T-68/9661996B00680005.0001155117016TAUTO DE 3.2.1998 — ASUNTO T-68/96POLYVIOS / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Cuarta)</P><P>de <DATE ISO="19980203">3 de febrero de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: griego.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-68/96,

Dimitrios Polyvios, con domicilio en El Pireo (Grecia), representado por el Sr. Vassilios Zangas, Abogado de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Catherine Thill-Kamitaki, 15, avenue du Bois,

parte demandante,contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. María Condou Durande y el Sr. Hubertus van Vliet, miembros del Servicio Jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una demanda de reparación del perjuicio material supuestamente sufrido por el demandante a causa de la negligencia cometida por la Comisión al adoptar una decisión por la que se aprueba una solicitud de ayuda financiera para la creación de una sociedad mixta en Senegal,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta; y por los Sres. K. Lenaerts y J. D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI><TI><P>Marco jurídico y terminológico</P></TI>1El tonelaje, o arqueo, es el término que corresponde al volumen interior de un buque mercante. Sirve de base para el cálculo de diversos derechos, en particular, los de practicaje y de remolque. Existen diferentes normas, denominadas de arqueo, que regulan la forma de calcular el tonelaje. Dichas normas presentan divergencias tanto en sus principios como en su aplicación.2Varios Estados han celebrado convenios internacionales con el fin de establecer los principios y las normas uniformes para el cálculo del arqueo. Actualmente, existen dos en vigor: el Convenio sobre la adopción de un sistema uniforme de arqueo de buques, firmado en Oslo el 10 de junio de 1947 (en lo sucesivo, Convenio de Oslo), y el Convenio Internacional sobre arqueo de buques, firmado en Londres el 23 de junio de 1969 (en lo sucesivo, Convenio de Londres). Estos dos Convenios incluyen dos métodos de arqueo, denominados método de Oslo y método de Londres, respectivamente, que conducen a resultados diferentes en el cálculo de los arqueos. Así, el tonelaje que resulta de la aplicación del método de Londres es más elevado, puesto que se tienen en cuenta ciertos espacios excluidos por el método de Oslo.3La política estructural del sector de la pesca, fundada en el Reglamento (CEE) n° 4028/86 del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura (DO L 376, p. 7), modificado, en particular, por el Reglamento (CEE) n° 3944/90 del Consejo, de 20 de diciembre de 1990 (DO L 380, p. 1; en lo sucesivo, Reglamento n° 4028/86), está destinada, en particular, a una explotación equilibrada de los recursos haliéuticos en las aguas comunitarias y a la ampliación de las fuentes de abastecimiento de la Comunidad.4En el marco de esta política, la Comisión concede ayudas financieras comunitarias a los proyectos de sociedades mixtas, constituidas por uno o varios armadores comunitarios y uno o varios socios de un tercer país, con el fin de explotar y, en su caso, aprovechar los recursos haliéuticos situados en las aguas bajo soberanía y/o jurisdicción de estos terceros países, en la perspectiva de un abastecimiento prioritario del mercado de la Comunidad (artículo 21 bis y apartado 1 del artículo 21 ter del Reglamento n° 4028/86).<TI><P>Hechos que originaron el litigio</P></TI>5Mediante decisión de 29 de abril de 1986 [C(86) 406/196, no publicada], basada en el Reglamento (CEE) n° 2908/83 del Consejo, de 4 de octubre de 1983, relativo a una acción común de reestructuración, modernización y desarrollo del sector de la acuicultura (DO L 290, p. 1; en lo sucesivo, Reglamento n° 2908/83), la Comisión aprobó la concesión de una subvención para la construcción, por parte del demandante, de un nuevo buque de pesca, el Maistrali II, en sustitución de su anterior buque.6Tras la finalización de su construcción, el Maistrali II fue medido definitivamente el 23 de febrero de 1988, aplicando la regla n° 1 del Decreto-ley helénico n° 973/71. El certificado de nacionalidad, fechado el 26 de febrero de 1988, indica, en lo que se refiere al arqueo: Gross (g. r. t.) 297,60 [Bruto (t. r. b.) 297,60].7El 7 