[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 6.4.2005

COM(2005) 122 final

2005/0037 (COD)

2005/0038 (CNS)

2005/0039 (CNS)

2005/0040 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 un Programa marco de derechos fundamentales y justicia

Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de lucha contra la violencia (Daphne) e información y prevención en materia de drogas en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de derechos fundamentales y ciudadanía en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de justicia penal en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de justicia civil en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

(presentadas por la Comisión) {SEC(2005) 434}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 un Programa marco de derechos fundamentales y justicia

La Comunicación por la que se establece un Programa marco de derechos fundamentales y justicia forma parte de una serie coherente de propuestas cuya finalidad es reforzar adecuadamente el espacio de libertad, seguridad y justicia en el contexto de las perspectivas financieras 2007-2013. Los tres objetivos clave de libertad, seguridad y justicia, en efecto, deben desarrollarse paralelamente y con la misma intensidad a partir de un enfoque equilibrado que se base en los principios de la democracia, el respeto de los derechos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Cada uno de estos objetivos se inscribe en un programa marco que establece la necesaria coherencia entre las oportunas intervenciones en cada ámbito de actuación y vincula claramente los objetivos políticos a los recursos de que se dispone para realizarlos. Además, esta estructura representa una simplificación y una racionalización importante de la ayuda financiera existente en el espacio de libertad, justicia y seguridad, permitiendo así una mayor flexibilidad en la asignación de prioridades y una transparencia global cada vez mayor.

1. INTRODUCCIÓN

Los principales avances de la integración europea se han producido en la esfera económica, con la creación del mercado único y la moneda única. El establecimiento de un espacio económico integrado y sin fronteras se ha venido completando, como preveía el Tratado de Ámsterdam, mediante la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Ahora, este espacio debe seguir desarrollándose y consolidándose.

En su Comunicación titulada "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)" [1], la Comisión señalaba que "La libertad, la seguridad y la justicia son valores fundamentales que constituyen, a su vez, elementos clave del modelo europeo de sociedad. (…) En este contexto, el desarrollo de esta dimensión de la Unión Europea constituye la nueva frontera para la integración: un auténtico espacio de libertad, de seguridad y de justicia es un pilar imprescindible de la Unión Europea y un elemento esencial del proyecto político para una Unión ampliada” [2] .

Los diversos aspectos del espacio de libertad, seguridad y justicia logran el equilibrio entre la garantía de los derechos fundamentales del individuo y el ejercicio de las responsabilidades fundamentales que se exigen a la Unión[3].

El desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia responde a una preocupación fundamental de los pueblos de los Estados que integran la Unión. Por esta razón, el Consejo Europeo adoptó en noviembre de 2004 el Programa de La Haya como continuación del Programa adoptado por el Consejo Europeo de Tampere en 1999. Tomando como base los resultados del Programa de Tampere, el Programa de La Haya presenta una nueva agenda que permite a la Unión desarrollar los logros alcanzados y hacer frente a los nuevos desafíos. También hace hincapié en que la creación de la Europa de los ciudadanos exige no sólo el respeto pleno de los derechos fundamentales, sino también la promoción activa de estos derechos.

Al integrar la Carta de los derechos fundamentales, el Tratado constitucional reconoce los valores y objetivos de la Unión. Por otra parte, la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) reforzará el compromiso de la UE con respecto a la protección de los derechos humanos al introducir un control jurisdiccional externo del respeto de los derechos fundamentales en la Unión[4]. La defensa y promoción crecientes de los derechos fundamentales también requiere la adopción de ulteriores medidas concertadas contra los fenómenos del racismo, la xenofobia y el antisemitismo a través del fomento de un diálogo interconfesional y multicultural orientado a lograr un mayor conocimiento y entendimiento mutuos.

Estos progresos implican un considerable refuerzo de los valores fundamentales que constituyen el núcleo central del proyecto europeo. La Unión no sólo estará legalmente obligada a respetar estos derechos y valores, sino también a asegurar su promoción eficaz en todos los ámbitos (internos y externos) de las políticas que son de su competencia. Además, las actividades de control aumentarán rápidamente para garantizar que los Estados miembros adoptan el mismo enfoque en sus respectivos ámbitos de competencia, especialmente en el contexto de los retos que plantea una Unión cada vez más diversificada y en crecimiento. El fomento de la ciudadanía de la Unión Europea debería dar lugar a un sentimiento de pertenencia a una Unión que comparte unos valores y derechos fundamentales, manteniendo y respetando la diversidad de las culturas y tradiciones de los pueblos de Europa.

Es evidente que la lucha contra la violencia forma parte de la protección de los derechos fundamentales con arreglo a la Carta, especialmente del derecho a la integridad física. La relación entre violencia y algunos derechos fundamentales (libertad, seguridad, salud, empleo, etc.) es tan estrecha que es necesario defender la aplicación general de estos derechos en relación con la integridad física de la persona. Lo mismo puede decirse de la lucha contra el consumo y el tráfico de drogas, un ámbito en el que desde 1990 se aplica una estrategia global, multidisciplinaria e integrada a nivel europeo, pero sin ningún apoyo financiero claramente definido. Esta estrategia se basa en cinco elementos principales: reducción de la demanda, reducción de la oferta y lucha contra el tráfico ilícito, cooperación internacional y coordinación a nivel nacional y de la UE, información, investigación y evaluación.

La creación de la Europa de los ciudadanos también implica el establecimiento de un espacio europeo de justicia basado en el principio de confianza y reconocimiento mutuos: las fronteras entre los países no deberían seguir siendo un obstáculo para la solución de litigios en materia civil o mercantil, el ejercicio de acciones judiciales o la ejecución de sentencias. El principio de libre circulación permite a los individuos y empresas hacer valer sus intereses civiles y mercantiles en otros Estados miembros, pero también requiere medidas en el ámbito del Derecho penal que impidan la existencia de paraísos seguros para la delincuencia y los delincuentes. En efecto, la incompatibilidad o la complejidad de los sistemas administrativos y jurídicos de los Estados miembros no deberían impedir a los individuos y empresas ejercer sus derechos, ni disuadirles de hacerlo.

La realización de estos objetivos comunes requerirá un marco financiero estable. La preparación de las próximas perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 nos ofrece una magnífica ocasión para tener en cuenta los citados avances y, por consiguiente, definir el proyecto político de la Unión ampliada.

2. INTERVENCIÓN PROPUESTA - PROGRAMA MARCO DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA

2.1. Objetivos y estructura del Programa

Para responder a los retos anteriormente expuestos, se propone establecer un Programa marco de derechos fundamentales y justicia con cuatro objetivos específicos:

1. Fomentar el desarrollo de una sociedad europea basada en la ciudadanía de la Unión Europea y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales; luchar contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia y reforzar la sociedad civil en el ámbito de los derechos fundamentales.

2. Contribuir a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia combatiendo la violencia, previniendo el consumo de drogas e informando al respecto.

3. Promover la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en los ámbitos civil y mercantil.

4. Fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito penal.

Estos objetivos tienen diversos fundamentos jurídicos en los Tratados, de modo que el Programa marco estará compuesto por cuatro instrumentos legislativos diferentes. Ahora bien, la coherencia política estará garantizada en la medida en que cada programa específico reflejará los objetivos de una política que, en relación con las otras tres, permitirá que se desarrollen una ciudadanía europea y un auténtico espacio de justicia. Además, el hecho de agrupar estos ámbitos complementarios de las políticas en un mismo programa marco no sólo aumentará su coherencia global sino que también ofrecerá una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos y garantizará una mayor flexibilidad para abordar los problemas nuevos e imprevistos.

En materia de derechos fundamentales y ciudadanía, el objetivo final es crear una verdadera cultura en el ámbito de los derechos fundamentales entre todos los pueblos de Europa. Por tanto, es extremadamente importante realizar un esfuerzo considerable para difundir información sobre los derechos fundamentales tanto a través de campañas de información general como en respuesta a peticiones individuales. Esto no se puede disociar de la necesidad de adoptar nuevas medidas, inclusive de carácter legislativo, para fomentar la aplicación y el respeto de determinados derechos, como el derecho a la integridad física de la persona y los derechos relacionados con la ciudadanía de la Unión, así como el apoyo y las medidas de estímulo para que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en los ámbitos de su competencia.

La lucha contra la violencia en todas sus formas (sexual, psicológica y física), ya sea en el ámbito público como en el privado, incluirá: apoyo a las víctimas y grupos de riesgo (niños, jóvenes y mujeres); ayuda y promoción de las ONG y otras organizaciones activas en este ámbito; difusión de los resultados obtenidos por los dos programas Daphne, inclusive mediante su adaptación, transferencia y uso por otros beneficiarios o en otras zonas geográficas; e identificación de las medidas que contribuyen al trato positivo de las personas expuestas a la violencia.

Por lo que respecta al consumo de drogas, los principales desafíos serán la difusión de información y la investigación complementaria orientada a programas de educación, prevención y reducción de riesgos. Otro tema importante será, junto con la reducción de la demanda, la reducción de la oferta de drogas. En este ámbito deberán adoptarse medidas para poner fin al tráfico de drogas y otros delitos relacionados con dicho tráfico, prestando especial atención a las nuevas drogas sintéticas y a sus precursores químicos, así como medidas para combatir el blanqueo de dinero.

La cooperación judicial deberá contribuir a los crecientes esfuerzos dirigidos a conseguir tanto un mayor control de la aplicación por los Estados miembros del acervo existente en materia civil y penal como una ulterior aproximación de las legislaciones nacionales. El Programa apoyará diversas medidas para mejorar el acceso a la justicia y la eficacia de ésta, abordar el reconocimiento mutuo en un sentido más amplio, incluido el reconocimiento de resoluciones y documentos distintos de los emitidos por las autoridades judiciales, consolidar los mecanismos de transmisión de información al público y promover la formación de los profesionales y sus intercambios sobre las implicaciones de los instrumentos de cooperación en este campo. Dicha cooperación fomentará la ejecución de medidas legislativas para poner en práctica y desarrollar instrumentos comunes de cooperación, así como normas equivalentes para determinados procedimientos, como la recogida de pruebas. También se fomentarán las normas de protección de las personas implicadas en los procesos penales como acusados, testigos o víctimas.

Desde el punto de vista operativo, la coherencia global entre los cuatro objetivos estará garantizada por normas comunes de gestión y ejecución, según el mismo calendario estratégico, y por procesos coordinados de evaluación y examen (véase el punto 3.2). En consecuencia, el Programa asegurará la racionalización y simplificación, así como una mayor transparencia y una mayor eficacia, de los fondos comunitarios. Asimismo, la implicación activa de las partes interesadas y una mayor respuesta a las necesidades de la sociedad civil constituirán una prioridad horizontal común a los cuatro ámbitos de actuación.

2.2. Valor añadido europeo

El Programa marco de derechos fundamentales y justicia aportará un valor añadido a las intervenciones nacionales existentes en este ámbito al actuar como un catalizador: la cooperación financiada por la UE aumenta la percepción de valores y temas comunes entre los Estados miembros facilitando la aparición de enfoques comunes, inclusive por lo que se refiere a la legislación en estas materias. Esto se conseguirá materializando los objetivos comunitarios acordados y fomentando su aplicación en las políticas nacionales, respaldando la transposición de la legislación de la Unión Europea y su aplicación uniforme en toda Europa, fomentando los mecanismos de cooperación y coordinación entre Estados miembros, y cooperando con las organizaciones de la sociedad civil a nivel europeo.

En todos los programas específicos se aplicará un conjunto de criterios comunes de evaluación del valor añadido europeo en relación con el tipo de efecto anteriormente mencionado. Dichos criterios consisten por ejemplo en:

- Apoyar solamente actividades necesarias a nivel europeo para sostener los objetivos, leyes y mecanismos de aplicación de la Unión Europea.

- Apoyar actividades que sean complementarias de las financiadas a nivel nacional.

- Reforzar los intercambios nacionales a nivel de la Unión Europea que produzcan efectos de sinergia y economías de escala.

- Fomentar la participación activa de los representantes de los Estados miembros y otras partes interesadas en la ejecución del Programa a fin de aprovechar al máximo su complementariedad con actividades existentes.

2.3. Complementariedad con otros instrumentos y medidas políticas

El Programa buscará sinergias con el trabajo que deberá realizar la Agencia de Derechos Fundamentales, heredera del Observatorio europeo del racismo y la xenofobia (EUMC), con sede en Viena, establecido por el Reglamento (CE) n° 1035/97 del Consejo[5], de 2 de junio de 1997. A través de una Comunicación[6], la Comisión puso en marcha una amplia consulta pública sobre los ámbitos de actuación y las tareas de la futura Agencia. La consulta se dirigió a organismos de la sociedad civil tales como las ONG que trabajan en la protección de los derechos humanos, las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos, los Estados miembros, las instituciones de la UE, el EUMC y el Consejo de Europa. Los resultados de esta consulta se tendrán en cuenta al definir las tareas exactas de la Agencia, pero su primer objetivo será la recogida y el análisis de datos para la definición de una política de la Unión en el ámbito de los derechos fundamentales.

En la cooperación judicial en materia civil, el Programa se coordinará con la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de la Decisión 2001/470/CE del Consejo de 28 de mayo de 2001[7] para mejorar, simplificar y agilizar la cooperación judicial efectiva en materia civil y mercantil entre los Estados miembros. El Programa específico de justicia penal prestará especial atención a Eurojust, que fue creado por la Decisión 2002/187/JAI del Consejo de 28 de febrero de 2002[8]. Eurojust es un organismo de la Unión Europea creado para mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros que se ocupan de la investigación y las acciones judiciales contra delitos graves cometidos por la delincuencia organizada y transfronteriza, incluido el terrorismo, mediante el fomento y la mejora de la cooperación entre dichas autoridades. Eurojust pone especial cuidado en garantizar una cooperación entre las autoridades nacionales competentes y constituye, por lo tanto, un complemento esencial del Programa marco de derechos fundamentales y justicia.

Por lo que respecta al objetivo de información y prevención en materia de drogas incluido en el presente Programa, es necesario intensificar la cooperación con los terceros países, así como garantizar una estrecha coordinación con el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT). Este organismo con sede en Lisboa fue creado por el Reglamento (CEE) n° 302/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993[9], modificado por el Reglamento (CE) n° 3294/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994[10], y su misión es recoger y difundir información objetiva, fiable y comparable sobre el fenómeno de la drogadicción. Con este propósito, trabaja en asociación con países no comunitarios y organizaciones internacionales competentes en la materia, y en particular con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Grupo Pompidou del Consejo de Europa, la Organización Mundial Aduanera (OMA), la Organización internacional de policía criminal (Interpol) y la Oficina europea de policía (Europol)

3. RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

3.1. Transición con los instrumentos existentes

La evaluación de las acciones que la UE ha venido apoyando durante años en estos sectores reconoce plenamente la necesidad de mantenerlas, dado que abordan problemas específicos y reales y contribuyen a que sea posible tratarlos de manera positiva y complementaria con respecto a las medidas nacionales desarrolladas en los mismos ámbitos. Sin embargo, estas evaluaciones también han identificado algunas deficiencias a las que es preciso enfrentarse de modo que las acciones de la UE puedan lograr resultados aún mejores. Efectivamente, la situación actual, con numerosas líneas presupuestarias de escasa importancia o con una financiación ad hoc, con una duración limitada y ninguna coherencia global, impide que las actividades de la Unión resulten lo bastante eficaces como para lograr los objetivos y aprovechar al máximo los recursos humanos y financieros existentes. La ejecución separada de estos programas hace que no se aprovechen al máximo las sinergias reales y puedan crearse duplicaciones innecesarias. Por último, para lograr los mejores resultados posibles es realmente necesario volver a evaluar los objetivos, el tipo de intervenciones y el alcance de cada programa.

El Programa propuesto se basa en las enseñanzas extraídas de las acciones actuales en estos sectores. De hecho, desarrollará en gran medida las dos acciones preparatorias actuales sobre protección y promoción de los derechos fundamentales y sobre apoyo a la sociedad civil en los diez nuevos Estados miembros, que se extenderán a todos los demás Estados miembros. Por último, se centrará especialmente en los derechos fundamentales que emanan de la ciudadanía de la Unión para fomentar la participación democrática.

Con el objetivo de fomentar la cooperación judicial, el Programa agrupará las medidas de apoyo a la cooperación en materia de Derecho civil y penal para asegurar una mejor y mayor coordinación entre los dos ámbitos con vistas a la entrada en vigor del Tratado constitucional que suprimirá la estructura de pilares. La cooperación judicial en materia civil ha recibido apoyo en un programa separado, mientras que la cooperación judicial en materia penal ha formado parte del Programa AGIS. La propuesta actual aspira a mejorar la respuesta a las expectativas políticas de fortalecimiento de la justicia, tal como requiere el Programa de La Haya, y a las necesidades crecientes de las autoridades judiciales, los profesionales de la justicia y la sociedad civil en general. Se reforzará la formación de estos profesionales, y el Programa también tendrá la flexibilidad necesaria para permitir ejecutar nuevas medidas, tales como el sistema informatizado de intercambio de información sobre antecedentes penales.

Por lo que respecta a la lucha contra la violencia, el Programa se basará en el Programa Daphne II con las adaptaciones necesarias para mejorar la respuesta a las demandas de la sociedad civil, incluida la posibilidad de aplicar nuevas formas de acción. La acción de información y prevención en materia de drogas pretende consolidar las acciones de los diversos programas en curso para aumentar la transparencia ante los ciudadanos y todos los participantes en las acciones de información y prevención en este ámbito. Apoyará el seguimiento y evaluación de las medidas de aplicación de acciones específicas de los planes de acción de la UE y procurará conseguir una mayor participación de la sociedad civil.

3.2. Disposiciones comunes de gestión

Uno de los objetivos clave del Programa sobre los derechos fundamentales y la justicia es simplificar y racionalizar los instrumentos tanto desde el punto de vista legal como de gestión, simplificar la estructura del presupuesto, aumentar la coherencia y correspondencia entre programas y evitar la duplicación de instrumentos. Con respecto a la situación que se ha descrito anteriormente, el presente Programa supone un importante avance en materia de simplificación y flexibilidad. De hecho, se ha reducido el número de líneas presupuestarias y de instrumentos jurídicos. Esta concentración de recursos de la Unión supone una mayor transparencia financiera y la posibilidad de evaluar mejor el valor añadido de las acciones de la Unión. Así, se consigue un rendimiento máximo gracias a una mayor coherencia entre los objetivos de los diferentes programas específicos y la intensificación de la cooperación y asociación con todos los actores que intervienen.

La simplificación y racionalización propuestas beneficiarán a los usuarios finales al aumentar la visibilidad, claridad y coherencia de los instrumentos. Para los beneficiarios potenciales será más fácil solicitar la financiación en los diversos ámbitos gracias a un enfoque más normalizado y a las disposiciones de aplicación.

El Programa estará gestionado directamente por la Comisión: se han examinado detenidamente algunos mecanismos de ejecución alternativos (externalización o gestión compartida), pero no se han considerado rentables en esta fase dadas las cantidades relativamente pequeñas de que se trata. Si fuera necesario para lograr los objetivos presentados en el Programa marco, podrían preverse formas de gestión o estructuras diferentes.

En cualquier caso, el nivel de recursos humanos necesario para la gestión del Programa es relativamente alto. Sin embargo, la armonización de los procedimientos lograda con la integración de los programas específicos en una estructura única permitirá una racionalización desde este punto de vista, gracias a las economías de escala. Así por ejemplo, la racionalización de los procedimientos de seguimiento y evaluación permitirá obtener mejores resultados y facilitará la transferencia de las mejores prácticas. El hecho de tener un único Comité para los cuatro programas específicos también simplificará considerablemente la gestión cotidiana del Programa marco.

