11.Aunque la protección contra tales ataques constituye un principio fundamental reconocido, hay diferencias notables entre las legislaciones de los Estados signatarios. Por no citar más que la legislación francesa e inglesa, mientras la primera exige la intención de perjudicar para que haya delito, que desaparece cuando se prueba la buena fe, la segunda considera que la infracción (denominada libel) se comete si el jurado considera que el escrito es difamatorio, sin que la persona perjudicada tenga que demostrar la realidad del perjuicio sufrido y sin tomar en consideración la buena fe. Por el contrario, la situación se invierte en lo que se refiere al atentado contra la vida privada cuya protección en Derecho francés es particularmente eficaz. Como escribía el Profesor Badinter:[...] mediante el reconocimiento del derecho subjetivo al respeto de la vida privada, todo atentado es condenable por sí mismo, sin que la persona afectada tenga que aportar la prueba del particular perjuicio sufrido.Le droit au respect de la vie privée, Semaine juridique, n° 2136, 1968, punto 24. Véase también la sentencia de la cour d'appel de Paris, de 27 de febrero de 1967 (Brigitte Bardot), que no se refiere en absoluto al concepto de culpa (Recueil Dalloz Sirey, 1967, p. 450).
<TI><NP><NO.P>I.</NO.P><TXT>Localización del hecho dañoso</TXT></NP></TI>14.Como escribe la Sra. Gaudemet-Tallon:Los términos empleados en el número 3 del artículo 5 implican dificultades de interpretación en tres tipos de supuestos: cuando hay disociación espacial entre el lugar del hecho generador del daño y el lugar en que el daño se produce, cuando el demandante es la víctima de un perjuicio indirecto y, por último, cuando el lugar en que se produce el perjuicio es difícil de localizar.Op. cit., no 189.
15.Este Tribunal examinó el primero de estos supuestos en la sentencia Mines de potasse d'Alsace,Sentencia de 30 de noviembre de 1976 (21/76, Rec. p. 1735).
el segundo en la sentencia Dumez France y TracobaSentencia de 11 de enero de 1990 (C-220/88, Rec. p. I-49).
y el tercero es el del presente asunto.Esta cuestión también es objeto del asunto Marinari (C-364/93), en el que próximamente presentaré mis conclusiones.
16.El asunto que dio lugar a la sentencia Mines de potasse d'Alsace se refería a un caso de polución transfronteriza que perjudicaba a un horticultor domiciliado en los Países Bajos y de la que se consideraba responsable a una empresa domiciliada en Francia. El órgano jurisdiccional neerlandés que conocía del litigio y ante el que la empresa formuló una excepción de incompetencia, preguntó a este Tribunal si por lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso debía entenderse el lugar en que se produjo el daño, o bien la comisión del acto que causa el daño.17.Al analizar el fundamento de las competencias especiales del artículo 5, ese Tribunal destacó:que esta libertad de opción se ha establecido en consideración a la existencia, en ciertos supuestos bien determinados de un vínculo de unión particularmente estrecho entre un litigio y el órgano jurisdiccional que puede ser llamado a conocer del mismo, con vistas a una mejor organización del proceso.Apartado 11.
18.Así pues, sin considerar específicamente la necesidad de una protección de la víctima, este Tribunal estimó que el concepto de lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso debía englobar a la vez:[...] el lugar donde ha sobrevenido el daño y el lugar del acontecimiento causal.Fallo.
19.La sentencia Dumez France y TracobaSentencia C-220/88, antes citada.
dio a este Tribunal la ocasión de recordar que la norma de competencia del número 3 del artículo 5 fundamenta la exigencia de un vínculo de proximidad entre el litigio y el Tribunal ante el que se ha planteado la demanda, es decir, de una buena administración de la justicia.20.Así, ese Tribunal consideró que:La regla de atribución de competencia judicial enunciada en el punto 3 del artículo 5 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 [...] no puede interpretarse de manera tal que legitime a un demandante que invoque un daño del que afirme ser la consecuencia del perjuicio sufrido por terceros, víctimas directas del hecho dañoso, para demandar al autor de este hecho ante los Tribunales competentes en virtud del lugar en el que el propio demandante haya experimentado el daño en su propio patrimonio.Fallo.