de octubre de 1988, se efectuó una nueva medición, esta vez aplicando el Convenio de Londres. El certificado de arqueo internacional (1969), fechado el 7 de octubre de 1988, indica: Gross tonnage 479 (Arqueo bruto 479). El certificado de nacionalidad de 8 de diciembre de 1988, indica: Gross (g. r. t.) 479 [Bruto (t. r. b.) 479].8El 9 de enero de 1992, el demandante presentó ante el Ministerio de Agricultura helénico una solicitud de ayuda financiera para un proyecto de constitución de una sociedad mixta en Senegal (en lo sucesivo, solicitud de 9 de enero de 1992), con arreglo al Reglamento n° 4028/86. En ella indicaba que el arqueo del Maistrali II era de 479 trb (toneladas de registro bruto). El 25 de febrero de 1992, dicho Ministerio remitió a la Comisión la solicitud de subvención, acompañada de los documentos justificativos, recomendando la concesión de una ayuda financiera evaluada según el arqueo de 297,60 trb.9Mediante decisión de 5 de julio de 1993 [C(93) 1823 final/20; en lo sucesivo, decisión de 5 de julio de 1993], la Comisión concedió una ayuda financiera para el proyecto de sociedad mixta del demandante por un importe máximo de 1.267.800 ECU. En el anexo de dicha decisión, se indicaba que el arqueo del Maistrali II era de 297,60 trb.10Mediante escritos de 21 de julio de 1993, dirigido al Ministerio de Agricultura helénico, y de 8 de agosto de 1993, dirigido a la Dirección D, Estructura y Zonas Dependientes de la Pesca, de la Dirección General Pesca (DG XIV) (en lo sucesivo, Dirección XIV. D) de la Comisión, el demandante afirmó que la decisión de 5 de julio de 1993 estaba fundada en el arqueo, incorrecto, de 297,60 trb, y no en el arqueo actual de 479 trb. Mediante escrito de 23 de agosto de 1993, el Director de la Dirección XIV. D respondió que dicha decisión había sido adoptada eonsiderando los datos comunicados por las autoridades helénicas, entre ellos, el arqueo del Maistrali II, a saber, 297,60 trb.11Seguidamente, se establecieron varios contactos entre, por una parte, el demandante y el Ministerio de Agricultura helénico y, por otra, la Dirección XIV. D. En dichas ocasiones, se trató el problema de la determinación del método correcto para calcular el arqueo del Maistrali II. En particular, el 1 de octubre de 1993, el Ministerio de Agricultura helénico envió un escrito a la Dirección XIV. D y, el 22 de noviembre de 1993, el representante del demandante envió un escrito al Jefe de la Unidad 2 Grecia, Portugal e Irlanda, de la Dirección XIV. D (en lo sucesivo, Unidad XIV. D.2). En este último escrito, el representante del demandante, fundándose en el Reglamento (CEE) n° 2930/86 del Consejo, de 22 de septiembre de 1986, por el que se definen las características de los barcos de pesca (DO L 274, p. 1; en lo sucesivo, Reglamento n° 2930/86), y en el Reglamento (CEE) n° 1956/91 de la Comisión, de 21 de junio de 1991, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento n° 4028/86 del Consejo en lo relativo a las medidas de apoyo a la constitución de sociedades mixtas (DO L 181, p. 1), alegó esencialmente que el arqueo que había de tenerse en cuenta para la aplicación del Reglamento n° 4028/86 era el calculado según lo dispuesto en el Convenio de Londres y, en consecuencia, solicitó que se concediera al demandante una ayuda financiera complementaria con el fin de que la ayuda total correspondiese a la cantidad a la que tenía derecho.12Mediante escrito de 14 de enero de 1994, dirigido al demandante, el Jefe de la Unidad XIV. D.2 le comunicó que [su] consulta [se estaba] examinando desde el punto de vista jurídico y que una respuesta fundamentada [le sería] comunicada a la mayor brevedad posible.13El Director General de la DGXIV respondió a los escritos de 1 de octubre de 1993, del Ministerio de Agricultura helénico, y de 22 de noviembre de 1993, del representante del demandante, mediante dos escritos fechados el 1 de febrero de 1994. En éstos indicaba que la capacidad del Maistrali II, medida según las disposiciones del Convenio de Londres, no podía ser considerada para el cálculo de la ayuda financiera comunitaria para la constitución de la sociedad mixta relativa a este buque, puesto que el Anexo VII del Reglamento n° 4028/86 establecía los importes de dicha ayuda en función de una