EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

El presupuesto a largo plazo de la UE en una encrucijada

1.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión Europea de contar con un presupuesto más específico, más basado en las políticas, más sencillo y más flexible y efectivo, tal como se esboza en la Comunicación «La ruta hacia el próximo marco financiero plurianual», así como la puesta en marcha de una consulta pública a escala de la Unión;

2.

señala que muchos informes recientes (Letta, Draghi, Niinistö) han hecho hincapié en que la Unión adolece de un enorme déficit de inversión para la consecución de sus crecientes ambiciones, desde la resiliencia civil y climática, la seguridad, la defensa y la preparación militar hasta la necesidad de recuperar la competitividad y de realizar objetivos ecológicos y digitales; insiste en que las regiones y ciudades son conscientes de que desempeñan un papel decisivo en la consecución de los objetivos políticos de una UE competitiva;

3.

afirma tajantemente que las nuevas prioridades deben conllevar una nueva financiación, dado que las necesidades de la política de cohesión, financiadas por los actuales programas europeos, siguen existiendo y constituyen una prioridad; por tanto, pide urgentemente a la Unión que se dote de medios financieros suficientes para cumplir sus importantísimos nuevos objetivos en un contexto geopolítico difícil, sin poner en peligro sus prioridades de larga data y los objetivos del Tratado;

4.

considera que el presupuesto de la Unión debe ir financiándose cada vez más con nuevas fuentes de financiación de las señaladas en la hoja de ruta sobre nuevos recursos propios (1); insta al Consejo a que alcance un acuerdo, sin más demora, sobre el paquete de propuestas presentado por la Comisión;

5.

pide que se realice un esfuerzo adicional extraordinario en la UE para ajustar el gasto público. Los europeos deben percibir claramente que sus recursos se gestionan con la máxima eficacia y que las instituciones de la UE son austeras y eficientes. Por lo tanto, antes de hablar abiertamente de nuevos recursos adicionales para aumentar los ingresos, las instituciones deben dar muestras de moderación en el gasto;

Un MFP posterior a 2027 elaborado con los entes locales y regionales como socios estratégicos

6.

destaca que el MFP posterior a 2027 debe reflejar el principio de subsidiariedad activa y tener en cuenta la mejora de la legislación; considera que puede ser la expresión de una nueva cultura de la confianza en la que los entes locales y regionales sean considerados socios fiables e indispensables para aplicar la agenda estratégica de la UE debido a sus conocimientos únicos de las necesidades de inversión locales;

7.

se opone, por lo tanto, a cualquier medida directa o indirecta de centralización en el ámbito de la política de cohesión y se muestra dispuesto a explorar cualquier vía jurídica, en particular según lo dispuesto en el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y el artículo 263 del TFUE, para bloquear cualquier tentativa en ese sentido; aboga por que se establezcan más garantías jurídicas en el marco posterior a 2027 con el fin de velar por una mayor descentralización y una amplia participación de los entes locales y regionales en los procesos decisorios; respalda, a este respecto, el compromiso público de la Comisión de que la fijación y el cumplimiento las prioridades de la Unión se lleven a cabo de manera conjunta con los Estados miembros y las regiones que configuran las inversiones sobre el terreno; en particular, este plan nacional único debe ser negociado entre la Comisión, el Estado miembro y la región. La experiencia adquirida con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia demuestra que la planificación centralizada se traduce en un diseño más rígido, fija objetivos desvinculados de las necesidades regionales e imposibilita la transferencia de los recursos asignados a líneas de actuación no solicitadas a otras que dan buenos resultados;

8.

subraya que la aplicación plena y correcta del principio de asociación requiere una ejecución simultánea en tres dimensiones: a nivel horizontal (con la participación de todos los socios pertinentes del programa, en particular la sociedad civil y los agentes socioeconómicos), a nivel vertical (mediante una verdadera gobernanza multinivel que garantice la participación activa de todos los niveles de gobierno, incluidos los entes locales y regionales) y a nivel territorial (mediante una coordinación coherente y sinergias entre todos los programas de la UE que se estén desarrollando en la misma zona geográfica, evitando compartimentos estancos y mejorando el desarrollo territorial integrado);

9.

