del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por último, Frontex considera que, en varios aspectos, el recurrente se limita a repetir las alegaciones formuladas en primera instancia.

48

En cualquier caso, según Frontex, esta parte del motivo único es en parte inoperante y en parte infundada. Señala que, para empezar, no se discute en modo alguno que el artículo de Bellingcat no menciona el nombre del recurrente y que la calidad gráfica de esos vídeos es relativamente mediocre. Además, a su entender, las supuestas desnaturalizaciones o errores no han sido probados en modo alguno, ya que estos no se desprenden de manera manifiesta de los documentos obrantes en autos. A continuación, indica que el informe de la OLAF carece de pertinencia, ya que no demuestra en modo alguno que el recurrente esté representado en las fotografías aportadas por este. Por último, afirma que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el Tribunal General tomó debidamente en consideración las alegaciones y los elementos de prueba presentados por aquel.

49

En segundo lugar, Frontex considera que la segunda parte del motivo único también es inadmisible. Por una parte, señala que el recurrente se basa en el informe de la OLAF que no figuraba en los autos de primera instancia. Por otra parte, sostiene que por lo que respecta a los informes JORA, el recurrente no indica los apartados del auto recurrido que impugna sobre la base de dichos informes.

50

En cualquier caso, a juicio de Frontex, esta parte del motivo único es infundada. A este respecto, Frontex considera que el recurrente no puede impugnar la apreciación del Tribunal General que figura en el apartado 14 del auto recurrido, según la cual había sido suficientemente informado por los documentos que obran en autos, ni la desestimación del recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno, en el apartado 62 de dicho auto, invocando el informe de la OLAF, los informes JORA o la solicitud del recurrente de celebrar una vista para poder comparecer ante el Tribunal General.

51

Por lo que respecta a la solicitud del recurrente al Tribunal General de que ordene que se aporte el informe de la OLAF en su totalidad, incluidos sus anexos, Frontex señala que de la sentencia de 16 de julio de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión (C‑481/07 P, EU:C:2009:461), apartado 44, se desprende que solo el Tribunal General puede decidir sobre la necesidad de completar la información de que dispone ordenando diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba, las cuales no pueden tener por objeto suplir la omisión de la parte demandante en la práctica de la prueba. En cualquier caso, a juicio de Frontex, dicho informe carece de pertinencia, ya que el recurrente no indica que su nombre se mencione en él ni que tal informe permita acreditar que estaba representado en las fotografías que aportó en primera instancia.

52

Además, por lo que respecta a la solicitud del recurrente de que se celebre una vista oral para que pueda comparecer en calidad de testigo, Frontex considera que el demandante no tiene en cuenta que corresponde al Tribunal General decidir si un asunto requiere la práctica del interrogatorio de testigos o la celebración de una vista. Frontex precisa que, dado que el recurrente no ha aportado ninguna prueba que demuestre que es una persona afectada por las medidas adoptadas por las autoridades griegas y/o que esté representada en las fotografías presentadas en primera instancia, el Tribunal General no puede estar obligado a adoptar diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba, ya que tales diligencias no habrían permitido aportar los elementos de prueba cuya presentación omitió el recurrente. A su entender, ni el Tribunal General ni el Tribunal de Justicia pueden presumir que el recurrente se viese afectado por el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020. Según Frontex, el recurrente tampoco indica de qué manera una vista ante el Tribunal General habría permitido demostrar que era una de las personas representadas en las fotografías de mala calidad aportadas en primera instancia.

53

Frontex cuestiona, en primer lugar, la admisibilidad del motivo único de casación alegando, en esencia, que el recurrente no identifica con suficiente precisión los apartados del auto recurrido que impugna.

54

A este respecto, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, apartado 99 y jurisprudencia citada).

55

No cumple estos requisitos y debe declararse inadmisible el motivo cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales en los que se base el motivo no resultan de manera suficientemente coherente y comprensible del texto de dicho recurso de casación, formulado de manera oscura y ambigua a este respecto. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la resolución recurrida que pudieran adolecer de un error de Derecho (sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, apartado 100 y jurisprudencia citada).

56

En el caso de autos, en su motivo único, el recurrente ha expuesto las consecuencias de las supuestas violaciones de los principios que rigen la carga de la prueba, a la luz de los derechos garantizados por el CEDH y el artículo 52, apartado 3, de la Carta, con respecto, por una parte, a la instrucción por el Tribunal General del presente asunto y, por otra parte, a la apreciación por el Tribunal General de los documentos que obraban en autos en primera instancia. Asimismo, en cada parte de este motivo, el recurrente ha indicado los apartados del auto recurrido que, en su opinión, adolecen de los errores de Derecho invocados. De ello se deduce que los elementos esenciales en los que se basa este motivo se desprenden de manera suficientemente coherente y comprensible del texto del recurso de casación y que la argumentación del recurrente es suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad.

57

Por tanto, debe desestimarse la causa de inadmisión basada en la falta de identificación suficiente de los apartados del auto recurrido que se impugnan.

58

En segundo lugar, Frontex sostiene que el recurso de casación es inadmisible, en la medida en que, en él, el recurrente intenta presentar como cuestiones de Derecho cuestiones de hecho y solicita al Tribunal de Justicia que proceda a una nueva apreciación de los hechos o de los elementos de prueba. En particular, Frontex alega que la cuestión de la existencia de una duda que debería beneficiar al recurrente es una cuestión de hecho y que las conclusiones de la jurisprudencia del TEDH sobre la carga de la prueba que incumbe a los solicitantes de asilo en los asuntos de expulsión no pueden prevalecer sobre la regla del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual un recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho.

59

A este respecto, del artículo 256 TFUE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los medios de prueba. La apreciación de tales hechos y la valoración de las pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 61 y jurisprudencia citada].

60

No obstante, la cuestión de si, habida cuenta de la jurisprudencia del TEDH y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, las reglas en materia de carga de la prueba aplicables a las personas que se encuentran en una situación como la del recurrente deben adaptarse de manera que se les pueda conceder el beneficio de la duda es una cuestión de Derecho. En efecto, la cuestión del reparto de la carga de la prueba, aunque pueda tener una incidencia en las apreciaciones de hecho del Tribunal General, es una cuestión de Derecho (sentencia de 6 de enero de 2004, BAI y Comisión/Bayer, C‑2/01 P y C‑3/01 P, EU:C:2004:2, apartado 61).