medición de los buques en trb. La Comisión observaba que, de conformidad con su artículo 7, las disposiciones del Reglamento n° 2930/86 sólo se aplicaban a partir del 18 de julio de 1994. Por otra parte, el Maistrali II había sido construido con una capacidad de 297,60 trb, según el sistema helénico de medición, y había recibido una ayuda para la construcción conforme a dicha capacidad en el marco del Reglamento n° 2908/83. Su nueva medición ulterior según el Convenio de Londres en GT (Gross tonnage, tonelaje bruto en la terminología inglesa) no podía, por tanto, ser considerada para el cálculo de la ayuda financiera para la constitución de una sociedad mixta.14Mediante escrito de 11 de mayo de 1994, el Ministerio de Agricultura helénico pidió a la Dirección XIV. D que modificara su postura y que concediera una ayuda financiera complementaria al demandante fundándose en el arqueo que resulta de la aplicación del Convenio de Londres. A este escrito siguió otro el 16 de junio de 1994, en el que se precisó que la diferencia entre el arqueo en el que se había fundado la Comisión en su decisión de 5 de julio de 1993 y el que resulta de la aplicación del Convenio de Londres era de 181.40 trb, que correspondía a una ayuda financiera por parte de la Comunidad del orden de 425.700 ECU y, por parte de la República Helénica, de 85.140 ECU.15Mediante escrito de 4 de julio de 1994, el Director General de la D G XIV respondió al escrito del Ministerio de Agricultura helénico de 11 de mayo de 1994. Refiriéndose a su propio escrito de 1 de febrero de 1994, expuso que la Comisión no podía tener en cuenta el arqueo del Maistrali II medido según las disposiciones del Convenio de Londres (GT) para el cálculo de la ayuda financiera comunitaria para la constitución de sociedades mixtas. El Reglamento n° 4028/86, en su Anexo VII, establece el importe de dicha ayuda en función de la medición de los buques en toneladas de registro bruto (trb). El Director General destacó que, tras la adopción por el Consejo del Reglamento que modifica el Reglamento n° 2930/86, la Comisión debía preparar en breve plazo un nuevo proyecto de Reglamento de modificación del Reglamento (CE) n° 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (DO L 346, p. 1; en lo sucesivo, Reglamento n° 3699/93), para establecer los nuevos haremos de primas por categoría de buque por clase de tonelaje bruto (GT) según el Convenio de Londres. En el futuro, y una vez adoptada esta modificación por el Consejo, la Comisión podría establecer el importe de la prima basándose en las trb o en el GT de los buques.16Mediante escrito de 1 de septiembre de 1994, dirigido al Director de la Dirección XIV. D, el demandante recordó a la Comisión que no se había pronunciado sobre la posibilidad de conceder una ayuda financiera complementaría, motivada por el envío, por parte de las autoridades helénicas, de un escrito fechado el 1 de octubre de 1993 en el que se explicaba su posición y se pedía a la Comisión que revisara su postura. El demandante añadió que esperaría hasta el 20 de septiembre de 1994 antes de entablar una acción judicial contra la Comisión.17El Director de la Dirección XIV. D respondió por escrito de 19 de septiembre de 1994. Recordó que el Maistrali II había sido construido con una capacidad de 297,60 toneladas de registro bruto según el sistema helénico de medición y que el buque había recibido una ayuda para su construcción conforme a dicha capacidad en el marco del Reglamento n° 2908/83. En el proyecto de constitución de sociedad mixta transmitido por las autoridades helénicas a la Comisión el 25 de febrero de 1992, el Maistrali II figuraba con 297,60 toneladas de registro bruto, con vistas a la concesión de una ayuda comunitaria de 1.267.800 ECU. La Comisión acusó recibo de dicho proyecto el 2 de marzo de 1992 y mediante decisión de 5 de julio de 1993, concedió una ayuda de 1.267.800 ECU, según lo solicitado por las autoridades nacionales. El Director dedujo de ello que no procedía revisar dicha Decisión.18Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de mayo de 1996, el demandante interpuso el presente recurso.<TI><P>Pretensiones de las partes</P></TI>19El Sr. Polyvios, parte demandante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado.

