Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 15 de octubre de 2026 (*)
« Recurso de casación — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la agresión militar contra Ucrania — Decisión 2014/145/PESC — Artículo 2, apartado 1, in fine — Medidas restrictivas impuestas a una persona física asociada a otra persona física sujeta a su vez a medidas restrictivas — Concepto de “asociación” en el caso de dos personas unidas por un vínculo familiar »
En el asunto C‑695/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 16 de noviembre de 2023,
Galina Evgenyevna Pumpyanskaya, con domicilio en Ekaterinburgo (Rusia), representada inicialmente por los Sres. A. Egger, P. Goeth, G. Lansky y la Sra. E. Steiner, Rechtsanwälte, posteriormente por los Sres. F. Ciancio y A. Saccucci, avvocati,
parte recurrente en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. B. Driessen y la Sra. S. Van Overmeire, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. B. Smulders, Presidente de Sala, la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de la Sala Quinta (Ponente), y el Sr. J. Passer, Juez;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2023, Pumpyanskaya/Consejo (T‑272/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:491), por la que este desestimó el recurso mediante el que interesaba la anulación de la Decisión (PESC) 2022/397 del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 80, p. 31), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/396 del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 80, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos»), por cuanto dichos actos incluyen su nombre en las listas anexas a ellos.
Marco jurídico y antecedentes del litigio
2 El contexto fáctico y jurídico del litigio se expone en los apartados 2 a 17 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento, puede resumirse y completarse como sigue.
3 El asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas que la Unión Europea lleva adoptando desde 2014 en respuesta a las acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
4 La recurrente es de nacionalidad rusa.
5 El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16).
6 En esa misma fecha, el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2, el Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
Decisión 2014/145
7 El artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, en particular, por la Decisión 2022/329 (en lo sucesivo, «Decisión 2014/145»), obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias, sin perjuicio de las excepciones que se precisan en los apartados 2, 3 y 6 de dicho artículo 1, para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos, entre otras, a las personas físicas que cumplan el criterio previsto, en particular, en su letra e), y a las personas físicas asociadas a ellas.
8 El artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145 establece la inmovilización de los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control, en particular, de las personas físicas que cumplan el criterio definido en dicha letra g), y de las personas físicas asociadas a ellas, siendo este criterio, en esencia, idéntico al establecido en el artículo 1, apartado 1, letra e), de dicha Decisión. El artículo 2, apartado 1, de la citada Decisión está redactado como sigue:
«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
g) los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania,
[…]
y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociadas a ellos, y que se enumeran en el anexo.»
9 El artículo 2, apartados 3 a 5, 7 y 8, de la Decisión 2014/145 establece, en esencia, que las autoridades competentes de los Estados miembros podrán, en determinadas circunstancias y condiciones, autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados y autorizar pagos a determinadas entidades, y que las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo de dicha Decisión podrán realizar pagos adeudados en virtud de un contrato concluido antes de la fecha de su inclusión en dicha lista.
10 El artículo 6, párrafo tercero, de la referida Decisión dispone que esta estará sujeta a revisión continua y deberá prorrogarse o modificarse, según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos.
Reglamento n.º 269/2014
11 El artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, en particular, por el Reglamento 2022/330 (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 269/2014»), en relación con el artículo 2 de este Reglamento, establece la inmovilización de los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control, en particular, de las personas físicas que cumplan el criterio definido en dicha letra g), y de las personas físicas asociadas a ellas, de manera esencialmente idéntica a la establecida por el artículo 2, apartado 1, letra g) e in fine, por la Decisión 2014/145.
12 Los artículos 4 a 6 ter de dicho Reglamento reproducen, en esencia, las disposiciones que figuran en los apartados 3 a 5, 7 y 8, respectivamente, del artículo 2 de la Decisión 2014/145.
13 El artículo 14, apartado 4, del mismo Reglamento dispone que la lista del anexo I de dicho Reglamento se revisará periódicamente y, al menos, cada doce meses.
Actos controvertidos
14 El 9 de marzo de 2022, en vista de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó los actos controvertidos. Mediante dichos actos, se añadió el nombre de la recurrente, respectivamente, a la lista anexa a la Decisión 2014/145 y a la del anexo I del Reglamento n.º 269/2014, por los siguientes motivos:
«[La recurrente] es la presidenta del Consejo de Patronato de la fundación benéfica “Sinara”, una fundación que gestiona las actividades benéficas de grandes empresas, en particular la PJSC Pipe Metallurgical Company. Es cónyuge de Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, presidente del consejo de administración de la PJSC Pipe Metallurgical Company, empresa rusa que fabrica tubos de acero para las industrias del petróleo y el gas a escala mundial. Dmitry A. Pumpyanskiy es un empresario ruso multimillonario. También es presidente y miembro del consejo de administración del Grupo Sinara. Ambas empresas apoyan a las autoridades de la Federación de Rusia y a empresas públicas como los Ferrocarriles Rusos, Gazprom y Rosneft, y se benefician de su cooperación con ellas.
