Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 8 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 2003/86/CE — Artículo 10, apartado 3, letra a) — Derecho de un refugiado a la reagrupación familiar con sus progenitores — Concepto de “menor no acompañado” — Solicitud de reagrupación familiar de los progenitores con un refugiado menor que ha alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de asilo — Alcance de la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (C‑550/16, EU:C:2018:248) — Plazo razonable para presentar esa solicitud — Dies a quo — Derecho al respeto de la vida privada o familiar — Interés superior del niño — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea »
En el asunto C‑571/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso‑Administrativo de Berlín‑Brandeburgo, Alemania), mediante resolución de 14 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de agosto de 2024, en el procedimiento entre
YO,
CT
y
Bundesrepublik Deutschland,
con intervención de:
Kreis Bergstraße,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo y los Sres. N. Jääskinen, M. Condinanzi (Ponente) y A. Kornezov, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. F. Cathagne, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de septiembre de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de CT y YO, por la Sra. A. Feßenbecker, Rechtsanwältin;
– en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. J. Hottiaux y J. Vondung, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de octubre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, YO y CT, nacionales sirios residentes en Turquía, y, por otro, la Bundesrepublik Deutschland (República Federal de Alemania) en relación con la denegación por esta última de sus solicitudes, que tenían por objeto la expedición de un permiso de residencia con fines de reagrupación familiar con su hijo, al que se ha reconocido el estatuto de refugiado en Alemania.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3 A tenor de los considerandos 2 y 8 de la Directiva 2003/86:
«(2) Las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse de conformidad con la obligación de proteger la familia y respetar la vida familiar que se consagra en numerosos instrumentos del Derecho internacional. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950,] y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [(en lo sucesivo, «Carta»)].
[…]
(8) La situación de los refugiados requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar en el mismo una vida de familia. A este respecto, conviene prever condiciones más favorables para el ejercicio de su derecho a la reagrupación familiar.»
4 El artículo 1 de esta Directiva tiene la siguiente redacción:
«El objetivo de la presente Directiva es fijar las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.»
5 Con arreglo al artículo 2, letra f), de dicha Directiva:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
f) menor no acompañado, el nacional de un tercer país o el apátrida menor de 18 años que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, o cualquier menor al que se deje solo tras su entrada en el territorio de los Estados miembros.»
6 El artículo 4 de la misma Directiva establece:
«1. Los Estados miembros autorizarán la entrada y la residencia, de conformidad con la presente Directiva y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV y en el artículo 16, de los siguientes miembros de la familia:
[…]
b) los hijos menores del reagrupante y de su cónyuge […]
[…]
Los hijos menores citados en el presente artículo deberán tener una edad inferior a la de la mayoría legal del Estado miembro en cuestión y no estar casados.
[…]
2. Los Estados miembros podrán, por vía legislativa o reglamentaria, autorizar la entrada y la residencia, de conformidad con la presente Directiva y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV, de los siguientes miembros de la familia:
a) los ascendientes en línea directa y en primer grado del reagrupante o de su cónyuge, cuando estén a su cargo y carezcan del apoyo familiar adecuado en el país de origen;
[…]».
7 El artículo 5 de la Directiva 2003/86 dispone lo siguiente:
«1. Los Estados miembros determinarán si, con el fin de ejercer el derecho a la reagrupación familiar, la solicitud de entrada y de residencia debe ser presentada ante las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, ya sea por el reagrupante ya sea por el miembro o miembros de la familia.
[…]
5. Al examinar la solicitud, los Estados miembros velarán por que se tenga debidamente en cuenta el interés mejor del menor.»
8 El artículo 7, apartado 1, de esta Directiva establece que los Estados miembros pueden requerir al solicitante que aporte la prueba de que el reagrupante dispone de una vivienda, un seguro de enfermedad y recursos que cumplan los requisitos que se relacionan en dicha disposición.
9 El artículo 10, apartado 3, de la citada Directiva precisa:
«Si el refugiado fuera un menor no acompañado, los Estados miembros:
a) autorizarán la entrada y la residencia, con fines de reagrupación familiar, de sus ascendientes en línea directa y en primer grado, sin aplicar los requisitos establecidos en la letra a) del apartado 2 del artículo 4;
[…]».
10 A tenor del artículo 12, apartado 1, de la misma Directiva:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 7, los Estados miembros no exigirán al refugiado o a los miembros de su familia, respecto de las solicitudes relativas a los miembros de la familia mencionados en el apartado 1 del artículo 4, que presente la prueba de que el refugiado cumple los requisitos establecidos en el artículo 7.
