Edición provisional
de 3 de junio de 2026 (*)
« Competencia — Concentraciones — Solicitud de información — Artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 139/2004 — Elección del fundamento jurídico — Desviación de poder — Obligación de motivación Carácter no arbitrario — Impossibilium nulla obligatio est — Proporcionalidad — Carácter necesario de los datos requeridos — Artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Libertad de expresión — Protección de las fuentes periodísticas — Excepción de ilegalidad — Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Derecho al respeto de la vida privada y familiar »
En el asunto T‑1097/23,
Vivendi SE, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. P. Gassenbach, el Sr. P. Wilhelm, las Sras. E. Dumur, O. Thomas y S. Schrameck, y los Sres. F. de Bure, Y. Boubacir y M. Oiknine, abogados,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. P. Caro de Sousa, B. Cullen y D. Viros, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. A.‑L. Meyer y el Sr. N. Coghlan, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena, en formación de cinco Jueces),
integrado, en las deliberaciones, por el Sr. L. Truchot, Presidente, y los Sres. M. Jaeger, J. Schwarcz, M. Sampol Pucurull y la Sra. T. Perišin (Ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. H. Eriksson, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 14 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Vivendi SE, solicita la anulación de la Decisión C(2023) 6428 final de la Comisión, de 19 de septiembre de 2023, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo (asunto M.11184 — Vivendi/Lagardère) (en lo sucesivo, «Decisión de 19 de septiembre de 2023»), en su versión modificada por la Decisión C(2023) 7463 final de la Comisión, de 27 de octubre de 2023 (en lo sucesivo, «Decisión de 27 de octubre de 2023») (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
Antecedentes del litigio
2 La demandante es la sociedad matriz del grupo Vivendi, grupo francés de dimensión internacional especializado en medios de comunicación y entretenimiento, presente en diferentes mercados a través de sus filiales.
3 El 24 de octubre de 2022 la demandante notificó a la Comisión Europea una operación de concentración que consistía en la adquisición del control exclusivo de Lagardère SA, grupo francés que opera, entre otros, en el sector de los medios de comunicación.
4 Mediante Decisión de 9 de junio de 2023, la Comisión autorizó el proyecto de concentración, supeditándolo al cumplimiento de compromisos de cesión de todas las actividades de la demandante en el sector de la edición de libros y de una revista (en lo sucesivo «Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración»).
5 Mediante escrito de 25 de julio de 2023, la Comisión informó a la demandante de la apertura de una investigación formal sobre una posible ejecución anticipada de la operación de concentración (en lo sucesivo, «escrito de 25 de julio de 2023, relativo à la incoación del procedimiento formal de examen»).
Decisión de 19 de septiembre de 2023
6 En el marco de la investigación formal sobre una posible ejecución anticipada de la operación de concentración, mediante la Decisión de 19 de septiembre de 2023, la Comisión dirigió a la demandante una solicitud de información, basada en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO 2004, L 24, p. 1), con un plazo que expiraba el 27 de octubre de 2023. Esta Decisión impone a la demandante, esencialmente, la obligación de recabar y transmitir a la Comisión, por una parte, los documentos intercambiados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 19 de septiembre de 2023 (en los sucesivo, «período de referencia») por diferentes medios de comunicación, recibidos, enviados o en posesión de quince personas físicas identificadas por sus nombres así como sus predecesores y sucesores (en lo sucesivo, «personas afectadas») que contuvieran determinados términos de búsqueda y, por otra parte, los documentos intercambiados durante el período de referencia entre cuatro personas por sus nombres, dos de las cuales también figuraban entre las personas afectadas.
7 En particular, el punto I, apartado 1, del anexo de la Decisión impugnada establece que a efectos de la […] solicitud de información, por “Lagardère” se entiende Lagardère S.A. [y] por “Vivendi” se entiende Vivendi SE y el Grupo Bolloré.»
8 El punto I, apartado 2, del anexo de la Decisión de 19 de septiembre de 2023 define el concepto de «documento» en los siguientes términos:
«El concepto de “documento(s)” se refiere a: todos los archivos informáticos que obren en poder de Vivendi, estén en su posesión o bajo su control, y que incluyan, sin limitación, los siguientes elementos:
(a) Toda la información almacenada en formato electrónico, incluidos los correos electrónicos y los mensajes instantáneos (Whatsapp, SMS, Telegram, Signal, otros), los documentos de texto y los documentos pdf, las hojas de cálculo y las presentaciones, así como todos los programas y otros sistemas de gestión de la información y de almacenamiento de documentos enumerados en respuesta a la pregunta n.º 6 de la solicitud de información n.º 1 de la Comisión, de fecha 16 de agosto de 2023;
(b) Los borradores de documentos, metadatos y copias de documentos cuyos originales no estén en posesión o bajo el control de Vivendi, según el caso;
(c) Para evitar cualquier ambigüedad, el concepto de «documento» incluye también:
(i) los documentos en todas las cuentas de correo electrónico privadas o personales (siempre que se hayan utilizado para comunicaciones profesionales al menos una vez), así como en dispositivos móviles, incluidos teléfonos móviles o tabletas (incluidos teléfonos móviles o tabletas privados o personales, siempre que se hayan utilizado para comunicaciones profesionales al menos una vez), incluidos los mensajes instantáneos y los SMS; y
(ii) los documentos que, aunque hayan sido borrados por el destinatario, sigan estando disponibles o accesibles en los sistemas informáticos de Vivendi (por ejemplo, en copias de seguridad).»
9 El punto I, apartado 4, del anexo de la Decisión de 19 de septiembre de 2023 define el concepto de «período de referencia» como el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de la solicitud de información, es decir, el 19 de septiembre de 2023.
10 El punto II, apartado 5, del anexo de la Decisión de 19 de septiembre de 2023 define el concepto de «personas afectadas», señalando que comprende a quince personas identificadas por sus nombres, «así como todas las personas que les precedieron o les sucedieron [en todos los] distintos cargos que ocuparon durante el período de referencia». Según el punto II, apartado 6, del anexo de dicha Decisión, estas personas «podrían haber recibido, enviado o estar en posesión de documentos que la Comisión considera esenciales para poder analizar si la intervención, la consulta o la participación de Vivendi en determinadas decisiones adoptadas por Lagardère pueden calificarse de ejercicio de influencia decisiva por parte de Vivendi».
11 El punto III, apartado 7, del anexo de la Decisión de 19 de septiembre de 2023 exige que la demandante facilite, por una parte, los documentos enviados o recibidos durante el período de referencia por las personas afectadas (y por sus sucesores y predecesores), identificadas por sus nombres en el punto II, apartado 5, de dicho anexo, y que contengan al menos uno de los términos de búsqueda enumerados en el punto VII del referido anexo y, por otra parte, los documentos intercambiados, durante el período de referencia, entre cuatro personas identificadas por sus nombres en el punto III, apartado 7, letras a) a c), del citado anexo.
12 Los puntos IV, V y VI del anexo de la Decisión de 19 de septiembre de 2023 precisan la forma en que la demandante debe facilitar los documentos solicitados, el contenido del informe de acompañamiento y las exigencias relativas a las declaraciones de exhaustividad de la respuesta. El punto VII del mismo anexo enumera los términos de búsqueda.
Hechos posteriores a la adopción de la Decisión de 19 de septiembre de 2023
13 Mediante correo electrónico de 11 de octubre de 2023, la demandante solicitó una prórroga de tres meses para responder a la solicitud de información. A este respecto, precisó que la solicitud de información planteaba numerosas dificultades y exigía un trabajo inusual de recogida, tratamiento y cotejo, así como una movilización de recursos humanos y de medios técnicos considerables.
14 Mediante correo electrónico de 12 de octubre de 2023, la Comisión invitó a la demandante a precisar la naturaleza y la magnitud de las dificultades con las que se enfrentaba.
15 Mediante correo electrónico de 14 de octubre de 2023 la demandante precisó que algunas de estas dificultades estaban relacionadas, en particular, con la falta de garantías de procedimiento suficientes para asegurar el respeto de la intimidad de las personas afectadas, de otros de sus empleados o mandatarios sociales, o de otras personas que pudieran verse afectadas por la solicitud de información, y la protección de las fuentes periodísticas
16 En una conferencia telefónica que tuvo lugar el 18 de octubre de 2023 la Comisión confirmó a la demandante que los documentos que pudieran revelar fuentes periodísticas gozarían de una protección especial inspirada en el procedimiento establecido para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente.
17 El 19 de octubre de 2023 la demandante indicó que no estaba en condiciones de exigir el acceso a las cuentas de correo electrónico y teléfonos móviles de la persona mencionada en la letra i) del punto II, apartado 5, del anexo de la Decisión de 19 de septiembre de 2023, debido a la situación actual de «hold separate» entre ella y una de sus filiales, derivada de las condiciones y obligaciones establecidas en la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración.
18 Mediante correo electrónico de 26 de octubre de 2023 la Comisión instó a la demandante a que le remitiera la lista de las personas afectadas titulares de un carné de prensa y a discutir aspectos prácticos que permitieran conciliar la protección de las fuentes periodísticas con la entrega de los documentos a los que se refiere la Decisión de 19 de septiembre de 2023.
19 El 27 de octubre de 2023, fecha de expiración del plazo fijado por la Decisión de 19 de septiembre de 2023, la demandante no había presentado ningún documento. Ese mismo día, la Comisión adoptó la Decisión de 27 de octubre de 2023. Mediante el artículo 1 de dicha Decisión, la Comisión retiró de la lista de personas afectadas a la persona mencionada en el punto II, apartado 5, letra i), del anexo de la Decisión de 19 de septiembre de 2023. Mediante el artículo 2 de la misma Decisión, el plazo del 27 de octubre de 2023, fijado inicialmente por el artículo 1 de la Decisión de 19 de septiembre de 2023, se prorrogó hasta el 1 de diciembre de 2023.
20 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 23 de noviembre de 2023, la demandante interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la Decisión impugnada, a saber, la Decisión de 19 de septiembre de 2023, en su versión modificada por la Decisión de 27 de octubre de 2023.
Hechos posteriores a la interposición del recurso
21 Mediante escrito de 6 de diciembre de 2023, el Director General de la Dirección General de Competencia de la Comisión indicó que todo documento que afectara a la protección de datos personales sensibles o de fuentes periodísticas se beneficiaría de garantías de procedimiento en aplicación de la legislación y la jurisprudencia pertinentes y detalló dichas garantías de procedimiento (en lo sucesivo, «escrito de 6 de diciembre de 2023»).
22 El 24 de enero de 2024, la Comisión adoptó la Decisión C(2024) 571 final, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 11, apartado 3, y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004 (en lo sucesivo, «Decisión de 24 de enero de 2024»). En primer lugar, mediante el artículo1 de dicha Decisión, el plazo del 1 de diciembre de 2023, fijado por el artículo 2 de la Decisión de 27 de octubre de 2023, se prorrogó hasta el 7 de febrero de 2024. En segundo lugar, mediante el artículo 2 de la Decisión de 24 de enero de 2024, en virtud del artículo 15 del Reglamento n.º 139/2004, se impuso a la demandante una multa coercitiva no superior al 5 % de su volumen de negocios medio diario, por cada día de retraso a partir del primer día hábil siguiente a la fecha fijada en el artículo 1 de dicha Decisión. En tercer lugar, el considerando 13, letra a), de la Decisión de 24 de enero de 2024 añade garantías de procedimiento adicionales a las de la Decisión impugnada, con el fin de garantizar la protección de los datos personales sensibles, mediante la aplicación del procedimiento de sala de datos virtual, tal como se proponía en el escrito de 6 de diciembre de 2023. El considerando 13, letra b), de la Decisión de 24 de enero de 2024 establece garantías de procedimiento destinadas a la protección de las fuentes periodísticas, confirmando el procedimiento propuesto en el escrito de 6 de diciembre de 2023.
23 Tras las conversaciones mantenidas con los abogados de la demandante durante una conferencia telefónica que tuvo lugar el 30 de enero de 2024, la Comisión aceptó que las comunicaciones entre las personas afectadas por la Decisión impugnada y los contactos del ámbito estrictamente personal se presentaran en sala de datos virtual.
24 En febrero de 2024, la demandante facilitó a la Comisión una parte de los documentos que cumplían los criterios definidos en la Decisión impugnada.
25 Entre los meses de septiembre y diciembre de 2024 la demandante presentó documentos a la Comisión, de modo que, en diciembre de 2024, la Comisión había recibido de la demandante los documentos que cumplían los criterios definidos en la Decisión impugnada, a excepción de los documentos amparados por el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, el secreto de las fuentes periodísticas y la vida privada de las personas afectadas.
Procedimiento de medidas provisionales
26 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de noviembre de 2023, la demandante interpuso una demanda de medidas provisionales por la que solicitaba, en particular, la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada.
27 Mediante auto de 28 de noviembre de 2023, Vivendi/Comisión (T‑1097/23 R, no publicado), el Presidente del Tribunal General ordenó la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada hasta que se dictara el auto que pusiera fin al procedimiento en el asunto T‑1097/23 R, sin perjuicio de la obligación de la demandante de proseguir con la recogida de información y de conservar en soporte electrónico todos los documentos a los que se refiere dicha Decisión.
28 Mediante auto de 19 de enero de 2024, Vivendi/Comisión (T‑1097/23 R, no publicado, EU:T:2024:15), el Presidente del Tribunal General desestimó le demanda de medidas provisionales.
29 Mediante auto de 6 de febrero de 2024, Vivendi/Comisión [C‑90/24 P(R)‑R, EU:C:2024:121], el Vicepresidente del Tribunal de Justicia ordenó la suspensión de la obligación impuesta a la demandante por la Decisión impugnada, sin perjuicio de la obligación de esta de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación de la totalidad de los documentos a los que se refiere dicha Decisión.
30 Mediante auto de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión [C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318], el Vicepresidente del Tribunal de Justicia anuló el auto de 19 de enero de 2024, Vivendi/Comisión (T‑1097/23 R, no publicado, EU:T:2024:15). Además, declaró que se cumplía el requisito de la urgencia y devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciara sobre el requisito del fumus boni iuris y para que, en su caso, se ponderasen los intereses en conflicto.
31 Mediante auto de 13 de junio de 2024, Vivendi/Comisión (T‑1097/23 R‑RENV, no publicado, EU:T:2024:381), el Vicepresidente del Tribunal General estimó parcialmente la pretensión de la demandante dirigida, por una parte, a obtener la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada y, por otra, con carácter cautelar, a que se le ordenara conservar todos los documentos a los que se refiere la Decisión impugnada en un soporte electrónico específico, entregado bajo sello electrónico a un tercero independiente de confianza.
32 El 3 de julio de 2024, la demandante interpuso recurso de casación por el que solicitaba que se anulara el auto de 13 de junio de 2024, Vivendi/Comisión (T‑1097/23 R‑RENV, no publicado, EU:T:2024:381). Al mismo tiempo, la demandante solicitó al Tribunal de Justicia que suspendiera la ejecución de dicho auto y de la Decisión impugnada.
33 Mediante auto de 8 de julio de 2024, Vivendi/Comisión [C‑470/24 P(R)‑R, no publicado, EU:C:2024:592], se suspendió la obligación impuesta a la demandante de recabar y comunicar a la Comisión los documentos a los que se refiere la Decisión impugnada, hasta la adopción de la resolución que se dictara entre la que pusiera fin al procedimiento de medidas provisionales y la que se pronunciara sobre el recurso de casación en el asunto C‑470/24 P(R), sin perjuicio de la obligación de la demandante de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación de la totalidad de dichos documentos.
34 Mediante auto de 26 de julio de 2024, Vivendi/Comisión (T‑1097/23 R‑RENV‑INTP, no publicado, EU:T:2024:516), el Vicepresidente del Tribunal General declaró la inadmisibilidad de la pretensión de interpretación del punto 1 del fallo del auto de 13 de junio de 2024, Vivendi/Comisión (T‑1097/23 R‑RENV, no publicado, EU:T:2024:381).
35 Mediante auto de 16 de agosto de 2024, Vivendi/Comisión [C‑470/24 P(R), no publicado, EU:C:2024:674], el Vicepresidente del Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación de la demandante en el asunto C‑470/24 P(R).
Pretensiones de las partes
36 La demandante solicita al Tribunal General que:
Anule la Decisión impugnada.
Condene en costas a la Comisión.
37 La Comisión, apoyada por el Consejo de la Unión Europea, solicita al Tribunal General que:
Desestime el recurso.
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
38 En apoyo de su recurso, la demandante invoca siete motivos, el primero basado en la elección de un fundamento jurídico erróneo y en desviación de poder; el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación; el tercero, en la violación del principio de protección contra las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas del poder público; el cuarto, en la vulneración del principio «impossibilium nulla obligatio est» en lo que respecta a la solicitud de aportar documentos procedentes del grupo Bolloré; el quinto, en la violación del principio de proporcionalidad; el sexto, en la vulneración de la protección de las fuentes periodísticas y el séptimo, en la falta de garantías adecuadas para proteger el derecho a la vida privada.
39 El Tribunal General considera que procede examinar en primer lugar el segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Sobre el segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
40 Mediante su segundo motivo, la demandante reprocha a la Comisión haber incumplido la obligación de motivación general que le incumbe en virtud del artículo 296 TFUE y la obligación de motivación especial que le impone el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, al no haber definido en términos suficientemente claros el objeto y el alcance de su investigación.
41 El segundo motivo consta, en esencia, de cuatro partes. En la primera parte, la demandante alega que la Decisión impugnada no indica claramente el objeto de la solicitud de información, ya que no menciona las consideraciones precisas y objetivas que justificaron su adopción. En la segunda parte del motivo, la demandante sostiene que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación en lo que respecta al ámbito material, temporal y personal de la información solicitada. En la tercera parte del motivo, la demandante reprocha a la Comisión no haber explicado, en la Decisión impugnada, las razones que justifican la inclusión del grupo Bolloré en el ámbito de aplicación de dicha Decisión. En la cuarta parte del motivo, la demandante alega, en esencia, que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en lo que respecta, por una parte, a la adopción de una decisión de solicitud de información con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 y, por otra parte, a la necesidad de actuar con rapidez.
Observaciones previas
42 Debe recordarse que, según asentada jurisprudencia, la motivación de los actos de las instituciones de la Unión exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de todas las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas por dicho acto en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 16 y jurisprudencia citada).
43 En lo que respecta, en particular, a la motivación de una decisión de solicitud de información, procede recordar que el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 define sus aspectos esenciales (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 17).
44 Esta disposición establece, en efecto, que la Comisión «indicará el fundamento jurídico y la finalidad de su solicitud, especificará la información requerida y fijará el plazo en que habrá de facilitarse». Dispone, además, que la Comisión «asimismo, indicará las sanciones previstas en el artículo 14 [del Reglamento n.º 139/2004]», «indicará o impondrá las sanciones previstas en el artículo 15 [del mismo Reglamento]» y «también informará sobre el derecho de recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia.»
45 Con carácter previo, procede recordar que, por principio, debe reconocerse el mismo valor a todas las versiones lingüísticas de un acto de la Unión. Para preservar la unidad en la interpretación del Derecho de la Unión, en caso de discrepancia entre versiones, la disposición de que se trate debe interpretarse en función del sistema general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte. Por lo tanto, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de un acto no puede constituir la única base de la interpretación de ese acto; tampoco se le puede reconocer, a este respecto, un carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Tal enfoque sería, en efecto, incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 20 de febrero de 2018, Bélgica/Comisión, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, apartados 49 y 50 y jurisprudencia citada).
46 En el presente caso, procede precisar que, en su versión en francés, el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 establece que, en una solicitud de información mediante decisión, la Comisión indicará «la base juridique» y «l'objet de la demande». Ahora bien, las demás versiones lingüísticas de esta disposición utilizan términos que corresponden al concepto de «finalidad», como, por ejemplo, las versiones en inglés, alemán, neerlandés, italiano, griego y croata, que utilizan, respectivamente, los términos «purpose», «Zweck», «doel», «scopo», «σκοπό» y «svrhu», mientras que la versión en español utiliza el término «objeto». De los términos utilizados en las demás versiones lingüísticas, teniendo en cuenta el contexto de esta disposición y el objetivo perseguido por el Reglamento en cuestión, se desprende que, en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, el legislador quiso hacer referencia al concepto de «finalidad» que figura en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 139/2004 y en el artículo 18, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los [artículos 101 y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), tal como lo interpreta la jurisprudencia citada más adelante en el apartado 48.
47 La obligación de motivación específica constituye una exigencia fundamental no solo para poner de manifiesto el carácter justificado del requerimiento de información, sino también para que las empresas interesadas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 19 y jurisprudencia citada).
48 En lo que respecta a la obligación de indicar la «finalidad de la solicitud», la Comisión debe indicar la finalidad de su investigación en su requerimiento y especificar por tanto la presunta infracción de las reglas de la competencia (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 20 y jurisprudencia citada).
49 En ese sentido, la Comisión no está obligada a comunicar al destinatario de una decisión de solicitud de información toda la información de la que ya dispone acerca de supuestas infracciones ni a efectuar una calificación jurídica rigurosa de tales infracciones, siempre que indique con claridad las sospechas que pretende comprobar (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 21 y jurisprudencia citada).
50 Tal obligación se explica, en particular, por el hecho de que, según el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004, a fin de cumplir las tareas que le encomienda el Reglamento, la Comisión podrá, por medio de una solicitud simple o por decisión, pedir a las empresas y asociaciones de empresas que le faciliten «toda la información necesaria (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 22).
51 Por consiguiente la Comisión únicamente puede requerir la comunicación de información que le permita comprobar las presunciones de infracciones que justifican la realización de la investigación y que se indiquen en la solicitud de información (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 23).
52 Ahora bien, puesto que la necesidad de la información debe apreciarse en relación con la finalidad mencionada en la solicitud de información, esa finalidad se debe indicar con suficiente precisión, en defecto de lo cual sería imposible determinar si la información es necesaria y el juez de la Unión no podría ejercer su control (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 24 y jurisprudencia citada).
53 Por tanto, la suficiencia de la motivación de la decisión de solicitud de información depende de si las presunciones de infracciones que la Comisión se propone comprobar se precisan con suficiente claridad (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 25).
54 Al apreciar el alcance de la obligación de motivación de una decisión de solicitud de información en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, también debe tenerse en cuenta la fase de la investigación en la que se adopta dicha decisión y si la Comisión ya disponía o no de determinada información sobre las presuntas infracciones (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 46 y jurisprudencia citada).
55 El carácter suficiente de la motivación de la Decisión impugnada debe examinarse a luz de estas consideraciones.
Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en motivación insuficiente en lo que respecta a la finalidad de la solicitud de información
56 Mediante la primera parte del segundo motivo, la demandante alega, en esencia, que la Decisión impugnada no indica claramente la finalidad de la solicitud de información, ya que no menciona las consideraciones precisas y objetivas que justificaron su adopción y, en concreto, las presuntas infracciones. En particular, según la demandante, la Decisión impugnada no contiene ninguna precisión sobre las «denuncias» y los «hechos» de los que la Comisión habría tenido conocimiento, que se mencionan en el escrito de 25 de julio de 2023 relativo a la apertura del procedimiento formal de examen, pero no en la Decisión impugnada.