Desde la entrada en vigor del Tratado constitucional es posible una mayor racionalización: de hecho, el Programa marco se ha elaborado según lo dispuesto en los actuales Tratados, pero su estructura incorpora una transición ágil a la nueva estructura prevista por la Constitución, con la máxima armonización posible entre los Programas específicos de justicia civil y penal.

4. RECURSOS FINANCIEROS

La dotación global prevista para el Programa marco de derechos fundamentales y justicia es de 543 millones de euros para el período 2007-2013 (a precios corrientes). Dentro de este presupuesto, 93,8 millones de euros se destinan al Programa de derechos fundamentales y ciudadanía, 106,5 millones de euros al Programa de justicia civil, 196,2 millones de euros al Programa de justicia penal, y 135,4 millones de euros al Programa de lucha contra la violencia (Daphne), información y prevención en materia de drogas. Dentro de la dotación global están incluidos 11,1 millones de euros para gastos administrativos.

Además, para la Agencia de Derechos Fundamentales se prevé una dotación de 164,9 millones de euros durante el período 2007-2013 y para el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías, una dotación de 110,6 millones de euros para el mismo período, mientras que la dotación prevista para Eurojust asciende a 133,4 millones de euros.

Estas cantidades se han calculado sobre la base de las necesidades definidas y descritas anteriormente. Se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en acciones y programas existentes relacionados con los derechos fundamentales y los asuntos judiciales.

5. CONCLUSIONES

Las nuevas perspectivas financieras ofrecen no sólo la oportunidad de compaginar mejor los objetivos y los recursos, sino también la oportunidad de simplificar y racionalizar los instrumentos para asegurar una utilización óptima de los fondos de la Unión.

El Programa marco de derechos fundamentales y justicia agrupa varios programas específicos que están estrechamente relacionados entre sí. Dentro de estos programas, las acciones concertadas permitirán dar una respuesta más eficaz al objetivo último, que es el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

ANEXO

por el que se establece para el periodo 2007-2013 un Programa marco de derechos fundamentales y justicia

Complementariedad con las agencias y otros instrumentos pertenecientes al ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad

Las perspectivas financieras prevén varios instrumentos complementarios, que contribuirán a la realización de los objetivos políticos fijados en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad:

- Los programas marco, que sustituirán a las numerosas líneas presupuestarias que la Comisión gestiona actualmente en este ámbito.

- La financiación comunitaria de las agencias u organismos de la Unión o la Comunidad.

- El desarrollo y la gestión de sistemas de información a gran escala relacionados con este ámbito.

Las perspectivas financieras cubrirán las siguientes agencias u organismos relacionados con el ámbito contemplado por el citado Programa marco:

- El Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT), instituido en virtud del Reglamento (CEE) n° 302/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se crea un Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (DO L 36 de 12.2.1993, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1651/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 30) y para el cual se ha presentado una propuesta de modificación (propuesta de Reglamento del Consejo, presentada por la Comisión el 19 de diciembre de 2003, relativo al Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías [COM (2003) 808 final]).

- El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia - llamado a convertirse en una agencia de pleno derecho, la Agencia de Derechos Fundamentales (la Comisión tiene previsto presentar una propuesta en mayo de 2005) -, instaurado en su forma actual sobre la base del Reglamento (CE) n° 1035/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997, por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (DO L 151 de 10.6.1997, p. 1).

- Eurojust , instituido en virtud de la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (DO L 63 de 6.3.2002, p. 1), cuya última modificación la constituye la Decisión 2003/659/JAI (DO L 245 de 29.9.2003, p. 44).

Habida cuenta de los elementos anteriormente señalados, los recursos presupuestarios asignados a las citadas agencias u organismos comunitarios no se incluyen en los programas marco.

Deben no obstante figurar en los gastos consagrados a la política de justicia, libertad y seguridad, en la rúbrica 3 del futuro marco financiero comunitario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO

El establecimiento de las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 ha estado guiado desde el comienzo por un enfoque basado en las políticas con el fin de garantizar la coherencia entre los objetivos políticos y los importes asignados para su consecución. En este contexto, el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia se considera una de las principales prioridades de la Unión Europea para los próximos años, razón por la cual se han incrementado substancialmente los recursos asignados a este sector. En sus Comunicaciones "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)" [11] y "Perspectivas financieras 2007-2013" [12], la Comisión destacaba asimismo la importancia de utilizar la revisión de los instrumentos jurídicos en el marco de las próximas perspectivas financieras para avanzar de forma significativa en el proceso de simplificación. Al estructurar sus propuestas en torno a tres programas generales basados en las políticas ("Solidaridad y gestión de los flujos migratorios”, "Derechos fundamentales y justicia" y "Seguridad y defensa de las libertades"), la Comisión establece un marco claro para el desarrollo de las intervenciones financieras de la Comunidad en favor de los tres objetivos de la justicia, la libertad y la seguridad.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

2.1. Análisis del problema

Es evidente que la lucha contra la violencia forma parte de la protección de los derechos fundamentales con arreglo a la Carta, especialmente del derecho a la integridad física. La relación entre violencia y algunos derechos fundamentales (libertad, seguridad, salud, empleo, etc.) es tan estrecha que es necesario defender la aplicación general de estos derechos en relación con la integridad física de la persona. Cada forma de violencia – como la violencia por razones de raza o la violencia por razones de sexo u orientación sexual - exige respuestas específicas que podrán beneficiarse de los intercambios de información y del desarrollo de las mejores prácticas a nivel europeo. La determinación de estas respuestas en el marco de las nuevas perspectivas financieras debe tener en cuenta la necesidad de una solución más global y pertinente a los problemas de la violencia, partiendo de las acciones existentes.

La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia debería asimismo combatir el problema del consumo y el tráfico de drogas, una de las principales preocupaciones de las sociedades europeas. Desde 1990 se ha venido aplicando una estrategia global, multidisciplinar e integrada a nivel europeo, pero sin unos instrumentos de apoyo financiero claramente definidos. Esta estrategia se basa en cinco elementos principales: (i) reducción de la demanda, (ii) reducción de la oferta y lucha contra el tráfico ilícito, (iii) cooperación internacional, (iv) coordinación a nivel nacional y de la UE y (v) información, investigación y evaluación.

2.2. Perspectivas para el futuro

Los principales retos a que se enfrenta la Unión en la lucha contra las drogas en el período cubierto por las próximas perspectivas financieras pueden definirse de la siguiente forma:

- Información e investigación, lo que incluye la prosecución de los trabajos del Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT).

- Reducción de la demanda de drogas, dado que ésta alimenta el fenómeno del tráfico de drogas: programas de educación, prevención y reducción de los efectos nocivos de la droga.

- Reducción de la oferta de drogas, con el fin de acabar con el tráfico y la delincuencia vinculada a dicho tráfico, especialmente por lo que se refiere a las nuevas drogas de síntesis y sus precursores químicos, y lucha contra el blanqueo de dinero.

- Refuerzo de la cooperación con los terceros países para reducir la oferta y la demanda de drogas.

- Necesidad de seguir legislando para hacer frente a la aparición de nuevas drogas, sometiéndolas, por ejemplo, a los mecanismos de vigilancia existentes.

2.3. Objetivos del Programa e indicadores pertinentes

- Definición de los objetivos generales, específicos y operativos

Contribuir a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia combatiendo la violencia, previniendo el consumo de drogas e informando acerca de éste. | Proteger a los ciudadanos contra la violencia y alcanzar un elevado nivel de protección sanitaria, bienestar y cohesión social. | Prevenir y combatir, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, todas las formas de violencia ejercidas contra los niños, los adolescentes y las mujeres. Prestar apoyo a las víctimas y a los grupos de riesgo. Asistir y respaldar a las ONG y otras organizaciones activas en este ámbito. Difundir los resultados obtenidos en el marco de los dos programas Daphne, lo que incluye su adaptación, transferencia y uso por otros beneficiarios o en otras zonas geográficas. Identificar las medidas que contribuyen al trato positivo de las personas expuestas a la violencia. |

Prevenir y reducir el consumo de drogas, la drogodependencia y los efectos nocivos de la droga. | Asociar a la sociedad civil en la aplicación y desarrollo de la estrategia y los planes de acción de la UE en materia de drogas. Controlar, aplicar y evaluar la realización de las acciones específicas en el marco de los planes de acción en materia de drogas 2005-2008 y 2009-2012. |

Promover acciones transnacionales y de sensibilización en los ámbitos previamente mencionados. | Establecer redes multidisciplinares; garantizar el desarrollo de la base de conocimientos, el intercambio de información y la identificación y difusión de las mejores prácticas, inclusive mediante acciones de formación, visitas de estudio e intercambios de personal. Desarrollar y poner en práctica acciones de sensibilización dirigidas a públicos específicos con el fin de promover la instauración de una tolerancia cero frente a la violencia y fomentar la ayuda a las víctimas y la denuncia de la violencia. Sensibilizar al público ante los problemas sanitarios y sociales causados por el consumo de drogas y fomentar un diálogo abierto para mejorar la comprensión de este fenómeno. |

Todos estos objetivos guardan coherencia con la finalidad global de apoyo al desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia del Programa general de derechos fundamentales y justicia.

- Complementariedad y coherencia con otros instrumentos

A la hora de elaborar el Programa, se ha puesto especial cuidado en garantizar la coherencia con otros programas que financian actividades en los mismos ámbitos de acción y en asegurar la mutua complementariedad y sinergia.

Este Programa se complementa con los otros programas específicos del Programa general de derechos fundamentales y justicia, y en particular con el Programa específico de derechos fundamentales y ciudadanía, dirigido a promover los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea preservando y respetando la diversidad de las culturas y tradiciones de los pueblos de Europa.

También se pretende una complementariedad con el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías, cuya misión principal es recoger y difundir información objetiva, fiable y comparable sobre las drogas y las toxicomanías en Europa. Para ello, el Observatorio trabaja en asociación con terceros países y con organizaciones internacionales que operan en este ámbito.

Se prestará especial atención a los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades, y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, en la medida en que constituyen un complemento del presente Programa, y se obtendrá ciertamente un efecto de sinergia con ellos, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia (ya se trate de violencia por razones de raza, sexo u orientación sexual, o de delincuencia vinculada a las drogas).

Existen otros programas eventualmente complementarios, como "Safer Internet plus", "Salud Pública", “Injury Protection programme”, el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo y el Programa "Juventud".

3. EVALUACIÓN

3.1. CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIAS O FINALES

La Comisión ha evaluado el Programa Daphne en dos ocasiones. Se presentaron un informe intermedio en 2002[13] y un informe final en 2004[14].

Tanto el informe intermedio como el informe final sobre el Programa Daphne (2000-2003) muestran que las organizaciones se benefician de su participación en asociaciones europeas, ya que el trabajo conjunto de estas asociaciones refuerza la eficacia de la programación y la optimización de los recursos. El informe final evidenciaba la existencia de un posible margen de mejora, sugiriendo, en particular, que se creara un servicio de ayuda y se diera mayor énfasis a la difusión de la información. El Programa Daphne II se adaptó a la luz de las conclusiones de este informe. Dado que estos cambios en la estructura del Programa son bastante recientes, no parece necesario introducir nuevos cambios significativos.

La Comisión ha evaluado el Plan de acción sobre drogas (2000-2004) en dos ocasiones: con motivo de la evaluación intermedia[15] y al final del programa[16]. El nuevo Plan de acción (2005-2008) se centra en aquellos ámbitos en que la evaluación ponía de manifiesto la necesidad de ulteriores avances.

Según estas evaluaciones, se requieren ciertas mejoras para lograr los objetivos fijados de manera más satisfactoria. Se hace referencia, en particular, al hecho de que la sociedad civil debería participar más activamente en la elaboración y el desarrollo de las políticas de la UE en este ámbito. Resulta indispensable una mayor coordinación de las acciones nacionales, incluidas las que se desarrollan a nivel internacional. Debería asimismo fomentarse y profundizarse en la creación de redes y en el intercambio de las mejores prácticas.

3.2. Evaluación ex ante

El documento de trabajo de la Comisión que presenta la evaluación ex ante del Programa general de derechos fundamentales y justicia pone de manifiesto que el medio de acción elegido para lograr los objetivos fijados es el adecuado.

4. Fundamento jurídico y justificación del instrumento propuesto

4.1. Fundamento jurídico

E ste Programa específico del Programa general de derechos fundamentales y justicia se basa en el artículo 152 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

El artículo 152 del Tratado CE, que se refiere a la salud pública, indica claramente que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. Añade que la Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.

El principal objetivo de este Programa es garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana, protegiendo a las personas de la violencia y realizando acciones de información y prevención en el ámbito del consumo y tráfico de drogas. Por lo tanto, el fundamento jurídico propuesto es el adecuado.

4.2. Acciones definidas en el Programa

Se prevén distintos tipos de acciones:

- Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

- Acciones que ofrezcan ayuda financiera para proyectos específicos de interés comunitario en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

- Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

- Subvenciones de funcionamiento destinadas a la Federación Europea para los niños desaparecidos y sexualmente explotados, que persigue un objetivo de interés general europeo en el ámbito de los derechos y la protección de los niños.

4.3. Subsidiariedad y proporcionalidad

La presente propuesta se ha concebido en armonía con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado CE y su Protocolo anexo. Por lo que se refiere a la subsidiariedad, este Programa no se propone intervenir en los ámbitos cubiertos por los programas nacionales establecidos por las autoridades de cada Estado miembro, sino centrarse en los ámbitos en que Europa puede aportar un valor añadido. En este sentido, puede considerarse que en su gran mayoría las acciones respaldadas por el Programa son complementarias de las acciones nacionales y van dirigidas a aprovechar al máximo la sinergia resultante de las acciones desarrolladas a nivel internacional y regional.

Por lo que se refiere a la proporcionalidad, la nueva propuesta de programa tiene por objeto simplificar al máximo no sólo la forma de las acciones - las definiciones de éstas en el texto legislativo siguen siendo lo más genéricas posible -, sino también las condiciones administrativas y financieras aplicables a su ejecución. La Comisión ha tratado de encontrar el justo equilibrio entre, por una parte, la flexibilidad y la facilidad de utilización, y, por otra, la claridad de los objetivos y la adecuación de las garantías financieras y procesales.

A la luz de las orientaciones que fija el Protocolo sobre la aplicación de estos dos principios, resulta evidente que los problemas a los que este Programa intenta hacer frente tienen aspectos transnacionales y, por lo tanto, una acción a escala comunitaria tendrá repercusiones positivas tanto en las acciones de los Estados miembros como a un nivel superior.

4.4. Simplificación y racionalización

El enfoque propuesto contribuirá al objetivo primordial de simplificar los instrumentos tanto en términos jurídicos como de gestión, así como a racionalizar la estructura presupuestaria. Reforzará asimismo la coherencia y la homogeneidad de tales instrumentos, evitando las posibles duplicaciones. Se precisarán recursos humanos suplementarios para hacer frente a las futuras ampliaciones, pero se conseguirá una mejor distribución de estos recursos gracias al abandono de las líneas presupuestarias de menor importancia (que absorben tales recursos de forma desproporcionada) y a la reagrupación de los programas existentes en un programa único, coherente y racionalizado. Aumentará con esto la proporcionalidad entre la magnitud del gasto y el coste administrativo de su gestión.

La simplificación y racionalización propuestas beneficiarán a los usuarios finales al aumentar la visibilidad, claridad y coherencia de los instrumentos. Para los beneficiarios potenciales será más fácil solicitar la financiación en los diversos ámbitos gracias a un enfoque más normalizado y a la armonización de las disposiciones de aplicación.

La Comisión podría decidir confiar una parte de la ejecución del presupuesto a las agencias de Derecho comunitario a que se refiere el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento financiero. La Comisión designaría estas agencias de acuerdo con las disposiciones de los artículos 55 y 56 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo y el artículo 37 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión. La Comisión comprobará que se respetan los principios de economía, efectividad y eficacia. Antes de proceder a la delegación, la Comisión realizará una evaluación previa para cerciorarse de que la creación de estas agencias se ajusta al principio de buena gestión financiera.

El nuevo instrumento propuesto sigue el enfoque definido por la Comisión en relación con los retos políticos y financieros posteriores a 2007. El objetivo es completar, simplificar y racionalizar los instrumentos existentes y garantizar la flexibilidad necesaria para hacer frente a nuevos objetivos y ajustarse sin dificultad al nuevo marco jurídico que se establecerá tras la entrada en vigor del Tratado constitucional.

5. IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS

El coste del Programa general de derechos fundamentales y justicia para el periodo 2007-2013 asciende a 543 millones de euros; al presente Programa específico se le asignará la siguiente cantidad: 138,2 millones de euros.

2005/0037 (COD)

Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de lucha contra la violencia (Daphne) e información y prevención en materia de drogas en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión[17],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[18],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[19],

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[20],

Considerando lo siguiente:

(1) El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana; el artículo 3, apartado 1, letra p), del Tratado dispone que la acción comunitaria implicará una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud.

(2) La acción de la Comunidad debería completar las políticas nacionales destinadas a mejorar la sanidad pública, prevenir los factores que ponen en peligro la salud humana y reducir los efectos nocivos para la salud asociados a la drogodependencia.

(3) La violencia física, sexual y psicológica ejercida contra niños, jóvenes y mujeres, incluidas las amenazas de tales formas de violencia, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ocurra en la vida pública o privada, constituye una violación del derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y emocional, y una seria amenaza para la salud física y mental de las víctimas. Los efectos de esta violencia están tan extendidos en la Comunidad como para constituir una verdadera lacra desde el punto de vista sanitario y un obstáculo al ejercicio seguro, libre y justo de la ciudadanía.

(4) La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social completo, que no se limita a la mera ausencia de dolencias o enfermedades. Una resolución adoptada en 1996 por la Asamblea Mundial de la Salud declara que la violencia es un importante problema de salud pública a escala internacional. En su Informe sobre la violencia y la salud de 3 de octubre de 2002, la Organización recomienda promover respuestas de prevención primaria, consolidar respuestas para las víctimas de la violencia y aumentar la colaboración y el intercambio de información sobre la prevención de la violencia.

(5) Estos principios se reconocen en numerosos convenios, declaraciones y protocolos de las principales organizaciones e instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia mundial sobre la mujer y el Congreso mundial contra la explotación sexual comercial de los niños.

(6) La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea[21] reafirma, entre otras cosas, el derecho a la dignidad, a la igualdad y a la solidaridad. Incluye varias disposiciones específicas para proteger y promover la integridad física y psíquica, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos del menor y la no discriminación, y prohíbe el trato inhumano o degradante, la esclavitud, el trabajo forzado y el trabajo infantil. Reafirma que en la definición y aplicación de todas las políticas y acciones de la Comunidad debe garantizarse un alto nivel de protección de la salud humana.

(7) El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que elabore y ejecute programas de acción para combatir esta violencia, inter alia en sus Resoluciones de 19 de mayo de 2000 relativas a la Comunicación de la Comisión sobre Nuevas medidas en la lucha contra la trata de mujeres [22], y en la de 20 de septiembre de 2001 sobre la mutilación genital femenina[23].

(8) El programa de acción establecido por la Decisión n° 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (programa Daphne) (2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres[24], permitió sensibilizar en mayor medida a la opinión pública de la Unión Europea ante el problema de la violencia y reforzar la cooperación entre las organizaciones de los Estados miembros que combaten este fenómeno.

