Bruselas, 28.3.2022

COM(2022) 127 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil


1.Introducción

1.1.Antecedentes

El Reglamento (UE) n.º 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil 1 («el Reglamento») completa la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección 2 («la Directiva»). Ambos forman parte del mismo paquete legislativo. El Reglamento se adoptó el 12 de junio de 2013, sobre la base del artículo 81, apartado 2, letras a), e) y f), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Junto con la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos 3 (la «Directiva de los derechos de las víctimas»), la Directiva y el Reglamento forman un conjunto de medidas coherente, que refuerza los derechos y la protección de las víctimas y las posibles víctimas de delitos cuando viajan o se trasladan a otro Estado miembro.

La Directiva y el Reglamento pretenden lograr este objetivo mediante el establecimiento de una base jurídica para las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de que reconozcan órdenes de protección concedidas en otro Estado miembro. En virtud de este marco jurídico, todos los Estados miembros deben reconocer y ejecutar tanto las órdenes de protección penal como las medidas de protección civil dictadas en otro Estado miembro.

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, este informe evalúa su aplicación. La Comisión Europea también debe presentar un informe sobre la aplicación del Reglamento al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo y, si es necesario, aportará propuestas de modificación. Si bien estaba previsto que el informe se presentara antes del 11 de enero de 2021, el estallido de la pandemia de COVID-19 durante la primera mitad de 2020 sometió a la Comisión a una presión sin precedentes a la hora de abordar asuntos urgentes relacionados con la COVID-19. Esta situación retrasó la evaluación y su publicación.

El Reglamento complementa la Directiva para garantizar que no existen lagunas jurídicas en el marco de la Unión Europea (UE) para el reconocimiento mutuo de las medidas de protección para las víctimas de delitos. Por consiguiente, el presente informe debe leerse junto con el informe sobre la aplicación de la Directiva, que publicó la Comisión el 11 de mayo de 2020 4 . Los informes juntos proporcionan una visión completa de las normas mínimas que son aplicables en toda la UE sobre el reconocimiento transnacional y la ejecución de las medidas de protección por parte de las autoridades competentes en los Estados miembros.

1.2.Objetivo y elementos principales del Reglamento

El Reglamento pretende asegurar que una persona física que se beneficie de una medida de protección en materia civil en un Estado miembro pueda seguir contando con esa protección si se traslada o viaja a otro Estado miembro. Al mismo tiempo, el Reglamento aspira a salvaguardar el derecho de defensa de la persona causante del riesgo.

Por consiguiente, el Reglamento establece normas para el reconocimiento mutuo de las medidas de protección dictadas en los Estados miembros. Estas normas permiten que las autoridades competentes aseguren la protección continua en toda la UE mediante el uso de un mecanismo simple y rápido.

El Reglamento se aplica a las medidas nacionales de protección en materia civil, dictadas como parte de procedimientos civiles y administrativos. Más concretamente, se aplica a las medidas que imponen obligaciones a una persona causante de un riesgo para la integridad física o psíquica de otra persona con el fin de proteger a esta última. El Reglamento se aplica a todas las víctimas. Comprende los tres tipos más habituales de medidas nacionales de protección:

·prohibición o regulación de la entrada en el lugar en el que la persona protegida reside o trabaja o que frecuenta o en el que permanece de manera habitual;

·prohibición o regulación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida; y

·prohibición o regulación del acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la prescrita.

Las medidas de protección pretenden, principalmente, impedir cualquier forma de:

·violencia de género;

·violencia doméstica; o

·violencia en el marco de las relaciones con personas de su entorno próximo, como la violencia física, el acoso, la agresión sexual, el acecho, la intimidación u otras formas de coerción indirecta.

Las víctimas de estos delitos están especialmente expuestas a victimización, intimidación y represalias secundarias y reiteradas. En la práctica, las mujeres son las principales beneficiarias de las medidas de protección.

Las órdenes de protección suelen implicar una violación relativamente limitada de la libertad de circulación de la persona causante del riesgo. Dictar y supervisar las órdenes de protección, por lo general, no conlleva inversiones financieras significativas. Pero pueden ayudar a reducir y prevenir la violencia 5 .