61

Además, en su recurso de casación, el recurrente motiva, de manera específica, las desnaturalizaciones supuestamente cometidas por el Tribunal General. Por tanto, las desnaturalizaciones alegadas no corresponden a una solicitud de nueva apreciación de los hechos o de los elementos de prueba.

62

De ello se deduce que también debe desestimarse la causa de inadmisión basada en la presentación de cuestiones de hecho como cuestiones de Derecho.

63

En tercer lugar, en la medida en que Frontex cuestiona la admisibilidad del recurso de casación alegando que el recurrente se limita a repetir las alegaciones formuladas en primera instancia, es cierto que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación no puede limitarse a repetir los motivos y las alegaciones ya presentados ante el Tribunal General sin formular argumentos destinados a demostrar que este ha incurrido en error de Derecho (sentencia de 26 de junio de 2025, Mainova/Comisión, C‑484/23 P, EU:C:2025:482, apartado 56 y jurisprudencia citada). Sin embargo, en el caso de autos, el recurrente formuló específicamente argumentos destinados a demostrar que, en el auto recurrido, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho, de modo que procede desestimar esta causa de inadmisión.

64

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar la admisibilidad del recurso de casación del recurrente.

65

El recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General violó los principios que rigen la carga de la prueba, desnaturalizó los elementos de prueba e incurrió en errores de calificación jurídica de los hechos al declarar que los elementos de prueba que había aportado el recurrente eran manifiestamente insuficientes para demostrar, de manera concluyente, su presencia y su implicación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, de modo que no había demostrado la realidad del perjuicio que invoca ni, por tanto, el cumplimiento del requisito relativo a la realidad del daño al que se supedita el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión por las actuaciones de Frontex.

66

En primer lugar, procede recordar que Frontex es una agencia de la Unión creada por el Reglamento n.o 2007/2004 con el fin de mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, contemplada actualmente el artículo 77 TFUE, apartado 1, letra c). Del artículo 7, apartados 1 y 4, del Reglamento 2019/1896 se desprende que, si bien Frontex y las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras tienen una responsabilidad compartida a este respecto, Frontex es plenamente responsable y debe rendir cuentas en relación con todas las decisiones que tome y con todas las actividades de las que sea única responsable en virtud de dicho Reglamento.

67

El artículo 97, apartado 4, del Reglamento 2019/1896 establece, al igual que el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, del que constituye una concreción, que, en el caso de la responsabilidad no contractual, Frontex, de conformidad con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, deberá reparar los daños y perjuicios causados por sus servicios o por su personal en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta disposición del Tratado FUE es pertinente en el presente asunto.

68

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, en virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados (véanse las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame,C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 51, y de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, apartado 117 y jurisprudencia citada).

69

De dicha jurisprudencia se desprende también que, en el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Unión, y que el juez de la Unión no está obligado a examinar estos requisitos en un orden determinado (sentencia de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, apartado 61 y jurisprudencia citada).

70

Por lo que se refiere, más concretamente, al segundo de estos mismos requisitos, relativo a la realidad del daño, se exige que el perjuicio cuya reparación se solicita sea real y cierto (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2014, Giordano/Comisión, C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, apartado 36 y jurisprudencia citada).

71

En segundo lugar, por lo que respecta a las reglas en materia de carga y práctica de la prueba relativas al nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, incumbe, en principio, a la parte que invoca esa responsabilidad demostrar mediante pruebas concluyentes que se cumplen los requisitos para que se genere dicha responsabilidad. Así pues, dicha parte está obligada, en particular, a aportar pruebas de la existencia y de la amplitud del perjuicio que invoca (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, Nemea Bank/BCE y otros, C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, apartado 60 y jurisprudencia citada). A tal efecto, la referida parte puede recurrir a medios de prueba de cualquier naturaleza, ya que el principio del Derecho de la Unión es el de la libre aportación de pruebas (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, apartado 92 y jurisprudencia citada).

72

No obstante, en el ejercicio de la competencia que el artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 256 TFUE, apartado 1, confiere al Tribunal General para conocer en primera instancia de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere el artículo 340 TFUE, párrafos segundo y tercero, y al Tribunal de Justicia para conocer de dichos litigios en casación, el juez de la Unión debe garantizar la tutela judicial efectiva de los particulares.

73

En efecto, el recurso de indemnización contemplado en el artículo 268 TFUE debe examinarse en relación con el conjunto del sistema de tutela judicial de los particulares establecido por los Tratados y contribuye al carácter efectivo de dicha tutela (sentencia de 6 de octubre de 2020, Bank Refah Kargaran/Consejo, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, apartado 34 y jurisprudencia citada).

74

A este respecto, procede recordar que del artículo 2 TUE se desprende que la Unión se basa, entre otros, en los principios de igualdad y del Estado de Derecho. Pues bien, la existencia misma de un control judicial efectivo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión es inherente a la existencia del Estado de Derecho (sentencia de 25 de junio de 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, apartado 58 y jurisprudencia citada).

75

Por lo demás, el artículo 47 de la Carta, que constituye la reafirmación del principio de tutela judicial efectiva, exige en su párrafo primero que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tenga derecho a la tutela judicial efectiva, respetando las condiciones establecidas en dicho artículo (sentencia de 6 de octubre de 2020, Bank Refah Kargaran/Consejo, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, apartado 36 y jurisprudencia citada).

76

Por otra parte, procede recordar que, como se desprende del preámbulo de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO 1988, L 319, p. 1), el Tribunal General fue creado para mantener la calidad y eficacia de la protección judicial en el ordenamiento jurídico comunitario, actualmente ordenamiento jurídico de la Unión. Dicho preámbulo precisa, a este respecto, que la atribución al Tribunal General de la competencia para conocer, en primera instancia, de los recursos que requieran un examen profundo de hechos complejos, creando así un doble grado de órganos jurisdiccionales, puede mejorar la protección judicial de los justiciables.

