SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 10 de septiembre de 2025 ( *1 )
«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Documentos relativos a los trabajos del grupo “Código de conducta (fiscalidad de las empresas)” creado por el Consejo — Denegación parcial de acceso — Artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1049/2001 — Excepciones relativas a la protección del interés público por lo que respecta a las relaciones internacionales y a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro — Presunción general de confidencialidad — Obligación de motivación»
En el asunto T‑255/24,
Martijn Frederik Nouwen, con domicilio en Ámsterdam (Países Bajos), representado por el Sr. M. Weijers, abogado,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. B. Driessen y la Sra. L. Atzeni, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y el Sr. D. Petrlík (Ponente) y la Sra. S. Kingston, Jueces;
Secretario: Sr. L. Ramette, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
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la diligencia de prueba de 6 de noviembre de 2024 y los documentos aportados en ejecución de dicha diligencia, presentados en la Secretaría del Tribunal General el 21 de noviembre de 2024; |
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las diligencias de ordenación del procedimiento de 31 de marzo de 2025; |
celebrada la vista el 30 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
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1 |
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, el demandante, el Sr. Martijn Frederik Nouwen, solicita la anulación de la Decisión SGS 24/00008 del Consejo de la Unión Europea, de 7 de marzo de 2024, por la que este le denegó el acceso a determinados documentos del grupo creado por el Consejo y compuesto por representantes de alto nivel de los Estados miembros y de la Comisión Europea (en lo sucesivo, «grupo “Código de conducta”»), relativos a la revisión de un código de conducta en el ámbito de la fiscalidad de las empresas (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). |
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
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2 |
En 1997, en el marco de una reflexión global sobre la competencia fiscal perniciosa, el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 1 de diciembre de 1997, adoptaron una resolución por la que se establece un código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO 1998, C 2, p. 2; en lo sucesivo, «código de conducta fiscal»). |
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3 |
En 2022, el código de conducta fiscal fue modificado por la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa a un código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas revisado (DO 2022, C 433, p. 1), entendiéndose que dicha Resolución no se inscribe en el contexto de un procedimiento legislativo. |
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4 |
El demandante es un profesor que, en particular, lleva a cabo investigaciones sobre el código de conducta fiscal. |
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5 |
Mediante correo electrónico de 14 de julio de 2023 (en lo sucesivo, «solicitud inicial»), el demandante, sobre la base del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), solicitó al Consejo que le comunicara los correos electrónicos, incluidos sus anexos, procedentes de los Estados miembros, de la Comisión y del Consejo, intercambiados entre ellos entre 2019 y el 30 de mayo de 2023, en relación con la «reforma/revisión del [mandato/ámbito de aplicación del] código de conducta fiscal (y su órgano de supervisión: el grupo “Código de conducta”») (en lo sucesivo, «solicitud de acceso»). |
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6 |
Mediante correo electrónico de 7 de agosto de 2023, el Consejo respondió a la solicitud inicial precisando que no se encontraba en condiciones de identificar los documentos comprendidos en el ámbito de aplicación de la solicitud de acceso. |
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7 |
El 25 de agosto de 2023, el demandante reiteró su solicitud de acceso en un nuevo correo electrónico, proporcionando al Consejo determinadas indicaciones con el fin de facilitar la identificación de los documentos objeto de dicha solicitud. |
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8 |
Tras haber realizado una nueva búsqueda, el Consejo indicó, en un correo electrónico de 8 de septiembre de 2023, que los documentos solicitados no obraban en su poder. |
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9 |
Ese mismo día, el demandante respondió al Consejo que, en su opinión, este disponía efectivamente de determinados documentos comprendidos en el ámbito de aplicación de su solicitud inicial. A este respecto, el demandante identificó un buzón de correo electrónico gestionado por el Consejo al que, en particular, tres Estados miembros habían enviado correos electrónicos relativos a la revisión del código de conducta fiscal. |
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10 |
Mediante correo electrónico de 20 de octubre de 2023, el Consejo informó al demandante de que había podido identificar una serie de documentos que respondían a los criterios de la solicitud de acceso y de que estaba consultando a la Comisión y a los Estados miembros acerca de la posibilidad de divulgar esos documentos. |
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11 |
El 30 de enero de 2024, ante la falta de respuesta del Consejo en relación con los documentos que había identificado, el demandante presentó una solicitud confirmatoria con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001 (en lo sucesivo, «solicitud confirmatoria»). |
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12 |
El 13 de febrero de 2024, el Consejo indicó que se daría una respuesta a la solicitud confirmatoria en un plazo de quince días laborables. A continuación, este plazo fue prorrogado, mediante correo electrónico de 20 de febrero de 2024, en quince días laborables adicionales. |
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13 |
El 7 de marzo de 2024, el Consejo adoptó la Decisión impugnada, mediante la cual identificó setenta y cinco correos electrónicos que respondían a los criterios de la solicitud de acceso. Comunicó íntegramente al demandante cincuenta y cinco de esos documentos. Denegó íntegramente el acceso a diecinueve de dichos documentos y parcialmente a uno de ellos (en lo sucesivo, conjuntamente, «documentos controvertidos»). |
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Más concretamente, el Consejo, por una parte, denegó totalmente el acceso a los correos electrónicos enviados, en el marco de la revisión del código de conducta, por:
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Por otra parte, el Consejo denegó parcialmente el acceso a un correo electrónico enviado, en el mismo contexto, por la República de Lituania el 24 de noviembre de 2021. |
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16 |
El Consejo basó la denegación de acceso en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001, tras haber consultado, con arreglo al artículo 4, apartado 5, de dicho Reglamento, a los Estados miembros de los que emanaban los documentos controvertidos. |
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17 |
Mediante auto de 6 de noviembre de 2024, el Tribunal General ordenó al Consejo, con arreglo al artículo 91, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que aportase los documentos controvertidos. El Consejo dio cumplimiento al citado auto. De conformidad con el artículo 104 del Reglamento de Procedimiento, estos documentos no fueron comunicados al demandante. |
Pretensiones de las partes
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El demandante solicita al Tribunal General que:
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El Consejo solicita al Tribunal General que:
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Fundamentos de Derecho
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En apoyo de su recurso, el demandante invoca tres motivos, basados:
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Primer motivo, basado en la ejecución incompleta o negligente de la solicitud de acceso y, cuando menos, en una motivación insuficiente a este respecto
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El primer motivo se articula, en esencia, en torno a dos alegaciones. |
Primera alegación, basada en la ejecución incompleta o negligente de la solicitud de acceso
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22 |
El demandante sostiene que su solicitud de acceso fue tratada de manera incompleta o, cuando menos, negligente. En efecto, de la Decisión impugnada se desprende que la unidad «Política fiscal, unión aduanera y créditos a la exportación» del Consejo, que llevó a cabo las búsquedas para encontrar los documentos solicitados, afirmó en dos ocasiones, en respuesta a la solicitud inicial, que no disponía de dichos documentos, de modo que el demandante no se considera en condiciones de comprobar si el Consejo había reunido todos los documentos solicitados. Añade que esta incertidumbre resulta tanto más manifiesta cuanto que el buzón de correo electrónico mencionado en el apartado 9 de la presente sentencia constituye la única dirección utilizada desde hace años por los miembros del grupo «Código de conducta», por lo que no resultaba necesario que el demandante precisara con más detalle al Consejo el emplazamiento de los documentos solicitados. |
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23 |
El Consejo refuta esos argumentos. |
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24 |
Mediante su alegación, el demandante reprocha al Consejo, en esencia, no haber cumplido su obligación de presentar una lista completa de los documentos solicitados. |
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25 |
A este respecto, procede señalar que cualquier denegación de acceso puede ser objeto de impugnación por vía judicial, con independencia de los motivos invocados para denegar tal acceso. Así pues, si la institución sostiene que el documento al que se solicita el acceso no existe, le corresponde, en caso de impugnación, justificar su denegación de acceso por ese motivo ante el juez de la Unión Europea (véase la sentencia de 20 de septiembre de 2019, Dehousse/Tribunal de Justicia de la Unión Europea,T‑433/17, EU:T:2019:632, apartado 35 y jurisprudencia citada). |
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26 |
No obstante, del tenor del artículo 2, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001 se desprende que la posibilidad de que una institución acoja una solicitud de acceso implica, necesariamente, que los documentos a que se refiere dicha solicitud existan (véase la sentencia de 23 de abril de 2018, Verein Deutsche Sprache/Comisión, T‑468/16, no publicada, EU:T:2018:207, apartado 34 y jurisprudencia citada). |