Condene a la parte demandada a pagar la cantidad de 510.840 ECU o, con carácter subsidiario, la cantidad de 425.700 ECU, más los intereses correspondientes al tipo legal desde el 8 de agosto de 1993 hasta la fecha del pago.

Condene a la Comisión a pagar todas las costas del procedimiento.

20La Comisión, parte demandada, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Acuerde la inadmisión del recurso.

Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.

Condene en costas al demandante.

<TI><P>Sobre la admisibilidad</P></TI>21Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad en el sentido del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, la Comisión se opone a la admisibilidad del recurso alegando esencialmente que, en realidad, éste tiene por objeto la revocación de una decisión individual convertida en definitiva y que, por ello, pretende eludir el procedimiento establecido en el artículo 173 del Tratado CE.22En virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia estima que los hechos se hallan suficientemente esclarecidos por los documentos que obran en autos y decide que no procede continuar el procedimiento.<TI><P>Argumentos de las partes</P></TI>23En primer lugar, la Comisión recuerda que, si bien la acción prevista en los artículos 178 y 215 del Tratado constituye una vía autónoma en el marco de las vías de recurso con arreglo al Derecho comunitario, como excepción a este principio, la inadmisibilidad de la pretensión de anulación implica la de la pretensión de indemnización cuando el recurso de indemnización tiene por objeto, en realidad, la revocación de una decisión individual convertida en definitiva y tendría como efecto, si fuere acogido, anular los efectos jurídicos de dicha Decisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1986, Krohn/Comisión, 175/84, Rec. p. 753, apartados 32 y 33, y de 1 de abril de 1993, Pesqueras Echebastar/Comisión, C-25/91, Rec. p. I-1719).24Mediante el presente recurso, el demandante solicita la reparación del perjuicio causado por un acto de la Comisión que hubiera podido ser objeto de un recurso de anulación dentro de plazo. Estos dos recursos tendrían la misma finalidad pecuniaria.25La decisión de 5 de julio de 1993, que constituye un acto individual, determina claramente que la ayuda financiera se concedía en las condiciones en ella determinadas y según los datos financieros anexos, entre los que figuraba el arqueo de 297,60 trb. Por lo tanto, al conocer todos los elementos de cálculo de la ayuda financiera a partir de la fecha de comunicación de la decisión, el demandante hubiera podido solicitar su anulación en virtud del artículo 173 del Tratado, con el fin de obtener la revisión del modo de cálculo de la ayuda financiera. Mediante el presente recurso, interpuesto tres años más tarde, intenta obtener el mismo resultado.26Si existía un error por parte de la Comisión, éste fue cometido en la decisión individual. En consecuencia, el demandante debería haber exigido la anulación de dicha decisión, generadora del supuesto daño. Ahora bien, el plazo para la interposición de un recurso de anulación había expirado desde hacía mucho tiempo. Dicho plazo, fijado por el artículo 173 del Tratado, es de orden público.27En la medida en que el presente recurso sustituye directamente al recurso que no fue interpuesto dentro del plazo señalado en el artículo 173 del Tratado, y puesto que el propio demandante indica que ambos recursos se apoyan en el mismo fundamento jurídico y que sus consecuencias jurídicas son idénticas, la Comisión deduce que el recurso de indemnización constituye una infracción de las normas de prescripción del recurso de anulación.28El demandante sostiene que, puesto que el recurso de indemnización contemplado en el artículo 215 del Tratado es, en principio, autónomo en relación con los recursos por omisión y de anulación, la jurisprudencia ha adoptado una actitud más severa únicamente cuando la utilización de este recurso sustituye directamente al funcionamiento de un procedimiento de anulación, que deliberadamente no ha sido utilizado o que no ha prosperado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 