expresa su preocupación por el hecho de que recurrir a la herramienta de coordinación de la competitividad o al proceso del Semestre Europeo como mecanismos orientadores para vincular las prioridades de la UE con su presupuesto podría conducir a una mayor centralización y marginalizar a los gobiernos subnacionales, lo cual socavaría la responsabilización local y, por tanto, la calidad de la aplicación; reitera su llamamiento en anteriores dictámenes en favor de un código de conducta para la participación de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo, que debería ser más transparente, inclusivo y democrático gracias a la participación de estos entes;

10.

reafirma su posición de que un pacto de asociación europeo, tal como se ha definido en anteriores dictámenes del CDR (2), debe ser una herramienta vinculante y estratégica a efectos de garantizar la aplicación efectiva del principio de asociación y crear sinergias entre las políticas de la UE y la acción financiera de la UE;

11.

pide a la Comisión que reconozca explícitamente las características específicas de los entes locales y regionales, que son mucho más que simples partes interesadas o beneficiarios de los fondos de la Unión, que reconozca también la cooperación territorial europea como prioridad y paradigma del valor añadido europeo y que la refuerce en el próximo MFP (3), ya que no hacerlo supone un obstáculo a la capacidad de los entes locales y regionales para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de la Unión; en particular, las regiones desfavorecidas desde el punto de vista geográfico y económico en declive demográfico carecen muy a menudo de los recursos o la capacidad administrativa necesarios para alcanzar estos objetivos;

12.

considera que los entes locales y regionales competentes deben ser objeto de un reconocimiento explícito en el Reglamento Financiero y participar sistemáticamente en todo el proceso de programación, ejecución y seguimiento de los fondos de la UE que presenten una vertiente territorial, incluidos los de gestión directa (4);

13.

insiste en que la cuestión central sigue siendo la de la concepción y los mecanismos de ejecución de los diversos programas financieros plurianuales integrados en el MFP; sostiene que el número de programas bajo todas las formas de gestión no debe estar predeterminado por adelantado de forma artificial, sino que debe evolucionar en función del contexto propio a cada política y del nivel territorial óptimo, evitando al mismo tiempo la proliferación de programas e iniciativas presupuestarias;

14.

está de acuerdo en que es necesario consolidar los programas, siempre que ello reduzca eficazmente los solapamientos y contribuya a una verdadera simplificación, también en lo que respecta a los requisitos de información, sobre la base de las necesidades y capacidades de los beneficiarios;

15.

considera que el próximo MFP debe facilitar aún más la combinación, la coordinación y la complementariedad de los programas plurianuales, así como las sinergias entre las políticas regionales, nacionales y de la UE y las fuentes de financiación, con el fin de reforzar el impacto global y la coherencia de la ayuda financiera de la Unión;

16.

hace hincapié en que el MFP no debe apoyar proyectos ni medidas que no sean compatibles con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión o sus objetivos políticos a largo plazo, como la neutralidad climática antes de 2050, y solicita salvaguardias sólidas que permitan garantizar la coherencia entre todos los instrumentos de financiación;

17.

considera que la armonización en un marco único de las normas por las que se rigen los fondos podría ser beneficiosa, independientemente del número de fondos, siempre que dicha armonización no obre en detrimento de la gobernanza multinivel de la futura política de cohesión;

18.

señala que la aplicación de un enfoque orientado a los resultados más desarrollado en el próximo MFP requiere una toma de decisiones políticas sólida, basada en datos contrastados y orientada en función del impacto, apoyada por una mejor recopilación, análisis y evaluación de los datos a escala europea, nacional y regional a fin de garantizar que la diversidad territorial quede reflejada en los objetivos de inversión y los indicadores de evaluación, así como la integración de la prospectiva estratégica y la promoción de los ecosistemas de innovación dinámicos de base local en la programación; subraya que no se debe considerar a los entes locales y regionales responsables del incumplimiento de los objetivos nacionales, sobre todo cuando no disponen de las competencias, los recursos o los poderes decisorios necesarios para influir en los resultados;

19.

advierte contra un enfoque que tenga por objetivo principal acelerar la ejecución financiera del presupuesto de la Unión; lamenta el fuerte incremento en la proporción de programas financieros plurianuales que no tienen en cuenta el factor territorial gestionados de forma centralizada en el marco del MFP 2021-2027; subraya que, al final de los períodos de programación, no existen diferencias significativas en la ejecución presupuestaria entre los fondos en régimen de gestión compartida y los fondos en régimen de gestión directa, a pesar de que los fondos en régimen de gestión compartida tienen un calendario de ejecución presupuestaria diferente;