En la práctica, la persona que recibe protección en el marco de una o varias medidas nacionales de protección (la «persona protegida») presenta una solicitud a la autoridad del Estado miembro en el que se dictan las medidas de protección (la «autoridad de expedición»). Si la solicitud se concede, la autoridad de expedición de dicho Estado miembro (el «Estado miembro de origen») expide un certificado. A continuación, la autoridad de expedición envía este certificado a la autoridad competente de otro Estado miembro (el «Estado miembro requerido») a fin de que se reconozcan y se ejecuten las medidas de protección en el territorio del Estado miembro requerido. La autoridad competente del Estado miembro requerido puede adoptar cualquier medida disponible en virtud de su Derecho nacional en un caso similar para dar continuidad a la protección de la persona protegida en el territorio del Estado miembro requerido. El Estado miembro requerido debe proporcionar a la víctima el mismo nivel de protección que proporcionaría a sus propios ciudadanos en una situación similar.

El certificado sobre las medidas de protección en materia civil adopta la forma de una plantilla normalizada multilingüe, y se aprobó mediante un acto de ejecución subsiguiente 6 . Los otros Estados miembros deben reconocer este certificado sin ninguna verificación adicional. El certificado debe ejecutarse directamente, es decir, que la persona protegida puede invocar directamente las medidas de protección ante las autoridades del Estado miembro requerido.

Desde el 11 de enero de 2015, el Reglamento es directamente aplicable en todos los Estados miembros salvo en Dinamarca.

1.3.Objetivo y ámbito del informe

El análisis de la Comisión se basa principalmente en la información directa de los Estados miembros. La Comisión obtuvo datos primarios de las notificaciones de los Estados miembros en virtud del artículo 18, apartado 1. Estas notificaciones enumeran las autoridades competentes y las lenguas aceptadas a efectos del Reglamento. Además, la Comisión examinó las respuestas a un cuestionario sobre la aplicación del Reglamento desde su entrada en vigor. La Comisión envió este cuestionario a las autoridades competentes de los Estados miembros en julio de 2021 y diecinueve Estados miembros respondieron. De todos los Estados miembros, dieciséis confirmaron que su sistema jurídico permite dictar medidas de protección en materia civil. La Comisión recopiló información complementaria sobre las autoridades competentes de los Estados miembros por medio del Portal Europeo de e-Justicia.

Para elaborar este informe, la Comisión utilizó dos estudios adicionales, que complementaron los datos proporcionados por los Estados miembros. En concreto, la Comisión se basó en un estudio publicado por el Parlamento Europeo en 2017. Este estudio analizaba el funcionamiento del reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil como parte de una evaluación de la aplicación de la Directiva 7 . La Comisión también indagó en el estudio final de POEMS, un proyecto financiado por el programa Daphne de la Comisión entre 2012 y 2014. El estudio identificó la legislación y evaluó el impacto de las órdenes de protección en los Estados miembros 8 .

El presente informe se centra en las disposiciones fundamentales del Reglamento e indispensables para el buen funcionamiento del reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil en toda la UE.

Estas disposiciones incluyen la obligación de notificar los tipos de autoridades que son competentes en los ámbitos regulados por el Reglamento, en particular:

·las autoridades competentes para expedir certificados de medidas de protección civil;

·las autoridades ante las cuales debe invocarse una medida de protección dictada en otro Estado miembro (y competentes para ejecutarla);

·las autoridades competentes para efectuar la adaptación de medidas de protección; y

·las autoridades ante las cuales debe presentarse la solicitud de denegación de reconocimiento.

El informe también examina lo siguiente:

·el régimen lingüístico de los Estados miembros;

·la obligación de respetar el derecho de defensa de la persona causante del riesgo;

·la expedición, el tratamiento y la transmisión de los certificados de medidas de protección civil; y

·la rectificación y revocación de los certificados de medidas de protección civil.

2.Evaluación general

El informe abarca todos los Estados miembros vinculados por el Reglamento 9 .

