<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1991ESA.0800437101.case.xml"><NO.CASE>C-7/90</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61990C0007</NO.CELEX><NO.SEQ>0005.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>4377</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>4382</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. VAN GERVEN — ASUNTO C-7/90</LEFT><RIGHT>VANDEVENNE Y OTROS</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del abogado general</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Walter Van Gerven</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="19910219">19 de febrero de 1991</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua origina!: neerlandés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Señor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Señores Jueces,</HT></P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Al igual que el asunto C-326/88,<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19900710">10 de julio de 1990</DATE>, Hansen (Rec. p. I-2911).</P></NOTE> el presente asunto se refiere en sustancia a los derechos y obligaciones de los Estados miembros en materia de sanción de las prescripciones de Derecho comunitario en el sector de los transportes por carretera.</TXT><P>Mientras que el asunto C-326/88 versaba sobre la interpretación del Reglamento (CEE) n° 543/69,<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Reglamento del Consejo, dc <DATE ISO="19690323">23 de marzo de 1969</DATE>, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="077" DATE.PUB="1969" PAGE.FIRST="49">DO L 77, p. 49</REF.DOC.OJ>; EE 07/01, p. 116).</P></NOTE> en el presente asunto se trata del Reglamento que lo sustituyó, a saber: el Reglamento (CEE) n° 3820/85<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Reglamento del Consejo, de <DATE ISO="19851220">20 de diciembre dc 1985</DATE>, relativo a la armonización dc determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="370" DATE.PUB="1985" PAGE.FIRST="1">DO L 370, p. 1</REF.DOC.OJ>; EE 07/04, p. 21).</P></NOTE> (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>el Reglamento<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>). Por lo que se refiere a las cuestiones de interpretación ahora planteadas, este último Reglamento no contiene, sin embargo, modificaciones de importancia, lo cual significa que la sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19900710">10 de julio de 1990</DATE>, dictada en el asunto C-326/88, es en gran manera decisiva para responder a las cuestiones prejudiciales.</P></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Antecedentes de hecho</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>El apartado 1 del artículo 17 del Reglamento impone a los Estados miembros la obligación de adoptar las disposiciones necesarias para la ejecución del Reglamento; estas disposiciones se referirán, entre otras, a las sanciones aplicables en caso de infracción. Según resulta de la resolución de remisión, en Bélgica estas sanciones figuran en la Ley de <DATE ISO="19690218">18 de febrero de 1969</DATE><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ley relativa alas medidas de ejecución de los Tratados c Instrumentos internacionales en materia de transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable {Moniteur belge de <DATE ISO="19690404">4.4.1969</DATE>).</P></NOTE> y el koninklijk besluit (Real Decreto) de <DATE ISO="19870513">13 de mayo de 1987</DATE><NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Moniteur belge de <DATE ISO="19870604">4.6.1987</DATE>.</P></NOTE> las declaró aplicables a las infracciones del Reglamento n° 3820/85.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19881026">26 de octubre de 1988</DATE>, el Sr. Vandevenne, que a la sazón conducía un vehículo de la sociedad anónima <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Wilms Transport<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>, fue sometido a un control en carretera en los Países Bajos. En dicho control se pudo comprobar que no había respetado los tiempos de descanso establecidos por los artículos 6 a 8 del Reglamento n° 3820/85. En la resolución de remisión se dice que Vandevenne <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>no negó<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> estos hechos.</TXT><P>A raíz de este control el Ministerio Fiscal belga inició contra el Sr. Vandevenne un proceso penal sobre el cual el órgano jurisdiccional remitente, el Politierechtbank te Hasselt, debe pronunciarse. El Ministerio Fiscal acusó asimismo a M. Wilms y P. Mesotten, respectivamente administrador delegado y empleado de Wilms Transpon, por no haber adoptado las medidas necesarias para que Vandevenne respetara los tiempos<?PAGE NO="I-4378"?> de reposo establecidos por los artículos 6 a 8 del Reglamento. La empresa Wilms Transpon fue emplazada como responsable civil por las multas que en su caso se impongan a Wilms y Mesotten.</P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Evidentemente el Ministerio Fiscal acusa a Wilms y Mesotten de haber infringido el artículo 15 del Reglamento, que reza comò sigue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>La empresa organizará el trabajo de los conductores de modo que éstos puedan cumplir las disposiciones pertinentes del presente Reglamento y del Reglamento (CEE) n° 3821/85,</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La empresa verificará periódicamente la observancia de ambos Reglamentos. Si se comprobaren infracciones, adoptará las medidas necesarias para evitar su repetición.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P><P>En el transcurso del procedimiento ante el Politierechtbank surgió una discusión sobre la calificación de los hechos imputados a Wilms y Mesotten. El Juez remitente estimó útil plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones al respecto.</P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>El concepto de <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/></P></TI></TITLE><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>En primer lugar, el Juez remitente se pregunta cuál es el significado exacto del término <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> que figura en el citado artículo 15 del Reglamento n° 3820/85.