Sin perjuicio de las obligaciones internacionales pertinentes, cuando la reagrupación familiar sea posible en un tercer país con el que el reagrupante o el miembro de la familia posean lazos especiales, los Estados miembros podrán exigir que se presente la prueba a la que se hace referencia en el primer párrafo.
Los Estados miembros podrán exigir que el refugiado reúna los requisitos mencionados en el apartado 1 del artículo 7 cuando la solicitud de reagrupación familiar no se haya presentado en el plazo de tres meses a partir de la concesión del estatuto de refugiado.»
11 El artículo 16, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/86 tiene la siguiente redacción:
«Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación familiar o, en su caso, retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, en los casos siguientes:
a) cuando no se cumplan o hayan dejado de cumplirse las condiciones establecidas en la presente Directiva.
[…]»
Derecho alemán
12 El artículo 6, apartado 3, de la Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Ley Reguladora del Derecho de Residencia, del Ejercicio de Actividades Remuneradas y de la Integración de los Extranjeros en el Territorio Federal), en su versión publicada el 25 de febrero de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), modificada por ley de 8 de mayo de 2024 (BGBl. I, n.º 152; en lo sucesivo, «AufenthG»), establece:
«Para estancias de larga duración será preciso obtener un visado válido en todo el territorio federal (visado nacional) que deberá haberse expedido antes de la entrada en el territorio. Dicho visado se expedirá con arreglo a las disposiciones en vigor en materia de permiso de residencia de duración limitada, tarjeta azul europea, tarjeta para personas que sean objeto de un traslado temporal entre sociedades de un mismo grupo (ICT) y permiso y documento de residencia permanente en la UE. […]»
13 El artículo 25 de la AufenthG, titulado «Residencia por razones humanitarias», precisa, en su apartado 2, lo siguiente:
«Se concederá el permiso de residencia de duración limitada a un extranjero cuando el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Autoridad Federal de Migración y Refugiados, Alemania] le haya reconocido el estatuto de refugiado en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Asylgesetz [Ley de Asilo] o el derecho a protección subsidiaria en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Ley de Asilo. […]»
14 El artículo 36 de la AufenthG, titulado «Reagrupación familiar de los progenitores y demás miembros de la familia», dispone:
«(1) […] se concederá un permiso de residencia de duración limitada a los progenitores de un extranjero menor que posea un permiso de residencia de duración limitada en virtud del […] artículo 25, […] apartado 2, […] si no reside en el territorio federal ningún progenitor con derecho de guarda y custodia sobre el menor.
(2) Podrá expedirse un permiso de residencia de duración limitada con fines de reagrupación familiar a los demás miembros de la familia de un extranjero cuando sea necesario para evitar dificultades excesivas. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
15 El hijo de los demandantes en el litigio principal, nacido el 31 de enero de 1999, entró en territorio alemán el 6 de agosto de 2015, a la edad de dieciséis años. Representado por una tutora, presentó una solicitud de asilo el 3 de junio de 2016, a la edad de diecisiete años. Mediante resolución de 15 de mayo de 2017, la Autoridad Federal de Migración y Refugiados le reconoció el estatuto de refugiado. En esa fecha, tenía dieciocho años y tres meses de edad.
16 Los demandantes en el litigio principal alegan que, en un primer momento, no presentaron una solicitud de reagrupación familiar con su hijo porque este último, durante el procedimiento de asilo y después de que le fuera reconocido el estatuto de refugiado, había sido informado en varias ocasiones por su tutora, por su abogado, por diversas autoridades competentes en materia de extranjería y por una organización de refugiados, de que, de conformidad con la jurisprudencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Alemania), el derecho de los progenitores a la reagrupación con su hijo reconocido como refugiado, en virtud del artículo 36, apartado 1, de la AufenthG, se extinguía cuando el hijo alcanzaba la mayoría de edad (Bundesverwaltungsgericht, sentencia de 18 de abril de 2013 2013 – 10 C 9/12 – BVerwG:2013:180413U10C9.12.0, apartados 17 y siguientes).