Por tanto, [la recurrente] es una persona física asociada con un empresario destacado, implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
15 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 17 de mayo de 2022, la recurrente interpuso un recurso de anulación de los actos controvertidos en la medida en que la afectan. En su recurso de anulación impugnaba, mediante el primer motivo, la apreciación del Consejo según la cual su situación respondía al criterio contemplado en los artículos 1, apartado 1, in fine, y 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145 y en el artículo 3, apartado 1, in fine, del Reglamento n.º 269/2014 (en lo sucesivo, «criterio de la asociación»), por estar «asociada» a su marido, que a su vez había sido objeto de medidas restrictivas en virtud del criterio previsto en los artículos 1, apartado 1, letra e), y 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, así como en el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 269/2014 [en lo sucesivo, «criterio g)»]. Mediante el segundo motivo, alegaba además que el Consejo había vulnerado sus derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.
16 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de la recurrente. Tras haber considerado, en los apartados 49 a 60 de dicha sentencia, que el Consejo no había incurrido en error de apreciación al incluir en la lista que figura en el anexo de la Decisión 2014/145 y en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 al marido de la recurrente sobre la base del criterio g), declaró, en los apartados 62 a 84 de dicha sentencia, que el Consejo había podido considerar válidamente que la recurrente estaba efectivamente asociada a su marido, conforme al criterio de la asociación.
17 A este último respecto, el Tribunal General consideró, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que el concepto de «asociación» se refiere a personas físicas o jurídicas que, de manera general, están vinculadas por intereses comunes, que no exigen una relación a través de una actividad económica, pero que, no obstante, no pueden basarse exclusivamente en un vínculo familiar. Consideró así, en el apartado 70 de esa sentencia, que, aunque la recurrente no desempeñaba funciones directas en dos sociedades en las que su marido ejercía una actividad, ambos esposos estaban vinculados por intereses comunes que iban más allá del vínculo familiar que los unía, debido a que la recurrente ejercía funciones importantes en una fundación encargada de gestionar las actividades benéficas de estas dos sociedades. Por tanto, el Tribunal General concluyó, en el apartado 71 de dicha sentencia, que el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que ponían de manifiesto el vínculo de asociación de la recurrente con un empresario principal, en el sentido del criterio g), debido tanto al vínculo familiar como a la relación comercial que los unía. Tras considerar que las demás alegaciones de la recurrente no desvirtuaban esta conclusión, desestimó, en el apartado 85 de la misma sentencia, el primer motivo por infundado.
18 Por otra parte, el Tribunal General desestimó, en el apartado 121 de la sentencia recurrida, el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad y de los derechos fundamentales de la recurrente. Consideró, en esencia, en los apartados 89 a 109 de esa sentencia, que la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales de la recurrente, causada por las medidas restrictivas adoptadas en su contra, cumplía los cuatro requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre ellos el relativo al principio de proporcionalidad. Por otra parte, declaró, en los apartados 110 a 120 de dicha sentencia, que, al adoptar medidas restrictivas contra la recurrente, el Consejo no había violado el principio de igualdad de trato ni tampoco el principio de seguridad jurídica, a pesar de que el concepto de «asociación» estaba formulado de manera amplia y le confería una facultad de apreciación.
19 Por tanto, al haber desestimado los dos motivos de recurso de la recurrente, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad en el apartado 121 de la sentencia recurrida.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
20 Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida.
– Resuelva el recurso de primera instancia en cuanto al fondo y anule los actos controvertidos en la medida en que la afectan.
– Condene en costas al Consejo, incluidas las costas de primera instancia.
– Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida, devuelva el asunto al Tribunal General y reserve la decisión sobre las costas.
21 El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
– Desestime el recurso de casación.
– Con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal de Justicia decida anular la sentencia recurrida y avocar el asunto, desestime el recurso de primera instancia en cuanto al fondo.
– Condene a la recurrente al pago de las costas de ambas instancias.
22 Mediante decisión de 18 de septiembre de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió suspender el asunto hasta que se dictara sentencia en el asunto C‑696/23. El 26 de marzo de 2026, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245). Mediante decisión de la misma fecha, se reanudó el procedimiento en el presente asunto.
23 Mediante escritos de la Secretaría del Tribunal de Justicia de 21 de abril de 2026, se informó a las partes del pronunciamiento de dicha sentencia y se les preguntó acerca de las consecuencias que podían extraerse de ella a efectos del presente asunto. El Consejo y la recurrente presentaron sus observaciones al respecto mediante escritos de 13 de mayo de 2026 y de 21 de mayo de 2026, respectivamente.
Sobre el recurso de casación
24 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca tres motivos basados en errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General, en primer término, al considerar que podía calificarse a su marido como «uno de los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», en el sentido del criterio g); en segundo término, al declarar que estaba «asociada» a su marido, en el sentido del criterio de la asociación, y, en tercer término, al decidir que las medidas restrictivas adoptadas contra ella eran proporcionadas y no vulneraban sus derechos fundamentales.
Primer motivo de casación
25 Mediante su primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 49 y 54 de la sentencia recurrida, que el Consejo no había incurrido en error de apreciación al definir a su marido como «uno de los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», en el sentido del criterio g).
26 El Consejo alega que el primer motivo de casación es inadmisible, en la medida en que la recurrente pretende cuestionar las comprobaciones y apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General. En todo caso, esta institución considera infundadas las alegaciones de la recurrente.
27 Procede señalar que, preguntada sobre las consecuencias que deben extraerse de la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245), la recurrente declaró que renunciaba a su primer motivo de casación.
