Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 26 de marzo de 2026 (1)
Asuntos acumulados C‑531/24 y C‑895/24
An Taisce — The National Trust for Ireland y otros
[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda)]
« Petición de decisión prejudicial — Medio ambiente — Directiva 91/676/CEE — Protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias — Programas de acción para zonas vulnerables — Autorización de una exención para aplicar una cantidad de nitrógeno procedente de estiércol superior a la máxima prevista — Directiva 2000/60/CE — Establecimiento de un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas — Programa de medidas — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Evaluación adecuada de la compatibilidad con los objetivos de conservación de lugares Natura 2000 — Directiva 2001/42/CE — Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente — Medidas de supervisión — Bienes materiales — Alternativas »
Índice
I. Introducción
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Directiva sobre los nitratos
2. Exención concedida por la Comisión
3. Directiva sobre los hábitats
4. Directiva marco sobre el agua
5. Directiva EAE
B. Derecho irlandés
III. Hechos y petición de decisión prejudicial
IV. Apreciación jurídica
A. Apreciación con arreglo a la Directiva marco sobre el agua
1. El programa de acción previsto en la Directiva sobre los nitratos, en el sistema normativo de la Directiva marco sobre el agua
2. El examen de los programas de acción previstos en la Directiva sobre los nitratos, en el ámbito de la Directiva marco sobre el agua
3. La exención concedida por la Comisión
4. Conclusión parcial
B. Evaluación de las repercusiones en lugares Natura 2000
1. Obligación de evaluar las repercusiones
2. Objeto de la evaluación de las repercusiones
3. Conclusión parcial
C. La evaluación ambiental estratégica
1. Cuestiones primera a cuarta del asunto C531/24
2. Séptima cuestión del asunto C531/24 — medidas de supervisión en el informe medioambiental
a) Exposición de las medidas de supervisión que satisfagan las exigencias del artículo 10 de la Directiva EAE
b) Precisión de los datos sobre las medidas de supervisión
c) Forma de combatir los efectos adversos no previstos
3. Octava cuestión del asunto C531/24 y primera cuestión del asunto C895/24 — bienes materiales
4. Segunda cuestión del asunto C895/24 — evaluación de las alternativas en el informe medioambiental
D. Novena cuestión del asunto C531/24 — Efectos en la autorización por la Comisión de la aplicación de cantidades superiores de nitratos
E. Mantenimiento de los efectos
V. Conclusión
I. Introducción
1. ¿Qué exigencias se deducen de la interacción entre la Directiva sobre los nitratos (2) y la Directiva sobre los hábitats, (3) la Directiva marco sobre el agua (4) y la Directiva EAE («EAE» significa «evaluación ambiental estratégica») (5) cuando la Comisión, a instancia de un Estado miembro, autoriza una exención que permite aplicar más estiércol en superficies agrícolas que la cantidad permitida por la Directiva sobre los nitratos? Tal es la problemática de la que tratan las dos peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda).
2. Dichas peticiones pretenden arrojar luz sobre las exigencias que la Directiva sobre los hábitats, la Directiva marco sobre el agua y la Directiva EAE imponen a la evaluación de impacto ambiental de tal exención, contenida en el Programa de acción por el que se regulan las emisiones de nitratos en la agricultura. Asimismo, la High Court (Tribunal Superior) pregunta si la respuesta a las cuestiones sobre la evaluación medioambiental pone en tela de juicio la validez de la autorización de la exención por la Comisión. (6)
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Directiva sobre los nitratos
3. El artículo 1 de la Directiva sobre los nitratos define sus objetivos:
«El objetivo de la presente Directiva es:
– reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario, y
– actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.»
4. El artículo 2, letra j), de la Directiva sobre los nitratos define qué se ha de entender por «contaminación»:
«La introducción de compuestos nitrogenados de origen agrario en el medio acuático, directa o indirectamente, que tenga consecuencias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos vivos y el ecosistema acuático, causar daños a los lugares de recreo u ocasionar molestias para otras utilizaciones legítimas de las aguas».
5. A tenor del artículo 3 de la Directiva sobre los nitratos, los Estados miembros deben designar como zonas vulnerables determinadas superficies dentro de sus territorios que estén especialmente contaminadas por nitratos, donde exista riesgo de tal contaminación o cuya escorrentía fluya hacia tales superficies contribuyendo a su posible contaminación.
6. El artículo 5 dispone que los Estados miembros han de establecer programas de acción para las zonas vulnerables o para todo el territorio nacional:
«1. En un plazo de dos años a partir de la designación inicial a que se refiere el apartado 2 del artículo 3, o de un año a partir de cada designación complementaria con arreglo al apartado 4 del artículo 3, y con objeto de cumplir los objetivos especificados en el artículo 1, los Estados miembros establecerán programas de acción respecto de las zonas vulnerables designadas.
2. Los programas de acción podrán referirse a todas las zonas vulnerables del territorio de un Estado miembro o, si dicho Estado miembro lo considerare oportuno, podrán establecerse programas diferentes para distintas zonas vulnerables o partes de dichas zonas.
3. Los programas de acción tendrán en cuenta:
a) los datos científicos y técnicos de que se disponga, principalmente con referencia a las respectivas aportaciones de nitrógeno procedentes de fuentes agrarias o de otro tipo;
b) las condiciones medioambientales en las regiones afectadas del Estado miembro de que se trate.»
4. Los programas de acción se pondrán en aplicación en el plazo de cuatro años desde su elaboración y consistirán en las siguientes medidas obligatorias:
a) las medidas del Anexo III;
b) las medidas dispuestas por los Estados miembros en el o los códigos de prácticas agrarias correctas establecidos con arreglo al artículo 4, excepto aquellas que hayan sido sustituidas por las medidas del Anexo III.
5. Por otra parte, y en el contexto de los programas de acción, los Estados miembros tomarán todas aquellas medidas adicionales o acciones reforzadas que consideren necesarias si, al inicio o a raíz de la experiencia adquirida al aplicar los programas de acción, se observare que las medidas mencionadas en el apartado 4 no son suficientes para alcanzar los objetivos especificados en el artículo 1. Al seleccionar estas medidas o acciones, los Estados miembros tendrán en cuenta su eficacia y su coste en comparación con otras posibles medidas de prevención.»
7. El contenido necesario de los programas de acción se deduce de las exigencias de buenas prácticas agrarias en virtud del artículo 4 de la Directiva sobre los nitratos, así como de la exigencia especial que contiene el anexo III. En caso de que estas medidas no sean suficientes para evitar la contaminación por nitratos, con arreglo al artículo 5, apartado 5, los Estados miembros deben emprender medidas de mayor calado.
8. El anexo III, punto 2, de la Directiva sobre los nitratos establece las medidas que deben recoger los Estados miembros en sus programas de acción en relación con la cantidad de estiércol aplicado:
«Estas medidas evitarán que, para cada explotación o unidad ganadera, la cantidad de estiércol aplicada a la tierra cada año, incluso por los propios animales, exceda de una cantidad por hectárea especificada.
La cantidad especificada por hectárea será la cantidad de estiércol que contenga 170 kg N. No obstante:
a) […]
b) durante y transcurrido el primer programa de acción cuatrienal, los Estados miembros podrán establecer cantidades distintas de las mencionadas anteriormente. Dichas cantidades deberán establecerse de forma que no perjudiquen el cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo 1 y deberán justificarse con arreglo a criterios objetivos, por ejemplo:
– ciclos de crecimiento largos,
– cultivos con elevada captación de nitrógeno;
– alta precipitación neta en la zona vulnerable;
– suelos con capacidad de pérdida de nitrógeno excepcionalmente elevada.
Cuando un Estado miembros autorice una cantidad distinta con arreglo a la presente letra b), informará a la Comisión, que estudiará la justificación con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 9, apartado 2.»
2. Exención concedida por la Comisión
9. La Comisión explicó del siguiente modo la exención controvertida en los considerandos 17 y 23 de la Decisión de Ejecución 2022/696:
«(17) A la luz de los datos mencionados en los considerandos 11 a 13, las condiciones establecidas en la presente Decisión deben reforzarse en comparación con las establecidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/209. Las condiciones establecidas, así como los sistemas de seguimiento y control, deben ser suficientes para garantizar que esta excepción sea coherente con los objetivos jurídicamente vinculantes de la Directiva marco sobre el agua […].
[…]
(23) La excepción prevista en la presente Decisión se entiende sin perjuicio de las obligaciones de Irlanda de aplicar la [Directiva sobre los hábitats], incluida la [sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y Vereniging Leefmilieu (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882)], en particular sobre la interpretación del artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva.»
10. El artículo 1 de la Decisión de Ejecución 2022/696 autoriza la aplicación de una cantidad de nitrógeno procedente de estiércol superior a 170 kg por hectárea al año en las condiciones establecidas en los artículos 4 a 12.
11. Con arreglo al artículo 4 de la Decisión de Ejecución 2022/696, los pasticultores que deseen acogerse a la exención deben presentar cada año una solicitud de autorización. El artículo 5 permite las autorizaciones para aplicar cantidades de estiércol con un contenido máximo de 250 kg de nitrógeno por hectárea al año, y se remite a ciertas condiciones adicionales.
3. Directiva sobre los hábitats
12. El artículo 6, apartados 2 a 4, de la Directiva sobre los hábitats regula la protección de las zonas Natura 2000:
«2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva.
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.
[…]»
4. Directiva marco sobre el agua
13. En el artículo 4, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva marco sobre el agua se recogen la prohibición de deterioro y la obligación de mejora en relación con las aguas superficiales. La letra c) contiene un régimen especial para las zonas protegidas:
«1. Al poner en práctica los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos de cuenca:
a) para las aguas superficiales
i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8,
ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de la aplicación del inciso iii) por lo que respecta a las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 4, de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8,
iii) […]
sin perjuicio de los acuerdos internacionales pertinentes mencionados en el artículo 1 que afecten a las partes implicadas;
[…]
c) para las zonas protegidas
Los Estados miembros habrán de lograr el cumplimiento de todas las normas y objetivos a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos que se especifique otra cosa en el acto legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada una de las zonas protegidas.»
14. El artículo 5 de la Directiva marco sobre el agua regula el registro del estado de las aguas:
«1. Cada Estado miembro velará por que se efectúe en cada demarcación hidrográfica o en la parte de una demarcación hidrográfica internacional situada en su territorio:
– un análisis de las características de la demarcación,
– un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, y
– un análisis económico del uso del agua,
de conformidad con las especificaciones técnicas fijadas en los anexos II y III. Velará asimismo por que estos análisis y estudios estén terminados dentro del plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.
2. Los análisis y estudios mencionados en el apartado 1 se revisarán y, cuando proceda, se actualizarán dentro del plazo de trece años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, y cada seis años a partir de entonces.»
15. El artículo 10 de la Directiva marco sobre el agua dispone un planteamiento combinado para los vertidos contaminantes desde fuentes puntuales y difusas. Este planteamiento incluye expresamente el establecimiento de valores límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles y en las mejores prácticas medioambientales con arreglo a la Directiva sobre los nitratos. El artículo 10, apartado 3, prevé también la posibilidad de imponer condiciones más estrictas:
«Si un objetivo de calidad o una norma de calidad establecidos en virtud de la presente Directiva, de las Directivas enumeradas en el anexo IX o de cualquier otro acto legislativo comunitario exige condiciones más estrictas […], se establecerán controles de emisión más rigurosos en consecuencia.»
16. El artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua prevé un programa de medidas para alcanzar los objetivos de la Directiva:
«1. Los Estados miembros velarán por que se establezca para cada demarcación hidrográfica, o para la parte de una demarcación hidrográfica internacional situada en su territorio, un programa de medidas, teniendo en cuenta los resultados de los análisis exigidos con arreglo al artículo 5, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4. […]
2. Cada programa de medidas incluirá las “medidas básicas” especificadas en el apartado 3 del presente artículo y, cuando sea necesario, “medidas complementarias”.
3. Las “medidas básicas” son los requisitos mínimos que deberán cumplirse y consistirán en:
a) las medidas necesarias para cumplir la normativa comunitaria sobre protección de las aguas, incluidas las medidas exigidas en virtud de los actos legislativos especificados en el artículo 10 y en la parte A del anexo VI;
[…]
5. Cuando los datos en virtud de actividades de seguimiento u otros datos indiquen que probablemente no se lograrán los objetivos establecidos en el artículo 4 para una masa de agua, el Estado miembro velará por que:
– se investiguen las causas de esa posible carencia,
– se examinen y revisen adecuadamente los permisos y autorizaciones pertinentes,
– se revisen y ajusten adecuadamente los programas de seguimiento, y
– se establezcan las medidas adicionales que sean necesarias para lograr dichos objetivos, incluido, cuando proceda, el establecimiento de normas de calidad medioambiental más estrictas con arreglo a los procedimientos del anexo V.
Cuando esas causas resulten de circunstancias debidas a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales y no hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías prolongadas, el Estado miembro podrá determinar que no es factible adoptar medidas adicionales, de conformidad con el apartado 6 del artículo 4.»
17. A tenor del anexo VI, parte A, inciso ix), de la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre los nitratos es una norma en que pueden basarse las medidas que se han de incluir en el programa de medidas previsto en el artículo 11, apartado 3, letra a), de la Medida marco sobre el agua.
18. El anexo II, punto 1.4, de la Medida marco sobre el agua concreta la identificación de las presiones:
«Los Estados miembros recogerán y conservarán la información sobre el tipo y la magnitud de las presiones antropogénicas significativas a las que puedan verse expuestas las masas de aguas superficiales de cada demarcación hidrográfica, en especial:
[…]
Estimación e identificación de la contaminación significativa de fuente difusa, producida especialmente por las sustancias enumeradas en el anexo VIII, procedentes de instalaciones y actividades urbanas, industriales, agrarias y de otro tipo, basándose, entre otras cosas, en la información recogida en virtud de:
i) los artículos 3, 5 y 6 de la [Directiva sobre los nitratos], […]»
19. Las consecuencias de la información así obtenida son objeto del anexo II, punto 1.5, de la Directiva marco sobre el agua:
«Los Estados miembros llevarán a cabo una evaluación de la susceptibilidad del estado de las aguas superficiales de las masas de agua respecto a las presiones señaladas anteriormente.