20.

considera que el próximo MFP debe evaluar y determinar los medios e incentivos adecuados para atraer capital privado, desarrollar asociaciones público-privadas y fomentar la colaboración entre los sectores público y privado con el fin de aprovechar la financiación de la Unión para alcanzar los objetivos políticos; pide a la Comisión que presente una evaluación exhaustiva de los distintos tipos de mecanismos de financiación combinada aplicados hasta la fecha, teniendo en cuenta especialmente su accesibilidad y su impacto para todos los tipos de entes locales y regionales;

Un nuevo MFP basado en principios transversales que tengan en cuenta las circunstancias locales

21.

acoge con satisfacción la introducción de principios transversales integrados en todos los fondos en el marco del actual MFP 2021-2027 (clima, biodiversidad, género, ODS), pero considera que puede mejorarse aún más la medición del impacto de estos principios en diversas zonas geográficas; pide que se mantenga el principio de «no causar un perjuicio significativo» y que se introduzcan medidas claras para detectar y prevenir las prácticas de blanqueo ecológico en la ejecución de los programas de financiación de la Unión;

22.

señala que, de conformidad con el artículo 3 del TUE, la «cohesión económica, social y territorial» es un objetivo fundamental de la UE; subraya que, si bien la Comisión ha introducido en el debate público el principio de «no perjudicar a la cohesión» , hasta ahora no lo ha puesto en práctica; pide a la Comisión que utilice sistemáticamente las evaluaciones de impacto territorial, la verificación rural y principios transversales generalmente aceptados como la igualdad de género y la no discriminación a la hora de elaborar y ejecutar los programas de financiación plurianuales posteriores a 2027;

23.

apoya la opinión de la Comisión de que no debe gastarse un solo euro en actividades en las que no se salvaguarden los principios del Estado de Derecho o la protección de los intereses financieros de la Unión; insiste en la aplicación estricta del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho [Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 (5)], y en particular de las disposiciones de su artículo 5, apartado 2, que exigen que las autoridades de los Estados miembros sigan ejecutando los programas afectados por la suspensión de la financiación de la Unión a fin de proteger a los beneficiarios finales a escala regional y local; insiste, a este respecto, en que la salvaguardia de los principios del Estado de Derecho y la protección de los intereses financieros de la Unión son, de hecho, dos caras de la misma moneda, de modo que cuanto más estrictas sean las normas democráticas de los Estados miembros, mayores serán las garantías de protección de los intereses financieros de la Unión;

Agilidad del MFP posterior a 2027

24.

comparte la evaluación general de la Comisión de que el presupuesto de la Unión debe ser más ágil para responder con mayor rapidez a los acontecimientos imprevistos y a la evolución de las prioridades políticas; subraya, no obstante, que una mayor flexibilidad debe ir acompañada de transparencia, rendición de cuentas y una participación temprana de los entes locales y regionales para garantizar que las respuestas aportadas sigan siendo equilibradas desde el punto de vista territorial;

25.

está de acuerdo en que deben revisarse los actuales mecanismos de flexibilidad integrados tanto en el propio Reglamento MFP como en cada programa plurianual (cuando proceda);

26.

propone, por tanto, que se integre desde el principio en el Reglamento MFP un fondo de emergencia mayor y un paquete general de reserva de flexibilidad más generosamente dotado a fin de responder a perturbaciones imprevistas y retos emergentes; subraya, en este contexto, que la política de cohesión debe seguir centrándose en sus objetivos de desarrollo a largo plazo y no debe utilizarse como instrumento de gestión de crisis;

27.

subraya que para reaccionar a perturbaciones imprevistas y nuevos retos no debería recurrirse a políticas y fondos existentes —por ejemplo, la cohesión o la agricultura— como variable de ajuste, que es lo que sucede actualmente, lo que socava la consecución de sus objetivos basados en el Tratado y la estabilidad normativa en detrimento de las autoridades de gestión y los beneficiarios;

28.