28 En estas circunstancias, no es necesario pronunciarse sobre este ni sobre el motivo de inadmisibilidad invocado por el Consejo.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
29 Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el Consejo había podido válidamente calificarla de persona «asociada» a su marido, en el sentido del criterio de la asociación. A su juicio, el Tribunal General concedió, en los apartados 64, 65, 70, 71, 74 a 76 y 78 de la sentencia recurrida, una importancia excesiva al vínculo familiar que la une a su marido, pese a haber expuesto, en el apartado 63 de dicha sentencia, que los intereses comunes que vinculan a dos miembros de una familia no pueden basarse exclusivamente en el vínculo familiar que une a esas personas para que se cumpla el criterio de la asociación.
30 Además, en su opinión, al considerar, en ese mismo apartado y en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que el concepto de «asociación» abarca a personas vinculadas por intereses comunes que van más allá del vínculo familiar que las une, el Tribunal General adoptó, violando el principio de seguridad jurídica, una interpretación no solo excesivamente amplia, sino también insuficientemente clara desde el punto de vista conceptual, ya que el vínculo familiar se caracteriza habitualmente por intereses comunes que no permiten acreditar la existencia de una relación que vaya más allá de tal vínculo.
31 La recurrente alega asimismo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que mantenía una relación comercial con su marido. Para empezar, contrariamente a lo que indicó el Tribunal General en el apartado 64 de la sentencia recurrida, la recurrente nunca desempeñó funciones en las sociedades en las que su marido ejercía sus funciones, a saber, TMK y el Grupo Sinara, lo que, por otra parte, reconoció el Tribunal General en el apartado 70 de esta sentencia.
32 Por otra parte, la recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado que las actividades respectivas ejercidas por ella y por su marido en entidades diferentes demostraban de manera suficiente la existencia de una relación comercial entre ambos. En particular, en su opinión, el Tribunal General ignoró que solo desempeñaba, en la fundación, funciones honorarias de voluntaria, de modo que no debería haber declarado, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, que la falta de control de la recurrente sobre dicha fundación carecía de pertinencia. Además, añade, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas en el apartado 70 de esta sentencia, al considerar que la citada fundación estaba «íntimamente» vinculada a TMK y al Grupo Sinara, pese a haber declarado, en el apartado 69 de dicha sentencia, que estas dos sociedades eran únicamente dos de los varios inversores en ella, y guardaban, por tanto, un leve vínculo con ella. Por último, afirma que el Tribunal General concluyó erróneamente que existía una relación comercial entre la recurrente y su marido, a pesar de que este último había transmitido sus acciones en dichas sociedades y solo había desempeñado funciones oficiales en el seno de estas para garantizar una transmisión ordenada antes de dimitir de sus funciones.
33 La recurrente estima asimismo que el Tribunal General incurrió en falta de claridad al considerar, en los apartados 64, 70, 71 y 74 de la sentencia recurrida, que estaba asociada a su marido tanto por una relación comercial como por un interés común. Además, la sentencia recurrida no está suficientemente motivada para demostrar que las funciones de la recurrente en el seno de la organización benéfica podía acreditar un interés que no solo la afectaba a ella misma, sino que también afectaba a su marido, ya que tal interés debe alcanzar, al menos, un grado mínimo de intensidad para posibilitar una asociación entre dos individuos.
34 Por otra parte, la aplicación de medidas restrictivas a un miembro no ejecutivo del consejo de administración de una organización benéfica, como la recurrente, no es acorde con los objetivos perseguidos tanto por el artículo 21 TUE como por los actos controvertidos y no se basa, en virtud del artículo 215 TFUE, en un vínculo suficiente con el tercer Estado al que se opone la Unión, a saber, en el presente asunto, la Federación de Rusia.
35 Por último, la recurrente considera que las sentencias citadas por el Tribunal General en apoyo de su interpretación del concepto de asociación, a saber, las sentencias de 8 de marzo de 2023, Prigozhina/Consejo (T‑212/22, EU:T:2023:104); de 28 de julio de 2016, Tomana y otros/Consejo y Comisión (C‑330/15 P, EU:C:2016:601), y de 4 de septiembre de 2015, NIOC y otros/Consejo (T‑577/12, U:T:2015:596), no se aplican a su caso, puesto que, respectivamente, no es titular de ninguna sociedad junto con su marido, no ocupa ningún puesto de responsabilidad en Rusia y no es una entidad.
36 Al tiempo que aduce que, mediante las alegaciones resumidas en el apartado 32 de la presente sentencia, la recurrente pretende impugnar apreciaciones de hecho del Tribunal General, lo que las hace inadmisibles, el Consejo cuestiona el fundamento de todas las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
37 Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de la recurrente basada en la violación del principio de seguridad jurídica por parte del Tribunal General al interpretar el concepto de «asociación» en el apartado 63 de la sentencia recurrida, procede desestimarla.
38 A ese respecto, procede recordar que este principio exige, por un lado, que las normas de Derecho sean claras y precisas y, por otro lado, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Exige, en concreto, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. No obstante, dichas exigencias no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a que el legislador de la Unión, al adoptar una norma, emplee un concepto jurídico abstracto, ni en el sentido de que imponen que tal norma abstracta mencione los distintos supuestos concretos en los que podrá aplicarse, ya que el legislador no puede determinar por anticipado todos esos supuestos y ni siquiera puede hacerlo el juez de la Unión cuando interpreta dicha norma (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 188 y jurisprudencia citada).