17 Mediante su sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (C‑550/16, en lo sucesivo, «sentencia A y S», EU:C:2018:248), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 2, letra f), de la Directiva 2003/86, en relación con el artículo 10, apartado 3, letra a), de esta, debe interpretarse en el sentido de que está incluido en el concepto de «menor», a efectos de esta disposición, el nacional de un tercer país o el apátrida que, en el momento de su entrada en el territorio de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en ese Estado, tuviera menos de dieciocho años, pero que, durante el procedimiento de asilo, alcanza la mayoría de edad y al que posteriormente se le reconoce el estatuto de refugiado. El Tribunal de Justicia precisó, en el apartado 61 de esa sentencia, que, en una situación de este tipo, la solicitud de reagrupación familiar formulada sobre la base del referido artículo 10, apartado 3, letra a), debe presentarse en un «plazo razonable», a saber, en principio, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que se reconoció al «menor» interesado la condición de «refugiado».
18 Tras tener conocimiento de dicha sentencia, el hijo de los demandantes en el litigio principal solicitó, mediante escrito de 24 de abril de 2018, a la autoridad nacional competente en materia de extranjería, a la Embajada de Alemania en Turquía y al Consulado General de Alemania en Estambul (Turquía) la expedición de un permiso de residencia para sus progenitores con fines de reagrupación familiar. También presentó, con carácter cautelar, una petición de restitutio in integrum relativa al plazo de tres meses en el que, de conformidad con la sentencia A y S, debe presentarse, en principio, una solicitud de reagrupación.
19 Mediante escrito de 11 de julio de 2018, los demandantes en el litigio principal solicitaron, por su parte, a la Embajada de Alemania en Ankara (Turquía) y al Consulado General de Alemania en Estambul la expedición de visados con fines de reagrupación familiar. El 20 de noviembre de 2018 se personaron en el Consulado General de Alemania en Estambul para presentar su solicitud.
20 Mediante resoluciones de 10 de abril de 2019, el Consulado General de Alemania en Estambul denegó estas solicitudes alegando que los progenitores de un refugiado solo tienen derecho a la reagrupación familiar hasta el día en que este alcanza la mayoría de edad y que, de cualquier modo, la solicitud formulada por los progenitores en este caso no se había presentado a la mayor brevedad después de que le hubiera sido reconocido al hijo el estatuto de refugiado.
21 El 14 de agosto de 2019, los demandantes en el litigio principal interpusieron un recurso contra estas resoluciones ante el Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso‑Administrativo de Berlín, Alemania), que lo desestimó mediante sentencia de 30 de marzo de 2021. Consideró que el derecho de los progenitores a la reagrupación familiar, en virtud del artículo 36, apartado 1, de la AufenthG, está supeditado al requisito de que el hijo sea menor de edad en la fecha de adopción de la resolución administrativa o de la resolución judicial que resuelva sobre el fondo. Según el citado tribunal, esta disposición nacional no admite otra lectura en el contexto de una interpretación conforme con el Derecho de la Unión. Los demandantes en el litigio principal tampoco podían aspirar a la reagrupación familiar con su hijo sobre la base del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86, ya que no habían presentado su solicitud en el plazo de tres meses fijado, en principio, por el Tribunal de Justicia en la sentencia A y S. En opinión del Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso‑Administrativo de Berlín), nada justificaba considerar un plazo más largo o un punto de partida diferido de dicho plazo. Precisó, por un lado, que no cabía concebir, en el caso de autos, una restitutio in integrum o un «período de gracia» basado en un supuesto de fuerza mayor y, por otro lado, que la parte que se abstiene voluntariamente de actuar a su debido tiempo porque considera que su solicitud o su recurso están abocados al fracaso no puede invocar un motivo admisible de impedimento.
22 Los demandantes en el litigio principal recurrieron esa sentencia en apelación ante el Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso‑Administrativo de Berlín‑Brandeburgo, Alemania), que es el tribunal remitente.
23 Ese último tribunal, siguiendo las alegaciones de los demandantes en el litigio principal, señala que no se les puede reprochar el incumplimiento del plazo de tres meses resultante de la sentencia A y S, puesto que, antes de que se dictara esa sentencia, no podían esperar razonablemente que prosperara una solicitud de reagrupación familiar. En efecto, una solicitud de este tipo no tenía, en aquel momento, ninguna posibilidad de éxito a la luz de la jurisprudencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo) y de la práctica decisoria de las autoridades alemanas que se derivaba de ella y que los demandantes en el litigio principal conocían. El refugiado y sus progenitores tampoco podían conocer, antes de que se dictara dicha sentencia, la existencia de ese plazo de tres meses.