Los Estados miembros utilizarán la información mencionada anteriormente que hayan recogido, y cualquier otra información pertinente, incluidos los datos de seguimiento medioambiental existentes, para llevar a cabo una evaluación de la probabilidad de que las masas de agua superficial de la demarcación hidrográfica no se ajusten a los objetivos de calidad medioambiental fijados para las mismas de conformidad con el artículo 4. Los Estados miembros podrán utilizar técnicas de modelización que les asistan en dicha evaluación.
Respecto a las masas de agua que se considere que pueden no ajustarse a los objetivos de calidad medioambiental, se llevará a cabo una caracterización adicional, si procede, para optimizar la concepción de los programas de seguimiento exigidos en el artículo 8 y de los programas de medidas exigidos en el artículo 11.»
5. Directiva EAE
20. Los objetivos de la Directiva EAE se desprenden especialmente de su artículo 1:
«La presente Directiva tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, de una evaluación medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.»
21. En el artículo 2, letra a), de la Directiva EAE se definen los planes y programas:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) planes y programas: los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad Europea, así como cualquier modificación de los mismos:
– cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y
– que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.»
22. La obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental estratégica se regula en el artículo 3 de la Directiva EAE:
«1. Se llevará a cabo una evaluación medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 a 9 de la presente Directiva, en relación con los planes y programas a que se refieren los apartados 2 y 4 que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
2. Salvo lo dispuesto en el apartado 3, serán objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas:
a) que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la [Directiva EIA (7)], o
b) que, atendiendo al efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la [Directiva hábitats (8)].
[…]»
23. El artículo 5 de la Directiva EAE se refiere al contenido de la evaluación medioambiental y a la consideración de alternativas:
«1. Cuando se requiera una evaluación medioambiental de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, se elaborará un informe medioambiental en el que se identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa. La información que se habrá de facilitar al respecto se menciona en el anexo I.
2. En el informe ambiental elaborado conforme al apartado 1 se hará constar la información que se considere razonablemente necesaria, teniendo en cuenta los conocimientos y métodos de evaluación existentes, el contenido y grado de especificación del plan o programa, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en que la evaluación de determinados aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con objeto de evitar su repetición.
3. […]»
24. El artículo 9, apartado 1, de la Directiva EAE regula el contenido de la decisión sobre el plan o programa:
«1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se apruebe un plan o programa, se informará a las autoridades mencionadas en el apartado 3 del artículo 6, al público y a todos los Estados miembros consultados en virtud del artículo 7, y se pondrán a su disposición los siguientes elementos:
a) el plan o programa aprobado;
b) una declaración que resuma de qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos medioambientales y cómo se han tomado en consideración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, el informe medioambiental elaborado de conformidad con el artículo 5, las opiniones expresadas de conformidad con el artículo 6 y los resultados de las consultas celebradas en virtud del artículo 7, así como las razones de la elección del plan o programa aprobado, a la vista de las demás alternativas razonables consideradas; y
c) las medidas adoptadas para la supervisión, de conformidad con el artículo 10.»
25. El artículo 10, apartado 1, de la Directiva EAE regula la supervisión de los efectos del plan o programa para el medio ambiente:
«Los Estados miembros deberán supervisar los efectos de la aplicación de los planes y programas importantes para el medio ambiente para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitirles llevar a cabo las medidas de reparación adecuadas.»
26. La información que se debe presentar en el informe medioambiental se regula en el anexo I de la Directiva EAE:
«La información que habrá de facilitarse con arreglo al apartado 1 del artículo 5, a reserva de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, será la siguiente:
a) […]
c) las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa;
d) cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con las [Directivas sobre los hábitats o sobre las aves];
e) los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o del Estado miembro que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración;
f) los probables efectos significativos en el medio ambiente […], incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores;
g) […]
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas previstas y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades que se hayan encontrado para proporcionar la información requerida (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos);
i) una descripción de las medidas previstas para la supervisión, de conformidad con el artículo 10;
j) […]»
B. Derecho irlandés
27. Con arreglo al artículo 4 de la Planning and Development Act 2000 (Ley de Urbanismo y Desarrollo de 2000) y artículo 28 del European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 (Reglamento Comunitario de Aves y Hábitats Naturales de 2011), es posible prohibir actividades agrícolas cuando puedan perjudicar a zonas protegidas con arreglo a la Directiva sobre los hábitats o a la Directiva sobre las aves.
28. La aplicación de estiércol con un contenido superior a 170 kg de nitrógeno por hectárea al año está regulada, sobre todo, en el artículo 35, apartado 1, del European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022 (Reglamento de la Unión Europea de Buenas Prácticas Agrícolas para la Protección de las Aguas, de 2022) (S. I. n.º 113 de 2022), en su versión modificada por el S. I. n.º 393 de 2022 (en lo sucesivo, «Reglamento de 2022»):
«La aplicación de estiércol en superficies de una explotación que en un año dado supere la cantidad mencionada en el artículo 20, apartado 1, no se considerará infracción de dicha disposición cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el titular de la explotación haya presentado ante el Ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca una solicitud de autorización a una exención de las exigencias contenidas en la citada disposición;
b) Que la solicitud a que se refiere la letra a) haya sido presentada en el formulario establecido por el Ministro, debidamente cumplimentado, y dentro del plazo fijado por el Ministro;
c) Que a la solicitud a que se refiere la letra a) se haya adjuntado un compromiso por escrito del titular de cumplir todos los requisitos enumerados en el anexo 5, y
d) Que el titular cumpla en la explotación todos los requisitos enumerados en el anexo 5.»
29. El anexo 5 del Reglamento de 2022 limita, entre otras cosas, la cantidad de nitratos a 250 kg.
30. Si la solicitud no satisface los requisitos, el Ministro debe desestimarla, con arreglo al artículo 35, apartado 2, del Reglamento de 2022. El artículo 3 dispone que la explotación agrícola no obtendrá autorización alguna el año siguiente si se comprueba que en el año en curso no ha cumplido los requisitos establecidos en los artículos 6 a 9 de la Decisión de la Comisión.
III. Hechos y petición de decisión prejudicial
31. En las peticiones de decisión prejudicial se exponen los hechos del siguiente modo.
32. Con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva sobre los nitratos, Irlanda aplica en todo su territorio nacional un programa de acción para los Nitratos.
33. La petición de decisión prejudicial cita decisiones de la Comisión desde el año 2007 que permiten a Irlanda, dentro de su programa de acción sobre nitratos, autorizar a las explotaciones agrícolas, en ciertas condiciones, aplicar estiércol con un contenido de hasta 250 kg de nitrógeno por hectárea al año. (9) La última de estas disposiciones en la fecha de la petición de decisión prejudicial y el correspondiente programa de acción sobre nitratos para los años 2022 a 2025 son objeto del procedimiento principal.
34. Al mismo tiempo, la petición de decisión prejudicial cita ciertos informes de la Environmental Protection Agency (Oficina de Protección del Medio Ambiente, Irlanda; en lo sucesivo, «EPA») según los cuales casi la mitad de los ríos y lagos de Irlanda han dejado de presentar un estado satisfactorio a causa de una excesiva carga de fósforo y nitrógeno. (10)
35. El Ministro de Vivienda, Entidades Locales y Patrimonio sometió a una evaluación medioambiental el programa de acción sobre nitratos controvertido, en relación con los lugares Natura 2000. Pero, no se llevó a cabo ninguna evaluación exhaustiva de las repercusiones sobre el medio ambiente de las actividades agrícolas con emisiones de nitrato que se habían de desarrollar en virtud de la exención para la aplicación de nitrógeno. Las evaluaciones se centraron únicamente en las medidas de protección previstas. Sin embargo, de las fuentes [en particular, los informes de la EPA y la «Natura Impact Statement» (dictamen científico, previsto en la legislación irlandesa, acerca de las repercusiones en lugares Natura 2000) para el plan hidrológico de cuenca con arreglo a la Directiva marco sobre el agua para las masas de agua irlandesas en los años 2022 a 2027] se deduce claramente que una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de las actividades agrícolas correspondientes probablemente habría mostrado considerables efectos perjudiciales para el medio ambiente también en lugares europeos con arreglo a la Directiva sobre los hábitats.
36. Según la mencionada «Natura Impact Statement» del plan hidrológico de cuenca para las masas de agua irlandesas, será fundamental evaluar los efectos sobre el medio ambiente de todas las excepciones concedidas a las distintas explotaciones agrícolas en virtud del programa de acción sobre nitratos, teniendo debidamente en cuenta los efectos adversos acumulados. De las más de 130 000 explotaciones de Irlanda, cada año solicitan una excepción unos 6 500 productores agrícolas. La gran mayoría de estos solicitantes son productores de leche. Las excepciones individuales no se publican: solo se difunden datos agregados relativos a la ubicación de las explotaciones en cuestión en cada unidad administrativa local. No se ha realizado de forma efectiva ninguna EA respecto de estas decisiones y no existe un procedimiento a tal efecto. En la práctica, la normativa nacional de transposición de la Directiva sobre los hábitats no se aplica en este contexto.
37. Además, el Ministro de Vivienda, Entidades Locales y Patrimonio sometió a una evaluación medioambiental estratégica el programa de acción sobre nitratos, si bien en este caso no analizó las alternativas con el mismo grado de detalle que el propio programa. Asimismo, no se ha realizado un examen del programa de acción sobre nitratos con arreglo al artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua, ni tampoco una evaluación completa de las repercusiones sobre el medio ambiente de las actividades agrícolas correspondientes.
38. En el informe medioambiental en que culminó la realización de la EAE no se incluyeron todos los datos de la supervisión efectuada. El informe medioambiental no contenía descripción alguna de las medidas previstas para la supervisión, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva EAE, con suficiente grado de detalle para acreditar la observancia del artículo 10. En particular, no aportaba información alguna sobre cómo y cuándo tendría lugar la supervisión o de cómo se utilizarían sus resultados y de cómo se combatirían los efectos adversos no previstos identificados.
39. En la realización de la EAE se tuvieron en cuenta las repercusiones económicas para los bienes materiales, y se consideró que tenían más importancia que las opciones que, de otro modo, podrían haberse reputado más respetuosas con el medio ambiente. Sí se tuvieron en cuenta y se valoraron, en particular, cuestiones económicas de mayor alcance, como los bienes materiales, las amplias repercusiones sociales de las actividades agrarias, el impacto del plan o proyecto en el sector agrario y en la producción e ingresos de los trabajadores en este campo, la sostenibilidad del sector agrario en Irlanda, la cadena de suministro alimentario y el empleo de una parte importante de la población.
40. El 9 de marzo de 2022, el Ministro de Vivienda, Entidades Locales y Patrimonio autorizó el Quinto Programa de Acción sobre Nitratos de 2022 a 2025 y adoptó el Reglamento de 2022 (S. I. n.º 113). El 29 de abril de 2022, la Comisión concedió la prórroga de la excepción anteriormente reconocida a Irlanda a efectos del anexo III, punto 2, de la Directiva sobre nitratos. A continuación, el 28 de julio de 2022 el Ministro completó el programa de acción con el reglamento correspondiente (S. I. n.º 393).
41. El 31 de mayo de 2022, An Taisce interpuso recurso contra el programa de acción ante la High Court (Tribunal Superior). En el marco del correspondiente procedimiento, este último Tribunal planteó al Tribunal de Justicia dos peticiones de decisión prejudicial, registradas como asuntos C‑531/24 y C‑895/24, y el 11 de noviembre de 2025 estos asuntos fueron acumulados.
42. Las cuestiones planteadas en el asunto C‑531/24 son las siguientes:
«1) ¿Tienen el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua o el artículo 3, apartado 1, de la Directiva EAE, interpretados a la luz del artículo 3 TUE, apartado 3, de los artículos 11 TFUE o 191 TFUE, apartado 2, o del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el efecto de que la evaluación, en virtud de dichas Directivas o por referencia a ellas, de un programa de acción del artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos no debe efectuarse atendiendo únicamente a las medidas de protección que recoge efectivamente el plan, sino también tomando en consideración las repercusiones en el medio ambiente de la emisión de nitratos procedente de las actividades agrarias que se desarrollarán sobre la base de las excepciones concedidas con motivo de la adopción del plan, ya sea con carácter general o en la medida en que dichas repercusiones hayan sido propiciadas de forma indirecta por la falta de previsión en ese plan de medidas de protección más rigurosas?
2) En caso de respuesta, en general, negativa a la primera cuestión, ¿tienen tal efecto las disposiciones citadas en el supuesto de que, en tal contexto, no se aplique en la práctica la normativa nacional del Estado miembro en cuestión relativa a la evaluación de las excepciones individuales concedidas con motivo de la adopción de un programa de acción con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos, de modo que, de hecho, no se lleva a cabo tal evaluación, con arreglo a la Directiva sobre los hábitats, por lo que respecta a las repercusiones en los lugares europeos de la emisión de nitratos procedente de las actividades agrarias que se desarrollarán sobre la base de tales excepciones?
3) ¿Tienen el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats o los artículos 3, apartado 1, 5, apartado 1, u 11, apartado 2, de la Directiva EAE, interpretados a la luz del artículo 3 TUE, apartado 3, de los artículos 11 TFUE o 191 TFUE, apartado 2, o del artículo 37 de la Carta, el efecto de que la evaluación de un plan o programa incluido en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones y que pueda tener repercusiones medioambientales en una masa de agua debe comprender otra evaluación a la luz del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua en la que se determine si el plan o programa, ya sea por sí solo o en combinación con otras medidas vinculantes adoptadas por el Estado miembro de que se trate, es lo suficientemente riguroso para garantizar que no provocará el deterioro del estado de una masa de agua superficial ni pondrá en peligro el logro de un buen estado de las aguas superficiales o de un buen potencial ecológico y un buen estado químico de dichas aguas en la fecha prevista por la Directiva marco sobre el agua? En caso afirmativo, ¿exige alguna de las referidas disposiciones, o todas ellas, que tal evaluación contenga una declaración expresa o claramente inequívoca en la que se indique si se cumplirán los objetivos ambientales pertinentes de la Directiva marco sobre el agua a raíz de la adopción del plan o programa, ya sea con carácter general o en el caso concreto de la propuesta de adopción de una medida básica en el sentido del artículo 11, apartado 3, de la Directiva marco sobre el agua y, en particular, de un programa de acción sobre los nitratos con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos [mencionada en el anexo VI, parte A, inciso ix), de la Directiva marco sobre el agua, al que se refiere el artículo 11, apartado 3, letra a), de dicha Directiva]?