(9) El programa de acción establecido por la Decisión nº 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II)[25], desarrolló ulteriormente los resultados ya alcanzados por el Programa Daphne; de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8, apartado 2, la Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar la compatibilidad de los créditos anuales con las nuevas perspectivas financieras.

(10) Es conveniente garantizar la continuidad de los proyectos financiados por los programas Daphne y Daphne II.

(11) Dado que, según los estudios, la morbilidad y la mortalidad asociadas a la drogodependencia afectan a un número bastante alto de ciudadanos europeos, los daños causados por este fenómeno a la salud representan un grave problema de sanidad pública.

(12) La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de la evaluación final de la Estrategia de la UE en materia de drogas y del Plan de acción sobre drogas (2000-2004)[26] destacaba la necesidad de consultar regularmente a la sociedad civil sobre la formulación de la política de la UE en materia de drogas.

(13) La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción en el ámbito de la sanidad pública (2003-2008) hace hincapié en el desarrollo de estrategias y medidas para combatir la drogodependencia, por considerarla un factor determinante de la salud, relacionado con el estilo de vida.

(14) En su Recomendación de 18 de junio de 2003 relativa a la prevención y la reducción de los daños para la salud asociados a la drogodependencia[27], el Consejo recomendó a los Estados miembros hacer de la prevención de la drogodependencia y la reducción de los riesgos que conlleva un objetivo de salud pública, y elaborar y aplicar las estrategias globales pertinentes.

(15) En diciembre de 2004, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia de la UE en materia de drogas para el período 2005-2012, que cubre todas las iniciativas adoptadas por la Unión Europea en materia de droga y fija los principales objetivos. Se trata, en particular, de garantizar un elevado nivel de protección de la salud, bienestar y cohesión social mediante la prevención y la reducción del consumo de drogas, la drogodependencia y los perjuicios causados por la droga en términos sanitario y social.

(16) La Comisión adoptó su Plan de acción sobre drogas 2005-2008[28] como un instrumento esencial para traducir la Estrategia de la UE en materia de drogas 2005-2012 en acciones concretas. El objetivo último del Plan de acción es reducir considerablemente el consumo de droga entre la población y reducir el perjuicio social y el daño para la salud causado por el uso y el tráfico de drogas ilícitas.

(17) Es importante y necesario reconocer las graves consecuencias, inmediatas y a largo plazo, que la violencia y el consumo de drogas tienen en la salud, el desarrollo social y psicológico y en la igualdad de oportunidades de los individuos, familias y comunidades, así como los costes sociales y económicos que implican para la sociedad en su conjunto.

(18) La Unión Europea puede aportar un valor añadido a las acciones que los Estados miembros deberán emprender en el ámbito de la información y la prevención en materia de drogas, completándolas y fomentando las sinergias.

(19) Por lo que se refiere a la prevención de la violencia, incluidas la violencia y la explotación de carácter sexual ejercida contra niños, adolescentes y mujeres, así como a la protección de las víctimas y grupos de riesgo, la Unión Europea puede aportar un valor añadido a las acciones que esencialmente deberán correr a cargo de los Estados miembros por los siguientes medios: difusión e intercambio de información, experiencias y buenas prácticas; promoción de un enfoque innovador; fijación conjunta de prioridades; eventual desarrollo de redes; selección de proyectos de alcance comunitario; y motivación y movilización de todas las partes implicadas. Estas acciones deberían asimismo abordar el problema de los niños y mujeres introducidos en los Estados miembros a través del tráfico de seres humanos.

(20) La Federación Europea para los niños desaparecidos y sexualmente explotados agrupa a nivel europeo a distintas ONG que se ocupan de la desaparición y la explotación sexual de los niños. En su misión de sensibilización y lucha contra el fenómeno de los niños desaparecidos y sexualmente explotados, la Federación facilita la comunicación entre las organizaciones europeas con vistas a reforzar la eficacia de su enfoque, promueve la creación de un centro de estudios europeos encargado de centralizar y analizar los datos relativos a este fenómeno, y fomenta y lleva a cabo acciones destinadas, por una parte, a mejorar la situación de los menores y, en general, de las personas desaparecidas o víctimas de abusos sexuales, y, por otra, a conseguir cambios en la legislación, las mentalidades y los comportamientos en Europa.

(21) Los objetivos de la Acción propuesta, a saber, prevenir y combatir todas las formas de violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres, prevenir el consumo de drogas y sensibilizar al público ante este fenómeno, no pueden alcanzarse adecuadamente por los Estados miembros, dada la necesidad de intercambiar información y difundir las mejores prácticas a escala de la UE. Estos objetivos pueden lograrse de manera más satisfactoria a nivel comunitario. Debido a la necesidad de un enfoque coordinado y multidisciplinar y en razón del alcance o incidencia de la iniciativa, la Comunidad puede adoptar medidas sin menoscabo del principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el principio de proporcionalidad a que se refiere dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(22) Es asimismo conveniente adoptar las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y fraudes, así como las necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados.

(23) La presente Decisión establece, para toda la duración del Programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario[29], constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria.

(24) El Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[30], en lo sucesivo “el Reglamento financiero”, y el Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom n° 1605/2002[31], que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deberán aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios y de la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, así como de la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

(25) El Reglamento financiero exige que las subvenciones de funcionamiento estén cubiertas por un acto de base.

(26) De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[32], procede adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Decisión según el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 3 de dicha Decisión. El recurso a este procedimiento se justifica por el hecho de que el Programa no tiene incidencia significativa en el presupuesto comunitario.

DECIDE:

Artículo 1

Creación del Programa

1. Por la presente Decisión se crea el Programa de lucha contra la violencia (Daphne) e información y prevención en materia de drogas, denominado en lo sucesivo "el Programa", en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia, con el fin de contribuir al refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2. El Programa cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 2

Objetivos generales

1. El Programa perseguirá los siguientes objetivos generales:

a) Contribuir a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia combatiendo la violencia, previniendo el consumo de drogas e informando sobre éstas.

b) Proteger a los ciudadanos frente a la violencia y alcanzar un elevado nivel de protección sanitaria y de bienestar y cohesión social.

c) Prevenir y reducir el consumo de drogas, la drogodependencia y los efectos nocivos de la droga.

2. Sin perjuicio de los objetivos y prerrogativas de la Comunidad Europea, los objetivos generales del Programa contribuyen al desarrollo de las políticas comunitarias, y más concretamente de las relacionadas con la salud pública, la igualdad entre los sexos, la protección de los derechos del niño y la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual.

Artículo 3

Objetivos específicos

El Programa perseguirá los siguientes objetivos específicos:

5. Prevenir y combatir todas las formas de violencia ejercidas en la esfera pública o privada contra los niños, adolescentes y mujeres, adoptando medidas preventivas y ofreciendo una asistencia a las víctimas y a los grupos de riesgo mediante iniciativas destinadas a:

6. Asistir y brindar apoyo a las ONG y otras organizaciones activas en el ámbito de la prevención de la violencia, la protección frente a ésta y la asistencia a las víctimas.

7. Elaborar y ejecutar acciones de sensibilización destinadas a públicos específicos, concebir materiales que puedan servir de complemento a los ya disponibles o adaptar y utilizar el material existente en otras zonas geográficas o en beneficio de otros grupos destinatarios.

8. Difundir los resultados obtenidos de los dos programas Daphne, inclusive mediante su adaptación, transferencia y uso por otros beneficiarios o en otras zonas geográficas.

9. Identificar y promover acciones que contribuyan al trato positivo de las personas susceptibles de padecer alguna forma de violencia, es decir, basadas en un enfoque que fomente el respeto, el bienestar y la autoestima de estas personas.

10. Promover acciones transnacionales dirigidas a:

11. Crear redes multidisciplinares.

12. Garantizar el desarrollo de la base de conocimientos, el intercambio de información y la identificación y la difusión de las mejores prácticas, inclusive mediante acciones de formación, visitas de estudio e intercambios de personal.

13. Concienciar sobre la violencia a los grupos destinatarios de las acciones, como determinados profesionales, para que tengan una mejor comprensión de este fenómeno, promover la adopción de un enfoque de tolerancia cero frente a la violencia y fomentar la asistencia a las víctimas y la denuncia de los actos violentos ante las autoridades competentes.

14. Analizar los fenómenos vinculados a la violencia y buscar y combatir las causas principales de la violencia a todos los niveles de la sociedad.

15. Concienciar al público sobre los problemas sanitarios y sociales que acarrea el consumo de drogas y fomentar un diálogo abierto para mejorar la comprensión de este fenómeno.

16. Asociar a la sociedad civil en la aplicación y desarrollo de la Estrategia y los Planes de acción de la UE en materia de drogas.

17. Hacer un seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones específicas llevadas a cabo en el marco de los Planes de acción en materia de drogas 2005-2008 y 2009-2012.

Artículo 4

Acciones

Con el fin de lograr los objetivos generales y específicos definidos en los artículos 2 y 3, el presente Programa apoyará los siguientes tipos de acciones:

18. Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

19. Proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por al menos tres Estados miembros en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

20. Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con los objetivos generales del Programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

21. Subvenciones de funcionamiento destinadas a cofinanciar los gastos derivados del programa de trabajo permanente de la Federación Europea para los niños desaparecidos y sexualmente explotados, que persigue un objetivo de interés general europeo en el ámbito de los derechos y la protección de los niños.

Artículo 5

Participación

Las acciones del presente Programa estarán abiertas a los siguientes países, en lo sucesivo denominados "países participantes":

22. Los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE, con arreglo a las disposiciones de dicho Acuerdo.

23. Los países candidatos asociados a la Unión, así como los países de los Balcanes occidentales que participan en el proceso de estabilización y asociación en las condiciones previstas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios ya celebrados o en vías de celebración con estos países.

24. Podrán asimismo asociarse a los proyectos los países candidatos a la adhesión que no participan en el presente Programa, cuando ello pueda contribuir a preparar su adhesión, u otros países terceros que no participan en el presente Programa, cuando ello contribuya a la finalidad de los proyectos.

Artículo 6

Grupos destinatarios

1. El presente Programa va dirigido a todos los grupos directa o indirectamente afectados por la violencia y el fenómeno del consumo de drogas.

2. Por lo que respecta a la lucha contra la violencia, los principales grupos destinatarios son las víctimas de la violencia y los grupos de riesgo. Otros grupos destinatarios son, en particular, el personal docente y los profesores, la policía y los trabajadores sociales, las autoridades locales y nacionales, el personal médico y paramédico, los profesionales de la justicia, las ONG, los sindicatos y las comunidades religiosas. Al objeto de prevenir la violencia, conviene asimismo elaborar programas de tratamiento destinados por una parte a las víctimas y por otra a los agresores.

3. En lo que atañe a la droga, los grupos de riesgo que deben considerarse como grupos destinatarios son los adolescentes, los colectivos vulnerables y las personas que residen en barrios problemáticos. Otros grupos destinatarios son, en particular, el personal docente y los profesores, los trabajadores sociales, las autoridades locales y nacionales, el personal médico y paramédico, los profesionales de la justicia, las ONG, los sindicatos y las comunidades religiosas.

Artículo 7

Acceso al programa

El presente Programa estará abierto a la participación de organizaciones e instituciones públicas o privadas (autoridades locales al nivel apropiado, departamentos universitarios y centros de investigación) que se dedican a prevenir y combatir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres, a protegerles frente a dicha violencia, a prestar asistencia a las víctimas o a poner en práctica medidas específicas destinadas a promover el rechazo de la violencia o a favorecer un cambio de actitud y comportamiento hacia los grupos vulnerables y las víctimas de actos violentos. El Programa estará también abierto a la participación de organizaciones e instituciones públicas o privadas (autoridades locales al nivel apropiado, departamentos universitarios y centros de investigación) que se dedican a informar sobre el consumo de droga y prevenirlo.

Artículo 8

Tipos de intervención

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

- Subvenciones.

- Contratos públicos.

2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos de emergencia excepcionales y debidamente justificados, o cuando las características del beneficiario lo impongan como única opción posible para una acción determinada, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación estará especificado en los programas de trabajo anuales.

3. Por otro lado, se prevén gastos para medidas complementarias a través de la realización de contratos públicos, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarían a la compra de bienes y servicios. Esto abarcaría, entre otras cosas, los gastos en acciones de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.

Artículo 9

Medidas de ejecución

1. La Comisión pondrá en práctica la asistencia comunitaria de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero del Consejo [Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002], aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2. A efectos de la aplicación del Programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites de los objetivos generales establecidos en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas complementarias previstas en el artículo 8, así como, en su caso, una lista de otras acciones.

3. El programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10, apartado 2, del Programa.

4. Los procedimientos de evaluación y adjudicación de las subvenciones de la acción tendrán en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:

a) Conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

b) Calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos.

c) Importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos.

d) Incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

5. Las solicitudes de subvenciones de funcionamiento contempladas en el artículo 4, apartados 3 y 4, se examinarán a la luz de los siguientes criterios:

- su pertinencia en relación con los objetivos del Programa

- la calidad de las actividades previstas

- el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos

- la cobertura geográfica de las actividades previstas

- la implicación de los ciudadanos en las estructuras de los organismos en cuestión

- la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero, el principio del carácter degresivo de la subvención no se aplicará a la subvención de funcionamiento concedida a la Federación Europea para los niños desaparecidos y sexualmente explotados, ya que ésta persigue un objetivo de interés general europeo en el ámbito de los derechos y la protección de los niños.

Artículo 10

Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión (en lo sucesivo, “el Comité”).

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 11

Complementariedad

1. Se buscarán sinergias y complementariedades con otros instrumentos comunitarios, en particular con los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades, y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, con el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo y con los programas de "Salud Pública" y "Safer Internet plus". También se buscará activamente una complementariedad con el Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías. La información estadística sobre la violencia y las drogas se elaborará en colaboración con los Estados miembros, recurriendo, en su caso, al Programa Estadístico Comunitario.

2. El presente Programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, y en concreto con los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades, y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, así como con el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de todos estos programas.

3. Las operaciones financiadas en el marco de la presente Decisión no recibirán ningún apoyo para los mismos fines de otros instrumentos financieros comunitarios. Los beneficiarios de la presente Decisión proporcionarán a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.

Artículo 12

Recursos presupuestarios

1. El presupuesto destinado a financiar la aplicación del presente instrumento se fija en 138.2 millones de euros para el período indicado en el artículo 1.

2. Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el presente Programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Artículo 13

Seguimiento

1. En relación con cualquier acción financiada por el presente Programa, el beneficiario deberá presentar informes técnicos y financieros sobre el avance de las actividades. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse además un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.

2. Independientemente de los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas en colaboración con las instituciones o servicios de control nacionales competentes en aplicación del artículo 248 del Tratado, y de cualquier inspección realizada en virtud del artículo 279, letra c), del Tratado, los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles in situ, inclusive por muestreo, de las acciones financiadas por el presente Programa.

3. Los contratos y acuerdos resultantes de la presente Decisión deberán prever, en particular, la supervisión y el control financiero por la Comisión (o sus representantes autorizados), inclusive sobre el terreno, y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

4. El beneficiario de una ayuda financiera conservará a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un período de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a dicha acción.

5. Sobre la base de los resultados de los informes y controles por muestreo a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión adaptará, si procede, la cuantía y las condiciones de asignación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de pagos.

6. La Comisión adoptará cualquier otra medida necesaria para comprobar que las acciones financiadas se realizan correctamente y de conformidad con las disposiciones de la Presente Decisión y del Reglamento financiero.

Artículo 14

Protección de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) del Consejo nº 2988/95 y (Euratom, CE) nº 2185/96 y en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del presente Programa, los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95 y (Euratom, CE) n° 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluidos los incumplimientos de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del Programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a presupuestos gestionados por ellas.

3. La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará el importe de la ayuda financiera concedida a una acción en caso de descubrir irregularidades, incluida la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, la decisión individual o el contrato o el convenio por el que se concede la ayuda financiera en cuestión, o cuando tenga constancia de que, sin la autorización de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con su naturaleza o con las condiciones de ejecución que le sean aplicables.

4. En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción sólo permita justificar una parte de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus observaciones en un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión podrá cancelar el resto de la ayuda financiera y exigir el reembolso de las sumas ya pagadas.

5. Toda suma indebidamente pagada deberá ser reintegrada a la Comisión. Las sumas no reembolsadas puntualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.

Artículo 15

Evaluación

1. El Programa será objeto de seguimiento regular con el fin de comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

2. La Comisión garantizará la realización de una evaluación regular, independiente y externa del Programa.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

a) Un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del presente Programa, a más tardar el 31 de marzo de 2011.

b) Una Comunicación sobre la prosecución del presente Programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012.

c) Un informe de evaluación a posteriori, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 16

Medidas transitorias

Se deroga la Decisión n° 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II).

Las acciones cubiertas por la citada Decisión que tengan una fecha de inicio anterior al 31 de diciembre de 2006 seguirán rigiéndose por ella hasta su conclusión. El Comité contemplado en el artículo 7 de dicha Decisión se sustituye por el Comité contemplado en el artículo 10 de la presente Decisión.

Artículo 17

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea . Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Hecho en Bruselas, […]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO

El establecimiento de las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 ha estado guiado desde el comienzo por un enfoque basado en las políticas, con el fin de garantizar la coherencia entre los objetivos políticos y los importes asignados para su consecución. En este contexto, el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia se considera una de las principales prioridades de la Unión Europea para los próximos años, razón por la cual se han incrementado substancialmente los recursos asignados a este sector. En sus Comunicaciones "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)" [33] y "Perspectivas financieras 2007-2013" [34], la Comisión destacaba asimismo la importancia de utilizar la revisión de los instrumentos jurídicos en el marco de las próximas perspectivas financieras para avanzar de forma significativa en el proceso de simplificación. Al estructurar sus propuestas en torno a tres programas generales basados en las políticas ("Solidaridad y gestión de los flujos migratorios”, "Derechos fundamentales y justicia" y "Seguridad y defensa de las libertades"), la Comisión establece un marco claro para el desarrollo de las intervenciones financieras de la Comunidad en favor de los tres objetivos de la justicia, la libertad y la seguridad.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

2.1. Análisis del problema

El fomento de la ciudadanía de la Unión Europea desarrollará un sentimiento de pertenencia a una Unión que comparte unos valores y derechos fundamentales, manteniendo y respetando la diversidad de las culturas y tradiciones de los pueblos de Europa. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece la ciudadanía europea y los derechos y obligaciones de los ciudadanos de la UE; por su parte, el Tratado de la Unión Europea, junto con la Carta de los Derechos Fundamentales, es la base de la política comunitaria en materia de derechos fundamentales.

Los principales retos a que se enfrenta la Unión en este ámbito durante el período cubierto por las próximas perspectivas financieras pueden definirse de la siguiente forma:

1. La integración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el Tratado constitucional, la apertura del procedimiento de adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los mecanismos de control previstos en el artículo 7 del Tratado UE ya establecidos en el Tratado de Niza implican conjuntamente un significativo refuerzo y la materialización de los valores fundamentales en que se fundamenta el proyecto europeo.

2. Tras la integración de la Carta en el Tratado constitucional, la Unión estará legalmente obligada no sólo a respetar estos derechos, sino también, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, a velar por su efectiva promoción en todos los ámbitos de acción (a nivel interno y externo) que recaen bajo la competencia de la UE.

3. Además, aumentarán de forma espectacular las actividades de control para garantizar que los Estados miembros adoptan el mismo enfoque en sus respectivos ámbitos de competencia, especialmente en el contexto de los retos que plantea una Unión cada vez más diversificada y en crecimiento.