77

Por consiguiente, la aplicación por el Tribunal General de las reglas relativas a la carga y a la práctica de la prueba no puede menoscabar la efectividad de la tutela judicial de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los particulares. Tal aplicación no puede conducir, en particular, a imponer a una parte una carga de la prueba excesiva o imposible de cumplir (probatio diabolica) o a cuestionar el principio de igualdad de armas, que implica, como ha declarado el Tribunal de Justicia, la obligación de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones en condiciones que no la coloquen en una situación de manifiesta desventaja en relación con la parte contraria (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Harman International Industries, C‑175/21, EU:C:2022:895, apartado 62 y jurisprudencia citada).

78

Así pues, al aplicar esas reglas, el Tribunal General debe garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 47 de la Carta, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto del que conoce. Si, a la vista de esas circunstancias, resulta que la aplicación de dichas reglas impone a una parte del litigio una carga de la prueba excesivamente difícil, o incluso imposible, se impone una adaptación de esas mismas reglas.

79

En tercer lugar, procede recordar que se han conferido al Tribunal General facultades para el impulso y la instrucción de los asuntos de que conoce. En efecto, en virtud de los artículos 88 y 89 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá adoptar diligencias de ordenación del procedimiento que tendrán por objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de la forma más adecuada. Como se desprende de una lectura conjunta del artículo 24 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud de su artículo 53, y del artículo 89 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Tribunal General puede adoptar medidas consistentes, en particular, en pedir a las partes que presenten todos los documentos y faciliten todas las informaciones que estime convenientes. El artículo 91 de dicho Reglamento de Procedimiento permite al Tribunal General acordar diligencias de prueba, que incluyen, en particular, la comparecencia personal de las partes, la solicitud a dichas partes de información o la presentación de documentos relativos al asunto. Por otra parte, en virtud de los artículos 26 a 30 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicables al Tribunal General en virtud de su artículo 53, en relación con los artículos 93 a 95 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Tribunal General podrá oír a testigos bajo juramento. Por último, durante la celebración de una vista, el artículo 32 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud de su artículo 53, permite al Tribunal General oír a las partes y a los testigos.

80

Si bien es cierto que corresponde al Tribunal General decidir si es necesario hacer uso de esas facultades (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2016, Heli‑Flight/AESA, C‑61/15 P, EU:C:2016:59, apartado 94 y jurisprudencia citada), no es menos cierto que el Tribunal General debe ejercer dichas facultades respetando plenamente las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta. Por tanto, cuando la aplicación de las reglas en materia de carga y práctica de la prueba no permita excepcionalmente garantizar la tutela judicial efectiva del demandante, el Tribunal General, para garantizar esa tutela, que es fundamental en la Unión como Unión de Derecho, debe hacer uso de las mismas facultades para completar la información de que dispone en el asunto del que conoce.

81

Así pues, el Tribunal General no puede limitarse a desestimar las alegaciones de las partes demandantes por insuficiencia de prueba, cuando lo cierto es que incumbe a dicho Tribunal, en particular, accediendo a una petición de dichas partes demandantes de que se acuerden diligencias de prueba, como la presentación de documentos, hacer disipar la incertidumbre que puede existir en cuanto a la exactitud de tales alegaciones o explicar las razones por las cuales un documento de ese tipo no puede, en ningún caso y sea cual sea su contenido, resultar pertinente para la solución del litigio (véanse, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 1999, Ufex y otros/Comisión, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, apartados 110 y 111, y el auto de 4 de octubre de 2007, Olsen/Comisión, C‑320/05 P, EU:C:2007:573, apartado 64).

82

En el mismo orden de ideas, de reiterada jurisprudencia del Tribunal General se desprende que este último se implica en la búsqueda de elementos de prueba en beneficio de un demandante en el marco de diligencias de ordenación del procedimiento en casos excepcionales en los que dicho demandante los necesita efectivamente para fundamentar su argumentación y se enfrenta a dificultades de acceso o a la denegación de acceso (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal General de 25 de septiembre de 2002, Ajour y otros/Comisión, T‑201/00 y T‑384/00, EU:T:2002:224, apartado 75; de 16 de octubre de 2013, TF1/Comisión, T‑275/11, EU:T:2013:535, apartado 116, y de 11 de diciembre de 2014, van der Aat y otros/Comisión, T‑304/13 P, EU:T:2014:1055, apartado 61, y el auto del Tribunal General de 4 de febrero de 2005, Aguar Fernández y otros/Comisión, T‑20/04, EU:T:2005:35, apartado 36).

83

Para que el Tribunal General intervenga en la búsqueda de los elementos de prueba, la parte que lo solicita debe, no obstante, facilitar al menos un mínimo de elementos que acrediten la utilidad de dicha intervención para las necesidades del procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2011, Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, C‑474/09 P a C‑476/09 P, EU:C:2011:522, apartado 92 y jurisprudencia citada).

84

Corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación en el que se cuestiona la aplicación por el Tribunal General de las reglas relativas a la carga y a la práctica de la prueba, comprobar si este ha cumplido las obligaciones mencionadas en los apartados 78 y 80 de la presente sentencia respetando plenamente las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta.

85

Procede examinar a la luz de estas precisiones preliminares si, en el caso de autos, el Tribunal General incumplió su obligación de adaptar las reglas relativas a la carga y a la práctica de la prueba con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

86

En el apartado 39 del auto recurrido, el Tribunal General consideró que las pruebas aportadas por el recurrente eran manifiestamente insuficientes para demostrar, de manera concluyente, su presencia y su implicación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020.

87

Con el fin de determinar si, como alega el recurrente, esta consideración adolece de un error de Derecho debido a que el Tribunal General no tuvo en cuenta la necesidad de adaptar la carga de la prueba a la vista de las circunstancias particulares de su recurso por responsabilidad extracontractual contra la Unión por los daños que alega haber sufrido como consecuencia de la supuesta infracción del artículo 46, apartados 4 y 5, del Reglamento 2019/1896 y de las supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales derivados de los artículos 1 a 4, 6, 18, 19 y 21 de la Carta por Frontex en ese supuesto incidente, procede señalar que dicho recurso presenta las siguientes particularidades.

