I.

Introducción

1.

En la presente petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), se suscitan dos cuestiones relacionadas con la interpretación de la Directiva 2014/61/UE relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.  ( 2 ) En primer lugar, ¿se opone la Directiva 2014/61, en relación con la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)  ( 3 ) y con la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso),  ( 4 ) a que la autoridad nacional de reglamentación pueda imponer condiciones a un suministrador de redes de comunicaciones electrónicas que no tiene un peso significativo en el mercado (en lo sucesivo, PSM) de que se trata? En segundo lugar, ¿se opone la Directiva 2014/61 a que la autoridad nacional de reglamentación pueda imponer condiciones a los operadores de telecomunicaciones para autorizar el acceso a su infraestructura física en ausencia de conflicto sobre dicho acceso?

II.

Marco jurídico

A.

Derecho de la Unión

1.

Directiva marco

2.

En los considerandos de la Directiva marco se enuncian, en particular, los siguientes objetivos:

3.

El capítulo III de la Directiva marco se titula «Misión de las autoridades nacionales de reglamentación». Su artículo 8 fija los objetivos generales y principios reguladores. El artículo 8, apartado 5, letra f), establece que las autoridades nacionales de reglamentación deberán imponer obligaciones reglamentarias ex ante únicamente cuando no exista una competencia efectiva y sostenible. En cuanto se cumpla dicha condición, deberán suavizar o suprimir dichas obligaciones.

4.

El capítulo IV de la Directiva marco lleva por título «Disposiciones generales». El artículo 14 define el PSM. El artículo 16 describe el procedimiento de análisis del mercado que deberán llevar a cabo las autoridades nacionales de reglamentación para determinar si uno de los mercados pertinentes es realmente competitivo: cuando uno de los mercados no sea realmente competitivo, la autoridad nacional de reglamentación deberá establecer qué empresas tienen un PSM.

2.

Directiva acceso

5.

Con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Directiva acceso:

6.

Las obligaciones establecidas en los artículos 9 a 13 de la Directiva acceso se refieren a: i) la transparencia, en particular la exigencia de que los operadores publiquen una oferta de referencia;  ( 5 ) ii) la no discriminación; iii) el mantenimiento de cuentas separadas; iv) el acceso a recursos específicos de las redes y su utilización, y v) el control de precios y la contabilidad de costes.

7.

El artículo 8, apartado 3, de la Directiva acceso establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en sus artículos 5, apartado 1, y 6, así como en los artículos 12 y 13 de la Directiva marco, las autoridades nacionales de reglamentación no impondrán las obligaciones establecidas en los artículos 9 a 13 de la Directiva acceso a los operadores que no tengan un PSM en un mercado específico.

3.

Directiva 2014/61

8.

En los considerandos de la Directiva se explican sus objetivos como sigue:

9.

A tenor del artículo 1 de la Directiva 2014/61, titulado «Objeto y ámbito de aplicación»:

10.

De conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2014/61:

11.

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/61 establece que las empresas que suministren redes públicas de comunicaciones electrónicas tienen derecho a acceder, previa solicitud, a información mínima relativa a las infraestructuras físicas existentes de cualquier operador de redes.

B.

Derecho polaco

12.

El artículo 17, apartados 1 y 2, de la Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Ley de Fomento de los Servicios y Redes de Telecomunicaciones, de 7 de mayo de 2010; en lo sucesivo, «Ley de Fomento») dispone:

13.

El artículo 18, apartados 1 a 3 y 6 a 8, de la Ley de Fomento dispone:

14.

El artículo 22, apartados 1 a 3, de la Ley de Fomento dispone:

III.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

15.

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Fomento, el 10 de mayo de 2017, el Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (presidente de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas, Polonia; en lo sucesivo, «presidente de la UKE») instó a TOYA, sp. Z o.o., empresa de telecomunicaciones y operador de red, a que facilitara información sobre las condiciones de acceso a su infraestructura física. El 6 de diciembre de 2017, el presidente de la UKE inició un procedimiento administrativo para determinar las condiciones de acceso a la infraestructura física de TOYA. Entre el 8 de marzo y el 7 de abril de 2018, y entre el 3 de julio y el 2 de agosto de 2018, respectivamente, el presidente de la UKE llevó a cabo dos consultas independientes en el marco de este procedimiento. El 11 de septiembre de 2018, el presidente de la UKE dictó, con arreglo a la legislación nacional de transposición de la Directiva 2014/61, una resolución mediante la que obligó a TOYA a garantizar su disponibilidad para concluir contratos y para aceptar peticiones de acceso a su infraestructura física (en lo sucesivo, «resolución controvertida»). En esa fecha, el presidente de la UKE dictó seis resoluciones análogas, relativas a otros seis operadores de telecomunicaciones.