4) Si se responde, por un lado, a la tercera cuestión que la evaluación de un plan o programa incluido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats o del artículo 3, apartado 1, de la Directiva EAE y que pueda tener repercusiones medioambientales en una masa de agua debe contener otra evaluación a la luz del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua y, por otro lado, a las cuestiones primera o segunda que la evaluación en el sentido de la Directiva EAE en cuanto al cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua debe comprender una evaluación de las repercusiones en el medio ambiente de la emisión de nitratos procedente de actividades agrarias que se desarrollarán sobre la base de las excepciones concedidas con motivo del plan o, en particular, de la falta de disposiciones más rigurosas en un plan, ¿tiene el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua (y concretamente el principio de Derecho según el cual los Estados miembros están obligados —sin perjuicio de la posibilidad de que se conceda una excepción— a denegar la autorización de un proyecto si este puede provocar el deterioro del estado de una masa de agua superficial o si pone en peligro el logro de un buen estado de las aguas superficiales o de un buen potencial ecológico y un buen estado químico de dichas aguas en la fecha prevista por esa Directiva), interpretado a la luz del artículo 3 TUE, apartado 3, de los artículos 11 TFUE o 191 TFUE, apartado 2, o del artículo 37 de la Carta, el efecto de que un Estado miembro también debe denegar la adopción de un plan cuando las medidas de protección específicas que ofrece el plan, ya sea por sí solas o en combinación con otras medidas vinculantes adoptadas por el Estado miembro en cuestión, no sean suficientemente rigurosas para garantizar que la emisión de nitratos procedente de las actividades agrarias que se desarrollarán sobre la base de las excepciones concedidas con motivo de la adopción del plan no dará lugar a las consecuencias que el mencionado principio pretende evitar en la fecha prevista en la Directiva marco sobre el agua, ya sea con carácter general o en el caso concreto de la propuesta de adopción de una medida básica en el sentido del artículo 11, apartado 3, de la Directiva marco sobre el agua y, en particular, de un programa de acción sobre los nitratos con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos [mencionada en el anexo VI, parte A, inciso ix), de la Directiva marco sobre el agua, al que se refiere el artículo 11, apartado 3, letra a), de dicha Directiva]?
5) En caso de respuesta, en general, negativa a las cuestiones tercera o cuarta, ¿tienen el efecto indicado las disposiciones citadas en el supuesto de que, en tal contexto, no se aplique en la práctica la normativa nacional del Estado miembro en cuestión relativa a la evaluación de las excepciones individuales concedidas con motivo de la adopción de un programa de acción con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos, de modo que, de hecho, no se lleva a cabo tal evaluación, con arreglo a la Directiva sobre los hábitats (sea o no a la luz del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua), por lo que respecta a las repercusiones en las masas de agua de ese Estado miembro de la emisión de nitratos procedente de las actividades agrarias que se desarrollarán sobre la base de tales excepciones?
6) ¿Tiene el artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua, interpretado a la luz del artículo 3 TUE, apartado 3, de los artículos 11 TFUE o 191 TFUE, apartado 2, o del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el efecto de que la autoridad competente de un Estado miembro no puede adoptar un plan o programa, en particular un programa de acción sobre nitratos con arreglo a la Directiva sobre los nitratos que pueda producir alteraciones en el estado de cualquier masa de agua afectada de un Estado miembro, a menos que tenga la obligación de cerciorarse, por un lado, de que la adopción de tal plan o programa no puede provocar un deterioro del estado de cualquier masa de agua superficial que haya sido o debería haber sido identificada por el Estado miembro de que se trate como un “tipo” de masa de agua superficial ni poner en peligro el logro de un buen estado de las aguas superficiales o de un buen potencial ecológico y un buen estado químico de tal masa de agua superficial y, por otro lado, de que la adopción de dicho plan o programa es compatible con las medidas aplicadas en virtud del programa establecido con arreglo al artículo 11 de la Directiva marco sobre el agua para la demarcación hidrográfica de que se trate?
7) ¿Tienen el artículo 5, apartado 1, y el anexo I, letra i), de la Directiva EAE, interpretados a la luz del artículo 3 TUE, apartado 3, de los artículos 11 TFUE o 191 TFUE, apartado 2, o del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el efecto de que, para demostrar que se dará cumplimiento al artículo 10 de dicha Directiva, el propio informe medioambiental debe contener una descripción suficientemente pormenorizada de las medidas previstas para la supervisión, de conformidad con el citado artículo, en la que se indiquen, entre otros aspectos, cómo y cuándo tendrá lugar dicha supervisión o cómo se utilizarán sus resultados y cómo se combatirán los efectos adversos no previstos que pudieran identificarse?
8) ¿Excluye el concepto de “bienes materiales” que figura en el anexo I, letra f), de la Directiva EAE el valor de tales bienes o, en el caso concreto de que se evalúe un programa de acción adoptado con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos, las amplias repercusiones sociales de las actividades agrarias, el impacto del plan o proyecto en el sector agrario y en la producción e ingresos de los trabajadores en este campo, la sostenibilidad del sector agrario en el Estado miembro de que se trate, la cadena de suministro alimentario y el empleo de una parte importante de la población? En caso afirmativo, ¿tiene la Directiva EAE el efecto de que es ilícito tomar en consideración tales aspectos al evaluar las repercusiones del plan?
9) En caso de que la respuesta a alguna o varias de las cuestiones primera a octava conduzca a concluir que el [Nitrates Action Programme] se adoptó infringiendo las Directivas sobre los hábitats, marco sobre el agua o EAE, ¿es inválida la Decisión 2022/696 de la Comisión a la luz, inter alia, del artículo 3 TUE, apartado 3, de los artículos 11 TFUE o 191 TFUE, apartado 2, o del artículo 37 de la Carta?»
43. Las dos cuestiones adicionales planteadas en el asunto C‑895/24 rezan como sigue:
«1) ¿Tienen los artículos 5, apartado 1, o 9, apartado 1, letra b), y el anexo I, letra f), de la Directiva EAE el efecto de que los bienes materiales no puedan considerarse el factor que, efectivamente, prevalece sobre los demás factores, incluidos otros efectos en el medio ambiente, al objeto de la evaluación prevista en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, o de que la opción con menos efectos negativos sobre el medio ambiente deba elegirse como la opción preferente tras dicha evaluación?
2) ¿Tienen los artículos 5, apartado 1, o 9, apartado 1, letra b), y el anexo I, letra h), de la Directiva EAE el efecto de que, al realizar la evaluación prevista en su artículo 3, apartado 1, las alternativas deban identificarse, describirse y evaluarse de una forma que permita su comparación?»
44. En ambos asuntos han presentado observaciones por escrito An Taisce — The National Trust for Ireland, la Irish Creamery Milk Suppliers Association (ICMSA), Irlanda, y la Comisión Europea; además, en el asunto C‑531/24 lo ha hecho Feirmeoirí Aontuithe na hÉireann Iontaobaithe Teoranta en representación de la Irish Farmers’ Association (IFA), y en el asunto C‑895/24, Alemania.
45. El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia celebró una vista oral para ambos asuntos, en que intervinieron An Taisce, la IFA, la ICMSA, Irlanda y la Comisión.
IV. Apreciación jurídica
46. La Directiva sobre los nitratos se propone crear los instrumentos necesarios para garantizar la protección de las aguas contra la contaminación provocada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. (11) Según resulta del artículo 5, apartado 1, de la referida Directiva, para alcanzar estos objetivos los Estados miembros están obligados a elaborar y establecer programas de acción respecto de las zonas vulnerables designadas. (12) Sin embargo, con arreglo al artículo 3, apartado 5, también pueden aplicar tales programas a todo su territorio nacional, como ha hecho Irlanda.
47. Con arreglo al artículo 5, apartado 4, letras a) y b), estos programas de acción deberán contener, específicamente, ciertas medidas obligatorias enumeradas en los anexos II y III de dicha Directiva. (13) En el caso de autos, la mayor parte de estas medidas se adoptaron el 9 de marzo de 2022. No son objeto de la petición de decisión prejudicial y, al parecer, tampoco del litigio nacional principal. En consecuencia, no voy a seguir ahondando en el cumplimiento de las referidas exigencias y en las evaluaciones de impacto necesarias al respecto.
48. En cualquier caso, con arreglo al anexo III, punto 2, de la Directiva sobre los nitratos, el programa de acción debe garantizar, en particular, que los productores agrícolas no apliquen estiércol que exceda de 170 kg de nitrógeno por año y hectárea. No obstante, a tenor de la letra b) de la misma disposición los Estados miembros pueden autorizar cantidades superiores, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de los objetivos de la Directiva. En consecuencia, con el Quinto Programa de Acción sobre Nitratos, Irlanda, al igual que en los programas de acción anteriores, permite a todas las explotaciones agrícolas, en determinadas condiciones, aplicar hasta 250 kg de nitrógeno por hectárea al año. Esta norma, que no fue adoptada hasta el 28 de julio de 2022, es la única que constituye el objeto de la presente petición de decisión prejudicial.
49. De conformidad con el anexo III, punto 2, letra b), de la Directiva sobre los nitratos, los Estados miembros deben justificar a la Comisión la compatibilidad de dicha excepción con los objetivos de la Directiva. La Comisión estudia la justificación presentada y resuelve sobre la autorización de los incrementos en las cantidades de nitrógeno.
50. Al margen de ello, la Directiva sobre los nitratos no prevé ninguna otra evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de la aplicación de una cantidad superior de nitrógeno. En todo caso, las dos peticiones de decisión prejudicial pretenden aclarar la medida en la que es necesaria tal evaluación, en virtud de la Directiva sobre los hábitats, de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva EAE.
51. En efecto, la Directiva marco sobre el agua obliga a los Estados miembros a evaluar las repercusiones que tiene sobre el agua aumentar la cantidad de nitrógeno (véase la sección A). Aunque también es necesario analizar los efectos sobre las aguas subterráneas, (14) yo voy a circunscribir mis observaciones a las aguas superficiales, pues únicamente sobre ellas versan las cuestiones planteadas por la High Court (Tribunal Superior).
52. La obligación de evaluación con arreglo a la Directiva marco sobre el agua comprende también los efectos adversos en los lugares Natura 2000, si bien las condiciones de la evaluación se deducen de la Directiva sobre los hábitats (sección B). Otras exigencias dirigidas a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente y sobre la participación del público se extraen de la Directiva EAE (sección C). Por último, procede determinar si las eventuales infracciones del Derecho de la Unión que se aprecien en relación con la autorización de aplicar cantidades superiores de nitrógeno pueden poner en tela de juicio la validez de la Decisión de la Comisión respecto a esta autorización (sección D). Asimismo, son precisas algunas observaciones acerca de si el órgano jurisdiccional remitente puede mantener la eficacia del programa de acción en caso de que se compruebe que Irlanda lo ha adoptado infringiendo, total o parcialmente, las referidas disposiciones (sección E).
A. Apreciación con arreglo a la Directiva marco sobre el agua
53. Si bien las seis primeras cuestiones prejudiciales del asunto C‑531/24 mencionan la Directiva marco sobre el agua, principalmente son la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta las que pretenden aclarar si, a la luz de dicha Directiva, Irlanda adoptó correctamente el programa de acción y, en particular, la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno.
54. Mediante la cuarta cuestión, la High Court (Tribunal Superior) desea dilucidar si el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua se opone a la adopción de un programa de acción cuando las medidas de protección en él previstas no son suficientes para garantizar la consecución de un buen estado de las aguas superficiales con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), inciso ii).
55. Sin embargo, esta cuestión es hipotética y, por tanto, inadmisible. Aunque existen motivos para considerar que una evaluación de las medidas de protección previstas conduciría a la conclusión de que el programa de acción incumpliría la obligación de mejora impuesta por el artículo 4, apartado 1, letra a), inciso ii), de la Directiva marco sobre el agua, (15) según la petición de decisión prejudicial y, en particular, las reflexiones de la High Court (Tribunal Superior) sobre la tercera cuestión, no se ha llevado a cabo ningún análisis concluyente de las repercusiones del programa de acción en los objetivos del artículo 4 y, con toda probabilidad, tampoco una evaluación expresa a este respecto. (16) En consecuencia, también es, en parte, hipotética la quinta cuestión, en la medida en que está relacionada con la cuarta.
56. En cambio, sí son admisibles las cuestiones tercera y sexta, con las que se trata de determinar si la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno debió haber sido objeto de una evaluación de su compatibilidad con los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua, y también es admisible la quinta cuestión en la medida en que está relacionada con la tercera.
57. En consecuencia, pasaré a explicar, en primer lugar, el papel que desempeña el programa de acción previsto en la Directiva sobre los nitratos en el cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua y, acto seguido, los consiguientes deberes de evaluación que se imponen cuando se pretende autorizar la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno. Por último, me ocuparé del significado que tiene la aprobación de esta autorización por la Comisión.
1. El programa de acción previsto en la Directiva sobre los nitratos, en el sistema normativo de la Directiva marco sobre el agua
58. Con arreglo a su artículo 1, párrafo primero, letra a), la Directiva marco sobre el agua tiene por objeto establecer un marco para la protección, en particular, de las aguas superficiales continentales. Con dicho marco se pretende prevenir todo deterioro adicional, pero también proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos. (17)
59. En consecuencia, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva marco sobre el agua establece dos obligaciones diferentes, si bien estrechamente vinculadas entre sí. Por una parte, con arreglo a su inciso i), los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial (prohibición de deterioro). Por otra parte, con arreglo al inciso ii), los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con objeto de alcanzar un «buen estado» de las aguas superficiales a más tardar al final del año 2015 (obligación de mejora). (18) No obstante, el artículo 4, apartado 4, permite a los Estados miembros postergar hasta 2027 el logro del objetivo previsto en el apartado 1 del mismo artículo.