4. Las ONG y demás agentes de la sociedad civil desempeñan un importante papel a la hora de fomentar y proteger los derechos fundamentales en todo el territorio de la Unión Europea y ayudar a los ciudadanos a conocer sus derechos y ejercerlos plenamente. En este sentido, es fundamental velar por que el nivel de acción y compromiso de estas entidades sea equivalente en todos los Estados miembros. Respaldar la labor de la sociedad civil y promover la creación de redes en este ámbito es, pues, un objetivo primordial.

5. Conviene asimismo fomentar el diálogo interconfesional y multicultural, que puede constituir un importante medio para luchar contra la discriminación y promover los derechos fundamentales, la mutua comprensión y la paz.

2.2. Perspectivas para el futuro

La finalidad del presente Programa específico del Programa general de derechos fundamentales y justicia es desarrollar apreciablemente las dos acciones preparatorias existentes (promoción de los derechos fundamentales y apoyo a la sociedad civil) introduciendo nuevos objetivos, tales como la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, singularmente mediante la promoción de un diálogo interconfesional y multicultural en la UE.

El apoyo brindado a la sociedad civil en relación con los derechos fundamentales se ampliará a todos los Estados miembros, mientras que la acción preparatoria actual sólo se aplica a los diez nuevos Estados miembros.

Se prestará especial atención a los derechos que emanan de la ciudadanía de la Unión, reconocidos como derechos fundamentales en la Carta, con vistas, en particular, a fomentar la participación democrática.

Hay previsto un significativo aumento de la dotación financiera con el fin de tener en cuenta la creciente importancia de estas cuestiones y dar una respuesta positiva a los agentes de la sociedad civil.

2.3. Objetivos del Programa e indicadores pertinentes

- Definición de los objetivos generales, específicos y operativos

Fomentar el desarrollo de una sociedad europea basada en la ciudadanía de la Unión Europea y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales. | Promover la Carta de los Derechos Fundamentales e informar a los ciudadanos de la Unión de los derechos que se derivan de la ciudadanía, y alentarles a participar activamente en la vida democrática de la Unión. | Apoyar acciones de sensibilización. |

Garantizar un seguimiento regular de la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros, en el marco de la legislación comunitaria, tomando como documento de referencia la Carta de los Derechos Fundamentales, y, en su caso, recabar dictámenes sobre cuestiones específicas vinculadas a los derechos fundamentales. | Preparar informes o dictámenes regulares sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE. |

Explicar las consecuencias de la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Constitución y de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. | Financiar campañas de información en estos ámbitos. |

Luchar contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia y reforzar la sociedad civil en el ámbito de los derechos fundamentales. | Apoyar a las ONG y demás agentes de la sociedad civil con el fin de aumentar su capacidad para participar activamente en la promoción de los derechos fundamentales. Combatir el antisemitismo, el racismo y la xenofobia promoviendo una mejor comprensión y una mayor tolerancia en todo el territorio de la Unión Europea. Promover la paz y los derechos fundamentales, singularmente a través de un diálogo interconfesional y multicultural a nivel de la UE. | Entablar un diálogo abierto, transparente y regular con la sociedad civil sobre los derechos fundamentales. Financiar acciones de sensibilización. Ofrecer un apoyo financiero a las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades cuyos objetivos revistan un interés general europeo. Realizar estudios y análisis en estos ámbitos. |

Todos estos objetivos guardan coherencia con la finalidad global de apoyo al desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia del Programa general de derechos fundamentales y justicia.

- Complementariedad y coherencia con otros instrumentos

Este Programa buscará de forma activa una complementariedad con la futura Agencia de Derechos Fundamentales, heredera del actual Observatorio europeo del racismo y la xenofobia, con el fin de evitar solapamientos y desarrollar sinergias.

Este Programa estará asimismo completado por los otros programas específicos incluidos en el Programa general de derechos fundamentales y justicia, y en concreto por el Programa específico de lucha contra la violencia (Daphne) e información y prevención en materia de drogas, orientado a luchar contra la violencia - objetivo que indudablemente forma parte de la protección de los derechos fundamentales consagrados por la Carta, y en particular del derecho a la integridad física - y a combatir el consumo y el tráfico de drogas.

Se prestará especial atención a los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, en la medida en que constituyen un complemento del presente Programa, y se obtendrá ciertamente un efecto de sinergia con ellos. Con el fin de fomentar la tolerancia y la mutua comprensión, lo que contribuirá a la integración de los nacionales de terceros países, se prestará una especial atención al diálogo con los emigrantes.

También se han tenido en cuenta otros programas, y en concreto el Programa de fomento del empleo y la solidaridad social (PROGRESS) y el Programa de ciudadanía activa, con el fin de evitar solapamientos y garantizar la coherencia y la complementariedad, especialmente por lo que se refiere a las acciones financiadas por el presente Programa que podrían tener una incidencia positiva en la lucha contra la discriminación y en la promoción de un diálogo intercultural.

Cuando proceda, se buscará asimismo una complementariedad en la ejecución efectiva de los programas, con el fin de coordinar las actividades realizadas en el marco de cada uno ellos.

3. EVALUACIÓN

3.1. Conclusiones de las evaluaciones intermedias o finales

Existen actualmente dos acciones preparatorias orientadas a promover los derechos fundamentales y brindar apoyo a la sociedad civil.

La primera acción preparatoria sobre derechos fundamentales financia en la actualidad dos diferentes proyectos: un informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros, elaborado por una red de expertos independientes, y la financiación de proyectos cuyo objetivo sea informar a todas las personas que residen en la Unión Europea sobre la Carta de los Derechos Fundamentales y organizar campañas de sensibilización sobre los derechos fundamentales en el contexto de la legislación comunitaria.

La segunda acción preparatoria tiene por objeto apoyar a la sociedad civil en los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.

Aunque estas acciones preparatorias son demasiado recientes como para permitir su adecuada evaluación, la entusiasta participación de la sociedad civil confirma la necesidad de crear un programa estructurado que garantice la continuación de estas actividades a mayor escala.

Por otra parte, los contactos regulares con la sociedad civil confirman que es conveniente profundizar en el diálogo abierto y sistemático ya entablado con las ONG en el ámbito de los derechos fundamentales y evidencian la necesidad de organizar ulteriores campañas de sensibilización sobre los derechos fundamentales y promover la creación de redes entre las ONG de los distintos Estados miembros.

3.2. Evaluación ex ante

El documento de trabajo de la Comisión que presenta la evaluación ex ante del Programa general de derechos fundamentales y justicia pone de manifiesto que el medio de acción elegido para lograr los objetivos fijados es el adecuado.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO PROPUESTO

4.1. Fundamento jurídico

Este Programa específico del Programa general de derechos fundamentales y justicia se basa en el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Dicho artículo prevé que cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr uno de los objetivos de la Comunidad, esta acción será posible aunque el Tratado no haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto.

El Tratado no contiene ningún fundamento jurídico específicamente aplicable a los objetivos del Presente programa, ya que éstos se refieren a la promoción de los derechos fundamentales previstos por la Carta en general, y no solamente a la promoción de unos derechos fundamentales concretos para los que sí existe un fundamento jurídico preciso. Tales objetivos contribuirán no obstante a la definición y aplicación de las competencias y políticas de la UE, sensibilizando a todos los ciudadanos de la Unión Europea ante los derechos fundamentales que les reconoce la legislación comunitaria.

En la medida en que el Programa contribuye a lograr los objetivos comunitarios, el fundamento jurídico propuesto es el adecuado.

4.2. Acciones definidas en el Programa

Se prevén distintos tipos de acciones:

- Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

- Acciones que ofrezcan ayuda financiera para proyectos específicos de interés comunitario en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

- Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

- Concesión de una subvención de funcionamiento a la Asociación de los Consejos de Estado y de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea, que persigue un objetivo de interés general europeo promoviendo el intercambio de opiniones y experiencias en materia de jurisprudencia y en relación con la organización y funcionamiento de sus miembros en el ejercicio de sus funciones judiciales o consultivas, especialmente por lo que se refiere a la legislación comunitaria.

4.3. Subsidiariedad y proporcionalidad

La presente propuesta se ha concebido en armonía con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado CE y su Protocolo anexo. Por lo que se refiere a la subsidiariedad, este Programa no se propone intervenir en los ámbitos cubiertos por los programas nacionales establecidos por las autoridades de cada Estado miembro, sino centrarse en los ámbitos en que Europa puede aportar un valor añadido. En este sentido, la gran mayoría de las acciones respaldadas por el Programa pueden considerarse complementarias de las acciones nacionales y dirigidas a aprovechar al máximo la sinergia resultante de las acciones desarrolladas a nivel internacional y regional.

Por lo que se refiere a la proporcionalidad, la nueva propuesta de programa tiene por objeto simplificar al máximo no sólo la forma de las acciones - las definiciones de éstas en el texto legislativo siguen siendo lo más genéricas posible -, sino también las condiciones administrativas y financieras aplicables a su ejecución. La Comisión ha tratado de encontrar el justo equilibrio entre, por una parte, la flexibilidad y la facilidad de utilización, y, por otra, la claridad de los objetivos y la adecuación de las garantías financieras y procesales.

A la luz de las orientaciones que fija el Protocolo sobre la aplicación de estos dos principios, resulta evidente que los problemas a los que este Programa intenta hacer frente tienen aspectos transnacionales y, por lo tanto, una acción a escala comunitaria tendrá repercusiones positivas tanto en las acciones de los Estados miembros como a un nivel superior.

4.4. Simplificación y racionalización

El enfoque propuesto contribuirá al objetivo primordial de simplificar los instrumentos tanto en términos jurídicos como de gestión, así como a racionalizar la estructura presupuestaria. Reforzará asimismo la coherencia y la homogeneidad de tales instrumentos, evitando las posibles duplicaciones. Se precisarán recursos humanos suplementarios para hacer frente a las futuras ampliaciones, pero se conseguirá una mejor distribución de estos recursos gracias al abandono de las líneas presupuestarias de menor importancia (que absorben tales recursos de forma desproporcionada) y a la reagrupación de los programas existentes en un programa único, coherente y racionalizado. Aumentará con esto la proporcionalidad entre la magnitud del gasto y el coste administrativo de su gestión.

La simplificación y racionalización propuestas beneficiarán a los usuarios finales al aumentar la visibilidad, claridad y coherencia de los instrumentos. Para los beneficiarios potenciales será más fácil solicitar la financiación en los diversos ámbitos gracias a un enfoque más normalizado y a la armonización de las disposiciones de aplicación.

La Comisión podría decidir confiar una parte de la ejecución del presupuesto a las agencias de Derecho comunitario a que se refiere el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento financiero. La Comisión designaría estas agencias de acuerdo con las disposiciones de los artículos 55 y 56 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo y el artículo 37 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión. Antes de proceder a la delegación, la Comisión realizará una evaluación previa para cerciorarse de que la creación de estas agencias se ajusta al principio de buena gestión financiera.

El nuevo instrumento propuesto sigue el enfoque definido por la Comisión en relación con los retos políticos y financieros posteriores a 2007. El objetivo es completar, simplificar y racionalizar los instrumentos existentes y garantizar la flexibilidad necesaria para hacer frente a nuevos objetivos y ajustarse sin dificultad al nuevo marco jurídico, que se establecerá tras la entrada en vigor del Tratado constitucional.

5. IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS

El coste del Programa general de derechos fundamentales y justicia para el periodo 2007-2013 asciende a 543 millones de euros; al presente Programa específico se le asignará la siguiente cantidad: 96,5 millones de euros.

2005/0038 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de derechos fundamentales y ciudadanía en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión[35],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[36],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[37],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[38],

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros.

(2) El artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

(3) La Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada el 7 de diciembre de 2000, constituye la síntesis de los valores fundamentales en los que se fundamenta la Unión Europea[39].

(4) Tal y como se indica en el Programa de La Haya adoptado por el Consejo Europeo de Bruselas de los días 4 y 5 de noviembre de 2004, la inclusión de la Carta en el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa y la adhesión al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales impondrán a la Unión Europea, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, la obligación jurídica no sólo de respetar, sino también de promover activamente, los derechos fundamentales en todos sus ámbitos de actuación.

(5) En su Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea[40], la Comisión destacaba la importancia del papel que la sociedad civil desempeña tanto en la protección como en la promoción de los derechos fundamentales.

(6) La Comisión subraya la importancia de las acciones de información y comunicación sobre los derechos que la ciudadanía de la Unión Europea confiere a los ciudadanos de la Unión para que éstos conozcan mejor sus derechos y gocen de un fácil acceso a una información fiable.

(7) En noviembre de 2004, el Consejo Europeo reconoció la importancia de la comunicación para acercar a todos los ciudadanos al proyecto europeo fomentando una ciudadanía activa.

(8) La Asociación de los Consejos de Estado y de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea promueve el intercambio de opiniones y experiencias en materia de jurisprudencia y en relación con la organización y funcionamiento de sus miembros en el ejercicio de sus funciones judiciales o consultivas, especialmente por lo que se refiere a la legislación comunitaria, y persigue por lo tanto un objetivo de interés general europeo.

(9) Para la adopción de la presente Decisión no se prevén en el Tratado poderes distintos de los fijados en el artículo 308.

(10) Es asimismo conveniente adoptar las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y fraudes, así como las necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados.

(11) La presente Decisión establece, para toda la duración del Programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario[41], constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria.

(12) Los objetivos del presente Programa, y en particular los relacionados con la promoción de la Carta de los Derechos Fundamentales - incluidos los que emanan de la ciudadanía europea –, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo a través de un diálogo interconfesional y multicultural no pueden alcanzarse adecuadamente por los Estados miembros y pueden por lo tanto, en razón del alcance o incidencia de la iniciativa, lograrse de manera más satisfactoria a nivel comunitario. La Comunidad puede adoptar medidas sin menoscabo del principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el principio de proporcionalidad a que se refiere dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(13) El Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[42], en lo sucesivo “el Reglamento financiero”, y el Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002[43], que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deberán aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, de la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, así como de la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

(14) El Reglamento financiero exige que las subvenciones de funcionamiento estén cubiertas por un acto de base.

(15) De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[44], procede adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Decisión según el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 3 de dicha Decisión. El recurso a este procedimiento se justifica por el hecho de que el Programa no tiene incidencia significativa en el presupuesto comunitario.

DECIDE:

Artículo 1

Creación del Programa

1. Por la presente Decisión se crea el Programa de derechos fundamentales y ciudadanía, denominado en lo sucesivo "el Programa", en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia, con el fin de contribuir al refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2. El Programa cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 2

Objetivos generales

1. El Programa perseguirá los siguientes objetivos generales:

a) Promover el desarrollo de una sociedad europea basada en el respeto de los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los derechos que emanan de la ciudadanía de la Unión Europea, llamada a convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros.

b) Reforzar la sociedad civil y fomentar un diálogo abierto, transparente y regular con ella sobre los derechos fundamentales.

c) Combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.

2. Los objetivos generales del programa son complementarios de los perseguidos por la Agencia de Derechos Fundamentales, heredera del Observatorio europeo del racismo y la xenofobia.

3. Sin perjuicio de los objetivos y prerrogativas de la Comunidad Europea, los objetivos generales del Programa contribuyen al desarrollo de políticas comunitarias respetuosas de los derechos fundamentales.

Artículo 3

[Objetivos específicos]

El Programa perseguirá los siguientes objetivos específicos:

25. Promover la Carta de los Derechos Fundamentales e informar a todos los ciudadanos sobre sus derechos, inclusive los que emanan de la ciudadanía de la UE, con el fin de alentar a los ciudadanos de la Unión Europea a participar activamente en la vida democrática de la Unión.

26. Hacer un seguimiento regular de la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros, dentro de los límites del ámbito de aplicación de la legislación comunitaria, tomando como documento de referencia la Carta de los Derechos Fundamentales, y, en su caso, recabar dictámenes sobre cuestiones específicas vinculadas a los derechos fundamentales dentro de dichos límites.

27. Explicar las consecuencias de la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Constitución y de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

28. Apoyar a las ONG y demás agentes de la sociedad civil con el fin de aumentar su capacidad para participar activamente en la promoción de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia.

29. Promover la paz y los derechos fundamentales, especialmente a través de un diálogo interconfesional y multicultural en la UE.

Artículo 4

Acciones

Con el fin de lograr los objetivos generales y específicos definidos en los artículos 2 y 3, el presente Programa apoyará los siguientes tipos de acciones:

30. Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

31. Proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por al menos tres Estados miembros en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

32. Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con los objetivos generales del Programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

33. Concesión de una subvención de funcionamiento destinada a cofinanciar los gastos derivados del programa de trabajo permanente de la Asociación de los Consejos de Estado y de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea, que persigue un objetivo de interés general europeo promoviendo el intercambio de opiniones y experiencias en materia de jurisprudencia y en relación con la organización y funcionamiento de sus miembros en el ejercicio de sus funciones judiciales o consultivas, especialmente por lo que se refiere a la legislación comunitaria.

Artículo 5

Participación

Las acciones del presente Programa estarán abiertas a los siguientes países, en lo sucesivo denominados "países participantes":

34. Los países candidatos asociados a la Unión, así como los países de los Balcanes occidentales que participan en el proceso de estabilización y asociación en las condiciones previstas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios ya celebrados o en vías de celebración con estos países.

35. Podrán asimismo asociarse a los proyectos los países candidatos a la adhesión que no participan en el presente Programa, cuando ello pueda contribuir a preparar su adhesión, u otros países terceros que no participan en el presente Programa, cuando ello contribuya a la finalidad de los proyectos.

Artículo 6

Grupos destinatarios

El programa se dirige a los ciudadanos de la UE, a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de la UE, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos que desarrollan actividades de promoción de los objetivos del presente Programa.

Artículo 7

Acceso al programa

El presente Programa estará abierto, en particular, a la participación de organizaciones e instituciones públicas o privadas, universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, autoridades nacionales, regionales y locales, organizaciones internacionales y otras organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión Europea.

El programa permitirá el desarrollo de actividades conjuntas realizadas con organizaciones internacionales competentes en el ámbito de los derechos fundamentales, tales como el Consejo de Europa, sobre la base de contribuciones comunes y de acuerdo con las distintas disposiciones vigentes en cada institución u organización, a efectos de la consecución de los objetivos del Programa.

Artículo 8

Tipos de intervención

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

- Subvenciones.

- Contratos públicos.

2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos de emergencia excepcionales y debidamente justificados, o cuando las características del beneficiario lo impongan como única opción posible para una acción determinada, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación estará especificado en los programas de trabajo anuales.

3. Por otro lado, se prevén gastos para medidas complementarias, a través de la realización de contratos públicos, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarían a la compra de bienes y servicios. Esto abarcaría, entre otras cosas, los gastos en acciones de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.

Artículo 9

Medidas de ejecución

1. La Comisión pondrá en práctica la asistencia comunitaria de acuerdo con el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2. A efectos de la aplicación del Programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites de los objetivos generales establecidos en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas complementarias previstas en el artículo 8, así como, en su caso, una lista de otras acciones.

3. El programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10, apartado 2, del Programa.

4. Los procedimientos de evaluación y adjudicación de las subvenciones de la acción tendrán en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:

a) Conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

b) Calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos.

c) Importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos.

d) Incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

5. Las solicitudes de subvenciones de funcionamiento contempladas en el artículo 4, apartados 3 y 4, se examinarán a la luz de los siguientes criterios:

- su pertinencia en relación con los objetivos del Programa

- la calidad de las actividades previstas

- el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos

- la cobertura geográfica de las actividades previstas

- la implicación de los ciudadanos en las estructuras de los organismos en cuestión

- la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero, el principio del carácter degresivo de la subvención no se aplicará a la subvención de funcionamiento concedida a la Asociación de los Consejos de Estado y de las jurisdicciones administrativas supremas de la Unión Europea, ya que ésta persigue un objetivo de interés general europeo.