Las autoridades de expedición del Estado miembro de origen pueden dictar medidas de protección en materia civil, por ejemplo prohibiciones de acercamiento a otra persona a una distancia menor de la prescrita. En virtud del considerando 14 del Reglamento, el Estado miembro requerido debe reconocer estas medidas como medidas de protección en materia civil.

Además, el concepto de materia civil debe interpretarse de manera autónoma. La autoridad que dicta una medida de protección puede ser de naturaleza civil, administrativa o penal. Sin embargo, su naturaleza no debe ser determinante para evaluar el carácter civil de una medida de protección, siempre y cuando la decisión se refiera a asuntos civiles (considerando 10).

El Reglamento tiene en cuenta las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros y no afecta a los sistemas nacionales aplicables para dictar medidas de protección. Esto significa que no obliga a los Estados miembros a modificar sus sistemas nacionales para permitir dictar medidas de protección en materia civil. Ni obliga a los Estados miembros a introducir medidas de protección en materia civil para la aplicación del Reglamento (considerando 12).

Dieciséis Estados miembros confirmaron a la Comisión que sus sistemas jurídicos permiten dictar medidas de protección en materia civil. De todos los Estados miembros, cuatro confirmaron que sus sistemas no permiten dictar las medidas de protección en materia civil o expedir los certificados contemplados en el Reglamento. La Comisión lo tuvo en cuenta a la hora de redactar el informe.

En consecuencia, el informe refleja la situación en los Estados miembros en que el Reglamento es aplicable a la práctica. El informe también tiene en cuenta el considerando 12 del Reglamento.

El informe final de POEMS de 2015 10 y el estudio del Parlamento Europeo de 2017 11 concluyeron que todos los Estados miembros prevén algún tipo de orden de protección civil o penal. Sin embargo, ambos estudios revelaron que las leyes sobre las órdenes de protección y los niveles de protección varían de forma significativa en la UE, lo que puede dificultar el buen funcionamiento de la Directiva y del Reglamento, que en conjunto constituyen el marco jurídico de la UE.

Parece que la mayoría de los Estados miembros prefiere un sistema en que las medidas de protección se dictan tras un procedimiento penal o un procedimiento administrativo o civil. En otros Estados miembros, las víctimas disponen de una mezcla de medidas civiles y penales.

En determinados casos, puede resultar difícil para las autoridades competentes de los Estados miembros determinar si debe aplicarse la Directiva o el Reglamento. Esta situación puede darse cuando una única orden de protección incluye varias medidas de naturalezas diversas (ya sea civil, administrativa o penal).

Por consiguiente, tanto el informe final de POEMS de 2015 como el estudio del Parlamento Europeo de 2017 indican que, en la práctica, el uso de medidas de protección en materia civil y penal y la forma de aplicarlas varían considerablemente en toda la UE.

 

3.evaluación específica

3.1.Autoridades competentes [artículo 18, apartado 1, letra a)]

El artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión los tipos de autoridades competentes en las materias que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento. En julio de 2015, todos los Estados miembros vinculados por el Reglamento, salvo uno, ya habían notificado a la Comisión la información necesaria.

De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento, la autoridad de expedición del Estado miembro de origen debe expedir, a petición de la persona protegida, el certificado conforme al formulario normalizado multilingüe. El artículo 18, apartado 1, letra a), inciso i), exige a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión las categorías de autoridades competentes para dictar medidas de protección y expedir certificados.

De todos los Estados miembros que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento, veinte comunicaron que las autoridades competentes para dictar y expedir medidas de protección en materia civil son los órganos jurisdiccionales competentes desde el punto de vista geográfico. Esos órganos jurisdiccionales pueden ser tanto los tribunales de primera instancia como los tribunales de apelación y los tribunales supremos. De todos los Estados miembros, cinco mencionaron de forma explícita los tribunales de familia o la sala de familia de los tribunales, mientras que un Estado miembro citó el tribunal laboral. Asimismo, cuatro Estados miembros notificaron que los fiscales también son competentes.