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27 |
Pues bien, cuando en el marco de una solicitud de acceso una institución afirma que un documento no existe, se presume la inexistencia de ese documento, con arreglo a la presunción de legalidad que caracteriza a los actos de la Unión (véase la sentencia de 25 de septiembre de 2024, British American Tobacco Polska Trading/Comisión, T‑311/23, no publicada, EU:T:2024:645, apartado 75 y jurisprudencia citada). |
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28 |
Por las mismas razones, la afirmación de una institución de que no existen más documentos que los que ha identificado como correspondientes a la solicitud de acceso también goza de una presunción de legalidad (sentencia de 23 de abril de 2018, Verein Deutsche Sprache/Comisión, T‑468/16, no publicada, EU:T:2018:207, apartado 36). |
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29 |
No obstante, esa presunción puede destruirse por cualquier medio, sobre la base de indicios relevantes y concluyentes presentados por el solicitante de acceso (véase la sentencia de 25 de septiembre de 2024, British American Tobacco Polska Trading/Comisión, T‑311/23, no publicada, EU:T:2024:645, apartado 76 y jurisprudencia citada). |
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30 |
En el caso de autos, el Consejo indicó, en el punto 8 de la Decisión impugnada, que, a raíz de una búsqueda, había identificado determinados correos electrónicos que respondían a los criterios mencionados en la solicitud de acceso y cuya lista figura en dicha Decisión. De ello se deduce, tan implícita como necesariamente, que el Consejo estimó que no disponía de otros documentos que respondieran a tales criterios. |
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31 |
El demandante cuestiona la fiabilidad de esta suposición basándose en que el Consejo había negado, en un primer momento, en respuesta a la solicitud inicial, estar en posesión de los documentos solicitados. |
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32 |
A este respecto, procede señalar, por una parte, que los artículos 7 y 8 del Reglamento n.o 1049/2001 establecen, como enuncia su considerando 13, un procedimiento de acceso a los documentos en dos fases. La respuesta a una solicitud inicial de acceso a los documentos, con arreglo al artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, no es más que una primera toma de posición. Tal respuesta confiere al solicitante el derecho, previsto en el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento, a reiterar una solicitud de acceso pese a una primera denegación motivada y permite a la institución de la Unión de que se trate reconsiderar su posición inicial antes de adoptar una decisión denegatoria definitiva y subsanar, en su caso, las posibles ilegalidades de que adolezca una primera denegación (véase la sentencia de 29 de julio de 2024, Validity/Comisión, C‑51/23 P, no publicada, EU:C:2024:664, apartado 49 y jurisprudencia citada). |
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33 |
Por otra parte, al estar obligada a llevar a cabo un examen exhaustivo de todos los documentos objeto de una solicitud de divulgación, una institución podrá identificar, en cualquier momento, incluso por primera vez en la fase del examen de la solicitud confirmatoria, nuevos documentos que puedan estar relacionados con la solicitud (véase la sentencia de 13 de noviembre de 2024, Kargins/Comisión, T‑110/23, no publicada, EU:T:2024:805, apartado 31 y jurisprudencia citada). |
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34 |
De ello se deduce que el mero hecho de identificar más documentos que responden a la solicitud de acceso, tras una solicitud confirmatoria, no puede constituir un elemento pertinente para enervar la presunción de legalidad mencionada en el apartado 28 de la presente sentencia. |
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35 |
A continuación, el hecho de que el demandante tuviera que precisar, en su solicitud confirmatoria, el buzón de correo electrónico en el que el Consejo podía encontrar los documentos solicitados tampoco resulta determinante. En efecto, esta mera información no indica que el Consejo disponga de más documentos que los que encontró a raíz de tal información. |
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36 |
Por último, el demandante no ha presentado al Tribunal General ningún otro argumento ni indicio para cuestionar las afirmaciones del Consejo recogidas en el punto 8 de la Decisión impugnada. |
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37 |
En estas circunstancias, procede declarar que, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 26 a 29 de la presente sentencia, el demandante no ha enervado la presunción de legalidad de la Decisión impugnada en cuanto al hecho de que el Consejo no disponía de otros documentos que respondieran a la solicitud de acceso distintos de los identificados en la citada Decisión. |
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38 |
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación del demandante de que el Consejo no le había indicado que su solicitud inicial no era suficientemente clara. |
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39 |
A este respecto, el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001 establece que si una solicitud de acceso no es lo suficientemente precisa, la institución pedirá al solicitante que aclare la solicitud y le ayudará a hacerlo. |
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40 |
De esta disposición resulta que basta con que la institución destinataria compruebe que la solicitud de acceso no es lo suficientemente precisa, por el motivo que sea, para que deba contactar con el solicitante con el objeto de que este defina lo mejor posible los documentos solicitados (véase la sentencia de 22 de mayo de 2012, Internationaler Hilfsfonds/Comisión,T‑300/10, EU:T:2012:247, apartado 84 y jurisprudencia citada). |
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41 |
En el caso de autos, tras los correos electrónicos del Consejo mencionados en los apartados 6 y 8 de la presente sentencia, el demandante le proporcionó más precisiones sobre los documentos solicitados, en particular, indicando el buzón de correo electrónico en el que, a su juicio, el Consejo podía encontrar dichos documentos. |
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42 |
A raíz de esta precisión, el Consejo encontró los documentos objeto de la solicitud de acceso, como se desprende de su correo electrónico mencionado en el apartado 10 de la presente sentencia. |
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43 |
En estas circunstancias, el Consejo no estaba obligado a ponerse de nuevo en contacto con el demandante para que definiera mejor los documentos solicitados antes de adoptar la Decisión impugnada. |
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44 |
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar por infundada la primera alegación formulada en apoyo del primer motivo. |
Segunda alegación, basada en la falta de motivación del método de búsqueda utilizado para responder a la solicitud de acceso
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45 |
El demandante alega que las explicaciones del Consejo no permiten determinar el método de búsqueda utilizado para responder a la solicitud de acceso, de modo que no resulta posible comprobar si el Consejo reunió todos los documentos solicitados. Considera, en particular, que, para motivar la Decisión impugnada de modo suficiente en Derecho, el Consejo debería haber indicado los sistemas que fueron consultados para encontrar dichos documentos, los términos de búsqueda empleados, las preguntas formuladas a las personas competentes de las unidades afectadas y la eventual selección aplicada por el Servicio Jurídico del Consejo. |
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46 |
El Consejo refuta esos argumentos. |
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47 |
La motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del citado artículo debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 24 de abril de 2024, Naass y Sea-Watch/Frontex, T‑205/22, no publicada, EU:T:2024:266, apartado 44 y jurisprudencia citada). |
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48 |
Por lo que respecta al contexto en el que se ha adoptado una respuesta a una solicitud confirmatoria de acceso a los documentos, la suficiencia de la motivación debe ser apreciada, en particular, a la luz del conjunto de intercambios que tuvieron lugar entre la institución y el solicitante de acceso, teniendo en cuenta la información de que disponía este último sobre la naturaleza y el contenido de los documentos solicitados (véase, por analogía, la sentencia de 24 de abril de 2024, Naass y Sea-Watch/Frontex, T‑205/22, no publicada, EU:T:2024:266, apartado 45 y jurisprudencia citada). |
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49 |
Además, si una institución explica, de manera clara e inequívoca, que no posee otros documentos que respondan a una solicitud de acceso distintos de los documentos divulgados o identificados, no se le puede reprochar una falta de motivación (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de abril de 2018, Verein Deutsche Sprache/Comisión, T‑468/16, no publicada, EU:T:2018:207, apartado 40; de 25 de septiembre de 2024, British American Tobacco Polska Trading/Comisión, T‑311/23, no publicada, EU:T:2024:645, apartado 93, y de 13 de noviembre de 2024, Kargins/Comisión, T‑110/23, no publicada, EU:T:2024:805, apartados 22 y 23). |
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50 |
En el caso de autos, como se ha expuesto en el apartado 5 de la presente sentencia, el demandante había identificado en su solicitud inicial los autores, los destinatarios y el objeto de los documentos solicitados, así como el período durante el cual se crearon. |
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51 |
Además, de los apartados 9 y 10 de la presente sentencia se desprende que, a raíz de la información adicional que el demandante le proporcionó en su solicitud confirmatoria, en particular en relación con la existencia de un buzón de correo electrónico, el Consejo identificó documentos que respondían a los criterios mencionados en la solicitud de acceso. |
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52 |
El Consejo enumeró estos documentos en el punto 8 de la Decisión impugnada, precisando en cada ocasión su autor y su fecha. |
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53 |