21.En dichos asuntos, este Tribunal extrajo un concepto autónomo del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso, contrariamente a la postura que adoptó en la sentencia Tessili Italiana ComoSentencia 12/76, antes citada.
en relación con el concepto del lugar de ejecución de la obligación, postura recogida en su reciente sentencia Custom Made Commercial,Sentencia de 29 de junio de 1994 (C-288/92, Rec. p. I-2913).
en la que este Tribunal considerò que, en el marco del nùmero 1 del artículo 5,[...] el lugar de cumplimiento de la obligación [que sirve de base a la demanda] debe determinarse conforme al Derecho material por el que se rija la obligación controvertida según las normas de conflicto del órgano jurisdiccional que conozca del litigio [...].Apartado 29.
22.El Abogado General Sr. Capotorti se pronunció, en sus conclusiones en el asunto Mines de potasse d'Alsace, en términos que siguen siendo de actualidad, en favor de una definición autónoma del concepto de lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso.23.La doctrina dominante tambįen aprueba dicha orientación destinada a prevenir los conflictos positivos o negativos, más preocupantes, de competencia.24.No obstante, los Gobiernos británico y alemán estiman que la cuestión de la unicidad o pluralidad de hechos dañosos depende del Derecho nacional de cada Estado contratante. En cambio, la Comisión y los Gobiernos francés y español proponen una definición comunitaria tanto del lugar del hecho generador como del daño.25.Esta última solución parece responder al objetivo del Convenio, que es repartir los litigios entre los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes de manera coherente, es decir, según un criterio autónomo, y se inscribe en la lógica de las sentencias Mines de potasse d'Alsace y Dumez France y Tracoba.26.La primera ha tenido por efecto, en determinados Estados contratantes, crear un nuevo criterio de competencia. Inversamente, la segunda ha excluido toda competencia fundada en el perjuicio indirecto sufrido por la víctima.27.Sería, como mínimo, paradójico que la aplicación efectiva del número 3 del artículo 5 se viera comprometida cuando la localización del delito, es decir, el foro competente, variara de un Estado contratante a otro.28.Ciertamente, la diversidad de las soluciones resultante de un estudio comparativo de los Derechos de los Estados contratantes complica singularmente la elección que debe efectuarse, pero ello no puede constituir un impedimento dirimente.29.Establezcamos una comparación ya que, como este Tribunal ha indicado, la interpretación del tenor del número 3 del artículo 5 en este ámbito también debe:[...] evitar cualquier desajuste entre las soluciones elaboradas en el marco de los diferentes Derechos nacionales ya que se busca la unificación, de conformidad con el punto 3 del artículo 5 del Convenio, en el sentido de una sistematización de soluciones ya consolidadas, en principio, en la mayoría de los Estados interesados.Sentencia 21/76, antes citada, apartado 23.
30.En Derecho alemán, son competentes a la vez los Tribunales del lugar de la edición y los del lugar de difusión, siempre que, en este último caso, la difusión haya sido efectuada por el editor o previsible para él.Bundesgerichtshof, 3 de mayo de 1977, Neue Juristische Wochenschrift, 1977, p. 1590; Oberlandesgericht München, 17 de octubre de 1986, Entscheidungen der OberUndesgerichte in Zivilsachen, 1987, p. 216.
Todo órgano jurisdiccional, independientemente de cuál sea el fundamento de su competencia, puede, en el plano nacional, reparar la integridad del daño. Esta solución también debería aplicarse, según una parte de la doctrina, en el plano internacional, aunque, que yo sepa, no existe ninguna resolución en este sentido.31.Así, según los Sres. Geimer y Schütze,Internationale Urteilsanerkennung, Band I, 1. Halbband, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1983, p. 631.
Die konkurrierende Zuständigkeit am Handlungs-wie am Erfolgsort eröffnet eine Klagemöglichkeit für den gesamten Schaden, wo immer er auch entstanden ist, nicht nur für den im Hoheitsgebiet des Gerichtsstaates entstandenen Schaden.Traducción Ubre: La competencia concurrente del lugar del hecho causal y del lugar de la producción del daño da la posibilidad de demandar por la totalidad del daño sea cual sea el lugar en que éste se haya producido y no sólo por el daño acaecido en el territorio nacional del órgano jurisdiccional.
32.También es esta la postura del Sr. Kropholler:Europäisches Zivilprozeßrecht, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg, 1991, p. 103, punto 45.
So besteht bei der durch ein Druckerzeugnis verübten unerlaubten Handlung eine internationale Zuständigkeit nicht nur am Ort der Herstellung, sondern auch an den unter Umständen sehr zahlreichen Orten, an denen es bestimmungsgemäß verbreitet wird.Traducción libre: En el caso de actos ilícitos realizados mediante impresos, existe una competencia internacional por la totalidad del daño, no sólo en el lugar de producción sino también en todos los lugares en que se hayan difundido.