24 Por consiguiente, el tribunal remitente considera que ese plazo no puede aplicarse, sin ajustes, en situaciones como la de los demandantes en el litigio principal. Se pregunta, por tanto, si, en tales circunstancias, se debe fijar el punto de partida del plazo en una fecha distinta de la de concesión al menor reagrupante del estatuto de refugiado, como el 12 de abril de 2018, fecha en que se dictó la sentencia A y S, o si cabe aplicar un plazo más largo. Al estimar, en consecuencia, que son posibles varias soluciones, dicho tribunal cree necesaria una aclaración a este respecto por parte del Tribunal de Justicia.
25 En estas circunstancias, el Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso‑Administrativo de Berlín‑Brandeburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe respetarse invariablemente el plazo de tres meses a partir de la concesión de la condición de refugiado que, según la sentencia [de 12 de abril de 2018, A y S (C‑550/16, EU:C:2018:248)], se aplica a una solicitud de reagrupación familiar presentada de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva [2003/86], cuando el reagrupante era menor de dieciocho años en la fecha de entrada en el territorio nacional de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en dicho Estado, pero alcanza la mayoría de edad durante la tramitación del procedimiento de asilo, aunque dicho plazo ya hubiera expirado en el momento de dictarse [esa sentencia], pero, con arreglo a la práctica administrativa de las autoridades [nacionales] y a la jurisprudencia de los tribunales superiores de dicho Estado miembro vigentes en aquel momento, no existieran muchas posibilidades de éxito en caso de que un refugiado que ya hubiera alcanzado la mayoría de edad presentara una solicitud de reagrupación familiar?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: en una situación de este tipo, ¿comienza el plazo a correr en una fecha posterior o se aplica un plazo más largo?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
26 Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el nacional de un tercer país, que entró como «menor no acompañado» en el territorio de un Estado miembro, haya alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional y haya obtenido el reconocimiento del estatuto de refugiado en una fecha anterior a la del pronunciamiento de la sentencia A y S, se debe presentar la solicitud de reagrupación familiar de sus progenitores, en principio, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que se reconoció al menor interesado la condición de «refugiado», tal como se establece en esa sentencia, en una situación en la que, antes de que se dictara la citada sentencia, una solicitud de ese tipo no tenía, para un refugiado que hubiera alcanzado la mayoría de edad, ninguna posibilidad de prosperar a la luz de la jurisprudencia de los tribunales superiores de dicho Estado miembro y de la práctica decisoria de las autoridades nacionales competentes.
27 Como se desprende de su artículo 1, la Directiva 2003/86 tiene por objeto fijar las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.
28 A este respecto, como precisa su considerando 8, dicha Directiva prevé, en el caso de los refugiados, condiciones más favorables para el ejercicio de ese derecho a la reagrupación familiar, por estimarse que su situación requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar en el mismo una vida de familia.
29 Esas condiciones más favorables afectan, entre otros casos, a la reagrupación familiar con los ascendientes de primer grado en línea directa del refugiado. En efecto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, mientras que, en virtud del artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva 2003/86, la posibilidad de reagrupación se deja, en principio, a la discrecionalidad de cada Estado miembro y se supedita al requisito, en particular, de que los ascendientes en primer grado en línea directa estén a cargo del reagrupante y carezcan del apoyo familiar adecuado en el país de origen, el artículo 10, apartado 3, letra a), de dicha Directiva establece, como excepción a ese principio, que el derecho a esta reagrupación de los refugiados menores no acompañados no se supedita ni a un margen de apreciación por parte de los Estados miembros ni a los requisitos establecidos en el citado artículo 4, apartado 2, letra a). Así, el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 impone a los Estados miembros una obligación positiva concreta, a la que corresponde un derecho claramente definido, y se dirige específicamente a garantizar una mayor protección a aquellos refugiados que tengan la condición de «menores no acompañados» [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupación familiar con un menor refugiado), C‑560/20, EU:C:2024:96, apartados 33 y 52 y jurisprudencia citada].
30 A este respecto, en el apartado 64 de la sentencia A y S, el Tribunal de Justicia ya declaró que el artículo 2, letra f), de la Directiva 2003/86, que define el concepto de «menor no acompañado», en relación con el artículo 10, apartado 3, letra a), de esta, debe interpretarse en el sentido de que debe calificarse de «menor», a efectos de esta disposición, al nacional de un tercer país o al apátrida que, en el momento de su entrada en el territorio de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en ese Estado, tiene menos de dieciocho años, pero que, durante el procedimiento de asilo, alcanza la mayoría de edad y al que posteriormente se le reconoce el estatuto de refugiado.