coincide en que, teniendo en cuenta el contexto geopolítico, es necesario encontrar un nuevo equilibrio entre flexibilidad y estabilidad dentro del MFP; está abierto a soluciones innovadoras, siempre y cuando los programas de apoyo a las inversiones y los objetivos a largo plazo se mantengan y no estén sujetos a cambios legislativos y reafectaciones recurrentes;

Forjar juntos un futuro sostenible: la cohesión al servicio de una Europa competitiva e inclusiva  (6)

29.

pide que la política de cohesión siga siendo un pilar fundamental del modelo de crecimiento de la Unión y la principal política de inversión descentralizada a largo plazo para todas las regiones en el MFP posterior a 2027, con una asignación financiera superior, en términos reales, a la del MFP actual; hace hincapié en que sus prioridades siempre han estado alineadas con las prioridades generales de la Unión; reitera sus anteriores recomendaciones de una reforma global de la política de cohesión con el fin de reforzar su papel orientado al futuro sin poner en tela de juicio sus principios fundamentales; subraya que la aplicación de la política de cohesión ya está sujeta a un marco de rendimiento muy sofisticado, y considera que el enfoque basado en el rendimiento, orientado a promover la innovación social y el progreso sostenible, puede seguir perfeccionándose para que la política tenga una pertinencia, una eficiencia y un impacto aún mayores, combinando su dimensión territorial con una mayor atención a los resultados (7);

30.

destaca que otros actores mundiales importantes han adoptado recientemente políticas de base local a gran escala para reforzar sus industrias; considera que la Comisión debe basarse en iniciativas recientes de la OCDE, como las «políticas de base local para el futuro» y la «Recomendación del Consejo de la OCDE sobre una inversión pública eficaz a todos los niveles de gobierno»  (8) , a fin de elaborar directrices de la UE sobre inversión pública en todos los niveles de gobierno, propiciar una descentralización efectiva y elaborar directrices para una financiación eficaz de base local y apta para el futuro;

31.

considera necesario centrar el MFP y los instrumentos de financiación de la política común en aquellos ámbitos en los que pueda generarse un alto nivel de valor añadido europeo; señala, en este contexto, que los programas de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional revisten especial importancia para la creación de valor añadido europeo;

32.

destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos para desarrollar ecosistemas de investigación e innovación de base local para ayudar a resolver las disparidades y cerrar la brecha en materia de innovación tanto dentro de Europa como entre la Unión y los Estados Unidos, así como con China y otras regiones emergentes; hace hincapié en la necesidad de un enfoque diferenciado basado en las necesidades de cada región, con apoyo a la excelencia y apoyo estructural; subraya la importancia de mantener el procedimiento competitivo de probada eficacia, basado en el principio de excelencia, en la financiación de la investigación en la UE; destaca la necesidad de que el presupuesto a largo plazo de la Unión invierta en programas inteligentes destinados a apoyar la creación de economías locales y regionales prósperas, basadas en cadenas de valor industriales interregionales y ecosistemas regionales de innovación mejorados; señala, a este respecto, que las «estrategias de especialización inteligente» (S3/S4) son un poderoso factor de excelencia para los ecosistemas de innovación regionales y locales, y que la programación estratégica del apoyo a la I+i en Europa debe crear interfaces más eficaces con estas estrategias; señala la necesidad de un apoyo específico para garantizar que el mercado desarrolle a mayor escala y adopte tecnologías facilitadoras clave, como los productos de tecnología limpia y los materiales innovadores en la economía circular;

33.

recuerda que sigue siendo necesario contar con instrumentos sólidos y ambiciosos de la Unión —incluidos el Fondo Social para el Clima, el programa LIFE y los programas de ayuda de preadhesión— como parte de un MFP orientado al futuro a fin de seguir avanzando hacia la neutralidad climática de aquí a 2050, garantizando al mismo tiempo que todos los ciudadanos, empresas y territorios reciban una asistencia adecuada para la transición;

34.