Con objeto de tener en cuenta los diversos tipos de autoridades que dictan medidas de protección en materia civil en los Estados miembros, el Reglamento se aplica a las decisiones tanto de las autoridades judiciales como de las administrativas. Sin embargo, las autoridades administrativas deben ofrecer garantías por lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de recurso judicial de las partes. Esto también significa que las autoridades policiales no pueden ser autoridades de expedición (considerando 13). Un Estado miembro notificó a la Comisión que el alcalde de una ciudad es competente. Otro Estado miembro informó de que la policía, en calidad de organismo con poderes públicos, puede dictar medidas restrictivas de prevención temporales y expedir certificados. 

El artículo 18, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión los tipos de autoridades:

·ante las cuales debe invocarse una medida de protección dictada en otro Estado miembro; o

·que son competentes para ejecutarla.

Doce Estados miembros señalaron los órganos jurisdiccionales y, de estos, todos salvo uno designaron de forma explícita los órganos jurisdiccionales competentes a escala geográfica, como los tribunales comarcales, los tribunales municipales o los tribunales provinciales. En tres Estados miembros, los fiscales son competentes y, en otros cuatro, el agente judicial. Además, en ocho Estados miembros las autoridades policiales participan en la ejecución de las medidas de protección. Al parecer en dos Estados miembros, la policía se encarga de forma directa del reconocimiento de certificados y de la ejecución de las medidas de protección.

El artículo 18, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento exige a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión los tipos de autoridades competentes para efectuar la adaptación de medidas de protección. Dieciocho Estados miembros designaron de forma explícita los órganos jurisdiccionales competentes a escala geográfica, como los tribunales comarcales, los tribunales municipales, los tribunales provinciales o el presidente de un tribunal local. Además, tres Estados miembros señalaron los órganos jurisdiccionales o los tribunales de primera instancia en general, mientras que dos Estados miembros designaron los fiscales y, otros dos, los agentes judiciales.

Por último, el artículo 18, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento exige a los Estados miembros que notifiquen a la Comisión los tipos de autoridades ante las cuales debe presentarse la solicitud de denegación de reconocimiento (y de ejecución). Diecisiete Estados miembros designaron de manera explícita los órganos jurisdiccionales competentes a escala geográfica. Por otro lado, cuatro Estados miembros informaron de otros tipos de órganos jurisdiccionales, como los tribunales de primera instancia, los tribunales de infracciones menores y los tribunales de apelación.

3.2.Régimen lingüístico [artículo 18, apartado 1, letra b), artículo 16, artículo 4, apartado 2, letra c), y artículo 5, apartado 3]

En caso necesario, una persona protegida que desee invocar una medida de protección en el Estado miembro requerido debe proporcionar una traducción del certificado a las autoridades competentes [artículo 4, apartado 2, letra c)]. La persona protegida puede solicitar al Estado miembro de origen que le facilite dicha traducción (artículo 5, apartado 3).

El certificado debe estar traducido a una de las lenguas oficiales del Estado miembro requerido o a una lengua oficial de la UE que dicho Estado miembro haya indicado que puede aceptar (artículo 16, apartado 1). Los Estados miembros podían comunicar esta información a la Comisión hasta el 11 de julio de 2014 [artículo 18, apartado 1, letra b)]. De todos los Estados miembros, ocho respetaron este plazo. En julio de 2015, todos los Estados miembros vinculados por el Reglamento, salvo uno, ya habían notificado a la Comisión la información necesaria.

Tres Estados miembros aceptan recibir certificados en inglés y uno informó a la Comisión de que uno de sus tribunales comarcales acepta recibir certificados en italiano. Además, dos Estados miembros aceptan recibir certificados en lenguas adicionales de forma recíproca.

3.3.Garantías procesales para la persona causante del riesgo (artículos 6, 11, 12 y 13)

El Reglamento establece garantías específicas para asegurar que, si una persona protegida solicita la expedición de un certificado, se respeta el derecho de defensa de la persona causante del riesgo (artículo 6). En particular, la autoridad competente debe verificar lo siguiente respecto a la persona causante del riesgo:

·se le notificó la medida de protección (o su adaptación, de acuerdo con el artículo 11, apartado 3);

·se le informó de la iniciación del procedimiento; o

·tiene derecho a impugnar la medida de protección en el Estado miembro de origen.