88

En primer lugar, el supuesto incidente consistiría en una operación de devolución por vía marítima desde el territorio de la Unión hacia un tercer Estado de personas que, como el recurrente, han huido de su país de origen, sin que se les haya dado la posibilidad de presentar una solicitud de protección internacional en ese territorio. Pues bien, tal operación de devolución sumaria se caracteriza por una gran vulnerabilidad de las personas que son objeto de ella, así como por la falta de identificación y de trato individualizado de esas personas por parte de las autoridades. Además, en el momento de los hechos, dichas personas se encuentran en una situación en la que les resulta muy difícil recabar elementos de prueba para acreditar tales hechos o en la que incluso queda excluida toda posibilidad a este respecto, en particular cuando las autoridades nacionales han confiscado los teléfonos de esas personas.

89

En segundo lugar, como se desprende del apartado 10 del auto recurrido, en el momento del supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, se estaban llevando a cabo dos actividades operativas de Frontex en la zona geográfica en la que supuestamente tuvo lugar dicho incidente, a saber, la intervención fronteriza rápida en el mar Egeo y la operación conjunta «Poseidón».

90

Pues bien, como se desprende de los artículos 1 y 4 del Reglamento 2019/1896, Frontex es una agencia de la Unión que constituye, junto con las autoridades nacionales a que se refiere dicho artículo 4, la Guardia Europea de Fronteras y Costas, encargada de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores, con miras a gestionar esas fronteras eficientemente respetando plenamente los derechos fundamentales, y aumentar la eficiencia de la política de retorno de la Unión.

91

En particular, del considerando 3 del Reglamento 2019/1896 se desprende que, a tal efecto, se han atribuido a Frontex tareas y competencias ampliadas en materia de control de las fronteras exteriores de la Unión, que, como enuncia el considerando 24 de dicho Reglamento, se ven equilibradas con el refuerzo de las salvaguardias de los derechos fundamentales y una mayor obligación de rendir cuentas y responsabilidad por parte de dicha Agencia.

92

Así, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2019/1896, Frontex facilitará y hará más efectiva la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión de las fronteras exteriores y con el retorno. El artículo 7, apartado 4, de dicho Reglamento precisa a este respecto que Frontex apoyará la aplicación de esas medidas mediante el refuerzo, la evaluación y la coordinación de las acciones de los Estados miembros y mediante la prestación de asistencia técnica y operativa, para la ejecución de las referidas medidas. Además, el artículo 10, apartado 1, letras a), b) y g), del referido Reglamento establece que Frontex tiene, en particular, como funciones: supervisar los flujos migratorios y realizar análisis de riesgos que abarquen todos los aspectos de la gestión integrada de las fronteras, supervisar las necesidades operativas de los Estados miembros en relación con la aplicación de los retornos, incluida la recopilación de datos operativos, y asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieran un aumento de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores mediante la coordinación y organización de operaciones conjuntas, teniendo en cuenta que algunas situaciones pueden implicar emergencias humanitarias y salvamento marítimo de conformidad con el Derecho de la Unión y con el Derecho internacional.

93

Al mismo tiempo, como enuncia el considerando 103 del Reglamento 2019/1896, este Reglamento respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos por los artículos 2 TUE y 6 TUE y por la Carta. Así, el artículo 5, apartado 4, del referido Reglamento establece que Frontex contribuirá a la aplicación del acervo de la Unión en materia de derechos fundamentales, en particular la Carta, en las fronteras exteriores y el artículo 10, apartado 1, letra e), del mismo Reglamento encomienda a Frontex la función de supervisar el respeto de los derechos fundamentales en todas sus actividades en las fronteras exteriores y en las operaciones de retorno.

94

El artículo 80, apartados 1 y 2, del Reglamento 2019/1896 precisa a este respecto que la Guardia Europea de Fronteras y Costas garantizará la protección de los derechos fundamentales en la realización de las tareas que le asigna el citado Reglamento de conformidad con el Derecho de la Unión, especialmente la Carta, y el Derecho internacional, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño y las obligaciones relacionadas con el acceso a la protección internacional, especialmente el principio de no devolución. Más concretamente, velará por que, en el ejercicio de sus funciones, ninguna persona sea forzada a desembarcar, forzada a entrar o conducida a un país, o entregada o retornada de otra forma a las autoridades de un país, violando del principio de no devolución.

95

Además, por lo que respecta a la asistencia técnica y operativa en el ámbito del retorno, el artículo 48, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento 2019/1896, en relación con el considerando 81 de dicho Reglamento, precisa que esa asistencia debe realizarse respetando plenamente los derechos fundamentales e incluye la identificación de los nacionales de terceros países sujetos a procedimientos de retorno y otras actividades de los Estados miembros previas al retorno.

96

Habida cuenta de sus tareas de supervisión, recopilación de datos operativos, asistencia a las autoridades de los Estados miembros y su obligación de contribuir a la aplicación del acervo de la Unión en materia de derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la Unión, Frontex puede, en principio, disponer de información pertinente para probar la existencia de devoluciones sumarias.

97

Esta Agencia puede, con mayor razón, disponer de tal información en lo que respecta a las zonas geográficas en las que participa en actividades operativas concretas, como, en el caso de autos, la intervención fronteriza rápida en el mar Egeo y la operación conjunta «Poseidón», mencionadas en el apartado 89 de la presente sentencia, que se estaban llevando a cabo en el momento y en la zona geográfica del supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020.

98

En efecto, como se desprende de los artículos 36, apartado 2, letras a), b) y e), 37, apartados 1 a 3, 38, apartado 2, y 39, apartados 5 y 8, del Reglamento 2019/1896, corresponde al director ejecutivo de Frontex evaluar, aprobar y coordinar tales actividades operativas y elaborar, junto con el Estado miembro de acogida y en consulta con los Estados miembros participantes, el plan operativo para las mismas.