33.En Derecho belga, los órganos jurisdiccionales parecen admitir su competencia cuando un elemento constitutivo del delito se haya realizado en dicho Estado (difusión, publicación), pero no se reconoce la competencia acumulativa de los Tribunales ante los que haya planteado la demanda sobre la base de esos dos fundamentos. La doctrina también considera que el recurso a cualquiera de los foros debe permitir, con independencia de su fundamento, la reparación del conjunto de los daños causados.Erauw, T.: De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht, Amberes, Maarten Kluwer, 1982, pp. 194-197.
34.En Derecho francés, las soluciones adoptadas en materia de delitos transfronterizos cometidos mediante prensa se inscriben en el marco del atentado contra la vida privada. El párrafo tercero del artículo 46 del nuevo code de procedure civile permite que el demandante acuda bien al órgano jurisdiccional del domicilio del demandado, bien al del hecho causal, o bien a aquel en cuya jurisdicción se ha sufrido el daño. Se ha considerado que la opción entre estas dos últimas vías se refiere, por una parte, al órgano jurisdiccional del lugar de la edición y, por otra, a los de los lugares de difusión. Mientras que el primero es competente para conocer de la integridad del daño, con independencia del lugar en que haya sobrevenido, los segundos sólo puede reparar el perjuicio sufrido en su jurisdicción.Sentencias del tribunal de grande instance de Paris, de 29 de septiembre de 1982 (Romy Schneider); de 27 de abril de 1983 (Carolina de Mónaco), y dc 20 de febrero de 1992 (Vincent Lindon); sentencia de la cour d'appel de Paris, de 19 de marzo de 1984 (Carolina de Mónaco).
Una parte de la doctrina, como veremos, ha criticado esta jurisprudencia.35.En Derecho luxemburgués, el artículo 37 del code de procédure civile dispone que por lo que se refiere a la reparación del daño causado en materia delictual o cuasidelictual, la demanda podrá interponerse, a elección del demandante, bien ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandado, bien ante el del lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso. El concepto de lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso no ha sido precisado por la jurisprudencia, pero la doctrina dominante, refiriéndose a resoluciones de órganos jurisdiccionales franceses, estima que:[...] está admitido que en materia de ataques a la vida privada mediante prensa, los órganos jurisdiccionales del país del lugar de difusión son competentes para conocer de la reparación del perjuicio en él producido, junto con los órganos jurisdiccionales del país de la edición[...]Schockweüer, E: Les conflits de lois et les conflits de juńdictions en droit international privé luxembourgeois. Ministère de la justice, Luxemburgo, n° 858, 1987.
36.Los Derechos españolVéanse los autos del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 1980 [Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia (RAJ), n° 4524, 1980]; de 7 de julio de 1983 (RAJ, no 4112, 1983), y de 28 de septiembre de 1992 (RAJ, no 7385, 1992).
e italianoVéase la sentencia de 28 de julio de 1990 de la Corte di Cassazione, en Cassazione penale, 1992, p. 644.
sólo atribuyen competencia a los órganos jurisdiccionales del lugar de la impresión y de la primera difusión para reparar cualquier daño, con independencia del lugar en que sobreviniera. Por consiguiente, se designa un foro centralizador.37.El criterio seguido por Inglaterra e Irlanda para determinar el foro competente es la comunicación a un tercero de un texto que la víctima considera atentatorio contra su reputación. Por el contrario, si bien, por lo que se refiere al Derecho inglés, no he podido encontrar ninguna resolución que se pronunciara sobre la extensión de la competencia cuando el daño se ha sufrido en varios países, de una sentencia de la Supreme Court de Irlanda se desprende que the extent of publication constituye el elemento pertinente en relación con el cálculo del importe de la reparación solicitada.Sentencia Barren v Independent Newspapers [1986] ILRM601.
38.En Portugal el problema de la competencia en materia de difamación propagada por la prensa se ha resuelto principalmente en el ámbito del Derecho penal. Mientras que determinadas sentencias consideran el lugar de expedición de una carta difamatoria,Sentencias del Supremo Tribunal de Justiça, de 18 de abril de 1990, en Actualidade Jurídica, n° 8, p. 2; del Tribunal da Relação de Coimbra, de 8 de enero de 1963, en Castelo Branco Galvão, Direito e Processo Penal, Coimbra, 1982, p. 32.
otras privilegian, por el contrario, el de su recepción.Sentencias del Tribunal da Relação de Lisboa de 11 de febrero de 1955, y de 17 de febrero de 1965, en Castelo Branco Galvão, op. cit., p. 32.