En cinco Estados miembros, el agente judicial o un funcionario judicial comunica la media de protección a la persona causante del riesgo en persona.

En dos Estados miembros, la persona recibe la notificación en persona o por correo certificado. En un Estado miembro, solo se notifica por correo certificado. En un Estado miembro, la notificación se realiza por escrito en la mayoría de los casos (por vía electrónica o por correo certificado). Si la persona causante del riesgo está presente en la vista, la información se comunicará oralmente. En un Estado miembro, la persona recibe la notificación por correo ordinario. En tres Estados miembros, la policía puede, en algunos casos, dar la información en persona.

En tres Estados miembros, no hay una normativa específica respecto a la notificación del certificado. La persona causante del riesgo puede recibir la información por diversos medios, por ejemplo por vía electrónica, por correo certificado, mediante un servicio de correos o en persona.

Los Estados miembros no informaron de problemas recurrentes relacionados con la notificación de la persona causante del riesgo.

En virtud del Reglamento, la persona causante del riesgo puede tomar medidas judiciales en el Estado miembro requerido. La persona causante del riesgo puede interponer recurso contra la adaptación de la medida de protección (artículo 11, apartado 5). En determinados casos 12 , esta persona también puede solicitar la denegación del reconocimiento o de la ejecución de la medida de protección (artículo 13, apartado 1).

Un Estado miembro aportó estadísticas sobre las acciones tomadas por las personas causantes del riesgo ante el tribunal de primera instancia. En 2017 se realizaron 13 solicitudes en total, en 2018 se efectuaron 28 y en 2019 se presentaron 13.

3.4.Expedición, tratamiento y transmisión del certificado (artículo 4, apartado 1, y artículo 5, apartado 1)

Una persona protegida puede solicitar a la autoridad de expedición del Estado miembro de origen que expida el certificado (artículo 5, apartado 1) y presentarlo a las autoridades de otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución. En virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento, los Estados miembros deben reconocer las medidas de protección dictadas en otro Estado miembro sin que sea necesario ningún procedimiento especial. Asimismo, estas medidas deben tener fuerza ejecutiva de forma directa en el Estado miembro requerido.

El funcionamiento del formulario normalizado multilingüe creado en virtud del artículo 5 del Reglamento, incluido su contenido, fue satisfactorio según los ocho Estados miembros que proporcionaron comentarios al respecto.

Siete de los Estados miembros posibilitaron el envío de certificados por vía electrónica. Además, cinco Estados miembros confirmaron que los certificados para el reconocimiento de las medidas de protección en materia civil pueden tramitarse de forma digital. Entre estos Estados miembros, cuatro tuvieron una experiencia positiva en este sentido y para ninguno fue negativa. Ningún Estado miembro comunicó a la Comisión que hubiera tenido problemas con el envío de certificados. Sin embargo, un Estado miembro señaló que deben completarse formularios normalizados independientes cuando hay más de una persona involucrada. En estos casos, se tarda más tiempo en completar los formularios.

Ningún Estado miembro comunicó problemas recurrentes con el procedimiento, en particular con el cumplimiento de plazos. Por último, cuatro Estados miembros expresaron que no cuentan con datos o experiencia práctica.

3.5.Rectificación o revocación de las medidas de protección y los certificados (artículo 14, apartado 1 y artículo 9, apartado 1)

Se puede suspender, limitar o revocar una medida de protección en el Estado miembro de origen. En este caso, la persona protegida o la persona causante del riesgo pueden solicitar la expedición de un certificado para garantizar que este cambio se tiene en cuenta en el Estado miembro requerido (artículo 14, apartado 1).

Si un certificado contiene un error material o está claro que se expidió de manera indebida, la persona protegida o la persona causante del riesgo pueden solicitar la rectificación o la revocación del certificado. La autoridad de expedición también puede hacerlo por iniciativa propia (artículo 9, apartado 1).

El funcionamiento del formulario normalizado multilingüe creado en virtud del artículo 14 del Reglamento, incluido su contenido, fue satisfactorio según los ocho Estados miembros que proporcionaron comentarios al respecto.