16.

La resolución controvertida indica que su fundamento jurídico es, en particular, el artículo 18, apartado 3, de la Ley de Fomento, en relación con su artículo 17. Determina las condiciones de acceso a la infraestructura física de TOYA en lo relativo a la canalización de cables (anexo 1) y de telecomunicaciones de edificios (anexo 2). Obliga a TOYA a garantizar su disponibilidad para concluir contratos marco y contratos particulares y para aceptar peticiones de acceso a su infraestructura física con arreglo a las condiciones de acceso antes mencionadas.

17.

La resolución controvertida considera justificado invocar el artículo 17, apartado 1, de la Ley de Fomento como fundamento jurídico para garantizar a las empresas de telecomunicaciones acceso a la infraestructura física, lo que incluye el uso compartido de dicha infraestructura, con el fin de desplegar una red de telecomunicaciones de alta velocidad. En el epígrafe relativo a los objetivos de la reglamentación, la resolución controvertida indica que el presidente de la UKE tuvo en cuenta varios documentos estratégicos, entre ellos la Agenda Digital mencionada en el punto 34 de las presentes conclusiones y los objetivos previstos en la Directiva 2014/61, en particular los enunciados en sus considerandos 4 a 9. Asimismo, la resolución controvertida precisa que contribuirá a conciliar los plazos, los procedimientos y las tarifas de mercado inherentes a la puesta a disposición del sistema de canalización de cables.

18.

La resolución controvertida hace referencia a la oposición formulada por la PIKE,  ( 10 ) según la cual se ha vulnerado el principio de proporcionalidad en lo que concierne a entidades con una cuota de mercado pequeña en relación con las cuales no se habían identificado problemas de mercado. En respuesta a esta oposición, la resolución controvertida precisó que el procedimiento ante el presidente de la UKE tenía por objeto la solución de conflictos relativos al acceso a la canalización de cables. En cuanto a las circunstancias en las que el presidente de la UKE está facultado para adoptar resoluciones que determinen las condiciones de acceso a la infraestructura física, la Ley de Fomento no hace referencia a la envergadura de la infraestructura poseída ni al número de conflictos.

19.

La resolución controvertida también hace referencia a los requisitos establecidos en el artículo 22, apartados 1 y 2, de la Ley de Fomento, con arreglo al cual el presidente de la UKE dictará una resolución sobre el acceso a la infraestructura física que tenga en consideración la necesidad de garantizar unas condiciones de acceso no discriminatorias y proporcionadas, y fijará unas tarifas que permitan a las empresas de telecomunicaciones recuperar los costes soportados para facilitar dicho acceso. Ello incluye la consideración de los objetivos enunciados en el artículo 8 de la Directiva marco.

20.

TOYA recurrió la resolución controvertida ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia). TOYA considera que, en virtud de los artículos 3, apartados 2 y 5, y 4 de la Directiva 2014/61, así como de su considerando 12, en relación con el artículo 8, apartados 2 y 3, de la Directiva acceso y el artículo 8, apartado 5, letra f), de la Directiva marco, las autoridades nacionales de reglamentación solo pueden exigir la publicación de una oferta de referencia en el sentido del artículo 9 de la Directiva acceso a los operadores de telecomunicaciones que tengan un PSM. A su parecer, la resolución controvertida es contraria al Derecho de la Unión porque no se ha procedido a un análisis de mercado para determinar que TOYA tiene un PSM, y tampoco existe un conflicto sobre el acceso a la infraestructura física en el sentido del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2014/61.

21.

El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las disposiciones del Derecho nacional en las que se basa la resolución controvertida y, en particular, sobre la interpretación de la Directiva 2014/61 a la luz de la Directiva acceso. Además, habida cuenta de que dicha Directiva y las Directivas marco fueron derogadas y sustituidas por la Directiva (UE) 2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas,  ( 11 ) el órgano jurisdiccional remitente desea conocer qué directivas de la Unión son aplicables. Por lo tanto, este último decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

22.

TOYA, el presidente de la UKE, los Gobiernos griego y polaco y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas.

IV.

Análisis jurídico

A.

Alcance de la petición de decisión prejudicial

23.

Tengo tres observaciones en lo que respecta al alcance de la petición de decisión prejudicial. La primera de ellas se refiere a las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente en cuanto a cuál de las directivas de la Unión es aplicable ratione temporis.

24.