39.Por último, en los Países Bajos, sólo se atribuye competencia al foro del domicilio del demandado o, en su defecto, de la residencia. Si no hay ni domicilio ni residencia en dicho Estado, se sigue el forum actoris.40.La diversidad de soluciones adoptadas por los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros traduce la dificultad de localización del hecho dañoso cuando éste es de naturaleza inmaterial. La Sra. Gaudemet-Tallon señala con muy buen criterio que:La jurisprudencia Mines de potasse d'Alsace no es de fácil aplicación cuando las localizaciones tanto del hecho generador como del perjuicio sufrido se prestan a controversia.Punto 193.
41.No obstante, más allá de dichas divergencias, se aprecia la aparición del binomio edición o impresión/difusión o comunicación, aunque determinados Derechos toman en consideración uno de los dos factores de vinculación excluyendo el otro, mientras que otros admiten la competencia alternativa de los foros así designados.42.Una parte de la doctrina ha cuestionado la pertinencia de estos criterios de vinculación insistiendo, al menos en el ámbito de los daños inmateriales, en la importancia del domicilio de la víctima considerado como lugar donde se produce el daño. La Sra. Gaudemet-Tallon considera a este respecto que el concepto de difusión engloba tanto el acontecimiento causal como el perjuicio, de modo que si la edición constituye la causa primaria, la causa secundaria sería la difusión. Así, a efectos de optar por una u otra competencia, el lugar del domicilio de la víctima debería considerarse el de la realización del perjuicio.Revue critique de droit international privé, 1983, p. 674. Véase, igualmente, Heinrichs, T.: Die Bestimmung der Gerichtlichen Zuständigkeit nach dem Begehungsort im nationalen und internationalen Zivilprozeßrecht, 1984, pp. 188-201; Schwiegel-Klein, E.: Persölicbkeitsrechtverletzungen durch Massenmedien im Internationalen Privatrecht, 1983, pp. 68-82.
43.Según el Sr. Bourel,[...] la clasificación llevada a cabo por dicho autor por el hecho mismo de la difusión en la categoría acto generador fuerza un poco la realidad.Du rattachement de quelques délits spéciaux, op. cit., p. 356.
Y prosigue:
[...] la expresión acontecimiento causal en lugar de la de acto generador marca bien, por otra parte, la dificultad de establecer aquí la distinción entre el hecho origen del daño y el propio daño. Pone de manifiesto, mediante el concepto de causalidad introducido así en el debate, el estrecho vínculo existente entre uno y otro elemento constitutivos de la responsabilidad civil y las dificultades de disociarlos por lo que a su vinculación en el espacio se refiere. Si bien la difusión es el último acto causal, también es en sí mismo aquél mediante el cual se afirma y se concreta el perjuicio.Ibidem.
44.En definitiva, dicho autor también se declara partidario de atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales del domicilio de la víctima, [...] comprendido como lugar de comisión del delito considerado en su conjunto, y estima que ni la edición ni la difusión son pertinentes en relación con la competencia jurisdiccional por ser neutras, inclasificables y, por tanto, inutilizables.p. 357.
45.No obstante, consagrar dicho fuero equivaldría a conferir la competencia al forum actons, criterio que, como este Tribunal ha recordado en numerosas ocasiones, no goza del favor del Convenio. Así, en la sentencia Dumez France y Tracoba, este Tribunal cuidó de recordar que el Convenio manifiesta la preferencia del criterio del domicilio del demandado.[...] respecto a la competencia de los Tribunales del domicilio del demandante, dado que en el párrafo segundo de su artículo 3 se descarta la aplicación de aquellas disposiciones nacionales que prevean dicho fuero frente a demandados cuyos domicilios radiquen en el territorio de un Estado contratante.Apartado 16. Véase igualmente el apartado 17 de la sentencia de 19 de enero de 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, Rec. p. I-139).
46.Por otra parte, dicho fuero no parece responder particularmente a la exigencia de buena administración de la justicia que este Tribunal ha recordado en varias sentencias,Me refiero en particular a las sentencias Tessili Italiana Como, apartado 13; Mines de potasse d'Alsace, apartado 11; de 15 de enero de 1987, Shenavai (266/85, Ree. p. 239), apartado 6, y Dumez France y Tracoba, apartado 17.
aunque, en efecto, permita centralizar el procedimiento, posibilidad que, por lo demás, ya ofrece el fuero del domicilio del demandado. Es particularmente pertinente el ejemplo dado por el Gobierno británico de un actor italiano domiciliado en Inglaterra, Estado en el que es totalmente desconocido.Observaciones escritas, punto 20.