31 En efecto, hacer depender el derecho a la reagrupación familiar contemplado en el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 del momento en el que la autoridad nacional competente adopte formalmente la resolución en la que se reconozca la condición de «refugiado» a la persona interesada y, por consiguiente, de la mayor o menor celeridad con la que dicha autoridad tramite la solicitud de protección internacional, cuestionaría la eficacia de dicha disposición e iría en contra no solo del objetivo de la citada Directiva, que es favorecer la reagrupación familiar y conceder, a este respecto, una especial protección a los refugiados, en particular a los menores no acompañados, sino también de los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica (sentencia A y S, apartado 55).
32 Por lo que respecta al plazo en el que se debe presentar una solicitud de reagrupación familiar con un reagrupante refugiado menor de edad, es preciso señalar que la Directiva 2003/86 no determina expresamente hasta qué momento un refugiado menor puede solicitar acogerse al derecho a la reagrupación familiar previsto en el artículo 10, apartado 3, letra a), de la misma Directiva.
33 En este contexto, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 61 de la sentencia A y S, que, en la medida en que sería incompatible con el objetivo del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 que un refugiado que tuviera la condición de «menor no acompañado» en el momento de su solicitud de asilo, pero que alcanzara la mayoría de edad durante el procedimiento relativo a dicha solicitud, pudiera invocar esta disposición «sin limitación temporal alguna» a fin de conseguir la reagrupación familiar, la solicitud de reagrupación familiar debe presentarse en un plazo razonable. El Tribunal de Justicia también estimó que, a efectos de determinar tal plazo razonable, la solución adoptada por el legislador de la Unión en el contexto semejante del artículo 12, apartado 1, párrafo tercero, de dicha Directiva tiene valor indicativo, de modo que procede considerar que la solicitud de reagrupación familiar formulada sobre la base del artículo 10, apartado 3, letra a), de la citada Directiva, en una situación de este tipo, debe presentarse, en principio, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que se haya reconocido al menor interesado la condición de «refugiado».
34 Así pues, de la mencionada sentencia se desprende, por una parte, que, en tal situación, la solicitud de reagrupación familiar debe presentarse en un «plazo razonable» y que el punto de partida de ese plazo es la fecha en la que le fue reconocido al menor interesado el estatuto de refugiado. Por otra parte, dicho plazo de tres meses tiene un «valor indicativo» a efectos de determinar el carácter razonable, de modo que una solicitud de este tipo se debe presentar, «en principio», en ese plazo de tres meses. Sin embargo, esto no excluye la adaptación de dicho plazo en situaciones particulares.
35 En efecto, procede recordar que el carácter razonable de un plazo no puede apreciarse en relación con un límite máximo preciso, determinado de forma abstracta, sino que debe valorarse en cada asunto concreto en función de las circunstancias particulares del caso (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2013, Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, apartados 29 y 33).
36 En el presente asunto, las dudas del tribunal remitente están relacionadas con las circunstancias específicas del litigio principal, en las que, por un lado, el plazo, en principio de tres meses, ya había expirado el día en que se dictó la sentencia A y S y, por otro lado, antes de que esta se dictara, la solicitud de reagrupación familiar presentada por los progenitores de un refugiado que hubiera alcanzado la mayoría de edad durante el examen de su solicitud de asilo no tenía ninguna posibilidad de prosperar a la luz de la jurisprudencia de los tribunales superiores de dicho Estado miembro y de la práctica decisoria de las autoridades nacionales competentes.
37 A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 51, apartado 1, de la Carta, cuando apliquen el Derecho de la Unión, los Estados miembros respetarán los derechos y observarán los principios establecidos por la Carta y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión.
38 Así pues, según reiterada jurisprudencia, corresponde a los Estados miembros, y en particular a sus órganos jurisdiccionales y a las autoridades nacionales competentes, no solo interpretar su Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, sino también procurar no basarse en una interpretación de un texto de Derecho derivado que entre en conflicto con los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico de la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupación familiar con un menor refugiado), C‑560/20, EU:C:2024:96, apartado 48 y jurisprudencia citada].
39 Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, las disposiciones de la Directiva 2003/86 deben interpretarse y aplicarse a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta, como resulta además de los términos del considerando 2 y del artículo 5, apartado 5, de dicha Directiva, que obligan a los Estados miembros a examinar las solicitudes de reagrupación en interés de los menores afectados y procurando favorecer la vida familiar [sentencia de 30 de enero de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupación familiar con un menor refugiado), C‑560/20, EU:C:2024:96, apartado 50 y jurisprudencia citada].