57 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
58 A este respecto, de los considerandos 1 a 3 de la Decisión impugnada se desprende que, por una parte, la Comisión había autorizado la adquisición de Lagardère por la demandante, supeditándola a compromisos de cesión de todas sus actividades en el sector de la edición de libros (agrupadas en Editis, filial de la demandante) y de la revista Gala y, por otra parte, en la fecha de adopción de la Decisión impugnada, la demandante seguía estando sujeta a la obligación de suspender dicha adquisición, toda vez que la Comisión aún no había procedido a la aprobación del comprador ni de las condiciones de la cesión de Editis y Gala.
59 En el considerando 4 de la Decisión impugnada, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004, puede pedir toda la información necesaria para el cumplimiento de las tareas que le encomienda dicho Reglamento.
60 En el considerando 5 de la Decisión impugnada, la Comisión menciona asimismo los requisitos de motivación de una solicitud de información adoptada con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004. A este respecto, precisa que, «cuando, en virtud del artículo 11, apartado 3, del [citado] Reglamento […], exige a una empresa mediante una decisión que facilite información, debe indicar el fundamento jurídico y la finalidad de la solicitud, especificar la información requerida y fijar el plazo en que habrá de facilitarse; asimismo, debe indicar las sanciones previstas en el artículo 14 del [mismo] Reglamento […] y señalar o imponer las sanciones previstas en el artículo 15 [de dicho] Reglamento; además, debe informar sobre el derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia.»
61 La finalidad de la solicitud de información se indica en los considerandos 6 y 7 de la Decisión impugnada, que establecen lo siguiente:
«(6) Con el fin de poder evaluar si Vivendi había ejercido una influencia decisiva sobre Lagardère que pueda constituir un incumplimiento de la obligación de notificación, un incumplimiento de la obligación de suspensión o un incumplimiento de las condiciones y obligaciones vinculadas a la Decisión de la Comisión de autorizar la operación Vivendi/Lagardère, la Comisión decidió exigir a Lagardère que facilitara una serie de documentos, intercambios internos y comunicaciones externas. Dichos documentos y comunicaciones se refieren a decisiones adoptadas por Lagardère en las que Vivendi podría haber desempeñado un papel decisivo, similar al que ejercería un accionista mayoritario. La solicitud de información se adjunta como anexo a la presente Decisión.
(7) Los documentos y comunicaciones solicitados en virtud de la presente Decisión y que figuran en el anexo son esenciales para que la Comisión pueda analizar si la intervención, la consulta o la participación de Vivendi en determinadas decisiones tomadas por Lagardère pueden calificarse de ejercicio de influencia decisiva por parte de Vivendi en los términos descritos en el considerando 6. Se indica, en particular, que los documentos y comunicaciones señalados se refieren a la puesta en marcha de sinergias operativas, como programas conjuntos entre entidades audiovisuales de Vivendi y Lagardère, la fijación de la parrilla de programación de la emisora de radio Europe 1, perteneciente al grupo Lagardère, los nombramientos y bajas de periodistas en las publicaciones del grupo Lagardère, las decisiones editoriales de las revistas del grupo Lagardère en las que pudieran haber influido directivos de Vivendi o de su accionista principal, el grupo Bolloré, así como el traslado de entidades del grupo Vivendi a locales pertenecientes a Lagardère. También se refieren a decisiones estratégicas adoptadas por el grupo editorial Hachette (perteneciente a Lagardère y en las que Vivendi podría haber desempeñado un papel susceptible de ser calificado como ejercicio de influencia decisiva, por ejemplo haber puesto fin a un litigio contra una filial de Vivendi o el hecho de no haber presentado una oferta para la adquisición de la editorial estadounidense […]), así como las condiciones de nombramiento de determinados miembros notoriamente vinculados al grupo Bolloré en el consejo de administración de Lagardère».
62 Procede señalar que, en los considerandos 6 y 7 de la Decisión impugnada, la Comisión indica las sospechas de infracción de las disposiciones del Reglamento n.º 139/2004 que pretende verificar y delimita el objeto de su investigación, en el sentido de la jurisprudencia recordada en los apartados 48 y 49 anteriores.
63 Así pues, el contenido de los considerandos 6 y 7 de la Decisión impugnada constituye una descripción clara e inequívoca de la finalidad de la investigación de la Comisión. Dicha información permite asimismo determinar con un grado suficiente de precisión las sospechas de infracción que justifican la adopción de dicha Decisión, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 48 a 53 anteriores.
64 Por consiguiente, dicha motivación cumple la obligación de indicar la finalidad de la solicitud de información, en el sentido del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004.
65 Esta conclusión no puede verse cuestionada por el argumento de la demandante según el cual la Decisión impugnada no contiene ninguna precisión sobre las «denuncias» y los «hechos» de los que la Comisión habría tenido conocimiento, que se mencionan, según la demandante, en el escrito de 25 de julio de 2023 relativo a la apertura del procedimiento formal de examen, pero no en la Decisión impugnada.
66 Por una parte, como admite la demandante, la finalidad de la solicitud también se indicó en el escrito de 25 de julio de 2023 relativo a la apertura del procedimiento formal de examen, que la demandante conocía cuando se adoptó la Decisión impugnada.
67 Por otra parte, según la jurisprudencia reiterada citada en el apartado 49 anterior, la Comisión no está obligada a comunicar al destinatario de una decisión de solicitud de información toda la información de la que ya dispone acerca de supuestas infracciones ni a efectuar una calificación jurídica rigurosa de tales infracciones, siempre que indique con claridad las sospechas que pretende comprobar.
68 A este respecto, debe señalarse que la Decisión impugnada se adoptó en la fase de investigación preliminar del procedimiento administrativo en virtud del Reglamento n.º 139/2004, destinada a permitir que la Comisión reúna todos los elementos pertinentes que confirmen o no la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia y adopte una primera postura sobre la orientación y la continuación que proceda dar al procedimiento (véase en este sentido, por analogía, la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, apartado 113 y jurisprudencia citada).
69 Pues bien, según jurisprudencia reiterada, no cabe exigir a la Comisión que indique, en la fase de investigación preliminar, además de las presunciones de infracción que se propone verificar, los indicios, es decir, los elementos que le llevan a presumir una infracción del Derecho de la competencia. En efecto, tal obligación comprometería el equilibrio que la jurisprudencia establece entre la preservación de la eficacia de la investigación y la preservación del derecho de defensa de la empresa afectada (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2014, Cementos Portland Valderrivas/Comisión, T‑296/11, EU:T:2014:121, apartado 37).
70 Teniendo en cuenta estas consideraciones, procede señalar que la motivación de la Decisión impugnada permite, por una parte, a la demandante comprobar si la información solicitada es necesaria a efectos de la investigación y, por otra, al juez de la Unión ejercer su control. Por lo tanto, la demandante alega erróneamente un incumplimiento de la obligación de motivación, tal como se establece en el artículo 296 TFUE y en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, en lo que respecta a la finalidad de la investigación de la Comisión y a la descripción de las prácticas cuya existencia pretende comprobar en su investigación.
71 A la vista de las consideraciones anteriores, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.
Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en falta de motivación en relación con el ámbito material, temporal y personal de la información solicitada
72 Mediante la segunda parte del segundo motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada carece de toda motivación que permita justificar el alcance material, temporal y personal de la información solicitada, en particular la elección de los términos de búsqueda, los criterios de designación de las personas afectadas y el período de referencia al que se aplica la Decisión impugnada.
73 La Comisión rebate los argumentos de la demandante.
74 A este respecto, como se desprende de los apartados 6 a 12 y 19 anteriores, procede señalar que la Decisión impugnada, y en particular su anexo, define claramente el ámbito material, temporal y personal de la información solicitada. Como alega acertadamente la Comisión, el mero hecho de que la Decisión impugnada no contenga una motivación específica para cada información solicitada o para cada término de búsqueda no puede, por sí mismo, considerarse una motivación insuficiente
75 En efecto, según la jurisprudencia no puede exigirse que la Comisión, antes de proceder a cualquier solicitud de información, conozca el contenido de los documentos solicitados y su relevancia para la finalidad de la investigación (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de marzo de 2012, Slovak Telekom/Comisión, T‑458/09 y T‑171/10, EU:T:2012:145, apartado 55).
76 A la luz de las disposiciones y la jurisprudencia mencionadas en los apartados 42 a 54 anteriores, la obligación de motivación en el caso de una decisión por la que se solicita información no llega hasta el punto de imponer a la Comisión la obligación de proporcionar, respecto a cada información solicitada o, como en el presente asunto, a cada término de búsqueda cuya aplicación se solicita, una motivación específica sobre las razones por las que considera que dicha información o dicho término de búsqueda, por una parte, es necesario para su investigación y, por otra, no contiene ni identifica más que información pertinente para dicha investigación.
77 Por otra parte, como se desprende del apartado 42 anterior, el cumplimiento de la obligación de motivación debe apreciarse no solo a la luz del texto del acto en cuestión, sino también de su contexto, es decir, en el presente caso, de los actos ya adoptados en la fase de investigación preliminar del procedimiento administrativo en virtud del Reglamento n.º 139/2004 (véase el apartado 68 anterior).
78 En particular, una solicitud de información como la de la Decisión impugnada solo tiene por objeto permitir que la Comisión obtenga la información y la documentación necesarias para comprobar la realidad y el alcance de una situación de hecho y de Derecho determinada (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, apartado 37).
79 Habida cuenta de lo anterior, la demandante no puede invocar válidamente la falta de motivación relativa al ámbito material, temporal y personal de la información exigida.
80 Por lo demás, procede señalar que los argumentos de la demandante destinados a impugnar el carácter necesario de la información solicitada se refieren a la legalidad en cuanto al fondo de la Decisión impugnada y no pueden tenerse en cuenta al examinar el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 55 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, dichos argumentos se analizarán al examinar el quinto motivo.
81 A la vista de las consideraciones anteriores, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo.
Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en falta de motivación respecto a la inclusión del grupo Bolloré
82 Mediante la tercera parte del segundo motivo, la demandante sostiene que la Decisión impugnada carece de toda motivación en lo que respecta a la inclusión del grupo Bolloré en el ámbito de la solicitud de información. Las sospechas de la Comisión, tal como se exponen en el escrito de 25 de julio de 2023 relativo a la apertura del procedimiento formal de examen y que se resumen brevemente en la Decisión impugnada, no se refieren, a su juicio, al ejercicio de una influencia decisiva del grupo Bolloré sobre Lagardère, sino de la demandante sobre Lagardère. Así pues, la demandante considera que la solicitud de información en poder de un tercero sobre el que no ejerce ningún control, a saber, el grupo Bolloré, carece por completo de motivación.
83 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
84 A este respecto basta con señalar que en el considerando 7 de la Decisión impugnada se precisa que los documentos a los que se hace referencia tiene que ver, en particular, con determinadas decisiones de Lagardère «en las que podrían haber influido directivos de Vivendi o de su accionista principal, el grupo Bolloré». Por otra parte, como subraya la Comisión, tanto la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración como el formulario de notificación de la operación que la demandante le presentó confirman que el grupo Bolloré y Vivendi constituyen una única empresa en el sentido del Derecho de la competencia.
85 Por consiguiente, la demandante invoca erróneamente el incumplimiento de la obligación de motivación en lo que respecta a la inclusión del grupo Bolloré en la lista de personas afectadas por la solicitud de información.
86 Por lo tanto, procede desestimar la tercera parte del segundo motivo.
Sobre la cuarta parte del segundo motivo, basada en motivación insuficiente relativa, por una parte, a la adopción de una decisión de solicitud de información con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 y, por otra, a la necesidad de actuar con rapidez
87 Mediante la cuarta parte del motivo, la demandante alega, en esencia, que la Decisión impugnada no explica de manera suficiente en Derecho las razones por las que se consideró necesario utilizar una solicitud de información mediante decisión con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, en lugar de una solicitud simple de información con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 139/2004 o una inspección conforme al artículo 13 del Reglamento n.º 139/2004. Por otra parte, considera que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación en lo que respecta a la necesidad de actuar con rapidez.
88 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
89 En el caso de autos, el considerando 8 de la Decisión impugnada indica que, «en el marco del presente procedimiento, destinado a determinar la existencia de una infracción, la Comisión considera que solo una decisión adoptada en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento sobre concentraciones permite garantizar que Vivendi facilite la totalidad de los documentos que cumplan los criterios identificados en [dicha] Decisión[;] en efecto, la aplicación del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 era, a su juicio, el único procedimiento previsto en dicho Reglamento que le permitía obligar a las empresas destinatarias a dar una respuesta completa, so pena de sanciones. Además, la Comisión consideraba que era necesario actuar con rapidez para evitar que se eliminaran documentos pertinentes de los archivos de la demandante, en particular en el supuesto de que los mensajes se borraran tras un cierto tiempo y determinados documentos procedentes de un empleado no se conservaran durante un período prolongado después de que este hubiera dejado de trabajar para la empresa; la elección de una decisión adoptada en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 respondía a este objetivo de rapidez».
90 Así, la Comisión explica, en el considerando 8 de la Decisión impugnada, que solo una decisión adoptada en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 permitía garantizar que la demandante facilitara la totalidad de los documentos que respondieran a los criterios que había identificado, so pena de sanciones, y actuar con rapidez para evitar que se eliminaran documentos pertinentes de los archivos de la demandante.
91 Por consiguiente, procede constatar que la Decisión impugnada está suficientemente motivada, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 42 anterior, en lo que respecta a la elección del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 como fundamento jurídico de la Decisión.
92 No obstan a esta conclusión los demás argumentos expuestos por la demandante.
93 De entrada, en lo que respecta a la utilización de una solicitud de información mediante decisión con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, en lugar de una solicitud simple de información con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 139/2004, la Comisión está facultada, conforme al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004, para pedir información «por medio de una solicitud simple o por decisión», sin que dicha disposición supedite la adopción de una decisión a una previa solicitud simple.
94 La elección entre una solicitud simple de información y una decisión depende de las necesidades de una investigación adecuada, habida cuenta de las particularidades del caso [véase, por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2014, Holcim (Deutschland) y Holcim/Comisión, T‑293/11, no publicada, EU:T:2014:127, apartado 84 y jurisprudencia citada].
95 En efecto, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación al aplicar los artículos 11, 14 y 15 del Reglamento n.º 139/2004 (sentencia de 4 de octubre de 2024, thyssenkrupp/Comisión, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, apartado 380).
96 Como señala la Comisión, en lo que respecta a las solicitudes simples de información formuladas con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 139/2004, el artículo 14, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento solo prevé una sanción en caso de información inexacta o engañosa, mientras que, en lo que respecta a las solicitudes formuladas mediante decisión con arreglo al artículo 11, apartado 3, del mismo Reglamento, el carácter incompleto o la presentación fuera de plazo de las respuestas constituyen motivos distintos de sanción, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento.
97 Una solicitud de información mediante decisión se distingue de una solicitud simple de información en que, cuando la Comisión utiliza la primera, es posible imponer una multa o multas coercitivas para obligar a una empresa a facilitar información completa y exacta, en virtud, respectivamente, del artículo 14, apartado 1, letra c), y del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 139/2004 (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, thyssenkrupp/Comisión, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, apartado 379).
98 En el presente caso, como se desprende del considerando 8 de la Decisión impugnada, citado en el apartado 89 anterior, la Comisión explica de manera suficiente en Derecho que el procedimiento previsto en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 le permite imponer a las empresas destinatarias de su decisión la obligación de facilitar una respuesta completa, so pena de sanciones.
99 En segundo lugar, en lo que respecta a la utilización de una solicitud de información mediante decisión con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, en vez de una inspección con arreglo al artículo 13 del Reglamento n.º 139/2004, procede recordar que, según la jurisprudencia citada más adelante en el apartado 141, las inspecciones tienen un carácter más coercitivo y un impacto particularmente intenso en la situación jurídica de la empresa afectada en comparación con una solicitud de información.
100 Por consiguiente, no puede exigirse a la Comisión que justifique su decisión de no aplicar una medida como la inspección, que constituye un procedimiento más coercitivo que la solicitud de información prevista en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004.
101 En tercer lugar, en lo que respecta a la necesidad de actuar con rapidez, como se desprende del considerando 8 de la Decisión impugnada, citado en el apartado 89 anterior, la Comisión consideraba que era necesario actuar con rapidez para evitar que se eliminaran documentos pertinentes de los archivos de la demandante, en particular en el supuesto de que los mensajes se borraran tras un cierto tiempo y de que determinados documentos procedentes de un empleado no se conservaran durante un período prolongado después de que este hubiera dejado de trabajar para la empresa. La elección de una decisión adoptada en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 respondía, según la Comisión, a este objetivo de rapidez.
102 A la vista de lo anterior, procede concluir que la Decisión impugnada está suficientemente motivada tanto en lo que respecta a la adopción de una decisión de solicitud de información en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 como a la necesidad de actuar con rapidez.
103 Por otra parte, debe señalarse que la obligación de motivar las decisiones constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha decisión. Si estos fundamentos incurren en errores, estos vician la legalidad de la decisión sobre el fondo, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese una fundamentación equivocada (véase la sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 181 y jurisprudencia citada).
104 Por consiguiente, los demás argumentos de la demandante destinados a demostrar el carácter erróneo de la motivación de la Decisión impugnada son inoperantes en un motivo basado en falta de motivación.
105 Dado que la demandante impugna, en realidad, la procedencia de aplicar el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, esta alegación se examinará al analizar la primera y la tercera parte del primer motivo (véanse más adelante los apartados 109 a 125 y 130 a 144). Del mismo modo, en la medida en que la demandante impugna, en realidad, la necesidad de actuar con rapidez, esta argumentación se analizará en el marco de la segunda parte del quinto motivo (véanse más adelante los apartados 279 a 299).
106 Por último, el argumento de la demandante según el cual la Comisión no cumplió la obligación de motivación reforzada aplicable cuando se aparta de su «práctica habitual» tampoco está suficientemente explicado ni fundamentado y, por lo tanto, debe desestimarse.
107 Por lo tanto, procede desestimar la cuarta parte del segundo motivo y, por consiguiente, el segundo motivo en su totalidad.
Sobre el primer motivo, basado en la elección de un fundamento jurídico erróneo y en desviación de poder
108 Mediante su primer motivo, la demandante alega que la Comisión no podía invocar el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 para adoptar la Decisión impugnada. El primer motivo comprende, en esencia, tres partes. En la primera parte, la demandante alega que la Decisión impugnada no se refiere a la apreciación de los efectos de una operación de concentración. En la segunda parte, la demandante sostiene que la Decisión impugnada no cumple los requisitos de necesidad y precisión que le son inherentes. En la tercera parte, la demandante reprocha a la Comisión haber incurrido en desviación de poder.
Sobre la primera parte del primer motivo, basada en que la Decisión impugnada no se refiere a la apreciación de los efectos de una operación de concentración
109 En la primera parte del primer motivo, la demandante alega que el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 solo puede servir de fundamento jurídico para solicitudes de información destinadas a evaluar la compatibilidad con el mercado interior de una concentración notificada a la Comisión. Además, aplicar el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 ya no tendría razón de ser una vez concluido el examen de los efectos de una concentración en el mercado, como es el caso, en particular, cuando la Comisión ha autorizado una operación de concentración.
110 Ahora bien, en el caso de autos, según la demandante, el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 no puede servir de fundamento jurídico para la Decisión impugnada, ya que esta no tiene por objeto recabar información sobre la compatibilidad de la adquisición del control de Lagardère por parte de la demandante y se produce, en cualquier caso, tras su autorización por la Comisión.
111 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
112 A tenor del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004, «a fin de cumplir las tareas que le encomienda [dicho] Reglamento, la Comisión podrá, por medio de una solicitud simple o por decisión, pedir a las personas contempladas en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 y a las empresas y asociaciones de empresas que le faciliten toda la información necesaria.»
113 Así, a tenor del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004 la Comisión puede pedir toda la información necesaria para cumplir las tareas que le encomienda dicho Reglamento.
114 Es cierto que, como sostiene la demandante, de la jurisprudencia resulta que la Comisión únicamente puede ejercer las facultades que le confiere el artículo 11 del Reglamento n.º 139/2004 en la medida en que considere que no dispone de toda la información necesaria para pronunciarse sobre la compatibilidad de la operación de concentración de que se trate con el mercado común (véase la sentencia de 4 de febrero de 2009, Omya/Comisión, T‑145/06, EU:T:2009:27, apartado 28 y jurisprudencia citada).
115 No obstante, como subraya la Comisión, este razonamiento refleja el principio de que el carácter necesario de una información requerida por la Comisión debe apreciarse en relación con la finalidad mencionada en la solicitud de información. No permite cuestionar que, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004, la Comisión puede pedir toda la información necesaria para para cumplir las tareas que le encomienda dicho Reglamento.
116 En el presente caso, el objeto de la solicitud de información se indica en los considerandos 6 y 7 de la Decisión impugnada, citados en el apartado 61 anterior. Según dichos considerandos, la Comisión solicitó la información en cuestión con el fin de apreciar si Vivendi ejerció una influencia decisiva sobre Lagardère que pueda constituir un incumplimiento de la obligación de notificación, un incumplimiento de la obligación de suspensión o un incumplimiento de las condiciones y obligaciones derivadas de la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración. Según la Comisión, dicha información es esencial para que la Comisión pueda analizar si la intervención, la consulta o la participación de la demandante en determinadas decisiones adoptadas por Lagardère pueden calificarse de ejercicio de influencia decisiva por parte de la demandante.
117 Procede señalar que la finalidad de la solicitud de información, tal como se describe en los considerandos 6 y 7 de la Decisión impugnada, citados en el apartado 61 anterior, está comprendida en el ámbito de las tareas que el Reglamento n.º 139/2004 encomienda a la Comisión.
118 En efecto, como se desprende del artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 139/2004, la Comisión puede supeditar su decisión por la que se declara la concentración compatible con el mercado interior a condiciones y obligaciones destinadas a garantizar que las empresas afectadas cumplan los compromisos que hayan contraído con ella a fin de compatibilizar la concentración con el mercado interior.
119 Además, el artículo 7 del Reglamento n.º 139/2004, titulado «Suspensión de la concentración», establece, en su apartado 1, que «una concentración de dimensión comunitaria en el sentido del artículo 1, o una concentración que haya de ser examinada por la Comisión conforme al apartado 5 del artículo 4, no podrá ejecutarse antes de ser notificada ni hasta que haya sido declarada compatible con el mercado común en virtud de una decisión con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 6 o a los apartados 1 o 2 del artículo 8 o sobre la base de una presunción conforme al apartado 6 del artículo 10».