Un periódico italiano sin difusión en Inglaterra atenta a su honor. Si admitiéramos la competencia del fuero del domicilio del demandante, podría acudir a los órganos jurisdiccionales ingleses sin ninguna justificación en relación con la buena administración de la justicia.47.Para terminar, observemos que ninguno de los argumentos jurídicos de los Estados contratantes han privilegiado dicho fuero.48.Por tanto, ahora hay que centrar nuestra reflexión en la separación en el espacio de los dos criterios de competencia, en relación con la localización del daño, el de su acaecimiento y el del acontecimiento que lo produjo.49.Esta disociación ab initio era incontestable en el asunto Mines de potasse d'Alsace. Este Tribunal cuidó de recordarlo en los siguientes términos en la sentencia Dumez France y Tracoba:[...] la citada sentencia de 30 de noviembre de 1976 resolvió un litigio en el que el daño [se trataba, en concreto, de daños sufridos por determinadas zonas de cultivo en los Países Bajos] se produjo a una cierta distancia del lugar donde ocurrió el hecho que causó los daños [vertido de residuos salinos en el Rin por una empresa establecida en Francia], pero por efecto directo del agente causal, a saber, el desplazamiento físico de los vertidos salinos.Apartada 12.
50.En el presente asunto, la Comisión y los Gobiernos español y francés coinciden en considerar que el hecho generador se produce en el lugar de publicación del periódico inculpado, ya que los daños sobrevinieron en cada uno de los Estados contratantes en los cuales, mediante la difusión voluntaria del escrito, la reputación de una persona queda en entredicho. El Gobierno británico estima, por su parte, que el lugar de la comunicación a terceros constituye tanto el hecho generador como el daño.51.Si nos referimos simplemente a la sentencia Mines de potasse d'Alsace, cabe destacar que este Tribunal subrayó la importancia de los criterios de competencia del acontecimiento causal y del lugar de materialización del dañoApartado 15.
en un asunto en el que un hecho generador había causado un daño.52.Aquí nos encontramos en un marco más complejo, en el que un hecho generador causa vanos daños. En efecto, el perjuicio se materializa en el lugar del último elemento constitutivo del delito, es decir, en materia de delitos a través de prensa o radiotelevisión, en cada uno de los Estados en los que se difunde el escrito o se recibe la emisión. El acontecimiento causal que entraña directamente dicho daño se encuentra objetivamente localizado en el lugar de la publicación del escrito o de la emisión del programa.53.El atentado a la reputación y/o al honor sobrevienen, en efecto, en los distintos lugares en que se divulga a terceros un suelto difamatorio. El daño surge, por tanto, cuando dicha información llega a conocimiento del público, y hay que observar que la publicación del periódico inculpado constituye el vector de la transmisión. Así pues, sí que hay localización separada del acontecimiento causal y del daño.54.La sistematización de la jurisprudencia Mines de potasse d'Alsace en materia de delitos transfronterizos a través de prensa tiene el inconveniente de suscitar una multiplicidad de fueros competentes, de modo que determinada parte de la doctrina ha propuesto adoptar criterios específicos.55.Así, según Lasok y Stone,Conflict of Laws in the European Community, op. cit
[...] it is thought that the Bier decision does not preclude the eventual adoption of specific rules for particular torts; e. g. a rule that for the purposes of defamation by a single publication, the relevant place is that of the publication to the third person.p. 232.
56.KayeCivil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments, op. cit.
estima, por su parte, que:[...] it is considered that in the context of Article 5(3), when a defamatory statement is uttered, written, broadcast or posted in State A, published in State B and causes damage to reputation in State C (to which news for the publication spread by natural processes), it is the defendant's act in State A which should be held to be the event giving rise to the damage and consequently the harmful event for purposes of Article 5(3) [...].p. 580.
57.Es cierto que esta aproximación permite evitar la multiplicación de los fueros competentes, lo que constituye uno de los objetivos del Convenio. No obstante, además del hecho de que el principio de proximidad no puede justificar que se dé preeminencia al órgano jurisdiccional bien del hecho generador, bien del daño, creo, como dije en mis conclusiones en la sentencia Dumez France y Tracoba, que la exclusión de uno de los factores de vinculación en determinadas materias y del otro factor en otras materias podría hacer peligrar la coherencia de la jurisprudencia de este Tribunal.Apartado 11.