Artículo 10

Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión (en lo sucesivo, “el Comité”).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 11

Complementariedad

1. Se buscarán sinergias y complementariedades con otros instrumentos comunitarios, en particular con los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades, y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, así como con el Programa "Progress". También se buscará activamente una complementariedad con la Agencia de Derechos Fundamentales, heredera del Observatorio europeo del racismo y la xenofobia. La información estadística sobre los derechos fundamentales y la ciudadanía se elaborará en colaboración con los Estados miembros, recurriendo, en su caso, al Programa Estadístico Comunitario.

2. El presente Programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, y en concreto con los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades, y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de todos estos programas.

3. Las operaciones financiadas en el marco de la presente Decisión no recibirán ningún apoyo para los mismos fines de otros instrumentos financieros comunitarios. Los beneficiarios de la presente Decisión proporcionarán a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.

Artículo 12

Recursos presupuestarios

Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el presente Programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Artículo 13

Seguimiento

1. En relación con cualquier acción financiada por el presente Programa, el beneficiario deberá presentar informes técnicos y financieros sobre el avance de las actividades. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse además un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.

2. Independientemente de los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas en colaboración con las instituciones o servicios de control nacionales competentes en aplicación del artículo 248 del Tratado, y de cualquier inspección realizada en virtud del artículo 279, letra c), del Tratado, los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles in situ, inclusive por muestreo, de las acciones financiadas por el presente Programa.

3. Los contratos y acuerdos resultantes de la presente Decisión deberán prever, en particular, la supervisión y el control financiero por la Comisión (o sus representantes autorizados), inclusive sobre el terreno, y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

4. El beneficiario de una ayuda financiera conservará a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un período de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a dicha acción.

5. Sobre la base de los resultados de los informes y controles por muestreo a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión adaptará, si procede, la cuantía y las condiciones de asignación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de pagos.

6. La Comisión adoptará cualquier otra medida necesaria para comprobar que las acciones financiadas se realizan correctamente y de conformidad con las disposiciones de la Presente Decisión y del Reglamento financiero.

Artículo 14

Protección de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) del Consejo nº 2988/95 y (Euratom, CE) nº 2185/96 y en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del presente Programa, los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95 y (Euratom, CE) n° 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluidos los incumplimientos de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del Programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a presupuestos gestionados por ellas.

3. La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará el importe de la ayuda financiera concedida a una acción en caso de descubrir irregularidades, incluida la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, la decisión individual o el contrato o el convenio por el que se concede la ayuda financiera en cuestión, o cuando tenga constancia de que, sin la autorización de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con su naturaleza o con las condiciones de ejecución que le sean aplicables.

4. En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción sólo permita justificar una parte de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus observaciones en un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión podrá cancelar el resto de la ayuda financiera y exigir el reembolso de las sumas ya pagadas.

5. Toda suma indebidamente pagada deberá ser reintegrada a la Comisión. Las sumas no reembolsadas puntualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.

Artículo 15

Evaluación

1. El Programa será objeto de seguimiento regular con el fin de comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

2. La Comisión garantizará la realización de una evaluación regular, independiente y externa del Programa.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

a) Un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del presente Programa, a más tardar el 31 de marzo de 2011.

b) Una Comunicación sobre la prosecución del presente Programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012.

c) Un informe de evaluación a posteriori, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 16

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea . Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Hecho en Bruselas, […]

Por el Consejo

El Presidente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO

El establecimiento de las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 ha estado guiado desde el comienzo por un enfoque basado en las políticas, con el fin de garantizar la coherencia entre los objetivos políticos y los importes asignados para su consecución. En este contexto, el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia se considera una de las principales prioridades de la Unión Europea para los próximos años, razón por la cual se han incrementado substancialmente los recursos asignados a este sector. En sus Comunicaciones "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)" [45] y "Perspectivas financieras 2007-2013" [46], la Comisión destacaba asimismo la importancia de utilizar la revisión de los instrumentos jurídicos en el marco de las próximas perspectivas financieras para avanzar de forma significativa en el proceso de simplificación. Al estructurar sus propuestas en torno a tres programas generales basados en las políticas ("Solidaridad y gestión de los flujos migratorios”, "Derechos fundamentales y justicia" y "Seguridad y defensa de las libertades"), la Comisión establece un marco claro para el desarrollo de las intervenciones financieras de la Comunidad en favor de los tres objetivos de la justicia, la libertad y la seguridad.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

2.1. Análisis del problema

El derecho a circular libremente dentro de la Unión (una de las cuatro libertades en las que se basa el mercado único) exige la aprobación de medidas en materia penal que combatan la posible impunidad de los actos delictivos y sus autores.

Es preciso proteger los intereses comunes de la UE frente a una delincuencia que puede dañar esos intereses bien en razón de su dimensión transfronteriza, bien porque conculca los valores comunes de la Unión, como el respeto del ciudadano, la democracia o la buena gobernanza (de ahí la necesidad de adoptar medidas contra la explotación sexual de los niños, el racismo, el fraude y la corrupción). La adopción de un enfoque común al respecto es el reflejo del desarrollo de un orden público europeo. Este enfoque debe asimismo tener en cuenta la necesidad de garantizar un elevado grado de protección de los derechos de la persona, basándose, por ejemplo, en los logros ya alcanzados en materia de derechos de las víctimas, reforzando los derechos de las personas detenidas y definiendo un marco normativo para la ejecución de las condenas y la reinserción social de los delincuentes. En efecto, la incompatibilidad o la complejidad de los sistemas administrativos y jurídicos de los Estados miembros no deberían impedir a los individuos y empresas ejercer sus derechos, ni disuadirles de hacerlo.

2.2. Perspectivas para el futuro

La creación de un verdadero espacio europeo de justicia es indispensable para la promoción y defensa de los derechos fundamentales. E llo permitirá a las autoridades judiciales cooperar eficazmente y garantizará a los ciudadanos un acceso más fácil a la justicia, sin que las incompatibilidades y complejidades de los sistemas jurídicos les impidan o disuadan de ejercer sus derechos. Permitirá asimismo sentar el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y redundará en la constante mejora del funcionamiento del sistema judicial.

El reto para la Unión será responder a las expectativas de los ciudadanos que buscan soluciones eficaces a sus problemas concretos. Esto implicará, en particular:

- A medida que se amplía el acervo, aumentar los esfuerzos consagrados al seguimiento de su aplicación en los Estados miembros, inclusive mediante la utilización de los medios más modernos (bases de datos jurisprudenciales, etc.).

- Desarrollar ulteriormente la legislación existente en la perspectiva de facilitar el acceso a la justicia y mejorar su eficacia.

- Consolidar los mecanismos de difusión de la información entre los ciudadanos y promover la formación y los intercambios de los profesionales del Derecho sobre las implicaciones de los instrumentos de cooperación en este ámbito.

- Adoptar medidas legislativas para establecer instrumentos comunes de cooperación. Más concretamente, se trata por una parte de mejorar la eficacia de los mecanismos de intercambio de información entre los Estados miembros sobre las personas condenadas por lo penal, mediante la creación, en particular, de un sistema informatizado de intercambio de información sobre los registros de penados y, por otra, de mejorar las normas relativas a determinados procedimientos, tales como la recogida de pruebas y la protección de las personas implicadas en los procedimientos penales en calidad de acusados, testigos o víctimas.

- Adoptar ulteriores medidas para mejorar la comprensión y la utilización de los instrumentos y procedimientos comunes entre los profesionales del Derecho.

2.3. Objetivos del Programa e indicadores pertinentes

- Definición de los objetivos generales, específicos y operativos

Fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito penal basado en el mutuo reconocimiento y la mutua confianza. | Promover la adaptación de los sistemas judiciales existentes en los Estados miembros a una Unión Europea que es ya un territorio sin controles en las fronteras dotado con una moneda única y dentro del cual las personas, los servicios, las mercancías y los capitales circulan libremente. | Mejorar el conocimiento recíproco de la legislación y de los sistemas judiciales de los Estados miembros en materia penal y promover y reforzar la constitución de redes, la cooperación mutua, el intercambio y la difusión de la información, la experiencia y las mejores prácticas. Velar por la adecuada ejecución y la correcta y concreta aplicación y evaluación de los instrumentos comunitarios en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal. |

Mejorar la vida cotidiana de los particulares y las empresas, permitiéndoles hacer valer sus derechos en todo el territorio de la Unión Europea y facilitando, en particular, el acceso a la justicia. | Mejorar la información sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y el acceso a la justicia. |

Reforzar los contactos entre las autoridades judiciales y administrativas y los profesionales del Derecho, con vistas a mejorar el intercambio de información sobre los asuntos penales entre los Estados miembros y promover la formación de los miembros del poder judicial. | Promover la formación de los miembros del poder judicial y de los profesionales del Derecho sobre las cuestiones relativas a la Unión. Evaluar las condiciones generales necesarias para reforzar la confianza mutua, incluida la calidad de la justicia. Crear y establecer un sistema europeo informatizado de intercambio de información sobre los registros de penados y financiar estudios orientados al desarrollo de otros tipos de intercambio de información. |

Todos estos objetivos guardan coherencia con la finalidad global de apoyo al desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia del Programa general de derechos fundamentales y justicia.

- Complementariedad y coherencia con otros instrumentos

A la hora de elaborar el Programa, se puso especial cuidado en garantizar la coherencia con otros programas que financian actividades en los mismos ámbitos de acción y en asegurar la mutua complementariedad y sinergia.

Este Programa estará asimismo completado por los otros programas específicos incluidos en el Programa general de derechos fundamentales y justicia, y en concreto por el Programa específico de justicia civil sobre la cooperación judicial en materia civil. El programa de justicia civil se ajusta en la medida de lo posible a los objetivos y la estructura del presente Programa y tiene por objeto garantizar que la complejidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros no obstaculiza o desalienta el ejercicio del derecho a circular libremente en la Unión.

También se buscará una complementariedad con Eurojust, que es un organismo de la Unión Europea creado para mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros que se ocupan de la investigación y las acciones judiciales contra delitos graves cometidos por la delincuencia organizada y transfronteriza, incluido el terrorismo, mediante el fomento y la mejora de la cooperación entre dichas autoridades. Eurojust pone especial cuidado en garantizar una plena cooperación entre las autoridades nacionales competentes y constituye, por lo tanto, un complemento esencial del Programa sobre los derechos fundamentales y la justicia, y en particular del Programa específico de justicia penal.

También debe existir una complementariedad con el Programa general de seguridad y defensa de las libertades, cuyo principal objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley a través de una cooperación entre la policía y otras fuerzas de seguridad no judiciales, mientras que el presente Programa se centra en los aspectos judiciales.

Conviene por último garantizar una complementariedad con el Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, especialmente por lo que se refiere al asilo y los regímenes de integración de nacionales de terceros países.

3. EVALUACIÓN

3.1. Conclusiones de las evaluaciones intermedias o finales

Aunque se esté actualmente llevando a cabo una evaluación exhaustiva del Programa AGIS, ya puede afirmarse que dicho Programa ha resultado extremadamente útil y parece haber contribuido en buena medida a la mejora de la comprensión mutua entre las autoridades e instituciones nacionales. El primer informe anual sobre la aplicación del Programa subraya que el elevado número de propuestas recibidas, que superó el presupuesto disponible, es indicativo del claro interés que el Programa despierta entre sus beneficiarios potenciales. Destaca asimismo que las conferencias y seminarios constituyen indudablemente el tipo de acción más importante, ya que representan casi la mitad (46,4%) del número total de proyectos cofinanciados. Por orden de importancia vienen a continuación los trabajos de investigación, los estudios y la creación de redes (26,8% de los proyectos cofinanciados). La formación y los programas de intercambio que, por su naturaleza, son más difíciles de poner en práctica que las otras acciones citadas, representan una quinta parte (20,5 %) de los proyectos cofinanciados.

3.2. Evaluación ex ante

El documento de trabajo de la Comisión que presenta la evaluación ex ante del Programa general de derechos fundamentales y justicia pone de manifiesto que el medio de acción elegido para lograr los objetivos fijados es el adecuado.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO PROPUESTO

4.1. Fundamento jurídico

Este Programa específico del Programa general de derechos fundamentales y justicia se basa en el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea.

En dicho artículo se indica el contenido de la acción en común sobre cooperación judicial en materia penal.

El artículo 34, apartado 2, letra c), del Tratado de la Unión Europea establece que el Consejo podrá adoptar decisiones en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal.

Dado que el Programa se centra en la cooperación judicial en materia pena, el fundamento jurídico propuesto es el adecuado.

4.2. Acciones definidas en el Programa

Se prevén distintos tipos de acciones:

- Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; creación y ejecución de proyectos específicos, como la creación de un sistema informático de intercambio de información sobre los registros de penados; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

- Acciones que ofrezcan ayuda financiera para proyectos específicos de interés comunitario en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

- Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

- Concesión de una subvención de funcionamiento a la Red europea de formación judicial, que persigue un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la formación de los miembros del poder judicial.

4.3. Subsidiariedad y proporcionalidad

La presente propuesta se ha concebido en armonía con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado CE y su Protocolo anexo. Por lo que se refiere a la subsidiariedad, este Programa no se propone intervenir en los ámbitos cubiertos por los programas nacionales establecidos por las autoridades de cada Estado miembro, sino centrarse en los ámbitos en que Europa puede aportar un valor añadido. En este sentido, la gran mayoría de las acciones respaldadas por el Programa pueden considerarse complementarias de las acciones nacionales y dirigidas a aprovechar al máximo la sinergia resultante de las acciones desarrolladas a nivel internacional y regional.

Por lo que se refiere a la proporcionalidad, la nueva propuesta de programa tiene por objeto simplificar al máximo no sólo la forma de las acciones - las definiciones de éstas en el texto legislativo siguen siendo lo más genéricas posible -, sino también las condiciones administrativas y financieras aplicables a su ejecución. La Comisión ha tratado de encontrar el justo equilibrio entre, por una parte, la flexibilidad y la facilidad de utilización, y, por otra, la claridad de los objetivos y la adecuación de las garantías financieras y procesales.

A la luz de las orientaciones que fija el Protocolo sobre la aplicación de estos dos principios, resulta evidente que los problemas a los que este Programa intenta hacer frente tienen aspectos transnacionales y, por lo tanto, una acción a escala comunitaria tendrá repercusiones positivas tanto en las acciones de los Estados miembros como a un nivel superior.

4.4. Simplificación y racionalización

El enfoque propuesto contribuirá al objetivo primordial de simplificar los instrumentos tanto en términos jurídicos como de gestión, así como a racionalizar la estructura presupuestaria. Reforzará asimismo la coherencia y la homogeneidad de tales instrumentos, evitando las posibles duplicaciones. Se precisarán recursos humanos suplementarios para hacer frente a las futuras ampliaciones, pero se conseguirá una mejor distribución de estos recursos gracias al abandono de las líneas presupuestarias de menor importancia (que absorben tales recursos de forma desproporcionada) y a la reagrupación de los programas existentes en un programa único, coherente y racionalizado. Aumentará con esto la proporcionalidad entre la magnitud del gasto y el coste administrativo de su gestión.

La simplificación y racionalización propuestas beneficiarán a los usuarios finales al aumentar la visibilidad, claridad y coherencia de los instrumentos. Para los beneficiarios potenciales será más fácil solicitar la financiación en los diversos ámbitos gracias a un enfoque más normalizado y a la armonización de las disposiciones de aplicación.

La Comisión podría decidir en una fase posterior confiar una parte de la ejecución del presupuesto a las agencias de Derecho comunitario a que se refiere el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento financiero. La Comisión designaría estas agencias de acuerdo con las disposiciones de los artículos 55 y 56 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo y el artículo 37 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión. Antes de proceder a la delegación, la Comisión realizará una evaluación previa para cerciorarse de que la creación de estas agencias se ajusta al principio de buena gestión financiera.

El Programa específico propuesto sigue el enfoque definido por la Comisión en relación con los retos políticos y financieros posteriores a 2007. El objetivo es completar, simplificar y racionalizar los instrumentos existentes y garantizar la flexibilidad necesaria para hacer frente a nuevos objetivos y ajustarse sin dificultad al nuevo marco jurídico, que se establecerá tras la entrada en vigor del Tratado constitucional.

5. IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS

El coste del Programa general de derechos fundamentales y justicia para el periodo 2007-2013 asciende a 543 millones de euros; al presente Programa específico se le asignará la siguiente cantidad: 199 millones de euros.

2005/0039 (CNS)

Propuesta de

DECISIÓN DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de justicia penal en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

El CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31 y su artículo 34, apartado 2, letra c),

Vista la propuesta de la Comisión[47],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo[48],

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea establece que el objetivo de la Unión será ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia elaborando una acción en común entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal.

(2) Según el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, la acción en común en materia penal incluirá, entre otras cosas, una cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

(3) Basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, el Programa de La Haya, adoptado por el Consejo Europeo de noviembre de 2004, reafirma la prioridad de una consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, en particular mediante el refuerzo de la cooperación judicial en materia penal, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

(4) El Programa marco sobre cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS), establecido por la Decisión marco del Consejo 2002/630/JAI, de 22 de julio de 2002[49], contribuyó en buena medida al refuerzo de la cooperación entre la policía y otras fuerzas de seguridad y el poder judicial en los Estados miembros, así como a la mejora de la comprensión mutua y la confianza recíproca en sus respectivas policías y sistemas judiciales, jurídicos y administrativos.

(5) Los ambiciosos objetivos fijados por el Tratado y el Programa de La Haya deberían alcanzarse mediante el establecimiento de un programa flexible y eficaz que facilite la planificación y aplicación correspondientes.

(6) Este programa debería mejorar la confianza mutua en el seno del poder judicial. Como ya indicaba el Programa de La Haya, la confianza mutua debe consolidarse mediante el desarrollo de redes de organizaciones e instituciones judiciales, la mejora de la formación de las profesiones de la justicia, el refuerzo de la evaluación de la aplicación de los instrumentos de la UE - lo que incluye la evaluación de la calidad de la justicia -, el desarrollo de la investigación en el ámbito de la cooperación judicial y el fomento de proyectos operativos en los Estados miembros que tengan por objetivo la modernización de la justicia. Debería asimismo facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo mejorando el conocimiento recíproco de las condenas ya dictadas en la Unión Europea mediante, en particular, la creación de un sistema informatizado de intercambio de información sobre los registros de penados.

(7) La Red europea de formación judicial creada por entidades especialmente encargadas de la formación de los profesionales del poder judicial de todos los Estados miembros promueve un programa de formación para jueces y fiscales dotado de una verdadera dimensión europea. Esta iniciativa contribuye a reforzar la confianza recíproca y a mejorar la comprensión mutua entre las autoridades judiciales y los diferentes ordenamientos jurídicos.

(8) Es asimismo conveniente adoptar las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y fraudes, así como las necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados.

(9) La presente Decisión establece, para toda la duración del Programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario[50], constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria.

(10) Dado que los objetivos del Programa de justicia penal no pueden alcanzarse adecuadamente por los Estados miembros en razón del alcance o incidencia de la iniciativa, y dado que es posible lograrlos de manera más satisfactoria a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas sin menoscabo del principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el principio de proporcionalidad a que se refiere dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(11) El Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[51], en lo sucesivo “el Reglamento financiero”, y el Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002[52], que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deberán aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, de la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, así como de la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

(12) El Reglamento financiero exige que las subvenciones de funcionamiento estén cubiertas por un acto de base.