De estas explicaciones y de su contexto se desprende, de manera tan implícita como inequívoca, que el Consejo consultó el buzón de correo electrónico identificado por el demandante para encontrar los documentos solicitados y seleccionó documentos que respondían a la solicitud de acceso en función de los criterios definidos por el demandante en su solicitud inicial. De ello se desprende también que el Consejo considera que no dispone de otros documentos que respondan a la solicitud de acceso. |
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54 |
En estas circunstancias y de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 47 a 49 de la presente sentencia, el Consejo no estaba obligado a incluir en la motivación de la Decisión impugnada más información relativa a los sistemas que consultó para buscar los documentos solicitados, los términos de búsqueda empleados, las preguntas formuladas a las personas competentes de las unidades afectadas o la eventual selección aplicada por su servicio jurídico. |
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55 |
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar por infundados la segunda alegación formulada en apoyo del primer motivo y, por tanto, el primer motivo en su totalidad. |
Partes primera a cuarta del segundo motivo, basadas en la denegación injustificada de acceso a los documentos controvertidos y, cuando menos, en una motivación insuficiente a este respecto
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56 |
Mediante la Decisión impugnada, el Consejo denegó la divulgación de los documentos controvertidos basándose en que esta perjudicaría a los intereses públicos protegidos por el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001, a saber, los intereses públicos por lo que respecta a las relaciones internacionales y a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro. |
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57 |
En cuanto a esto, de entrada, en lo que atañe a la protección del interés público por lo que respecta a las relaciones internacionales, el Consejo explicó, en el punto 39 de la Decisión impugnada, que los documentos controvertidos «cont[enía]n elementos de debate relativos a la revisión del mandato del grupo “Código de conducta”, con el fin de garantizar que dicho grupo pudiera, en el futuro, seguir contribuyendo eficazmente a la promoción de una competencia fiscal leal y a la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas» y que «estos documentos cont[enía]n detalles sobre varias cuestiones fiscales sensibles relativas a terceros países». |
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58 |
A continuación, en el punto 40 de la Decisión impugnada, el Consejo precisó que, «dado que [esos] documentos menciona[ba]n la posibilidad de modificaciones en lo que respecta, en particular, al alcance del mandato [de dicho grupo], en el contexto de la evolución a escala internacional, su divulgación afectaría al proceso de negociación en los foros internacionales y debilitaría la posición de la Unión frente a terceros países». |
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59 |
En este contexto, según el punto 41 de la Decisión impugnada, «la divulgación de documentos de trabajo internos, incluso después de la adopción de una decisión, permitiría a los países terceros tener acceso a las observaciones, posiciones y conclusiones individuales preliminares adoptadas por cada Estado miembro, que no son necesariamente conciliables con la posición final adoptada por el Consejo». También se indica que «la divulgación de estos documentos [podía] perjudicar la buena gestión de las relaciones internacionales con terceros países al revelar las posiciones de los Estados miembros sobre estas cuestiones». |
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60 |
Por estas razones, el Consejo consideró, en el punto 42 de la Decisión impugnada, que «el hecho de hacer públicos los [documentos controvertidos] supondría un perjuicio para la protección del interés público en el ámbito de las relaciones internacionales, tal como se contempla en el artículo 4, apartado 1, letra a), tercer guion, del Reglamento […] n.o 1049/2001». |
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61 |
En lo que concierne a la protección de la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro, el Consejo reiteró, en el apartado 43 de la Decisión impugnada, que «los documentos [controvertidos] [tenían] por objeto la revisión del mandato del grupo [“Código de conducta”] […] [y] evoca[ba]n la posibilidad de modificaciones, en particular, en lo que respecta al alcance del mandato en el contexto de la evolución a nivel nacional e internacional». |
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62 |
Además, según el punto 44 de dicha Decisión, «estos documentos tratan cuestiones fundamentales relativas a las opciones y a la metodología para garantizar que el grupo “Código de conducta” pueda seguir contribuyendo eficazmente en el futuro a la promoción de una competencia fiscal leal y a la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas». |
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63 |
En el punto 45 de la Decisión impugnada, el Consejo indicó que «los documentos [controvertidos] cont[enía]n determinados comentarios que no se refleja[ba]n en la posición final adoptada por el Consejo, incluidos comentarios sobre posibles medidas futuras que deban adoptar los Gobiernos de los diferentes Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad y la prevención de la evasión fiscal». También se precisa en ese mismo punto que «la divulgación de los documentos de que se trata crearía, de una manera realmente previsible y no meramente hipotética, un entorno normativo inestable que podría desencadenar en los operadores económicos un comportamiento injustificado e indeseable» y que «las posibles reacciones de los operadores económicos a tales comentarios de trabajo que mencionan posibles adaptaciones futuras de la política financiera y económica de los Estados miembros podrían repercutir negativamente en la política financiera o económica de los Estados miembros de que se trate […]». |
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64 |
Por consiguiente, el Consejo concluyó, en el punto 46 de la Decisión impugnada, que «la divulgación de los documentos [controvertidos] afecta[ría] a la protección del interés público por lo que respecta a la política financiera y económica de la Unión […] y de sus Estados miembros». |
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65 |
Las partes primera a cuarta del segundo motivo deben examinarse en este contexto. |
Primera parte del segundo motivo, basada en que el Consejo incurrió en error al apreciar las razones invocadas por los Estados miembros para oponerse a la divulgación de los documentos solicitados y en una motivación insuficiente a este respecto, y segunda parte del segundo motivo, basada en la inexactitud del marco fáctico en el que se basa la Decisión impugnada y en la motivación insuficiente a este respecto
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66 |
Mediante la primera parte del segundo motivo, el demandante cuestiona el hecho de que no se haya hecho público ningún correo electrónico procedente de Irlanda, de la República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo y de la República de Austria, mientras que se han hecho públicos los correos electrónicos de casi todos los demás Estados miembros, que se han identificado como incluidos en el ámbito de aplicación de la solicitud de acceso. Así pues, afirma que parece que el Consejo se guio por los intereses de esos cuatro Estados miembros, y no por el contenido de los documentos controvertidos, de modo que, en su opinión, el Consejo no aplicó correctamente el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001. Añade que, cuando menos, el Consejo no motivó suficientemente su decisión a este respecto. |
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67 |
En la segunda parte del segundo motivo, el demandante alega, en esencia, que, por las mismas razones, la Decisión impugnada se basa en un marco fáctico erróneo. Afirma que, en cualquier caso, el Consejo incurrió en error al no motivar por qué y en qué los documentos controvertidos diferían de los que se hicieron públicos. |
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68 |
El Consejo refuta esos argumentos. |
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69 |
El artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001 permite a un Estado miembro solicitar a una institución que un documento procedente de ese Estado no sea divulgado sin su consentimiento previo. |
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70 |
El ejercicio de la facultad que el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001 confiere al Estado miembro de que se trate se encuentra limitado por las excepciones materiales enumeradas en los apartados 1 a 3 del mismo artículo, de manera que simplemente se reconoce al Estado miembro, a este respecto, una facultad de participación en la decisión de la institución. Así pues, el consentimiento previo del Estado miembro afectado al que se refiere el artículo 4, apartado 5, se asemeja, no a un derecho de veto discrecional, sino a una especie de dictamen conforme sobre la inexistencia de motivos de excepción derivados de los apartados 1 a 3 de ese mismo artículo. Por tanto, el proceso de toma de la decisión así establecido por el artículo 4, apartado 5, exige que la institución y el Estado miembro afectados se ciñan a las excepciones materiales establecidas en dichos apartados 1 a 3 (véase la sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 35 y jurisprudencia citada). |
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71 |
Dado que la aplicación de las normas del Derecho de la Unión se confía así conjuntamente a la institución y al Estado miembro que ha ejercido la facultad conferida por el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001 y que, por tanto, esta aplicación depende del diálogo que debe entablarse entre ellos, están obligados, por el deber de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, a actuar y cooperar de manera que dichas normas reciban una aplicación efectiva (véase la sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 36 y jurisprudencia citada). |
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72 |
No obstante, la intervención del Estado miembro de que se trate no afecta, con respecto al solicitante, al carácter de acto de la Unión de la decisión que le dirige posteriormente la institución en respuesta a la solicitud de acceso que le ha presentado en relación con un documento en poder de esta (véase la sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 37 y jurisprudencia citada). |
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73 |