La resolución controvertida fue dictada el 11 de septiembre de 2018. Como señalan el órgano jurisdiccional remitente y TOYA, continuó produciendo efectos después de que tanto la Directiva marco como la Directiva acceso quedaran derogadas por el artículo 125 de la Directiva 2018/1972 a partir del 21 de diciembre de 2020.

25.

La Directiva marco y la Directiva acceso estaban en vigor en el momento en que se adoptó la resolución controvertida. Por lo tanto, son pertinentes para apreciar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las disposiciones del Derecho nacional en las que se basa dicha resolución. La Directiva 2018/1972 sigue estando en vigor en la fecha de las presentes conclusiones y no existen dudas con respecto a su aplicabilidad.

26.

De ello se deduce que procede que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, y no a la segunda.

27.

En segundo lugar, las observaciones presentadas por TOYA, el presidente de la UKE y el Gobierno polaco contienen análisis detallados de la resolución controvertida y de su fundamento jurídico.  ( 12 ) Sin embargo, como reconoce TOYA, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional.  ( 13 ) No corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la naturaleza o las características de una resolución nacional o sobre su fundamento jurídico en el Derecho nacional.

28.

En tercer lugar, la Comisión precisa en sus observaciones que las competencias de las autoridades nacionales de reglamentación para imponer condiciones ex ante sobre la base de la Directiva 2014/61 están supeditadas al respeto de determinados principios y al cumplimiento de determinados requisitos de procedimiento derivados de dicha Directiva, de la Directiva marco, de la Directiva acceso y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De la resolución de remisión no se desprende que el órgano jurisdiccional remitente solicite al Tribunal de Justicia que aclare esta cuestión. Además, ninguna de las otras partes se refirió a ella en sus observaciones. Por todas estas razones, dichas consideraciones no requieren la atención del Tribunal de Justicia.

B.

Primera cuestión prejudicial

29.

Como se indica en la introducción de las presentes conclusiones, la primera cuestión prejudicial parece estar constituida por dos elementos. En primer lugar, en relación con la Directiva acceso, ¿se opone la Directiva 2014/61 a que la autoridad nacional de reglamentación pueda imponer condiciones de acceso a los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas que no tengan un PSM? En segundo lugar, ¿se opone la Directiva 2014/61 a que la autoridad nacional de reglamentación pueda imponer dichas condiciones en ausencia de un conflicto sobre el acceso a la infraestructura física?

30.

TOYA considera que estos dos elementos deberían recibir una respuesta afirmativa.  ( 14 ) El presidente de la UKE, los Gobiernos griego y polaco y la Comisión discrepan, pero por diferentes motivos. El Gobierno griego y la Comisión se basan en una interpretación literal y contextual de las Directivas pertinentes. El presidente de la UKE y el Gobierno polaco centran sus observaciones en la naturaleza de la resolución controvertida y en su fundamento jurídico. Pretenden invocar el régimen de armonización mínima previsto en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2014/61 para justificar la legalidad de las medidas impuestas a TOYA en virtud del Derecho nacional.  ( 15 )

31.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión procede tener en cuenta, no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.  ( 16 ) En el presente asunto, propongo examinar, en primer lugar, los objetivos y el contexto de las tres Directivas de las que se discute antes de analizar el tenor de la Directiva 2014/61.

1.

Los objetivos y el contexto de las Directivas pertinentes

32.

En 2002 se codificó un gran número de directivas y de directivas modificativas con el fin de facilitar el desarrollo de mercados competitivos en el ámbito de las telecomunicaciones. La Directiva marco establecía que las autoridades nacionales de reglamentación definirían los mercados pertinentes con arreglo a los principios del Derecho de la competencia e identificarían a los operadores con PSM a los que podrían imponerse determinadas obligaciones para facilitar el desarrollo de dichos mercados competitivos. Se adoptaron cuatro directivas específicas, entre ellas la Directiva acceso, que regulaba el acceso a las redes de telecomunicaciones y su interconexión. La legislación promulgada en 2009 puso de manifiesto la necesidad de favorecer la inversión, la innovación y las redes de próxima generación, sin modificar los principios y los objetivos de reglamentación contenidos en el paquete de directivas adoptado en 2002.  ( 17 )

33.