(13) Procede adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Decisión según los procedimientos contemplados en ella, con la asistencia de un comité consultivo. El recurso a este procedimiento se justifica por el hecho de que el Programa no tiene incidencia significativa en el presupuesto de la Unión Europea.

(14) Es conveniente sustituir el Programa marco sobre cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS) por el presente Programa a partir del 1 de enero de 2007, así como por el nuevo Programa específico de prevención y lucha contra la delincuencia del Programa general de seguridad y defensa de las libertades.

DECIDE:

Artículo 1

Creación del Programa

1. Por la presente Decisión se crea el Programa de justicia penal, denominado en lo sucesivo "el Programa", en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia, con el fin de contribuir al refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2. El Programa cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 2

Objetivos generales

1. El Programa perseguirá los siguientes objetivos generales:

a) Fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito penal basado en el mutuo reconocimiento y en la confianza recíproca.

b) Promover la adaptación de los sistemas judiciales existentes en los Estados miembros a una Unión Europea que es ya un territorio sin controles en las fronteras dotado con una moneda única y dentro del cual las personas, los servicios, las mercancías y los capitales circulan libremente.

c) Mejorar la vida diaria de los particulares y empresas, permitiéndoles hacer valer sus derechos en toda la Unión Europea y facilitando, en particular, su acceso a la justicia.

d) Reforzar los contactos y el intercambio de información entre las autoridades legislativas, judiciales y administrativas y los profesionales de la justicia, y promover la formación de los miembros del poder judicial.

2. Sin perjuicio de los objetivos y prerrogativas de la Comunidad Europea, los objetivos generales del Programa contribuyen al desarrollo de las políticas comunitarias, y más concretamente a la creación de un espacio judicial.

Artículo 3

Objetivos específicos

El Programa perseguirá los siguientes objetivos específicos:

36. Favorecer la cooperación judicial en materia penal, con vistas, en particular, a

37. promover el reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales:

38. eliminar los obstáculos producto de las disparidades y fomentando la necesaria aproximación de las legislaciones

39. garantizar una adecuada administración de la justicia mediante la eliminación de los conflictos de competencia

40. promover los derechos de los demandados, así como la asistencia social y jurídica a las víctimas.

41. Mejorar el conocimiento recíproco de las legislaciones y los sistemas judiciales de los Estados miembros en materia penal y promover y reforzar la constitución de redes, la mutua cooperación, y el intercambio y la difusión de la información, experiencias y mejores prácticas.

42. Velar por la adecuada ejecución y la correcta y concreta aplicación y evaluación de los instrumentos comunitarios en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal.

43. Mejorar la información sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y el acceso a la justicia.

44. Promover la formación de los miembros del poder judicial y de los profesionales del Derecho sobre el Derecho comunitario y de la Unión.

45. Evaluar las condiciones generales necesarias para reforzar la confianza mutua, incluida la calidad de la justicia.

46. Crear y establecer un sistema europeo informatizado de intercambio de información sobre los registros de penados y financiar estudios orientados al desarrollo de otros tipos de intercambio de información.

Artículo 4

Acciones

Con el fin de lograr los objetivos generales y específicos definidos en los artículos 2 y 3, el presente Programa apoyará los siguientes tipos de acciones:

47. Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; creación y ejecución de proyectos específicos, como la creación de un sistema informático de intercambio de información sobre los registros de penados; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

48. Proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por al menos tres Estados miembros en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

49. Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con los objetivos generales del Programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

50. Concesión de unas subvención de funcionamiento destinada a cofinanciar los gastos vinculados al programa de trabajo permanente de la Red europea de formación judicial, que persigue un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la formación de los miembros del poder judicial.

Artículo 5

Grupos destinatarios

El presente Programa se dirige de forma específica a los profesionales del Derecho, a los representantes de los servicios de asistencia a las víctimas y a las autoridades nacionales, y en general a los ciudadanos de la Unión.

Artículo 6

Acceso al programa

1. El presente Programa estará abierto a la participación de instituciones y organizaciones públicas o privadas, incluidas las organizaciones profesionales, las universidades, los centros de investigación, los centros de formación o especialización en cuestiones jurídicas y judiciales para profesionales del Derecho y las organizaciones no gubernamentales de los Estados miembros.

Por “profesionales del Derecho” se entenderá, en particular, los jueces, fiscales, abogados, procuradores, secretarios, auxiliares de la justicia, ujieres, intérpretes judiciales y demás profesionales que ejercen actividades relacionadas con la justicia en el ámbito del Derecho penal.

2. Los proyectos no podrán ser presentados por terceros países u organizaciones internacionales, pero se admitirá su participación como socios.

Artículo 7

Tipos de intervención

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

- Subvenciones.

- Contratos públicos.

2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán normalmente sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos de emergencia excepcionales y debidamente justificados, o cuando las características del beneficiario lo impongan como única opción posible para una acción determinada, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación estará especificado en los programas de trabajo anuales.

3. Por otro lado, se prevén gastos para medidas complementarias, a través de la realización de contratos públicos, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarían a la compra de bienes y servicios. Esto abarcaría, entre otras cosas, los gastos en acciones de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.

Artículo 8

Medidas de ejecución

1. La Comisión pondrá en práctica la asistencia comunitaria de acuerdo con el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2. A efectos de la aplicación del Programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites de los objetivos generales establecidos en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas complementarias previstas en el artículo 7, así como, en su caso, una lista de otras acciones.

3. El programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10.

4. Los procedimientos de evaluación y adjudicación de las subvenciones de la acción tendrán en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:

a) Conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

b) Calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos.

c) Importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos.

d) Incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

5. Las solicitudes de subvenciones de funcionamiento contempladas en el artículo 4, apartados 3 y 4, se examinarán a la luz de los siguientes criterios:

- su pertinencia en relación con los objetivos del Programa

- la calidad de las actividades previstas

- el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos

- la cobertura geográfica de las actividades previstas

- la implicación de los ciudadanos en las estructuras de los organismos en cuestión

- la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero, el principio del carácter degresivo de la subvención no se aplicará a la subvención de funcionamiento concedida a la Red europea de formación judicial, ya que ésta persigue un objetivo de interés general europeo.

Artículo 9

Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión (en lo sucesivo, “el Comité”).

2. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 10

Procedimiento de consulta

1. Cuando se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre este proyecto en el plazo que fije su Presidente en función de la urgencia del asunto, procediendo en su caso a una votación.

2. Dicho dictamen se incluirá en el acta; cualquier Estado miembro podrá exigir que su postura figure asimismo en el acta.

3. La Comisión tendrá debidamente en cuenta el dictamen emitido por el Comité. Informará a este último de la forma en que su dictamen se ha tenido en cuenta.

Artículo 11

Complementariedad

1. Se buscarán sinergias y complementariedades con otros instrumentos comunitarios, y en particular con el Programa específico de justicia civil del Programa general de derechos fundamentales y justicia y los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios. La información estadística sobre la justicia penal se elaborará en colaboración con los Estados miembros, recurriendo, en su caso, al Programa Estadístico Comunitario.

2. El presente Programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, y en concreto con el Programa específico de justicia civil del Programa general de derechos fundamentales y justicia, con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de ambos programas.

3. Las operaciones financiadas en el marco de la presente Decisión no recibirán ningún apoyo para los mismos fines de otros instrumentos financieros comunitarios. Los beneficiarios de la presente Decisión proporcionarán a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.

Artículo 12

Recursos presupuestarios

Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el presente Programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Artículo 13

Seguimiento

1. En relación con cualquier acción financiada por el presente Programa, el beneficiario deberá presentar informes técnicos y financieros sobre el avance de las actividades. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse además un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.

2. Independientemente de los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas en colaboración con las instituciones o servicios de control nacionales competentes en aplicación del artículo 248 del Tratado, y de cualquier inspección realizada en virtud del artículo 279, letra c), del Tratado, los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles in situ, inclusive por muestreo, de las acciones financiadas por el presente Programa.

3. Los contratos y acuerdos resultantes de la presente Decisión deberán prever, en particular, la supervisión y el control financiero por la Comisión (o sus representantes autorizados), inclusive sobre el terreno, y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

4. El beneficiario de una ayuda financiera conservará a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un período de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a dicha acción.

5. Sobre la base de los resultados de los informes y controles por muestreo a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión adaptará, si procede, la cuantía y las condiciones de asignación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de pagos.

6. La Comisión adoptará cualquier otra medida necesaria para comprobar que las acciones financiadas se realizan correctamente y de conformidad con las disposiciones de la Presente Decisión y del Reglamento financiero.

Artículo 14

Protección de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) del Consejo nº 2988/95 y (Euratom, CE) nº 2185/96 y en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del presente Programa, los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95 y (Euratom, CE) n° 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluidos los incumplimientos de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del Programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a presupuestos gestionados por ellas.

3. La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará el importe de la ayuda financiera concedida a una acción en caso de descubrir irregularidades, incluida la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, la decisión individual o el contrato o el convenio por el que se concede la ayuda financiera en cuestión, o cuando tenga constancia de que, sin la autorización de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con su naturaleza o con las condiciones de ejecución que le sean aplicables.

4. En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción sólo permita justificar una parte de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus observaciones en un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión podrá cancelar el resto de la ayuda financiera y exigir el reembolso de las sumas ya pagadas.

5. Toda suma indebidamente pagada deberá ser reintegrada a la Comisión. Las sumas no reembolsadas puntualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.

Artículo 15

Evaluación

1. El Programa será objeto de seguimiento regular con el fin de comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

2. La Comisión garantizará la realización de una evaluación regular, independiente y externa del Programa.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

a) Un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del presente Programa, a más tardar el 31 de marzo de 2011.

b) Una Comunicación sobre la prosecución del presente Programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012.

c) Un informe de evaluación a posteriori, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 16

Disposiciones transitorias

La presente Décision sustituirá, a partir del 1 de enero de 2007, las disposiciones correspondientes de la Decisión del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece un programa marco sobre cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS).

Las acciones cubiertas por la citada Decisión que tengan una fecha de inicio anterior al 31 de diciembre de 2006 seguirán rigiéndose por ella hasta su conclusión. El Comité contemplado en el artículo 7 de dicha Decisión se sustituye por el Comité contemplado en el artículo 10 de la presente Decisión.

Artículo 17

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea . Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Hecho en Bruselas, […]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El presidente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO

El establecimiento de las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 ha estado guiado desde el comienzo por un enfoque basado en las políticas, con el fin de garantizar la coherencia entre los objetivos políticos y los importes asignados para su consecución. En este contexto, el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia se considera una de las principales prioridades de la Unión Europea para los próximos años, razón por la cual se han incrementado substancialmente los recursos asignados a este sector. En sus Comunicaciones "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)" [53] y "Perspectivas financieras 2007-2013" [54], la Comisión destacaba asimismo la importancia de utilizar la revisión de los instrumentos jurídicos en el marco de las próximas perspectivas financieras para avanzar de forma significativa en el proceso de simplificación. Al estructurar sus propuestas en torno a tres programas generales basados en las políticas ("Solidaridad y gestión de los flujos migratorios”, "Derechos fundamentales y justicia" y "Seguridad y defensa de las libertades"), la Comisión establece un marco claro para el desarrollo de las intervenciones financieras de la Comunidad en favor de los tres objetivos de la justicia, la libertad y la seguridad.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

2.1. Análisis del problema

El mercado interior es ya una realidad que ha permitido aumentar los intercambios entre los Estados miembros de la Unión y ha multiplicado la frecuencia con que los ciudadanos europeos se deciden a emprender o realizar actividades económicas o adquirir bienes y servicios en otros Estados miembros, recurriendo, a menudo, a las nuevas tecnologías. Por otra parte, son más frecuentes las situaciones personales y familiares con una dimensión transfronteriza (por ejemplo, matrimonios entre personas de nacionalidades diferentes o la adquisición de una propiedad inmobiliaria en otro Estado miembro). Es preciso adoptar medidas que garanticen que las partes podrán tener un acceso fácil a una justicia efectiva en estos casos. Es asimismo conveniente abordar una serie de problemas que pueden plantearse cada vez más a menudo, como las cuestiones relacionadas con la situación de las parejas no casadas y las pretensiones relativas a la propiedad en caso de disolución del matrimonio u otro tipo de relación, así como, en otras circunstancias, al estatus personal (nombres) o la adopción. En efecto, la incompatibilidad o la complejidad de los sistemas administrativos y jurídicos de los Estados miembros no deberían impedir a los individuos y empresas ejercer sus derechos, ni disuadirles de hacerlo.

2.2. Perspectivas para el futuro

La creación de un verdadero espacio europeo de justicia es indispensable para la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Ello permitirá a las autoridades judiciales cooperar eficazmente y garantizará a los ciudadanos un acceso más fácil a la justicia, sin que las incompatibilidades y complejidades de los sistemas jurídicos les impidan o disuadan de ejercer sus derechos. Permitirá asimismo sentar el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y redundará en la constante mejora del funcionamiento del sistema judicial.

El reto para la Unión será responder a las expectativas de los ciudadanos que buscan soluciones eficaces a sus problemas concretos. Esto implicará, en particular:

- A medida que se amplía el acervo, aumentar los esfuerzos consagrados al seguimiento de su aplicación en los Estados miembros, inclusive mediante la utilización de los medios más modernos (bases de datos jurisprudenciales, etc.).

- Desarrollar ulteriormente la legislación existente en la perspectiva de facilitar el acceso a la justicia y mejorar su eficacia.

- Consolidar los mecanismos de difusión de la información entre los ciudadanos y promover la formación y los intercambios de los profesionales del Derecho sobre las implicaciones de los instrumentos de cooperación en este ámbito.

- Adoptar ulteriores medidas para mejorar la comprensión y la utilización de los instrumentos y procedimientos comunes entre los profesionales del Derecho.

2.3. Objetivos del Programa e indicadores pertinentes

- Definición de los objetivos generales, específicos y operativos

Fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito civil basado en el mutuo reconocimiento y la mutua confianza. | Promover la adaptación de los sistemas judiciales existentes en los Estados miembros a una Unión Europea que es ya un territorio sin controles en las fronteras dotado con una moneda única y dentro del cual las personas, los servicios, las mercancías y los capitales circulan libremente. | Mejorar el conocimiento recíproco de la legislación y de los sistemas judiciales de los Estados miembros en materia civil y promover y reforzar la constitución de redes, la cooperación mutua, el intercambio y la difusión de la información, la experiencia y las mejores prácticas. Velar por la adecuada ejecución y la correcta y concreta aplicación y evaluación de los instrumentos comunitarios en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil. |

Mejorar la vida diaria de los particulares y empresas, permitiéndoles hacer valer sus derechos en toda la Unión Europea y facilitando, en particular, su acceso a la justicia. | Mejorar la información sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y el acceso a la justicia. |

Reforzar los contactos y el intercambio de información entre las autoridades legislativas, judiciales y administrativas y los profesionales de la justicia, y promover la formación de los miembros del poder judicial. | Promover la formación de los miembros del poder judicial y de los profesionales del Derecho sobre las cuestiones relativas a la Comunidad. Evaluar las condiciones generales necesarias para reforzar la confianza mutua, incluida la calidad de la justicia. Apoyar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de la Decisión 2001/470/CE del Consejo de 28 de mayo de 2001 |

Todos estos objetivos guardan coherencia con la finalidad global de apoyo al desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia del Programa general de derechos fundamentales y justicia.

- Complementariedad y coherencia con otros instrumentos

A la hora de elaborar el Programa, se puso especial cuidado en garantizar la coherencia con otros programas que financian actividades en los mismos ámbitos de acción y en asegurar la mutua complementariedad y sinergia.

Este Programa estará asimismo completado por los otros programas específicos incluidos en el Programa general de derechos fundamentales y justicia, y en concreto por el Programa específico de justicia penal sobre la cooperación judicial en materia penal. El Programa de justicia penal se ajusta en la medida de lo posible a los objetivos y la estructura del presente Programa y tiene por objeto garantizar que la complejidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros no obstaculiza o desalienta el ejercicio del derecho a circular libremente en la Unión.

Es asimismo conveniente garantizar una complementariedad con los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios, con el fin de obtener un efecto de sinergia, especialmente por lo que se refiere al asilo y los sistemas de integración de nacionales de terceros países.

3. EVALUACIÓN

3.1. Conclusiones de las evaluaciones intermedias o finales

La Comisión adoptó en su momento un informe intermedio[55] sobre el marco general comunitario de actividades para facilitar la cooperación judicial en materia civil. En dicho informe se admite que aunque los dos años de ejecución del programa no son suficientes para realizar un análisis exhaustivo, es posible pese a todo extraer una primera serie de conclusiones.

El informe constata que las acciones lanzadas por la Comisión - el Atlas Judicial Europeo en materia civil, la base de datos jurisprudenciales elaborada en aplicación de los Reglamentos "Bruselas I" y "Bruselas II" y la campaña de información destinada a dar a conocer a los profesionales del Derecho las iniciativas de cooperación judicial en materia civil desarrolladas en la Unión Europea – han gozado de una excepcional acogida y deben, por tanto, proseguirse.

La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, creada para mejorar, simplificar y acelerar la cooperación judicial efectiva entre los Estados miembros en materia civil y mercantil, representa también una actividad esencial de la Comisión, y se reconoce claramente su importancia.

Por otra parte, el informe detectaba algunos problemas en relación con los proyectos presentados y ejecutados en el marco de la sociedad civil. El carácter limitado del presupuesto disponible impidió la presentación de proyectos de cierta magnitud en ámbitos específicos tales como el de la formación y el intercambio de jueces. También es preciso mejorar la difusión de los resultados obtenidos.

Debería animarse a la sociedad civil a participar más activamente en las actividades de la Comisión en ámbitos específicos, especialmente por lo que se refiere a la información destinada a los ciudadanos y las empresas.

Por último, es importante concentrarse en los efectos multiplicadores de las acciones, identificando cuidadosamente a los grupos destinatarios.

3.2. Evaluación ex ante

El documento de trabajo de la Comisión que presenta la evaluación ex ante del Programa general de derechos fundamentales y justicia pone de manifiesto que el medio de acción elegido para lograr los objetivos fijados es el adecuado.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO PROPUESTO

4.1. Fundamento jurídico

Este Programa específico del Programa general de derechos fundamentales y justicia se basa en el artículo 61, letra c), del Tratado de la Unión Europea.

Este artículo establece que, con el fin de instaurar progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Consejo adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. El artículo 67, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea determina el procedimiento aplicable para la adopción de dichas medidas.

Dado que el Programa se centra en la cooperación judicial en materia civil el fundamento jurídico propuesto es el adecuado.

4.2. Acciones definidas en el Programa

Se prevén distintos tipos de acciones:

- Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

- Acciones que ofrezcan ayuda financiera para proyectos específicos de interés comunitario en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

- Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

4.3. Subsidiariedad y proporcionalidad

La presente propuesta se ha concebido en armonía con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del Tratado CE y su Protocolo anexo. Por lo que se refiere a la subsidiariedad, este Programa no se propone intervenir en los ámbitos cubiertos por los programas nacionales establecidos por las autoridades de cada Estado miembro, sino centrarse en los ámbitos en que Europa puede aportar un valor añadido. En este sentido, la gran mayoría de las acciones respaldadas por el Programa pueden considerarse complementarias de las acciones nacionales y dirigidas a aprovechar al máximo la sinergia resultante de las acciones desarrolladas a nivel internacional y regional.