De ello resulta que el Estado miembro afectado que, al término del diálogo establecido con la institución, se oponga a la divulgación del documento en cuestión está obligado a motivar dicha oposición a la luz de las excepciones enumeradas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del Reglamento n.o 1049/2001 (véase la sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 38 y jurisprudencia citada). |
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74 |
Asimismo, tal como se desprende, en particular, de los artículos 7 y 8 del Reglamento n.o 1049/2001, la propia institución está obligada a motivar la decisión denegatoria que opone al autor de la solicitud de acceso. Dicha obligación implica que la institución no solo mencione, en su decisión, la oposición a la divulgación del documento solicitado manifestada por el Estado miembro afectado, sino también los motivos invocados por este Estado miembro para acogerse a alguna de las excepciones al derecho de acceso establecidas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del mismo Reglamento. En efecto, dichas referencias pueden hacer que el solicitante comprenda el origen y los motivos de la negativa que se le opone y que la jurisdicción competente ejerza, en su caso, el control que tiene atribuido (véase la sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 39 y jurisprudencia citada). |
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75 |
Dicho esto, no corresponde a la institución, por lo que respecta al documento cuya divulgación se haya denegado, examinar exhaustivamente los motivos de oposición invocados por el Estado miembro sobre la base de las excepciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001. Así pues, la obligación de examen concreto e individual que se deriva del principio de transparencia no es de aplicación cuando la solicitud de acceso se refiere a un documento originario de un Estado miembro con arreglo al artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001. En efecto, exigir tal control exhaustivo podría conducir a que, una vez realizado, la institución destinataria pudiera remitir indebidamente al solicitante el documento en cuestión a pesar de la oposición debidamente motivada del Estado miembro del que procede dicho documento (véase la sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 40 y jurisprudencia citada). |
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76 |
En cambio, la obligación de efectuar un examen diligente que incumbe a la institución debe llevarla a verificar si las explicaciones dadas por el Estado miembro para oponerse a la divulgación de sus documentos le parecen fundadas prima facie. Compete a la institución comprobar si, habida cuenta de las circunstancias del caso concreto y de las normas jurídicas aplicables, los motivos invocados por el Estado miembro en apoyo de su oposición pueden, a primera vista, justificar la denegación de acceso a los documentos y, por lo tanto, si tales motivos permiten a esa institución asumir la responsabilidad que le atribuye el artículo 8 del Reglamento n.o 1049/2001. Se trata de evitar la adopción por la institución de una decisión que no considere defendible, dado que ella es la autora de esta y, por tanto, responsable de su conformidad a Derecho (véase la sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 41 y jurisprudencia citada). |
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77 |
En el caso de autos, el Consejo hizo constar, en el punto 20 de la Decisión impugnada, que Irlanda, la República Francesa, la República Italiana, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo y la República de Austria se habían opuesto a la divulgación de algunos de los documentos solicitados de los que son autores, y ello por los motivos enunciados en los puntos 21 a 23 de dicha Decisión. |
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78 |
En particular, algunos de esos Estados miembros consideraron, por un lado, que la divulgación de los documentos de los que eran autores podría perjudicar su política económica y financiera en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), cuarto guion, del Reglamento n.o 1049/2001. Por otro lado, algunos de ellos estimaron que tal divulgación podía perjudicar las relaciones internacionales que mantienen con terceros países en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), tercer guion, de dicho Reglamento. En efecto, esta divulgación revelaría su posición sobre las interacciones con esos países y el trato diferenciado de dichos países en relación con los Estados miembros en el marco de los trabajos del grupo «Código de conducta». |
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79 |
Posteriormente, en los puntos 39 a 47 de la Decisión impugnada, el Consejo explicó que examinó los motivos invocados por esos Estados miembros y concluyó que los motivos basados en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001 eran aplicables a los documentos controvertidos. Estos motivos se han expuesto en los apartados 57 a 59 y 61 a 63 de la presente sentencia. |
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80 |
De estos puntos de la Decisión impugnada se desprende que el Consejo comprobó si, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos y de las normas jurídicas aplicables, los motivos expuestos por Irlanda, la República Francesa, la República Italiana, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo y la República de Austria en apoyo de su oposición a la divulgación de los documentos controvertidos podían justificar a primera vista tal denegación. Así pues, el demandante no puede afirmar que el Consejo no aplicó correctamente el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001 ni que este adoptó la Decisión impugnada basándose en un marco fáctico erróneo. |
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81 |
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que los demás Estados miembros no se opusieran a la divulgación de los documentos solicitados. Por una parte, este mero hecho no significa que el Consejo no haya procedido a una apreciación prima facie de los documentos controvertidos a la luz de su contenido y de los motivos invocados por los Estados miembros para oponerse a su divulgación. Por otra parte, en el marco de su apreciación prima facie y a la luz de las diferentes explicaciones dadas por los Estados miembros afectados, el Consejo podía estimar que los diferentes contenidos de los documentos divulgados y de los documentos controvertidos no presentaban un riesgo comparable de perjuicio para los intereses protegidos por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001. |
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82 |
Por último, la motivación expuesta a este respecto en la Decisión impugnada es suficiente, habida cuenta de las exigencias recordadas en el apartado 47 de la presente sentencia, ya que permite al demandante conocer el contenido y el resultado de la apreciación efectuada por el Consejo y al juez de la Unión ejercer el control que tiene atribuido. |
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83 |
A este respecto, el demandante no puede sostener que el Consejo estaba obligado a explicar en qué diferían los documentos divulgados de los documentos controvertidos. En efecto, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 47 de la presente sentencia, el Consejo no estaba obligado a especificar, en la Decisión impugnada, todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de dicha Decisión cumple las exigencias de la obligación de motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Pues bien, el proceso de toma de la decisión establecido por el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001, que obliga al Consejo a consultar individualmente a cada uno de los Estados miembros de los que proceden los documentos objeto de una solicitud de acceso, puede, por su propia naturaleza, dar lugar a una situación como la del caso de autos, en la que algunos Estados miembros se oponen a la divulgación de algunos de esos documentos, mientras que otros no se oponen a ello. |
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84 |
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede desestimar por infundadas las partes primera y segunda del segundo motivo de recurso. |
Partes tercera y cuarta del segundo motivo, basadas en la inexistencia de un riesgo de perjuicio, respectivamente, para la protección de las relaciones internacionales y para la protección de la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro y, cuando menos, en una motivación incompleta a este respecto
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85 |
Mediante las partes tercera y cuarta del segundo motivo, el demandante sostiene que el Consejo incurrió en error al basarse en las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001, para oponerse a la divulgación de los documentos controvertidos. Además, no motivó suficientemente la Decisión impugnada a este respecto. |
– Sobre la cuestión preliminar de si debe aplicarse una presunción general de confidencialidad a los documentos controvertidos
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86 |
Con carácter preliminar, el Consejo alega que debe aplicarse una presunción general de confidencialidad a los documentos controvertidos, ya que forman parte de los trabajos del grupo «Código de conducta», que deben seguir siendo confidenciales para proteger la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro y preservar la eficacia de dichos trabajos. |
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87 |
A este respecto, ha de recordarse que, con arreglo a su considerando 1, el Reglamento n.o 1049/2001 se inscribe en la voluntad expresada en el artículo 1 TUE, párrafo segundo, de constituir una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 48 y jurisprudencia citada). |
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88 |
Este objetivo fundamental de la Unión también se refleja, por un lado, en el artículo 15 TFUE, apartado 1, que prevé que las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura, principio también reafirmado en el artículo 10 TUE, apartado 3, y en el artículo 298 TFUE, apartado 1, así como, por otro lado, por la consagración del derecho de acceso a los documentos en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 49 y jurisprudencia citada). |
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89 |
A tal efecto, el artículo 1 del Reglamento n.o 1049/2001 establece que este tiene por objeto garantizar al público el derecho de acceso más amplio posible a los documentos de las instituciones de la Unión (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 51 y jurisprudencia citada). |
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90 |