</TXT><P>En lo que se refiere a la descripción del concepto de <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> en general, la Comisión y el Gobierno alemán se remiten a la definición de empresa dada por el Tribunal de Justicia en las sentencias Klöckner y Hoesch<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19620713">13 de julio de 1962</DATE> (asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="17/61+20/61" YEAR="1962" PAGE.ECR="615">17/61 y 20/61, Rec. pp. 615 y ss., especialmente p. 646</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> y Mannesmann,<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19620713">13 de julio de 1962</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="19/61" YEAR="1962" PAGE.ECR="675">19/61, Rec. pp. 675 y ss., especialmente p. 705</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> según la cual es una organización unitaria de factores personales, materiales e inmateriales, perteneciente a un sujeto jurídicamente autónomo, que persigue de forma duradera un fin económico determinado. En una comunicación reciente, relativa a la aplicación del Reglamento sobre el control de las concentraciones,<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Comunicación de la Comisión sobre las operaciones de concentración y de cooperación con arreglo al Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de <DATE ISO="19891221">21 de diciembre de 1989</DATE>, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="203" DATE.PUB="1990" PAGE.FIRST="10">DO 1990, C 203, p.10</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> la Comisión ha definido la empresa en términos muy similares, a saber: <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>un conjunto organizado de medios humanos y materiales para perseguir de forma duradera un fin económico determinado<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el punto 8 de la comunicación.</P></NOTE></P><P>Al definir el concepto de <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión y el Gobierno alemán dan por sentado que se trata de un concepto de Derecho comunitario, de modo que su contenido no puede depender de las definiciones usuales dadas en los Estados miembros. Comparto este punto de vista. También puedo aceptar la definición propuesta. Esta definición fue elaborada ciertamente en relación con el sistema CECA de compensación de chatarra y de la aplicación de las<?PAGE NO="I-4379"?> normas de competencia a las empresas comunes, pero estimo que nada se opone a la utilización de esta definición (general) en el marco del Reglamento de que se trata. De ello resulta, ya desde un primer momento, que la forma jurídica de la empresa (empresa unipersonal, sociedad o fundación) no tiene importancia alguna.</P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Sin embargo, se trata de situar esta definición, enunciada en términos generales, en el cometido específico del concepto de empresa en el contexto del Reglamento de que se trata, especialmente en el de su artículo 15. La finalidad de esta disposición es asegurar que un empresario permitirá a un conductor empleado por él respetar las normas del Reglamento y le incitará a ello. Así lo reconoció el Tribunal de Justicia en la sentencia Cagnon y Taquet de 1975.<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19750218">18 de febrero de 1975</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="69/74" YEAR="1975" PAGE.ECR="171">69/74, Rec. p. 171</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> En ésta se afirma que el Reglamento n° 543/69, predecesor del Reglamento n° 3820/85, impone al <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>empresario que explota un servicio de transportes por carretera<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> <HT TYPE="ITALIC">(traducción provisional)</HT> la obligación de adoptar las medidas necesarias para que los miembros de la tripulación puedan disfrutar del tiempo diario de descanso prescrito por el Reglamento.<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el apartado 10.</P></NOTE> El artículo 15 (que, como señala la Comisión, <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>codifica<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> la sentencia dictada en el asunto Cagnon y Taquet) no habla del <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>empresario que explota un servicio de transportes por carretera<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>, sino que utiliza el concepto más amplio de <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>. No se trata de una mera diferencia de vocabulario. En mi opinión, el concepto de <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> del artículo 15 contempla toda persona (física o jurídica) que actúe como mandante del conductor, sea o no su empresario en el sentido del Derecho del trabajo. La sentencia Dufour de 1977<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19771215">15 de diciembre de 1977</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="76/77" YEAR="1977" PAGE.ECR="2485">76/77, Rec. p. 2485</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> sigue la misma orientación. En esta sentencia el Tribunal de Justicia declaró que la <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>, a la que el Reglamento n° 543/69 impone cierto número de obligaciones,<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>El asunto Dufour versaba sobre la obligación, impuesta por el articulo 14 del Reglamento n° 543/69, de proporcionar a los miembros de la tripulación una <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>libreta individual de control<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> (traducción provisional) (antecesora del actual tacógrado).