Por lo que se refiere a la proporcionalidad, la nueva propuesta de programa tiene por objeto simplificar al máximo no sólo la forma de las acciones - las definiciones de éstas en el texto legislativo siguen siendo lo más genéricas posible -, sino también las condiciones administrativas y financieras aplicables a su ejecución. La Comisión ha tratado de encontrar el justo equilibrio entre, por una parte, la flexibilidad y la facilidad de utilización, y, por otra, la claridad de los objetivos y la adecuación de las garantías financieras y procesales.

A la luz de las orientaciones que fija el Protocolo sobre la aplicación de estos dos principios, resulta evidente que los problemas a los que este Programa intenta hacer frente tienen aspectos transnacionales y, por lo tanto, una acción a escala comunitaria tendrá repercusiones positivas tanto en las acciones de los Estados miembros como a un nivel superior.

4.4. Simplificación y racionalización

El enfoque propuesto contribuirá al objetivo primordial de simplificar los instrumentos tanto en términos jurídicos como de gestión, así como a racionalizar la estructura presupuestaria. Reforzará asimismo la coherencia y la homogeneidad de tales instrumentos, evitando las posibles duplicaciones. Un ejemplo es la inclusión en el Programa de acciones, anteriormente independientes, destinadas a promover la formación de los jueces en el ámbito específico de la legislación europea en materia de la competencia. Se precisarán recursos humanos suplementarios para hacer frente a las futuras ampliaciones, pero se conseguirá una mejor distribución de estos recursos gracias al abandono de las líneas presupuestarias de menor importancia (que absorben tales recursos de forma desproporcionada) y a la reagrupación de los programas existentes en un programa único, coherente y racionalizado. Aumentará con esto la proporcionalidad entre la magnitud del gasto y el coste administrativo de su gestión.

La simplificación y racionalización propuestas beneficiarán a los usuarios finales al aumentar la visibilidad, claridad y coherencia de los instrumentos. Para los beneficiarios potenciales será más fácil solicitar la financiación en los diversos ámbitos gracias a un enfoque más normalizado y a la armonización de las disposiciones de aplicación.

La Comisión podría decidir confiar una parte de la ejecución del presupuesto a las agencias de Derecho comunitario a que se refiere el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento financiero. La Comisión designaría estas agencias de acuerdo con las disposiciones de los artículos 55 y 56 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo y el artículo 37 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión. Antes de proceder a la delegación, la Comisión realizará una evaluación previa para cerciorarse de que la creación de estas agencias se ajusta al principio de buena gestión financiera.

El nuevo instrumento propuesto sigue el enfoque definido por la Comisión en relación con los retos políticos y financieros posteriores a 2007. El objetivo es completar, simplificar y racionalizar los instrumentos existentes y garantizar la flexibilidad necesaria para hacer frente a nuevos objetivos y ajustarse sin dificultad al nuevo marco jurídico, que se establecerá tras la entrada en vigor del Tratado constitucional.

5. IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS

El coste del Programa general de derechos fundamentales y justicia para el periodo 2007-2013 asciende a 543 millones de euros; al presente Programa específico se le asignará la siguiente cantidad: 109,3 millones de euros.

2005/0040 (COD)

Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de justicia civil en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia

El PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión[56],

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[57],

Visto el dictamen del Comité de las Regiones[58],

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del cual se garantice la libre circulación de personas. Con este propósito, la Comunidad debe adoptar, entre otras cosas, en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, las medidas necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2) En consonancia con otros programas anteriores, como el programa Grotius[59] y el proyecto Robert Schuman[60], el Reglamento (CE) n° 743/2002[61] del Consejo estableció, para el período 2002-2006, un marco general comunitario de actividades con el fin de facilitar la cooperación judicial en materia civil.

(3) El Consejo Europeo reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La Haya titulado “Consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea".

(4) Los ambiciosos objetivos fijados por el Tratado y el Programa de La Haya deberían alcanzarse mediante el establecimiento de un programa flexible y eficaz que facilite la planificación y aplicación correspondientes.

(5) El Programa de justicia civil debería incluir tanto iniciativas desarrolladas por la Comisión, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, como acciones de apoyo a las organizaciones que promueven y facilitan la cooperación judicial en materia civil y acciones de apoyo a proyectos específicos.

(6) Un programa general de justicia civil destinado a mejorar la mutua comprensión de los sistemas jurídicos y judiciales de los Estados miembros permitirá reducir los obstáculos a la cooperación judicial en materia civil y contribuirá, por lo tanto, al buen funcionamiento del mercado interior.

(7) Dinamarca, de acuerdo con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no participa en la adopción de la presente Decisión, la cual no será vinculante ni aplicable en ese país.

(8) Es asimismo conveniente adoptar las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y fraudes, así como las necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados.

(9) La presente Decisión establece, para toda la duración del Programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario[62], constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria.

(10) Dado que los objetivos del Programa de justicia civil no pueden alcanzarse adecuadamente por los Estados miembros en razón del alcance o incidencia de la iniciativa, y dado que es posible lograrlos de manera más satisfactoria a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas sin menoscabo del principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado. De acuerdo con el principio de proporcionalidad a que se refiere dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(11) El Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[63], en lo sucesivo “el Reglamento financiero”, y el Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002[64], que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deberán aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, de la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, así como de la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

(12) El Reglamento financiero exige que las subvenciones de funcionamiento estén cubiertas por un acto de base.

(13) De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[65], procede adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Decisión según el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 3 de dicha Decisión. El recurso a este procedimiento se justifica por el hecho de que el Programa no tiene incidencia significativa en el presupuesto comunitario.

DECIDE:

Artículo 1

Creación del Programa

1. Por la presente Decisión se crea el Programa específico de justicia civil, denominado en lo sucesivo "el Programa", en el marco del Programa general de derechos fundamentales y justicia, con el fin de contribuir al refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia.

2. El Programa cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 2

Objetivos generales

1. El Programa perseguirá los siguientes objetivos generales:

a) Fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito civil basado en el mutuo reconocimiento y la mutua confianza.

b) Promover la adaptación de los sistemas judiciales existentes en los Estados miembros a una Unión Europea que es ya un territorio sin controles en las fronteras dotado con una moneda única y dentro del cual las personas, los servicios, las mercancías y los capitales circulan libremente.

c) Mejorar la vida diaria de los particulares y empresas, permitiéndoles hacer valer sus derechos en toda la Unión Europea y facilitando, en particular, su acceso a la justicia.

d) Reforzar los contactos entre las autoridades legislativas, judiciales y administrativas y los profesionales de la justicia, y promover la formación de los miembros del poder judicial.

2. Sin perjuicio de los objetivos y prerrogativas de la Comunidad Europea, los objetivos generales del Programa contribuyen al desarrollo de las políticas comunitarias, y más concretamente a la creación de un espacio judicial.

Artículo 3

Objetivos específicos

El Programa perseguirá los siguientes objetivos específicos:

51. Favorecer la cooperación judicial en materia civil, con vistas a

52. garantizar la seguridad jurídica y mejorar el acceso a la justicia:

53. fomentando el reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales

54. eliminando los obstáculos que generan disparidades en las disposiciones y procedimientos del Derecho civil y promoviendo la necesaria aproximación de las legislaciones

55. garantizando una adecuada administración de la justicia mediante la eliminación de los conflictos de competencia.

56. Mejorar el conocimiento recíproco de la legislación y de los sistemas judiciales de los Estados miembros en materia civil, y promover y reforzar la constitución de redes, la cooperación mutua, el intercambio y la difusión de la información, la experiencia y las mejores prácticas.

57. Velar por la adecuada ejecución y la correcta y concreta aplicación y evaluación de los instrumentos comunitarios en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil.

58. Mejorar la información sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y el acceso a la justicia.

59. Promover la formación de los miembros del poder judicial y de los profesionales del Derecho sobre el Derecho comunitario y de la Unión.

60. Evaluar las condiciones generales necesarias para reforzar la confianza mutua, incluida la calidad de la justicia.

61. Apoyar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de la Decisión 2001/470/CE del Consejo de 28 de mayo de 2001 por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil[66].

Artículo 4

Acciones

Con el fin de lograr los objetivos generales y específicos definidos en los artículos 2 y 3, el presente Programa apoyará los siguientes tipos de acciones:

62. Acciones específicas llevadas a cabo por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas Web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales; y actividades de análisis, seguimiento y evaluación.

63. Proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por al menos tres Estados miembros en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

64. Acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con los objetivos generales del Programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

Artículo 5

Participación

Las acciones del presente Programa estarán abiertas a los siguientes países, en lo sucesivo denominados "países participantes":

65. Los países candidatos asociados a la Unión, así como los países de los Balcanes occidentales que participan en el proceso de estabilización y asociación en las condiciones previstas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios ya celebrados o en vías de celebración con estos países.

66. Podrán asimismo asociarse a los proyectos profesionales de Dinamarca, de los países candidatos a la adhesión que no participan en el presente Programa, cuando ello pueda contribuir a preparar su adhesión, u otros países terceros que no participan en el presente Programa, cuando ello contribuya a la finalidad de los proyectos.

Artículo 6

Grupos destinatarios

El presente Programa va dirigido, en particular, los profesionales del Derecho, a las autoridades nacionales y a los ciudadanos de la Unión en general.

Artículo 7

Acceso al programa

El presente Programa estará abierto a la participación de instituciones y organizaciones públicas o privadas, incluidas las organizaciones profesionales, las universidades, los centros de investigación, los centros de formación en cuestiones jurídicas y judiciales para profesionales del Derecho y las organizaciones no gubernamentales de los Estados miembros.

Por “profesionales del Derecho” se entenderá, en particular, los jueces, fiscales, abogados, procuradores, personal académico y científico, funcionarios ministeriales, auxiliares de la justicia, ujieres, intérpretes judiciales y demás profesionales que ejercen actividades relacionadas con la justicia en el ámbito del Derecho civil.

Artículo 8

Tipos de intervención

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

- Subvenciones.

- Contratos públicos.

2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán normalmente sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos de emergencia excepcionales y debidamente justificados, o cuando las características del beneficiario lo impongan como única opción posible para una acción determinada, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación estará especificado en los programas de trabajo anuales.

3. Por otro lado, se prevén gastos para medidas complementarias, a través de la realización de contratos públicos, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarían a la compra de bienes y servicios. Esto abarcaría, entre otras cosas, los gastos en acciones de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.

Artículo 9

Medidas de ejecución

1. La Comisión pondrá en práctica la asistencia comunitaria de acuerdo con el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2. A efectos de la aplicación del Programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites de los objetivos generales establecidos en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas complementarias previstas en el artículo 8, así como, en su caso, una lista de otras acciones.

3. El programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10, apartado 2.

4. Los procedimientos de evaluación y adjudicación de las subvenciones de la acción tendrán en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:

a) Conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

b) Calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos.

c) Importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos.

d) Incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

5. Las solicitudes de subvenciones de funcionamiento contempladas en el artículo 4, apartado 3, se examinarán a la luz de los siguientes criterios:

- su pertinencia en relación con los objetivos del Programa

- la calidad de las actividades previstas

- el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos

- la cobertura geográfica de las actividades previstas

- la implicación de los ciudadanos en las estructuras de los organismos en cuestión

- la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

Artículo 10

Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión (en lo sucesivo, “el Comité”).

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 11

Complementariedad

1. Se buscarán sinergias y complementariedades con otros instrumentos comunitarios, y en particular con el Programa específico de justicia penal del Programa general de derechos fundamentales y justicia y los Programas generales de seguridad y defensa de las libertades y de solidaridad y gestión de los flujos migratorios. La información estadística sobre la justicia civil se elaborará en colaboración con los Estados miembros, recurriendo, en su caso, al Programa Estadístico Comunitario.

2. El presente Programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, y en concreto con el Programa específico de justicia penal del Programa general de derechos fundamentales y justicia, con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de ambos programas.

3. Las operaciones financiadas en el marco de la presente Decisión no recibirán ningún apoyo para los mismos fines de otros instrumentos financieros comunitarios. Los beneficiarios de la presente Decisión proporcionarán a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.

Artículo 12

Recursos presupuestarios

1. El presupuesto destinado a financiar la aplicación del presente instrumento se fija en 109,3 millones de euros para el período indicado en el artículo 1.

2. Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el presente Programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los límites de las perspectivas financieras.

Artículo 13

Seguimiento

1. En relación con cualquier acción financiada por el presente Programa, el beneficiario deberá presentar informes técnicos y financieros sobre el avance de las actividades. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse además un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.

2. Independientemente de los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas en colaboración con las instituciones o servicios de control nacionales competentes en aplicación del artículo 248 del Tratado, y de cualquier inspección realizada en virtud del artículo 279, letra c), del Tratado, los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles in situ, inclusive por muestreo, de las acciones financiadas por el presente Programa.

3. Los contratos y acuerdos resultantes de la presente Decisión deberán prever, en particular, la supervisión y el control financiero por la Comisión (o sus representantes autorizados), inclusive sobre el terreno, y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

4. El beneficiario de una ayuda financiera conservará a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un período de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a dicha acción.

5. Sobre la base de los resultados de los informes y controles por muestreo a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión adaptará, si procede, la cuantía y las condiciones de asignación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de pagos.

6. La Comisión adoptará cualquier otra medida necesaria para comprobar que las acciones financiadas se realizan correctamente y de conformidad con las disposiciones de la Presente Decisión y del Reglamento financiero.

Artículo 14

Protección de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) del Consejo nº 2988/95 y (Euratom, CE) nº 2185/96 y en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del presente Programa, los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95 y (Euratom, CE) n° 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluidos los incumplimientos de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del Programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de las Comunidades Europeas o a presupuestos gestionados por ellas.

3. La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará el importe de la ayuda financiera concedida a una acción en caso de descubrir irregularidades, incluida la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, la decisión individual o el contrato o el convenio por el que se concede la ayuda financiera en cuestión, o cuando tenga constancia de que, sin la autorización de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con su naturaleza o con las condiciones de ejecución que le sean aplicables.

4. En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción sólo permita justificar una parte de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus observaciones en un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión podrá cancelar el resto de la ayuda financiera y exigir el reembolso de las sumas ya pagadas.

5. Toda suma indebidamente pagada deberá ser reintegrada a la Comisión. Las sumas no reembolsadas puntualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.

Artículo 15

Evaluación

1. El Programa será objeto de seguimiento regular con el fin de comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

2. La Comisión garantizará la realización de una evaluación regular, independiente y externa del Programa.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

a) Un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del presente Programa, a más tardar el 31 de marzo de 2011.

b) Una Comunicación sobre la prosecución del presente Programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012.

c) Un informe de evaluación a posteriori, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 16

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea . Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Hecho en Bruselas, […]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

FINANCIAL STATEMENT

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

Programme “Fundamental Rights and Justice“

Proposal for a Council Decision establishing the programme “Criminal justice” for the period 2007-2013

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the programme “Civil justice” for the period 2007-2013

Proposal for a Council Decision establishing the programme “Fundamental Rights and Citizenship” for the period 2007-2013

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the programme “Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information” for the period 2007-2013

2. ABM / ABB FRAMEWORK

1804 – Citizenship and Fundamental Rights

1806 – Establishing a genuine European area in criminal in civil matters

1807 – Coordination in the field of drugs

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings:

Financial Perspectives 2007-2013: Heading 3.

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

2007-2013

3.3. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ):

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

Criminal Justice | Non-comp | Diff | NO | NO | Yes | No 3 |

Civil Justice | Non-comp | Diff | NO | NO | Yes | No 3 |

Fundamental Rights and Citizenship | Non-comp | Diff | NO | No | Yes | No 3 |

Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information | Non-comp | Diff | NO | Yes* | Yes | No 3 |

*: the programme shall be open to the participation of the EFTA states, subject to the EEA Agreement, in accordance with its provisions.

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

…………………… | f |

TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013

( Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

( Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[67] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

( Proposal has no financial implications on revenue

X Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

Contribution from EFTA/EEE States: 2,19 % (2004 figures)

EUR million (to one decimal place)

Prior to action | Situation following action |

Total number of human resources | 37,5 | 40 | 44 | 47,5 | 51 | 54 | 54 |

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

5.1.1. Civil Justice

The promotion and the protection of fundamental rights demand the establishment of a genuine European area of justice. In such an area competent judicial authorities co-operate effectively, and citizens have a better access to justice and are neither prevented nor discouraged from exercising their rights by incompatibilities and complexities of the legal systems, judicial decisions circulate freely among the Member States on the basis of the principle of mutual recognition of judicial decisions, and the good functioning of the judiciary is constantly improved.

The challenge for the Union will be to respond to citizens’ expectations for effective solutions to their practical problems. This will imply in particular:

- as the acquis grows, increased efforts of monitoring of its application by the Member States, including through modern means such as databases of case law;

- further legislative action to address the new issues mentioned above, and to improve the ease of access to and efficiency of justice;

- a need to address mutual recognition in a wider sense, including recognition of decisions and documents other than those issued by judicial authorities;

- strengthening of mechanisms for providing information to the public and promote training of and exchanges between practitioners on the implications of the instruments for cooperation in this area;

- further measures to promote understanding and use of common tools and procedures amongst practitioners.

5.1.2. Criminal Justice

The challenge for the Union will be to respond to citizens’ expectations for effective solutions to their practical problems. This will imply in particular:

- as the acquis grows, increased efforts of monitoring of its application by the Member States, including through modern means such as databases of case law;

- further legislative action to address the new issues mentioned above, and to improve the ease of access to and efficiency of justice;

- a need to address mutual recognition in a wider sense, including recognition of decisions and documents other than those issued by judicial authorities;

- strengthening of mechanisms for providing information to the public and promote training of and exchanges between practitioners on the implications of the instruments for cooperation in this area;

- legislative measures to put in place and develop common tools for cooperation. This implies inter alia on the one hand more efficient mechanisms of exchange of information between Member States on criminals, in particular on convicted persons by setting up a computerised mechanism to exchange information on criminal records, and on the other hand, to improve standards for certain procedures such as rules on evidence collection and rules on the protection of individuals involved in criminal proceedings, whether they are the accused, witnesses or victims;

- further measures to promote understanding and use of common tools and procedures amongst practitioners.

5.1.3 Fundamental Rights and Justice

The aim of this specific programme of the programme “Fundamental Rights and Justice” is to develop significantly the two existing preparatory actions (promotion of fundamental rights and the support to civil society) introducing new objectives such as the fight against racism, xenophobia and anti-semitism namely through the promotion of an inter-faith and a multicultural dialogue at EU level.

The support to civil society in the field of fundamental rights will be enlarged to cover all Member States while the present preparatory action only covers the ten new Member States.

A special focus will be put on the rights deriving from the citizenship of the Union, recognised as fundamental rights by the Charter, namely to encourage democratic participation.

A significant increase in the financial envelope is planned to reflect the increasing importance of these issues and to respond positively to civil society actors.

5.1.4 Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information

The main challenges facing the Union in relation to tackling drugs over the period of the next financial perspectives can be defined as follows:

- information and research, including the continuation of the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA);

- drug demand reduction since demand feeds the growth of the drugs phenomenon: education, prevention and harm-reduction programmes;

- drug supply reduction, to stop trafficking and drug-related criminality, in particular as concerns new synthetic drugs and their chemical precursors, as well as combating money-laundering;

- enhanced cooperation with third countries concerning drug abuse control and drug demand reduction.

- further legislative activity will be needed in line with new and developing forms of drugs, for example to bring new forms of drugs under established control mechanisms.