Siendo así, del artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001, que establece un régimen de excepciones a este respecto, resulta que el derecho de acceso también está sometido a ciertos límites basados en razones de interés público o privado (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 52 y jurisprudencia citada). |
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91 |
Dado que se trata de excepciones al principio del mayor acceso posible del público a los documentos, estas deben interpretarse y aplicarse en sentido estricto (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 53 y jurisprudencia citada). |
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92 |
A este respecto, debe recordarse que si una institución, órgano u organismo de la Unión ante el que se ha presentado una solicitud de acceso a un documento decide denegarla sobre la base de alguna de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001, debe, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento podría perjudicar concreta y efectivamente al interés protegido por tal excepción, debiendo el riesgo de perjuicio ser razonablemente previsible y no meramente hipotético (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 54 y jurisprudencia citada). |
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93 |
El Tribunal de Justicia ha reconocido que, en determinados casos, nada impide a la institución, órgano u organismo de la Unión basarse, a este respecto, en presunciones generales que se apliquen a determinadas categorías de documentos, toda vez que consideraciones de carácter general similares pueden aplicarse a solicitudes de divulgación de documentos de la misma naturaleza (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 55 y jurisprudencia citada). |
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94 |
De este modo, el objetivo de estas presunciones generales reside en la posibilidad de que la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate considere que la divulgación de determinadas categorías de documentos perjudica, en principio, al interés protegido por la excepción que invoca, basándose en dichas consideraciones de carácter general, sin tener la obligación de examinar concreta e individualmente cada uno de los documentos solicitados (véase la sentencia de 22 de enero de 2020, MSD Animal Health Innovation e Intervet international/EMA,C‑178/18 P, EU:C:2020:24, apartado 56 y jurisprudencia citada). |
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95 |
Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de presunciones generales de confidencialidad en favor de cinco categorías de documentos (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Validity/Comisión, C‑51/23 P, no publicada, EU:C:2024:664, apartado 37), a saber, en primer término, los documentos de un expediente administrativo relativo a un procedimiento de control de las ayudas de Estado (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau,C‑139/07 P, EU:C:2010:376, apartado 61); en segundo término, los escritos procesales presentados ante los órganos jurisdiccionales de la Unión durante un procedimiento judicial mientras esté pendiente (sentencia de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión, C‑514/07 P, C‑528/07 P y C‑532/07 P, EU:C:2010:541, apartado 94); en tercer término, los documentos intercambiados entre la Comisión y las partes notificantes o terceros en el marco de un procedimiento de control de las operaciones de concentración entre empresas (sentencias de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob,C‑404/10 P, EU:C:2012:393, apartado 123, y de 28 de junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding,C‑477/10 P, EU:C:2012:394, apartado 64); en cuarto término, los documentos relativos a un procedimiento administrativo previo por incumplimiento, incluidos los documentos intercambiados entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate en el marco de un procedimiento EU Pilot (sentencias de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 65, y de 11 de mayo de 2017, Suecia/Comisión,C‑562/14 P, EU:C:2017:356, apartado 51) y, en quinto término, los documentos relativos a un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE (sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW,C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 93). |
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96 |
La jurisprudencia del Tribunal General ha consagrado otras cinco presunciones generales de confidencialidad, a saber, las que se aplican, en primer término, a las ofertas de los licitadores en un procedimiento de contratación pública en caso de solicitud de acceso formulada por otro licitador (sentencia de 29 de enero de 2013, Cosepuri/EFSA,T‑339/10 y T‑532/10, EU:T:2013:38, apartado 101); en segundo término, a los documentos transmitidos con arreglo al artículo 11, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), por las autoridades nacionales de competencia a la Comisión (sentencia de 12 de mayo de 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Comisión,T‑623/13, EU:T:2015:268, apartado 64); en tercer término, a las preguntas de tipo test formuladas en una oposición general organizada por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (sentencia de 12 de noviembre de 2015, Alexandrou/Comisión,T‑515/14 P y T‑516/14 P, EU:T:2015:844, apartado 94); en cuarto término, a los documentos relativos a una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (sentencia de 26 de mayo de 2016, International Management Group/Comisión,T‑110/15, EU:T:2016:322, apartado 44) y, en quinto término, a los documentos relativos a un procedimiento por abuso de posición dominante que ha sido clasificado (sentencia de 28 de marzo de 2017, Deutsche Telekom/Comisión,T‑210/15, EU:T:2017:224, apartado 44). |
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97 |
En todos los asuntos que se acaban de mencionar, la denegación de acceso discutida comprendía un conjunto de documentos claramente delimitado por su pertenencia común al expediente de un procedimiento administrativo o jurisdiccional en curso (véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión,C‑57/16 P, EU:C:2018:660, apartado 81 y jurisprudencia citada). |
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98 |
Además, las presunciones generales de confidencialidad se basan en el hecho de que cuando los documentos objeto de una solicitud de acceso pertenezcan a un ámbito específico del Derecho de la Unión, las excepciones al derecho de acceso a los documentos mencionadas en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001 no pueden interpretarse sin tener en cuenta las normas específicas que regulan el acceso a esos documentos. De esta forma, estas presunciones generales permiten garantizar una aplicación coherente de regímenes jurídicos que persiguen objetivos diferentes y que no prevén expresamente la primacía de uno sobre otro (véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Aeris Invest/BCE,T‑827/17, EU:T:2021:660, apartado 182 y jurisprudencia citada). |
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99 |
Por otra parte, la aplicación de las presunciones generales viene dictada principalmente por la necesidad imperiosa de asegurar el correcto funcionamiento de los procedimientos en cuestión y de garantizar que los objetivos de estos no se vean comprometidos. Así pues, el reconocimiento de una presunción general puede basarse en la incompatibilidad del acceso a los documentos de determinados procedimientos con el buen desarrollo de los mismos y en el riesgo de que dichos procedimientos se vean comprometidos, entendiéndose que las presunciones generales permiten preservar la integridad del desarrollo del procedimiento limitando la injerencia de terceras partes (véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Aeris Invest/BCE,T‑827/17, EU:T:2021:660, apartado 183 y jurisprudencia citada). |
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100 |
En el caso de autos, de entrada, los documentos solicitados no están circunscritos por su pertenencia común a un expediente relativo a un procedimiento administrativo o jurisdiccional en curso. |
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101 |
A continuación, consta que no existen normas específicas que regulen el acceso a los documentos relativos a la revisión del código de conducta fiscal. |
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102 |
Por último, el Consejo no puede basarse en el punto 13 de las Conclusiones del Consejo, de 9 de marzo de 1998, sobre la creación del grupo del código de conducta (fiscalidad de las empresas) (DO 1998, C 99, p. 1); en el punto 17 de las Conclusiones 15148/15 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, sobre el futuro del código de conducta (fiscalidad de las empresas); en el punto 15 de las Conclusiones 108/16 del Consejo, de 8 de marzo de 2016, relativas al código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas, ni en los considerandos de las Conclusiones 14452/22 del Consejo, de 8 de noviembre de 2022, sobre la reforma del código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas, de las que se desprende que la totalidad de los trabajos del grupo «Código de conducta» debería ser confidencial. |
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103 |
En efecto, el alcance de las obligaciones que incumben a una institución de la Unión en virtud del Reglamento n.o 1049/2001, tal como han sido interpretadas por el juez de la Unión, no puede depender del contenido de actos, como las conclusiones del Consejo, adoptados por la propia institución de que se trate. |
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104 |
En estas circunstancias, no es aplicable una presunción de confidencialidad a los documentos controvertidos. |
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105 |
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación del Consejo, formulada en la vista y según la cual tal presunción debe aplicarse a los documentos solicitados debido a que el grupo «Código de conducta» tiene carácter intergubernamental, ya que la fiscalidad sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. |
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106 |
En efecto, el Consejo sigue sin explicar por qué esta circunstancia justificaría por sí sola la consagración de una presunción general de confidencialidad, habida cuenta, en particular, de las consideraciones expuestas en los apartados 97 y 99 de la presente sentencia. |
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107 |
Además, consta que es el Consejo quien posee los documentos controvertidos. Así pues, estos documentos están sujetos a los principios derivados del Reglamento n.o 1049/2001, incluidos los consagrados por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión para reconocer una presunción general de confidencialidad. |