120 En el caso de autos, según el considerando 1 de la Decisión impugnada, «en [la] Decisión de 9 de junio de 2023 [por la que se autoriza la concentración], la Comisión autorizó la adquisición de Lagardère […] por Vivendi […] a condición de que se cumplieran los compromisos de cesión de todas las actividades de Vivendi en el sector de la edición de libros (agrupadas en Editis, filial de Vivendi) y de la revista Gala.»
121 Según el considerando 3 de la Decisión impugnada, «los compromisos de cesión propuestos por Vivendi prevén, además, que la adquisición de Lagardère por Vivendi no podrá formalizarse antes de que la Comisión haya aprobado al comprador y las condiciones de la cesión […; en] la fecha de [dicha] Decisión, Vivendi seguirá estando sujeta a la obligación de suspensión, mientras la Comisión aún no haya procedido a dichas autorizaciones.»
122 Así pues, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento n.º 139/2004, la Comisión tenía la obligación de velar por que la demandante cumpliera las condiciones impuestas por la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración y de asegurarse de que cumpliera las obligaciones que le incumben en virtud de dicho Reglamento.
123 A la vista de las consideraciones anteriores, procede señalar que la búsqueda de elementos que permitan verificar un presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento n.º 139/2004 constituye una de las tareas encomendadas a la Comisión por dicho Reglamento, para cuyo cumplimiento esta puede, en virtud del artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento, pedir toda la información necesaria. Por consiguiente, la búsqueda de dichos elementos forma parte de las finalidades de una solicitud de información adoptada en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004.
124 De ello se sigue que la Comisión podía basarse válidamente en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 para adoptar la Decisión impugnada.
125 Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del primer motivo.
Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en el incumplimiento de los requisitos de necesidad y precisión
126 Mediante la segunda parte del primer motivo, la demandante alega que la facultad conferida a la Comisión para solicitar información solo le permite exigir que se le facilite la información «necesaria» en el sentido del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004. Así pues, una solicitud de información formulada con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 está sujeta a los requisitos de necesidad y precisión, a los que, según la demandante, no se ajusta la Decisión impugnada, que tiene una «finalidad exploratoria» y se refiere, según ella, a un conjunto de documentos que la Comisión no ha identificado previamente.
127 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
128 A este respecto, basta con señalar que el objeto de los argumentos expuestos por la demandante en la segunda parte del primer motivo es impugnar, en realidad, la conformidad de la Decisión impugnada con los requisitos de precisión y necesidad.
129 Por lo tanto, estos argumentos corresponden más bien al segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, y al quinto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, y se analizan, por tanto, al examinar dichos motivos.
Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en desviación de poder
130 En la tercera parte del primer motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada adolece de desviación de poder, ya que su finalidad no es recabar información para evaluar la compatibilidad de una operación de concentración con el mercado interior, dado que la operación fue autorizada el 9 de junio de 2023, es decir, tres meses antes de que se adoptara la Decisión impugnada. Por otra parte, según la demandante, la finalidad de la Decisión impugnada es, en realidad, llevar a cabo una «inspección exploratoria». Pues bien, a pesar de que la Decisión impugnada constituye una medida tan intrusiva como una inspección, no ofrece ninguna de las garantías de procedimiento asociadas las inspecciones, en particular el método de verificación que permite a los representantes de la empresa inspeccionada formular observaciones y solicitar la retirada de documentos que no sean objeto de la inspección, estén protegidos o contengan datos personales sensibles. Según la demandante, la Comisión podría haberse sometido al marco jurídico más restrictivo aplicable a las inspecciones.
131 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
132 Con carácter previo, procede recordar que el concepto de desviación de poder se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haga uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas. Una decisión solamente adolece de desviación de poder cuando resulte de indicios objetivos, pertinentes y concordantes que fue adoptada con dicha finalidad. En el caso de pluralidad de finalidades, aunque a los motivos válidos se una uno injustificado, no por ello la Decisión adolecerá de desviación de poder, siempre y cuando no sacrifique la finalidad esencial (véase la sentencia de 4 de febrero de 2009, Omya/Comisión, T‑145/06, EU:T:2009:27, apartado 99 y jurisprudencia citada).
133 Por lo tanto, procede examinar si los elementos invocados por la demandante constituyen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que indiquen que la Decisión impugnada fue adoptada por la Comisión con una finalidad distinta de la prevista en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004.
134 A este respecto, de los apartados 123 y 124 anteriores se deduce que la búsqueda de elementos que permitan verificar un presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento n.º 139/2004 constituye una de las tareas encomendadas a la Comisión por el citado Reglamento. Por consiguiente, la búsqueda de dichos elementos forma parte de las finalidades legalmente admisibles de una solicitud de información adoptada sobre la base del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, que permite a la Comisión pedir a las empresas, mediante decisión, que faciliten toda la información necesaria para el cumplimiento de las tareas que le encomienda el referido Reglamento.
135 Por consiguiente, puesto que la finalidad de la información solicitada en virtud de la Decisión impugnada es verificar si la demandante ha incumplido la obligación de notificación, de suspensión o de cumplimiento de las condiciones derivadas de una decisión por la que se declara una concentración compatible con el mercado interior, tareas que son competencia exclusiva de la Comisión en virtud del Reglamento n.º 139/2004, la Comisión no ejerció sus facultades con un fin distinto de aquel para el que le fueron conferidas.
136 No obsta a esta conclusión la alegación de la demandante según la cual la Comisión pudo someterse al régimen jurídico más coercitivo aplicable a las inspecciones, que ofrece más garantías de procedimiento.
137 A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, un acto solo incurre en desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado FUE para hacer frente a las circunstancias del caso (véase la sentencia de 5 de mayo de 2015, España/Parlamento y Consejo, C‑146/13, EU:C:2015:298, apartado 56 y jurisprudencia citada).
138 Pues bien, el procedimiento aplicable a las inspecciones no está específicamente establecido en las circunstancias del caso de autos.
139 Además, el hecho de que una inspección pueda constituir una alternativa a una solicitud de información no significa que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión hiciera uso de sus facultades con un fin distinto de aquel para el que le fueron conferidas por el Reglamento n.º 139/2004.
140 Por otra parte, procede señalar, que la enumeración por el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 139/2004 de las facultades de inspección de que están investidos los agentes de la Comisión pone de manifiesto que las verificaciones pueden tener un alcance muy amplio (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2007, CB/Comisión, T‑266/03, no publicada, EU:T:2007:223, apartado 71), en el sentido de que permiten a la Comisión, en particular, acceder a los locales de las empresas investigadas, hacer u obtener copias o reproducir extractos de los libros y documentos, o incluso precintar los locales comerciales, los libros o los documentos de dicha empresa mientras dure la inspección. El ejercicio de las facultades de inspección da lugar, por tanto, a consecuencias distintas de las que lleva consigo una solicitud de información.
141 Como alega la Comisión, de la jurisprudencia se desprende que las inspecciones tienen carácter más constrictivo y una especial intensidad de su repercusión en la situación jurídica de la empresa afectada, en comparación con una solicitud de información (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2008, AC-Treuhand/Comisión, T‑99/04, EU:T:2008:256, apartado 56 y jurisprudencia citada).
142 Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el texto de la Decisión impugnada pone de manifiesto que la Comisión estableció determinadas garantías de procedimiento con el fin de asegurar, por una parte, la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes aplicables a determinados documentos [apartado IV, párrafo 10, letra j), del anexo de dicha Decisión] y, por otra parte, de los datos personales sensibles [punto IV, apartado 10, letra l), del anexo de dicha Decisión].
143 De lo anterior se desprende que la demandante no ha demostrado que la Decisión impugnada adolezca de desviación de poder.
144 Por lo tanto, procede desestimar la tercera parte del primer motivo y, por consiguiente, el primer motivo en su totalidad.
Sobre el tercer motivo, basado en la violación del principio de protección contra las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de los poderes públicos
145 Mediante su tercer motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada no se basa en indicios suficientemente serios para sospechar una infracción de las normas sobre competencia, lo que constituye una violación del principio que prohíbe las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas del poder público.
146 En primer lugar, la demandante considera que la Decisión impugnada no indica la naturaleza, el origen y el contenido de los datos en los que se basó la Comisión para adoptar dicha Decisión. Únicamente el escrito de 25 de julio de 2023 relativo a la apertura del procedimiento formal de examen indica que la Comisión había «recibido denuncias y tenido conocimiento de elementos relativos al ejercicio por parte de Vivendi de una influencia decisiva sobre Lagardère», sin más precisiones.
147 En segundo lugar, la demandante sostiene que la información de que dispone la Comisión parece haber sido facilitada por terceros, en particular por la organización Reporters sans frontières (RSF). Según la demandante, una sospecha de infracción no puede basarse en esa información, dado su carácter calumnioso y su origen dudoso, debido a la notoria e histórica hostilidad de RSF hacia ella y hacia el grupo Bolloré.
148 En tercer lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada exige la aportación de documentos que abarcan un período «de casi cuatro años» sin ningún fundamento objetivo y que fueron seleccionados de forma arbitraria.
149 En cuarto lugar, la demandante alega que el escrito de 25 de julio de 2023 relativo a la apertura del procedimiento formal de examen se refiere únicamente a «denuncias» y «observaciones» según las cuales habría ejercido una influencia decisiva sobre Lagardère, sin hacer ninguna alusión a datos que incriminen al grupo Bolloré. Sin embargo, el anexo de la Decisión impugnada se refiere tanto a ella como al grupo Bolloré, lo que demuestra, según la demandante, que cuando adoptó la Decisión impugnada, la Comisión no disponía de indicios suficientemente serios contra ella para sospechar la existencia de una infracción.
150 Por último, la demandante solicita al Tribunal General que ordene a la Comisión, en concepto de diligencia de organización del procedimiento prevista en los artículos 89 y 90 de su Reglamento de Procedimiento, que aporte la totalidad de los documentos, pruebas y demás información que le llevaron a considerar que, en la fecha de la Decisión impugnada, disponía de indicios suficientemente serios para justificar la adopción de dicha Decisión relativa a las sospechas de infracciones expuestas en sus considerandos 2, 6 y 7.
151 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
152 Ha de recordarse que la exigencia de una protección contra las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o jurídica, constituye un principio general del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 14 de marzo de 2014, Cementos Portland Valderrivas/Comisión, T‑296/11, EU:T:2014:121, apartado 39 y jurisprudencia citada).
153 Pues bien, a fin de respetar este principio general, la decisión de solicitud de información debe tener por objeto recabar los documentos necesarios para verificar la realidad y el alcance de situaciones de hecho y de Derecho determinadas de las que la Comisión ya dispone de información, que constituyan indicios suficientemente serios que permitan sospechar una infracción de las normas sobre competencia (véase la sentencia de 14 de marzo de 2014, Cementos Portland Valderrivas/Comisión, T‑296/11, EU:T:2014:121, apartado 40 y jurisprudencia citada).
154 Por otra parte, según la jurisprudencia relativa a las solicitudes de información en virtud del artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003, aplicable mutatis mutandis al presente asunto, habida cuenta de las amplias facultades de investigación que el Reglamento n.º 1/2003 atribuye a la Comisión, le corresponde a ella determinar si una información es necesaria para poder descubrir una infracción de las normas sobre competencia. Aunque disponga ya de indicios o incluso de elementos probatorios sobre la existencia de una infracción, la Comisión puede legítimamente considerar necesario solicitar información adicional que le permita delimitar mejor el alcance de la infracción, su duración o las empresas implicadas (véase, por analogía, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 69 y jurisprudencia citada).
155 Por lo que respecta al control ejercido por el juez de la Unión en cuanto a la apreciación de la Comisión sobre el carácter necesario de una información, el Tribunal de Justicia ha declarado que ese carácter debe apreciarse en relación con la finalidad mencionada en la solicitud de información, es decir, las sospechas de infracción que la Comisión pretende comprobar. El requisito de correlación entre la solicitud de información y la infracción sospechada se cumple si la Comisión puede suponer razonablemente, en la fecha de la solicitud, que dicha información puede ayudarla a determinar la existencia de dicha infracción (véase, por analogía, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 70 y jurisprudencia citada). Además, como se ha señalado en el apartado 54, al apreciar el alcance de la obligación de motivación de una decisión de solicitud de información, también debe tenerse en cuenta la fase de la investigación en la que se adopta dicha decisión y si la Comisión ya disponía o no de determinada información sobre las presuntas infracciones.
156 Por último, con arreglo a reiterada jurisprudencia, y tal como confirma el artículo 6 TFUE, apartado 3, los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, quien ha declarado reiteradamente que el respeto del derecho de defensa en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia es un principio general de Derecho de la Unión (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, apartado 112 y jurisprudencia citada).
157 Al tratarse de un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE, de la jurisprudencia se desprende que el procedimiento administrativo ante la Comisión se subdivide en dos fases distintas y sucesivas, cada una de las cuales tiene una lógica interna propia, a saber, una fase de investigación preliminar, por un lado, y una fase contradictoria, por otro. La fase de investigación preliminar, que se extiende hasta el pliego de cargos, está destinada a permitir que la Comisión reúna todos los elementos pertinentes que confirmen o no la existencia de una infracción de las normas sobre competencia y adopte una primera postura sobre la orientación y la continuación que proceda dar al procedimiento. Por su parte, la fase contradictoria, que se extiende desde la notificación del pliego de cargos hasta la adopción de la decisión final, debe permitir que la Comisión se pronuncie definitivamente sobre la infracción imputada (véase, por analogía, la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, apartado 113 y jurisprudencia citada).
158 La fase de investigación preliminar tiene como punto de partida la fecha en que la Comisión, en el ejercicio de las facultades que le ha conferido el legislador de la Unión, adopta medidas que implican la imputación de una infracción y conllevan repercusiones importantes en la situación de las empresas sospechosas. Por otra parte, solo al inicio de la fase contradictoria administrativa se informa a la empresa afectada, mediante el pliego de cargos, de todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión en esta fase del procedimiento, y solo entonces dicha empresa disfruta del derecho de acceso al expediente para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. Por consiguiente, la empresa afectada solo puede hacer valer plenamente su derecho de defensa tras la notificación del pliego de cargos. En efecto, si este derecho se extendiera al período anterior a la comunicación del pliego de cargos se vería comprometida la eficacia de la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la fase de la investigación preliminar, la empresa afectada estaría en condiciones de identificar la información que conoce la Comisión y, en consecuencia, aquella que puede aún serle ocultada (véase, por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2014, Cementos Portland Valderrivas/Comisión, T‑296/11, EU:T:2014:121, apartado 34 y jurisprudencia citada).
159 No obstante, las diligencias de prueba acordadas por la Comisión en la fase de investigación preliminar, en particular las medidas de comprobación y las solicitudes de información, implican por naturaleza la imputación de una infracción y pueden tener repercusiones importantes en la situación de las empresas sospechosas. Por tanto, debe evitarse que el derecho de defensa pueda quedar irremediablemente comprometido en esa fase del procedimiento administrativo, dado que las diligencias de prueba acordadas pueden ser determinantes para la constitución de pruebas del carácter ilegal de conductas de las empresas que puedan generar la responsabilidad de estas (véase, por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2014, Cementos Portland Valderrivas/Comisión, T‑296/11, EU:T:2014:121, apartado 35 y jurisprudencia citada).
160 En este contexto, procede recordar que la obligación de la Comisión de indicar la base jurídica y la finalidad de la solicitud de información constituye una exigencia fundamental para poner de manifiesto el carácter justificado de la información solicitada a las empresas afectadas y para que estas puedan comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa. De ello se infiere que la Comisión solo puede requerir la comunicación de información que pueda permitirle verificar las presunciones de infracción que justifican la investigación y que se indican en la solicitud de información (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2014, Cementos Portland Valderrivas/Comisión, T‑296/11, EU:T:2014:121, apartado 36 y jurisprudencia citada).
161 Procede remitirse asimismo a la jurisprudencia mencionada en el apartado 69 anterior.
162 En el presente asunto, la demandante reprocha a la Comisión haber vulnerado el principio que prohíbe las intervenciones arbitrarias o desproporcionadas del poder público, al haber adoptado la Decisión impugnada sin disponer de indicios suficientemente serios que permitieran sospechar una infracción de las normas sobre competencia.
163 En primer lugar, en lo que respecta a la alegación de la demandante de que la Decisión impugnada no proporciona información sobre los indicios en los que se basa, procede recordar que, como se desprende de los apartados 64 y 70 anteriores, la motivación de la Decisión impugnada cumple la obligación de indicar la finalidad de la solicitud de información, como exige el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004.
164 Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 157 anterior, la Decisión impugnada se adoptó en la fase de investigación preliminar, cuya finalidad es permitir a la Comisión recabar todos los elementos pertinentes que confirmen o desmientan la existencia de una infracción de las normas sobre competencia y adoptar una primera posición sobre la orientación y el curso que debe darse al procedimiento.
165 Así pues, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 69 anterior, no puede exigirse a la Comisión que indique, en la Decisión impugnada, además de las supuestas infracciones que pretende verificar, los indicios, es decir, los elementos que le llevan a considerar la hipótesis de una infracción de las normas del Reglamento n.º 139/2004.
166 En segundo lugar, en lo que respecta al argumento de la demandante según el cual los elementos de que dispone la Comisión parecen haber sido facilitados por terceros y no permiten fundamentar una presunción de infracción, procede señalar, al igual que la Comisión, que la demandante no ha explicado por qué el origen de los documentos procedentes de terceros —y, en particular, de terceros interesados en el procedimiento— afectaría a la legalidad de la Decisión impugnada. En efecto, consta en los autos que la Comisión había reconocido a RSF la condición de tercero interesado, de conformidad con el artículo 18, apartado 4, del Reglamento n.º 139/2004.
167 En tercer lugar, en lo que respecta al argumento de la demandante relativo a la inclusión del grupo Bolloré, tal como se desprende del apartado 84 anterior, en el considerando 7 de la Decisión impugnada, debe precisarse que los documentos a los que se aplica dicha Decisión se refieren, en particular, a determinadas decisiones de Lagardère «en las que podrían haber influido directivos de Vivendi o de su accionista principal, el grupo Bolloré». Por otra parte, como subraya la Comisión, tanto la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración como el formulario de notificación de la operación que la demandante le presentó confirman que el grupo Bolloré y Vivendi constituyen una única empresa en el sentido del Derecho de la competencia. Por lo tanto, la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que la información procedente de dicho grupo le ayudaría a determinar la existencia de una infracción de las disposiciones del Reglamento n.º 139/2004.
168 En cuarto lugar, en lo que respecta al período de referencia, como se desprende más adelante de los apartados 218 a 222, habida cuenta de que la primera adquisición de participación de Vivendi en el capital de Lagardère tuvo lugar en marzo de 2020, la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que la información posterior al 1 de enero de 2020 le ayudaría a determinar la existencia de una infracción de las disposiciones del Reglamento n.º 139/2004, en particular porque facilitaría la comprensión del conjunto de los hechos y del contexto en el que estos se produjeron.
169 A la vista de lo anterior, procede desestimar el tercer motivo.
170 En cuanto a la pretensión de que se adopte una diligencia de prueba mediante la cual se ordene a la Comisión presentar los documentos, pruebas y demás información en la que se basó para considerar que disponía de indicios de presuntas infracciones en la fecha de la Decisión impugnada, procede recordar que, según la jurisprudencia citada en el apartado 158 anterior, la empresa afectada solo puede hacer valer plenamente su derecho de defensa tras la notificación del pliego de cargos. En efecto, si este derecho se extendiera al período anterior a la comunicación del pliego de cargos se vería comprometida la eficacia de la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la fase de la investigación preliminar, la empresa afectada estaría en condiciones de identificar la información que conoce la Comisión y, por tanto, aquella que puede aún serle ocultada.
171 Por una parte, el Tribunal General únicamente puede considerar necesario llevar a cabo la verificación si se le presenta una solicitud en ese sentido, y cuando las empresas destinatarias de una decisión adoptada con arreglo al artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.º 139/2004 ponen de manifiesto ciertos datos que permiten dudar del carácter suficientemente serio de los indicios de los que disponía la Comisión para adoptar esa decisión (véase, por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Orange/Comisión, T‑402/13, EU:T:2014:991, apartado 88 y jurisprudencia citada).
172 Por otra parte, hay que recordar que el control de la motivación de una de decisión también permite al juez velar por el respeto del principio de protección contra las intervenciones arbitrarias y desproporcionadas, en cuanto esa motivación lleve a poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas afectadas (véase la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Orange/Comisión, T‑402/13, EU:T:2014:991, apartado 89 y jurisprudencia citada).
173 A este respecto, procede recordar que el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 define los elementos esenciales que deben figurar en una decisión de solicitud de información, al imponer a la Comisión, en particular, la obligación de indicar la finalidad de la solicitud. De la jurisprudencia citada en los apartados 52, 53 y 160 anteriores se desprende que, en virtud de esta obligación, corresponde a la Comisión indicar con suficiente precisión las presunciones de infracción que pretende verificar.
174 Por tanto, cuando el Tribunal General aprecia que las presunciones que la Comisión se propone verificar y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección están definidos con suficiente precisión, puede concluir que la decisión de inspección no tiene carácter arbitrario, sin que sea preciso comprobar materialmente los indicios de los que disponía la Comisión cuando la adoptó (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Orange/Comisión, T‑402/13, EU:T:2014:991, apartado 91). Solo el Tribunal General puede decidir, cuando proceda, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce (véase la sentencia de 22 de junio de 2022, thyssenkrupp/Comisión, T‑584/19, no publicada, EU:T:2022:386, apartado 344 y jurisprudencia citada).
175 Pues bien, debe señalarse que tal es el caso de la Decisión impugnada, ya que de sus considerandos 6 y 7, citados en el apartado 61 anterior, se desprende que la naturaleza de las presuntas restricciones de la competencia se define en términos suficientemente precisos y detallados. Además, la Decisión impugnada explica por qué razón el comportamiento de la demandante podría constituir cada una de las presuntas prácticas contrarias a la competencia.
176 En tales circunstancias, el Tribunal General puede concluir que la Decisión impugnada no es arbitraria basándose únicamente en los motivos expuestos en ella, sin que sea necesario ordenar a la Comisión que presente los datos en su posesión que justifiquen que disponía de indicios suficientemente serios que le permitían adoptar la Decisión impugnada.
Sobre el cuarto motivo, basado en la violación del principio «impossibilium nulla obligatio est» en lo que respecta a la petición de entrega de documentos procedentes del grupo Bolloré
177 Mediante su cuarto motivo, la demandante alega, en esencia, que la Decisión impugnada vulnera el principio «impossibilium nulla obligatio est», al imponerle la obligación de entregar a la Comisión documentos que se encuentran en poder del grupo Bolloré, que este posee o que están bajo su control (en lo sucesivo, «documentos procedentes del grupo Bolloré»).