</P></NOTE> es la empresa de transportes y no la empresa (de trabajo interino) que pone miembros de la tripulación a disposición de la empresa de transportes (aunque en función del Derecho nacional aplicable se pueda considerar a esta última como el <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>empresario<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> de los miembros de la tripulación). En efecto, el Tribunal de Justicia consideró que la empresa de transportes determina el vehículo que se debe conducir, el itinerario que se debe seguir y los tiempos de conducción y de descanso,<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia Dufour, apartado 15.</P></NOTE> con otras palabras, así lo deduzco, es la empresa quien tiene la facultad y por tanto la responsabilidad de garantizar el respeto de las obligaciones impuestas por el Reglamento n° 543/69.<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ello no impide, precisó el Tribunal de Justicia en la sentencia Dufour, que la obligación específica, de que se trau, de proporcionar la <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>libreta individual de control<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> (traducción provisional) excepcionalmente pueda recaer sobre la empresa de trabajo temporal, cuando asi lo disponga expresamente la legislación nacional (véase el apañado 16 de la sentencia).</P></NOTE></TXT><P>Así pues, llego a la conclusión de que el destinatario de las obligaciones enumeradas en el artículo 15 es la empresa que ejerce las actividades de transporte, por tener la facultad de organizar y verificar el trabajo de los miembros de la tripulación. No tiene importancia alguna la relación jurídica que exista entre la empresa y los miembros de la tripulación: no importa si la empresa de transportes opera con sus propios trabajadores o con miembros de tripulación puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal o incluso con trabajadores autónomos pero que utilizan el material perteneciente a la empresa de transportes (o incluso su propio material) según las instrucciones de la empresa de transportes.</P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-4380"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>¿Responsabilidad penal obligatoria de las personas jurídicas?</P></TI></TITLE><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Aunque, como hemos dicho antes, el artículo 15 impone a la <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> ciertas obligaciones, y el Ministerio Fiscal estima que en el caso de autos existe incumplimiento de estas obligaciones, el proceso penal no ha sido incoado contra la empresa Wilms Transport, sino contra Wilms y Mesotten, respectivamente administrador delegado y empleado de la citada empresa. Ello es conforme con la doctrina <HT TYPE="ITALIC">corpora delinquere non possunt,</HT> imperante en Bèlgica. Según esta dottrina, una persona jurídica no puede ser sancionada personalmente en vía penal; por los actos delictivos imputables a una persona jurídica sólo puede exigirse responsabilidad a las personas físicas a las que incumba la responsabilidad real de la actividad de la empresa por lo que se refiere a dichos actos. A este respecto el Juez remitente desea saber si el Reglamento pretende introducir el principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho interno de los Estados miembros, dicho de otro modo, si obliga a los Estados miembros a imponer siempre las sanciones a que se refiere él artículo 17 del Reglamento a la <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>, aunque ésta sea una persona jurídica.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Coincido con los Gobiernos del Reino Unido y de Italia en que la respuesta a esta pregunta ya se dio en gran medida en la citada sentencia del asunto C-326/88.<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Citado en la nota 1.</P></NOTE> En dicha sentencia el Tribunal de Justicia confirmó que, por lo que se refiere a la sanción de las disposiciones del Reglamento, los Estados miembros disponen de una libertad de apreciación, que ciertamente, con arreglo al artículo 5 del Tratado CEE, está sujeta a dos requisitos: en primer lugar, deben velar por que lás sanciones sean eficaces, disuasivas y proporcionales;<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el apartado 17 de la sentencia, que remite a la sentencia de <DATE ISO="19890921">21 de septiembre de 1989</DATE>, Comisión/Grecia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="68/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="2965">68/88, Rec. p. 2965</REF.DOC.ECR>)..</P></NOTE> en segundo lugar, los Estados miembros deben castigar las infracciones a las disposiciones de Derecho comunitario de la misma manera que las infracciones a las normas nacionales de la misma naturaleza e importancia.<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse los apartados 17 y 18.</P></NOTE> Para la realización de estos objetivos el Derecho comunitario deja a los Estados miembros elegir libremente los medios. Pueden optar por sanciones penales, administrativas, o meramente civiles. Pueden decidir imponer estas sanciones a la <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>empresa<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> o en determinados casos a los representantes o miembros del personal de la empresa que asuman la responsabilidad real de la actividad de dicha empresa por lo que se refiere a una infracción concreta. Mientras un régimen sancionador nacional reúna los mencionados requisitos, el artículo 17 del Reglamento y el artículo 5 del Tratado CEE no imponen, pues, obligación alguna a los Estados miembros de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas a las que se pueda imputar una infracción de las obligaciones impuestas por el artículo 15 del Reglamento.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Alcance de las obligaciones impuestas por el artículo 15</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Por último, el Juez remitente también se pregunta si las obligaciones impuestas por el artículo 15 son obligaciones de diligencia u obligaciones de resultado. La expresión <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>obligación de resultado<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> denota que una empresa podría ser sancionada <HT TYPE="ITALIC">por el mero hecho de</HT> que un administrador infringiera<?PAGE NO="I-4381"?