39 En el apartado 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que el concepto de «asociación» se refería a las personas que, en general, están vinculadas por intereses comunes que no exigen una relación a través de una actividad económica ni pueden basarse exclusivamente en un vínculo familiar.
40 Pues bien, por un lado, esta definición no equivale a circunscribir el concepto de asociación, por lo que respecta a las personas físicas, a la existencia de un mero vínculo familiar. La interpretación adoptada por el Tribunal General implica, en efecto, que deben demostrarse intereses comunes que objetivamente vayan más allá de tal vínculo para que los miembros de una familia puedan considerarse «asociados», en el sentido del criterio de la asociación. De este modo, el Tribunal General ha declarado que los intereses comunes de tales miembros deben ir más allá de la mera comunidad de intereses intrínseca a toda relación familiar (sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartados 29 y 30).
41 Por otro lado, el Tribunal General identificó, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, criterios suficientemente claros y precisos para la aplicación de este concepto en el caso de dos personas unidas por un vínculo familiar, sin que fuera necesario que mencionara detalladamente los supuestos en los que dicho concepto podía aplicarse, dado que, por una parte, este debe ser objeto de una interpretación amplia y, por otra parte, como señaló el Tribunal General en el apartado 63 de la sentencia recurrida y como admite la propia recurrente en sus escritos ante el Tribunal de Justicia, los tipos de relación que puede abarcar dependen «de los contextos y circunstancias de que se trate» (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartados 32 y 34).
42 En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General no concedió, en los apartados 64, 65, 70, 71, 74 a 76 y 78 de la sentencia recurrida, una importancia excesiva al vínculo familiar que la une a su marido. Si bien es cierto que el Tribunal General recuerda reiteradamente, en los apartados 64, 71, 74 y 78 de dicha sentencia, que el Consejo consideró que la recurrente estaba vinculada a su marido debido a su vínculo familiar y a una relación comercial, y que declara, además, en el apartado 65 de dicha sentencia, que la recurrente está casada con el Sr. Pumpyanskiy, no lo es menos que, conforme a la definición del concepto de «asociación» dada en el apartado 63 de la misma sentencia, el Tribunal General indicó, en los apartados 70, 75 y 76 de esta, que esta relación comercial entre la recurrente y su marido reflejaba la existencia de intereses comunes que iban más allá del vínculo familiar que los unía y que, por lo tanto, su asociación no se basaba exclusivamente en este último vínculo.
43 Por otra parte, el Tribunal General no ha incurrido en falta de claridad porque supuestamente considerara que la recurrente estaba asociada a su marido a la vez por una relación comercial y por un interés común. En efecto, de los apartados 70 y 71 de la sentencia recurrida, en relación con la definición del concepto de «asociación» que figura en el apartado 63 de dicha sentencia, se desprende que, para determinar si existe una asociación entre dos personas, es preciso acreditar la existencia de intereses comunes entre ellas, intereses que pueden concretarse, en particular, en una relación comercial. Así, el Tribunal General consideró, en esos apartados 70 y 71, que la recurrente y su marido compartían intereses comunes en forma de una relación comercial, en el sentido del criterio de la asociación.
44 En tercer lugar, al considerar que el Tribunal General afirmó erróneamente, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, que desempeñaba funciones en TMK o en el Grupo Sinara, la recurrente hace una lectura errónea de dicho apartado. En este, el Tribunal General se limitó a recordar que el Consejo había considerado que la recurrente estaba asociada a su marido debido a su vínculo familiar y a la relación comercial que los unía, habida cuenta de sus «respectivas» funciones en el seno de TMK, del Grupo Sinara y de la fundación BF Sinara. Del adjetivo «respectiva», en relación con las apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General en los apartados 67 y 68 de la sentencia recurrida, se desprende que la recurrente desempeñaba funciones en la fundación BF Sinara, mientras que su marido ejercía funciones en TMK y en el Grupo Sinara, extremo que, por lo demás, confirma la conclusión del Tribunal General en el apartado 70 de dicha sentencia.
45 Por lo que respecta, en cuarto lugar, a las alegaciones de la recurrente resumidas en el apartado 32 de la presente sentencia y cuya admisibilidad cuestiona el Consejo, procede recordar que, en virtud del artículo 256 TFUE y del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y el Tribunal General es el único competente, por un lado, para determinar los hechos, excepto en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otro lado, para apreciar estos hechos. Salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal General, dicha apreciación no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. Una vez que el Tribunal General ha determinado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de esos hechos y las consecuencias jurídicas que el Tribunal General haya deducido de los mismos (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 158 y jurisprudencia citada).
46 Además, cuando un recurrente alega que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos o las pruebas, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento lo obligan a indicar con precisión los hechos o las pruebas que, en su opinión, desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. Por otra parte, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que la desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de que se efectúe una nueva valoración de los hechos y de las pruebas (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 378 y jurisprudencia citada).
47 En primer término, por lo que respecta a la alegación de la recurrente de que el Tribunal General concluyó erróneamente que existía una relación comercial entre ella y su marido, pese a que este último había transmitido sus acciones en dichas sociedades y solo había ejercido funciones oficiales en los órganos de estas para garantizar una transmisión ordenada, procede señalar que esta alegación está estrechamente relacionada con el primer motivo de casación al que se remite la recurrente. Habida cuenta de que ha renunciado a este motivo de casación, procede declarar que ya no procede pronunciarse sobre esta alegación. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia confirmó, en los apartados 183 a 185 de la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245), que, en los apartados 63 y 65 de su sentencia de 6 de septiembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo (T‑270/22), el Tribunal General no había incurrido en error de Derecho al considerar, en esencia, que no era necesario demostrar, para calificar al marido de la recurrente de «principal empresario», que este seguía ejerciendo, hasta la fecha de adopción de las medidas restrictivas contra él, un control real y efectivo sobre esas sociedades.