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108 |
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la alegación del Consejo de que los documentos controvertidos están amparados por una presunción general de confidencialidad. |
– Sobre la aplicabilidad del artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001 a los documentos controvertidos y cumplimiento de la obligación de motivación
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109 |
De entrada, el Consejo alega que, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001, los Estados miembros afectados han demostrado que las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, de dicho Reglamento se aplicaban a los documentos controvertidos. Pues bien, el Consejo niega que pueda sustituir el análisis de los Estados miembros a este respecto por el suyo propio. Añade que el Consejo dispone de un amplio margen de apreciación para determinar que la divulgación de dichos documentos podría perjudicar los intereses públicos protegidos por esas excepciones. |
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110 |
A continuación, por lo que respecta más concretamente a la excepción relativa a la protección de las relaciones internacionales, el Consejo sostiene que de los puntos 39 a 42 de la Decisión impugnada se desprende que los documentos controvertidos se refieren a cuestiones fiscales sensibles relativas a países terceros, a la evolución prevista a nivel internacional y en los foros internacionales, así como a futuras modificaciones del código de conducta fiscal. Añade que la divulgación de tales elementos representaría un riesgo razonablemente previsible y no meramente hipotético para el desarrollo de las relaciones internacionales con terceros países y que este riesgo es tanto más elevado cuanto que en él se mencionan en términos negativos determinados regímenes fiscales de países terceros. |
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111 |
Por último, el Consejo alega que la divulgación de los documentos controvertidos presenta un riesgo concreto y no meramente hipotético para la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro, en la medida en que dichos documentos resumen las manifestaciones de los Estados miembros sobre la revisión del código de conducta fiscal, que es un instrumento clave para el fomento de una competencia fiscal sana y equitativa, así como para la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas. En ese sentido, sostiene, por una parte, que la necesidad de garantizar un marco normativo estable para las empresas exige no divulgar determinadas medidas futuras que podrían adoptarse para alcanzar los objetivos del código de conducta fiscal y, por otra parte, que convendría mantener la confidencialidad de determinadas medidas previstas en el marco de la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas, con el fin de evitar estrategias de adaptación por parte de los operadores económicos. |
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112 |
A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que cuando un Estado miembro invoca el artículo 4, apartado 5, del Reglamento n.o 1049/2001 y aduce los motivos de denegación enumerados en los apartados 1 a 3 del mismo artículo, incumbe al juez de la Unión, a instancias del interesado al que la institución requerida ha denegado el acceso, controlar si esta negativa pudo fundarse válidamente en las citadas excepciones, y ello tanto si la negativa procede de la apreciación de tales excepciones hecha por la propia institución como si la ha realizado el Estado miembro afectado (véase la sentencia de 21 de junio de 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisión,C‑135/11 P, EU:C:2012:376, apartado 72 y jurisprudencia citada; sentencia de 24 de enero de 2024, Veritas/Comisión,T‑602/22, EU:T:2024:26, apartado 52). |
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113 |
Así, la garantía de una protección jurisdiccional efectiva en favor del solicitante al que la institución requerida niega el acceso a uno o varios documentos originarios de un Estado miembro como consecuencia de la oposición de este último implica que el juez de la Unión aprecie la legalidad de la denegación de acceso in concreto, a la luz de todos los datos útiles, en especial de los documentos cuya divulgación se ha denegado (véase la sentencia de 21 de junio de 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisión,C‑135/11 P, EU:C:2012:376, apartado 73 y jurisprudencia citada). |
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114 |
En lo que atañe al alcance de las excepciones de que se trata, procede recordar que, a tenor del artículo 4, apartado 1, letra a), tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del interés público por lo que respecta a las relaciones internacionales. |
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115 |
Asimismo, según el artículo 4, apartado 1, letra a), cuarto guion, del Reglamento n.o 1049/2001, las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del interés público por lo que respecta a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro. |
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116 |
La naturaleza especialmente sensible y esencial de los intereses protegidos por el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1049/2001 confiere a la decisión que debe adoptar la institución un carácter complejo y delicado que exige un grado de prudencia muy especial (sentencias de 1 de febrero de 2007, Sisón/Consejo,C‑266/05 P, EU:C:2007:75, apartado 35, y de 7 de febrero de 2018, Access Info Europe/Comisión,T‑851/16, EU:T:2018:69, apartado 38). |
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117 |
Ello es tanto más cierto cuanto que las excepciones formuladas en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001 están redactadas en términos imperativos, pues las instituciones están obligadas a denegar el acceso a los documentos a los que se aplican estas excepciones obligatorias cuando se aporte la prueba de las circunstancias contempladas en ellas, sin necesidad de poner en la balanza la protección del interés público, por un lado, y el interés general superior, por otro (véase la sentencia de 7 de febrero de 2018, Access Info Europe/Comisión,T‑851/16, EU:T:2018:69, apartado 38 y jurisprudencia citada). |
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118 |
Además, los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1049/2001 son muy generales, de modo que, como se desprende de los términos de esta disposición, debe denegarse el acceso cuando la divulgación del documento en cuestión pueda «suponer un perjuicio» para la protección del «interés público» de que se trata, y no únicamente, tal y como se había propuesto durante el procedimiento legislativo seguido para la adopción de este Reglamento, cuando se constate efectivamente un perjuicio «significativo» para dicha protección (sentencias de 1 de febrero de 2007, Sisón/Consejo,C‑266/05 P, EU:C:2007:75, apartado 36, y de 7 de febrero de 2018, Access Info Europe/Comisión,T‑851/16, EU:T:2018:69, apartado 39). |
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119 |
Así pues, el principio de interpretación estricta de las excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001, tal como se ha recordado en el apartado 91 de la presente sentencia, no impide que, por lo que respecta a las excepciones relativas a los intereses públicos establecidas en el apartado 1, letra a), de este artículo, la institución de que se trate goce de un amplio margen de apreciación para determinar si la divulgación al público de un documento puede perjudicar los intereses protegidos por dicha disposición. Por consiguiente, el control de legalidad ejercido por el Tribunal General en relación con una decisión de denegación de acceso a un documento adoptada por la institución invocando alguna de las mencionadas excepciones debe limitarse a comprobar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y la inexistencia de desviación de poder (véanse las sentencias de 1 de febrero de 2007, Sisón/Consejo,C‑266/05 P, EU:C:2007:75, apartado 64, y de 7 de febrero de 2018, Access Info Europe/Comisión,T‑851/16, EU:T:2018:69, apartado 40). |
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120 |
En el caso de autos, el Consejo se basó en los motivos enunciados en los puntos 39 a 41 y 43 a 45 de la Decisión impugnada, cuyo contenido se reproduce en los apartados 57 a 59 y 61 a 63 de la presente sentencia, para justificar su denegación de acceso a los documentos controvertidos en virtud de las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001. |
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121 |
De conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 112 y 113 de la presente sentencia, corresponde al Tribunal General comprobar, a la luz del contenido de los documentos controvertidos, si esa denegación podía basarse válidamente en tales motivos. |
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122 |
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que es manifiesto que dos de los documentos controvertidos no contienen elemento alguno que pueda estar comprendido en esas excepciones en el sentido alegado por el Consejo. |
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123 |
En primer término, mediante su correo electrónico enviado el 23 de noviembre de 2021, la República Italiana se limita a indicar que retira sus reservas sobre el último proyecto del nuevo código de conducta fiscal, sin precisar en qué consistían tales reservas. |
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124 |
En segundo término, mediante su correo electrónico enviado el 15 de octubre de 2021, la República de Austria se limita a transmitir dos observaciones sobre la redacción de determinados apartados del proyecto del nuevo código de conducta fiscal. Mediante la primera observación, la República de Austria llama la atención sobre un mero error de transcripción. Con la segunda, propone suprimir o modificar una frase, por ser inexacta, en la medida en que se refería a la posibilidad de reducir la base imponible de una empresa que no estuviera sujeta al impuesto por falta de residencia fiscal. |
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125 |
Pues bien, los correos electrónicos mencionados en los apartados 123 y 124 de la presente sentencia no contienen elemento alguno que ponga de manifiesto la existencia de consideraciones que puedan estar comprendidas en las excepciones de que se trata, en el sentido alegado por el Consejo. En estas circunstancias, el Consejo debería haber concedido un acceso completo a los correos electrónicos enviados por la República Italiana, el 23 de noviembre de 2021, y por la República de Austria, el 15 de octubre de 2021. |
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126 |