99

Pues bien, de conformidad con el artículo 38, apartado 3, letra d), i) y l), del mencionado Reglamento, el plan operativo es vinculante tanto para Frontex como para esos Estados miembros en lo que respecta, en particular, a la descripción de las funciones, el sistema de información y evaluación y las instrucciones generales para garantizar la protección de los derechos fundamentales durante tales actividades operativas.

100

En particular, Frontex está obligada a garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la ejecución operativa por los agentes de coordinación que, según el artículo 44, apartados 1 y 3, letras b) y d), del citado Reglamento, tienen como función supervisar la correcta ejecución del plan operativo e informar al director ejecutivo en el caso de que las instrucciones que faciliten a sus equipos los Estados miembros de acogida no se ajusten al plan operativo, en particular en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales.

101

Por otra parte, en virtud del artículo 46, apartado 4, del mismo Reglamento, el director ejecutivo de Frontex podrá suspender o pondrá fin a las actividades de esta Agencia si considera que se están produciendo violaciones de derechos fundamentales o de obligaciones de protección internacional graves o que es probable que persistan en relación con esas actividades.

102

Además, la obligación de contribuir a la aplicación del acervo de la Unión en materia de derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la Unión, que se deriva de las disposiciones mencionadas tanto en el apartado anterior como en los apartados 93 a 95 de la presente sentencia, obliga a Frontex a cooperar de manera diligente en cualquier investigación administrativa o procedimiento judicial relativo a supuestas vulneraciones de esos derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la Unión.

103

En tercer lugar, es preciso señalar que el recurso por responsabilidad extracontractual con arreglo al artículo 268 TFUE puede constituir la única vía de recurso que puede garantizar, de modo suficiente, la tutela judicial ante el juez de la Unión contra Frontex.

104

Habida cuenta de estas particularidades de un recurso por responsabilidad extracontractual dirigido contra la Unión por supuestas ilegalidades cometidas por Frontex en relación con una operación de devolución sumaria a un tercer país de la que algunas personas, como el recurrente, afirman haber sido víctimas, no puede exigirse a esas personas que aporten pruebas concluyentes del desarrollo de dicha operación y de su presencia en la misma.

105

En efecto, como también ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, no adaptar la carga de la prueba que incumbe a dichas personas podría obstaculizar cualquier recurso de las víctimas de una operación de devolución sumaria contra Frontex por actos supuestamente ilegales cometidos por esta Agencia, lo que conferiría una inmunidad de hecho a esta última y pondría así en peligro la protección efectiva de los derechos fundamentales de esas víctimas consagrados, en particular, en los artículos 18, 19 y 47 de la Carta.

106

Así pues, cuando unas personas alegan haber sido víctimas de una operación de devolución sumaria, el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 47 de la Carta, exige que baste con que dichas personas aporten indicios razonables del desarrollo de esa operación en la que participa Frontex y de su presencia durante la misma.

107

Esta conclusión es conforme a la jurisprudencia del TEDH.

108

En efecto, en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta, como nivel mínimo de protección, los derechos garantizados por el CEDH que corresponden a los de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Alchaster II, C‑743/24, EU:C:2025:230, apartado 24). Así pues, el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación del artículo 47 de la Carta, cuyos párrafos primero y segundo se corresponden con los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH, garantice un nivel de protección que respete el garantizado por estas disposiciones del CEDH, según las interpreta el TEDH (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2024, KS y otros/Consejo y otros, C‑29/22 P y C‑44/22 P, EU:C:2024:725, apartado 77 y jurisprudencia citada).

109

Pues bien, el TEDH ha declarado reiteradamente, en el contexto de expulsiones colectivas de migrantes, que, cuando la falta de identificación y de tratamiento personalizado por parte de las autoridades estatales constituye el núcleo de la denuncia de una parte demandante, esta última puede limitarse a aportar indicios razonables en favor de la versión de los hechos que presenta. A tal fin, basta con que el demandante proporcione una exposición detallada, concreta y coherente de los acontecimientos de que se trate (véanse, en particular, las sentencias del TEDH de 13 de febrero de 2020, N. D. y N. T. c. España, CE:ECHR:2020:0213JUD000867515, § 85; de 18 de noviembre de 2021, M. H. y otros c. Croacia, CE:ECHR:2021:1118JUD001567018, § 268, y de 7 de enero de 2025, A. R. E. c. Grecia, CE:ECHR:2025:0107JUD001578321, § 214).

110

De ello se deduce que el Tribunal General, en el apartado 39 del auto recurrido, incurrió en un error de Derecho al considerar que procedía apreciar si el recurrente había aportado pruebas concluyentes de su presencia y su implicación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, en lugar de examinar si el recurrente había aportado indicios razonables de dicha presencia e implicación.

111

Este error de Derecho vició necesariamente las apreciaciones del Tribunal General, en los apartados 40 a 57 del auto recurrido, de los elementos de prueba presentados por el recurrente, ya que esta apreciación se realizó a la luz de un nivel de prueba demasiado elevado.

112

Si bien este error de Derecho basta para anular el auto recurrido, incumbe, no obstante, al Tribunal de Justicia, para garantizar el pleno respeto de las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta, apreciar, sobre la base de las constataciones del Tribunal General, si el recurrente aportó indicios razonables de su presencia y su implicación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020.

113

En el apartado 37 del auto recurrido, el Tribunal General señaló que, para probar su presencia y su participación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, el recurrente se basa, en primer lugar, en su propio testimonio, en segundo lugar, en el artículo de Bellingcat y, en tercer lugar, en cuatro fotografías que son capturas de pantalla en color extraídas de los vídeos que figuran en dicho artículo.

114

Para determinar si estos elementos de prueba invocados y presentados por el recurrente pueden considerarse suficientes para aportar indicios razonables de su presencia y su implicación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, es preciso señalar, ante todo, como recordó acertadamente el Tribunal General en los apartados 31 y 32 del auto recurrido, que el corolario del principio de libre aportación de la prueba es el principio de libre apreciación de la prueba. En virtud de este último principio, el único criterio pertinente para apreciar el valor probatorio de las pruebas aportadas lícitamente reside en su credibilidad (sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,C‑99/17 P, EU:C:2018:773, apartado 65 y jurisprudencia citada).