1974, Kortner y otros/Consejo, Comisión y Parlamento, asuntos acumulados 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 y 135/73 a 137/73, Rec. p. 177).29En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia debería examinar la causa probable de que no se interpusiera el recurso de anulación dentro del plazo impartido. El Juez sólo tiene la facultad y el derecho de declarar la inadmisión del recurso de indemnización, motivando minuciosamente este medio de eludir el procedimiento cuando los elementos obrantes en autos, los motivos invocados por una y otra parte, los hechos y los documentos pongan de manifiesto que el demandante omitió dolosamente el procedimiento del recurso de anulación para evitar así las consecuencias de la falta de interposición injustificada del recurso de anulación.30Ahora bien, el presente recurso no es un medio de eludir el procedimiento ni el resultado de una acción dolosa. A este respecto, el demandante alega que, a partir del 17 de julio de 1993, fecha en que se le notificó la decisión de 5 de julio de 1993, se quejó por escrito, solicitó la rectificación de la decisión, se entrevistó con los responsables de Bruselas y envió un escrito de requerimiento a las autoridades helénicas y comunitarias. Pudo convencer a las autoridades helénicas, quienes rectificaron su error y recomendaron a la Comisión el pago de la ayuda complementaria. Los servicios de la Comisión le habían prometido oficiosamente que, probablemente, accederían a su solicitud si las autoridades helénicas rectificaban su error y daban su conformidad en ese sentido. Sin embargo, la Comisión denegó su solicitud aduciendo justificaciones contradictorias.31Por otra parte, tanto si se declara fundado el recurso de anulación como si, por no haber sido interpuesto éste, se declara fundado el recurso de indemnización, las consecuencias jurídicas serían las mismas, a saber, la obligación por parte de la Comisión de pagar al demandante la ayuda complementaria, dado que los dos recursos tienen el mismo fundamento de Derecho y de hecho, y puesto que los intereses de demora se devengan a partir del escrito de requerimiento de 8 de agosto de 1993 dirigido por el demandante a la Comisión.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI>32Según la jurisprudencia, el recurso de indemnización fundado en el artículo 178 y en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado constituye una vía jurisdiccional autónoma que tiene su función específica dentro del sistema de recursos. De ello se deduce que, en principio, la inadmisibilidad del recurso de anulación no puede implicar la del recurso por el que se solicita la reparación del perjuicio supuestamente sufrido (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 1995, Cobrecaf y otros/Comisión, T-514/93, Rec. p. II-621, apartado 58, y de 24 de septiembre de 1996, Richco/Comisión, T-491/93, Rec. p. II-1131, apartado 64).33Sin embargo, si bien una parte puede ejercitar una acción de indemnización sin verse obligada por ninguna norma a solicitar la anulación del acto ilegal que le ha causado el perjuicio, no puede eludir, por esta vía, la inadmisibilidad de una demanda que tenga por objeto la misma ilegalidad y los mismos fines pecuniarios (véase el auto del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 1995, Pevasa e Inpesca/Comisión, asuntos acumulados C-199/94 P y C-200/94 P, Rec. p. I-3709, apartado 27). La inadmisibilidad de la pretensión de anulación implica la de la pretensión de indemnización cuando el recurso de indemnización tiene por objeto, en realidad, la revocación de una decisión individual convertida en definitiva (véanse las sentencias Cobrecaf y otros/Comisión, antes citada, apartado 59, y Richco/Comisión, antes citada, apartado 65), o, en otros términos, la revocación de un acto o de una decisión que pueda ser objeto de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica y contra el cual no se haya interpuesto un recurso dentro de plazo.34En el presente asunto, procede señalar, en primer lugar, que se desprende de autos que el comportamiento ilegal que el demandante reprocha a la Comisión consiste esencialmente en:

el hecho de haber adoptado la recomendación de las autoridades helénicas sin controlar los cálculos en los que ésta se fundaba, ni examinar la solicitud del demandante de 9 de enero de 1992 y los documentos que la acompañaban;

el hecho de no haber calculado la ayuda financiera según el arqueo del Maistrali II que resulta de la aplicación del Convenio de Londres, lo que es contrario a la normativa comunitaria y a los principios de buena administración y de igualdad de trato;

la negativa a revisar su decisión de 5 de julio de 1993 tras la recomendación de las autoridades helénicas contenida en su escrito de 1 de octubre de 1993;

las motivaciones contradictorias de las decisiones de no revisar su decisión de 5 de julio de 1993, y

el hecho de haber prometido oficiosamente al demandante que su solicitud, relativa a una ayuda financiera complementaria, sería probablemente satisfecha si las autoridades helénicas presentaban una recomendación favorable.

35La relación de causalidad entre estos diferentes elementos, constitutivos del comportamiento censurado, y el supuesto perjuicio, es decir, el hecho de que el importe de la ayuda financiera concedida se calculara sobre el arqueo establecido según el método de Oslo, y no según el método de Londres, se vincula, por lo tanto, a la ilegalidad de la decisión de 5 de julio de 1993 y de las negativas de la Comisión a modificar dicha decisión.36Ahora bien, la decisión de 5 de julio de 1993 fue notificada al demandante de conformidad con el apartado 3 del artículo 191 del Tratado. El demandante afirma haberla recibido el 17 de julio de 1993. Es una decisión individual, dirigida a la República Helénica y al demandante, susceptible de un recurso de anulación interpuesto por este último. Puesto que el demandante no interpuso tal recurso, la decisión se convirtió en definitiva por lo que al demandante respecta.37Por lo que se refiere a las posteriores negativas de la Comisión a conceder una ayuda financiera complementaria, el demandante alude a cuatro, contenidas en los escritos de 23 de agosto de 1993 y de 1 de febrero, 4 de julio y 19 de septiembre de 1994 (véanse los apartados 10, 13, 15 y 17 supra). A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que no procede admitir un recurso de responsabilidad cuando tiene por objeto la reparación de un perjuicio causado por la ilegalidad de un acto de una Institución que carece de efectos jurídicos (véanse los autos del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 1991, Sunzest/Comisión, C-50/90, Rec. p. I-2917, apartados 18 y 19, y de 4 de octubre de 1991, Bosman/Comisión, C-117/91, Rec. p. I-4837, apartado 20). Por consiguiente, procede examinar si las negativas a revisar la decisión de 5 de julio de 1993 se limitan a confirmar la decisión adoptada anteriormente o si constituyen decisiones que modifican de forma precisa la situación jurídica del demandante con respecto a la creada por la decisión anterior, por fundarse en un elemento nuevo que pueda producir efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses del demandante (véase la sentencia Cobrecaf y otros/Comisión, antes citada, apartado 45).38La primera negativa de la Comisión a revisar la decisión de 5 de julio de 1993, que es el objeto del escrito de 23 de agosto de 1993 por el que la Comisión ùnicamente señala al demandante que la decisión de 5 de julio de 1993 fue adoptada conforme a los datos comunicados por la Administración helénica, sólo constituye una confirmación de esta decisión.39Por el contrario, la negativa contenida en el escrito de 1 de febrero de 1994 debe considerarse una nueva decisión. En efecto, se desprende de autos que la Comisión adoptó su decisión de 5 de julio de 1993 basándose en la información comunicada por las autoridades helénicas, sin verificar si el arqueo indicado para el Maistrali II había sido calculado según el método de Londres, según el método de Oslo, o según otro método. La Comisión examinó dicha cuestión únicamente después de que el demandante le