48 En segundo término, por lo que respecta al resto de las alegaciones de la recurrente resumidas en el apartado 32 de la presente sentencia, procede declararlas admisibles en su totalidad, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado 45 de la presente sentencia. En efecto, contrariamente a lo que afirma el Consejo, la recurrente no pretende, mediante estas alegaciones, simplemente cuestionar las comprobaciones y apreciaciones de hecho del Tribunal General, sino que critica la calificación jurídica de la relación comercial realizada por el Tribunal General, alegando, en particular, una desnaturalización de la prueba.
49 En tercer término, al amparo de las consideraciones expuestas en los apartados 40 a 43 de la presente sentencia, procede estimar que, contrariamente a lo que afirma la recurrente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en esencia, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que, en función de las circunstancias, dos personas físicas, como la recurrente y su marido, pueden, aun desempeñando funciones en entidades diferentes vinculadas entre sí, compartir intereses comunes en forma de relación comercial y, por tanto, estar «asociadas», en el sentido del criterio de la asociación, dado que la relación comercial así generada va objetivamente más allá de la relación familiar que une a esas personas.
50 Por lo que respecta, más concretamente, al supuesto error de Derecho cometido por el Tribunal General en el apartado 78 de la sentencia recurrida, basta con señalar que, contrariamente a lo que afirma la recurrente y como se desprende expresamente del apartado 77 de dicha sentencia, el Tribunal General no ignoró el hecho de que ocupaba un puesto honorario de voluntaria al ejercitar sus funciones de presidenta del consejo de dirección de la fundación, lo que no le permitía controlar los asuntos de esta. No obstante, consideró acertadamente que esta supuesta falta de control derivada del carácter voluntario de las funciones desempeñadas por la recurrente en dicha fundación carecía de pertinencia para determinar si estaba asociada a su marido.
51 En efecto, en el apartado 78 de dicha sentencia, en relación con su apartado 70, el Tribunal General consideró correctamente, conforme a la definición del concepto de «asociación» dada en el apartado 63 de la misma sentencia y reproducida en esencia en el apartado 39 de la presente sentencia, que dicha asociación, que no debe concretarse necesariamente en una actividad económica, resultaba del hecho de que la recurrente compartía intereses comunes con su marido, en forma de relación comercial, al ejercitar funciones, aunque fueran de carácter voluntario y no le permitieran controlar los asuntos, en la fundación BF Sinara, encargada de gestionar las actividades benéficas de dos empresas de las que formaba parte su marido.
52 En cuanto a la supuesta desnaturalización de los elementos de prueba realizada por el Tribunal General en el apartado 70 de la sentencia recurrida, procede señalar que el Tribunal General, lejos de ignorar el contenido de los elementos de que se trata, indicó efectivamente, en el apartado 69 de esta sentencia, que la fundación BF Sinara gestionaba las actividades benéficas de varias grandes empresas y actuaba como gestor común para las mayores sociedades mercantiles de los Urales. Sin embargo, no puede considerarse que haya desnaturalizado ese hecho o las pruebas que lo sustentan al indicar, en el apartado 70 de dicha sentencia, que esa fundación estaba «íntimamente» vinculada a dos de esas empresas y sociedades mercantiles en concreto, a saber, TMK y el Grupo Sinara. En efecto, para demostrar la existencia de un vínculo comercial entre la recurrente y su marido, el Tribunal General podía atenerse, habida cuenta de las consideraciones que figuran en el apartado anterior de la presente sentencia, al examen de la relación entre, por un lado, la referida fundación, en la que la recurrente desempeñaba la función de presidenta del consejo de dirección, y, por otro lado, TMK y el Grupo Sinara, en los que, como se desprende del apartado 67 de la sentencia recurrida, el marido de la recurrente ejercía una actividad en la fecha de adopción de los actos controvertidos.
53 En quinto lugar, por lo que respecta a la alegación de la recurrente de que la relación comercial constatada por el Tribunal General entre la recurrente y su marido no tiene una intensidad suficiente para estimar que excede objetivamente los intereses comunes que dos miembros de una familia pueden compartir habitualmente en el contexto de la relación familiar que los une, procede considerar que el razonamiento seguido por el Tribunal General en el apartado 70 de la sentencia recurrida demuestra de modo suficiente en Derecho que los intereses comunes compartidos por dos esposos en forma de relación comercial van objetivamente más allá de la relación marital que los une, debido a los estrechos vínculos existentes entre las entidades respectivas en las que ejercen una actividad y a la importancia de esas entidades.
54 En sexto lugar, por lo que respecta a la alegación de la recurrente de que la aplicación de medidas restrictivas a su situación no es conforme con los objetivos perseguidos por el artículo 21 TUE y no se basa, a la luz del artículo 215 TFUE, en un vínculo suficiente con la Federación de Rusia, procede recordar, en primer término, que permitir que una parte presente por primera vez ante el Tribunal de Justicia motivos y alegaciones que no ha formulado ante el Tribunal General equivaldría a autorizarla a plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más amplio que aquel del que conoció el Tribunal General. En efecto, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate en primera instancia (sentencia de 17 de octubre de 2024, PT Pelita Agung Agrindustri y PT Permata Hijau Palm Oleo/Comisión, C‑112/23 P, EU:C:2024:899, apartado 67 y jurisprudencia citada).