115

Por lo que respecta, en primer lugar, al testimonio escrito del recurrente, procede recordar que la apreciación de su valor probatorio exige comprobar la credibilidad de ese testimonio y la verosimilitud de la información que contiene, teniendo en cuenta, en especial, las circunstancias de la elaboración dicho testimonio, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno [véase, por analogía, el auto de 12 de junio de 2019, OY/Comisión,C‑816/18 P, EU:C:2019:486, apartado 4 (punto 6 de la opinión del Abogado General Pikamäe)].

116

En particular, el testimonio de una parte demandante no puede descartarse por tener escaso valor probatorio sin tener en cuenta el conjunto de las pruebas presentadas en un caso concreto.

117

De ello se deduce que, en los apartados 33 y 40 del auto recurrido, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que, por regla general, el testimonio de la propia parte demandante solo tiene un escaso valor probatorio.

118

Como se desprende de las constataciones que figuran en los apartados 36 y 37 del referido auto, el recurrente, en su testimonio escrito adjunto al escrito de interposición del recurso ante el Tribunal General, ha dado una descripción detallada y coherente de su travesía hacia la isla de Samos, confirmando también que esta tuvo lugar en abril de 2020, y de la operación de devolución sumaria de la que afirma haber sido víctima después de haber llegado a dicha isla.

119

Pues bien, sobre la base de estas constataciones, el Tribunal General debería haber concluido que el testimonio escrito del recurrente era suficientemente detallado, concreto y coherente para constituir un indicio razonable del hecho de que el recurrente fue efectivamente víctima de una operación de devolución sumaria desde la isla de Samos en abril de 2020.

120

La apreciación del Tribunal General, en el apartado 41 del auto recurrido, de que ese testimonio contiene varias declaraciones que no son suficientemente precisas por lo que respecta a los elementos fácticos esenciales no permite concluir que dicho testimonio no constituya un indicio razonable.

121

A este respecto, del apartado 41 del auto recurrido se desprende que, para fundamentar esta apreciación, el Tribunal General indicó, por una parte, que, en respuesta a la cuestión de si se acordaba de la fecha en la que había iniciado su viaje a Europa, el recurrente había afirmado que no recordaba realmente esa fecha, pero que creía que había sido en abril y, por otra parte, que había declarado que formaba parte de un grupo de veintidós personas en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, pero que no había identificado a ninguna de esas otras personas en su testimonio y que no había aportado ningún testimonio procedente de dichas personas.

122

Pues bien, el mero hecho de que una persona que sostiene haber sido víctima de una operación de devolución sumaria no recuerde la fecha exacta en la que emprendió su viaje hacia Europa y no sea capaz de identificar con precisión a las demás víctimas de dicha operación, ni tampoco de aportar su testimonio, no es manifiestamente suficiente para descartar el valor probatorio del testimonio de esa persona a fin de determinar si constituye un indicio razonable.

123

En efecto, como se desprende de los apartados 109 y 115 de la presente sentencia, ese valor probatorio depende únicamente del carácter detallado, concreto y coherente del relato recogido en ese testimonio y de la credibilidad de la información que contiene.

124

Por lo que respecta, en segundo lugar, al artículo de Bellingcat, procede señalar que, como se desprende de las constataciones que figuran en los apartados 50 y 53 a 55 del auto impugnado, este relata la llegada por mar, el 28 de abril de 2020, de un grupo de personas a la isla de Samos, la devolución sumaria de estas personas por parte de las autoridades griegas en una embarcación improvisada sin motor y su rescate al día siguiente por los guardacostas turcos en alta mar. Así pues, el contenido de este artículo concuerda con el testimonio del recurrente.

125

Esta apreciación no queda desvirtuada por las apreciaciones del Tribunal General que figuran en el apartado 55 del auto recurrido, según las cuales, en esencia, por una parte, los datos recogidos en dicho artículo sobre la fecha y el lugar de los hechos que en él se relatan no son suficientemente precisos y, por otra parte, no pudieron verificarse las fuentes en las que se basan las constataciones de los autores del referido artículo. En efecto, si bien estas apreciaciones pueden establecer que el artículo de Bellingcat no puede considerarse una prueba concluyente del supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, no pueden privar a dicho artículo de todo valor probatorio y, por tanto, impedir que se considere que corrobora el indicio razonable que constituye el testimonio escrito del recurrente.

126

Por lo que respecta, en tercer lugar, a las cuatro fotografías procedentes del artículo de Bellingcat, el Tribunal General consideró, en el apartado 48 del auto recurrido, que el recurrente no es fácilmente identificable ni claramente reconocible en ellas y que, por tanto, dichas fotografías no pueden demostrar que la persona indicada en ellas sea la misma que la que figura en el pasaporte del recurrente. Pues bien, aun suponiendo que así fuera, procede señalar que estas apreciaciones del Tribunal General no afectan al hecho de que el testimonio escrito del recurrente, que relata de manera detallada, concreta y coherente una operación de devolución sumaria de la que afirma haber sido víctima en abril de 2020 cuando llegó a la isla de Samos y que está corroborado por el artículo de Bellingcat, constituye un indicio razonable, en el sentido del apartado 106 de la presente sentencia.

127

Por otra parte, el indicio razonable aportado por el recurrente en lo que respecta a su presencia y su implicación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020 no queda desvirtuado por la alegación de Frontex, recogida en el apartado 38 del auto recurrido, según la cual no se le había notificado ningún incidente y no había recibido ninguna información relativa a ese supuesto incidente. En efecto, habida cuenta de su obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y de la información al respecto de que debía disponer, en particular, en el contexto de la intervención fronteriza rápida en el mar Egeo y de la operación conjunta «Poseidón», la referida Agencia no puede invocar, sin más precisiones, su ignorancia en cuanto al supuesto incidente.

128

Por tanto, habida cuenta de que el recurrente no debía aportar una prueba concluyente, sino indicios razonables de su presencia y su implicación en el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, procede declarar que los elementos de prueba invocados y presentados por el recurrente, que forman un conjunto de elementos de prueba concordantes, eran suficientes para aportar tales indicios razonables.