60. Según información de la EPA irlandesa, el buen estado ecológico de las masas de agua superficial en el sentido del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua requiere que dichas masas presenten menos de 8 mg/l NO3. (19) En cambio, el límite establecido por la Directiva sobre los nitratos es, con 50 mg/l NO3, sustancialmente superior. Con arreglo al anexo I, sección A, punto 1, en relación con la Directiva 75/440 (20) (actualmente derogada), se trata del valor límite para el agua obtenida a partir de agua potable, al que se aplica el mismo límite que en la Directiva sobre el agua potable. (21) Por lo tanto, ciertos hábitats y especies son notablemente más sensibles a los nitratos que las personas. (22)
61. Aunque, de esta manera, la Directiva sobre los nitratos establece un valor límite sensiblemente mayor que el (posiblemente) exigido por la Directiva marco sobre el agua, los programas de acción previstos en aquella resultan relevantes en el ámbito de esta. En efecto, con arreglo al artículo 11, apartado 1, cada Estado miembro debe establecer un programa de medidas dirigido a realizar los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua. A tenor de los artículos 11, apartados 2 y 3, letra a), y 10, y del anexo VI, parte A, inciso ix), de la Directiva marco sobre el agua, la aplicación de la Directiva sobre los nitratos figura entre las «medidas básicas» que deben recogerse en el programa de medidas. Por consiguiente, los programas de acción forman parte de dicho programa de medidas.
2. El examen de los programas de acción previstos en la Directiva sobre los nitratos, en el ámbito de la Directiva marco sobre el agua
62. Dado que el programa de acción previsto en la Directiva sobre los nitratos forma parte del programa de medidas con arreglo a la Directiva marco sobre el agua, las medidas de todo programa de acción y, en particular, la aplicación agrícola de nitrógeno que en él se autorice debe ser objeto de examen para comprobar que son compatibles con los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua. En particular, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, la prohibición de deterioro que impone el artículo 4, apartado 1, letra a), sigue siendo vinculante en cada una de las etapas de la aplicación de la Directiva marco sobre el agua y es aplicable a «cualquier tipo» y a cualquier estado de masa de agua superficial, (23) como acertadamente recalca la Comisión. Y lo mismo vale para la obligación de mejora.
63. Como la ICMSA e Irlanda fundadamente observan, no se trata a este respecto de un examen aislado del programa de acción o de la autorización de cantidades mayores de nitrógeno. Antes bien, todos los componentes del programa de medidas deben examinarse en su conjunto. Por su parte, los efectos que el programa de acción y, en particular, la autorización, tengan en los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua han de ser exhaustivamente tenidos en cuenta en dicho examen. Por lo tanto, se ha de poder reconocer qué efectos son atribuibles a la autorización de mayores cantidades de nitrógeno y cómo se ha llegado a esta conclusión en el examen.
64. La necesidad de incluir en el análisis la aplicación agrícola de nitrógeno se deriva, por lo demás, de la información que obtengan los Estados miembros con arreglo a los artículos 5 y 8 y a los anexos II, V y VIII de la Directiva marco sobre el agua y, con arreglo al artículo 11, apartados 1 y 5, debe ser tenida en cuenta al establecer el programa de medidas.
65. El artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua dispone expresamente que el programa de medidas se establece teniendo en cuenta los resultados de los análisis exigido con arreglo al artículo 5. Estos análisis, de conformidad con el anexo II, punto 1.4, incluyen, en particular, la contaminación significativa de fuente difusa procedente de instalaciones y actividades agrarias. El anexo II, punto 1.4, se remite expresamente a la información que se ha de recoger con arreglo a la Directiva sobre los nitratos, es decir, principalmente información sobre aportaciones de nitrógeno y sobre las sustancias enumeradas en el anexo III de la Directiva marco sobre el agua, donde aún (24) se menciona, en el punto 11, el nitrato como sustancia que contribuye a la eutrofización.
66. En caso de que se detecten masas de agua que se considere que pueden no ajustarse a los objetivos de calidad medioambiental, a tenor del anexo II, punto 1.5, párrafo tercero, de la Directiva marco sobre el agua, eventualmente, los Estados miembros deberán optimizar la concepción de los programas de medidas exigidos en el artículo 11.
67. Por otro lado, el artículo 11, apartado 5, de la Directiva marco sobre el agua exige que se ajuste el programa de medidas cuando los datos en virtud de actividades de seguimiento indiquen que probablemente no se lograrán los objetivos establecidos en el artículo 4. En tal caso, el Estado miembro debe investigar, en particular, las causas de ello, debe examinar los permisos y autorizaciones pertinentes y revisarlos, si procede, y debe establecer las medidas adicionales necesarias. Los detalles de este seguimiento se establecen en el artículo 8 y en el anexo V. El punto 1.3.3 de este último dispone, en particular, las modalidades de un control de vigilancia con el cual se han de determinar las causas de que no se alcancen los objetivos medioambientales, y a partir de ellas configurar el programa de medidas previsto en el artículo 11.
68. En consecuencia, en el marco de un programa de acción con arreglo a la Directiva sobre los nitratos, los Estados miembros solo pueden autorizar la aplicación de una cantidad superior de nitrógeno después de haber examinado y constatado, con arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva marco sobre el agua, que con ello no se van a ver perjudicados los objetivos del artículo 4 de esta.
69. Cabría la posibilidad de reducir al mínimo el examen de la autorización de cantidades superiores de nitrógeno creando un sistema eficaz de garantía de los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua en relación con la utilización de la autorización por las distintas explotaciones agrícolas. En principio, dicho sistema debería asegurar que las referidas explotaciones, en su conjunto, no aplicasen más que la cantidad de nitrógeno necesaria para que, teniendo en cuenta todas las demás aportaciones de nitrógeno, no se produjera un deterioro del estado de las aguas superficiales y no se dificultase alcanzar un buen estado. Sin embargo, la primera cuestión del asunto C‑531/24 se basa en la constatación de que no existe tal sistema, de manera que la autorización requería un examen exhaustivo.
70. Si un Estado miembro llegase a la conclusión de que una aplicación mayor de nitrógeno es incompatible con la prohibición de deterioro o con la obligación de mejora que impone el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua, ello no implicaría necesariamente que tal aplicación fuera ilícita. En efecto, podría estar permitida si entrase en juego alguna de las excepciones previstas también por el artículo 4. (25)
71. No obsta a esta conclusión la alegación de Irlanda en el sentido de que los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua no se pueden alcanzar solamente con el programa de acción. Sin duda, es cierto que, para los objetivos del artículo 4, también son importantes otras partes del programa de medidas. Asimismo, podría pensarse, cuando los aportes de nitratos son excesivos dentro del programa de medidas, en reducir preferentemente los aportes de otras fuentes. No obstante, en una consideración global del programa de medidas, el Estado miembro debe garantizar que, sobre la base de todas las medidas previstas, solo se aplicará la cantidad de nitrato que permita cumplir los objetivos del artículo 4. Esto, a su vez, requiere que se identifiquen y se tengan en cuenta los efectos de la autorización de una aplicación mayor de nitrógeno en el marco de un programa de acción con arreglo a la Directiva sobre los nitratos.
3. La exención concedida por la Comisión
72. Si bien la Comisión, mediante la Decisión de Ejecución 2022/696, aprobó que se autorizase la aplicación de una cantidad mayor de nitrógeno y, en el considerando 17, imponiendo ciertas condiciones, declaró que dicha excepción era compatible con los objetivos de la Directiva marco sobre el agua, ello no afecta a la obligación de evaluación que incumbe al Estado miembro, y no implica necesariamente la compatibilidad de las medidas autorizadas con dicha Directiva.
73. La Directiva marco sobre el agua no contiene ningún elemento que lleve a entender que la Comisión podría autorizar una desviación de sus objetivos. Las posibilidades de excepción están reguladas taxativamente en su artículo 4 y recaen son responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión únicamente puede vigilar la observancia de estas normas y, en su caso, iniciar un procedimiento por incumplimiento.
74. De igual forma, la Directiva sobre los nitratos y, en particular, la posibilidad que esta prevé de autorizar cantidades superiores de nitrógeno no puede entenderse como una excepción a los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua. Si bien, desde un punto de vista metodológico, cabría una interpretación de la Directiva sobre los nitratos como lex specialis respecto a la Directiva marco sobre el agua, esta última, con arreglo a su artículo 1, letra c), tiene por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático. Además, a tenor del artículo 4, apartado 2, se ha de aplicar siempre el criterio más riguroso, como expone la postura de la EPA irlandesa, según la cual, el buen estado de las aguas superficiales requiere un valor límite sustancialmente inferior de nitrato que en previsto en la Directiva sobre los nitratos. (26) Este ambicioso objetivo de la Directiva marco sobre el agua no podría alcanzarse si, en determinados ámbitos de la política de aguas, siguiesen rigiendo objetivos más antiguos y menos ambiciosos.
75. Por lo tanto, la Directiva marco sobre el agua contiene, como lex posterior, exigencias mayores que deben ser satisfechas también por las medidas basadas en la anterior Directiva sobre los nitratos.
76. No es necesario aclarar en este punto si las facultades de control de la Comisión con arreglo al anexo III, punto 2, letra b), de la Directiva sobre los nitratos comprenden las mayores exigencias de la Directiva marco sobre el agua o se limitan a lo dispuesto por la Directiva sobre los nitratos, ya que dicho control se circunscribe al examen de la justificación esgrimida por los Estados miembros. No obstante, la Comisión carece de competencias de investigación propias y de instrumentos de inspección en el territorio del Estado miembro para apreciar la conformidad con la Directiva marco sobre el agua. Por consiguiente, en la medida en que la Comisión comprueba en este procedimiento el cumplimiento de los objetivos de la Directiva marco sobre el agua, el Estado miembro debe haber hecho constar este cumplimiento en la justificación y, por tanto, debe haberlo examinado por sí mismo.
77. Por tal razón, el considerando 17 de la Decisión de Ejecución 2022/696 únicamente contiene la valoración que la Comisión hace de la autorización para aplicar una cantidad superior de nitrógeno. Pero, la Decisión de Ejecución no puede declarar con carácter vinculante que tal autorización es conforme con la Directiva marco sobre el agua.
4. Conclusión parcial
78. Así pues, procede considerar que, el marco de un programa de acción con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos, los Estados miembros solo pueden autorizar la aplicación de una cantidad superior de nitrógeno después de haber examinado y constatado, con arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva marco sobre el agua, que no van a resultar perjudicados los objetivos del artículo 4 de esta última Directiva. Si se llegara a la conclusión de que una mayor aplicación es incompatible con la prohibición de deterioro o con la obligación de mejora que establece el artículo 4, apartado 1, los objetivos del artículo 4 solo quedarían asegurados si fuera aplicable alguna de las excepciones que también han previsto las citadas disposiciones.
B. Evaluación de las repercusiones en lugares Natura 2000
79. En cualquier caso, los objetivos del artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco sobre el agua no se agotan con la prohibición de deterioro y la obligación de mejora con arreglo a la letra a). Antes bien, como subraya la Comisión, a tenor de la letra c) de la misma disposición los Estados miembros deben lograr el cumplimiento de todas las normas y objetivos en el mismo período, es decir, a más tardar en 2027, incluidas las zonas protegidas. (27) A tenor del artículo 6 del anexo IV, punto 1, letra v), esto es aplicable, en particular, a las zonas Natura 2000, cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante de su protección. (28)
80. En ello reside un objetivo más, que deben alcanzar los programas de medidas previstos en el artículo 11 de la Directiva marco sobre el agua y, por ende, también los programas de acción con arreglo a la Directiva sobre los nitratos. (29) Por consiguiente, antes de establecer un programa de acción los Estados miembros también deben evaluar sus repercusiones sobre los lugares Natura 2000.
81. Los criterios para esta evaluación se deducen del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. Así pues, en primer lugar, se ha de comprobar si la autorización de una aplicación mayor de nitrógeno en un programa de acción conforme a la Directiva sobre los nitratos requiere una evaluación con arreglo a dicha disposición. A continuación, se debe precisar el objeto de esta evaluación. Por lo tanto, las dos primeras cuestiones prejudiciales del asunto C‑531/24 se refieren a la evaluación de las repercusiones de la autorización con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. El órgano jurisdiccional remitente desea elucidar si la evaluación se puede limitar a las medidas de protección previstas en el programa de acción o si debe comprender también los efectos ocasionados por las actividades agrarias que liberen nitrato y que son autorizadas en virtud de dicho programa. En caso de que, en principio, la evaluación pueda limitarse a las medidas de protección previstas, el órgano jurisdiccional remitente desea también que se dilucide si afecta a esta conclusión el hecho de que las mencionadas actividades agrarias en la práctica no se sometan a una evaluación de las repercusiones referida a cada explotación individual.
82. Dado que las partes discrepan sobre si el propio programa de acción debe ser objeto siquiera de una evaluación de las repercusiones con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, en primer lugar voy a analizar esta cuestión (subsección 1) y, acto seguido, el objeto de tal evaluación (subsección 2).
1. Obligación de evaluar las repercusiones
83. A tenor del artículo 6, apartado 3, segunda frase, las autoridades competentes de los Estados miembros solo se declararán de acuerdo con el plan o proyecto, a la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en la excepción del apartado 4 del mismo artículo, tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad de un lugar Natura 2000. A tal fin, el artículo 6, apartado 3, primera frase, dispone que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.
84. La autorización de una aplicación mayor de nitrógeno en un programa de acción conforme a la Directiva sobre los nitratos no está directamente relacionada con la gestión de los lugares Natura 2000 ni es necesaria para la misma.
85. Sin embargo, la autorización no constituye una aprobación de un proyecto en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. Únicamente ofrece a una pluralidad de explotaciones agrícolas la posibilidad de aplicar una cantidad superior de nitrógeno. A lo sumo, el aprovechamiento de esta posibilidad por una explotación es lo que podría considerarse como un proyecto en sí. (30)
86. No obstante, la autorización en un programa de acción también podría considerarse un plan en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats.
87. Dado que la Directiva no define el concepto de «plan», si bien cabe pensar en instrumentos específicos del Derecho interno, en defecto de la correspondiente remisión, se trata de un concepto de Derecho de la Unión que ha de ser objeto de una interpretación autónoma. (31)
88. Las distintas versiones lingüísticas del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats admiten, en teoría, diversas acepciones para el término «plan». Así, en francés también podría designar una superficie llana, y con frecuencia se utiliza también para ciertas representaciones gráficas.