178 En primer lugar, la demandante afirma que la Decisión impugnada solo produce efectos jurídicos vinculantes respecto a ella y a sus mandatarios sociales. En cambio, sus accionistas, entre los que se encuentra el grupo Bolloré, que no son destinatarios de la Decisión impugnada, que no se mencionan en su artículo 1 y que no han sido objeto de una decisión separada basada en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, pueden no acatar la orden conminatoria impuesta por la Decisión impugnada.
179 En segundo lugar, la demandante subraya que la Decisión impugnada le impone una obligación cuyo cumplimiento era, desde el momento de su nacimiento, objetiva y absolutamente imposible, por exigirle que se procurase documentos procedentes del grupo Bolloré, uno de sus numerosos accionistas, sobre el que no ejerce ningún control. Señala que, como resulta de la autorización concedida por la Comisión para la adquisición del control de la demandante por el grupo Bolloré el 24 de abril de 2017, es el grupo Bolloré quien ejerce control sobre la demandante, y no a la inversa. La demandante señala, a este respecto, que ninguna norma del Derecho francés permite a una sociedad mercantil exigir la presentación de documentos ni, más en general, ejercer ningún tipo de coerción sobre su accionista. A su vez, nada obliga a un accionista importante a someterse voluntariamente a una orden de una sociedad tercera, ni siquiera cuando esta posea una participación en su capital.
180 En tercer lugar, la demandante considera que, al imponerle una obligación imposible de cumplir, la Comisión la obliga de facto a incumplir el deber de cooperación que le incumbe y la expone a un riesgo de infracción y de multa en virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 139/2004.
181 En cuarto lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada adolece de desviación de poder, ya que, a pesar de ser ella la destinataria, el objetivo de la Comisión sería obtener indirectamente documentos procedentes del grupo Bolloré. Según la demandante, la Decisión impugnada priva al grupo Bolloré de su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en los artículos 6 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
182 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
183 Con carácter previo, por una parte, procede recordar que, según la jurisprudencia, el principio según el cual «nadie está obligado a lo imposible» forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartado 79 y jurisprudencia citada).
184 A este respecto, conforme a la jurisprudencia, eventuales dificultades, procesales o de otra naturaleza, respecto a la ejecución del acto impugnado no pueden influir sobre la legalidad del mismo. En cambio, la Comisión no puede imponer, mediante una decisión, bajo pena de su invalidez, una obligación cuya ejecución sea, desde su nacimiento, de manera objetiva y absoluta, imposible de realizar (véase la sentencia de 17 de junio de 1999, Bélgica/Comisión, C‑75/97, EU:C:1999:311, apartado 86 y jurisprudencia citada).
185 Dicha imposibilidad requiere que se cumplan dos requisitos acumulativos, a saber, por una parte, la realidad de las dificultades alegadas y, por otra, la ausencia de métodos alternativos de ejecución (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartados 91, 92 y 96 y jurisprudencia citada)
186 Por otra parte, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, una empresa objeto de una medida de investigación está sujeta a una obligación de colaboración activa, que implica que debe poner a disposición de la Comisión toda la información relativa al objeto de la investigación (véase, por analogía, la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 119 y jurisprudencia citada).
187 En el caso de autos, procede señalar que el artículo 2 de la Decisión impugnada precisa que el destinatario de dicha Decisión es «Vivendi SE».
188 Pues bien, el punto I, apartado 1, del anexo de la Decisión impugnada establece que, «a efectos de la […] solicitud de información, por “Lagardère” se entiende Lagardère S.A. [y] por “Vivendi” se entiende Vivendi SE y el Grupo Bolloré». El punto I, apartado 2, de dicho anexo establece, en particular, que «el concepto de “documento(s)” se refiere a: todos los archivos informáticos que obren en poder, sean propiedad de o estén bajo el control de Vivendi», es decir, la demandante y el Grupo Bolloré.
189 Por otra parte, el considerando 7 de la Decisión impugnada indica que «los documentos y comunicaciones señalados se refieren a la puesta en marcha de sinergias operativas […] en las que podrían haber influido directivos de Vivendi o de su accionista principal, el grupo Bolloré.»
190 La demandante sostiene que le resultaba imposible cumplir la Decisión impugnada en lo que respecta a los documentos procedentes del grupo Bolloré, ya que no ejerce ningún control ni poder coercitivo sobre dicho grupo, que es uno de sus accionistas.
191 Ahora bien, no hay ningún dato que permita considerar que existiera tal imposibilidad de ejecución de la Decisión impugnada cuando nació la obligación en cuestión. En efecto, la demandante no ha aportado ningún dato que permita considerar que la obligación impuesta por la Decisión impugnada fuera, desde su nacimiento, imposible de cumplir de manera objetiva y absoluta en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 184 anterior.
192 Por lo demás, como reconoce la propia demandante en su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento adoptadas por el Tribunal General el 2 de abril de 2025, cumplió la obligación derivada de la Decisión impugnada de entregar a la Comisión los documentos procedentes del grupo Bolloré, confirmando así que le era posible cumplir la Decisión impugnada. En efecto, la demandante afirma que remitió a la Comisión la totalidad de los documentos solicitados, a excepción de aquellos amparados por el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, el secreto de las fuentes periodísticas y la vida privada de las personas afectadas.
193 La Comisión confirma que, a la vista del correo electrónico de los abogados de la demandante de 6 de febrero de 2024, así como del informe de acompañamiento presentado por estos, la demandante pudo recabar y presentar documentos procedentes del grupo Bolloré, de modo que la ejecución de la Decisión impugnada, en lo que respecta a dichos documentos, deja sin objeto cualquier argumentación basada en una supuesta imposibilidad.
194 En este contexto, procede señalar que ambas partes coinciden en que la demandante ha cumplido su deber de colaboración activa, tal como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 186 anterior, al haber cumplido su obligación, derivada de la Decisión impugnada, de remitir a la Comisión también los documentos procedentes del grupo Bolloré.
195 No obstante, la demandante sostiene que la entrega «voluntaria» por parte del grupo Bolloré de los documentos que obraban en su poder, realizada a la vista de la Decisión de multa coercitiva adoptada por la Comisión en su contra el 24 de enero de 2024 y ante el riesgo de que se adoptaran nuevas decisiones de multa y multa coercitiva en caso de incumplimiento de la Decisión impugnada, no es pertinente para apreciar el cuarto motivo. Según la demandante, para apreciar dicho motivo, la cuestión es únicamente saber si le resultaba imposible, cuando se adoptó la Decisión impugnada, cumplir la obligación que se le imponía, y no si era absolutamente imposible que la entrega de los documentos a los que se refiere la Decisión impugnada se produjera posteriormente, por ejemplo, a raíz de un hecho o de una decisión ajena, unilateral e incierta adoptada por un tercero, sobre el que ella no ejercía ningún control de hecho ni de Derecho.
196 Pues bien, es forzoso reconocer que el hecho de que la demandante lograra cumplir la obligación, derivada de la Decisión impugnada, de recabar y facilitar a la Comisión los documentos procedentes del grupo Bolloré demuestra que dicha obligación no era, desde su origen, de manera objetiva y absoluta, imposible de cumplir.
197 Como pone de relieve la Comisión, según la jurisprudencia, la imposibilidad de cumplir una obligación derivada de una decisión no puede invalidar la referida decisión cuando la imposibilidad solo se pone de manifiesto en la fase de ejecución de la obligación. De hecho, de la jurisprudencia citada en el apartado 184 anterior se desprende que las posibles dificultades, de procedimiento o de otro tipo, que afecten a la ejecución del acto impugnado no pueden influir en la legalidad de este.
198 Por consiguiente, procede señalar, al igual que la Comisión, que, aunque la demandante no hubiera logrado obtener documentos procedentes del grupo Bolloré, ello no significaría necesariamente que la obligación derivada de la solicitud de información fuera, desde su origen, imposible de cumplir de manera objetiva y absoluta en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 184 anterior.
199 De lo anterior se deriva que la demandante no ha demostrado que la obligación, derivada de la Decisión impugnada, de entregar a la Comisión los documentos procedentes del grupo Bolloré fuera, desde su origen, de manera objetiva y absoluta, imposible de cumplir.
200 No obsta a esta conclusión el argumento de la demandante mencionado en el apartado 181 anterior, según el cual la Decisión impugnada adolece de desviación de poder, por ser su finalidad obtener indirectamente documentos procedentes del grupo Bolloré y privar a dicho grupo de su derecho a la tutela judicial efectiva.
201 A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, la violación del derecho de defensa constituye una ilegalidad intrínsecamente subjetiva, por lo que debe ser invocada por la propia persona afectada. Así pues, la violación de un derecho subjetivo solo puede ser invocada por la persona cuyo derecho supuestamente ha sido vulnerado, pero no por terceros [véase la sentencia de 4 de mayo de 2022, CRIA y CCCMC/Comisión, T‑30/19, EU:T:2022:266, apartados 87 y 88 (no publicada) y jurisprudencia citada].
202 Por lo tanto, procede señalar que la demandante solo tiene interés legítimo en ejercitar la acción con el fin de obtener el respeto de sus propios derechos de procedimiento. Dado que la demandante carece de interés en ejercitar la acción para obtener el respeto del derecho de defensa del grupo Bolloré, la alegación basada en la vulneración de dicho derecho es inadmisible en la medida en que la invoca la demandante (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2011, Région Nord-Pas-de- Calais y Communauté d’agglomération du Douaisis/Comisión, T‑267/08 y T‑279/08, EU:T:2011:209, apartado 77 y jurisprudencia citada).
203 En cualquier caso, la demandante no ha demostrado, sobre la base de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que la Comisión hiciera uso de sus facultades para adoptar un acto con un fin distinto de aquel para el que le fueron conferidas, ya que, por una parte, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 139/2004 le permite pedir toda la información necesaria para el cumplimiento de las tareas que le encomienda dicho Reglamento (véanse los apartados 123 y 124 anteriores) y, por otra parte, la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que la comunicación de los documentos en poder del grupo Bolloré le ayudaría a determinar la existencia de las presuntas infracciones (véanse más adelante los apartados 267 a 269).
204 Habida cuenta las consideraciones anteriores, procede desestimar el cuarto motivo.
Sobre el quinto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
205 El quinto motivo, mediante el cual la demandante alega que la Decisión impugnada vulnera el principio de proporcionalidad, se subdivide en dos partes: la primera, basada en que los documentos solicitados no guardan relación con la presunta infracción, y la segunda, basada en que la orden conminatoria impone a la demandante una carga de trabajo desproporcionada.
Observaciones previas
206 Procede señalar que el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (véase la sentencia de 12 de julio de 2001, Jippes y otros, C‑189/01, EU:C:2001:420, apartado 81 y jurisprudencia citada).
207 Según reiterada jurisprudencia, la empresa que es objeto de una medida de investigación está sujeta a una obligación de colaboración activa, que implica que la empresa ponga a disposición de la Comisión todos los elementos de información relativos al objeto de la investigación (véase la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 119 y jurisprudencia citada).
208 Es preciso señalar, no obstante, que el ejercicio de esta prerrogativa por parte de la Comisión está sujeto, en particular, al respeto del principio de proporcionalidad. En efecto, la obligación impuesta a una empresa de facilitar información no debe representar para esta una carga desproporcionada en relación con las necesidades de la investigación (véase la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 120 y jurisprudencia citada)
209 Sin embargo, el mero hecho de que una solicitud de información imponga a la empresa una carga de trabajo considerable no basta por sí solo para demostrar que es desproporcionada en vista de las necesidades de la investigación relacionadas concretamente con las presunciones de infracción que la Comisión se propone verificar y con las circunstancias del procedimiento (véase, por analogía, la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 121 y jurisprudencia citada).
210 Por otra parte, como se ha señalado en el apartado 75 anterior, no puede exigirse que la Comisión, antes de proceder a cualquier solicitud de información, conozca el contenido de los documentos solicitados y su relevancia para la finalidad de la investigación.
211 Como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 154 anterior, habida cuenta de las amplias facultades de investigación que el Reglamento n.º 139/2004 atribuye a la Comisión, le corresponde a ella determinar si una información es necesaria para poder descubrir una infracción de las normas sobre competencia. Aunque disponga ya de indicios o incluso de elementos probatorios sobre la existencia de una infracción, la Comisión puede legítimamente considerar necesario solicitar información adicional que le permita delimitar mejor el alcance de la infracción, su duración o las empresas implicadas.
212 Como se ha recordado en el apartado 155 anterior, por lo que respecta al control ejercido por el juez de la Unión en cuanto a la apreciación de la Comisión sobre el carácter necesario de una información, el Tribunal de Justicia ha declarado que ese carácter debe apreciarse en relación con la finalidad mencionada en la solicitud de información, es decir, las sospechas de infracción que la Comisión pretende comprobar. El requisito de correlación entre la solicitud de información y la infracción sospechada se cumple si la Comisión puede suponer razonablemente, en la fecha de la solicitud, que dicha información puede ayudarla a determinar la existencia de dicha infracción.
213 Dado que el carácter necesario de la información debe evaluarse en relación con el objetivo mencionado en la solicitud de información, dicho objetivo debe indicarse con suficiente precisión, pues de lo contrario sería imposible determinar si la información es necesaria y el juez de la Unión no podría ejercer su control (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Schwenk Zement/Comisión, C‑248/14 P, no publicada, EU:C:2016:150, apartado 28 y jurisprudencia citada).
214 Las dos partes del quinto motivo deben examinarse a la luz de estos principios jurisprudenciales.
Sobre la primera parte del quinto motivo, basada en que los documentos solicitados no guardan relación con la presunta infracción
215 La demandante alega que el alcance de la Decisión impugnada excede con mucho su finalidad, a saber, «que la Comisión pueda analizar si la intervención, la consulta o la participación de Vivendi en determinadas decisiones tomadas por Lagardère pueden calificarse de ejercicio de influencia decisiva por parte de Vivendi». A este respecto, formula nueve alegaciones.
– Sobre la primera alegación, relativa a la elección del período de referencia
216 La demandante sostiene que la elección del período de referencia, de casi cuatro años y con inicio el 1 de enero de 2020, es arbitraria, dado que no se produjo ningún hecho concreto en esa fecha.
217 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
218 A este respecto, procede recordar que el Reglamento n.º 139/2004 encomienda a la Comisión velar por que una concentración de dimensión europea no sea ejecutada, en contra de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento n.º 139/2004, antes de ser notificada y autorizada.
219 En el caso de autos, ha de recordarse que, de conformidad con el considerando 6 de la Decisión impugnada, citado en el apartado 61 anterior, la finalidad de la Decisión impugnada es recabar información para evaluar si la demandante ejerció una influencia decisiva sobre Lagardère que pudiera constituir un incumplimiento de la obligación de notificación, un incumplimiento de la obligación de suspensión o un incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración.
220 Por otra parte, consta en los autos que la primera adquisición de una participación por la demandante en el capital de Lagardère y el nombramiento, para los órganos de dirección de Lagardère, de personas cercanas a la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra a), del anexo de la Decisión impugnada tuvieron lugar en marzo de 2020.
221 Por consiguiente, como se ha expuesto en el apartado 168 anterior, procede señalar que la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que la información posterior al 1 de enero de 2020 le ayudaría a determinar la existencia de una infracción, ya que dicha información facilitaría la correcta comprensión de los hechos y del contexto en el que estos se habían producido.
222 Por lo tanto, debe desestimarse la primera alegación de la primera parte del quinto motivo.
– Sobre la segunda alegación, relativa a la designación de determinadas personas afectadas y de determinados términos de búsqueda
223 La demandante impugna la designación de las quince personas afectadas por la Decisión impugnada, y pone de relieve que algunas de ellas no tienen ninguna relación con Lagardère ni con la operación de concentración. Considera que la elección de las personas afectadas parece haber estado guiada por la voluntad de la Comisión de dirigir su solicitud contra personalidades públicas y directivos emblemáticos que trabajan en su grupo y en el grupo Bolloré, en particular la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra d), del anexo de la Decisión impugnada.
224 Por otra parte, sostiene que la decisión de imponer términos de búsqueda tan generales como los mencionados en la primera línea de del cuadro de términos de búsqueda que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada carece de justificación y de motivación objetiva en relación con la investigación.
225 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
226 En primer lugar, cabe señalar, al igual que la Comisión, que, aunque la demandante impugna la selección de quince personas afectadas, en realidad solo formula argumentos específicos en relación con la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra d), del anexo de la Decisión impugnada.
227 En particular, como subraya la Comisión, procede señalar que la Decisión impugnada incluye a dicha persona en su condición de miembro del consejo de supervisión de la demandante y de director general adjunto del accionista que controla a la demandante.
228 Así pues, habida cuenta del papel preponderante que desempeña la persona mencionada en las sociedades del grupo Vivendi, era razonable suponer que algunos de los documentos en su poder podían permitir a la Comisión determinar la existencia de las presuntas infracciones.
229 En segundo lugar, procede señalar, al igual que la Comisión, que la incorporación de dos personas —a las que se refieren los términos de búsqueda mencionados en la primera línea del cuadro que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada— al consejo de administración de Lagardère coincidió con hechos clave de la adquisición de Lagardère por parte de la demandante. Así, una de estas personas fue nombrada por primera vez miembro del consejo de supervisión de Lagardère en marzo de 2020, es decir, aproximadamente cuando la demandante comenzó a adquirir acciones de Lagardère. La otra fue nombrada el 16 de febrero de 2022 y presentó su dimisión al término del acercamiento entre los grupos Lagardère y Vivendi.
230 Por consiguiente, era razonable que la Comisión supusiera que dichos términos de búsqueda podían permitirle determinar la existencia de las presuntas infracciones.
231 A la vista de las consideraciones anteriores, procede concluir que la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que los documentos procedentes de la persona afectada mencionada en el apartado 226 anterior y los documentos que contenían los términos de búsqueda mencionados en el apartado 229 anterior podían permitirle determinar la existencia de las presuntas infracciones. Por lo demás, puesto que la impugnación de la designación de las demás personas no se sustenta en argumentos específicos en el recurso, debe desestimarse dicha impugnación por carecer de fundamento.
232 Por consiguiente, procede desestimar la segunda alegación de la primera parte del quinto motivo
– Sobre la tercera alegación, relativa a la adopción de la Decisión de 27 de octubre de 2023
233 La demandante sostiene que la adopción de la Decisión de 27 de octubre de 2023 demuestra que los elementos retirados del ámbito de la solicitud de información no eran esenciales para la investigación y que la orden conminatoria que se le dirigió era desproporcionada.
234 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
235 A este respecto, basta con señalar, al igual que la Comisión, que la adopción de la Decisión de 27 de octubre de 2023 no permite concluir que la orden conminatoria dirigida a la demandante mediante la Decisión impugnada fuera desproporcionada. Por el contrario, demuestra que la Comisión reconoció que la demandante no estaba en condiciones de acceder a los datos de la persona mencionada en el punto II, apartado 5, letra i), del anexo de la Decisión impugnada, debido a la actual situación de «hold separate» entre la demandante y una de sus filiales en el ámbito de la edición de libros (véanse los apartados 17 y 19 anteriores).
236 Por lo tanto, debe desestimarse la tercera alegación de la primera parte del quinto motivo.
– Sobre la cuarta alegación, relativa a la comunicación de la totalidad de las comunicaciones entre determinadas personas
237 La demandante alega que la Decisión impugnada le obliga a comunicar la totalidad de los documentos intercambiados entre las personas a las que se refiere el punto III, apartado 7, letras a) a c), del anexo de la Decisión impugnada para todo el período de referencia, sin definir ningún criterio de búsqueda en relación con el objeto de la investigación, lo que lleva necesariamente a transmitir a la Comisión información que excede del objeto de la investigación.
238 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
239 En el caso de autos, procede señalar que, de conformidad con el punto III, apartado 7, letras a) a c), del anexo de la Decisión impugnada, la Comisión solicitó a la demandante que le facilitara todos los documentos intercambiados entre cuatro personas concretas durante todo el período de referencia.
240 A este respecto, debe señalarse que la alegación de la demandante según la cual es desproporcionado exigirle que facilite la totalidad de las comunicaciones entre esas cuatro personas no demuestra una violación del principio de proporcionalidad, ya que el contexto de una información puede facilitar su comprensión y aclarar su pertinencia a efectos de la investigación.
241 Por otra parte, como subraya la Comisión, el hecho de que esta solicitara la totalidad de las comunicaciones relativas únicamente a cuatro personas y no a todas las personas afectadas demuestra que limitó el alcance de la solicitud en la medida de lo posible con el fin de acceder a los documentos necesarios para los fines de la investigación, es decir, a los documentos que le permitieran determinar la existencia de las presuntas infracciones.
242 Además, la demandante no ha demostrado que la cifra de «decenas de miles de documentos» a la que, según su propia estimación, se eleva el número de elementos que cumplen los criterios de búsqueda establecidos en la Decisión impugnada constituya una carga desproporcionada en comparación con la cifra de «varios cientos de miles de documentos» que ella misma facilitó, según su propia afirmación en el punto 96 del recurso, en el contexto del examen de la concentración.
243 A la vista de las consideraciones anteriores, procede concluir que la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que la transmisión de la totalidad de las comunicaciones entre las personas a las que se refiere el apartado 239 anterior podía ayudarla a determinar la existencia de las presuntas infracciones.
244 Por consiguiente, procede desestimar la cuarta alegación de la primera parte del quinto motivo.
– Sobre la quinta alegación, relativa a la elección de los términos de búsqueda
245 La demandante considera que la Decisión impugnada le obliga a aplicar un centenar de términos de búsqueda a todos los dispositivos de comunicación profesionales o personales de las personas afectadas, sin precisar en absoluto los criterios de su elección. A este respecto, considera que la Decisión impugnada no contiene una motivación específica que permita justificar la elección de cada uno de estos términos de búsqueda y su combinación entre sí, que numerosos elementos de los que dispone pueden responder a cada uno de estos términos de búsqueda, sin guardar relación alguna con el objeto de la investigación de la Comisión, que ninguno de los términos de búsqueda está sujeto a una restricción en cuanto al período de las comunicaciones y la fecha de los documentos a los que se refiere la Comisión, y que algunos términos de búsqueda pueden revelar elementos que afectan a la vida privada de las personas afectadas, sus convicciones políticas o religiosas, así como la identidad o el contenido de las comunicaciones con fuentes periodísticas.
246 Alega asimismo que la aplicación de los términos de búsqueda a los dispositivos de comunicación a los que se refiere la Decisión impugnada da lugar a resultados aberrantes en relación con la finalidad de la investigación, y que resulta desproporcionado, por un lado, pedirle que aplique, durante un período de casi cuatro años, combinaciones de términos de búsqueda que se refieren a hechos puntuales, como la publicación de artículos en Paris Match, la contratación o el despido de personas designadas por sus nombres, y, por otra parte, que se apliquen los términos de búsqueda relacionados con contrataciones o despidos a la totalidad del período de referencia.