Además, hace hincapié en el papel fundamental de la investigación y la innovación (I+i) en la mejora de la competitividad europea, como han demostrado sistemáticamente los programas marco de I+i a lo largo de cuatro décadas. Pide un programa independiente del 10.o PM con un mayor presupuesto y más apoyo a los ecosistemas regionales que dé prioridad a la culminación del Espacio Europeo de Investigación (EEI) mediante el desarrollo continuo de centros del EEI, la libre circulación de investigadores y la participación estructurada de los entes locales y regionales en la gobernanza del EEI, en particular a través del Foro del EEI. Aboga por promover la innovación y las colaboraciones transfronterizas, defendiendo el principio de especialización inteligente (S3) y sus sinergias con otros fondos de la Unión;

35.

apoya el llamamiento del Parlamento Europeo (9) a mejorar significativamente el diseño y la ejecución de las misiones de la UE, como la misión sobre ciudades inteligentes y climáticamente neutras; subraya que el enfoque actual no presta suficiente atención al fomento de las ideas rompedoras y ascendentes en I+i y que las misiones de la UE deben reorientarse con el fin de estimular la creatividad, la experimentación y la investigación novedosa que aborde directamente los retos sociales acuciantes; hace hincapié en que la participación activa de los entes locales y regionales es fundamental para el éxito de las misiones de la UE, dado su papel en la aplicación de soluciones de base local y en la implicación de las partes interesadas locales; llama la atención sobre la necesidad de centrarse en resultados prácticos y mensurables, ya que estas iniciativas pueden impulsar una transformación sistémica y reforzar la competitividad general de la UE;

36.

pide, de cara a la creación de un Fondo Europeo de Competitividad como elemento esencial del próximo presupuesto de la UE, que se incluya a las regiones en la concepción y la gestión de este Fondo, ya que los entes regionales son verdaderos catalizadores de proyectos con gran capacidad de movilización y que generan valor añadido;

37.

señala que todos los ámbitos de la Unión se encuentran inmersos en una triple transición (ecológica, digital y demográfica); considera que el próximo MFP debe basarse en una estrategia de transición justa integrada y global adaptada a las necesidades y circunstancias específicas de cada ámbito y dotada de financiación suficiente; subraya el impacto asimétrico de estas transiciones a nivel subnacional y pide un apoyo adicional y a medida, en particular en aquellas regiones y ciudades dependientes de industrias de gran consumo de energía, como el sector del automóvil, y en otras regiones que se enfrentan a importantes retos de transición; destaca la necesidad de dotar a los entes locales y regionales de recursos adecuados para la aplicación sobre el terreno;

38.

está convencido de que el presupuesto de la Unión puede aportar valor añadido para aprovechar todo el potencial empresarial y los beneficios para el mercado laboral de la transición limpia abordando cuestiones como el desarrollo de capacidades (reciclaje y perfeccionamiento profesional específicos), el aprendizaje permanente y los puestos de trabajo de alta calidad; destaca el hecho de que varias regiones de la Unión se enfrentan a retos demográficos, como el envejecimiento de la mano de obra, la fuga de cerebros y la disminución de la población, y apoya la propuesta de «libertad de quedarse» incluida en el informe Letta para estimular una mayor inversión en servicios públicos a fin de apoyar el bienestar de todos; señala asimismo el valor indispensable de unos programas sólidos de cooperación transfronteriza para abordar estas cuestiones en las regiones fronterizas;

39.

pide a la Comisión Europea que reconozca las deficiencias de los planes nacionales en el marco de la política agrícola común (PAC), que han dado lugar a un enfoque menos regional, una menor adaptabilidad a las diferencias territoriales y una menor flexibilidad para responder a crisis y acontecimientos imprevistos; aboga firmemente por una PAC posterior a 2027 descentralizada, sostenible y centrada en los agricultores, basada en estrategias regionales para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural con condiciones ecológicas y sociales efectivas y que permita al mismo tiempo que todos los productores reciban una remuneración justa por su trabajo; pide que se mantenga el vínculo entre el primer y el segundo pilar de la PAC con el fin de mantener la coherencia global;

40.

reafirma que los principios de gobernanza multinivel y asociación también deben respetarse en las acciones relacionadas con el asilo, la migración, la integración y la seguridad interior; considera que deben incrementarse los recursos para aumentar la seguridad en las fronteras exteriores y las regiones fronterizas de la Unión, y pide un papel más importante para los entes locales y regionales en el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), que debe diseñarse para abordar los retos relacionados con la migración y apoyar la integración de nacionales de terceros países mediante unos esfuerzos eficaces adaptados a las necesidades locales, incluida la respuesta a las crisis cuando sea necesario; pide que se consulte a los entes locales y regionales a la hora de determinar las prioridades y las acciones del mecanismo temático, especialmente las gestionadas por la Comisión Europea, y que se considere la posibilidad de apoyar a los entes locales y regionales en la integración de los nacionales de terceros países;