89. Sin embargo, atendiendo al contexto normativo, el concepto de «plan» debe entenderse en sentido abstracto, como instrumento que establece determinados objetivos y expone la forma de alcanzarlos. En principio, esta interpretación permite examinar la compatibilidad de un plan con los objetivos de conservación de un lugar Natura 2000 a efectos del artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, o su aprobación por una autoridad con arreglo a la segunda frase de la misma disposición.
90. Si bien, por tanto, se ha atribuido al término «plan» un amplio significado, precisamente tal amplitud es lo que permite lograr el objetivo del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, ya que esta disposición pretende prevenir efectivamente los efectos adversos de los planes o proyectos en los lugares Natura 2000. (32) Sería contrario a este fin que el concepto de «plan» (o también el de «proyecto») se interpretase de manera que quedasen sin evaluar ciertos efectos adversos (dependientes de la responsabilidad de las personas). Además, este propósito queda reflejado en el hecho de que la mayoría de las versiones lingüísticas originales de la disposición comprendan todos (33) los planes y proyectos. En cambio, no resulta necesario diferenciar tajantemente entre los conceptos de «plan» y «proyecto», al menos a los efectos del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, pues ambos llevan asociadas las mismas consecuencias jurídicas.
91. Así, la autorización general de aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por parte de las explotaciones agrícolas constituye un plan en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, pues establece como objetivo la posibilitación de tal práctica y, como medio para alcanzarlo, el permiso pertinente.
92. Sin embargo, la amplitud del concepto de «plan» no significa que deban someterse necesariamente a una evaluación de las repercusiones todas las medidas que definan objetivos y la forma conveniente de alcanzarlos. Antes bien, los límites de la obligación de evaluación se derivan de la condición de que exista un riesgo suficientemente identificable para el lugar y de la exigencia de que la evaluación de las repercusiones sea adecuada.
93. En primer lugar, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats solo exige una evaluación de las repercusiones cuando la medida pueda afectar de forma apreciable a un lugar Natura 2000, lo que el Tribunal de Justicia interpreta como probabilidad o riesgo de tal efecto. (34) Teniendo en cuenta especialmente el principio de cautela, tal probabilidad o riesgo existe desde el momento en que no quepa excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma apreciable. (35) Este examen deberá efectuarse, en particular, a la luz de las características y de las condiciones medioambientales concretas del lugar afectado por el programa de acción. (36) Así, el Tribunal de Justicia ha exigido que determinados planes de ordenación territorial se sometan a la evaluación con arreglo a la legislación del Reino Unido, ya que podían afectar apreciablemente a la autorización de proyectos y, por tanto, a los lugares afectados. (37)
94. Un exceso de deposiciones de nitrógeno procedente de estiércol agrícola puede afectar de forma apreciable a un lugar Natura 2000. (38) En particular, son determinantes a este respecto los valores científicos de contaminación límite para los distintos tipos de hábitat, los llamados critical loads. (39) La Comisión alude, a título de ejemplo, a los pantanos y humedales, así como a la náyade perlífera (Margaritifera margaritifera), que reaccionan sensiblemente al nitrato incluso muy por debajo del valor límite de la Directiva sobre los nitratos (50 mg/l). En consecuencia, cuando las explotaciones agrícolas situadas dentro o en el entorno de lugares Natura 2000 aplican en sus superficies cantidades superiores de nitrógeno, existe la probabilidad o el riesgo de que dichos lugares se vean afectados de forma apreciable.
95. En segundo lugar, solo es posible llevar a cabo de forma eficaz una evaluación de las repercusiones cuando el posible perjuicio para los lugares Natura 2000 presenta las suficientes características. Las medidas que, constituyendo un riesgo abstracto de efectos adversos en zonas protegidas, no permiten aún identificar repercusiones concretas en lugares concretos, no pueden ser objeto de una evaluación adecuada de su compatibilidad con los objetivos de conservación de los lugares Natura 2000. Por consiguiente, en un procedimiento seguido contra Italia, el Tribunal de Justicia declaró que los planes deben diferenciarse de la mera fase de reflexión administrativa preliminar y deben tener cierto grado de precisión en el planeamiento, que exige una evaluación adecuada de sus efectos. (40)
96. La autorización para aplicar cantidades superiores de nitrógeno no se traduce necesariamente en que determinados lugares Natura 2000 se vean perjudicados por deposiciones excesivas de nitrógeno. El riesgo de tal perjuicio solo puede ser determinado cuando se conoce qué explotaciones agrícolas aprovechan la posibilidad que les ofrece la autorización.
97. Sin embargo, esto no significa que no sea posible una evaluación de las repercusiones de la autorización. Antes bien, se podría presumir que todas las explotaciones agrícolas aprovecharán plenamente la posibilidad que les brinda la autorización y, a partir de ahí, es posible examinar si se va a ver afectado algún lugar Natura 2000.
98. En tercer lugar, teniendo en cuenta que tal evaluación, aunque posible, sería muy costosa, reviste interés la exigencia de que debe tratarse de una evaluación «adecuada». Aunque esta calidad del examen no está presente en todas las versiones lingüísticas originales del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, (41) sí aparece, al menos, en todas las versiones del décimo considerando.
99. Así, no sería adecuado examinar reiteradamente determinadas cuestiones en un procedimiento de autorización compuesto de distintas fases, si entre una fase y otra el riesgo o la probabilidad de efectos apreciables se mantienen invariables. (42) No obstante, también es adecuado llevar a cabo una evaluación lo antes posible, de manera que puedan tenerse en cuenta exhaustivamente todos los posibles efectos. (43) En particular, se ha de evitar que en las fases tempranas del proyecto se tomen decisiones que ocasionen repercusiones adversas durante la fase de ejecución sin que sea posible modificarlas posteriormente. (44)
100. En el presente asunto, en principio no parece adecuado presumir que todas las explotaciones agrícolas van a aprovechar la posibilidad de aplicar cantidades superiores de nitrógeno y, partiendo de esta premisa, llevar a cabo una evaluación adecuada de las repercusiones. Tal evaluación sería muy costosa y, a la vista del historial de aprovechamiento de la autorización, tampoco sería necesaria. En efecto, según la petición de decisión prejudicial, «solo» unas 6 500 explotaciones agrícolas del total de 130 000 se acogen efectivamente a la excepción.
101. La mera posibilidad de aplicar cantidades superiores no constituye aún una decisión que ya no pueda someterse a revisión con motivo de una posterior evaluación de las repercusiones. Bastaría con someter a una evaluación previa a las explotaciones que deseasen aplicar más nitrógeno y comprobar si, a raíz de ello, existe la probabilidad o el riesgo de que se vean afectados de forma apreciable lugares Natura 2000. En caso de que esto no pudiera excluirse dicha probabilidad o dicho riesgo, debido a las particularidades geográficas y a los objetivos de conservación de los lugares Natura 2000 eventualmente afectados, sería precisa una evaluación completa, tras la cual cabría la posibilidad de que las autoridades competentes hubiesen de denegar la utilización de la excepción.
102. En cualquier caso, debido al efecto acumulado de la aplicación de nitrógeno, (45) es necesario examinar conjuntamente las explotaciones cuyas emisiones de nitrógeno puedan derivar en deposiciones en un determinado lugar Natura 2000. De lo contrario, cabría temer que las primeras explotaciones examinadas agotasen la cantidad admisible de nitrógeno, dejando sin opciones a las explotaciones examinadas más tarde. Asimismo, si se efectuasen exámenes paralelos e inconexos, podría autorizarse una cantidad excesiva de nitrógeno.
103. Posiblemente, en la primera autorización de cantidades superiores de nitrógeno con arreglo a su transposición de la Directiva sobre los hábitats, Irlanda pudo dar por hecho que se llevaría a cabo una evaluación de cada una de las explotaciones. Sin embargo, la experiencia obtenida con el programa de acción anterior es contraria a esta presunción. En efecto, según la petición de decisión prejudicial, la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por parte de las distintas explotaciones agrícolas aún no se ha sometido nunca a una evaluación con arreglo al artículo 6, apartado 3. Tampoco el Quinto Programa de Acción irlandés contiene ninguna indicación de que esta disposición o las normas irlandesas de transposición deban ser observadas al aplicar cantidades superiores de nitrógeno. Por eso, en la vista oral, Irlanda admitió que hasta la fecha no ha tenido lugar ninguna evaluación de explotaciones individuales, y anunció que las autoridades competentes velarían por que en el futuro se cumpla con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats.
104. Sin embargo, mientras las autoridades irlandesas no hayan adoptado las medidas correspondientes, las explotaciones agrícolas seguirán aplicando cantidades superiores de nitrógeno en virtud de la autorización concedida en el programa de acción. En defecto de una evaluación individual o colectiva de esta aplicación, persisten dudas científicas razonables sobre si tal aplicación incrementada puede tener efectos adversos en lugares Natura 2000 a causa de las deposiciones de nitrógeno.
105. En consecuencia, la disposición que permita tal aplicación no puede ser adoptada sin una evaluación de las repercusiones con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats.
106. Si bien Irlanda recalca acertadamente que ya he declarado que de la Directiva sobre los nitratos no cabe deducir que los programas de acción necesariamente hayan de influir en la autorización de proyectos que puedan afectar de forma apreciable a zonas de protección, (46) es evidente que esta consideración aún se basaba en el supuesto (refutado en el presente asunto por la propia petición de decisión prejudicial) de que las autoridades nacionales competentes evaluaban en cada caso las medidas comprendidas por el programa de acción, con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats.
107. Además, un programa de acción que se limita a aplicar las exigencias de la Directiva sobre los nitratos (por ejemplo, estableciendo las cantidades máximas de nitrógeno aplicable previstas en la Directiva) no es lo mismo que una excepción en virtud de la cual se permite una cantidad superior de nitrógeno. El primero constituye un límite legal a los efectos adversos sobre el medio ambiente. La segunda admite medidas que ocasionan repercusiones en el medio ambiente más perjudiciales que las legalmente previstas.
108. Solo en aras de la exhaustividad procede señalar que también la aplicación de nitrógeno dentro de los límites establecidos en la Directiva sobre los nitratos puede hacer necesaria, en el caso concreto, una evaluación de las repercusiones. En efecto, dichos límites se establecieron sin tener en cuenta los valores de contaminación límite, sustancialmente inferiores, aplicables a los tipos de hábitat y especies presentes en las zonas de protección. (47) Si se exceden dichos límites, existe el riesgo de que se vea afectado de forma apreciable un lugar Natura 2000.
2. Objeto de la evaluación de las repercusiones
109. Con arreglo al artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats, las autoridades nacionales competentes solo pueden declararse de acuerdo con un plan (en el caso de autos, el programa de acción) si, a la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones, se han asegurado de que no causará perjuicios a ningún lugar Natura 2000. De acuerdo con reiterada jurisprudencia, solo pueden hacer esta apreciación si, desde un punto de vista científico, queda disipada toda duda razonable acerca de la posibilidad de tales perjuicios. (48)
110. Por consiguiente, la evaluación de las repercusiones no puede presentar lagunas y ha de contener constataciones completas, precisas y definitivas, capaces de disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos de los planes o proyectos previstos en el lugar protegido de que se trate. (49) A la luz de los mejores conocimientos científicos en la materia, debe identificar todos los aspectos del plan o del proyecto que puedan afectar, por sí mismos o conjuntamente con otros planes o proyectos, a los objetivos de conservación de los lugares protegidos afectados. (50)
111. La necesidad de la evaluación de las repercusiones del programa de acción se basa en la existencia de dudas científicas razonables sobre si la aplicación incrementada de nitrógeno tendrá efectos adversos en lugares Natura 2000 a causa de las deposiciones de nitrógeno. (51)
112. Por lo tanto, la evaluación de las repercusiones debe ir dirigida a disipar tales dudas. Asimismo, ha de verificar si la aplicación de mayores cantidades de nitrato perjudicará a los objetivos de conservación de lugares Natura 2000 a causa de las deposiciones de nitrato.
3. Conclusión parcial
113. Así pues, a la luz de la Directiva sobre los hábitats, procede responder a las dos primeras cuestiones del asunto C‑531/24 que un programa de acción con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre los nitratos, que, en determinadas condiciones, permite a todas las explotaciones agrícolas de un Estado aplicar cantidades superiores de nitrato, con motivo del establecimiento del programa de medidas previsto en el artículo 11 de la Directiva marco sobre el agua y de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, debe ser examinado para comprobar si queda disipada cualquier duda científica sobre las repercusiones adversas de tal aplicación en lugares Natura 2000, a causa de las deposiciones de nitrógeno. No obstante, puede renunciarse a esta evaluación si existen garantías de que la utilización de dicha posibilidad por las explotaciones individuales va a ser evaluada con arreglo al artículo 6, apartado 3.
C. La evaluación ambiental estratégica
114. Las cuestiones primera a cuarta, séptima y octava del asunto C‑531/24 y las dos cuestiones del asunto C‑895/24 se refieren a la aplicación de la Directiva EAE. Las cuatro primeras cuestiones del asunto C‑531/24, más allá de los interrogantes ya aludidos, pretenden aclarar si la autorización de una cantidad superior de nitrógeno aplicado en virtud del programa de acción debió haber sido objeto de una evaluación ambiental estratégica que, en particular, analizase las repercusiones en lugares Natura 2000 y en los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua (subsección 1). Con la séptima cuestión del asunto C‑531/24, la High Court (Tribunal Superior) desea elucidar qué tratamiento deben recibir las medidas de supervisión de los efectos en el medio ambiente (subsección 2). La octava cuestión del asunto C‑531/24 y la primera del asunto C‑895/24 se refieren al tratamiento de los efectos sobre bienes materiales (subsección 3). La segunda cuestión del asunto C‑895/24 tiene por objeto la evaluación de las alternativas (subsección 4).
1. Cuestiones primera a cuarta del asunto C‑531/24
115. En primer lugar, para responder a las cuestiones primera a cuarta del asunto C‑531/24 es preciso aclarar por qué la autorización de la aplicación de una cantidad superior de nitrógeno requiere una evaluación ambiental estratégica, y si en ella se deben examinar también los efectos en los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua y en los lugares Natura 2000.