Uno de los principales objetivos de los paquetes legislativos de 2002 y de 2009 era la mejora de la competencia facilitando que las autoridades nacionales de reglamentación pudieran imponer obligaciones a los operadores con PSM. No obstante, la Directiva marco y la Directiva acceso también contemplaban la posibilidad de que las autoridades nacionales de reglamentación pudieran imponer obligaciones a los operadores que no tuvieran un PSM. El considerando 23 de la Directiva marco hace referencia a los beneficios del uso compartido de recursos por motivos de ordenación territorial, de salud pública o medioambientales, a ser posible sobre la base de acuerdos voluntarios. El artículo 12 de la Directiva marco, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE,  ( 18 ) se titula «Coubicación y uso compartido de elementos de redes y recursos asociados para los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas». Permitía a las autoridades nacionales de reglamentación exigir el uso compartido de recursos o la adopción de medidas para coordinar las obras públicas, de manera objetiva, transparente y no discriminatoria, en determinadas circunstancias y condiciones. Para recurrir al artículo 12 de la Directiva marco, la autoridad nacional de reglamentación no estaba obligada a constatar previamente que el operador de telecomunicaciones tenía un PSM.  ( 19 ) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva acceso permitía a las autoridades nacionales de reglamentación fomentar y garantizar la adecuación del acceso y la interconexión en determinadas condiciones, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse en relación con las empresas que tuvieran un PSM.  ( 20 )

34.

En mayo de 2010, la Comisión publicó la Agenda Digital para Europa (en lo sucesivo, «Agenda Digital») con la finalidad de obtener los beneficios económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital basado en una internet rápida y ultrarrápida.  ( 21 ) Consideraba que, si no se intervenía, se corría el riesgo de que los resultados no fueran óptimos, concentrándose las redes rápidas de banda ancha en unas pocas zonas de alta densidad con costes de entrada importantes y precios elevados. Esto dio lugar a la adopción de dos iniciativas que son esenciales en el marco de la presente petición de decisión prejudicial.

35.

En primer lugar, en septiembre de 2010, la Comisión emitió la Recomendación 2010/572/UE  ( 22 ) relativa al acceso regulado a las redes de acceso de nueva generación. Dicha Recomendación se refiere fundamentalmente a las medidas que deben imponerse a los operadores designados como poseedores de PSM sobre la base de un procedimiento de análisis de mercado efectuado en virtud del artículo 16 de la Directiva marco. No obstante, cuando se justifique por resultar la duplicación de una infraestructura económicamente ineficiente o físicamente inviable, los Estados miembros podrán también imponer a las empresas que explotan una red de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el artículo 12 de la Directiva marco, las obligaciones de uso compartido recíproco de las instalaciones que resulten adecuadas para superar los puntos de estrangulamiento en la infraestructura de obra civil y en los segmentos de terminación.

36.

Por otra parte, la Agenda Digital disponía que las autoridades competentes deberían garantizar que las obras de ingeniería civil públicas y privadas tuvieran sistemáticamente en cuenta las redes de banda ancha y el cableado dentro de los edificios, que se aplicasen los derechos de paso, y que se cartografiasen las infraestructuras pasivas disponibles adecuadas para el cableado.  ( 23 ) Dicha iniciativa dio lugar finalmente a la adopción de la Directiva 2014/61, que pretende facilitar e incentivar el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad fomentando la utilización conjunta de las infraestructuras físicas existentes y el despliegue más eficiente de otras nuevas, de manera que resulte posible desplegar dichas redes a un menor coste.  ( 24 )

2.

El tenor de la Directiva 2014/61

37.

El tenor de la Directiva 2014/61 deja claro que su aplicación no se limita a aquellas situaciones en las que los operadores han sido designados como operadores con un PSM o en las que los mercados no son realmente competitivos. Los artículos 3 y 4 de la Directiva 2014/61 se refieren al acceso a la infraestructura física existente y a la transparencia en relación con dicha infraestructura. Los operadores de redes de electricidad, agua, transporte y otros servicios públicos, así como los suministradores de redes de comunicaciones públicas, tendrán derecho a ofrecer acceso a la infraestructura física. Los operadores de redes en general, y no solo aquellos designados como operadores con un PSM, tienen la obligación de atender todas las solicitudes razonables de acceso a su infraestructura física en condiciones equitativas y razonables, en particular en cuanto al precio, con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.  ( 25 ) Cuando se deniegue el acceso o no se pueda llegar a un acuerdo sobre las condiciones específicas, los Estados miembros deberán garantizar que cualquiera de las partes pueda someter la cuestión al organismo nacional de resolución de controversias competente.  ( 26 ) Dicho organismo deberá adoptar una decisión vinculante para resolver el conflicto, en la que se fijen unas condiciones y precios equitativos y razonables cuando proceda.  ( 27 )

38.