41.

hace hincapié en la importancia extrema de la ayuda financiera de la UE a los entes locales y regionales de los países candidatos y candidatos potenciales con el fin de mejorar sus capacidades administrativas y, de manera más general, de los instrumentos de apoyo a la cooperación descentralizada en las acciones exteriores de la UE;

42.

pide que la política de cohesión, como parte integrante del MFP, esté firmemente incardinada en un enfoque de gobernanza multinivel de base local fundamentado en los principios de gestión compartida y asociación. Si bien apoyamos los esfuerzos de la Comisión por fomentar la participación regional a través de planes de asociación nacionales y regionales, debemos extraer lecciones de las deficiencias de otros instrumentos recientes como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Reserva de Adaptación al Brexit, de los que los entes regionales quedaron excluidos en gran medida. Garantizar la participación regional es esencial para potenciar la responsabilización, la eficacia y el impacto territorial;

Crear alianzas con instituciones afines y pedir un proceso de toma de decisiones transparente

43.

pide solemnemente al Consejo Europeo y a las distintas formaciones del Consejo que entablen, antes de las negociaciones del próximo MFP, un diálogo estructurado y transparente con los gobiernos locales y regionales; y que hagan pleno uso del Comité de las Regiones como representante institucional de los entes subnacionales y facilitador de la gobernanza multinivel;

44.

subraya que la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional es una de las piedras angulares de la integración europea y, por lo tanto, debe prestársele al menos la misma atención que en la actualidad y concedérsele una flexibilidad suficiente en su aplicación;

45.

se compromete a apoyar una mayor colaboración con el Parlamento Europeo en sus esfuerzos recurrentes para que las negociaciones sean más transparentes e inclusivas;

46.

recuerda el llamamiento conjunto lanzado por la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) en marzo de 2024 en favor de «Una política de cohesión renovada después de 2027 que no deje a nadie atrás» y pide al público en general, a los sindicatos, a las empresas y a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que lo firmen con el fin de garantizar, de manera conjunta, un MFP posterior a 2027 que no deje a nadie atrás (10);

47.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a las Presidencias polaca y danesa del Consejo de la UE y al presidente del Consejo Europeo.

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(1)  Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (DO L 433 I de 22.12.2020, p. 28).

(2)  COTER-VII/030, «El futuro de la política de cohesión después de 2027», ponentes: Emil Boc (RO/PPE) y Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), aprobado el 29 de noviembre de 2023 (DO C, C/2024/1041, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1041/oj); y COTER-VII/41, «Presupuesto de la UE y políticas de base local: propuestas para un nuevo diseño y mecanismos de ejecución en el MFP posterior a 2027», ponente: Marie-Antoinette Maupertuis (FR/AE), aprobado en el pleno del 19 de noviembre de 2024 (DO C, C/2025/279, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/279/oj).

(3)   Véase el punto 52 del Dictamen COTER-VII/040 (DO C, C/2025/285, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/285/oj).

(4)  COTER-VII/041, «Presupuesto de la UE y políticas de base local: propuestas para un nuevo diseño y mecanismos de ejecución en el MFP posterior a 2027», ponente: Marie-Antoinette Maupertuis (FR/AE), aprobado en el pleno del 19 de noviembre de 2024 (DO C, C/2025/279, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/279/oj).

(5)  Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión ( DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1).

(6)  Informe del Grupo de Alto Nivel sobre el Futuro de la Política de Cohesión, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c6e97287-cee3-11ee-b9d9-01aa75ed71a1/language-en.

(7)  COTER-VII/40, «Una política de cohesión renovada después de 2027 que no deje a nadie atrás», coponentes: Emil Boc (RO/PPE — Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE)», aprobado el 20 de noviembre de 2024.

(8)   https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0402.

(9)   Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2025, sobre la evaluación de la ejecución de Horizonte Europa con vistas a su evaluación intermedia y recomendaciones para el 10.o Programa Marco de Investigación (2024/2109(INI)).

(10)   https://dyn.cor.europa.eu/cohesionalliancejointcalles/.