58.Así, el demandante podrá optar por el fuero del demandado, el del acontecimiento causal o el/los de la producción del daño.59.Inmediatamente se suscita la cuestión del alcance de la competencia de dichos órganos jurisdiccionales, particularmente de aquéllos en cuya jurisdicción se haya difundido un escrito pretendidamente difamatorio.<TI><NP><NO.P>II.</NO.P><TXT>Alcance de la competencia del fuero del daño</TXT></NP></TI>60.Así pues, además del órgano jurisdiccional del domicilio del demandado, el del hecho generador es competente para todos los daños acaecidos, ya que éstos se derivan del acto ilícito. Por el contrario, el órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción se produce el daño, ¿es competente para reparar la totalidad de los daños, incluidos los acaecidos en otros Estados?61.He recordado la postura de los Sres. Geimer y Schütze, así como la del Sr. Kropholler, que estiman que el órgano jurisdiccional del lugar del daño debe poder conocer de la totalidad del daño sobrevenido no solamente en su jurisdicción sino también en el territorio de otros Estados contratantes.Véanse los puntos 30 a 32 supra.
No obstante, este último autor no deja de señalar el riesgo de forum shopping inherente a dicho criterio.62.Por el contrario, en un artículo muy notable, el Sr. LagardeRevue critique de droit international privé, 1974, p. 700.
considera que,Cuando un acto causa daños en varios países a /a vez, el órgano jurisdiccional del lugar de dicho acto [aquí el órgano jurisdiccional del lugar de la edición] está llamado de conocer del conjunto de los daños, dondequiera que estén localizados, provocados por dicho acto, ya que cada uno de dichos daños se vincula enteramente a dicho acto. Por el contrario, el órgano jurisdiccional de uno de los lugares de realización del daño sólo puede tener competencia para conocer de las consecuencias dañosas del acto en el país en que está establecido, ya que los daños causados en otro país no dependen de dicho órgano jurisdiccional, ni por su lugar de realización ni por el del acto ilícito.p. 704.
63.Esta postura ha sido mantenida por el Sr. DrozRecueil Dalloz Sirey, 1977, pp. 614-615.
así como por los Sres. Gothot y Holleaux.La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, Jupiter, 1985, punto 88, p. 49.
El Sr. Huet,Journal du droit international, Ï977, p. 728.
en una nota sobre la sentencia Mines de potasse d'Alsace, también estimó que, en el supuesto de que un hecho ilícito causara daños múltiples en lugares distintos,el demandante deberá acudir a todos los órganos jurisdiccionales en cuya jurisdicción hubiere sobrevenido el daño[...].p. 733. En un artículo mas reciente, dicho autor estima que, en aras de la concentración de los litigios, la jurisprudencia Shenavai podría extenderse a la materia delictual, de modo ?[ue el órgano jurisdiccional del lugar del daño principal uera competente para reparar la integridad del perjuicio sufrido en los distintos Estados contratantes (journal du droit international, 1994, pp. 169-170).
64.La mayoría de los órganos jurisdiccionales franceses comparten este punto de vista, y no se consideran competentes para reparar el perjuicio sobrevenido en otros Estados contratantes cuando el acto ilícito se ha cometido en uno de estos últimos.Véanse las diferentes sentencias citadas en la nota 27 supra.
65.Si la solución preconizada por los autores alemanes tiene el mérito innegable de evitar la multiplicación de los fueros competentes, parece animada sobre todo por un deseo de proteger a la víctima, la cual no se vería así obligada, para obtener reparación por la integridad del perjuicio sufrido, a acudir a cada uno de los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes en cuya jurisdicción hubiere acaecido un daño.66.Pero, también hay que recordar que tanto el órgano jurisdiccional del hecho generador como el del domicilio del demandado ya constituyen dos fueros centralizadores cuya competencia no puede ser objeto de limitación.67.Además, precisamente en esta materia en que la víctima tiene, en la práctica, la posibilidad de acudir a cualquier órgano jurisdiccional de cualquier Estado contratante,En efecto, es innegable que un periódico publicado en un Estado contratante se difunde prácticamente en todos los demás Estados.
esta solución parece contradecir el espíritu del Convenio, que no es ciertamente favorecer el forum shopping, sino organizar la distribución de las competencias especiales. ¿Quién no cree que de este modo la víctima eligiría el foro ante el cual su perjuicio quedaría, en su opinión, mejor reparado?68.Ahora bien, se desprende, en primer lugar, de la jurisprudencia de este Tribunal que:[...] las competencias especiales enumeradas en los artículos 5 y 6 del Convenio constituyen excepciones al principio de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado del domicilio del demandado, que deben interpretarse en sentido estricto.Sentencia de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, antes citada, apartado 19. En este sentido, véase igualmente la sentencia de 17 de junio de 1992, Handte (C-26/91, Rec. p. I-3967), apartado 14.