247 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
248 Con carácter previo, procede recordar que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, toda demanda debe indicar el objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Según reiterada jurisprudencia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. Si bien ciertos extremos específicos del texto pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo de la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que, en virtud de las disposiciones antes citadas, deben figurar en la demanda. Además, no incumbe al Tribunal General buscar e identificar en los anexos los motivos y alegaciones que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental (véase la sentencia de 24 de mayo de 2012, MasterCard y otros/Comisión, T‑111/08, EU:T:2012:260, apartado 68 y jurisprudencia citada).
249 En el caso de autos, por lo que respecta a los términos de búsqueda, procede señalar que la referencia de la demandante al cuadro sinóptico de las objeciones que figuran en el anexo A.13 debe declararse inadmisible, ya que no cumple los requisitos del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento. Por lo tanto, solo pueden impugnarse válidamente los términos mencionados y criticados en el escrito de recurso.
250 En cuanto a los términos de búsqueda a los que se refiere el punto 161 del recurso, procede señalar que son adecuados para identificar documentos potencialmente pertinentes a efectos de la investigación de la Comisión.
251 En particular, en lo que respecta al término mencionado en la primera línea del cuadro que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada, como se ha expuesto en los apartados 220 y 229 anteriores, dicho término hace referencia a una persona cuya incorporación al consejo de administración de Lagardère coincide con hechos clave de la operación de fusión entre la demandante y Lagardère. En efecto, dicha persona, fue nombrada por primera vez miembro del consejo de supervisión de Lagardère en marzo de 2020, lo que coincide con el período en el que la demandante comenzó a adquirir acciones de Lagardère. Por otra parte, mantiene vínculos personales antiguos con la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra a), del anexo de la Decisión impugnada.
252 En cuanto al término de búsqueda «Europe», mencionado en la tercera línea del cuadro que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada, tal como señala la Comisión, se trata de una manera de referirse a «Europe 1», cadena de radio de Lagardère que se mencionó en un informe del Senado y en numerosos artículos de prensa como una entidad de Lagardère sobre la que el grupo Bolloré habría ejercido influencia.
253 En cuanto al término de búsqueda «Couv* ET Z», mencionado en la novena línea del cuadro que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada, hay que señalar que este término por sí solo no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Decisión impugnada. De hecho, este término debería, como mínimo, ir acompañado de los términos «PM» o «Paris Match» para estar comprendido en el ámbito de aplicación de la Decisión impugnada. Por otra parte como señala la Comisión, su finalidad al utilizar este término es obtener información sobre la información publicada en el Paris Match de 23 de septiembre de 2021 sobre una persona cercana a la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra a), del anexo de la Decisión impugnada. Por lo tanto, era razonable y proporcionado que la Comisión supusiera que la combinación de estos términos de búsqueda podría permitirle determinar la existencia de las supuestas infracciones.
254 En cuanto al término de búsqueda «Presbourg», mencionado en la segunda línea del cuadro que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada, como subraya la Comisión, se trata de la calle en la que Lagardère tiene su domicilio social histórico en París (Francia). Además, algunas fuentes mediáticas han informado de reuniones semanales en el domicilio social de Lagardère en presencia de «figuras clave de Vivendi» para validar las portadas de Paris Match, algo que no era habitual antes de 2021. Por lo tanto, era razonable que la Comisión considerase que dicho término se había utilizado bien para referirse a Lagardère, bien para designar el lugar de determinadas reuniones entre la demandante y Lagardère, cuyo contenido podría ser pertinente para la investigación con el fin de determinar la existencia de las supuestas infracciones.
255 En cuanto al término de búsqueda «Couv ET Paris Match», mencionado en la sexta línea del cuadro que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada, como se ha señalado en el apartado 254 anterior, algunas fuentes mediáticas informaron de reuniones semanales en el domicilio social de Lagardère en presencia de «figuras clave de Vivendi» para validar las portadas de Paris Match. Por lo tanto, era razonable y proporcionado que la Comisión solicitara que se le aportaran documentos relativos a las decisiones sobre las portadas de Paris Match correspondientes al período de referencia.
256 En cuanto a los términos de búsqueda mencionados en las líneas 35, 43, 44 y 45 del cuadro que figura en el punto VII del anexo de la Decisión impugnada, como señala la Comisión, se trata de periodistas o columnistas de entidades pertenecientes al grupo Vivendi que ahora también están presentes en Europe 1 y que han sido objeto de numerosos debates sobre las posibles sinergias entre Vivendi y la cadena de radio Europe 1 de Lagardère, sinergias a las que se refiere el considerando 7 de la Decisión impugnada. Así pues, en la medida en que estas personas eran clave en las sinergias entre la demandante y Lagardère que se habían producido antes de que la Comisión autorizara la concentración de ambos grupos, era razonable y proporcionado que la Comisión solicitara la entrega de los documentos que respondieran a dichos términos de búsqueda con el fin de determinar la existencia de las presuntas infracciones.
257 A la vista de las consideraciones anteriores, procede concluir que la demandante no ha demostrado el carácter desproporcionado de los términos de búsqueda impugnados.
258 Por lo demás, la alegación de la demandante basada en la falta de una motivación específica que justifique la elección de cada uno de los términos de búsqueda debe desestimarse de conformidad con el examen realizado en los apartados 74 a 79 anteriores.
259 Por consiguiente, procede desestimar la quinta alegación de la primera parte del quinto motivo.
– Sobre la sexta alegación, relativa a la comunicación de los documentos pertenecientes a la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra o), del anexo de la Decisión impugnada
260 La demandante alega que la Decisión impugnada le obliga a facilitar documentos pertenecientes a la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra o), del anexo de la Decisión impugnada, presidenta de una de sus filiales en el sector de las revistas, desde el inicio del período de referencia, es decir, desde el 1 de enero de 2020. Ahora bien, la demandante señala que no adquirió el control de la mencionada filial hasta el 1 de junio de 2021. Así pues, según la demandante, resulta desproporcionado solicitar documentos intercambiados en el interior de dicha filial durante el período anterior a esa fecha, ya que esta no tenía entonces ninguna relación con ella ni con Lagardère.
261 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
262 A este respecto, a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 154 y 211 anteriores, procede señalar que, habida cuenta de la amplia facultad de investigación conferida por el Reglamento n.º 139/2004 a la Comisión, esta podía considerar necesario solicitar los documentos pertenecientes a la persona afectada mencionada en el punto II, apartado 5, letra o), del anexo de la Decisión impugnada, presidenta de una filial de la demandante en el ámbito de las revistas, incluso antes de que la demandante adquiriera el control de dicha filial el 1 de junio de 2021.
263 En efecto, la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que la información relativa al período iniciado el 1 de enero de 2020 le ayudaría a determinar la existencia de dicha infracción, en particular porque esa información facilitaría la correcta comprensión de los hechos y del contexto en el que estos se habían producido.
264 Por consiguiente, debe desestimarse la sexta alegación de la primera parte del quinto motivo.
– Sobre la séptima alegación, relativa a la entrega de documentos procedentes del grupo Bolloré
265 La demandante alega que la Decisión impugnada le obliga a entregar a la Comisión los documentos procedentes del grupo Bolloré, pese a que este no es objeto de la investigación formal incoada por la Comisión, que se refiere a las condiciones en las que supuestamente había adquirido el control de Lagardère de forma anticipada.
266 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
267 A este respecto, basta con recordar que, en el considerando 7 de la Decisión impugnada, citado en el apartado 61 anterior, se precisa que los documentos señalados se refieren, en particular, a determinadas decisiones de Lagardère «en las que podrían haber influido directivos de Vivendi o de su accionista principal, el grupo Bolloré».
268 Por otra parte, como se ha recordado en los apartados 84 y 167 anteriores, tanto la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración como el formulario de notificación de la operación presentado por la demandante a la Comisión dan por hecho que el grupo Bolloré y Vivendi constituyen una única empresa en el sentido del Derecho de la competencia.
269 Por lo tanto, la Comisión podía suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión impugnada, que la comunicación de los documentos en poder del grupo Bolloré la ayudaría a determinar la existencia de las presuntas infracciones, en la medida en que directivos de Vivendi o de su accionista principal, el grupo Bolloré, podían haber influido en algunas decisiones de Lagardère.
270 Por lo tanto, procede desestimar la séptima alegación de la primera parte del quinto motivo.
– Sobre la octava alegación, relativa a la obligación de facilitar la conversación completa cuando un mensaje está comprendido en el ámbito de la solicitud de información
271 La demandante pone de relieve que, cuando un documento que adopta la forma de un mensaje intercambiado por teléfono o a través de una aplicación de mensajería instantánea está comprendido en el ámbito de la solicitud de información, la Decisión impugnada le obliga a facilitar la conversación completa correspondiente a todo el período de referencia. Según la demandante, tal exigencia excede de lo necesario para los fines de la investigación, ya que, bajo el pretexto de la existencia de un único mensaje pertinente, la Comisión solicita el acceso a todas las conversaciones de las personas afectadas, incluidas las de sus teléfonos personales, durante todo el período de referencia. La Comisión podría haber solicitado, por ejemplo, que se le facilitaran únicamente los mensajes intercambiados en las veinticuatro horas anteriores y posteriores al mensaje pertinente.
272 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
273 A este respecto, basta con recordar que, como se expone en el apartado 240 anterior, la obligación de entregar la totalidad de las comunicaciones entre determinadas personas cuando una sola comunicación se ajusta a los términos de búsqueda mencionados en la Decisión impugnada no puede constituir una violación del principio de proporcionalidad, ya que el contexto de una información puede facilitar su comprensión y aclarar su pertinencia a efectos de la investigación.
274 Por consiguiente, procede desestimar la octava alegación de la primera parte del quinto motivo.
– Sobre la novena alegación, relativa a la vulneración de la intimidad de las personas afectadas y de la protección de las fuentes periodísticas
275 La demandante alega que la Decisión impugnada le obliga a entregar a la Comisión datos que atañen a la vida privada de las personas afectadas, así como información que vulneraría el derecho a la protección de las fuentes periodísticas. Según la demandante, más allá de las vulneraciones del derecho a la protección de la vida privada y del Derecho social francés que lleva consigo una orden conminatoria de este tipo, la ampliación del alcance de los documentos incautados fuera de la esfera profesional no es necesaria para las necesidades de la investigación y, por consiguiente, vulnera el principio de proporcionalidad.
276 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
277 A este respecto, cabe señalar que en la novena alegación la demandante reitera, en esencia, los argumentos invocados en la segunda parte del sexto motivo, basada en la vulneración de la protección de las fuentes periodísticas, y del séptimo motivo, basado en la falta de garantías adecuadas para proteger el derecho al respeto de la vida privada. Por lo tanto, por las mismas razones que se exponen más adelante al examinar la segunda parte del sexto motivo (véanse más adelante los apartados 340 a 381) y del séptimo motivo (véanse los apartados 382 a 460), procede desestimar la novena alegación de la primera parte del quinto motivo.
278 A la vista de las consideraciones anteriores, procede desestimar la primera parte del quinto motivo.
Sobre la segunda parte del quinto motivo, basada en que la Decisión impugnada impone a la demandante una carga desproporcionada
279 La demandante alega que la Decisión impugnada le impone una carga excesiva en relación con las necesidades de la investigación, al obligarla a llevar a cabo en el ámbito interno una búsqueda exhaustiva en varios centros diferentes de su empresa. Para ello, tuvo que movilizar recursos humanos y técnicos ad hoc y recurrir a los servicios de dos empresas externas. Según la demandante, el número de elementos que cumplían los criterios de búsqueda de la Decisión impugnada ascendía a varias decenas de miles.
280 Por otra parte, según la demandante, el plazo de aproximadamente un mes para cumplir la orden conminatoria impuesto por la Decisión impugnada y fijado inicialmente para el 27 de octubre de 2023 era inviable y no le permitía garantizar que los documentos facilitados fueran completos, exactos y veraces.
281 La demandante señala que no existía ninguna obligación de actuar con rapidez, dado que la apertura de la investigación se anunció públicamente ya en junio de 2023 y se formalizó posteriormente mediante el escrito de 25 de julio de 2023 relativo a la apertura del procedimiento formal de examen, y que debía conservar, como señalaba dicho escrito, los documentos que pudieran resultar pertinentes, con independencia del plazo de respuesta que pudiera imponérsele.
282 Por último, según la demandante, la Decisión impugnada le impone una carga de trabajo desmesurada en relación con las necesidades de la investigación, por cuanto se refiere, en parte, a elementos que ya obran en poder de la Comisión, al haber sido entregados en el marco del examen de la adquisición del control de Lagardère.
283 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
284 Con carácter previo, procede hacer referencia a la jurisprudencia citada en los apartados 206 y 208 anteriores
285 En el caso de autos, la demandante destaca el carácter desmesurado de la carga de trabajo que implica dar respuesta a la Decisión impugnada, sin, no obstante, fundamentar tal alegación.
286 Es cierto que no se discute que la información solicitada en virtud de la Decisión impugnada es numerosa y de amplio alcance, de modo que la respuesta a la solicitud de información supuso una carga de trabajo considerable para la demandante.
287 Sin embargo, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 209 anterior, no cabe concluir que la carga de trabajo de la demandante sea desproporcionada en relación con las necesidades de la investigación relacionadas con las presuntas infracciones que la Comisión pretende verificar.
288 Por una parte, procede recordar que, de conformidad con el considerando 6 de la Decisión impugnada, citado en el apartado 61 anterior, el objeto de la Decisión impugnada es recabar información para evaluar si Vivendi ejerció una influencia decisiva sobre Lagardère que pueda constituir un incumplimiento de la obligación de notificación, un incumplimiento de la obligación de suspensión o un incumplimiento de las condiciones y obligaciones derivadas de la Decisión de 9 de junio de 2023 por la que se autoriza la concentración.
289 En el considerando 7 de la Decisión impugnada, también citado en el apartado 61 anterior, la Comisión afirma que la información solicitada es esencial para permitirle analizar si la intervención, la consulta o la participación de la demandante en determinadas decisiones tomadas por Lagardère pueden calificarse de ejercicio de influencia decisiva por la demandante. Por otra parte, enumera las conductas de la demandante que podrían constituir una o varias infracciones de las obligaciones derivadas del Reglamento n.º 139/2004, y sobre las que se propone investigar.
290 La verificación de las presuntas infracciones objeto de la investigación requiere, por tanto, análisis complejos de numerosos datos, la mayoría de los cuales solo están a disposición de la demandante.
291 Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Decisión impugnada y el objetivo de la investigación justifican que se deba entregar una cantidad considerable de información.
292 Por otra parte, ninguno de los argumentos de la demandante demuestra que la Decisión impugnada vaya más allá de lo necesario conforme al objetivo de la investigación.
293 En primer lugar, como subraya la Comisión, la necesidad de actuar con rapidez justificaba el plazo del 27 de octubre de 2023 fijado por la Decisión de 19 de septiembre de 2023 (véase el apartado 101 anterior).
294 También debe recordarse que, como se desprende de los apartados 19 y 22 anteriores, el plazo fijado inicialmente por la Decisión de 19 de septiembre de 2023 se prorrogó en dos ocasiones. En primer lugar, mediante el artículo 2 de la Decisión de 27 de octubre de 2023, el plazo fijado para el 27 de octubre de 2023 se prorrogó hasta el 1 de diciembre de 2023. Posteriormente, mediante el artículo1 de la Decisión de 24 de enero de 2024, el plazo fijado para el 1 de diciembre de 2023 se prorrogó a su vez hasta el 7 de febrero de 2024.
295 Ahora bien, la argumentación expuesta por la demandante en la segunda parte del quinto motivo se centra únicamente en el plazo inicial, fijado para el 27 de octubre de 2023 por la Decisión de 19 de septiembre de 2023, sin tener en cuenta, en particular, la prórroga de dicho plazo hasta el 1 de diciembre de 2023, establecida por la Decisión de 27 de octubre de 2023, ni, por otra parte, la prórroga del plazo hasta el 7 de febrero de 2024, introducida por la Decisión de 24 de enero de 2024. Por consiguiente, debe desestimarse la argumentación de la demandante relativa al plazo impuesto por la Decisión impugnada.
296 En segundo lugar, como se desprende del apartado 242 anterior, la demandante no ha demostrado el carácter desproporcionado de la carga de trabajo impuesta por la Decisión impugnada.
297 Por lo demás, hay que señalar que el argumento de la demandante según el cual la Decisión impugnada se basa, en parte, en datos que ya obran en poder de la Comisión, al haber sido aportados en el marco del examen de la adquisición del control de Lagardère por la demandante, carece por completo de fundamento, por lo que debe desestimarse por no cumplir los requisitos de claridad y precisión exigidos en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.
298 De lo anterior se deriva que la demandante no ha demostrado que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión vulnerase el principio de proporcionalidad.
299 Por lo tanto, procede desestimar la segunda parte del quinto motivo y, en consecuencia, el quinto motivo en su totalidad.
Sobre el sexto motivo, basado en la vulneración de la protección de las fuentes periodísticas
300 Mediante su sexto motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada vulnera la protección de las fuentes periodísticas, garantizada por el artículo 11 de la Carta y el artículo 10 del CEDH. Este motivo se subdivide en dos partes: la primera se basa en una excepción de ilegalidad del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004 y la segunda, en la vulneración de la protección de las fuentes periodísticas.
Observaciones previas
301 A tenor del artículo 11, apartado 1, de la Carta, titulado «Libertad de expresión e información», toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de las autoridades públicas y sin consideración de fronteras.
302 De conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, los derechos que esta contiene poseen el mismo sentido y alcance que los derechos correspondientes garantizados por el CEDH, sin que ello impida que el Derecho de la Unión otorgue una protección más amplia (véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, apartado 51 y jurisprudencia citada).
303 Para interpretar el artículo 11 de la Carta, el juez de la Unión debe, pues, tomar en consideración los derechos correspondientes garantizados por el artículo 10 del CEDH, tal como los interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), en cuanto nivel mínimo de protección (véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, apartado 52 y jurisprudencia citada).
304 El artículo 10 del CEDH, titulado «Libertad de expresión», establece lo siguiente:
«1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial».
305 Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el derecho fundamental reconocido en el artículo 11 de la Carta constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y pluralista, y forma parte de los valores en los que se basa la Unión, con arreglo al artículo 2 TUE (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Tele2 Sverige y Watson y otros, C‑203/15 y C‑698/15, EU:C:2016:970, apartado 93).
306 El TEDH siempre ha sometido a un escrutinio especial las salvaguardas para el respeto de la libertad de expresión en los casos previstos en el artículo 10 del Convenio, dado que esta libertad constituye uno de los fundamentos de una sociedad democrática. Las salvaguardas otorgadas a la prensa son de especial importancia, y la protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa. Sin tal protección, las fuentes pueden verse disuadidas de ayudar a la prensa a informar al público sobre asuntos de interés público. Como resultado, el papel vital de vigilancia pública de la prensa puede verse socavado, y la capacidad de la prensa para proporcionar información precisa y de confianza puede verse afectada negativamente (TEDH, 25 de mayo de 2021, Big Brother Watch y otros contra Reino Unido, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 442).
307 Las órdenes de revelar las fuentes pueden tener un impacto perjudicial, no solo en la fuente, cuya identidad puede ser revelada, sino también en el periódico u otra publicación contra la que se dirige la orden, cuya reputación puede verse afectada negativamente por la divulgación a los ojos de futuras fuentes potenciales; y sobre el público, quienes tienen interés en recibir información obtenida a través de fuentes anónimas. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre las autorizaciones que ordenaban a un periodista revelar la identidad de sus fuentes, y las autorizaciones para realizar registros en la casa y el lugar de trabajo de un periodista con miras a descubrir sus fuentes. Estas últimas, aunque fueran improductivas, constituyen una medida más drástica que divulgar la identidad de una fuente, ya que los investigadores que allanan el lugar de trabajo del periodista tienen acceso a toda la documentación en poder del mismo (TEDH, 25 de mayo de 2021, Big Brother Watch y otros contra Reino Unido, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 443).
308 Una injerencia en la protección de las fuentes periodísticas no puede ser compatible con el artículo 10 del Convenio a menos que esté justificada por un requisito primordial de interés público. Además, cualquier injerencia en el derecho a la protección de las fuentes periodísticas debe ir acompañada de procedimientos legales y salvaguardas acordes con la importancia del principio en juego. La primera y más importante de entre estas salvaguardas es la garantía de revisión por un juez u otro organismo independiente e imparcial con el poder de determinar si existe un requisito de interés público que prevalece sobre el principio de protección de las fuentes periodísticas antes de la entrega de dicho material y para evitar el acceso innecesario a información capaz de revelar la identidad de las fuentes si no es así (TEDH, 25 de mayo de 2021, Big Brother Watch y otros contra Reino Unido, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 444).
309 Dado el carácter preventivo de dicha revisión, el juez u otro organismo independiente e imparcial deben estar en condiciones de sopesar los riesgos potenciales y los respectivos intereses antes de cualquier divulgación y con referencia al material que se pretende divulgar para que los argumentos de las autoridades que solicitan la divulgación puedan ser evaluados adecuadamente. La decisión a tomar debe regirse por criterios claros, incluyendo si una medida menos intrusiva puede ser suficiente para servir a los intereses públicos superiores perseguidos. Debe estar abierta la posibilidad al juez u otro organismo de negarse a emitir una orden de divulgación o a emitir una orden cualificada para proteger las fuentes de ser reveladas, estén o no específicamente nombradas en el material retenido, sobre la base de que la comunicación de dicho material crea un grave riesgo de comprometer la identidad de las fuentes del periodista. En situaciones de urgencia, debe existir un procedimiento para identificar y aislar, con carácter previo a la explotación del material por parte de las autoridades, la información que podría conducir a la identificación de las fuentes de la información que no conlleve tal riesgo (TEDH, 25 de mayo de 2021, Big Brother Watch y otros contra Reino Unido, CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, apartado 445).
Sobre la primera parte del sexto motivo, basada en una excepción de ilegalidad del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004
310 En la primera parte del sexto motivo, la demandante plantea una excepción de ilegalidad, con arreglo al artículo 277 TFUE, contra el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, alegando que este viola el artículo 10 del CEDH al no prever ningún recurso jurisdiccional específico y ex ante que permita un control jurídico independiente antes de la adopción de una decisión que ordene la entrega de información que pueda estar amparada por la protección de las fuentes periodísticas. En la réplica, la demandante añade que las vías de recurso previstas en los artículos 278 y 279 TFUE no bastan para subsanar esta laguna.
311 La Comisión, apoyada por el Consejo, rebate la argumentación de la demandante.
312 Con carácter previo, según el artículo 277 TFUE, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el párrafo segundo del artículo 263 TFUE, párrafo segundo.