55 Pues bien, mediante la alegación antes mencionada, y al no indicar ningún apartado de la sentencia recurrida en relación con esta alegación, parece que la recurrente no pretende criticar el razonamiento jurídico seguido por el Tribunal General en la sentencia recurrida, sino impugnar la validez del criterio de la asociación o la aplicación que de él hizo el Consejo a su situación individual, a la luz del artículo 21 TUE y del artículo 215 TFUE, con independencia de dicho razonamiento. En esta medida, procede considerar que formula una alegación nueva que procede declarar inadmisible.
56 En segundo término, habida cuenta de que la recurrente, al remitirse a este respecto a la primera parte de su tercer motivo de casación, solo pretende, mediante esta alegación, anticipar, parcialmente, una alegación comparable que formula en esa parte del tercer motivo en relación con el respeto del principio de seguridad jurídica, esta alegación será tratada al examinar la citada parte del tercer motivo.
57 En séptimo lugar, por lo que respecta a la alegación mediante la cual la recurrente reprocha al Tribunal General haberse basado, en la sentencia recurrida, en precedentes jurisprudenciales cuyas circunstancias de hecho se diferencian fundamentalmente de las del caso de autos, basta con señalar, además de que la recurrente no explica en qué medida tales referencias supuestamente no pertinentes incidieron en el razonamiento del Tribunal General y en el fallo de la sentencia recurrida, que esos precedentes fueron citados únicamente por el Tribunal General, en los apartados 63, 111, 113, 115 y 118 de dicha sentencia, en referencia a conceptos y principios jurídicos generales, independientes de las circunstancias de hecho de los asuntos que dieron lugar a dichos precedentes.
58 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede desestimar el segundo motivo de casación.
Tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
59 Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en esencia, que las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo contra ella eran proporcionadas y no vulneraban sus derechos fundamentales ni el principio de seguridad jurídica.
60 Mediante la primera parte de su tercer motivo de casación, la recurrente aprecia que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 119 y 120 de la sentencia recurrida, que el criterio de la asociación no viola el principio de seguridad jurídica, a pesar de haber declarado, en los apartados 114 y 115 de dicha sentencia, que el criterio de la asociación estaba formulado de manera muy amplia y en términos vagos. La recurrente sostiene que el Tribunal General debería haber deducido de ello que tal formulación no aporta ningún elemento que permita limitar el alcance de la facultad de apreciación del Consejo, en particular, a la hora de seleccionar a las personas que pueden responder a dicho criterio. En su opinión, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 111 de la sentencia recurrida, ello conduce a resultados aleatorios, lo que queda acreditado además por el hecho de que, de las 1 100 personas que fueron objeto de medidas restrictivas al inicio de la guerra en Ucrania, el Consejo solo incluyó a un total de dos cónyuges.
61 Además, afirma que el Tribunal General intentó en vano justificar, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, la facultad de apreciación ilimitada concedida al Consejo refiriéndose al marco jurídico claramente delimitado por los objetivos perseguidos por la normativa de la Unión adoptada con ocasión de la guerra en Ucrania, mientras que la recurrente solo desempeñaba una función de miembro no ejecutivo de una organización benéfica. La recurrente sostiene asimismo que, contrariamente a lo que indicó el Tribunal General en el apartado 118 de la sentencia recurrida, su marido ya no podía, a raíz de la venta de sus acciones, eludir, a través de ella, las medidas restrictivas de las que él mismo era objeto y que tal riesgo de elusión, que también existe en el caso de dos personas unidas por un vínculo familiar, pero que no cumplen el criterio de la asociación, no se menciona en los motivos que justifican las medidas restrictivas que se le impusieron.
62 Mediante la segunda parte de su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General que no haya considerado que las medidas restrictivas de las que son objeto ella y su marido no eran adecuadas para contribuir a alcanzar el objetivo perseguido por los actos controvertidos, que a su entender consiste, como se desprende del apartado 104 de la sentencia recurrida, en presionar a los políticos rusos responsables de la situación en Ucrania. Por lo que a ella respecta, la recurrente afirma que carece de importancia para el Gobierno de la Federación de Rusia, de modo que la imposición de medidas restrictivas contra ella no permite ejercer presión sobre dicho Gobierno ni aumentar el coste de la guerra en Ucrania para dicha Federación. Además, aduce que es incoherente exigir, como hizo el Tribunal General en el apartado 104 de la sentencia recurrida, que la recurrente sugiera medidas menos coercitivas, dado que tales medidas tampoco serían adecuadas para alcanzar el objetivo antes citado.
63 Por otra parte, la recurrente expone que el Tribunal General concedió, en los apartados 96, 97 y 107 de la sentencia recurrida, una importancia excesiva a la pertinencia de las revisiones periódicas de las medidas restrictivas. En su opinión, su inclusión se prorrogó indebidamente en varias ocasiones y las revisiones periódicas se llevaron a cabo, en parte, sin la diligencia debida. Además, el Consejo modificó el criterio g) y el criterio de la asociación para limitarlo al mero vínculo familiar, lo que permitió a dicha institución mantener las medidas restrictivas con respecto a ella.