Fight against violence (Daphne programme)

The mid term and the final report on the Daphne programme (2000 – 2003) show that organisations have gained from their participation in European partnerships. Bringing associations to work together resulted in more effective programming and better use of resources.

The Daphne programme can thus be seen as successful in mobilising the civil society resulting in partnerships and alliances that are working together for more comprehensive European policies on violence.

The final report of the Daphne programme (2000 – 2003) revealed that there was some room to improvement such as the creation of a helpdesk and an increased focus on dissemination. The Daphne II programme was thus adapted to conform to the finding of that report.

As these changes to the structure of the programme are quite recent, no significant changes need to be introduced.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The European Union added value will be achieved by:

- preparing the ground for the emergence of common strategies and legislation in this field;

- implementing EU policy objectives and their application in national policies;

- supporting the transposition of European Union legislation's and its application in a uniform way through Europe;

- promoting the co-operation and co-ordination mechanisms between Member States;

- cooperating with civil society organisations at European level.

Criteria for evaluation

A set of common evaluation criteria will be used through all specific programmes to evaluate the success of the interventions regarding the European Union added value in relation with the type of effect described above. Example of criteria could be:

- To support only activities needed at European Union level to sustain European Union objectives, European Union laws and European Union implementation mechanism;

- To support activities which will be complementary with those financed at national level;

- To reinforce national exchanges at European Union level, generating synergy effects and economies of scale;

- To involve actively Member States representatives and other relevant stakeholders in the implementation of the programme in order to maximise complementarities with existing activities.

Subsidiarity and proportionality

As far as subsidiarity is concerned the present programme focuses on areas where European added value can be demonstrated and therefore is designed to respect the principles of subsidiarity and proportionality set out in Article 5 of the EC Treaty and its accompanying Protocol.

As far as proportionality is concerned, the new programme proposal has been designed to incorporate the maximum feasible extent of simplification in terms not only of the form of the action but also in terms of the administrative and financial requirements that will apply to their implementation. The programme has been designed to strike to find the right balance between flexibility and ease of use on the one hand, and clarity of purpose and appropriate financial and procedural safeguards on the other.

Complementarity with other Community interventions

The present programme aims at contributing to the establishment of an area of freedom, security and justice. A complementarity with other programmes may thus be possible.

A non exhaustive list of areas of convergence can be mentioned:

- The draft of the present programme took into account the Programme on Active Citizenship and the Youth programme to ensure that no overlap situations existed. In any case, particular attention will be paid to the implementation of those programmes to avoid such situations and to coordinate the results.

- The draft of the present programme took into account the Programme for Employment and Social Security - PROGRESS to ensure that no overlap situations existed. Particular attention will be paid to the implementation of the programme to avoid such situations and to coordinate the results.

- The current proposal is complementary to some actions under the 7th framework programme. Synergies will be actively promoted whenever possible, namely as regards the application of research results.

- Special attention will be paid to the programmes implemented by in the field of Information Society, related with safe use of Internet and fighting its abuse, in particular as regards sensitive groups (e.g. children).

- The current proposal will also seek to complement the work of EU Agencies active in these policy fields (EUMC, EMCDDA, Eurojust), as well as with the action of other international organisations acting in the field of fundamental rights, drugs action, fight against violence and judicial cooperation.

Regular exchanges of information and active collaboration around projects under other Community programmes will take place, in order to improve and capitalise upon internal coherence, and between the Commission and other national and international authorities/organisations, to improve external coherence.

Complementarities with interventions on Freedom, Security and Justice

These interventions have a common goal of establishing an area of freedom, security and justice where basic human rights are respected. Each of the programmes is designed to address particular aspects which are a critical part of the creation of such an area in the EU, given the integration of national economies and the goal of ensuring free movement of people as well as goods, services and capital between countries. As such, they tackle issues affecting freedom, security and justice which arise from the creation of economic and monetary union and the abolition of internal borders and which can only be effectively addressed at EU level. These issues are to do with cooperation, harmonisation, coordination of activities, the exchange and sharing of critical information and best practices and techniques, and establishing solidarity mechanisms for sharing the costs involved in pursuing common and agreed objectives in an equitable way.

They are reflected in the objectives set out in The Hague Programme adopted by the European Council in November 2004, which include: guarantying fundamental human rights throughout the EU, establishing minimum procedural safeguards and common access to justice, extending the mutual recognition of judicial decisions, fighting organised cross-border crime and the threat of terrorism, ensuring protection in accordance with international treaties to those in need, and regulating migration flows and controlling the external borders of the EU. Each of the programmes is aimed at pursuing these objectives in a complementary way without duplicating activities.

The activities under the programme “Fundamental Rights and Justice”, therefore, are designed to further fundamental human rights and ensure a common level of access to justice across the EU, and are accordingly complementary to activities under the other two programmes which reinforce this objective. In particular, they are directly complementary to the measures, under the Solidarity programme to improve the integration of migrants into EU society as well as to establish uniform procedures for dealing with asylum-seekers and, under the Security programme, to enhance protection of witnesses and victims of crime as well as to combat the trafficking of people.

They are also complementary, if less directly, with activities under the Security programme to strengthen cooperation between police forces and law enforcement authorities as well as between bodies involved in combating the threat of terrorism. The freedom of EU citizens to enjoy their fundamental rights, therefore, is contingent on them feeling secure and being adequately protected against criminal activity or terrorist attack.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

General objectives | Specific objectives | Operational objectives |

To promote the development of a European society based on the European Union citizenship and respectful of the fundamental rights as enshrined in the Charter of Fundamental Rights. | To promote the Charter of Fundamental Rights and to inform citizens of their rights as Union citizens and to encourage them to participate actively in the democratic life of the Union. | To support awareness-raising actions. |

To monitor regularly the situation of fundamental rights in the European Union and its Member States using the Charter of Fundamental Rights as the guiding document and to obtain opinions on specific questions related to fundamental rights when necessary. | To prepare regular reports or opinions on the situation of fundamental rights in the EU. |

To explain the consequences of the insertion of the Charter of Fundamental Rights into the Constitution and of the European Union’s accession to the European Convention of Human Rights. | To support information campaigns in these fields. |

To fight against anti-semitism, racism and xenophobia and to strengthen civil society in the field of fundamental rights. | To support NGO and other bodies from civil society to enhance their capability to participate actively in the development of the European Union. To fight against anti-semitism, racism and xenophobia by promoting a better understanding and improved tolerance throughout the European Union. To promote peace and fundamental rights namely through an interfaith and multicultural dialogue at EU level. | To have open, transparent and regular dialogue with civil society. To support awareness-raising actions. To provide financial support for the activities of non-governmental organisations or other entities pursuing an aim of general European interest. To undertake studies and analyses in these fields. |

To promote judicial cooperation with the aim of contributing to the creation of a genuine European area of justice in civil and criminal matters. | To adapt the existing judicial system in Member States to the European Union being a territory without border controls, with a single currency, free circulation of persons, services, goods and capital, based on mutual recognition and mutual confidence. | To improve mutual knowledge of Member States’ legal and judicial systems in civil and criminal matters and to promote and strengthen networking, mutual cooperation, exchange and dissemination of information, experience and best practices. To ensure the sound implementation, the correct and concrete application and the evaluation of Community instruments in the areas of judicial cooperation in civil and commercial matters and in criminal matters. |

To improve the daily life of individuals and businesses by enabling them to assert their rights throughout the European Union, notably by fostering access to justice. | To improve information on the legal systems in the Member States and access to justice. |

To improve the contacts between legal, judicial and administrative authorities and the legal professions, and to foster the training of the members of the judiciary. | To promote the training in Union matters of the judiciary and judicial staff. To evaluate the general conditions necessary to develop mutual confidence, including the quality of justice. To support the operative work of the European judicial network in civil and commercial matters created by Council Decision of 28 May 2001 (2001/470/CE). To develop a European computerised system of exchange of information on criminal records and to support studies to develop other types of exchange of information. |

To contribute to the setting up of an area of freedom, security and justice by combating violence and by informing on and preventing drug use. | To protect citizens against violence and to attain a high level of health protection, well being and social cohesion. | To prevent and combat all forms of violence occurring in the public or the private domain, against children, young people and women To provide support for victims and groups at risk. To assist and encourage NGO and other organisations active in this field. To disseminate the results obtained under the two Daphne programmes including their adaptation, transfer and use by other beneficiaries or in other geographical areas. To identify and enhance actions contributing to positive treatment of people at risk of violence. |

To prevent and reduce drug use, dependence and drug related harms. | To involve civil society in the implementation and development of the European Union’s Drugs Strategy and Action plans. To monitor, implement and evaluate the implementation of specific actions under the Drugs Action Plans 2005 – 2008 and 2009 – 2012. |

To promote transnational and awareness-raising actions in the areas identified above. | To set up multidisciplinary networks; to ensure the expansion of the knowledge base, the exchange of information and the identification and dissemination of good practice, including through training, study visits and staff exchange. To develop and implement awareness-raising actions targeted at specific audiences to promote the adoption of zero tolerance towards violence and to encourage support for victims and the reporting of violence. To raise awareness of the health and social problems caused by drug abuse and to encourage an open dialogue with a view to promoting a better understanding of the drug phenomenon. |

5.4. Method of Implementation

Show below the method(s) chosen for the implementation of the action.

X Centralised Management

X Directly by the Commission

ٱIndirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

In order to achieve the full objectives of the programme under the provisions of the Current Treaty, it has been decided to split into 4 legal instruments relating to 4 different legal bases. As stated in Mr. Vitorino’s Communication to the Commission (SEC(2004) 1195, 28.9.2004) the actions proposed are provided through the current Treaties. The legal bases required to establish the programmes have been limited in number as far as the current Treaties allow, while within and across the new programmes common delivery, management and implementation mechanisms are set in place.

In order to achieve the general and specific and operational objectives, each programme within the programme “Fundamental Rights and Justice” envisages a range of actions, such as:

- Specific actions taken by the Commission, such as, studies and research, opinion polls and surveys, the formulation of indicators and common methodologies, collection, development and dissemination of data and statistics, seminars, conferences and experts meetings, organisation of public campaigns and events, development and maintenance of websites, preparation and dissemination of information materials, support to and animation of networks of national experts, analytical, monitoring and evaluation activities;

- Actions providing financial support for specific projects of Community interest under the conditions set out in the annual work programmes;

- Actions providing financial support for the activities of non-governmental organisations or other entities under the conditions set our in the annual work programmes;

- Operative grants to entities identified in a legal basis.

Methods of implementation:

The above mentioned type of actions may be financed either by

- A service contract following a call for tenders

- A subsidy following a call for proposals.

- Subsidies to a body pursuing an aim of general European interest, without a call for proposal.

The Commission will implement the above actions in accordance with the annual work programme to be adopted. The Commission will implement this programme and may have recourse to technical and/or administrative assistance to the mutual benefit of the Commission and of the beneficiaries, for example to finance outside expertise on a specific subject.

The Commission may decide to entrust part of the budget implementation to an executive agency, as referred to in Article 54, (2) (a) of the Financial Regulation. These agencies shall be designated by the Commission in conformity with the provisions of the Financial Regulation and more specifically with the principles of economy, effectiveness and efficiency. Before proceeding to implement the delegation, the Commission shall ensure, by mean of a prior assessment that the creation of agencies is in compliance with sound financial management.

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

A comprehensive monitoring system will be set-up in order to regularly follow up the implementation of the activities carried out under each specific programme. This system should allow for the collection of information relating to the financial implementation and to the physical outputs of the programme, across the types of action and the target groups included in the programme. The information will be collected at project level - indeed, for any action financed by the programme, the beneficiary shall submit technical and financial reports on the progress of the work, as well as a final report after the completion of the action. The precise configuration of the monitoring system, as well as the type of indicators to be set-up will be the object of further study in the process leading to the implementation of the programme. Indeed, a study on delivery mechanisms and related cost-effectiveness aspects is foreseen to take place during 2005.

According to legal requirements and Commission’s evaluation policy, the programme will be evaluated at mid-term to assess its continuing relevance and draw useful lessons for the remainder of its implementation. A review of the programme may take place then, if considered necessary. A final evaluation will take place at the end of the programming period to assess the results of the programme and advise on its follow-up. These reports will be prepared under the responsibility of the Commission, and shall be submitted to the European Parliament and the Council.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme “Fundamental Rights and Justice”.

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Cfr. Extended Impact Assessment on the programme “Fundamental Rights and Justice”.

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

The timetable set in the proposal is as follows:

- no later than 31 March 2011, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an interim evaluation report on the results obtained and the qualitative and quantitative aspects of the implementation of this programme;

- no later than 30 August 2012, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a Communication on the continuation of this programme;

- no later than 31 December 2014, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council an ex post evaluation report.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present programme are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this programme, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

Contracts and agreements shall provide in particular for supervision and financial control by the Commission (or any representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-the-spot.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost (Prix 2004)

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

Other staff financed by art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 37,5 | 40 | 44 | 47,5 | 51 | 54 | 54 |

8.2.2. Description of tasks deriving from the actio n

Task N° | Title | Description | Number |

MANAGEMENT |

1 | Management | 2 |

POLICY DEFINITION AND PROGRAMMING |

2 | Policy Making | Definition of strategy, legal base,… | 3 |

3 | Programme definition | Establishment of annual work programme (i.e. financing decision) and interservice consultation | 0,5 |

4 | Interface with relevant EC programmes & actions | interservice coordination in order to ensure complementarity-synergy with other policies | 1 |

5 | Interface with other Institutions and Member States | Interface Council, EP ensuring the appropriate reporting, information, questions, briefing requests | 0,5 |

6 | Information and Communication | 1. Information and publicity activities 2. EUROPA Web site | 0,5 |

7 | Committee interface - chair & secretariat | 1 |

8 | Budgeting | APS,PDB,AAR,BIP,RAL - Preparation - Follow-up - Reporting | 0,5 |

PROGRAMME : RECEPTION, SELECTION AND AWARD OF PROJECTS, FINANCIAL AND LEGAL COMMITMENTS |

9 | Preparation Calls for proposals | 1,5 |

10 | Reception and evaluation proposals/multi-annual and annual programmes | (also involves staff involved in 12,13,14 and 15) | 9 |

11 | Award decisions | 0,5 |

12 | Financial Commitment | Preparation, maintenance and closure of all financial commitments + sub consequent amendments | 1,5 |

13 | Legal Commitment | Preparation, Signature, Closure of all juridical commitments + sub consequent amendments | 4 |

PROGRAMME : MONITORING OF PROJECTS |

14 | Payments - Initiation | Preparation and Processing of all Prefinancing, Intermediate and Final Payments (including verification supporting docs) | 3 |

15 | Project Monitoring | Receipt and assessment of reports , requests for information, project visits | 4 |

PROCUREMENT, CONTROL AND AUDIT |

16 | Ex- ante verification of transactions, setting up of control standards | Setting up appropriate control standards | 2 |

17 | Financial Audit | Ex-post Audit of expenditure / implementation | 2 |

18 | Internal audit | Verification of compliance with ICS | 1 |

19 | Procurement procedures | Drafting, procedures and authorisation of procurement procedures for projects and technical assistance (evaluation, studies,…) , including JPC, Helpdesk procurement procedures | 2 |

20 | Reporting | Report of Authorising Officer, RAA, relations with Court of Auditors… | 1 |

SUPPORT SERVICES |

21 | Filing and Archiving | Database, digital and hardcopy filing | 1 |

22 | Programme Evaluation | Ex ante - Mid term - Final evaluation | 1,5 |

23 | IT Support | Specific development of IT Tools related to monitoring and implementation | 2 |

OVERHEAD |

24 | Administration (Overhead) | CIS, Translations, HRM, Logistics,… | 9 |

TOTAL | 54 |

8.2.3. Sources of human resources (statutory )

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

( Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Missions | 20*1000 + 10*3000 | 50.000 |

Meetings & Conferences | 5*30000 | 150.000 |

Compulsory meetings | 2*15000 | 30.000 |

Non-compulsory meetings | 1*40000 | 40.000 |

Studies & consultations | 2*150000 | 300.000 |

Information systems | 1*100000 | 100.000 |

[1] COM(2004) 101.

[2] “Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)” - COM(2004) 101 de 10.2.2004.

[3] “ La libertad es el principio unificador, la base del proyecto europeo. Pero sin seguridad, sin sistema de derecho y justicia reconocido por los ciudadanos, no estaría garantizado el ejercicio de las libertades y el respeto de los valores democráticos. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia garantiza, por tanto, la concreción de los principios de democracia y el respeto de los derechos humanos. El reconocimiento común de estos principios, incluidos en la Carta de los Derechos Fundamentales, resulta esencial para la ciudadanía y constituye la base de la integración para todos los que residen en la Unión. ”, “Un proyecto para la Unión Europea” - COM(2002) 247.

[4] El artículo I-9, apartado 2, del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa establece que la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en la Constitución.

[5] DO L 151 de 10.6.1997, p. 1. Reglamento en su versión modificada en último lugar por el Reglamento (CE) nº 1652/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 33).

[6] COM(2004) 693 de 25.10.2004.

[7] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.

[8] DO L 63 de 6.3.2002, p. 1. Decisión en su versión modificada por la Decisión 2003/659/JAI (DO L 245 de 29.9.2003, p. 44).

[9] DO L 36 de 12.2.1993, p. 1. Reglamento en su versión modificada por última vez por el Reglamento (CE) nº 1651/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 30).

[10] DO L 341 de 30.12.1994, p. 7.

[11] COM(2004) 101 de 10.2.2004.

[12] COM(2004) 487 de 14.7.2004.

[13] COM(2002) 169 de 27.3.2002.

[14] COM(2004) 824 de 14.12.2004.

[15] COM(2002) 599 de 4.11.2002.

[16] COM(2004) 707 de 22.10.2004.

[17] DO C […] de […], p. […].

[18] DO C […] de […], p. […].

[19] DO C […] de […], p. […].

[20] DO C […] de […], p. […].

[21] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

[22] DO C 59 de 23.2.2001, p. 307.

[23] DO C 77 E de 28.3.2002, p. 126.

[24] DO L 34 de 9.2.2000, p. 1.

[25] DO L 143 de 30.4.2004, p. 1.

[26] COM(2004) 707.

[27] DO L 165 de 3.7.2003, p. 31.

[28] COM(2005) 45 de 14.2.2005.

[29] DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

[30] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[31] DO L 357 de 31 12.2002, p. 1.

[32] DO L 184 de 17.7.1999, p.23.

[33] COM(2004) 101 de 10.2.2004.

[34] COM(2004) 487 de 14.7.2004.

[35] DO C […] de […], p. […].

[36] DO C […] de […], p. […].

[37] DO C […] de […], p. […].

[38] DO C […] de […], p. […].

[39] DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.

[40] COM(2003) 609 de 15.10.2003.

[41] DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

[42] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[43] DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

[44] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

[45] COM(2004) 101 de 10.2.2004.

[46] COM(2004) 487 de 14.7.2004.

[47] DO C […] de […], p. […].

[48] DO C […] de […], p. […].

[49] DO L 203 de 1.8.2002, p. 5.

[50] DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

[51] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[52] DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

[53] COM(2004) 101 de 10.2.2004.

[54] COM(2004) 487 de 14.7.2004.

[55] COM(2005) 34 de 9.2.2005.

[56] DO C […] de […], p. […].

[57] DO C […] de […], p. […].

[58] DO C […] de […], p. […].

[59] DO L 287 de 8.11.1996, p. 3.

[60] DO L 196 de 14.7.1998, p. 24.

[61] DO L 115 de 1.5.2002, p. 1.

[62] DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

[63] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[64] DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

[65] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

[66] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.

[67] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.