señalara que, contrariamente a las disposiciones en vigor, el importe de la ayuda financiera no había sido calculado según el arqueo establecido por el método de Londres. El demandante llamó la atención de la Comisión sobre esta cuestión tanto a través de las autoridades helénicas como directamente, en particular, en su escrito de 22 de noviembre de 1993. En el escrito de 1 de febrero de 1994, la Comisión declaró que la capacidad del Maistrali II, medida según las disposiciones del Convenio de Londres, no podía ser tenida en cuenta para el cálculo de la ayuda financiera. Ahora bien, si la Comisión hubiera aceptado el argumento del demandante, habría concedido la ayuda financiera solicitada. De ello se deduce que el escrito de 1 de febrero de 1994 estaba fundado en un elemento nuevo que podía producir efectos jurídicos obligatorios que podían afectar a los intereses del demandante. Esta conclusión está confirmada por el escrito de 14 de enero de 1994, en el que se indicaba que, en ese momento, la Comisión estaba analizando la cuestión.40Las negativas contenidas en los escritos de 4 de julio de 1994 y de 19 de septiembre de 1994 son meras confirmaciones de las anteriores decisiones adoptadas el 5 de julio de 1993 y el 1 de febrero de 1994.41Por lo tanto, por carecer de efectos jurídicos los escritos de 23 de agosto de 1993, de 4 de julio de 1994 y de 19 de septiembre de 1994, procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso en la medida en que se refiere a la reparación de un perjuicio derivado de su ilegalidad.42En cuanto al escrito de 1 de febrero de 1994, si bien constituye una decisión individual, dirigida al demandante y susceptible de un recurso de anulación, hay que observar que el demandante tampoco interpuso dicho recurso contra esta decisión dentro de plazo. Por consiguiente, dicha decisión también se convirtió en definitiva.43En este contexto, procede subrayar que se desprende de la jurisprudencia que, los plazos para recurrir, que son de orden público, no tienen carácter dispositivo ni para el Juez ni para las partes y que el concepto de error excusable debe ser interpretado de forma restrictiva. Sólo puede referirse a circunstancias excepcionales en las que, en particular, la Institución de que se trate ha adoptado un comportamiento que puede provocar, por sí solo o de modo determinante, una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que actúe con toda la diligencia exigible a un operador normalmente prevenido (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 1993, Blackman/Parlamento, asuntos acumulados T-33/89 y T-74/89, Rec. p. II-249, apartado 34, y del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión, C-195/91 P, Ree. p. I-5619, apartado 26). Ahora bien, el demandante no ha aportado ningún elemento de prueba que pueda demostrar que la Comisión adoptó tal comportamiento.44Por último, el presente recurso pretende obtener un importe igual a la diferencia entre el importe de la ayuda financiera comunitaria que se habría concedido si la Comisión hubiera accedido a la solicitud presentada por el demandante y el importe que le fue concedido mediante la decisión de 5 de julio de 1993, más los correspondientes intereses de demora (véase el auto Pevasa e Inpesca/Comisión, antes citado, apartado 28).45De todo lo expuesto se deduce que el presente recurso de indemnización, interpuesto dos años y tres meses después de la adopción de la última decisión susceptible de un recurso de anulación, tiene por objeto eludir el plazo de recurso previsto por el artículo 173 del Tratado y, por tanto, constituye una desviación del procedimiento establecido en el artículo 178 del Tratado (véase el auto Pevasa e Inpesca/Comisión, antes citado, apartado 28).46En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.<TI><P>Costas</P></TI>47A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.2)Condenar en costas a la parte demandante.

Dictado en Luxemburgo, a 3 de febrero de 1998.

El Secretario

H. Jung

La Presidenta

P. Lindh