129

De las constataciones que figuran en los apartados 110 y 128 de la presente sentencia se desprende que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho, en los apartados 13, 14, 61 y 62 del auto recurrido, al considerar que, al no haber demostrado el recurrente la realidad de su perjuicio, su recurso debía desestimarse, en aplicación del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno, sin que procediese continuar el procedimiento.

130

Por una parte, con independencia del valor probatorio de los elementos de prueba aportados por el recurrente, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que la falta de demostración por el recurrente de la realidad de su perjuicio justificaba la desestimación de su recurso de responsabilidad extracontractual por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno, en aplicación del mencionado artículo 126.

131

Por otra parte, habida cuenta, en primer lugar, de las particularidades del litigio expuestas en los apartados 88 a 103 de la presente sentencia y, en segundo lugar, del hecho de que el recurrente aportó indicios razonables de la devolución sumaria de la que afirma haber sido víctima, presentando un testimonio escrito y el artículo de Bellingcat, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no continuar el procedimiento para instruir el asunto pendiente ante él antes de pronunciarse sobre el mismo.

132

Cuando un demandante aporta indicios razonables de que ha sido víctima de una devolución sumaria y reprocha a Frontex su implicación en dicha devolución sumaria, incumbe al Tribunal General continuar el procedimiento e instruir el asunto del que conoce para apreciar, sobre la base de todos los datos de que dispone, la veracidad de este hecho. Si el Tribunal General llega a la conclusión de que esos indicios razonables no han quedado refutados durante un interrogatorio al demandante ni por las pruebas y alegaciones presentadas por las demás partes en el asunto en sus escritos procesales ni por otros eventuales elementos de prueba obtenidos en el marco de la instrucción del asunto, ese hecho deberá presumirse probado.

133

En particular, a la vista de la información de que debía disponer Frontex para ejercer sus funciones y competencias, así como de su obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales durante la intervención fronteriza rápida en el mar Egeo y la operación conjunta «Poseidón», el Tribunal General estaba obligado, en el presente asunto, a adoptar diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba para obtener de dicha Agencia toda la información pertinente de que dispusiese con el fin de aclarar las circunstancias del supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020. Esta instrucción era necesaria para que, habida cuenta de la adaptación de la carga de la prueba de la que se beneficia el recurrente a la luz de las consideraciones expuestas en el apartado 106 de la presente sentencia, el Tribunal General pudiera efectivamente estar suficientemente informado para apreciar la procedencia del recurso del recurrente y pudiese garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de este último.

134

A este respecto, procede señalar que, durante el procedimiento ante el Tribunal General, el recurrente formuló varias solicitudes para que se adoptaran tales diligencias.

135

En primer lugar, el 10 de marzo de 2022, el recurrente solicitó al Tribunal General, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba, que instara a Frontex a darle acceso a los siguientes documentos.

136

Para empezar, solicitó el acceso a las partes principales del plan operativo, a todos sus anexos y al manual relativo al plan operativo, por lo que respecta a la intervención fronteriza rápida en el mar Egeo durante el año 2020.

137

A continuación, solicitó que se transmitiera toda la correspondencia, incluidos, aunque no exclusivamente, los escritos, correos electrónicos y todos los archivos adjuntos, los documentos, incluidos, aunque no exclusivamente, las evaluaciones, descripciones, briefings, notas, informes y análisis, y las comunicaciones entre la demandada y las autoridades griegas en preparación de la intervención fronteriza rápida en el mar Egeo durante el año 2020, incluidos todos los documentos intercambiados que contuviesen una descripción de la situación y de los objetivos de la operación de que se trata, en el sentido del artículo 39 del Reglamento 2019/1896.

138

Por último, requirió la presentación de toda la correspondencia, incluidos, aunque no exclusivamente, los correos electrónicos, mensajes, notas y cartas, así como todos los documentos adjuntos entre, por una parte, el director ejecutivo de Frontex y, por otra parte, el Ministerio de Migración griego, la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex y cualquier otra persona, en relación con las operaciones de devolución documentadas que tuvieron lugar los días 18 y 19 de abril de 2020, es decir, diez días antes del supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020.

139

En segundo lugar, en su solicitud de 10 de marzo de 2022, el recurrente solicitó también al Tribunal General que organizara una vista oral para que pudiera testificar oralmente sobre la operación de devolución en el mar Egeo de la que afirma haber sido víctima y sobre el daño moral que sufrió como consecuencia de ella.

140

En tercer lugar, el 29 de abril de 2022, el recurrente pidió al Tribunal General, en concepto de diligencia de ordenación del procedimiento, que solicitara a Frontex que presentara el informe de la OLAF en su totalidad, incluidos sus anexos.

141

En cuarto lugar, el 18 de mayo de 2022, el recurrente solicitó al Tribunal General, en concepto de diligencia de ordenación del procedimiento, que ordenara a Frontex que presentara los informes JORA relativos a los incidentes que tuvieron lugar los días 28 y 29 de abril de 2020.

142

Además, con respecto a cada una de sus solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba, el recurrente facilitó un mínimo de elementos que acreditaban la utilidad de dichas diligencias para las necesidades del procedimiento, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 83 de la presente sentencia.

143

En efecto, por lo que respecta a la solicitud de presentación íntegra del informe de la OLAF, el recurrente alegó que dicho informe, que aún no se había publicado en el momento de la interposición de su recurso ante el Tribunal General, documentaba, entre otras cosas, una operación de devolución en el mar Egeo que tuvo lugar los días 28 y 29 de abril de 2020. Además, según el recurrente, dicho informe confirma sus alegaciones ante el Tribunal General de que, por una parte, el Consejo de Administración de Frontex estaba informado de la participación de medios y agentes de dicha Agencia en operaciones de devolución ilegales y, por otra parte, se ocultó y tergiversó la información y las pruebas relacionadas con esas acciones y omisiones ilegales, lo que impidió, en particular, que Frontex ejerciera sus prerrogativas de conformidad con el artículo 46, apartados 4 y 5, del Reglamento 2019/1896. Asimismo, a juicio del recurrente, el referido informe permite demostrar que la falta de notificación de la operación de devolución de los días 28 y 29 de abril de 2020 no se debió a la falta de detección por parte de un avión de vigilancia de Frontex altamente equipado que sobrevolaba una zona en la que las distancias para cruzar el mar son muy cortas, sino que se debía a una cultura organizativa dentro de Frontex según la cual era preciso «cerrar los ojos» ante las vulneraciones de los derechos fundamentales de los migrantes.