313 El artículo 277 TFUE constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de un acto contra el que puede interponer un recurso, el derecho de cuestionar la validez de los actos institucionales anteriores que constituyan la base jurídica del acto impugnado, cuando la referida parte no disponga del derecho a interponer, con arreglo al artículo 263 TFUE, un recurso directo contra dichos actos, cuyas consecuencias sufriría así sin haber podido solicitar su anulación. El acto general cuya ilegalidad se alega debe ser aplicable, directa o indirectamente, al caso concreto que sea objeto del recurso y debe existir una relación jurídica directa entre la decisión individual impugnada y el acto general en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros, C‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676, apartados 67 a 69; véase también, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Mamoli Robinetteria/Comisión, T‑376/10, EU:T:2013:442, apartados 48 y 49 y jurisprudencia citada).
314 En el caso de autos es cierto que, como subraya la demandante, según la jurisprudencia del TEDH citada en los apartados 306 a 309 anteriores, una vulneración de la protección de las fuentes periodísticas debe estar sujeta a garantías de procedimiento, definidas por la ley, acordes con la importancia del principio en juego, entre las que debe figurar, en primer lugar, la posibilidad de un control de carácter preventivo según las modalidades establecidas por dicha jurisprudencia.
315 Ahora bien, como subraya el Consejo, el sistema completo de recursos y procedimientos establecido por el Derecho primario ofrece las garantías procedimentales exigidas por la jurisprudencia del TEDH mencionada en los apartados 306 a 309 anteriores, y, en particular, la posibilidad de que la medida sea sometida al control de un juez o de cualquier otro órgano decisorio independiente e imparcial, facultado para determinar, antes de la entrega de los elementos solicitados, si existe un imperativo de interés público que prevalezca sobre el principio de protección de las fuentes periodísticas y, en caso contrario, para impedir cualquier acceso no indispensable a la información que pueda revelar la identidad de las fuentes.
316 A este respecto, procede recordar que el Tratado FUE, en sus artículos 263 y 277, por una parte, y en su artículo 267, por otra, ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de la Unión, confiando dicho control al juez de la Unión (véase la sentencia de 28 de abril de 2015, T & L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, apartado 45 y jurisprudencia citada).
317 El legislador de la Unión no puede crear una vía de recurso no prevista en el Tratado FUE mediante la adopción de un acto de Derecho derivado, puesto que dicho Tratado ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones, confiando dicho control al juez de la Unión (véase la sentencia de 5 de septiembre de 2024, ECHA, C‑256/23 y C‑290/23, EU:C:2024:683, apartado 59 y jurisprudencia citada).
318 Como subraya el Consejo, en la medida en que el artículo 11 de la Carta, interpretado teniendo en cuenta los derechos correspondientes garantizados por el artículo 10 del CEDH, exige la existencia de una vía de recurso que cumpla determinados criterios, dicha vía debe buscarse en el sistema de vías de recurso establecido por los tratados y respetarlo.
319 Pues bien, la existencia de tal recurso dentro del sistema completo de vías de recurso establecido por los tratados ha sido confirmada por la jurisprudencia relativa a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes.
320 Así, según la sentencia de 18 de mayo de 1982, AM & S Europe/Comisión (155/79, EU:C:1982:157, apartado 32), el sistema completo de vías de recurso ofrece una protección adecuada en lo que respecta a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes. En particular, el Tribunal de Justicia consideró en dicha sentencia que, por una parte, el hecho de que, en virtud del artículo 185 del Tratado CEE (actualmente, artículo 278 TFUE), el recurso interpuesto por la empresa contra este tipo de decisiones no tenga efecto suspensivo permite responder a la preocupación manifestada por la Comisión por las consecuencias que la duración del procedimiento ante el Tribunal de Justicia puede tener para la eficacia del control que la Comisión debe ejercer sobre el respeto de las normas sobre competencia del Tratado, mientras que, por otra parte, los intereses de dicha empresa quedan salvaguardados por la facultad prevista en los artículos 185 y 186 del Tratado CEE (actualmente artículos 278 y 279 TFUE), así como en el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, en su versión entonces aplicable, de ordenar la suspensión de la ejecución de la decisión adoptada, o cualquier otra medida provisional.
321 De ello se sigue que el sistema completo de vías de recurso garantiza la posibilidad de un control jurisdiccional preventivo, antes de que la Comisión tenga acceso a la información amparada por la confidencialidad.
322 En particular, según la jurisprudencia relativa a las facultades de inspección de la Comisión en lo que respecta al cumplimiento de los artículos 101 y 102 TFUE, aplicable mutatis mutandis al presente asunto, cuando una empresa invoca la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes para oponerse a la incautación de un documento en el marco de una inspección, la decisión mediante la cual la Comisión se opone a tal petición produce efectos jurídicos frente a dicha empresa, modificando de manera caracterizada su situación jurídica. En efecto, tal decisión deniega a la empresa el beneficio de una protección prevista por el Derecho de la Unión y reviste un carácter definitivo e independiente de la decisión final por la que se declara una infracción de las normas sobre competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287, apartado 46 y jurisprudencia citada).
323 A este respecto, procede hacer constar que la posibilidad que tiene la empresa de interponer recurso contra una eventual decisión que declare la existencia de una infracción de las normas sobre competencia no basta para garantizar a dicha empresa la protección adecuada de sus derechos. Por una parte, puede ocurrir que el procedimiento administrativo finalice sin una decisión que declare la existencia de una infracción. Por otra parte, incluso si tal decisión se adopta, el recurso interpuesto contra la misma no proporciona en todo caso a la empresa el medio de evitar los efectos irreversibles que supondría el conocimiento irregular de documentos que gozan de protección en virtud de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287, apartado 47 y jurisprudencia citada).
324 De lo anterior resulta que la decisión de la Comisión que deniega una solicitud de protección de un documento determinado en virtud de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes —y que ordena, en su caso, que se aporte el documento en cuestión–– pone fin a un procedimiento especial distinto del procedimiento que permite a la Comisión pronunciarse sobre la existencia de una infracción de las normas sobre competencia y constituye, por tanto, un acto susceptible de recurso de anulación, acompañado, si resulta necesario, de una demanda de medidas provisionales destinada, en particular, a suspender la ejecución hasta que el Tribunal General resuelva el recurso principal (sentencia de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287, apartado 48).
325 A este respecto, habida cuenta de la particular naturaleza del principio de la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes —cuyo objeto consiste tanto en salvaguardar el pleno ejercicio del derecho de defensa de los justiciables como en proteger la exigencia de que todo justiciable debe tener la posibilidad de dirigirse con entera libertad a su abogado––, procede considerar que el hecho de que la Comisión adquiera conocimiento de un documento confidencial constituye por sí mismo una violación del referido principio. La protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes resulta más amplia que la exigencia de que la información confiada por la empresa a su abogado o el contenido del asesoramiento de este no sean utilizados contra dicha empresa en una decisión sancionadora por infracción de las normas sobre competencia (sentencia de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287, apartado 86).
326 La protección en virtud de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes implica asimismo que, una vez que la Comisión ha adoptado su decisión de denegar una solicitud por este concepto, dicha institución solo pueda adquirir conocimiento del contenido de los documentos en cuestión después de haber dado a la empresa afectada la oportunidad de recurrir ante el Tribunal General. A este respecto, la Comisión, antes de adquirir conocimiento del contenido de los documentos de que se trate, deberá esperar a que haya finalizado el plazo para interponer recurso contra su decisión denegatoria. En todo caso, en la medida en que tal recurso carece de efecto suspensivo, corresponderá a la empresa afectada presentar una demanda de medidas provisionales dirigida a la suspensión de la ejecución de la decisión denegatoria de la solicitud de protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287, apartado 88).
327 En el presente caso, como se ha señalado en el apartado 16 anterior, el 18 de octubre de 2023 la Comisión confirmó a la demandante que los documentos que pudieran revelar fuentes periodísticas gozarían de una protección especial inspirada en el procedimiento establecido para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. La aplicación de dicha protección se reiteró en el escrito de 6 de diciembre de 2023 (véase el apartado 21 anterior) y se formalizó en la Decisión de 24 de enero de 2024 (véase el apartado 22 anterior).
328 A la luz de la jurisprudencia relativa a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes, recordada en los apartados 320 y 322 a 326 anteriores, aplicable mutatis mutandis al caso de autos, procede constatar que el sistema completo de vías de recurso establecido por los tratados prevé una tutela judicial efectiva, que respeta todas las garantías de procedimiento relativas a la protección de las fuentes periodísticas exigidas por la jurisprudencia del TEDH relativa al artículo 10 del CEDH, disposición que corresponde al artículo 11 de la Carta.
329 No obstan a esta conclusión los argumentos formulados por la demandante en el escrito de réplica.
330 En primer lugar, la demandante sostiene que los procedimientos previstos en los artículos 263 TFUE, 278 TFUE y 279 TFUE no son «ex ante» en el sentido exigido por la jurisprudencia del TEDH, ya que solo pueden «activarse» tras la adopción por parte de la Comisión de una solicitud de información.
331 Ahora bien, procede destacar que, según reiterada jurisprudencia, constituyen actos susceptibles de ser objeto de recurso de anulación, a efectos del artículo 263 TFUE las medidas que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses del demandante, modificando sensiblemente su situación jurídica En principio, los actos de trámite cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva no constituyen, por tanto, actos impugnables. No obstante, de la jurisprudencia se desprende que los actos adoptados durante el procedimiento preparatorio que constituyen por sí mismos el último término de un procedimiento especial distinto del que debe permitir a la Comisión pronunciarse sobre el fondo y que producen efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar a los intereses del demandante modificando de manera caracterizada la situación jurídica de este constituyen asimismo actos impugnables (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287, apartado 45 y jurisprudencia citada).
332 A la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 322 y 323 anteriores, aplicable por analogía en el caso de autos, procede señalar que cuando una empresa invoca la protección de las fuentes periodísticas para oponerse a la incautación de un documento en el marco de una solicitud de información con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, la decisión por la que la Comisión desestima la petición de protección de las fuentes periodísticas produce efectos jurídicos respecto a esa empresa, al modificar de manera caracterizada su situación jurídica. En efecto, dicha decisión le niega una protección prevista por el Derecho de la Unión y tiene carácter definitivo e independiente de la decisión final por la que se declara una infracción a las normas sobre competencia.
333 De ello se deriva que la decisión por la que la Comisión desestima una solicitud de protección de un documento concreto al amparo de la protección de las fuentes periodísticas —y ordena, en su caso, la aportación del documento en cuestión— pone fin a un procedimiento especial distinto de aquel en el que ha de pronunciarse sobre la existencia de una infracción de las normas sobre competencia y constituye, por lo tanto, un acto susceptible de recurso de anulación, acompañado, en su caso, de una demanda de medidas provisionales destinada, en particular, a que se suspenda su ejecución hasta que el Tribunal General se pronuncie sobre el recurso principal.
334 La protección de las fuentes periodísticas implica asimismo que, una vez que la Comisión haya adoptado su decisión denegando una solicitud a este respecto, solo podrá tomar conocimiento del contenido de los documentos en cuestión tras haber dado a la empresa afectada la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal General, y esperar a tal efecto a que haya expirado el plazo para interponer recurso contra su decisión denegatoria. En cualquier caso, dado que dicho recurso no tiene efecto suspensivo, corresponde a la empresa afectada presentar una demanda de medidas provisionales solicitando que se suspenda la ejecución de la decisión denegatoria de la solicitud de protección.
335 Por lo tanto, no puede prosperar el argumento de la demandante según el cual los procedimientos previstos en los artículos 263 TFUE, 278 TFUE y 279 TFUE no son «ex ante» en el sentido exigido por la jurisprudencia del TEDH.
336 En segundo lugar, la demandante sostiene que los requisitos para que se conceda la suspensión de la ejecución u otras medidas provisionales en un procedimiento de medidas provisionales son distintos del requisito de la protección de las fuentes periodísticas, a saber, la existencia de un imperativo de interés público que prevalezca sobre el principio de protección de las fuentes periodísticas.
337 Pues bien, ha de señalarse, como hace el Consejo, que el requisito relativo a la ponderación de los intereses en conflicto, que lleva a cabo, en su caso, el juez de medidas provisionales, corresponde, en esencia, al criterio jurídico aplicable a la valoración de la información amparada por la protección de las fuentes periodísticas, que consiste en determinar si existe un imperativo de interés público que prevalezca sobre el principio de protección de las fuentes periodísticas.
338 A la vista de las consideraciones anteriores, no puede estimarse la excepción de ilegalidad planteada por la demandante, con arreglo al artículo 277 TFUE, contra el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004.
339 Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del sexto motivo.
Sobre la segunda parte del sexto motivo, basada en la vulneración de la protección de las fuentes periodísticas
340 Mediante la segunda parte del sexto motivo, la demandante sostiene que la Decisión impugnada vulnera la protección de las fuentes periodísticas, ya que menciona expresamente, entre las personas afectadas, a dos periodistas, así como sus comunicaciones con periodistas vinculados al grupo Vivendi incluidas en los términos de búsqueda de la Decisión impugnada.
341 Por otra parte, la demandante subraya que la propia Comisión reconoció la necesidad de proteger las fuentes periodísticas, ya que, con motivo de la conferencia telefónica que tuvo lugar el 18 de octubre de 2023 entre los funcionarios encargados de la investigación y los abogados de la demandante, la Comisión indicó que estaba buscando una solución para solventar el problema señalado por la demandante. Esto demuestra, según la demandante, que la Comisión era consciente de la dificultad que generaba la Decisión impugnada. No obstante, según la demandante, en la fecha de interposición del presente recurso, la Decisión impugnada aún le exigía que facilitara todos esos elementos, so pena de sanciones.
342 En la réplica, la demandante subraya que la Decisión impugnada no incluye ninguna garantía de procedimiento relativa a la protección de las fuentes periodísticas. Solo tras la interposición del presente recurso y mediante un simple escrito, cuyo contenido se recogió posteriormente en la Decisión de 24 de enero de 2024, la Comisión estableció dichas garantías, lo que no puede subsanar retroactivamente los vicios de que adolece, a su juicio, la Decisión impugnada.
343 La Comisión rebate los argumentos de la demandante.
344 Con carácter previo procede recordar que, puesto que los requisitos de admisibilidad del recurso pertenecen a las causas de inadmisión por motivos de orden público, corresponde al Tribunal General comprobar de oficio si el demandante tiene interés en obtener la anulación de la Decisión recurrida (véase la sentencia de 21 de diciembre de 2022, E. Breuninger/Comisión, T‑525/21, EU:T:2022:835, apartado 17 y jurisprudencia citada).
345 Según la jurisprudencia, solo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica en la medida en que esa persona tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Tal interés presupone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. La parte demandante debe acreditar el interés en ejercitar la acción, que se aprecia el día en que el recurso se entabla y constituye el primer y fundamental requisito para promover cualquier acción judicial (véase la sentencia de 27 de marzo de 2019, Canadian Solar Emea y otros/Consejo, C‑236/17 P, EU:C:2019:258, apartado 91 y jurisprudencia citada).
346 Habida cuenta del objeto del recurso, el interés legítimo de una parte demandante debe existir en el momento de su interposición, so pena de inadmisibilidad. El objeto del litigio debe perdurar, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso debe poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Comisión, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, apartado 38 y jurisprudencia citada).
347 Es cierto que el interés en ejercitar la acción de un demandante no desaparece necesariamente por el hecho de que el acto impugnado por este haya cesado de producir efectos durante la sustanciación del recurso. En efecto, la persona afectada por dicho acto puede conservar un interés en solicitar la anulación de una decisión, bien para conseguir que se le restituya a la situación en que se encontraba anteriormente, bien para hacer que el autor del acto recurrido aporte, en el futuro, las modificaciones adecuadas y evite así el riesgo de que se repita la ilegalidad de la que supuestamente adolece el acto. Incluso en los casos en que, por razón de las circunstancias, resulta imposible, para la institución de la que emana el acto anulado, cumplir la obligación de adoptar las medidas que comporta la ejecución de la sentencia por la que se declara la anulación, el recurso de anulación puede conservar un interés como fundamento de un eventual recurso de responsabilidad (véase la sentencia de 30 de junio de 2022, Camerin/Comisión, C‑63/21 P, no publicada, EU:C:2022:516, apartado 48 y jurisprudencia citada).
348 No obstante, corresponde a la parte demandante aportar la prueba de su interés en ejercitar la acción, justificando de manera pertinente el interés que tiene para ella la anulación de dicho acto (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2022, Camerin/Comisión, C‑63/21 P, no publicada, EU:C:2022:516, apartado 50 y jurisprudencia citada).
349 Lo mismo ocurre en lo que respecta al interés en invocar un motivo (sentencia de 28 de febrero de 2017, JingAo Solar y otros/Consejo, T‑157/14, no publicada, EU:T:2017:127, apartado 69).
350 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende asimismo que la persistencia del interés en ejercitar la acción debe apreciarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta, en particular, las consecuencias de la ilegalidad alegada y la naturaleza del perjuicio presuntamente sufrido (sentencia de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, apartado 65).
351 A este respecto, según la jurisprudencia, no procede admitir un motivo de anulación por inexistencia de interés en ejercitar la acción cuando, aun suponiendo que sea fundado, la anulación del acto impugnado sobre la base de tal motivo no podría satisfacer al demandante (véase la sentencia de 9 de junio de 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, apartado 49 y jurisprudencia citada).
352 En el caso de autos procede, en primer lugar, recordar el contexto fáctico de la segunda parte del sexto motivo, tal como se desprende, en particular, de los apartados 15 a 21 anteriores.
353 En particular, a raíz del correo electrónico de 14 de octubre de 2023 enviado por la demandante a la Comisión (véase el apartado 15 anterior), la Comisión le confirmó, en la conferencia telefónica de 18 de octubre de 2023, que los documentos que pudieran revelar fuentes periodísticas gozarían de una protección especial inspirada en el procedimiento establecido para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente (véase el apartado 16 anterior). Posteriormente, mediante correo electrónico de 26 de octubre de 2023, la Comisión invitó a la demandante a que le remitiera la lista de las personas afectadas titulares de un carné de prensa y a discutir aspectos prácticos que permitieran garantizar la protección de las fuentes periodísticas (véase el apartado 18 anterior).
354 El 27 de octubre de 2023, fecha de expiración del plazo fijado por la Decisión de 19 de septiembre de 2023 para la presentación de los documentos solicitados, la demandante no había presentado ningún documento. Ese mismo día, la Comisión adoptó la Decisión de 27 de octubre de 2023 (véase el apartado 19 anterior).
355 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 23 de noviembre de 2023, la demandante interpuso recurso de anulación contra la Decisión impugnada (véase el apartado 20 anterior).
356 Mediante escrito de 6 de diciembre de 2023, el Director General de la Dirección General de Competencia de la Comisión reiteró que todo documento que afectara a la protección de fuentes periodísticas se beneficiaría de garantías sólidas de procedimiento en aplicación de la legislación y la jurisprudencia pertinentes y detalló dichas garantías) (véase el apartado 21 anterior).
357 En particular, en el punto 14 del escrito de 6 de diciembre de 2023, en lo que respecta a los documentos que pudieran contener fuentes periodísticas, la Comisión propuso aplicar garantías de procedimiento análogas a las establecidas para asegurar la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. En la práctica, se preveía que las personas afectadas por la Decisión impugnada y titulares de un carné de prensa podrían revisar los documentos que cumplieran los criterios establecidos en la Decisión impugnada, identificar la información amparada por dicha protección y facilitar una versión expurgada, sin la identificación de las fuentes periodísticas (o, en su defecto, retirar el documento de la aportación documental si no fuera posible facilitar una versión no confidencial). Al ser responsable de la entrega completa y correcta de todos los documentos comprendidos en el ámbito de la Decisión impugnada, la demandante debería facilitar el resto de los documentos, así como un cuadro resumen en el que se detallara la naturaleza de la información suprimida o los documentos retirados de la aportación documental.
358 Como se desprende del apartado 22 anterior, dichas garantías relativas a la protección de las fuentes periodísticas se formalizaron mediante la Decisión de 24 de enero de 2024, cuyo considerando 13, letra b), establece que las personas afectadas por la Decisión impugnada que sean titulares de un carné de prensa podrán revisar los documentos que cumplan los criterios que dicha resolución establece, identificar la información amparada por dicha protección y facilitar una versión expurgada, sin identificación de las fuentes periodísticas o, en su defecto, retirar el documento de la aportación si no es posible facilitar una versión no confidencial. Asimismo, se establece que corresponderá a la demandante facilitar el resto de los documentos, así como un cuadro resumen en el que se detalle la naturaleza de la información suprimida o de los documentos retirados del expediente.
359 Debe precisarse que, mediante su escrito de 25 de enero de 2024, la Comisión informó al Tribunal General de la adopción de la Decisión de 24 de enero de 2024 e invitó a la demandante a adaptar su demanda con arreglo al artículo 86 del Reglamento de Procedimiento. Dicho escrito se unió a los autos y se notificó a la demandante el 1 de febrero de 2024.
360 A este respecto, procede señalar que la validez de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, apartado 50 y jurisprudencia citada).
361 No obstante, según la jurisprudencia, cuando se sustituye durante el procedimiento una decisión o un reglamento que afecta directa e individualmente a un particular por un acto que tiene el mismo objeto, este último debe considerarse un elemento nuevo que permite que el demandante adapte sus pretensiones y motivos. En efecto, obligar al demandante a interponer un nuevo recurso iría en contra de la buena administración de la justicia y de las exigencias de economía procesal. Además, sería injusto que, para hacer frente a las críticas contenidas en un recurso contra un acto presentado ante el juez de la Unión, la institución afectada pudiera adaptar el acto impugnado o sustituirlo por otro e invocar, durante el procedimiento, dicha modificación o sustitución para privar a la otra parte de la posibilidad de hacer extensivas sus pretensiones y motivos iniciales al acto ulterior o de formular nuevos motivos y pretensiones contra este (véase la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Bank Melli Iran/Consejo, T‑35/10 y T‑7/11, EU:T:2013:397, apartado 53 y jurisprudencia citada).
362 De conformidad con el artículo 86, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento, en su versión aplicable en la época de los hechos, cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el demandante podrá adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad. La adaptación de la demanda deberá efectuarse mediante escrito separado y dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, para la interposición de un recurso de anulación contra el acto que justifica la adaptación de la demanda.
363 En el caso de autos, en primer lugar, la posición de la demandante, tal como se expresa en la réplica, en su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento y en la vista, es que la adopción de la Decisión de 24 de enero de 2024 no puede subsanar retroactivamente, en el curso del procedimiento, los vicios de que adolece la Decisión impugnada. La demandante precisa asimismo que el presente recurso se refiere únicamente a la Decisión impugnada, que no fue modificada por la Decisión de 24 de enero de 2024 —que en su artículo 1 modifica el artículo 2 de la Decisión de 27 de octubre de 2023 y en el artículo 2 prevé la imposición de una multa coercitiva. Así pues, según la demandante, no procedía modificar el objeto del recurso, tal como se determina en el escrito de recurso.
364 Pues bien, hay que señalar que la Decisión de 24 de enero de 2024 modifica la Decisión impugnada fundamentalmente en tres aspectos.