69.En segundo lugar, dicha solución favorecería la multiplicación de los fueros concurrentes. Ahora bien, recordemos que, en la sentencia Effer,Sentencia de 4 de marzo de 1982 (38/81, Rec. p. 825).
este Tribunal destacó que:[...] el Convenio establece un conjunto de normas destinadas, entre otras cosas, a evitar la multiplicación, en materia civil y mercantil, de los procedimientos judiciales concurrente en dos o más Estados miembros, y que permiten, en interés de la seguridad jurídica y de las partes, determinar el órgano jurisdiccional nacional territorialmente más cualificado para conocer de un litigio.Apañado 6.
70.Pero sobre todo, no creo que se inscriba en absoluto en la línea de la jurisprudencia Mines de potasse d'Alsace. En efecto, el órgano jurisdiccional del hecho generador posee competencia para el conjunto de los daños derivados del acto ilícito. De este modo, constituye, junto con el del domicilio del demandado, un sólido punto de sujeción para el conjunto de los daños. Por el contrario, en una situación como la del caso de autos, la competencia del Juez del daño se basa exclusivamente en la idea:[...] de un vínculo de unión particularmente estrecho entre un litigio y un órgano jurisdiccional que puede ser llamado a conocer del mismo, con vistas a una mejor organización del proceso.Sentencia 21/76, antes citada, apartado 11.
71.Así, el órgano jurisdiccional del lugar de uno de los daños no puede conocer de la acción de reparación por daños acaecidos en otros Estados miembros contratantes, en la medida en que aquí ya no hay vínculo de proximidad entre el foro y el litigio.72.El principal inconveniente de dicha limitación de competencia reside, no nos engañemos, en la multiplicación de los fueros competentes y, como consecuencia, en el riesgo de que las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales que conozcan de los asuntos sean contradictorias, aunque no inconciliables.Sobre la imposibilidad de conciliar resoluciones en el sentido del número 3 del artículo 27 del Convenio, me remito a los puntos 97 y siguientes.
En cambio, es conforme a numerosos objetivos del Convenio tal como este Tribunal los ha puesto de manifiesto.73.En primer lugar, el órgano jurisdiccional del lugar del daño es el que se encuentra en mejor situación para apreciar el atentado a la reputación a la víctima en su jurisdicción y determinar la extensión del perjuicio.74.En segundo lugar, la adopción de tal criterio evita la aparición de fueros concurrentes.Véase la sentencia 38/81, antes citada, apartado 6.
En efecto, aquí, cada uno de ellos sólo tiene competencia en relación con los daños sobrevenidos en su jurisdicción.75.En tercer lugar, el objetivo de la protección jurídica implica la previsibilidad de las normas de competencia, a la que este Tribunal se refirió en las sentencias HandteSentencia de 17 de junio de 1992 (C-26/91, Rec. p. I-3967).
y Custom Made Commercial.Sentencia C-288/92, antes ciuda.
El demandado estará en situación de conocer exactamente, en función del lugar de difusión de los periódicos, ante qué órgano jurisdiccional podrá ser emplazado y los motivos de defensa que podrá formular, a la vista de la ley aplicable.76.Por último, la interpretación restrictiva de las normas de competencia especial requiere, más aquí que en cualquier otro ámbito, la solución que propongo. A este respecto, procede recordar que, en la sentencia Kalfelis, este Tribunal consideró:[...] que un Tribunal que conforme al apartado 3 del artículo 5 sea competente para conocer de un aspecto de una demanda que tenga un fundamento delictivo, no es competente para conocer otros aspectos de la misma demanda basados en fundamentos no delictivos.Apartado 19.
77.Por lo que a mí respecta, había propuesto que una demanda basada a la vez en la responsabilidad delictual, la responsabilidad contractual y el enriquecimiento sin causa se rigiera exclusivamente por las normas previstas en materia contractual por el número 1 del artículo 5, habida cuenta de la necesidad de racionalizar la competencia y de centralizar el procedimiento en un único foro.Mantuve dicho análisis en mis conclusiones en la sentencia antes citada, Shearson Lehman Hutton (C-89/91), así como en mis conclusiones de 8 de junio de 1994 en la sentencia de 15 de septiembre de 1994, Brenner y NoUer (C-318/93, Rec. p. I-4275).
78.Dicha determinación procede tanto de los fundamentos de la demanda derivados principalmente de la inejecución de obligaciones contractuales como del mejor conocimiento por parte del Juez del contrato del contexto y del conjunto de las implicaciones contenciosas de éste.Véanse los puntos 27 y 28 de mis conclusiones en la citada sentencia Kalfelis.