En segundo lugar, procede señalar que, en la parte ocultada del correo electrónico enviado el 24 de noviembre de 2021, la República de Lituania formula observaciones sobre la exactitud de un cuadro que contiene una descripción de las medidas fiscales defensivas vigentes en dicho Estado miembro. |
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127 |
Sin embargo, como el Consejo reconoció en la vista a raíz de una pregunta formulada por el Tribunal General y de las diligencias de ordenación del procedimiento de 31 de marzo de 2025, el cuadro en cuestión se había hecho público en, al menos, un documento publicado en el sitio de Internet del Consejo antes de la adopción de la Decisión impugnada, a saber, en la página 42 del Informe 14230/21 del Consejo, de 26 de noviembre de 2021, sobre el grupo «Código de conducta» (fiscalidad de las empresas). |
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128 |
Pues bien, de la jurisprudencia se desprende que la divulgación de un documento cuyo contenido esencial ya se ha hecho público no puede causar un perjuicio razonablemente previsible y no meramente hipotético a los intereses protegidos en virtud del artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001 (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 2014, Consejo/In ’t Veld,C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, apartado 60). |
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129 |
En estas circunstancias, la divulgación de la parte ocultada del correo electrónico de 24 de noviembre de 2021 de la República de Lituania no puede manifiestamente perjudicar a las relaciones internacionales o a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de ese Estado miembro. |
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130 |
De ello se deduce que el Consejo debería haber concedido un acceso completo al correo electrónico enviado el 24 de noviembre de 2021 por la República de Lituania. |
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131 |
En tercer lugar, por lo que respecta a los documentos controvertidos distintos de los mencionados en los apartados 125 y 130 de la presente sentencia, tanto de las explicaciones facilitadas por el Consejo en los puntos 39 a 41 y 43 a 45 de la Decisión impugnada como del examen del contenido de los documentos controvertidos, en su versión comunicada al Tribunal General, tales como el anexo B.1 del escrito del Consejo de 21 de noviembre de 2024, presentado en ejecución del auto de 6 de noviembre de 2024 por el que se adoptan medidas de instrucción (en lo sucesivo, «documentos controvertidos comunicados»), se desprende que dichos documentos contienen varios pasajes cuya divulgación supondría un riesgo razonablemente previsible, y no meramente hipotético, para los intereses protegidos por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001. |
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132 |
En efecto, en lo que atañe al interés público por lo que respecta a la protección de las relaciones internacionales, estos pasajes contienen observaciones sensibles sobre los regímenes fiscales de los terceros Estados y el trato que debe darse a estos regímenes, evocan la posibilidad de que se modifique el alcance del mandato del grupo «Código de conducta» en función de determinados desarrollos y negociaciones a nivel internacional y contienen observaciones y posiciones individuales de los Estados miembros afectados que no son necesariamente conciliables con la posición final adoptada por el Consejo. Así pues, la divulgación de tales pasajes puede perjudicar la buena gestión de las relaciones internacionales con terceros países, afectar al proceso de negociación en los foros internacionales y debilitar la posición de la Unión frente a terceros países u organizaciones internacionales. |
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133 |
Estas consideraciones se refieren, a modo de ejemplo, a los siguientes pasajes de los documentos controvertidos:
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134 |
Asimismo, por lo que respecta a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro, los documentos controvertidos contienen varios pasajes relativos a medidas destinadas a garantizar que el grupo «Código de conducta» pueda seguir contribuyendo eficazmente, en el futuro, a la promoción de una competencia fiscal leal y a la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas e incluyen algunos comentarios que no se reflejan necesariamente en la posición final adoptada por el Consejo. Así pues, la divulgación de tales pasajes puede revelar determinados aspectos sensibles de la política de dichos Estados miembros en materia de fiscalidad directa, que es competencia exclusiva de estos, y crear un entorno normativo inestable, lo que, a su vez, podría desencadenar determinados comportamientos en los operadores económicos que podrían repercutir negativamente en la política financiera, monetaria o económica de los Estados miembros. |
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135 |
Estas consideraciones se refieren, a modo de ejemplo, a los siguientes pasajes de los documentos controvertidos:
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136 |
De lo anterior y, en particular, del contenido de los pasajes citados a título de ejemplo en los apartados 133 y 135 de la presente sentencia se desprende que, habida cuenta de los principios jurisprudenciales que figuran en los apartados 116 a 119 de la presente sentencia, el Consejo estaba facultado, sobre la base de las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001, para oponerse a la divulgación de los documentos controvertidos, salvo los mencionados en los apartados 125 y 130 de la presente sentencia. |
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137 |
Por último, los apartados 39 a 41 y 43 a 45 de la Decisión impugnada contienen una motivación suficientemente clara que permite al demandante comprender los motivos por los que el Consejo estimó que el acceso a los documentos controvertidos podría perjudicar los intereses protegidos por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001. Estos motivos también permiten al Tribunal General ejercer su control. En estas circunstancias, el demandante no puede afirmar que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada a este respecto. |
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138 |
Habida cuenta de lo anterior, procede estimar las partes tercera y cuarta del segundo motivo por lo que respecta a los tres documentos controvertidos identificados en los apartados 125 y 130 de la presente sentencia. Tales partes deben, en cambio, desestimarse en lo que respecta a los demás documentos controvertidos. |
Tercer motivo, basado en que el Consejo debería haber concedido un acceso parcial a los documentos controvertidos a los que el acceso se denegó en su totalidad y, cuando menos, en una motivación insuficiente a este respecto
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139 |
Mediante su tercer motivo, el demandante sostiene que el Consejo debería haber concedido, cuando menos, un acceso parcial a los documentos controvertidos. Añade que el Consejo no motivó suficientemente su decisión a este respecto. |
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140 |
El Consejo rebate esta alegación basándose, en esencia, en los motivos enunciados en la Decisión impugnada. |
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141 |
Además, en la vista, el Consejo alegó que, aun suponiendo que existieran pasajes de los documentos controvertidos que no estuvieran amparados por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001, la divulgación de tales pasajes no tendría utilidad para el demandante. |
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142 |
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001, en el caso de que las excepciones previstas en el artículo 4 de dicho Reglamento se apliquen únicamente a una parte de los documentos solicitados, las demás partes del documento deberán divulgarse. |
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143 |
Del propio tenor del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001 resulta que una institución está obligada a examinar si procede conceder un acceso parcial a los documentos a que se refiere una solicitud de acceso, limitando una eventual denegación únicamente a los datos amparados por las excepciones de que se trata. La institución debe conceder tal acceso parcial si, limitándose simplemente a ocultar los pasajes que puedan perjudicar el interés público protegido, le es posible alcanzar el objetivo que persigue al denegar el acceso al documento (véase la sentencia de 24 de abril de 2024, Naass y Sea-Watch/Frontex, T‑205/22, no publicada, EU:T:2024:266, apartado 85 y jurisprudencia citada). |
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144 |
En el caso de autos, en los puntos 48 y 49 de la Decisión impugnada, el Consejo descartó la posibilidad de conceder un acceso parcial a los documentos controvertidos, a excepción del correo electrónico de 24 de noviembre de 2021 de la República de Lituania, al considerar que resultaba imposible identificar partes significativas de esos documentos que no estuvieran amparadas por las excepciones de que se trata y que pudieran separarse sin dificultad del resto de dichos documentos. |
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145 |
Pues bien, del examen de los documentos controvertidos resulta que, salvo los documentos mencionados en los apartados 125 y 130 de la presente sentencia, a los que debería haberse concedido un acceso completo, cada uno de tales documentos contiene pasajes que, aun teniendo en cuenta los principios jurisprudenciales enunciados en los apartados 112 a 119 de la presente sentencia, no están manifiestamente amparados por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001. |
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146 |
En efecto, estos pasajes contienen, en particular, observaciones generales relativas a los motivos que justifican la revisión del código de conducta fiscal y al momento oportuno para llevarla a cabo, así como observaciones de redacción relativas a determinadas partes del proyecto del nuevo código de conducta fiscal o de la resolución correspondiente, entendiéndose que estas observaciones no se refieren a los temas invocados por el Consejo en los puntos 39 a 41 y 43 a 45 de la Decisión impugnada, ni tampoco a interrogantes generales sobre la aplicación práctica del proyecto del nuevo código de conducta fiscal. También contienen cortesías entre los distintos actores implicados en la revisión del código de conducta fiscal, así como propuestas para celebrar reuniones adicionales. Pues bien, es manifiesto que la divulgación de tales pasajes no puede presentar un riesgo razonablemente previsible y no meramente hipotético para los intereses protegidos por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001. |