365 En primer término, como se desprende del apartado 22 anterior, el artículo 1 de la Decisión de 24 de enero de 2024 prorroga hasta el 7 de febrero de 2024 el plazo del 1 de diciembre de 2023 señalado por la Decisión de 27 de octubre de 2023, que era a su vez una prórroga del plazo del 27 de octubre de 2023 fijado por la Decisión de 19 de septiembre de 2023.
366 En segundo término, el considerando 13, letra a), de la Decisión de 24 de enero de 2024 establece garantías de procedimiento adicionales con respecto a la Decisión impugnada para garantizar la protección de los datos personales sensibles, mediante la aplicación del procedimiento de sala de datos virtual, tal como se propuso en el escrito de 6 de diciembre de 2023.
367 En tercer término, el considerando 13, letra b), de la Decisión de 24 de enero de 2024 establece garantías de procedimiento destinadas a la protección de las fuentes periodísticas, confirmando el procedimiento propuesto en el escrito de 6 de diciembre de 2023. Estas garantías son, en esencia, las mismas discutidas de manera informal entre la Comisión y la demandante y que se inspiran en el procedimiento establecido para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente (véanse los apartados 353 a 357 anteriores).
368 En segundo lugar, como se ha señalado en el apartado 359 anterior, hay que constatar que no se privó a la demandante de la posibilidad de ampliar sus pretensiones y motivos iniciales a la Decisión de 24 de enero de 2024 ni de formular pretensiones y motivos adicionales, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 361 anterior.
369 Por otra parte, como se desprende de los apartados 353 a 357 anteriores, procede señalar que, en su diálogo con la Comisión, la demandante tuvo conocimiento, antes de que presentara el recurso el 23 de noviembre de 2023, de los esfuerzos de la Comisión por encontrar una solución para la protección de las fuentes periodísticas inspirada en el procedimiento establecido para proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente.
370 Sin embargo, la demandante optó por no adaptar su recurso para tener en cuenta la Decisión de 24 de enero de 2024 en el presente procedimiento, ni, por otra parte, interponer un nuevo recurso contra dicha Decisión.
371 En tercer lugar, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 345 a 348 anteriores, solo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica en la medida en que esa persona tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Tal interés, cuya prueba incumbe a la parte demandante, presupone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto.
372 En el presente caso, en respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, la demandante afirma que persistía su interés en negar, en la segunda parte del sexto motivo, la existencia de garantías de procedimiento destinadas a proteger el secreto de las fuentes periodísticas ya que, por una parte, la Comisión no podía subsanar con carácter retroactivo los vicios que afectan a la legalidad de la Decisión impugnada y, por otra parte, las garantías previstas no eran de tal naturaleza que impidieran cualquier vulneración de la protección de las fuentes periodísticas. A este respecto, formula nuevos argumentos para impugnar la suficiencia de las garantías establecidas por la Decisión de 24 de enero de 2024.
373 Ahora bien, por una parte, los nuevos argumentos, que tienen por objeto cuestionar la suficiencia de dichas garantías y que se invocan por primera vez en la fase de respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, deben declararse inadmisibles (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2025, Ben Ali/Consejo, T‑178/23, no publicada, EU:T:2025:114, apartado 54).
374 Por otra parte, cabe señalar que, con esta respuesta, la demandante no ha demostrado que perdure su interés en ejercitar la acción en el contexto de la segunda parte del sexto motivo. En particular, no explica en qué la anulación de la Decisión impugnada podría procurarle un beneficio tras la adopción de la Decisión de 24 de enero de 2024, que la demandante optó por no impugnar en el presente recurso.
375 A este respecto, es preciso señalar que, antes de la adopción de la Decisión de 24 de enero de 2024, la demandante no había facilitado ningún documento a la Comisión.
376 En efecto, consta en los autos, y así lo confirmó la demandante en la vista, que esta remitió por primera vez documentos a la Comisión en febrero de 2024 y, posteriormente, durante los meses de septiembre y diciembre de 2024. En la vista, la demandante indicó que, en diciembre de 2024, la Comisión había recibido los documentos que respondían a lo establecido en la Decisión impugnada, a excepción de los documentos amparados por el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, el secreto de las fuentes periodísticas y la vida privada de las personas afectadas.
377 Por lo tanto, la Decisión impugnada no surtió efectos jurídicos a este respecto entre el momento de su adopción el 19 de septiembre de 2023 y la entrada en vigor de la Decisión de 24 de enero de 2024.
378 Por lo tanto, la posible anulación de la Decisión impugnada basada en la falta de garantías de procedimiento relativas a la protección de las fuentes periodísticas no podía procurar ningún beneficio a la demandante.
379 Por lo demás, debe precisarse que, en el presente recurso, la demandante no ha formulado pretensiones de indemnización y no ha invocado ningún interés residual como el que se contempla en la jurisprudencia mencionada en el apartado 347 anterior.
380 A la luz de las consideraciones anteriores, ha de concluirse que la demandante no ha justificado que perdure su interés en ejercitar la acción en el contexto de la segunda parte del sexto motivo.
381 Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del sexto motivo y, en consecuencia, el sexto motivo en su totalidad.
Sobre el séptimo motivo, basado en la falta de garantías adecuadas para proteger el derecho al respeto de la vida privada
382 Mediante su séptimo motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada no contiene garantías adecuadas para proteger el derecho al respeto de la vida privada, consagrado en el artículo 7 de la Carta y en el artículo 8 del CEDH.
383 Según la demandante, el hecho de que la Decisión impugnada le obliga a presentar documentos relacionados con la vida privada de algunos de sus empleados y directivos queda, en esencia, demostrado por las siguientes razones. En primer lugar, los teléfonos móviles o tabletas privados o personales (en lo sucesivo, los «dispositivos de comunicación personales»), que se hayan utilizado al menos una vez con fines profesionales, están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión impugnada durante el período de referencia. En segundo lugar, los documentos a los que se refiere el punto III, apartado 7, del anexo de la Decisión impugnada deben facilitarse en su totalidad. En tercer lugar, la Decisión impugnada carece de toda indicación relativa a las garantías de procedimiento para proteger el secreto de la vida privada. En cuarto lugar, el Derecho francés del Trabajo se opone a la orden conminatoria dictada mediante la Decisión impugnada. Si la demandante cumpliera la obligación impuesta por la Decisión impugnada de recabar, tratar y transmitir a la Comisión documentos que pertenecen a la esfera privada de algunos de sus empleados y directivos, se expondría a sanciones penales y vulneraría el derecho al respeto de la vida privada de dichas personas.
384 A este respecto, la demandante precisa que, según el Derecho francés, un empresario no puede acceder a la correspondencia ni a los correos electrónicos enviados o recibidos por un empleado en su lugar de trabajo, ni a los documentos que el empleado tenga en su lugar de trabajo y que haya identificado como documentos personales, salvo que el interesado esté presente durante la consulta o se le haya dado la posibilidad de estarlo. Por otra parte, el empresario no puede consultar los correos electrónicos enviados o recibidos por el trabajador en su cuenta de correo personal, distinta de la cuenta profesional, ni las conversaciones mantenidas por un trabajador en un servicio de mensajería instantánea personal, ya que al hacerlo cometería el delito de violación del secreto de la correspondencia, ni siquiera si el correo electrónico personal ha sido instalado o consultado por el trabajador en el ordenador puesto a su disposición por el empresario.
385 En el escrito de réplica, la demandante alega que la Comisión confunde los conceptos de «datos personales» y de datos relativos a la «vida privada». Según ella, el concepto de «datos personales» es, no obstante, más restrictivo que el de «vida privada», que es más amplio. Considera que la protección que la Comisión pretende reservar únicamente a los datos personales no se aplica a la información que, sin ser estrictamente personal, está amparada por el derecho fundamental al respeto de la vida privada.
386 La Comisión rebate la argumentación de la demandante.
387 A tenor del artículo 7 de la Carta, toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.
388 El artículo 7 de la Carta contiene derechos equivalentes a los garantizados por el artículo 8, apartado 1, del CEDH, según el cual toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia [véase la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Google (Retirada de enlaces a contenido supuestamente inexacto), C‑460/20, EU:C:2022:962, apartado 59 y jurisprudencia citada]. Por consiguiente, conforme al artículo 52, apartado 3, de la Carta, debe darse a dicho artículo 7 el mismo sentido y el mismo alcance que los conferidos al artículo 8, apartado 1, del CEDH, tal como lo interpreta la jurisprudencia del TEDH (véase la sentencia de 17 de diciembre de 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, apartado 70 y jurisprudencia citada).
Sobre la existencia de una injerencia derivada de la Decisión impugnada en el ejercicio del derecho previsto en el artículo 7 de la Carta
389 Es jurisprudencia reiterada que la comunicación de datos personales a un tercero, como una autoridad pública, constituye una injerencia en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta, cualquiera que sea la utilización posterior de la información comunicada e incluso a falta de circunstancias que permitan calificar esta injerencia de «grave». Lo mismo puede decirse de la conservación de los datos de carácter personal y del acceso a esos datos con vistas a su utilización por parte de las autoridades públicas. Es irrelevante que la información relativa a la vida privada de que se trate tenga o no carácter sensible o que los interesados hayan sufrido o no inconvenientes en razón de tal injerencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de octubre de 2018, Ministerio Fiscal, C‑207/16, EU:C:2018:788, apartado 51 y jurisprudencia citada, y de 21 de junio de 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, apartado 96 y jurisprudencia citada). A este respecto, carece de relevancia el hecho de que los datos de que se trata puedan referirse a actividades profesionales (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 38 y jurisprudencia citada).
390 En este contexto, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que las incautaciones de correos electrónicos realizadas durante registros domiciliarios en los locales profesionales o comerciales de una persona física o en los locales de una sociedad mercantil constituyen injerencias en el ejercicio del derecho garantizado por el artículo 7 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, apartados 70 a 73 y 80 y jurisprudencia citada).
391 En el caso de autos, como se ha señalado en los apartados 6 a 12 y 19 anteriores, la Decisión impugnada impone fundamentalmente a la demandante la obligación de recabar y transmitir a la Comisión, por una parte, los documentos enviados o recibidos, durante el período de referencia, por catorce personas afectadas (así como sus predecesores y sucesores), identificadas por sus nombres en el punto II, apartado 5, de su anexo, y que contengan los términos de búsqueda enumerados en el punto VII, letras a) a c), del mismo anexo y, por otra parte, los documentos intercambiados, durante el período de referencia, entre cuatro personas identificadas por sus nombres en el punto III, apartado 7, letras a) a c), de dicho anexo. Esta obligación comprende los documentos enviados o recibidos tanto a través de dispositivos de comunicación profesionales como de dispositivos de comunicación personales, siempre que estos se hayan utilizado al menos una vez para comunicaciones profesionales.
392 En tales circunstancias, los documentos que la demandante debe recabar, tratar y transmitir a la Comisión pueden contener información sobre la vida privada de algunos de sus empleados y mandatarios sociales. Por consiguiente, la ejecución de la Decisión impugnada puede dar lugar a una injerencia en el derecho garantizado por el artículo 7 de la Carta.
393 En cuanto a la gravedad de la injerencia, procede señalar que, por una parte, la obligación impuesta por la Decisión impugnada comprende también las comunicaciones realizadas a través de dispositivos de comunicación personales, siempre que estos se hayan utilizado al menos una vez para comunicaciones profesionales. Por otra parte, la Decisión impugnada no solo obliga a transmitir los documentos intercambiados durante todo el período de referencia en lo que respecta a las personas citadas en el apartado 391 anterior, sino que también establece, en el punto III, apartado 9, de su anexo, la obligación de entregar la totalidad de los documentos intercambiados entre determinadas personas cuando un solo intercambio responda a los términos de búsqueda contemplados en dicha Decisión.
394 Por lo tanto, la ejecución de la Decisión impugnada puede dar lugar a la comunicación de datos personales de naturaleza muy variada, difícilmente determinable a priori y potencialmente de gran alcance. Además, la información recopilada a partir de los dispositivos de comunicación personales puede aportar más datos sobre aspectos sensibles de la vida privada de las personas afectadas que la obtenida a partir de los dispositivos de comunicación profesionales. Por consiguiente, dichos datos, considerados en su conjunto, pueden permitir extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas afectadas.
395 Pues bien, la divulgación de información sensible sobre la vida privada de las personas afectadas que permita extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de estas constituye una grave injerencia en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta [véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de agosto de 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, apartado 105; de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartados 41 a 44, y de 30 de abril de 2024, La Quadrature du Net y otros (Datos personales y lucha contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual), C‑470/21, EU:C:2024:370, apartado 96 y jurisprudencia citada].
396 Por lo tanto, la obligación de transmisión a la Comisión establecida en la Decisión impugnada lleva consigo el riesgo de una injerencia grave en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta,
397 Dado que la Decisión impugnada constituye una limitación, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, del ejercicio del derecho al respeto de la vida privada, procede examinar si tal limitación está justificada con arreglo a dicha disposición.
Sobre la justificación de la injerencia derivada de la Decisión impugnada
398 A tenor del artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta deberá ser establecida por la ley (exigencia denominada en la jurisprudencia «principio de legalidad») y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Según el artículo 52, apartado 1, segunda frase, de la Carta, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones a dichos derechos y libertades cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás.
– Sobre el respeto del principio de legalidad
399 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el respeto del principio de legalidad implica que la base jurídica que autoriza tal limitación habrá de definir con suficiente claridad y precisión su alcance [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 65 y jurisprudencia citada].
400 En el caso de autos, procede señalar que la limitación del ejercicio del derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta derivada de la ejecución de la Decisión impugnada ha sido establecida en un acto legislativo de la Unión. En efecto, la Decisión impugnada se adoptó en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, que confiere a la Comisión la competencia para requerir, mediante decisión, a las empresas y a las asociaciones de empresas que faciliten la información necesaria para el cumplimiento de las tareas que le encomienda dicho Reglamento (véanse los apartados 112 a 124 anteriores).
401 El ejercicio de las facultades reconocidas a la Comisión por el Reglamento n.º 139/2004 contribuye al mantenimiento del régimen de competencia establecido por los Tratados, cuyo respeto se impone imperativamente a las empresas (véase, por analogía, la sentencia de 20 de junio de 2018, České dráhy/Comisión, T‑621/16, no publicada, EU:T:2018:367, apartado 105 y jurisprudencia citada).
402 Dado que el Reglamento n.º 139/2004 confiere a la Comisión, de manera suficientemente clara y precisa, la facultad de adoptar decisiones de solicitud de información, la Decisión impugnada respeta el principio de legalidad en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
– Sobre el respeto del contenido esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta
403 Según la jurisprudencia, debe considerarse que una normativa que permite a las autoridades públicas acceder de forma generalizada al contenido de las comunicaciones electrónicas lesiona el contenido esencial del derecho fundamental al respeto de la vida privada garantizado por el artículo 7 de la Carta (véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, apartado 94 y jurisprudencia citada).
404 Del mismo modo, una medida que permita a las autoridades públicas tener una visión completa de la vida privada y familiar de las personas afectadas puede vulnerar el contenido esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta (véanse en este sentido las sentencias de 21 de junio de 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, apartado 120; de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartados 50 a 52, y de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C‑61/22, EU:C:2024:251, apartados 80 y 81).
405 No obstante, una limitación de un derecho fundamental respeta el contenido esencial de este cuando no desvirtúa el derecho en sí mismo, en particular cuando es aplicable en condiciones específicas, siempre que se cumplan dichas condiciones (véanse, en este sentido, por analogía, las sentencias de 6 de octubre de 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, apartado 48, y de 27 de septiembre de 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, apartado 64).
406 En el caso de autos, en primer lugar, si bien la información recabada y transmitida a la Comisión en virtud de la Decisión impugnada puede revelar información muy precisa sobre la vida privada de las personas afectadas, se trata de información que solo puede proporcionar, de manera dispersa y accesoria, indicaciones sobre determinados aspectos de la vida privada de dichas personas. En efecto, esa información se refiere a diferentes categorías de datos relativos a la vida privada que no guardan necesariamente relación entre sí y que no constituyen un conjunto homogéneo.
407 A este respecto, procede señalar que el ámbito de aplicación temporal, personal y material de la Decisión impugnada se delimita mediante las definiciones precisas del período de referencia (punto I, apartado 4, del anexo), de las personas afectadas (punto II, apartado 5, del anexo) y de los términos de búsqueda (punto VII del anexo), de modo que dicha Decisión no obliga a la demandante a recabar y transmitir a la Comisión la totalidad de los documentos intercambiados entre sus empleados y sus mandatarios sociales (véase el apartado 391 anterior).
408 Ha de señalarse asimismo que la Decisión impugnada solo se aplica a los dispositivos de comunicación personales cuando se han utilizado al menos una vez con fines profesionales, como se desprende del punto I, apartado 2, del anexo de dicha Decisión (véanse los apartados 8 y 391 anteriores). Esta precisión permite circunscribir el ámbito de aplicación de la Decisión impugnada únicamente a las personas que hayan utilizado sus dispositivos de comunicación personales con fines profesionales. A este respecto, debe recordarse que la solicitud de información en cuestión tiene por objeto determinar la existencia de infracciones a las normas sobre competencia y que se trata de un ámbito en el que pueden producirse intercambios pertinentes entre las personas afectadas a través de dispositivos de comunicación distintos de los profesionales.
409 Además, procede subrayar que el objetivo de una decisión de solicitud de información adoptada en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, como la Decisión impugnada, no es recabar, como tal, información relativa a la vida privada de las personas afectadas o sus datos personales, sino recoger la información necesaria para verificar el supuesto incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho Reglamento. Esto significa que, salvo cuando tengan relevancia comercial y, por lo tanto, sean útiles para determinar la existencia de tal infracción, la información relativa a la vida privada de las personas afectadas y sus datos personales solo se recogen de forma accesoria (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de octubre de 2002, Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, apartado 45).
410 En segundo lugar, la injerencia que supone la Decisión impugnada está sujeta a garantías de procedimiento relativas a la protección de los datos personales sensibles. En efecto, el punto IV, apartado 10, letra l), del anexo de la Decisión impugnada establece que si determinados documentos contienen datos personales sensibles, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1, en lo sucesivo RGPD), dichos documentos se facilitarán cifrados y por separado, y se identificarán como «datos personales sensibles».
411 A este respecto, procede señalar que, según el artículo 9, apartado 1, del RGPD, en relación con su considerando 10, el concepto de «datos personales sensibles» se refiere a los datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.
412 Por tanto, la Decisión impugnada establece garantías específicas de procedimiento aplicables a los datos personales sensibles que garantizan que los datos se faciliten cifrados y por separado.
413 En cualquier caso, debe señalarse que, como se ha expuesto en el apartado 22 anterior, la Decisión impugnada fue modificada y completada por la Decisión de 24 de enero de 2024. En particular, del considerando 13, letra a), de esta última se desprende que, en lo que respecta a los datos personales, los documentos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión impugnada que no guarden relación con las actividades comerciales de la demandante y que contengan datos personales sensibles, en el sentido del artículo 9 del RGPD y del artículo 10 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39), podrán ser depositados en sala de datos virtual, tal como se dispone en el punto 2 del fallo de los autos de 29 de octubre de 2020, Facebook Ireland/Comisión (T‑451/20 R, no publicado, EU:T:2020:515), y de 29 de octubre de 2020, Facebook Ireland/Comisión (T‑452/20 R, no publicado, EU:T:2020:516), para permitir a la Comisión verificar si carecen de relevancia para su investigación.
414 En la vista, la Comisión explicó que las garantías de procedimiento previstas en el punto IV, apartado 10, letra l), del anexo de la Decisión impugnada y las previstas en el considerando 13, letra a), de la Decisión de 24 de enero de 2024 eran acumulativas.
415 El procedimiento de sala de datos virtual, cuya aplicación dispuso la Decisión de 24 de enero de 2024, permite regular con mayor precisión la ejecución de la Decisión impugnada, al otorgar garantías de procedimiento adicionales para asegurar la protección de los datos personales sensibles. Ha de precisarse, a este respecto, que el derecho a la protección de los datos personales, reconocido en el artículo 8, apartado 1, de la Carta, está estrechamente vinculado al derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta, tal como se desprende de la jurisprudencia citada más adelante en el apartado 444 y del análisis que se expone en los apartados 442 a 454.
416 En tercer lugar, la transmisión y el tratamiento de la información facilitada en el marco de una investigación de la Comisión en el ámbito del Derecho de la competencia están sujetos a garantías de procedimiento generales destinadas a preservar, en particular, la seguridad, la integridad y la confidencialidad de dichos datos.
417 En efecto, solo los agentes y funcionarios de la Comisión encargados de la investigación pueden, en su caso, tener conocimiento de datos de carácter personal. Ahora bien, los agentes de la Comisión están sujetos a estrictas obligaciones de secreto profesional en virtud del artículo 339 TFUE y del artículo 17 del Reglamento n.º 139/2004. Esta última disposición prohíbe a los agentes y funcionarios de la Comisión divulgar la información recabada o utilizarla para fines distintos de aquellos para los que fue obtenida. Además, los funcionarios y agentes de la Comisión están sujetos al artículo 17 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, que les prohíbe, incluso tras el cese en sus funciones, «divulgar sin autorización cualquier información que haya[n] recibido con ocasión de sus funciones, salvo que dicha información se haya hecho ya pública o sea de acceso público.»
418 Por consiguiente, no puede considerarse que la Decisión impugnada vulnere el contenido esencial del artículo 7 de la Carta.
– Sobre los objetivos de interés general reconocidos por la Unión
419 Según la jurisprudencia, el Derecho de la competencia persigue el objetivo, indispensable para el funcionamiento del mercado interior, de garantizar que no se falsee la competencia en perjuicio del interés general, de las empresas individuales y de los consumidores (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 22 de marzo de 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, apartado 46 y jurisprudencia citada; de 22 de marzo de 2022, Nordzucker y otros, C‑151/20, EU:C:2022:203, apartado 51 y jurisprudencia citada, y de 20 de junio de 2018, České dráhy/Comisión, T‑621/16, no publicada, EU:T:2018:367, apartado 105 y jurisprudencia citada).
420 En este contexto, debe señalarse que la Decisión impugnada es una manifestación de las facultades conferidas a la Comisión por el artículo 11 del Reglamento n.º 139/2004, cuyo objetivo es permitirle cumplir la misión que le han encomendado los Tratados, a saber, velar por el respeto del Derecho de la competencia en el mercado interior.
421 El TEDH también ha destacado la importancia del interés general que reviste la aplicación efectiva del Derecho de la competencia. En particular, habida cuenta de las repercusiones negativas que las infracciones a dicho Derecho pueden tener sobre la competencia en los mercados y de la dificultad que entraña su detección e investigación, es importante que las autoridades de control de la competencia y los demás organismos encargados de la aplicación de la ley puedan coordinar sus esfuerzos para revelar y sancionar estas prácticas contrarias a la competencia. La aplicación del Derecho de la competencia es indispensable para preservar el potencial de rendimiento y un justo funcionamiento de los mercados económicos y, por consiguiente, para el bienestar económico de un país (véase TEDH, 1 de abril de 2025, Ships Waste Oil Collector B. V. y otros contra Países Bajos, CE:ECHR:2025:0401JUD000279916, § 197 y jurisprudencia citada).