79.Mi postura en el presente asunto no se contradice en absoluto con la que acabo de recordar. La existencia de un solo Juez del contrato permitió, en el caso Kalfelis, una centralización objetiva sin riesgo de forum shopping. Por el contrario, aquí dicho riesgo sería considerable si, para hacer frente al inconveniente de la multiplicidad de fueros, el demandante pudiera optar por uno de éstos para obtener —por razones de estrategia judicial de procedimiento y de fondo— reparación del perjuicio pretendidamente sufrido en el territorio de varios Estados contratantes. Una vez más, la centralización ya puede operarse en torno al Tribunal del domicilio del demandado o al del hecho generador. No puede exigirse que además ésta pueda obtenerse en cualquier caso en virtud de una competencia especial, es decir, insisto, de naturaleza restrictiva.80.Así, retomando la expresión del Sr. Huet, sí que hay atomización de la competencia internacional.Journal du droit international, 1977, pp. 728, 732.
Como consecuencia, propuso, en un reciente artículo,Journal du droit international, 1994, p. 169.
extender la jurisprudencia ShenavaiSentencia de 15 de enero de 1987 (266/85, Rec. p. 239).
a los casos de delitos transfronterizos en materia de atentados a la vida privada.81.Recordemos que, en dicha sentencia, este Tribunal consideró que, si el litigio se refiere a varias obligaciones derivadas de un mismo contrato,[...] el Juez al que se ha acudido habrá de orientarse, para determinar su competencia, de acuerdo con el principio según el cual lo accesorio sigue a lo principal; dicho en otros términos, será la obligación principal, entre varias obligaciones en cuestión, la que establezca su competencia.Apartado 19.
82.Según el Sr. Huet,Extrapolado a la materia delictual, y particularmente a los atentados a la vida privada derivados de la difusión de los medios de comunicación en varios países, el principio lo secundario sigue a lo principal permitiría a la víctima de daños múltiples [localizados en los distintos lugares de difusión] entablar una única acción ante el órgano jurisdiccional del lugar en que se hubiere producido el principal de los perjuicios [dicho daño principal no se ha producido necesariamente en el país en que se edita la revista].Véanse las referencias nota 70 supra, p. 171.
83.Así, sin proponer la supresión del criterio tradicional del locus delicti commissi, dicha doctrina intenta corregir los efectos en situaciones en que su aplicación automática podría ocasionar un troceo de las competencias entre varios fueros.84.Aunque esta aproximación es muy seductora, yo, por mi parte, creo que, sin perjuicio de la verificación por parte del Juez de su propia competencia ratione materiae,Véanse los puntos 104 y siguientes infra.
el Convenio no ha pretendido vincular la competencia del Juez a la apreciación del fondo del litigio; se basa en una concepción objetiva y no personal del vínculo de proximidad, que no puede variar en función de la especificidad de uno u otro asunto. La determinación del daño principal puede ser delicada, y aun imposible, de efectuar en el caso de personalidades internacionalmente conocidas, particularmente cuando no tienen ningún vínculo ni de nacionalidad ni de residencia con la Comunidad.85.En cambio, la localización objetiva de la obligación contractual principal, delicada a veces, se impone en la mayoría de los casos.86.Dicha aproximación ya fue sugerida, por lo demás, en la sentencia Mines de potasse d'Alsace por ciertas partes coadyuvantes y fue excluida por el Abogado General Sr. Capotorti en los términos siguientes:Adoptar un criterio de most significant connection sería también difícilmente conciliable con la intención del Convenio de permitir una fácil determinación del foro competente con arreglo a criterios claros, precisos, provistos de un grado suficiente de objetividad y, por tanto, aptos para una aplicación uniforme en todos los Estados que se han adherido al Convenio. A este fin no puede dar suficientes garantías un criterio que, como el que se acaba de considerar, no se presta bien a ser precisado en abstracto y que queda más bien confiado a la apreciación discrecional del Juez.p. 1754.
87.Por lo demás, parece que nos encontramos aquí al margen de la materia civil, de modo que la consagración, dentro de ciertos límites, del concepto de territorialidad, me parece preferible.88.Es, además, dicho concepto el que llevó a los redactores del Convenio sobre la patente comunitaria a introducir el apartado 2 del artículo 69, a cuyo tenor:Las acciones por usurpación de las patentes comunitarias podrán ejercitarse también ante un Tribunal de uno de los Estados contratantes en cuyo territorio se haya cometido un acto de usurpación. El Tribunal ante el que se haya presentado la demanda sólo será competente para conocer de los actos de usurpación cometidos en el territorio de dicho Estado.