64 Por último, la recurrente considera que, en los apartados 98, 99, 105 y 106 de la sentencia recurrida, el Tribunal General atribuyó una importancia excesiva a las posibilidades de solicitar una autorización de utilización de los fondos inmovilizados o de obtener un permiso de viaje por razones humanitarias, mientras que las medidas restrictivas de que es objeto vulneraron materialmente el contenido esencial de sus derechos fundamentales al privarla de la posibilidad de ocuparse de sus nietos que se encuentran en Suiza.
65 El Consejo rebate el fundamento de las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
66 Mediante la primera parte de su tercer motivo de casación, la recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 111, 114 a 116 y 118 a 120 de la sentencia recurrida, que el criterio de la asociación no concedía al Consejo una facultad de apreciación excesiva y que, por tanto, respetaba el principio de seguridad jurídica.
67 A este respecto, procede considerar que el Tribunal General aplicó correctamente la jurisprudencia relativa al principio de seguridad jurídica, recordada en el apartado 38 de la presente sentencia y en los apartados 113 y 115 de la sentencia recurrida, al declarar, en los apartados 114 y 115 de esta última sentencia, que la facultad de apreciación conferida al Consejo por la formulación abstracta y general del criterio de la asociación no es incompatible, en sí misma, con el principio de seguridad jurídica, siempre que no sea arbitraria ni se oponga a la exigencia de previsibilidad prevista por dicho principio. En efecto, de esta jurisprudencia se desprende que el referido principio no se vulnera por el hecho de que el legislador de la Unión emplee un concepto jurídico abstracto sin mencionar los diferentes supuestos concretos en los que pueda aplicarse, puesto que el alcance y las modalidades de ejercicio de la facultad de apreciación que de él se deriva están definidos o pueden determinarse con suficiente claridad.
68 El Tribunal General tampoco incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 116 y 118 a 120 de la sentencia recurrida, que, en el presente asunto, el criterio de la asociación respeta el principio de seguridad jurídica porque se inscribe en un marco jurídico claramente delimitado por los objetivos perseguidos por la normativa que regula las medidas restrictivas contra la Federación de Rusia, a saber, el riesgo de elusión que dicho criterio pretende combatir.
69 A este respecto, procede observar que la recurrente no cuestiona el hecho, señalado por el Tribunal General en el apartado 117 de la sentencia recurrida, de que el criterio de la asociación está supeditado, en su caso, al «criterio de fondo relativo a los principales empresarios», a saber, el criterio g), que se refiere, según ese mismo apartado, a los principales empresarios «que puedan proporcionar fuentes de ingresos que permitan financiar las acciones de Rusia que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania», con el fin de ejercer presión sobre las autoridades rusas, como se desprende del apartado 104 de la sentencia recurrida.
70 En este contexto, el Tribunal General recordó, en esencia y acertadamente, en el apartado 118 de la sentencia recurrida, que, como criterio supeditado a un criterio de fondo, el criterio de la asociación tiene por objeto prevenir o impedir el riesgo no desdeñable de que una persona sujeta a medidas restrictivas en virtud de ese criterio de fondo pueda ejercer presión sobre las personas que están asociadas a ella para eludir el efecto de las medidas que la afectan, debiendo precisarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el contexto de la Decisión 2014/145, que la imposición de medidas restrictivas a personas asociadas a otras personas que son a su vez objeto de tales medidas persigue tal objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartado 32). A continuación, el Tribunal General dedujo correctamente, en los apartados 119 y 120 de la sentencia recurrida, que el criterio de la asociación define de manera objetiva una categoría delimitada de personas, de modo que la facultad de apreciación del Consejo está limitada y es conforme con el principio de seguridad jurídica.
71 Por otra parte, conviene recordar que no es necesario comprobar si el riesgo de elusión se da en cada caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, apartado 66) ni si la persona asociada tiene relación con las acciones de las autoridades dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania ni si las medidas restrictivas que se le han impuesto en virtud del criterio de la asociación permiten alcanzar los objetivos perseguidos por el régimen de medidas restrictivas adoptado por la Unión contra la Federación de Rusia, a saber, ejercer presión sobre las autoridades rusas (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartados 55, 61 y 63).
72 Por último, el Tribunal General recordó acertadamente, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, que, si bien el Consejo no puede adoptar medidas restrictivas contra personas que no cumplen los criterios que sirven de base para la imposición de tales medidas, dispone de una amplia facultad de apreciación para decidir imponerlas a las personas que los cumplen. En efecto, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 67 de la presente sentencia, el amplio margen de apreciación de que dispone el Consejo para identificar a las personas que pueden ser objeto de medidas restrictivas en virtud de un criterio como el de la asociación no puede considerarse una violación del principio de seguridad jurídica, como tampoco puede reprocharse al Consejo, teniendo en cuenta dicho amplio margen de apreciación y que, como en el presente asunto, ese criterio es conforme con el principio de seguridad jurídica, haber violado dicho principio por el hecho de que las medidas restrictivas que adoptó no recaigan sobre la totalidad de las personas físicas que pueden responder a los requisitos fijados por dicho criterio (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartados 307 y 308 y jurisprudencia citada).