Con arreglo al considerando 12 de la Directiva 2014/61, cuando sean de aplicación medidas reguladoras más específicas (lex specialis), estas deben prevalecer sobre los derechos y obligaciones mínimos previstos en la Directiva (lex generalis). Por lo tanto, la Directiva 2014/61 no obstará a lo dispuesto en la Directiva marco y en la Directiva acceso. El considerando 17 de la Directiva 2014/61 establece que las obligaciones de acceso a la infraestructura física impuestas a las empresas designadas como poseedoras de un PSM ya están cubiertas por obligaciones reglamentarias específicas y que dichas obligaciones no se ven afectadas por la Directiva 2014/61. El considerando 31 hace referencia a la posibilidad de que los Estados miembros puedan, sobre la base del artículo 12 de la Directiva marco, haber tomado ya medidas en relación con la coubicación y el uso compartido de elementos de redes y recursos asociados.  ( 28 )

39.

De lo anterior se deduce que el objetivo de la Directiva 2014/61 es garantizar la disponibilidad de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, que se consideran la infraestructura digital de la sociedad del futuro. La Directiva 2014/61 tiene un ámbito de aplicación intersectorial y ha optado por mecanismos de reglamentación tales como la transparencia, el control administrativo y la resolución de controversias con fines distintos del fomento de la competencia per se. Establece un derecho más amplio a solicitar y obtener acceso a la infraestructura física que el existente con respecto a los operadores designados como operadores con un PSM en virtud de la Directiva marco y la Directiva acceso. Habida cuenta de que la Directiva marco y la Directiva acceso también prevén la posibilidad de imponer obligaciones de acceso a los suministradores que no tienen un PSM, no existe conflicto o contradicción entre estas Directivas y la Directiva 2014/61.

40.

Por lo tanto, la Directiva acceso no se opone a que la autoridad nacional de reglamentación pueda imponer condiciones de acceso a la infraestructura física a operadores que no hayan sido designados como operadores con un PSM. En otras palabras, las autoridades nacionales de reglamentación pueden imponer condiciones con arreglo a la Directiva 2014/61 a falta de indicación alguna de que el mercado pertinente no es realmente competitivo.

41.

Por lo que se refiere al segundo elemento de la primera cuestión prejudicial, a saber, si la Directiva 2014/61 se opone a que la autoridad nacional de reglamentación pueda imponer condiciones en ausencia de un conflicto sobre el acceso a la infraestructura física, es relevante señalar que, con arreglo a su artículo 1, apartado 2, la referida Directiva establece requisitos mínimos. El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2014/61 dispone que los Estados miembros podrán mantener o introducir medidas conformes con el Derecho de la Unión que superen los requisitos mínimos establecidos por la presente Directiva a fin de alcanzar mejor los objetivos de facilitar e incentivar el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad fomentando la utilización conjunta de las infraestructuras físicas existentes y el despliegue más eficiente de otras nuevas, de manera que resulte posible desplegar dichas redes a un menor coste.  ( 29 )

42.

Si bien la Directiva 2014/61 establece que sus objetivos se alcanzarán resolviendo los conflictos relativos a las condiciones de acceso, en particular en cuanto al precio, ex post, es decir, después de que surjan tales conflictos, se podrán adoptar medidas nacionales a fin de alcanzar mejor estos objetivos, aunque vayan más allá de las previstas en la Directiva 2014/61.  ( 30 )

43.

La Comisión considera que el enfoque ex ante previsto por la normativa nacional pretende facilitar la eliminación de importantes obstáculos al acceso a la infraestructura física. La Comisión y el Gobierno polaco subrayan que los enfoques ex ante y ex post contribuyen a facilitar la consecución de los objetivos de la Directiva 2014/61. En este contexto, resulta interesante observar que, según el informe de síntesis de la consulta pública sobre la evaluación y revisión de la Directiva 2014/61, en una gran mayoría de las respuestas se considera que las dificultades para acordar las condiciones de acceso con los propietarios de infraestructuras físicas, así como la dilación y la ineficacia del proceso de resolución de controversias (enfoque ex post), dan lugar a que el despliegue de las redes sea más costoso o largo. Por lo tanto, no es ilógico considerar que el enfoque ex ante —que al parecer prevé la legislación polaca pertinente— puede presentar algunas ventajas frente al enfoque ex post descrito en la Directiva 2014/61 a la hora de facilitar la consecución de los objetivos que persigue.

44.

En mi opinión, si el órgano jurisdiccional remitente considera que el enfoque ex ante previsto en la legislación nacional comparte los mismos objetivos que el enfoque ex post contenido en la Directiva 2014/61, esta legislación nacional es, en principio, compatible con la Directiva.

V.

Conclusión

45.

En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia):