Esta característica de poder imponer judicialmente las competencias se refiere muy especialmente a la elección de la base jurídica de un acto de una institución. Según el Tribunal, dicho acto debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional.

Sentencia de 26 de marzo de 1987 (Comisión/Consejo, 45/86, Rec. 1987, p. 1493, apartado 11); sentencia de 23 de febrero de 1988 (Reino Unido/Consejo, 68/86, Rec. 1988, p. 855, apartado 24).

La opción recogida en los Tratados, de sancionar también por vía jurisdiccional los ámbitos de competencias, incluso cuando se vea afectado el propio legislador, difiere de la adoptada en no pocos Estados miembros —sobre todo en los que no conocen una estructura estatal federal— pero radica indiscutiblemente en el ordenamiento jurídico comunitario. En su sentencia de 22 de mayo de 1985, Política común de transportes, el Tribunal de Justicia también ha declarado que la manera en que está estructurada la solución política de conflictos no puede influir sobre la manera en que debe concebirse la solución judicial de conflictos.

Sentencia de 22 de mayo de 1985 (Parlamento/Consejo, 13/83, Rec. 1985, p. 1513, 1556, apartado 18): La circunstancia de que ei Parlamento Europeo sea al mismo tiempo la institución de la Comunidad que tiene por misión ejercer un control político sobre las actividades de la Comisión y, en cierta medida, sobre las del Consejo no puede afectar la interpretación de las disposiciones del Tratado relativas a los recursos que pueden interponer las instituciones.

Véase, sin embargo, la sentencia Comitología, apartado 12, en el que se desdice, o al menos se suaviza, esta afirmación.

El hecho de que, en el marco de esta estructura de competencias imponible judicialmente, no se le haya atribuido un lugar concreto al Parlamento, como sí se ha atribuido al Consejo y a la Comisión, en opinión general se debe a que, en un principio, el Parlamento apenas tenía poder. De haber recibido inicialmente el Parlamento competencias vinculantes, con toda probabilidad habría estado incluido explícitamente en la estructura del Tratado, estructura de imponibilidad por vía jurisdiccional. El hecho de que se sometieran al control jurisdiccional del Tribunal los conflictos de competencias correspondientes

Para el litigio objeto del presente asunto es significativa la siguiente consideración hecha en la sentencia del Tribunal, de 10 de julio de 1986 (Wybot, 149/85, Rec. 1986, p. 2403, apartado 23): En el marco del equilibrio de poderes entre las instituciones previsto por los Tratados, la práctica del Parlamento Europeo no puede [...] privar a otras instituciones de una prerrogativa que les atribuyen los propios Tratados.

Al poner el acento ya desde el principio sobre este extremo, no quiero como tal fundamentar en ello mi razonamiento. Tan sólo deseo subrayar que, de la estructura institucional del Tratado, ciertamente no se pueden sacar conclusiones a priori contra la posibilidad de imponer judicialmente las competencias de cualquier organismo o institución, cuando se debe deducir dicha imponibilidad según otras consideraciones basadas en las disposiciones del Tratado.

A la enumeración que precede, también se puede añadir ahora el derecho (sin restricciones) que le corresponde al Parlamento a interponer un recurso contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia. En efecto, el Estatuto modificado del Tribunal dispone que, contra las resoluciones finales del Tribunal de Primera Instancia, podrá interponerse un recurso de casación por las instituciones de la Comunidad independientemente de si han intervenido en el litigio ante el Tribunal de Primera Instancia.

Véase el articulo 49 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tal como ha sido modificado en último lugar por la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988 (DO 1989, C 215, p. 1).

¿Debe deducirse de esto que el Tribunal, en la sentencia Comitología, se ha apartado de su desvelo permanente por un sistema adecuado y coherente de protección jurisdiccional? Ciertamente no, como se evidencia del esfuerzo que se acaba de señalar por interpretar el artículo 175 de una manera amplia poco común. Además, poco después (en el apartado 20), al apreciar el paralelismo entre legitimación activa y pasiva del Parlamento, la sentencia se remite expresamente a la sentencia Los Verdes y recuerda que la interpretación dada en la misma se basa en la necesidad de crear un sistema completo de tutela judicial para particulares en relación con los actos de las instituciones comunitarias generadores de efectos jurídicos.

Entiendo más bien la sentencia Comitología como una negativa a modificar en favor del Parlamento, como éste lo solicitó, el equilibrio institucional entre instituciones en materia del recurso de anulación ante el Tribunal (y, en relación con esto, a aceptar el paralelismo entre legitimación activa y pasiva) (apartado 19). El haber accedido a esta solicitud se podía haber interpretado efectivamente como una interferencia del Tribunal en una cuestión tan delicada como el equilibrio institucional entre las instituciones comunitarias investidas de competencias normativas o prerrogativas y, por consiguiente, como una interferencia en el procedimiento político de adopción de una decisión aunque el Tribunal ya había declarado anteriormente —lo que sin embargo ha contradicho implícitamente en la sentencia Comitología; que las soluciones judicial y política de conflictos deben ser consideradas independientemente una de otra (véanse el apartado 3 anterior y la nota 6). Este peligro de interferencia aparente existía tanto más, ya que, según observa el Tribunal (en el apartado 26), con motivo de la aprobación del Acta Única Europea las competencias del Parlamento se han visto considerablemente acrecentadas sin que a ello acompañara una modificación de la regulación de la legitimación activa en el artículo 173 del Tratado CEE. Efectivamente, con motivo de la revisión de los Tratados, el Consejo se negó expresamente a acceder a una propuesta de la Comisión para reconocer al Parlamento las mismas facultades ilimitadas de interponer un recurso de anulación como aquellas de las que disponen el Consejo y la Comisión.

Según la declaración del Miembro de la Comisión Sr. Ripa di Meana ante el Parlamento, el 9 de octubre de 1986. La propuesta de la Comisión se publicó en el Boletín del Parlamento, BP 100.805/Add. 2, de 10.10.1985, p. 25.

No obstante —debe señalarse inmediatamente— no se puede entender esta negativa en el sentido de que no autoriza al Tribunal a reconocer en ningún caso al Parlamento un jus standi con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE. En efecto, la mencionada propuesta de la Comisión habría sentado en el Tratado la legitimación tanto activa como pasiva del Parlamento. Sin embargo, la ausencia de dicho enunciado (el Acta Única Europea fue firmada en febrero de 1986) no ha impedido al Tribunal reconocer en la sentencia de 23 de abril de 1986, Los Verdes, la legitimación pasiva del Parlamento y su jus standi como parte demandada.

Weiler, J.: Pride and Prejudice — Parliament/Council, Eur. L Rev., 1989, pp. 334 y ss., especialmente p. 345.

la Comunidad Económica Europea es una Comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado.

Sentencia Los Verdes, citada en la nota 8, apartado 23.

Con ello — también más adelante en estas conclusiones — entiendo por tutela judicial: la posibilidad que le corresponde al titular de un derecho, facultad o prerrogativa

Utilizo aquí y en lo sucesivo esta formulación amplia para indicar que es indiferente de qué clase de derechos se trate, en el sentido más amplio del término.

La diferencia establecida tiene una importante consecuencia práctica. Mientras que la nueva configuración de un equilibrio institucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento — que admito que no es competencia del Juez — debería llevar a conceder al Parlamento una legitimación activa tan completa como al Consejo y a la Comisión, ello no es el caso para conseguir una tutela judicial efectiva en favor del Parlamento. Para esto sólo se requiere una legitimación activa limitada, a saber, en la medida en que sea necesaria para salvaguardar los propios derechos, facultades y prerrogativas del Parlamento, es decir, en la medida en que el Parlamento tenga un interés propio en el recurso. Deseo hacer observar además —esto se tratará más adelante (véanse los apartados 12 y 14)— que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Comitología, reconoció asimismo la necesidad de una tutela judicial de las prerrogativas del Parlamento, pero que el Tribunal confía especialmente a la Comisión la función de invocar dicha tutela en lo que se refiere a un recurso interpuesto con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE (apartado 27 de la sentencia).

En la sentencia Los Verdes el Tribunal ha extraído del apartado 1 del artículo 173 del Tratado la legitimación del Parlamento para actuar como parte demandada en juicio —aunque no se menciona expresamente al Parlamento en dicho artículo — y ello fundamentándose en la necesidad de ofrecer la tutela judicial necesaria a los terceros particulares que se sientan perjudicados por un acto generador de efectos jurídicos. La pregunta que ahora se plantea al Tribunal es si se debe conceder una tutela judicial similar —y por consiguiente la legitimación del Parlamento para actuar en un juicio como parte demandante— a una institución que pretende haber sido perjudicada en su ámbito de competencias por la actuación de otra institución comunitaria.