> una de las disposiciones del Reglamento, es decir, sin que sea necesario probar intención o negligencia alguna por parte de la empresa. Semejante interpretación del artículo 15 conduciría, en aquellos Estados miembros que hayan optado por sancionar penalmente las obligaciones contenidas en el artículo 15, a un sistema de responsabilidad penal objetiva de la empresa.</TXT><P>Las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia son unánimes sobre este punto: la finalidad del artículo 15 no es someter a la empresa a una obligación tan amplia. El apartado 1 del artículo 15 impone a la empresa la obligación de organizar el trabajo de los conductores de modo que éstos <HT TYPE="ITALIC">puedan</HT> cumplir las disposiciones del Reglamento y las del Reglamento (CEE) n° 3821/85. Con arreglo al apartado 2 las empresas deben <HT TYPE="ITALIC">verificar</HT> la observancia de ambos Reglamentos; si se comprobaren infracciones, deben <HT TYPE="ITALIC">adoptar las medidas necesarias</HT> para evitar su repetición. La formulación de estas disposiciones muestra que se trata de una obligación de hacer todo lo posible para evitar infracciones por parte de los conductores (con otras palabras: se trata de una <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>obligación de diligencia<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>) y no de una obligación cuya inobservancia por parte de la empresa queda probada en cuanto se compruebe que un conductor ha infringido una disposición del Reglamento.</P></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Sin embargo, a este respecto se debe tener presente la diferencia entre, por una parte, la obligación impuesta a nivel comunitario y, por otra parte, la competencia de los Estados miembros para sancionar el incumplimiento de dicha obligación. Esta dualidad es importante, porque la competencia de los Estados miembros en cuanto a la elección de medios de prueba y de sanciones puede influir considerablemente en la manera como pueda garantizarse en concreto el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento.</TXT><P>En este sentido se confirmó en la sentencia del asunto C-326/88<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Citado en la nota 1.</P></NOTE> que un régimen de <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>responsabilidad penal objetiva<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> aplicable en Dinamarca (en cuya virtud se puede imponer una multa al empresario de un conductor que infrinja las disposiciones relativas a los tiempos de conducción y de descanso) no amplía <HT TYPE="ITALIC">por sí mismo</HT> el ámbito de aplicación del (Reglamento anterior al) Reglamento n° 3820/85, y que semejante técnica penal no es incompatible con el artículo 15 del Reglamento<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse los apartados 9 a 12.</P></NOTE> ni con los principios generales del Derecho comunitario.<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse los apartados 13 a 19.</P></NOTE> Es evidente que tal responsabilidad penal, por así decirlo <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>automática<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>, del empresario constituye para éste un estímulo eficaz para verificar permanentemente si sus trabajadores respetan las disposiciones del Reglamento y para llevar a cabo una política activa de prevención de infracciones. En cambio, en otros Estados miembros sólo puede imponerse una sanción penal, administrativa o incluso civil cuando por lo menos haya habido negligencia y/o cuando se pueda imputar la infracción a la persona que deba ser sancionada. La elección de tales modalidades de sanción corresponde a los Estados miembros, con arreglo a la competencia que les atribuye el Reglamento en materia de sanciones. Ciertamente no queda excluido que tales disparidades entre las modalidades nacionales de sancionar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 15 en la práctica conduzcan a una diferente intensidad en la observancia y sanción del incumplimiento de dichas obligaciones. Sin embargo, ello es consecuencia inevitable de la falta de armonización a nivel comunitario de las sanciones que deben imponerse en caso de infracción del Reglamento.</P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-4382"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusión</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>En vista de cuanto precede propongo responder en los siguientes términos a las. cuestiones prejudiciales planteadas por el Politierechtbank te Hasselt:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>El concepto de <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="201C"/>empresa<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="201D"/>, que figura en el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 3820/85, se refiere a un sujeto de derecho autónomo, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerce de forma duradera una actividad de transportes contemplada en el Reglamento, utilizando para ello recursos hu-. manos y materiales, y que tiene la facultad de organizar y controlar el trabajo de los conductores y de los miembros de la tripulación, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica existente entre el mismo, y los conductores y miembros de la tripulación.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Ni el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 3820/85 ni el artículo 5 del Tratado CEE exigen que una persona jurídica, que debe observar las obligaciones contenidas en el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 3820/85, sea declarada penalmente responsable por la inobservancia de dichas obligaciones.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>El Reglamento (CEE) n° 3820/85 no exige, ni tampoco impide, que los Estados miembros establezcan un sistema de responsabilidad objetiva para asegurar el respeto de las obligaciones impuestas a la empresa por el artículo 15 de dicho Reglamento.<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>