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147 |
Además, dichos pasajes pueden separarse sin dificultad del resto del contenido de los documentos de que se trata. |
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148 |
Estas consideraciones se aplican, en particular, a los siguientes pasajes:
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149 |
Además, en el apartado cuarto de la página 8 de los documentos controvertidos, se hace referencia a un documento que ya se había hecho público en el sitio de Internet del Consejo antes de la adopción de la Decisión impugnada, a saber, las Conclusiones 15429/17 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, sobre la lista de la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, cuyo contenido se reproduce en parte en ese párrafo, extremo que el Consejo reconoció en la vista, a raíz de una pregunta formulada por el Tribunal General y de las diligencias de ordenación del procedimiento de 31 de marzo de 2025. Así pues, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 128 de la presente sentencia, la divulgación de ese pasaje no perjudicaría manifiestamente los intereses protegidos por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001. |
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150 |
Por último, en la medida en que el Consejo sostiene que la divulgación de los pasajes mencionados en los apartados 146 a 149 de la presente sentencia no sería útil para el demandante, y aun suponiendo que esta alegación, formulada por primera vez en la vista, fuera admisible, procede señalar que el artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001, al igual que dicho Reglamento en su conjunto, no exige que el solicitante demuestre que el documento cuya divulgación se solicita le es «útil». En efecto, no corresponde a la institución ante la que se ha presentado una solicitud de acceso a los documentos apreciar la utilidad del documento para el solicitante. Ello es tanto más cierto cuanto que el artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001 no puede interpretarse en el sentido de que autoriza a la institución de que se trate a eludir una obligación expresamente prevista en dicha disposición, a saber, la obligación de divulgar partes del documento solicitado, cuando tal dispensa no figura entre las excepciones enumeradas taxativamente en dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de abril de 2024, Naass y Sea-Watch/Frontex, T‑205/22, no publicada, EU:T:2024:266, apartado 87 y jurisprudencia citada). |
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151 |
Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al estimar que no podía concederse un acceso parcial a los documentos controvertidos, salvo los mencionados en los apartados 125 y 130 de la presente sentencia, a los que, en cualquier caso, debería haberse concedido un acceso completo. Por tanto, procede estimar el tercer motivo. |
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152 |
En estas circunstancias, no procede pronunciarse sobre las demás alegaciones formuladas en apoyo del tercer motivo, basadas en la falta de motivación, habida cuenta de que esas alegaciones se planteaban con carácter subsidiario. |
Quinta parte del segundo motivo, basada en la desviación de poder
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153 |
El demandante sostiene que el Consejo incurrió en una desviación de poder. Así pues, afirma que la manera en la que dicha institución tramitó la solicitud de acceso, su negativa categórica a dar acceso a los documentos controvertidos de cuatro Estados miembros y la motivación limitada que proporcionó a este respecto suscitan la sensación de que están en juego «intereses ocultos». Añade que esta impresión se ve reforzada por el hecho de que, en el pasado, algunos Estados miembros quisieron impedir que el público supiera que se habían opuesto a medidas de lucha contra la competencia fiscal perniciosa y la evasión fiscal. |
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154 |
El Consejo refuta esos argumentos. |
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155 |
Según reiterada jurisprudencia, un acto solo incurre en desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente, o, al menos, de modo determinante, para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por los Tratados para hacer frente a las circunstancias del caso (sentencia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, EU:C:1990:391, apartado 24; véase también la sentencia de 16 de abril de 2013, España e Italia/Consejo,C‑274/11 y C‑295/11, EU:C:2013:240, apartado 33 y jurisprudencia citada). |
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156 |
En el caso de autos, el demandante se limita a evocar una «sensación» de que existían «intereses ocultos» que habían desempeñado un papel en la negativa del Consejo a dar acceso a los documentos controvertidos, sin aportar, no obstante, indicios objetivos, pertinentes y concordantes en apoyo de esta alegación. |
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157 |
En estas circunstancias, debe desestimarse la quinta parte del segundo motivo. |
Conclusión
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158 |
Habida cuenta de todo lo anterior, procede estimar las partes tercera y cuarta del segundo motivo, en la medida en que las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001 no se aplican a los correos electrónicos enviados por la República Italiana el 23 de noviembre de 2021 y por la República de Austria el 15 de octubre de 2021 ni a la parte ocultada del correo electrónico de la República de Lituania, enviado el 24 de noviembre de 2021. Asimismo, procede estimar el tercer motivo, en la medida en que el Consejo excluyó la posibilidad de conceder un acceso parcial al resto de los documentos controvertidos. |
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159 |
Por lo tanto, procede en tal medida anular la Decisión impugnada. |
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160 |
Dicho esto, no corresponde al Tribunal General actuar en lugar del Consejo e indicar todas las partes de los documentos controvertidos a los que debería haberse concedido un acceso parcial, sino que el Consejo está obligado, al ejecutar la presente sentencia y de conformidad con el artículo 266 TFUE, a tomar en consideración los pronunciamientos expuestos en esta (véase la sentencia de 4 de mayo de 2012, In ’t Veld/Consejo,T‑529/09, EU:T:2012:215, apartado 124). |
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161 |
A este respecto, debe subrayarse que los pasajes de los documentos controvertidos citados en los apartados 148 y 149 de la presente sentencia no son más que ejemplos de pasajes que, manifiestamente, no están amparados por las excepciones previstas en el artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001, y que el Consejo está obligado, en su caso previa consulta a los Estados miembros en virtud del artículo 4, apartado 5, de dicho Reglamento, a identificar todos los pasajes no cubiertos por ellas. |
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162 |
Por último, debe desestimarse el recurso en todo lo demás. |
Costas
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163 |
A tenor del artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal General decidirá sobre el reparto de las costas. |
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164 |
En el caso de autos, al haber sido desestimadas parcialmente las pretensiones de cada parte, procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas. |
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En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava) decide: |
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Kornezov Petrlík Kingston Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de septiembre de 2025. Firmas |
Índice
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Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso |
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Pretensiones de las partes |
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Fundamentos de Derecho |
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Primer motivo, basado en la ejecución incompleta o negligente de la solicitud de acceso y, cuando menos, en una motivación insuficiente a este respecto |
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Primera alegación, basada en la ejecución incompleta o negligente de la solicitud de acceso |
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Segunda alegación, basada en la falta de motivación del método de búsqueda utilizado para responder a la solicitud de acceso |
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Partes primera a cuarta del segundo motivo, basadas en la denegación injustificada de acceso a los documentos controvertidos y, cuando menos, en una motivación insuficiente a este respecto |
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Primera parte del segundo motivo, basada en que el Consejo incurrió en error al apreciar las razones invocadas por los Estados miembros para oponerse a la divulgación de los documentos solicitados y en una motivación insuficiente a este respecto, y segunda parte del segundo motivo, basada en la inexactitud del marco fáctico en el que se basa la Decisión impugnada y en la motivación insuficiente a este respecto |
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Partes tercera y cuarta del segundo motivo, basadas en la inexistencia de un riesgo de perjuicio, respectivamente, para la protección de las relaciones internacionales y para la protección de la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro y, cuando menos, en una motivación incompleta a este respecto |
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– Sobre la cuestión preliminar de si debe aplicarse una presunción general de confidencialidad a los documentos controvertidos |
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– Sobre la aplicabilidad del artículo 4, apartado 1, letra a), guiones tercero y cuarto, del Reglamento n.o 1049/2001 a los documentos controvertidos y cumplimiento de la obligación de motivación |
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Tercer motivo, basado en que el Consejo debería haber concedido un acceso parcial a los documentos controvertidos a los que el acceso se denegó en su totalidad y, cuando menos, en una motivación insuficiente a este respecto |
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|
Quinta parte del segundo motivo, basada en la desviación de poder |
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Conclusión |
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Costas |
( *1 ) Lengua de procedimiento: neerlandés.