En este razonamiento, sustancialmente, no es relevante la comparación entre la legitimación procesal del Parlamento como parte demandante y como parte demandada, sino la comparación entre la legitimación procesal activa del Parlamento en un recurso de anulación contra actos de otras instituciones comunitarias y la legitimación procesal de los particulares (entre otros), asimismo como partes actoras, contra actos de las instituciones comunitarias, inclusive del Parlamento. Dicho de otro modo, aquí se compara la legitimación activa del Parlamento con la legitimación activa de los particulares (entre otros).

Es cierto que en el presente asunto, al abordarse la cuestión de la legitimación procesal del Parlamento como parte actora, se suscita el mismo problema de interpretación que en el asunto Los Verdes, en el que se examinó la legitimación procesal del Parlamento como parte demandada, y ello porque tanto en lo relativo a la legitimación activa, de la segunda frase del apartado 1 del artículo 173, corno en lo relativo a la legitimación pasiva, de la primera frase del apartado 1 del artículo 173, no se hace referencia expresa al Parlamento e, incluso, tampoco a otras instituciones (es decir, el Consejo y la Comisión).

Por consiguiente, la pregunta decisiva que surge con toda crudeza en el presente litigio es la siguiente: ¿Procede conceder al Parlamento una tutela judicial de menor grado que a los particulares (dejando fuera de consideración el ulterior examen de si éstos se ven afectados directa o individualmente, que se analizará en el apartado 17), cuando se trata de defender los propios derechos, facultades o prerrogativas ante el Juez?

Ello no se debe a que estos últimos pueden ser personas fiskas y que sólo ellos como tal pueden invocar el artículo 6, apartado 1, y el artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, según el cual toda persona tiene derecho a ser juzgada por un Tribunal imparcial, que decidirá los litigios civiles o penales en caso de violación de sus derechos o libertades, y a que se le garantice asistencia jurídica real.

Véase, por ejemplo, la sentencia de 15 de octubre de 1987 (Heylens, 222/86, Rec. 1987, p. 4097, apartado 14).

Soy consciente de que con esta afirmación (en un punto limitado pero capital, véase el apartado 14) contradigo la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comitología y por tanto invito al Tribunal a revisar su postura sobre este extremo concreto. El Tribunal ha declarado en particular que el Parlamento no está desprovisto de defensa cuando se trata de hacer respetar sus derechos, facultades y prerrogativas. Por un lado, la Comisión, de conformidad con el artículo 155 del Tratado CEE, debe velar por que se respeten las prerrogativas del Parlamento y, en su caso, ella misma debe interponer un recurso de anulación. Por otro lado, además de los Estados miembros, también los particulares pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia o instar una cuestión prejudicial. No voy a examinar aquí las objeciones técnicas que implica este modo de ver;

Léase al respecto el artículo de M. Thill (pp. 387 y ss.), mencionado en la nota 14. En defecto de una mejor solución, en dicho articulo se menciona la posibilidad que le cabe al Parlamento, a través de un recurso por omisión dirigido contra la Comisión, de obligar a ésta, en su caso (es decir, si ésta no ha obrado por propia iniciativa), a interponer un recurso de anulación para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlamento. El hecho de tener que recurrir a semejante construcción retorcida y, desde un punto de vista de Économie de procédure rechazable, constituye en si mismo una prueba de la necesidad de conceder al Parlamento la facultad de interponer por si mismo un recurso de anulación.

El representante de la Comisión también ha señalado, con acierto, que resolver en otro sentido afectaría forzosamente la apreciación autónoma de la Comisión sobre la iniciación o no de un litigio. Además, plantearía a la Comisión un conflicto de intereses cada vez que no coincidiera con el Parlamento, como en el caso de autos, sobre la solución que procediera dar a un conflicto de competencias. En tal caso, la Comisión, para defender las prerrogativas del Parlamento, ¿debe interponer contra el Consejo (en su caso contra ella misma) un recurso de anulación dirigido contra una solución que la Comisión misma considera fundada y cuya iniciativa probablemente partió de ella misma? Considero que semejante situación no es acorde con una buena administración de la Justicia que debe evitar los conflictos de intereses.