116. La autorización está comprendida en el concepto de planes y programas del artículo 2, letra a), de la Directiva EAE, ya que fue adoptada por el Gobierno irlandés en un procedimiento legislativo y venía exigida con arreglo a la Directiva sobre los nitratos.
117. La autorización forma parte del programa de acción previsto en la Directiva sobre los nitratos, y este requiere en su conjunto una evaluación medioambiental estratégica con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva EAE, pues constituye un marco para proyectos en el sentido de esta última Directiva. (52) En particular respecto a la autorización se impone una obligación de evaluación con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra b), ya que (como antes se ha expuesto (53)), al menos en el presente asunto, (54) la autorización precisaba de una evaluación adecuada con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, debido a sus posibles repercusiones en lugares Natura 2000.
118. A tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva EAE, el informe medioambiental de una evaluación ambiental estratégica identifica, describe y evalúa los probables efectos significativos sobre el medio ambiente del plan o programa. De conformidad con el anexo I, letra d), entre dichos efectos figura cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa. En particular, deben tenerse en cuenta los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, como los lugares Natura 2000 designadas de conformidad con la Directiva sobre las aves y la Directiva sobre los hábitats. A tenor de la letra e), además, se han de exponer los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o del Estado miembro que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. Con arreglo a la letra f), también se ha de facilitar información sobre los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la fauna, la flora, y el agua.
119. Por lo tanto, han de ser objeto del informe medioambiental los datos ya referidos del examen de compatibilidad con los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua (55) y de la evaluación de las repercusiones con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. (56) Si se omitieran estas evaluaciones, el informe medioambiental estaría incompleto.
120. Este informe medioambiental debió haberse elaborado sobre la base de la participación del público con arreglo al artículo 6 de la Directiva EAE, y, de conformidad con el artículo 8, al conceder la autorización debían tenerse en cuenta el informe y las opiniones expresadas. También estas fases serían defectuosas si el informe medioambiental estuviera incompleto.
121. En resumen, debe concluirse que la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por las explotaciones agrícolas dentro del programa de acción elaborado con arreglo a la Directiva sobre los nitratos requiere una evaluación medioambiental de conformidad con la Directiva EAE, en que se identifiquen, describan y evalúen los efectos de esta autorización sobre los objetivos del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua y sobre los lugares Natura 2000.
2. Séptima cuestión del asunto C‑531/24 — medidas de supervisión en el informe medioambiental
122. El artículo 10, apartado 1, de la Directiva EAE dispone que los Estados miembros deberán supervisar los efectos de la aplicación de los planes y programas importantes para el medio ambiente para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitirles llevar a cabo las medidas de reparación adecuadas. Con su séptima cuestión del asunto C‑531/24, la High Court (Tribunal Superior) desea aclarar si el informe medioambiental ha de contener una descripción suficientemente pormenorizada de las medidas previstas para la supervisión, de conformidad con el artículo 10 [véase la letra a)], en la que se indiquen, entre otros aspectos, cómo y cuándo tendrá lugar dicha supervisión [letra b)] o cómo se utilizarán sus resultados y cómo se combatirán los efectos adversos no previstos que pudieran identificarse [letra c)].
a) Exposición de las medidas de supervisión que satisfagan las exigencias del artículo 10 de la Directiva EAE
123. Con arreglo al artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva EAE, en el anexo I se menciona la información que se debe facilitar en el informe medioambiental. Dicha información, a tenor del anexo I, letra i), incluye una descripción de las medidas previstas para la supervisión, de conformidad con el artículo 10.
124. Dado que el anexo I, letra i), de la Directiva EAE solo exige exponer las medidas de supervisión previstas, cabría entender que el informe medioambiental no necesita incluir información sobre este punto si (aún) no hay ninguna medida prevista.
125. Sin embargo, Irlanda subraya acertadamente que el artículo 5, apartados 2 y 3, exige presentar la información mencionada en el anexo I de la Directiva EAE. Con arreglo al artículo 5, apartado 2, en el informe medioambiental ha de constar la información que se considere razonablemente necesaria. A este respecto, se deben tener en cuenta los conocimientos y métodos de evaluación existentes, el contenido y grado de especificación del plan o programa, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en que la evaluación de determinados aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con objeto de evitar su repetición.
126. Por lo tanto, se ha de convenir con Irlanda en que los Estados miembros gozan de un cierto margen de apreciación para decidir qué datos incluyen en el informe medioambiental sobre las medidas de supervisión.
127. No obstante, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva EAE también establece los límites a dicha discrecionalidad, cuyo control corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales. (57) En concreto, ya no es preciso que el informe contenga más información de la que pueda exigirse razonablemente, pero tampoco puede contener menos información que esta.
128. Sin embargo, razonablemente puede (y debe) exigirse que el informe medioambiental solamente se presente después de que las autoridades competentes hayan planificado las medidas necesarias para que se respete el artículo 10 de la Directiva EAE, puesto que el artículo 9, apartado 1, letra c), dispone que con la adopción de plan o programa se han de decidir las medidas de supervisión con arreglo al artículo 10. Por lo tanto, el anexo I, letra i), supone que tales medidas han sido planificadas, y prevé la presentación de la información pertinente, aunque en sentido estricto no se trate de una identificación, descripción y evaluación de los efectos en el medio ambiente.
129. Por añadidura, en cuanto al presente programa de acción y la autorización de la aplicación de una cantidad superior de nitrógeno, no es la primera vez que lo ha adoptado Irlanda, sino la quinta, de modo que, en realidad, ya deberían haber existido medidas de supervisión adecuadas. No está claro qué es lo que pudo impedir que el informe medioambiental expusiera la continuación de tales medidas.
130. Por otro lado, con arreglo al artículo 8 y al anexo V de la Directiva marco sobre el agua, debían haberse dispuesto medidas de supervisión que hubieran podido utilizarse en la supervisión de los efectos de las presentes medidas de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva EAE. En caso de que esta hubiese sido la intención, Irlanda debería haberse remitido a tales medidas.
131. En consecuencia, con arreglo a los artículos 5, en relación con el anexo I, letra i), y 10 de la Directiva EAE, el informe medioambiental debe exponer las medidas de supervisión de los efectos importantes que se produzcan por la ejecución del programa de acción y, en particular, por la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno.
b) Precisión de los datos sobre las medidas de supervisión
132. La High Court (Tribunal Superior) desea saber también en qué medida esta exposición debe comprender el régimen de la supervisión.
133. Con la exposición, en el informe medioambiental, de las medidas de supervisión previstas se ha de facilitar que estas sean discutidas en el marco de la participación del público prevista en los artículos 6 y 7 de la Directiva EAE. Por consiguiente, los datos que contenga el informe medioambiental deben ser lo suficientemente precisos para que el público pueda valorar si las medidas previstas bastan para satisfacer las exigencias del artículo 10.
134. Prima facie, el artículo 10 de la Directiva EAE exige la supervisión de todos los efectos importantes que la ejecución de los planes y programa pueda ocasionar en el medio ambiente y que ya han sido identificados, descritos y evaluados en la evaluación medioambiental.
135. En el caso de autos, parece evidente que, en particular, necesitaban una supervisión los efectos que ocasionaría en el contenido de nitrato en las aguas superficiales y en los lugares Natura 2000 la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por parte de las explotaciones agrícolas.
136. Por otro lado, la necesidad de supervisar lugares Natura 2000 es independiente de si, con motivo de la autorización general de la aplicación en el programa de acción, cabía renunciar a la evaluación de las repercusiones con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, al estar garantizado que se examinaría la aplicación en cada explotación individual. (58) En efecto, el hecho de que sea más conveniente realizar esta evaluación explotación por explotación no justifica una renuncia a la aplicación del artículo 10 de la Directiva EAE. Antes bien, la supervisión que este exige constituye un importante control para saber si la evaluación individual de las explotaciones ha arrojado los resultados correctos.
137. En consecuencia, las medidas de supervisión deben exponerse en el informe medioambiental con tal grado de precisión que pueda valorarse la observancia del artículo 10 de la Directiva EAE, lo cual comprende los efectos que ocasione en el contenido de nitrato de las aguas superficiales y en los lugares Natura 2000 la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por las explotaciones agrícolas.
c) Forma de combatir los efectos adversos no previstos
138. Por último, la High Court (Tribunal Superior) pregunta si en el informe medioambiental se ha de exponer también cómo se combatirán los efectos adversos no previstos que pudieran identificarse.
139. A este respecto, debe convenirse con la Comisión en que la Directiva EAE no contiene ninguna disposición al respecto. El artículo 10 únicamente pretende dotar a los Estados miembros de la posibilidad de llevar a cabo las medidas de reparación adecuadas.
140. En cambio, la respuesta a si los Estados miembros están obligados a adoptar tales medidas puede extraerse de otras disposiciones. Como ya se ha expuesto, con arreglo al artículo 11, apartado 5, de la Directiva marco sobre el agua, se han de realizar ajustes en el programa de acción cuando los datos de seguimiento indiquen que probablemente no se lograrán los objetivos establecidos en el artículo 4. (59) Asimismo, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats obliga a los Estados miembros a evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies en lugares Natura 2000.
141. En cualquier caso, las medidas que se han de adoptar cuando se identifiquen efectos adversos no previstos solamente pueden decidirse a la vista de dichos efectos. Con frecuencia se plantean medidas diferentes, de manera que las autoridades competentes de los Estados miembros disponen de un margen discrecional.
142. Esto también es posible cuando las aguas superficiales o los lugares Natura 2000 presentan cantidades de nitrato superiores a lo esperado. En efecto, la reducción de los aportes de nitratos eventualmente también puede conseguirse si el Estado miembro disminuye la emisión de nitrato procedente de fuentes distintas de la agricultura.
143. Por lo tanto, en la evaluación de las repercusiones no es preciso establecer la forma en que se combatirán los efectos adversos no previstos.
3. Octava cuestión del asunto C‑531/24 y primera cuestión del asunto C‑895/24 — bienes materiales
144. La octava cuestión del asunto C‑531/24 y la primera del asunto C‑895/24 se refieren a la consideración de los «bienes materiales» en la evaluación de las repercusiones. Esta cuestión viene suscitada por el hecho de que, en la evaluación de las repercusiones, se aludió a la importancia económica de la agricultura para justificar la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno frente a otras opciones más respetuosas con el medio ambiente. An Taisce duda que esto sea compatible con la Directiva EAE.
145. La premisa de la que parte la postura de An Taisce es correcta. Aunque el artículo 5 y el anexo I, letra f), de la Directiva EAE disponen que el informe medioambiental identifique, describa y evalúe los efectos sobre los bienes materiales, según la introducción del anexo I, letra f), con ello se hace referencia a los efectos en el medio ambiente que afecten a los bienes materiales. Asimismo, en relación con la Directiva EIA, el Tribunal de Justicia ha recalcado que solo deberán tenerse en cuenta aquellas repercusiones sobre bienes materiales que, por su naturaleza, también pudieran tener impacto en el medio ambiente. En cambio, los efectos sobre el valor de dichos bienes carecen de pertinencia para la aplicación de la Directiva EIA. (60)
146. Así pues, al autorizarse la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno cabe suponer que la pesca se verá perjudicada si, debido a esta práctica, se produce una eutrofización de las aguas. Asimismo, sería posible tener en cuenta, como efecto medioambiental, el incremento de los rendimientos propiciado por el estiércol.
147. En cambio, el hecho de que las explotaciones agrícolas necesiten aplicar estiércol con contenido de nitrógeno, debido a que este se produce con la actividad ganadera, (61) de modo que unos límites más estrictos a la aplicación obligarían a reducir el tamaño de la cabaña, no constituye un efecto medioambiental de la autorización, sino una consecuencia económica de una eventual limitación.
148. En cualquier caso, solo puede deducirse de ello que esta consideración no precisa ser identificada, descrita y evaluada en el informe medioambiental con arreglo al artículo 5 y al anexo I, letra f), de la Directiva EAE.
149. Sin embargo, dichas disposiciones tampoco prohíben tener en cuenta consideraciones económicas de la actividad agraria al llevar a cabo la evaluación de las repercusiones. Por el contrario, es incluso necesario pronunciarse al respecto al elegir las alternativas, cuando tales consideraciones figuran entre las razones para preferir unas medidas sobre otras.
150. En efecto, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva EAE, tras la adopción de un plan o programa se ha de presentar al público y a las autoridades intervinientes una declaración que resuma, en particular, las razones de la elección del plan o programa aprobado, a la vista de las demás alternativas razonables contempladas.
151. Por lo tanto, el concepto de «bienes materiales» que figura en el anexo I, letra f), de la Directiva EAE se refiere solo a aquellos bienes materiales que pueden verse afectados por los efectos en el medio ambiente de un plan o programa. En cualquier caso, en la evaluación de las repercusiones pueden tenerse en cuenta los efectos sociales de las actividades agrícolas, el impacto del plan o proyecto en el sector agrario y en la producción e ingresos de los trabajadores de este campo, la sostenibilidad del sector agrario en el Estado miembro de que se trate, la cadena de suministro alimentario y el empleo de una parte importante de la población, a fin de justificar la elección entre las distintas alternativas, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), de la citada Directiva.
4. Segunda cuestión del asunto C‑895/24 — evaluación de las alternativas en el informe medioambiental
152. La segunda cuestión del asunto C‑895/24 pretende aclarar si los artículos 5, apartado 1, y/o 9, apartado 1, letra b), y el anexo I, letra h), de la Directiva EAE tienen por efecto que, para la evaluación prevista en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, deben identificarse, describirse y evaluarse las alternativas de una forma que permita su comparación.
153. Para responder a esta cuestión, voy a remitirme en gran medida a mis consideraciones formuladas en las conclusiones que presenté en el asunto Friends of the Irish Environment (Project Ireland 2040), (62) que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal de Justicia en la sentencia que dictó en dicho asunto. (63)
154. A tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva EAE, en el informe medioambiental se deben identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
155. De esta manera, las alternativas razonables han de ser objeto del informe medioambiental. No obstante, podría entenderse esta disposición en el sentido de que los posibles efectos significativos en el medio ambiente solo se deben identificar, describir y evaluar en relación con la opción preferida. En este sentido, podría señalarse que las demás disposiciones de la Directiva EAE tienen por objeto la evaluación medioambiental del plan o programa de que se trate, y no la evaluación de las alternativas razonables.