Solo un Estado miembro aportó información sobre el tiempo medio para efectuar una revocación o rectificación, y comunicó que tardaba de diez a catorce días. Además, un Estado miembro notificó que, en un caso, el certificado tuvo que rectificarse debido a un error de cálculo.

En otro Estado miembro, el Derecho nacional no fija ningún plazo para la rectificación o revocación de un certificado. En este Estado miembro, la expedición se examina durante una vista judicial, de la cual se debe informar a los participantes con antelación. Por lo tanto, la duración del procedimiento puede variar según la duración de los procedimientos judiciales. Por último, nueve Estados miembros o no proporcionaron datos, o señalaron que no tuvieron ningún caso.

3.6.Sensibilización y formación sobre la aplicación del Reglamento

Siete de los Estados miembros crearon conciencia entre las autoridades judiciales y los profesionales del sistema judicial sobre la aplicación del Reglamento, en particular mediante el uso de cartas informativas, sitios web, guías y manuales, colegios de abogados y directrices.

Cinco Estados miembros organizaron sesiones formativas sobre la aplicación del Reglamento. Sin embargo, en cuatro de ellos, estas sesiones no se centraban de manera específica en el Reglamento, sino que formaban parte de programas con una perspectiva más general para jueces o funcionarios judiciales.



4.Recogida de datos

En julio de 2021, la Comisión envió un cuestionario a las autoridades competentes de los Estados miembros para recabar datos e información sobre la aplicación del Reglamento desde su entrada en vigor. La Comisión recibió las respuestas de diecinueve Estados miembros, y dieciséis de ellos confirmaron que sus sistemas jurídicos permiten dictar medidas de protección en materia civil.

La Comisión constató que diez Estados miembros (es decir, la mitad de los Estados miembros que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento) declararon no disponer de datos estadísticos desglosados sobre las medidas de protección en materia civil. Por lo tanto, estos Estados miembros no pudieron aportar datos sobre el número de certificados expedidos o recibidos en virtud del Reglamento. Siete Estados miembros proporcionaron datos, pero comunicaron cifras muy reducidas tanto para los certificados expedidos como para los recibidos (de uno a ninguno). En un Estado miembro se expidieron veinticinco certificados.

Catorce Estados miembros respondieron que no habían tenido ningún caso o que no disponían de estadísticas desglosadas sobre las solicitudes de expedición de certificados que habían recibido en calidad de Estado miembro de origen. Por otro lado, dos Estados miembros informaron de que cada una de sus respectivas autoridades competentes había recibido una única solicitud de expedición de certificados, y que una de las cuales se había denegado.

El cuestionario también preguntaba sobre los casos en que los Estados miembros, en calidad de Estado miembro requerido, ejecutaron una medida de protección en virtud del certificado del artículo 5 y, finalmente, adaptaron esta medida. Cinco Estados miembros señalaron que no tuvieron ningún caso de este tipo.

Del mismo modo, cinco Estados miembros manifestaron que no tuvieron ningún caso que involucrara un procedimiento de recurso contra la adaptación de una medida de protección.

Casi todos los Estados miembros que respondieron al cuestionario señalaron que no tenían casos conocidos (dos Estados miembros) o no disponían de datos desglosados (nueve Estados miembros) sobre medidas de protección suspendidas, rectificadas o revocadas en virtud del artículo 14 o el artículo 9 del Reglamento. Esto es independiente de si actuaban como Estado miembro de origen o como Estado miembro requerido. En un Estado miembro, se rectificó un certificado de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento, debido a un error de cálculo.

El informe final de POEMS de 2015 13 y el estudio del Parlamento Europeo de 2017 14 ya señalaron la falta de datos fiables y públicos sobre la incidencia de órdenes de protección civil. Ambos estudios relataron que muchos Estados miembros no disponían de estadísticas habituales y que solo podían basarse en estudios aislados. Además, la información aportada solía abarcar determinadas órdenes de protección o determinadas partes del país. Los estudios concluyeron que las grandes diferencias en los datos recopilados en varios Estados miembros pueden indicar que la verdadera incidencia de las medidas de protección civil estaba muy infravalorada. Los resultados de la encuesta de 2021 llevan a una conclusión similar. La ausencia de datos desagregados sobre los Estados miembros cuyos sistemas jurídicos permiten dictar medidas de protección en materia civil plantea problemas para el establecimiento de una estimación real del uso de medidas de protección en materia civil.