73 En la segunda parte de su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha, en primer lugar, al Tribunal General que no haya considerado que las medidas restrictivas adoptadas contra ella y su esposo no eran aptas para alcanzar los objetivos perseguidos, a saber, como se desprende del apartado 104 de la sentencia recurrida, ejercer presión sobre los políticos rusos responsables de la situación en Ucrania.
74 Con carácter preliminar, procede observar que, como se desprende de la argumentación de la recurrente resumida en el apartado 86 de la sentencia recurrida, esta únicamente había alegado que la imposición de medidas restrictivas contra ella, y no contra su esposo, no contribuía a la consecución de los objetivos del Reglamento n.º 269/2014 modificado. En estas circunstancias, la recurrente formula, en la fase de casación, una alegación nueva en lo que respecta a su esposo, de modo que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 54 de la presente sentencia, esta alegación es inadmisible, a diferencia de la alegación relativa a ella misma.
75 Sobre la base de esta observación preliminar, procede recordar que, para determinar si las medidas restrictivas instauradas por la Unión respetan el principio de proporcionalidad, o bien si la injerencia en los derechos o libertades garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debido a limitaciones de esos derechos o libertades por un acto de la Unión que impone medidas restrictivas es proporcionada, ha de comprobarse, en primer término, si dichas medidas responden a un objetivo de interés general reconocido por la Unión; en segundo término, si no son manifiestamente inadecuadas a la luz de dicho objetivo, es decir, si no carecen manifiestamente de idoneidad para alcanzarlo, y, en tercer término, si dichas medidas o, en su caso, la limitación de que se trate no van manifiestamente más allá de lo necesario para conseguir el referido objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 233 y jurisprudencia citada).
76 En el presente asunto, basta con señalar que el Tribunal General examinó efectivamente, en los apartados 102 y 103 de la sentencia recurrida, la idoneidad de las medidas restrictivas adoptadas contra la recurrente. A este respecto, habida cuenta de que, como se ha indicado en los apartados 70 y 71 de la presente sentencia, las medidas restrictivas impuestas a personas como la recurrente pretenden evitar un riesgo de elusión de las medidas restrictivas impuestas con carácter principal al asociado de esas personas, no era necesario que el Tribunal General comprobara, en el contexto de ese examen de idoneidad, si las medidas restrictivas adoptadas contra la recurrente también podían ejercer presión sobre los políticos rusos responsables de la situación en Ucrania.
77 En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de que el Tribunal General, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, exigió erróneamente a la recurrente que sugiriera medidas menos coercitivas que las previstas por las medidas restrictivas, esta alegación carece de fundamento. En efecto, en dicho apartado, el Tribunal General, tras mencionar él mismo tales medidas menos coercitivas y observar que no permitían conseguir con la misma eficacia los objetivos perseguidos, observó que la recurrente no había aportado otros ejemplos de tales medidas. Ahora bien, a falta de tales ejemplos, el Tribunal General no puede paliar la omisión de la recurrente, como tampoco cabe presumir que el Tribunal General hubiera considerado necesariamente inadecuadas las eventuales medidas alternativas que dicho recurrente hubiera podido indicar (véase, por analogía, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 241).
78 Por lo que respecta, en tercer lugar, a la alegación de que el Tribunal General concedió, en los apartados 96 a 99 y 105 a 107 de la sentencia recurrida, una importancia excesiva a la pertinencia de las revisiones periódicas de las medidas restrictivas y a las posibilidades de solicitar una autorización de utilización de los fondos o de obtener un permiso de viaje por razones humanitarias, procede señalar que, en los apartados 96 a 99 de dicha sentencia, el Tribunal General examinó esos aspectos para comprobar si la limitación de los derechos fundamentales de la recurrente mediante las medidas restrictivas adoptadas contra ella respetaba el contenido esencial de esos derechos, mientras que, en los apartados 105 a 107 de la referida sentencia, volvió a examinar esos aspectos a efectos del control de la proporcionalidad de la injerencia en sus derechos fundamentales. En estas circunstancias, no puede considerarse que el Tribunal General atribuyera una «importancia excesiva» a los aspectos mencionados. En cualquier caso, la recurrente no ha precisado las razones por las que, en su opinión, el Tribunal General les atribuyó una «importancia excesiva» ni el error de Derecho que supuestamente cometió de este modo (véase, por analogía, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartados 245 y 246).
79 En la medida en que la recurrente afirma que su inclusión se prorrogó indebidamente en varias ocasiones, que las revisiones periódicas se efectuaron, en parte, sin la diligencia debida y que el Consejo modificó posteriormente el criterio g) y el criterio de la asociación para limitar este último al mero vínculo familiar, basta con señalar que estas alegaciones constituyen alegaciones nuevas que, además, tienen por objeto impugnar otros actos adoptados contra la recurrente, de modo que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 54 de la presente sentencia, deben declararse inadmisibles.
80 A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar el tercer motivo de casación y, por consiguiente, el recurso de casación en su totalidad.
Costas
81 En virtud de lo dispuesto en el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento de procedimiento, aplicable al procedimiento de casación con arreglo al artículo 184, apartado 1, de este, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
82 Dado que el Consejo solicitó la condena en costas de la recurrente y que se han desestimado las pretensiones de esta, procede decidir que cargue, además de con sus propias costas, con las costas del Consejo.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar a la Sra. Galina Evgenyevna Pumpyanskaya a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea.
Firmas
* Lengua de procedimiento: inglés.