156. Sin embargo, al menos la versión neerlandesa del artículo 5, apartado 1, de la Directiva EAE también exige que se identifiquen, describan y evalúen los posibles efectos significativos en el medio ambiente de las alternativas. En cualquier caso, la evaluación de las alternativas, prevista en todas las versiones lingüísticas, también puede incluir la de sus repercusiones en el medio ambiente, lo que a su vez requeriría que fuesen identificadas y descritas.
157. Tal consideración de las repercusiones de las alternativas en el medio ambiente es conforme con el objetivo de la Directiva EAE. A tenor de su considerando 4 y de su artículo 1, esta pretende contribuir, mediante la evaluación medioambiental, a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas. Sería contrario este objetivo evaluar alternativas sin tener en cuenta sus repercusiones en el medio ambiente.
158. En la elección entre distintas alternativas, adquiere singular relevancia la consideración de los aspectos medioambientales. En efecto, la Directiva EAE se adoptó precisamente porque, en la autorización de proyectos con arreglo a la Directiva EIA, se había constatado que en muchas ocasiones existían estipulaciones que excluían determinadas opciones a pesar de ser más favorables para el medio ambiente. (64) En consecuencia, la evaluación medioambiental debe garantizar, cuando menos, que solo se adopten tales proyectos cuando los Estados miembros sean conscientes de que existen alternativas más favorables para el medio ambiente.
159. Por consiguiente, en el informe medioambiental también se han de identificar, describir y evaluar las repercusiones en el medio ambiente de las alternativas razonables. A tal fin, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva EAE menciona los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa, como elementos de referencia. Las alternativas que no puedan alcanzar los objetivos o que excedan del ámbito de aplicación geográfico no son razonables, por regla general, y no merecen mayor análisis.
160. No obstante, los órganos competentes tampoco deben restringir excesivamente la comprobación excluyendo de antemano alternativas potencialmente razonables al definir los objetivos o del ámbito de aplicación geográfico.
161. Esta idea queda plasmada también en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva EAE, según el cual se debe tener en cuenta la fase del proceso de decisión en que se encuentra el plan o programa, así como la medida en que la evaluación de determinados aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso, con objeto de evitar su repetición. Por ejemplo, en el caso de un plan de construcción de una carretera interurbana cabe plantearse si procede estudiar, como alternativa razonable, una línea ferroviaria. Sin embargo, esta comprobación es superflua si la decisión subyacente al proyecto viario es consecuencia de un plan superior en que ya se han confrontado ambas alternativas.
162. Por lo que respecta a la información que permita identificar alternativas razonables, el anexo I, letra h), de la Directiva EAE especifica que la información que debe facilitarse en el informe medioambiental solo debe incluir un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. Esta exposición ha de explicar por qué se consideran razonables las alternativas examinadas y no otras, es decir, cómo se han identificado las alternativas razonables.
163. No obstante, este concepto de «resumen» no se refiere a la descripción y evaluación de las alternativas razonables, por lo que no puede ser invocado a efectos de restringir el alcance de dicha información. Antes bien, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva EAE establece la información que se ha de considerar necesaria teniendo en cuenta los conocimientos y métodos de evaluación existentes, el contenido y grado de especificación del plan o programa y los demás aspectos mencionados en el punto 161 de las presentes conclusiones.
164. Con todo, se omite uno de los principales criterios para el contenido del informe medioambiental: la exposición de las repercusiones en el medio ambiente debe demostrar, en particular, que el plan o programa adoptado es compatible con las exigencias sustantivas aplicables de la legislación sobre medio ambiente. (65) En efecto, las repercusiones que infrinjan disposiciones en materia de medio ambiente siempre serán significativas. (66)
165. Pese al temor de Irlanda, esto no significa que deba examinarse la compatibilidad de todas las alternativas con todas las exigencias medioambientales imaginables. El punto de partida es el examen de la alternativa finalmente elegida, en que se compruebe su conformidad con dichas exigencias.
166. En el presente asunto se ha de considerar, en particular, si la autorización de cantidades superiores de nitrógeno es compatible con la Directiva sobre los nitratos, la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre los hábitats. Ahora bien, si la autorización ha de basarse en una excepción prevista en el artículo 4, apartado 7, de la Directiva marco sobre el agua o en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats, habrán de aplicarse los criterios allí previstos para la elección entre las distintas alternativas. Respecto al artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, como tal, un deterioro de lugares Natura 2000 solo puede admitirse cuando (en particular) no existan soluciones alternativas que conlleven menores inconvenientes para la zona afectada. (67)
167. En cambio, la propia Directiva EAE no contiene criterios sustantivos para la selección de alternativas, (68) de manera que no obliga a las autoridades competentes a elegir la opción que menos perjudique el medio ambiente. Como ya se ha dicho anteriormente, (69) con la evaluación medioambiental solamente se pretende que la elección se decida teniendo en cuenta los eventuales efectos significativos en el medio ambiente.
168. Si la elección entre distintas alternativas no está sujeta a exigencias legales sustantivas de otras disposiciones, en la determinación de la información que razonablemente cabe exigir, además de las indicaciones con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva EAE, se ha de atender, ante todo, a otros dos puntos de vista: en primer lugar, dicha información debe permitir comparar entre la opción preferida y las alternativas, a la vista de los argumentos en que se base la decisión; en segundo lugar, la información debe permitir que, en esa comparación, se tengan en cuenta las consideraciones medioambientales pertinentes.
169. Si la elección entre las alternativas se basa, por ejemplo, principalmente en consideraciones económicas, deben identificarse y describirse las ventajas e inconvenientes económicos de todas las alternativas razonables, al menos en la medida que permita apreciar con claridad la relación existente entre las distintas opciones. No obstante, al mismo tiempo, ha de quedar claro si estas ventajas económicas llevan aparejados efectos negativos sobre el medio ambiente que se evitarían en las otras alternativas. De lo contrario, no sería posible tener suficientemente en cuenta estas consideraciones de medio ambiente en la elección entre las alternativas examinadas.
170. Dichas exigencias no excluyen la posibilidad de que la evaluación medioambiental de la opción preferida sea más detallada que la de las demás alternativas examinadas (también respecto a las consecuencias económicas). Esto es previsible que suceda, en particular, cuando las ventajas de la opción preferida frente a las alternativas examinadas queden relativamente patentes incluso teniendo en cuenta los efectos en el medio ambiente. En tal caso, la información detallada sobre las alternativas examinadas carecería de una función propia, mientras que la información sobre los efectos de la opción preferida en el medio ambiente resultará relevante para la posterior ejecución del plan o programa.
171. No obstante, si existe un equilibrio entre las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones, será más complicado justificar la elección. En este caso puede ser necesario proporcionar información detallada sobre las alternativas razonables en el informe medioambiental, aunque ello implique un elevado coste. Esto es así, sobre todo, cuando el estudio de las alternativas es, al mismo tiempo, de carácter jurídico-material, por ejemplo, porque tiene por objeto la aplicación de una excepción como el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats o el artículo 4, apartado 7, de la Directiva marco sobre el agua.
172. En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión del asunto C‑895/24 que, con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva EAE, el informe medioambiental debe contener la información sobre las alternativas razonables examinadas al plan o programa adoptado que sea necesaria:
– para poder constatar el cumplimiento de las exigencias que otras disposiciones impongan a la evaluación de las alternativas y
– para poder apreciar la consideración de los efectos en el medio ambiente al elegir el plan o programa adoptado, en comparación con las alternativas examinadas.
D. Novena cuestión del asunto C‑531/24 — Efectos en la autorización por la Comisión de la aplicación de cantidades superiores de nitratos
173. Mediante la novena cuestión planteada en el asunto C‑531/24, la High Court (Tribunal Superior) desea aclarar si las infracciones de la Directiva sobre los hábitats, de la Directiva marco sobre el agua o de la Directiva EAE que, en su caso, se aprecien en la respuesta a las demás cuestiones han de tener por efecto la invalidez de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/696 de la Comisión.
174. No obstante, en la vista oral los intervinientes sostuvieron unánimemente que esta cuestión era prematura en este momento. Si bien ahora se plantean como posibilidad las infracciones del Derecho de la Unión mencionadas en la cuestión, aún no han sido acreditadas. Antes, el órgano jurisdiccional remitente debe examinar, a la vista de las respuestas del Tribunal de Justicia a las demás cuestiones prejudiciales y atendiendo a las restantes alegaciones de los intervinientes, si Irlanda efectivamente ha infringido las citadas Directivas.
175. Si bien, en la vista oral, Irlanda reconoció que, vulnerando el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, hasta la fecha no ha llevado a cabo una evaluación de las repercusiones de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por las explotaciones agrícolas, al mismo tiempo ha insistido con vehemencia en que no era necesario examinar en el programa de acción la autorización de estas cantidades adicionales.
176. En consecuencia, no se dispone aún de las conclusiones necesarias para responder a la novena cuestión del asunto C‑531/24.
177. Así pues, actualmente la cuestión es hipotética y, por tanto, inadmisible.
178. Solo en aras de la exhaustividad conviene señalar que An Taisce podría haber expresado sus dudas, si las tuviera, acerca de la legalidad de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/696 presentando una solicitud de revisión interna con arreglo al artículo 10 del Reglamento de Aarhus. (70)
E. Mantenimiento de los efectos
179. En caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que Irlanda adoptó el programa de acción, total o parcialmente, incumpliendo las disposiciones aquí analizadas, varios de los intervinientes solicitan que se mantenga sus efectos.
180. En principio, los defectos de las distintas evaluaciones medioambientales podrían conducir a la necesidad de suspender o anular la decisión adoptada con arreglo a las mismas. En efecto, en virtud del principio de cooperación leal, establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, los Estados miembros están obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de toda violación del Derecho de la Unión. (71) Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia, al menos implícitamente, respecto a la ausencia total de una evaluación ambiental estratégica que era necesaria (72) y respecto a los defectos que viciaban la evaluación ambiental estratégica realizada. (73)
181. También parece descartado que pueda eludirse esta consecuencia jurídica con el argumento de que, probadamente, las referidas deficiencias no afectaron al resultado del proceso decisorio, (74) ya que, según la información disponible, es improbable que fuese lícita la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno sin aplicar el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats y sin que concurriese al menos una de las excepciones del artículo 4 de la Directiva marco sobre el agua. Sin embargo, no es posible presumir, para cada explotación agrícola irlandesa que pueda acogerse a la autorización, los intereses superiores necesarios a tal efecto.
182. Dado que la suspensión o la anulación de una decisión nacional contraria al Derecho de la Unión puede generar efectos adversos, el Tribunal de Justicia ha admitido excepciones a la regla según la cual las medidas nacionales adoptadas infringiendoel Derecho de la Unión deben ser anuladas, tal como ha recordado también la Comisión. Tras establecer inicialmente cuatro requisitos al respecto, (75) en la sentencia A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) el Tribunal de Justicia los redujo (con acierto) a sus elementos esenciales: el mantenimiento de los efectos, en primer lugar, debe ser necesario para garantizar un interés imperioso, concretamente la ejecución continuada de un acto del Derecho de la Unión dirigido a la protección del medio ambiente, (76) o la prevención de un perjuicio significativo al abastecimiento energético de un Estado miembro. (77) Por lo tanto, en segundo lugar, no ha de durar más de lo necesario para subsanar a posteriori los defectos de la evaluación de las repercusiones. (78)
183. De acuerdo con estos criterios, habría motivos fundados para mantener los efectos del programa de acción: su anulación daría lugar a un vacío jurídico que sería contrario a la obligación que incumbe a Irlanda de adoptar medidas para la transposición de la Directiva sobre los nitratos. (79) Para empezar, todos los límites que impone el programa de acción a la aplicación de nitrato por las explotaciones agrícolas desaparecerían sine die sin medidas sustitutorias, lo cual podría comprometer también el logro de los objetivos de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva sobre los hábitats.
184. En cualquier caso, las consideraciones que expongo en las presentes conclusiones no se refieren al programa de acción en su conjunto, sino solamente a la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno. Esta autorización se puede deslindar del resto del programa, y prueba de ello es que se adoptó unos meses después del resto de las normas. En caso de que fuese suprimida, las demás limitaciones a la aplicación de nitrato seguirían en vigor, y se restauraría el límite máximo de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año. (80)
185. Es claro que solo cabría oponer a dicha conclusión los perjuicios económicos que resultarían para las explotaciones agrícolas que se acogen a la excepción para aplicar cantidades superiores de nitrógeno. Dichas explotaciones tendrían que optar entre reducir el tamaño de su cabaña de ganado y buscar otros compradores para el estiércol que no pudieran aplicar a las superficies hasta ahora utilizadas. Aunque resulta dudoso que este interés revista tanta importancia como el interés ya reconocido por el suministro energético del Estado miembro, (81) en último término es el órgano jurisdiccional nacional quien debe valorar si puede llegar a justificar que se mantenga temporalmente la autorización.
V. Conclusión
186. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las dos peticiones de decisión prejudicial en los siguientes términos:
«1) En el marco de un programa de acción con arreglo al artículo 5 de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, los Estados miembros solo pueden autorizar la aplicación de una cantidad superior de nitrógeno en la agricultura después de haber examinado y constatado, con arreglo a los artículos 5 y 8 de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que con ello no se van a ver perjudicados los objetivos del artículo 4 de esta Directiva. No obstante, puede renunciarse a dicho examen si se garantiza que la utilización que hagan las diferentes explotaciones de esa posibilidad será objeto de una evaluación. Si llega a la conclusión de que una mayor aplicación es incompatible con la prohibición de deterioro o con la obligación de mejora que establece el artículo 4, apartado 1, los objetivos del citado artículo 4 solo quedarían asegurados si fuera aplicable alguna de las excepciones allí también previstas.