40 Este es el caso, en particular, del artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86, que tiene precisamente como objetivo favorecer la reagrupación de los refugiados menores no acompañados con sus progenitores, con el fin de garantizar una mayor protección a estos menores, habida cuenta de su especial vulnerabilidad, y que, por consiguiente, reviste una especial importancia para el respeto efectivo de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupación familiar con un menor refugiado), C‑560/20, EU:C:2024:96, apartado 51].
41 Por consiguiente, dada la importancia de los intereses en juego y con el fin de garantizar la reagrupación de los refugiados menores no acompañados con sus progenitores, las autoridades nacionales competentes y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que deben pronunciarse sobre una solicitud de reagrupación familiar están obligados a considerar todas las circunstancias particulares de cada asunto, a fin de determinar si el plazo en el que se presentó la solicitud cumple el requisito de ser razonable. En concreto, les corresponde apreciar si tal solicitud, aun cuando hubiera sido presentada una vez expirado el plazo, en principio, de tres meses a partir de la fecha en la que se reconoció al menor la condición de «refugiado», puede, no obstante, considerarse admisible, a la luz de todas las circunstancias específicas que ha invocado el solicitante y que caracterizan el asunto del que conocen, en particular las razones que llevaron a superar ese plazo y la diligencia mostrada por el reagrupante o los miembros de su familia.
42 En el caso de autos, corresponde al tribunal remitente, en primer lugar, tomar en consideración la circunstancia de que los hechos del litigio principal son anteriores a que se dictara la sentencia A y S, en la que el Tribunal de Justicia declaró, por vez primera, que una solicitud de reagrupación familiar, presentada en una situación en la que el reagrupante tenía la condición de «menor no acompañado» en el momento de la presentación de su solicitud de asilo, pero había alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento relativo a dicha solicitud, debía presentarse en un plazo razonable, a saber, en principio, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que se reconoció al menor la condición de «refugiado». En efecto, antes de que se dictara la citada sentencia, ni el reagrupante ni sus progenitores podían conocer la existencia de tal plazo.
43 En segundo lugar, corresponde a dicho tribunal tener en cuenta el hecho de que los progenitores del reagrupante, que era menor de edad en el momento de la presentación de su solicitud de asilo, pero que había alcanzado la mayoría de edad cuando le fue reconocido el estatuto de refugiado, no presentaron una solicitud de reagrupación familiar inmediatamente después de dicho reconocimiento porque el reagrupante había sido informado, en particular por las autoridades nacionales competentes, de que una solicitud de este tipo en relación con un menor que hubiera alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de asilo no tenía ninguna posibilidad de prosperar a la luz de la jurisprudencia de los tribunales superiores alemanes y de la práctica decisoria de dichas autoridades, jurisprudencia y práctica que, por otra parte, fueron confirmadas por el Gobierno alemán durante el procedimiento en el presente asunto.
44 En tercer lugar, corresponde al citado tribunal tomar en consideración el hecho de que el hijo de los demandantes en el litigio principal solicitó la expedición de un permiso de residencia para sus progenitores a efectos de la reagrupación familiar el 24 de abril de 2018, es decir, solo doce días después de que se dictara la sentencia A y S. Tal circunstancia puede constituir un indicio de la diligencia mostrada por los recurrentes para ejercer el derecho a la reagrupación familiar y de su buena fe.
45 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el nacional de un tercer país, que entró como «menor no acompañado» en el territorio de un Estado miembro, haya alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional y haya obtenido el reconocimiento del estatuto de refugiado en una fecha anterior a la del pronunciamiento de la sentencia A y S, se debe presentar la solicitud de reagrupación familiar de sus progenitores en un plazo razonable a partir de la fecha en la que se reconoció al menor interesado la condición de «refugiado». El carácter razonable de dicho plazo debe apreciarse a la luz de todas las circunstancias particulares de cada asunto.
Costas
46 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar,
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando el nacional de un tercer país, que entró como «menor no acompañado» en el territorio de un Estado miembro, haya alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional y haya obtenido el reconocimiento del estatuto de refugiado en una fecha anterior a la del pronunciamiento de la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (C‑550/16, EU:C:2018:248), se debe presentar la solicitud de reagrupación familiar de sus progenitores en un plazo razonable a partir de la fecha en la que se reconoció al menor interesado la condición de «refugiado». El carácter razonable de dicho plazo debe apreciarse a la luz de todas las circunstancias particulares de cada asunto.
Firmas
* Lengua de procedimiento: alemán.