422 Esta finalidad constituye un objetivo de interés general que puede justificar una injerencia, incluso grave, en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2015, Deutsche Bahn y otros/Comisión, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, apartado 20).
423 Por lo tanto, la Decisión impugnada contribuye a la consecución de un objetivo de interés general reconocido por la Unión.
– Sobre el respeto del principio de proporcionalidad
424 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de proporcionalidad exige que las limitaciones que mediante actos del Derecho de la Unión puedan introducirse en los derechos y libertades consagrados en la Carta no excedan los límites de lo que sea adecuado y necesario para satisfacer los objetivos legítimamente perseguidos o de la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa y que los inconvenientes causados por esa medida no deben ser desmesurados en relación con los objetivos perseguidos. Así pues, la posibilidad de justificar una limitación de los derechos garantizados en el artículo 7 de la Carta debe apreciarse midiendo la gravedad de la injerencia que implica tal limitación y verificando que la importancia del objetivo de interés general perseguido por dicha limitación guarde relación con esa gravedad (véase la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros, C‑694/20, EU:C:2022:963, apartado 41 y jurisprudencia citada).
– Sobre el carácter adecuado de la limitación
425 En lo que respecta al carácter adecuado de la limitación del derecho al respeto de la vida privada derivada de la Decisión impugnada, procede considerar que, habida cuenta de los apartados 419 a 423 anteriores, una decisión de solicitud de información como la impugnada, adoptada en virtud del artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, constituye una medida adecuada para alcanzar el objetivo de interés general de proteger una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior, ya que impone a las empresas afectadas la obligación de recabar y transmitir a la Comisión la información necesaria para determinar la existencia de las prácticas contrarias a la competencia.
– Sobre el carácter necesario de la limitación
426 El requisito del carácter necesario de la limitación del derecho al respeto de la vida privada no se cumple cuando el objetivo de interés general perseguido puede alcanzarse de manera igualmente eficaz por otros medios menos atentatorios respecto de los derechos fundamentales de los interesados. En cambio, el requisito de necesidad se cumple cuando el objetivo perseguido por el tratamiento de datos en cuestión no puede alcanzarse razonablemente con igual eficacia por otros medios menos atentatorios respecto de los derechos fundamentales de los interesados, en particular respecto del derecho al respeto de la vida privada y familiar garantizado por el artículo 7 de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartados 87 y 88 y jurisprudencia citada].
427 En este contexto, debe recordarse que, en un entorno digitalizado, es sabido que el intercambio de información dentro de una empresa o entre empresas se realiza en gran medida por vía electrónica, mediante dispositivos de comunicación profesionales o incluso personales.
428 Pues bien, las facultades de investigación de que dispone la Comisión en materia de Derecho de la competencia podrían quedar sin eficacia si las empresas pudieran eludir la obligación de responder a una solicitud de información por el mero hecho de que algunos documentos lleven la mención «personal» o «privado» o se intercambien mediante dispositivos de comunicación personales, sin que se examine si dichos documentos contienen, en realidad, información relacionada con la actividad comercial de las empresas en cuestión.
429 Así pues, para garantizar la eficacia del Derecho de la competencia, la Comisión debe tener la posibilidad de pedir toda la información que le sea necesaria para el cumplimiento de las tareas que le encomienda el Reglamento n.º 139/2004, contenida en dispositivos de comunicación profesionales o incluso personales, siempre que estos últimos se hayan utilizado con fines profesionales, si bien respetando al mismo tiempo el derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta.
430 Por lo tanto, la obligación impuesta a la demandante por la Decisión impugnada de recabar y transmitir a la Comisión los documentos que menciona y, de forma accesoria, la recogida de datos relativos a la vida privada que ello ocasiona, deben considerarse necesarias para lograr el objetivo de interés general consistente en proteger la competencia en el mercado interior, ya que dicho objetivo no puede alcanzarse razonablemente de manera igualmente eficaz por otros medios menos lesivos para los derechos fundamentales, en particular para el derecho al respeto de la vida privada garantizado por el artículo 7 de la Carta.
– Sobre el carácter estrictamente proporcionado de la limitación
431 La apreciación del carácter estrictamente proporcionado de la limitación al ejercicio del derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta implica una ponderación del conjunto de elementos pertinentes en el caso de autos. Entre tales elementos se encuentran, en particular, la gravedad de la limitación impuesta al ejercicio de los derechos fundamentales en cuestión, que depende de la naturaleza y la sensibilidad de los datos a los que puedan acceder las autoridades policiales competentes; la importancia del objetivo de interés general perseguido por dicha limitación; la relación existente entre el propietario de los documentos en cuestión y la infracción penal de que se trate o la pertinencia de los datos en cuestión para comprobar los hechos [véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartados 89 y 90 y jurisprudencia citada].
432 Primeramente, por lo que se refiere a la gravedad de la injerencia, como se ha señalado en el apartado 396 anterior, la obligación de transmisión a la Comisión impuesta en la Decisión impugnada lleva consigo el riesgo de una injerencia grave en el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta.
433 No obstante, es preciso señalar que la Decisión impugnada no otorga a la Comisión un acceso completo y sin control a la totalidad de los datos contenidos en los dispositivos de comunicación personales de las personas afectadas y no tiene por objeto establecer un régimen de vigilancia continuo, no selectivo y sistemático, que incluya la evaluación automatizada de los datos personales de todos los empleados y mandatarios sociales de la demandante, ni, por otra parte, de las personas afectadas por dicha Decisión [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de junio de 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, apartados 98 a 111, y de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartados 91 a 95 y jurisprudencia citada].
434 En efecto, de entrada es importante precisar que, entre los documentos recabados en virtud de la Decisión impugnada, los datos relativos a la vida privada suelen aparecer de forma dispersa al buscar información comercial relacionada con la empresa. En este contexto, dichos datos no permiten, por sí solos, obtener una visión completa de la vida privada de la persona interesada sin un tratamiento complementario, lo que en ningún caso es la finalidad de la investigación.
435 A continuación, como se ha precisado en los apartados 8 y 408 anteriores, la obligación que impone la Decisión impugnada se extiende a las comunicaciones realizadas tanto a través de dispositivos de comunicación profesionales como a través de dispositivos de comunicación personales de las personas afectadas, como sus teléfonos móviles personales, únicamente cuando se hayan utilizado al menos una vez con fines profesionales. Por lo tanto, el alcance de la solicitud de información resulta limitado en lo que respecta a la obligación de transmitir los documentos a que se refiere el punto III, apartado 7, del anexo de la Decisión impugnada y procedentes de los dispositivos de comunicación personales, con el fin de limitar la vulneración del derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta.
436 Por último, procede señalar que las personas afectadas fueron seleccionadas bien por la importancia de sus funciones y de los mandatos sociales que desempeñan en la sociedad demandante, bien por su estatuto de personas en posesión de un carné de prensa, toda vez que dicha solicitud tiene por objeto determinar si la demandante ejerció una influencia decisiva sobre Lagardère, como resulta de los elementos a los que se ha hecho referencia en el apartado 10 anterior. Por ello, la Decisión impugnada no solo se limita a solicitar que se recaben los documentos en cuestión de los altos directivos de la demandante, sino que también regula estrictamente la transmisión de información por parte de las personas titulares de carnés de prensa, tal como se ha señalado en los apartados 353 a 358 anteriores.
437 En segundo lugar, las consideraciones expuestas en los apartados 419 a 423 anteriores ponen de manifiesto que la importancia del objetivo de proteger una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior puede justificar una injerencia, incluso grave, en el derecho a la observancia del derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta.
438 En tercer lugar, en lo que respecta a la relación existente entre el propietario de los dispositivos de comunicación en cuestión y la infracción de que se trata, procede señalar que la recogida y el acceso a los datos relativos a la vida privada que puedan estar contenidos en dispositivos de comunicación profesionales y en dispositivos de comunicación personales que se hayan utilizado al menos una vez con fines profesionales son, en principio, accesorios en el contexto de la búsqueda de información de carácter comercial destinada a incriminar a la empresa objeto de la investigación. Por consiguiente, la recogida y el acceso a los datos personales objeto de una investigación en materia de competencia no tienen, en principio, la finalidad de determinar la responsabilidad en materia de competencia de la persona física titular de dichos datos, sino únicamente la de la persona jurídica con quien dicha persona física mantiene una relación laboral.
439 En cuarto lugar, debe recordarse que la existencia de un control judicial a posteriori constituye una garantía fundamental para asegurar la compatibilidad de la medida en cuestión con el artículo 7 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2015, Deutsche Bahn y otros/Comisión, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, apartado 32 y jurisprudencia citada). Por otra parte, en este sentido el artículo 11, apartado 3, del Reglamento n.º 139/2004, en virtud del cual se adoptó la Decisión impugnada, precisa que las decisiones de solicitud de información deben indicar el derecho de recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia.
440 Por lo tanto, en lo que respecta al carácter estrictamente proporcionado de las limitaciones impuestas por la Decisión impugnada al derecho al respeto de la vida privada, garantizado por el artículo 7 de la Carta, los inconvenientes que lleva consigo la ejecución de la Decisión impugnada no resultan desmesurados en relación con el objetivo de interés general de dicha Decisión, que consiste en proteger la competencia en el mercado interior (véanse los apartados 419 a 423 anteriores).
441 Los demás argumentos de la demandante no desvirtúan esta conclusión.
442 En primer lugar, en lo que respecta a la distinción invocada por la demandante entre el concepto de «datos personales» y el concepto de información relativa a la «vida privada», es cierto que la Decisión impugnada establece garantías de procedimiento relativas a los datos personales sensibles tal como se definen en el artículo 9, apartado 1, del RGPD.
443 No obstante, el mero hecho de que las garantías de procedimiento establecidas por la Decisión impugnada se refieran únicamente a los datos personales sensibles y no, de manera general, a los datos relacionados con la vida privada no significa, por sí mismo, que dicha resolución vulnere el derecho fundamental al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta.
444 En efecto, el derecho a la protección de los datos personales, consagrado en el artículo 8, apartado 1, de la Carta, se halla íntimamente ligado al derecho al respeto de la vida privada, consagrado en el artículo 7 de dicha Carta (sentencias de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, C‑92/09 y C‑93/09, EU:C:2010:662, apartado 47, y de 24 de noviembre de 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C‑468/10 y C‑469/10, EU:C:2011:777, apartado 41).
445 A este respecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el respeto del derecho a la vida privada en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal, reconocido por los artículos 7 y 8 de la Carta, se aplica a toda información sobre una persona física identificada o identificable (sentencia de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, C‑92/09 y C‑93/09, EU:C:2010:662, apartado 52). Así pues, siempre que se cumplan los requisitos para un tratamiento lícito de datos personales con arreglo al RGPD, se considera, en principio, que dicho tratamiento también cumple los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de la Carta [sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 332].
446 En el caso de autos procede recordar que, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra c), del RGPD, la demandante lleva a cabo un tratamiento lícito de datos personales al transmitir a la Comisión los documentos que contienen dichos datos y que se le solicitan en virtud de la Decisión impugnada.
447 Además, en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento 2018/1725, las instituciones de la Unión pueden tratar legalmente datos personales cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de potestades públicas que les han sido conferidas.
448 A este respecto, la Decisión impugnada constituye una manifestación del ejercicio de las competencias conferidas a la Comisión por el Reglamento n.º 139/2004, el cual, como se desprende del apartado 420 anterior, contribuye al mantenimiento del régimen de competencia establecido por los Tratados, cuyo cumplimiento es imperativo para las empresas.
449 Por otra parte, procede recordar que el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe considerarse según su función en la sociedad (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de junio de 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, apartado 112 y jurisprudencia citada).
450 En el caso de autos, conforme al análisis realizado en los apartados 403 a 418 y 424 y 440 anteriores, las limitaciones impuestas por la Decisión impugnada al derecho al respeto de la vida privada, garantizado en el artículo 7 de la Carta, no menoscaban el contenido esencial del derecho fundamental y no son desproporcionadas en relación con el objetivo de dicha Decisión, consistente en proteger una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior, que la citada Decisión pretende garantizar.
451 Así pues, la alegación de la demandante según la cual las garantías de procedimiento establecidas en la Decisión impugnada no se aplican a la totalidad de los datos relativos a la vida privada de las personas afectadas, sino únicamente a los datos personales sensibles, no puede, por sí misma, cuestionar la conformidad de la Decisión impugnada con el derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta.
452 En cualquier caso, si bien es cierto que la Decisión impugnada solo menciona garantías relativas a los datos personales sensibles, del apartado 23 anterior se deriva también que la Comisión aplicó la garantía de sala de datos virtual a los datos que pertenecen a la esfera privada.
453 Ha de señalarse que esta ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento de sala de datos virtual a los documentos pertenecientes a la esfera privada no se formalizó mediante una decisión.
454 No obstante, como se señala más adelante en los apartados 472 y 473, la Comisión demostró su compromiso de proteger la intimidad de las personas afectadas al estimar la solicitud de retirar de la aportación determinados documentos que contenían información relativa a la vida privada, presentada por la demandante el 21 de enero de 2025.
455 En segundo lugar, en lo que respecta al argumento de la demandante relativo al requisito establecido en el punto III, apartado 9, del anexo de la Decisión impugnada, de facilitar los documentos a que se refiere el punto III, apartado 7, de dicho anexo en su totalidad, basta con recordar que, como se desprende del apartado 240 anterior, dicho argumento no demuestra una violación del principio de proporcionalidad, ya que el contexto de una información puede facilitar su comprensión y aclarar su pertinencia a efectos de la investigación.
456 En tercer lugar, la demandante alega que, en virtud de la Decisión impugnada, podrían remitirse a la Comisión documentos amparados por el secreto de la vida privada o que contengan datos personales relativos a las «opiniones políticas» o que revelen las «convicciones religiosas» de determinadas personas afectadas. A este respecto, procede señalar, al igual que la Comisión, que determinados documentos que contengan «opiniones políticas» o revelen «convicciones religiosas» pueden figurar entre los documentos relacionados con la actividad comercial de la demandante y pueden ser pertinentes para la investigación de la Comisión, en la medida en que esta se centra, en parte, en una posible influencia decisiva que se habría ejercido sobre publicaciones o entidades del grupo Lagardère en relación con temas políticos, religiosos o filosóficos. Por otra parte, la demandante no señala términos de búsqueda alternativos o adicionales con menor potencial de revelar datos relativos a las opiniones políticas de las personas afectadas.
457 En cuarto lugar, en lo que respecta al argumento de la demandante según el cual el Derecho francés del Trabajo se opone a la orden conminatoria dictada mediante la Decisión impugnada, ha de recordarse, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, el principio de primacía del Derecho de la Unión consagra la preeminencia del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados miembros e impone la obligación de garantizar la plena eficacia de las distintas normas de la Unión a todos los órganos e instituciones de los Estados miembros, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda menoscabar la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados (véase la sentencia de 18 de enero de 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, apartado 25 y jurisprudencia citada).
458 En el presente asunto, debe señalarse, en cualquier caso, que la demandante no aporta un análisis concreto de las disposiciones específicas del Derecho francés, que únicamente se mencionan en las notas a pie de página n. os160 y 161 del recurso.
459 A falta de explicaciones o de pruebas adicionales, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en el Derecho francés del Trabajo por no cumplir los requisitos de precisión exigidos por el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.
460 Por consiguiente, procede desestimar el séptimo motivo.
Sobre las pruebas adicionales aportadas por la demandante
Sobre las pruebas aportadas el 26 de julio de 2024
461 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 26 de julio de 2024, la demandante, invocando el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, aportó pruebas adicionales consistentes en varios escritos intercambiados entre ella y la Comisión relativos a la cuestión de si RSF había podido disponer o tener conocimiento del pliego de cargos que se le había remitido en el marco del procedimiento de control de concentraciones registrado por la Comisión con el número M.10433 — Vivendi/Lagardère y, en caso afirmativo, en qué condiciones.
462 En sus observaciones de 19 de agosto de 2024 la Comisión sostiene que las pruebas aportadas por la demandante son inadmisibles por no cumplir los requisitos del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento debido a un retraso injustificado imputable a la conducta de la demandante en la aportación de dichas pruebas. Según la Comisión, la demandante no explica por qué esperó diez meses tras la declaración de RSF del 15 de junio de 2023 para intentar «comprender las circunstancias en las que RSF había podido disponer o tener conocimiento de un documento confidencial del expediente de la Comisión» o solicitar a la Comisión «que abriera una investigación interna», cuando podría haberlo hecho mucho antes del primer intercambio de escritos. En cualquier caso, la Comisión alega que las pruebas carecen manifiestamente de pertinencia para la apreciación del recurso. Según la Comisión, estas pruebas solo pretenden instrumentalizar un antiguo litigio entre RSF y la demandante y no respaldan en modo alguno la argumentación ya desarrollada por esta en apoyo de sus motivos. La aportación de estas pruebas no es, a su juicio, más que una nueva manifestación de la estrategia de la demandante consistente en multiplicar las solicitudes y las cuestiones de procedimiento con el fin de retrasar el avance de la investigación.
463 A este respecto, procede recordar que el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento establece que, «excepcionalmente, las partes principales podrán aún aportar o proponer pruebas antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.»
464 En el caso de autos hay que constatar que los escritos presentados por la demandante tienen una fecha posterior a la presentación de la demanda (23 de noviembre de 2023) y de la réplica (8 de abril de 2024). Por lo tanto, la demandante no podía aportar dichas pruebas con la réplica ni, aún menos, con el recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de enero de 2021, Bezouaoui y HB Consultant/Comisión, T‑478/18, no publicada, EU:T:2021:2, apartado 79 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, en estas circunstancias, procede considerar admisibles dichas pruebas.
465 No obstante, como subraya la Comisión, las referidas pruebas carecen de pertinencia para la apreciación del presente recurso.
466 En efecto, ha de señalarse en primer lugar que, según la Comisión, no remitió una versión no confidencial del pliego de cargos del asunto M.10433 —Vivendi/Lagardère— a RSF, a la que no se había reconocido como tercera parte interesada en dicho asunto, ya que no lo había solicitado. De ello se desprende que RSF pudo acceder a dicha versión a través de un tercero interesado que no cumplió sus obligaciones de confidencialidad y que la Comisión no ha podido identificar.
467 Ahora bien, la actuación de un tercero interesado no puede ser imputable a la Comisión.
468 Además, como subraya la Comisión, no está autorizada a revelar a terceros secretos comerciales, información confidencial o datos personales sensibles.
469 En efecto, el artículo 16, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/914 de la Comisión, de 20 de abril de 2023 |por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 139/2004 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 802/2004 de la Comisión (DO 2023, L 119, p. 22), establece que «cuando se haya emitido un pliego de cargos o un pliego de cargos suplementario, la Comisión podrá enviar a terceros una versión no confidencial de dicho pliego o informarles de la naturaleza y el objeto del procedimiento por otros medios apropiados [;que] a tal fin, las partes notificantes indicarán cualquier información que consideren confidencial en los cargos, de conformidad con el artículo 18, apartado 3, párrafos segundo y tercero, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción del pliego [;que] la Comisión facilitará la versión no confidencial de los cargos a terceros, que solamente podrán utilizarla para el procedimiento correspondiente en virtud del Reglamento […] n.º 139/2004 [y que] los terceros aceptarán esa restricción de uso antes de recibir la versión no confidencial de los cargos.»
470 Sin embargo, en el presente asunto, ningún elemento de los autos acredita que la Comisión divulgara información confidencial relativa a la demandante. Por lo demás, la demandante no fundamenta en modo alguno su argumento de que el acceso de RSF a la versión no confidencial del pliego de cargos en el asunto M.10433 —Vivendi/Lagardère— pudiera haber influido en la legalidad de la Decisión impugnada.
471 Por lo tanto, las pruebas aportadas por la demandante el 26 de julio de 2024 no son pertinentes para la apreciación del presente recurso.
Sobre las pruebas aportadas el 6 de febrero de 2025
472 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de febrero de 2025, la demandante, invocando el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, presentó un escrito dirigido a la Comisión el 21 de enero de 2025 en el que le solicitaba que retirara del expediente los documentos que contenían información de carácter privado y se incluían los documentos transmitidos en septiembre y octubre de 2024 (en lo sucesivo, «solicitud de retirada»), así como varios documentos a los que se refería dicha solicitud.
473 La Comisión, en sus observaciones de 25 de febrero de 2025, explica que accedió a la solicitud de retirada suprimiendo los documentos en cuestión y confirmando dicha supresión mediante un correo electrónico de 19 de febrero de 2025. Por otra parte, señala que la demandante no explica en absoluto qué términos de búsqueda habrían dado lugar a la presentación de dichos documentos, ni en qué medida estaban comprendidos en el ámbito de la Decisión impugnada, cuando la propia demandante precisa que nunca deberían haberse presentado. La Comisión afirma asimismo que todos los documentos y archivos presentados por la demandante en respuesta a la Decisión impugnada proceden de dispositivos profesionales y que la demandante se había opuesto a aplicación del procedimiento de sala de datos virtual. Por último, la Comisión subraya que había aceptado excluir del ámbito de la solicitud de información las comunicaciones pertenecientes a la esfera privada, tal como las había identificado la propia demandante.
474 A este respecto, basta con señalar que, en la medida en que, por una parte, la demandante reconoce que los documentos objeto de la solicitud de retirada fueron remitidos a la Comisión debido a un error técnico y nunca deberían haber sido incluidos entre los documentos que aportó en septiembre y octubre de 2024 y, por otra parte, la Comisión accedió a la solicitud de retirada, las pruebas aportadas por la demandante el 6 de febrero de 2025 ya no son pertinentes para la apreciación del presente recurso.
Conclusión
475 Dado que ninguno de los motivos invocados por la demandante está fundado, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
476 De conformidad con el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión, de conformidad con las pretensiones de esta, incluidas las relativas a los procedimientos de medidas provisionales registrados con los números T‑1097/23 R, C‑90/24 P(R)‑R, C‑90/24 P(R), T‑1097/23 R‑RENV y C‑470/24 P(R)‑R.
477 De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que han intervenido en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, el Consejo cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena, en formación de cinco Jueces)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Vivendi SE cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, incluidas las relativas a los procedimientos de medidas provisionales registrados con los números T‑1097/23 R, C‑90/24 P(R)‑R, C‑90/24 P(R), T‑1097/23 R‑RENV y C‑470/24 P(R)‑R.
3) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.
|
Truchot |
Jaeger |
Schwarcz |
|
Sampol Pucurull |
Perišin |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de junio de 2026.
Firmas
* Lengua de procedimiento: francés