2) Un programa de acción con arreglo al artículo 5 de la Directiva 91/676, que, en determinadas condiciones, permite a todas las explotaciones agrícolas de un Estado aplicar cantidades superiores de nitratos, en el marco del establecimiento del programa de medidas previsto en el artículo 11 de la Directiva 2000/60 y de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe ser examinado para descartar toda duda científica razonable de que las deposiciones de nitrógeno derivadas de tal aplicación vayan a perjudicar a algún lugar Natura 2000. No obstante, puede renunciarse a dicho examen si se garantiza que la utilización de esa posibilidad por cada explotación será objeto de una evaluación con arreglo al artículo 6, apartado 3.
3) La autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por las explotaciones agrícolas en el marco del programa de acción elaborado con arreglo a la Directiva 91/676 requiere una evaluación medioambiental de conformidad con la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en la que se identifiquen, describan y evalúen los efectos de esta autorización sobre los objetivos del artículo 4 de la Directiva 2000/60 y sobre los lugares Natura 2000.
4) Con arreglo a los artículos 5, en relación con el anexo I, letra i), y 10 de la Directiva 2001/42, el informe medioambiental debe exponer las medidas de supervisión de los efectos importantes que genere la ejecución del programa de acción y, en particular, la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno. Las medidas de supervisión deben exponerse en el informe medioambiental con tal grado de precisión que pueda valorarse la observancia del artículo 10 de dicha Directiva, lo cual comprende los efectos que ocasione en las cantidades de nitrato en las aguas superficiales y en los lugares Natura 2000 la autorización de la aplicación de cantidades superiores de nitrógeno por las explotaciones agrícolas. En la evaluación de las repercusiones no es preciso establecer la forma de combatir los efectos adversos no previstos.
5) El concepto de “bienes materiales” que figura en el anexo I, letra f), de la Directiva 2001/42 comprende solo aquellos bienes materiales que se ven afectados por los efectos en el medio ambiente de un plan o programa. En cualquier caso, en la evaluación de las repercusiones pueden tenerse en cuenta los efectos sociales de las actividades agrícolas, el impacto del plan o proyecto en el sector agrario y en la producción e ingresos de los trabajadores de este campo, la sostenibilidad del sector agrario en el Estado miembro de que se trate, la cadena de suministro alimentario y el empleo de una parte importante de la población, a fin de justificar la elección entre las distintas alternativas, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva.
6) Con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/42, el informe medioambiental debe contener la información sobre las alternativas razonables examinadas al plan o programa adoptado que sea necesaria:
– para poder constatar el cumplimiento de las exigencias que otras disposiciones impongan a la evaluación de las alternativas y
– para poder apreciar cómo se han tenido en cuenta los efectos en el medio ambiente al elegir el plan o programa adoptado, en comparación con las alternativas examinadas.»
1 Lengua original: alemán.
2 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias (DO 1991, L 375, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DO 2008, L 311, p. 1).
3 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), en su versión modificada por la Directiva 2013/17/CE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de la República de Croacia (DO 2013, L 158, p. 193).
4 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO 2000, L 327, p. 1), en la versión modificada por la Directiva 2014/101/UE de la Comisión, de 30 de octubre de 2014 (DO 2014, L 311, p. 32).
5 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO 2001, L 197, p. 30).
6 Decisión de Ejecución (UE) 2022/696 de la Comisión, de 29 de abril de 2022, por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE (DO 2022, L 129, p. 37).
7 Directiva 2011/92/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1), modificada por última vez por la Directiva 2014/52/UE (DO 2014, L 124, p. 1).
8 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), en su versión resultante de la Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 193).
9 Decisión 2007/697/CE de la Comisión, de 22 de octubre de 2007, por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE (DO 2007, L 284, p. 27); Decisión 2011/127/UE de la Comisión de 24, de febrero de 2011, que modifica la Decisión 2007/697/CE por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE (DO 2011, L 51, p. 19); Decisión de Ejecución 2014/112/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE (DO 2014, L 61, p. 7); Decisión de Ejecución (UE) 2018/209 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE (DO 2018, L 39, p. 5), y la Decisión de Ejecución controvertida.
La secuencia temporal de estas decisiones da a entender que, a raíz de la sentencia de 11 de marzo de 2004, Comisión/Irlanda (C‑396/01, EU:C:2004:136), donde se constató una transposición insuficiente de la Directiva sobre los nitratos, Irlanda ha solicitado una exención.
10 Water Quality Monitoring Report on Nitrogen and Phosphorus Concentrations in Irish Waters 2020 (Informe de 2020 de control de la calidad del agua en lo tocante a las concentraciones de nitrógeno y fósforo en las aguas irlandesas) y Water Quality 2020 Indicators Report (Informe de 2020 sobre los indicadores de calidad del agua).
11 Sentencias de 2 de octubre de 2003, Comisión/Países Bajos (C‑322/00, EU:C:2003:532), apartado 41, y de 4 de septiembre de 2014, Comisión/Francia (C‑237/12, EU:C:2014:2152), apartado 25.
12 Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Comisión/Francia (C‑237/12, EU:C:2014:2152), apartado 26.
13 Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Comisión/ Francia (C‑237/12, EU:C:2014:2152), apartado 28.
14 Véase la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Comisión/Irlanda (Directiva marco sobre aguas) (C‑204/24, EU:C:2025:912).
15 Véanse, por ejemplo, los apartados 46 y 47 de la petición de decisión prejudicial.
16 Apartados 67 y 96 de la petición de decisión prejudicial.
17 Sentencias de 1 de julio de 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), apartado 36; de 28 de mayo de 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C‑535/18, EU:C:2020:391), apartado 67, y de 24 de junio de 2021, Comisión/España (Deterioro del espacio natural de Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512), apartado 36.
18 Sentencias de 1 de julio de 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), apartado 39, y de 28 de mayo de 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C‑535/18, EU:C:2020:391), apartado 68.
19 Water Quality in Ireland 2019 — 2024 (2025), pp. 22 y 33.
20 Directiva del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros (DO 1975, L 194, p. 26; EE 15/01, p. 123).
21 Actualmente, artículo 4, apartado 1, y anexo I, parte B, de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO 202, L 455, p. 1).
22 Véase también el punto 94 de las presentes conclusiones.
23 Sentencias de 1 de julio de 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), apartado 50, y de 25 de abril de 2024, Sweetman (C‑301/22, EU:C:2024:347), apartado 54.
24 El Parlamento y el Consejo han acordado recientemente suprimir el anexo VIII, punto 11, de la Directiva marco sobre el agua (Documento del Consejo 13706/25 de 8 de octubre de 2025, p. 121).
25 En este sentido, respecto a la autorización de proyectos de infraestructuras, véanse las sentencias de 1 de julio de 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), apartado 50, y de 28 de mayo de 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C‑535/18, EU:C:2020:391), apartado 74.
26 Véase el punto 60 de las presentes conclusiones.
27 Véase el punto 59 de las presentes conclusiones.
28 Sentencia de 24 de junio de 2021, Comisión/España (Deterioro del espacio natural de Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512), apartado 132.
29 En este sentido, sentencia de 24 de junio de 2021, Comisión/España (Deterioro del espacio natural de Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512), apartado 134.
30 Véase la sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartados 69 a 72.
31 Véanse las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro (327/82, EU:C:1984:11), apartado 11; de 11 de julio de 2006, Chacón Navas (C‑13/05, EU:C:2006:456), apartado 40, y de 8 de abril de 2025, Fiscalía Europea (Control jurisdiccional de actos procesales) (C‑292/23, EU:C:2025:255), apartado 51.
32 Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 58; de 17 de abril de 2018, Comisión/Polonia (Bosque de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255), apartado 118, y de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 100.
33 Español: «cualquier», danés: «alle», griego: «κάθε», inglés: «any», francés: «tout», italiano: «qualsiasi» y neerlandés: «elk». Solo las versiones alemana y portuguesa omiten tal pronombre indefinido.
34 Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartados 41 y 43; de 17 de abril de 2018, Comisión/Polonia (Bosque de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255), apartado 111, y de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 119.
35 Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 44; de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 134, y de 9 de septiembre de 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680), apartado 51.
36 Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 48; de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 134, y de 17 de abril de 2018, Comisión/Polonia (Bosque de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255), apartado 112.
37 Sentencia de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido (C‑6/04, EU:C:2005:626), apartado 55.
38 Véase la sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartados 69 a 72, así como mis conclusiones presentadas en los mismos asuntos (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:622), puntos 58 a 64.
39 Véanse al respecto mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:622), puntos 62 a 64 y la jurisprudencia citada.
40 Sentencia de 4 de octubre de 2007, Comisión/Italia (Acuerdos programáticos y obras en Altamura) (C‑179/06, EU:C:2007:578), apartado 41. Véase también la sentencia de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 143.
41 Español: «adecuada», griego: «δεόντως», inglés: «appropriate», francés: «appropriée», italiano: «opportuna», neerlandés: «passende» y portugués: «adequada». Este término se omite en las versiones danesa y alemana del artículo 6, apartado 3.
42 Véase también los artículos 4, apartado 3; 5, apartado 2, y 11, apartado 2, de la Directiva EAE, así como las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Valčiukienė y otros (C‑295/10, EU:C:2011:608), apartado 62; de 10 de septiembre de 2015, Dimos Kropias Attikis (C‑473/14, EU:C:2015:582), apartado 58, y de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 152.
43 Véanse el artículo 6, apartado 2, de la Directiva EAE, el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Directiva EIA y el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 156, p. 17), así como mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Comune di Corridonia y otros (C‑196/16 y C‑197/16, EU:C:2017:249), punto 26. Véase también la sentencia de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 143.
44 Véase, sobre la Directiva EAE la sentencia de 9 de marzo de 2023, An Bord Pleanála y otros (Emplazamiento de St Teresa’s Gardens) (C‑9/22, EU:C:2023:176), apartados 57 y 58, así como mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C‑105/09 y C‑110/09, EU:C:2010:120), punto 32, y en los asuntos CFE y Terre wallonne (C‑43/18 y C‑321/18, EU:C:2019:56), punto 84.
45 Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:622), puntos 41 a 44.
46 Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Terre wallonne y Inter-Environnement Wallonie (C‑105/09 y C‑110/09, EU:C:2010:120), punto 92.
47 Véase el punto 94 de las presentes conclusiones.
48 Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 59; de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 120, y de 15 de junio de 2023, Eco Advocacy (C‑721/21, EU:C:2023:477), apartado 38.
49 Sentencias de 24 de noviembre de 2011, Comisión/España (C‑404/09, EU:C:2011:768), apartado 100; de 17 de abril de 2018, Comisión/Polonia (Bosque de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255), apartado 139; de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 98, y de 15 de junio de 2023, Eco Advocacy (C‑721/21, EU:C:2023:477), apartado 39.
50 Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 54; de 17 de abril de 2018, Comisión/Polonia (Bosque de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255), apartado 113, y de 15 de junio de 2023, Eco Advocacy (C‑721/21, EU:C:2023:477), apartado 38.
51 Véase el punto 94 de las presentes conclusiones.
52 Sentencia de 17 de junio de 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C‑105/09 y C‑110/09, EU:C:2010:355), apartado 54.
53 Véanse los puntos 86 a 105 de las presentes conclusiones.
54 Véanse los puntos 103 y 104 de las presentes conclusiones, sobre la adecuación de la evaluación al conceder la autorización.
55 Véanse los puntos 62 a 70 de las presentes conclusiones.
56 Véanse los puntos 109 a 112 de las presentes conclusiones.
57 Véanse las sentencias de 16 de septiembre de 1999, WWF y otros (C‑435/97, EU:C:1999:418), apartado 71, y de 28 de febrero de 2008, Abraham y otros (C‑2/07, EU:C:2008:133), apartados 38 y 39.
58 Véanse los puntos 100 a 104 de las presentes conclusiones.
59 Véase el punto 67 de las presentes conclusiones.
60 Sentencia de 14 de marzo de 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166), apartados 25 y 30.
61 Véase, por ejemplo, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Brady (C‑113/12, EU:C:2013:627).
62 Asunto C‑727/22, EU:C:2024:266, puntos 43 a 67.
63 Sentencia de 4 de octubre de 2024 (C‑727/22, EU:C:2024:825).
64 Sentencia de 9 de marzo de 2023, An Bord Pleanála y otros (Emplazamiento de St Teresa’s Gardens) (C‑9/22, EU:C:2023:176), apartado 57 y 58, así como mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C‑105/09 y C‑110/09, EU:C:2010:120), punto 32, y la jurisprudencia citada en ambos casos.
65 Véanse en este sentido, sobre la Directiva EIA, las sentencias de 28 de mayo de 2020, Land Nordrhein-Westfalen (C‑535/18, EU:C:2020:391), apartado 81, y de 24 de febrero de 2022, Namur-Est Environnement (C‑463/20, EU:C:2022:121), apartado 52.
66 Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos Mellor (C‑75/08, EU:C:2009:32), puntos 54 y 55, y Namur-Est Environnement (C‑463/20, EU:C:2021:868), punto 45; en este sentido, véase también la sentencia de 9 de marzo de 2023, Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravosadie» y otros (C‑375/21, EU:C:2023:173), apartado 50.
67 Sentencia de 16 de julio de 2020, WWF Italia Onlus y otros (C‑411/19, EU:C:2020:580), apartado 43.
68 Véase, sobre la Directiva EAE, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166), apartado 46.
69 Véase el punto 157 de las presentes conclusiones.
70 Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021 (DO 2021, L 356, p. 1).
An Taisce presentó tal solicitud contra la Decisión de Ejecución (UE) 2026/67 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2025, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2022/696 por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura [C(2025) 9263] (IR/2026/359859).
71 Sentencias de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartado 43, y de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 83.
72 Sentencia de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartados 43 y 44.
73 Sentencia de 28 de julio de 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603), apartados 25 a 27 y 30 y siguientes.
74 En este sentido, respecto a la evaluación de impacto ambiental con arreglo a la Directiva EIA, sentencia de 7 de noviembre de 2013, Gemeinde Altrip y otros (C‑72/12, EU:C:2013:712), apartados 53 y 54.
75 Sentencias, de 28 de febrero de 2012, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103), apartado 63, y de 28 de julio de 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603), apartado 43.
76 Sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 90.
77 Sentencias de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 179, y de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 92.
78 Sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 94.
79 Sentencia de 17 de junio de 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C‑105/09 y C‑110/09, EU:C:2010:355), apartado 56.
80 Artículo 20 del European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022 (Reglamento de 2022).
81 Sentencias de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 179, y de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503), apartado 92.