En favor del apartado 1 milita la circunstancia de que versa sobre la legitimación activa de los organismos de Derecho público (Estados miembros e instituciones de la Comunidad); en favor del apartado 2 aboga el hecho de que en él se establece una legitimación activa limitada, vinculada a su propio interés. Permítaseme decir de entrada que tengo preferencia por el apartado 1 del artículo 173. El encuadre más adecuado del Parlamento lo es en la categoría de las personas de Derecho público dotadas de legitimación procesal activa, que, incluso cuando defienden un interés propio, actúan desde determinada faceta de interés general. No obstante, deseo hacer observar primeramente que, considerando la evolución experimentada en la jurisprudencia del Tribunal, tampoco resulta inadecuado el apartado 2 del artículo 173 para dar forma al jus standi del Parlamento. Esto me permitirá situar mejor la configuración de dicho jus standi en el apartado 1 del artículo 173.

Esta tendencia también se manifiesta claramente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Ya en la sentencia Union syndicale, de 8 de octubre de 1974,

Sentencia de 8 de octubre de 1974 (Union Syndicale/Consejo, 175/73, Rec. 1974, p. 917).

El artículo 210 del Tratado CEE, que confiere personalidad jurídica a la Comunidad, no contradice este modo de ver: reconoce la personalidad jurídica para la Comunidad en una categoría determinada de relaciones jurídicas, en particular en el ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, esta disposición se opone a la atribución, en el ordenamiento comunitario interno, de capacidad procesal a una institución u organismo al que las normas jurídicas materiales, formales o institucionales confieren una posición jurídica determinada.

En aquellos casos en los que un Reglamento otorgue a las empresas denunciantes garantías procesales que las legitimen para solicitar de la Comisión que declare que se ha recurrido en infracción de la normativa comunitaria, dichas empresas deben disponer de un recurso destinado a proteger sus intereses legítimos (apartado 23 de la sentencia).

Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, estimo que no cabe excluir que la legitimación activa del Parlamento se pueda basar igualmente en el apartado 2 del artículo 173. En efecto, como ya he indicado, esta legitimación activa (limitada) se basa, asimismo, en una necesidad de protección jurisdiccional para salvaguardar sus propios derechos o competencias, ya que el Parlamento en el caso de autos reclama su competencia de cooperación, que emana del apartado 1 del artículo 100 A del Tratado CEE. Cuando el Parlamento alega también que no ha participado suficientemente en la elaboración de un Reglamento (en el caso de autos el Parlamento reclama la competencia de cooperación en lugar de la competencia de consulta), debe poder disponer de una legitimación activa para proteger, según la sentencia Cofaz, sus intereses legítimos, al igual que las empresas afectadas en los asuntos antes mencionados, en relación con las garantías procesales. Esto también es válido cuando el acto impugnado es un Reglamento que, sin embargo, según la sentencia Timex, constituye simultáneamente una decisión que afecta directa e individualmente al demandante, habida cuenta de la misión que éste estaba llamado a desempeñar en el procedimiento de elaboración del Reglamento.

Bien es verdad que la jurisprudencia citada se refería a empresas que se consideraban perjudicadas en sus intereses materiales por el contenido de la decisión o por la negativa de la autoridad competente a entablar un proceso. Para una institución de Derecho público, pienso, un vicio de forma que le afecte es tan esencial o sustancial como el menoscabo de los intereses patrimoniales para una empresa.

De seguirse esta solución, la determinación de los casos en que se puede considerar que el Parlamento defiende su propia esfera de competencias dará lugar sin duda alguna a problemas de aplicación, como frecuentemente es el caso, aunque no sea así en el presente asunto, según mi opinión, porque ahora es patente el propio interés del Parlamento en el pretendido caso de infracción. Si el Tribunal estimara en cuanto al fondo el recurso del Parlamento, el Consejo se vería obligado efectivamente a seguir el procedimiento de cooperación con el Parlamento. Sin embargo, no siempre existirá semejante interés propio en anular un acto impugnado. Se puede imaginar, por ejemplo, un asunto en el que el Parlamento sostuviera que un Reglamento del Consejo no tuviera su base jurídica en el Tratado.

Otro ejemplo del proceso en el que no estaban en litigio las propias competencias del Parlamento es el asunto Política commún de transportes (citado en la nota 5), en el que el Parlamento (basándose ciertamente en cl articulo 175 del Tratado CEE) solicitó al Tribunal de Justicia que declarara contraria al Tratado la omisión del Consejo para establecer una política común de transportes.