5.Conclusión

El buen funcionamiento del Reglamento es fundamental para ofrecer una protección completa y fiable a las víctimas de un delito en la UE cuando ejerzan su derecho a la libre circulación.

De acuerdo con los Estados miembros implicados, la esencia del sistema de reconocimiento mutuo establecida por el Reglamento (es decir, el funcionamiento del formulario normalizado multilingüe) es satisfactoria. Además, parece que los Estados miembros no han experimentado problemas importantes a la hora de aplicar los aspectos principales del Reglamento, como los relativos a la expedición, el tratamiento y la transmisión de certificados. Varios Estados miembros pueden enviar certificados por vía electrónica.

Los Estados miembros tampoco han señalado problemas recurrentes en lo que respecta a las garantías procesales para la persona causante del riesgo. En particular, cuando se trata de la notificación de las medidas de protección a esta persona, los Estados miembros aplican diferentes procedimientos, como las notificaciones por carta certificada, por medios electrónicos o la notificación personal.

El análisis no ha detectado la existencia de cuestiones problemáticas en lo que respecta a la rectificación o la revocación de las medidas de protección. Algunos Estados miembros señalaron que no tienen casos de este tipo.

No obstante, de forma similar a lo que sucede con el informe sobre la aplicación de la Directiva sobre la orden europea de protección, el presente análisis muestra que las diferencias existentes en la UE en torno a la legislación y las prácticas relativas a las medidas nacionales de protección pueden evitar que el instrumento alcance todo su potencial y afectar al reconocimiento mutuo de las medidas de protección. Asimismo, muestra que, en determinados casos, puede ser difícil determinar si es la Directiva o el Reglamento lo que resulta aplicable. Por poner un ejemplo, esta situación puede darse cuando una única orden de protección incluye varias medidas de naturalezas diversas (ya sea civil, administrativa o penal).

Asimismo, este informe muestra que todavía hay margen para mejorar la sensibilización respecto al Reglamento en los Estados miembros. Fomentar la sensibilización y facilitar información y orientación para los profesionales y las partes interesadas a escala nacional podría ser útil para mejorar la forma en que se aplica el Reglamento.

(1)      Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (DO L 181 de 29.6.2013, p. 4).
(2)      Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección (DO L 338 de 21.12.2011, p. 2).
(3)      Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
(4)      Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación de la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección [COM(2020) 187 final de 11.5.2020].
(5)      Van der Aa, S., Niemi, J., Sosa, L., Ferreira, A., Baldry, A.: Mapping the legislation and assessing the impact of protection orders in the European Member States [«Identificación de la legislación y evaluación del impacto de las órdenes de protección en los Estados miembros de Europa», documento en inglés], 2015.
(6)      Reglamento de Ejecución (UE) n.º 939/2014 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2014, por el que se establecen los certificados contemplados en los artículos 5 y 14 del Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (DO L 263 de 3.9.2014, p. 10).
(7)      Servicio de Estudios del Parlamento Europeo: Orden europea de protección: Estudio, PE 603.272, septiembre de 2017 ( http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603272/EPRS_STU(2017)603272_ES.pdf ).
(8)      Van der Aa, S. et al., op. cit.
(9)      El informe no incluye el Reino Unido, porque los datos sobre la aplicación del Reglamento recopilados para el análisis del informe se recabaron después de que este país saliera de la UE y después de que concluyera el período de transición durante el cual el Reglamento seguía en vigor en el Reino Unido.
(10)      Van der Aa, S. et al., op. cit.
(11)      Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, op. cit.
(12)      Si este reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido, o si es incompatible con una sentencia dictada o reconocida en dicho Estado miembro.
(13)      Van der Aa, S. et al., op. cit.
(14)      Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, op. cit.