144

En apoyo de su solicitud de presentación de los informes JORA, el recurrente alegó que, a raíz de una investigación llevada a cabo por un consorcio de periodistas de investigación publicada el 28 de abril de 2022, había conseguido obtener pruebas que acreditaban que tres operaciones distintas tuvieron lugar los días 28 y 29 de abril de 2020 en una zona cubierta por las operaciones de Frontex, y que todas ellas fueron clasificadas en la base de datos de la Aplicación de Transmisión de Información sobre las Operaciones Conjuntas (Joint Operations Reporting Application), alojada en el servidor de Frontex, como operaciones de «prevención de salidas».

145

En cuanto a las solicitudes de presentación de documentos formuladas el 10 de marzo de 2022, el recurrente consideró, en esencia, que eran necesarias para que el Tribunal General pudiera determinar si las acciones y omisiones reprochadas a Frontex podían dar lugar a su responsabilidad extracontractual, como alegaba en su recurso en primera instancia.

146

A la vista de las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento y de prueba formuladas por el recurrente, así como de los elementos aportados por este para acreditar la utilidad de dichas diligencias, procede recordar que, aunque corresponde al Tribunal General, con arreglo a los artículos 90, apartado 1, 92, apartado 1, y 106 de su Reglamento de Procedimiento, decidir sobre la utilidad de tales diligencias para la solución del litigio del que conoce, incumbe, sin embargo, al Tribunal de Justicia verificar si el Tribunal General cometió un error de Derecho al denegar dichas solicitudes (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2011, Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, C‑474/09 P a C‑476/09 P, EU:C:2011:522, apartado 93 y jurisprudencia citada).

147

En particular, como se desprende de los apartados 80 y 84 de la presente sentencia, corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación que impugna la aplicación por parte del Tribunal General de las reglas relativas a la carga y la práctica de la prueba, comprobar si este ejerció dicha facultad respetando plenamente las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta.

148

Pues bien, procede considerar que, al haber aportado indicios razonables de haberse visto afectado por una operación de devolución sumaria y a falta de cooperación voluntaria por parte de Frontex, el recurrente está comprendido en los casos excepcionales contemplados por la jurisprudencia recordada en los apartados 81 y 82 de la presente sentencia que justifican la implicación del Tribunal General, mediante la adopción de diligencias de ordenación del procedimiento y de prueba como las sugeridas por el recurrente, en la búsqueda de elementos de prueba que podrían estar en poder de Frontex en relación con la referida devolución sumaria.

149

A este respecto, es preciso subrayar, en particular, que el informe de la OLAF, que ha sido parcialmente divulgado por diversos medios de comunicación y que se adjunta al recurso de casación del recurrente, hace referencia expresa, en el punto 2.2.1, letra c), a las operaciones de expulsión colectiva que tuvieron lugar los días 28 y 29 de abril de 2020, de las que el recurrente alega haber sido víctima, e indica que dos entidades de Frontex (la risk analysis unit o «RAU» y la vulnerability assessment unit o «VAU») confirmaron la credibilidad de algunos informes open source, entre ellos el artículo de Bellingcat, que se refieren precisamente a esos hechos.

150

Por tanto, el Tribunal General no podía, sin incurrir en un error de Derecho, denegar las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba del recurrente por las razones invocadas en el apartado 60 del auto recurrido, a saber, que no estaría en modo alguno obligado a proceder a la práctica de pruebas complementarias sobre los hechos controvertidos, aunque llegara a la conclusión de que ninguno de los elementos obrantes en autos resultaba probatorio al término de su análisis.

151

Además, por lo que respecta a la solicitud del recurrente de que se organice una vista oral para que pueda testificar oralmente ante el Tribunal General, este último incurrió en un error de Derecho, en el apartado 58 del auto recurrido, al denegar dicha solicitud basándose en que, habida cuenta de la conclusión de que los elementos de prueba aportados por el recurrente no eran manifiestamente idóneos para demostrar los hechos que dieron lugar al perjuicio alegado y de que, en general, el testimonio de la parte demandante solo tiene escaso valor probatorio, el interrogatorio al recurrente no le permitiría a este satisfacer la carga de la prueba de los hechos que dieron lugar al perjuicio alegado que le incumbe, máxime cuando ya había presentado su testimonio escrito.

152

En efecto, como se ha señalado en los apartados 116 y 117 de la presente sentencia, el Tribunal General no puede considerar, a priori, que el testimonio de la propia parte demandante tenga, por regla general, escaso valor probatorio. Además, por las razones invocadas en los apartados 113 a 128 de la presente sentencia, el testimonio escrito del recurrente, corroborado por el artículo de Bellingcat y que, por tanto, constituye un conjunto de elementos de prueba concordantes, es un indicio razonable de que se vio afectado por el supuesto incidente de los días 28 y 29 de abril de 2020, de modo que interrogar al recurrente habría podido permitir al Tribunal General obtener precisiones sobre los hechos expuestos en su testimonio escrito y apreciar plenamente la credibilidad de dicho testimonio.

153

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar el motivo único de casación y, por consiguiente, anular el auto recurrido.

154

De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

155

No ocurre así en el caso de autos. En efecto, al no haber instruido el Tribunal General debidamente el litigio para determinar si se cumplen los requisitos de la responsabilidad extracontractual de Frontex, el estado del litigio no permite resolverlo. Por tanto, procede devolver el asunto al Tribunal General para que resuelva el recurso del recurrente.

156

Dado que el asunto se devuelve al Tribunal General, procede reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: