Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 24 de septiembre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Artículo 19 — Concepto de “demanda de nulidad matrimonial” — Artículo 63 — Tratado celebrado entre la Santa Sede y un Estado miembro — Matrimonio celebrado de conformidad con el Derecho canónico — Órgano jurisdiccional civil de un Estado miembro ante el que se presenta una demanda de divorcio — Órgano jurisdiccional civil de otro Estado miembro ante el que se presenta una demanda de reconocimiento de la eficacia civil de una resolución de un tribunal eclesiástico por la que se declara la nulidad de ese matrimonio »

En el asunto C‑190/25 [Zelabrich], (i)

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania), mediante resolución de 4 de marzo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de marzo de 2025, en el procedimiento entre

LS

y

GT,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretaria: Sra. E. Sartori, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de febrero de 2026;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de GT, por la Sra. A. Groeneveld, Rechtsanwältin;

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Gavela Llopis, el Sr. M. Acedo-Rico Montiel y la Sra. P. Pérez Zapico, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. F. Subrani, avvocato dello Stato;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. B. Ernst y el Sr. S. Noë, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de abril de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004 (DO 2004, L 367, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 2201/2003»).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre LS, nacional rusa, y GT, nacional alemán e italiano, en relación con un procedimiento de divorcio incoado por este último contra LS.

 Marco jurídico

 Derecho internacional

3        El Concordato Lateranense, celebrado el 11 de febrero de 1929 entre la Santa Sede y la República Italiana, fue modificado mediante acuerdo entre esas dos Partes, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984 (en lo sucesivo, en su versión modificada, «Concordato Lateranense»).

4        El artículo 2 del Concordato Lateranense, titulado «Libertad pastoral», dispone, en su apartado 1:

«La República italiana reconoce a la Iglesia Católica la plena libertad de desarrollar su misión pastoral, educativa y caritativa, de evangelización y de santificación. En particular se asegura a la Iglesia la libertad […] de ejercicio […] de la jurisdicción en materia eclesiástica.»

5        El artículo 8 del Concordato Lateranense, titulado «Matrimonio», dispone lo siguiente:

«1.      Se reconocen efectos civiles a los matrimonios contraídos según las normas del Derecho canónico, a condición [de] que el acta correspondiente sea transcrita en los registros del estado civil, previa publicación en el Ayuntamiento. Inmediatamente después de la celebración, el párroco o su delegado explicará a los contrayentes los efectos civiles del matrimonio, dando lectura a los artículos del Código Civil que se refieren a los derechos y deberes de los cónyuges, y redactará, por duplicado, el acta del matrimonio, en la cual podrán hacerse constar las declaraciones de los cónyuges autorizadas por la ley civil.

[…]

2.      Las sentencias de nulidad de matrimonio pronunciadas por Tribunales eclesiásticos, que tengan el decreto de ejecutividad del órgano eclesiástico superior de control, son, a solicitud de las partes o de una de ellas, declaradas eficaces en la República italiana mediante sentencia [de la corte d’appello (Tribunal de Apelación, Italia)] competente, cuando este constate:

a)      que el juez eclesiástico era el juez competente para conocer de la causa del matrimonio celebrado de conformidad con el presente artículo;

b)      que en el procedimiento ante los Tribunales eclesiásticos se ha asegurado a las partes el derecho de actuar y de oponerse en juicio en modo no contrastante a los principios fundamentales del ordenamiento italiano;

c)      que concurren las otras condiciones requeridas por la legislación italiana para la declaración de eficacia de las sentencias extranjeras.

El Tribunal de Apelación, en la sentencia encaminada a hacer ejecutiva una sentencia canónica, podrá establecer medidas económicas provisionales a favor de uno de los cónyuges cuyo matrimonio haya sido declarado nulo, remitiendo a las partes al Juez competente para la decisión sobre la materia.

[…]»

 Derecho de la Unión

6        El considerando 8 del Reglamento n.º 2201/2003 enunciaba lo siguiente:

«Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial, el presente Reglamento solo debe aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de problemas tales como las causas de divorcio, las consecuencias patrimoniales del matrimonio u otras posibles medidas accesorias.»

7        A tenor del artículo 1 de ese Reglamento, cuyo epígrafe es «Ámbito de aplicación»:

«1.      El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas:

a)      al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial;

[…]

3.      El presente Reglamento no se aplicará:

[…]

e)      a las obligaciones de alimentos;

[…]».

8        El artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «Competencia general», disponía, en su apartado 1:

«En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

a)      en cuyo territorio se encuentre:

–        la residencia habitual de los cónyuges, o

–        el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o

–        la residencia habitual del demandado, o

–        en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

–        la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o

–        la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su “domicile”;

b)      de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del “domicile” común.»

9        El artículo 19 del mismo Reglamento, titulado «Litispendencia y acciones dependientes», establecía, en su apartado 1, lo siguiente:

«Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.»

10      El capítulo III del Reglamento n.º 2201/2003, titulado «Reconocimiento y ejecución», incluía varias secciones, entre las que figuraba la sección 1, titulada «Reconocimiento». Esta sección comprendía un conjunto de disposiciones relativas, en particular, al reconocimiento, en los demás Estados miembros, de una resolución dictada en un Estado miembro en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial, así como a los motivos de no reconocimiento de tal resolución.

11      El artículo 63 del citado Reglamento, titulado «Tratados con la Santa Sede», tenía el siguiente tenor:

«1.      El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa Sede y [la República Portuguesa], firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.

2.      Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III.

3.      Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede:

a)      “Concordato lateranense” de 11 de febrero de 1929 entre [la República Italiana] y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984;

b)      Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y [el Reino de España] sobre asuntos jurídicos;

c)      Acuerdo entre la Santa Sede y [la República de Malta] sobre el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, incluido el Protocolo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo adicional, de 6 de enero de 1995.

4.      El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia, en España o en Malta a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.

[…]»

12      El Reglamento n.º 2201/2003 fue derogado por el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (DO 2019, L 178, p. 1), aplicable a partir del 1 de agosto de 2022. Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos que dieron lugar al litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse con arreglo al Reglamento n.º 2201/2003.

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

13      GT, nacional alemán e italiano, y LS, nacional rusa, ambos con residencia habitual en Alemania, celebraron su matrimonio el 16 de junio de 2017 en una iglesia situada en Nápoles (Italia) (en lo sucesivo, «matrimonio concordatario»). Ese mismo día, el matrimonio se inscribió en el Registro Civil de esa ciudad.

14      El 25 de enero de 2022, GT presentó ante el Amtsgericht Stuttgart (Tribunal de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania) una demanda de divorcio. En el marco de ese procedimiento, dicho tribunal también debe pronunciarse de oficio sobre la pensión compensatoria y, a petición de LS, sobre la posible pensión de alimentos.

15      El 22 de julio de 2022, GT presentó ante el Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli (Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Nápoles, Italia) una demanda por la que solicitaba que se declarara la nulidad del matrimonio concordatario. Mediante resolución de 28 de febrero de 2024, el citado Tribunal estimó esa demanda. El 27 de mayo de 2024, esa resolución firme fue declarada ejecutiva por el Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, Italia).

16      La Corte d’appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia), ante la que se presentó, el 31 de julio de 2024, una demanda de eficacia civil de la sentencia firme y ejecutiva por la que se declara la nulidad del matrimonio concordatario, dictada por el Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli (Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Nápoles), aún no se ha pronunciado sobre dicha demanda.

17      Mediante auto de 20 de noviembre de 2024, el Amtsgericht Stuttgart (Tribunal de lo Civil y Penal de Stuttgart) decidió suspender el procedimiento sobre la demanda de divorcio y sobre las demandas accesorias relativas a los efectos patrimoniales de este. Ese tribunal consideró que, en el supuesto de que la Corte d’appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles) estimara la demanda de eficacia civil de la sentencia eclesiástica por la que se declara la nulidad del matrimonio concordatario, el procedimiento de divorcio pendiente ante él quedaría sin objeto.

18      El 4 de diciembre de 2024, LS interpuso recurso de apelación contra el citado auto ante el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando que, en virtud del Reglamento n.º 2201/2003, la obligación de suspender el procedimiento no incumbe al Amtsgericht Stuttgart (Tribunal de lo Civil y Penal de Stuttgart), sino al órgano jurisdiccional italiano que conoce de la demanda de eficacia civil de la sentencia eclesiástica por la que se declara la nulidad del matrimonio concordatario.

19      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el procedimiento pendiente ante la Corte d’appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles), que tiene por objeto el reconocimiento de la eficacia civil de esa sentencia eclesiástica, está comprendido en el concepto de «demanda de nulidad matrimonial», que puede dar lugar a una situación de litispendencia, en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003. En caso afirmativo, pide que se dilucide cuáles son las consecuencias que entraña la existencia de tal litispendencia.

20      Según el citado órgano jurisdiccional, tal procedimiento está comprendido en una «demanda de nulidad matrimonial», en el sentido de esa disposición, de modo que el órgano jurisdiccional italiano ante el que se ha presentado la segunda demanda está obligado, en principio, a suspender el procedimiento, de conformidad con dicha disposición.

21      Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente observa que esa obligación podría plantear dificultades, pues en tal caso el órgano jurisdiccional alemán tendría eventualmente que apreciar, con carácter incidental, el reconocimiento por la República Italiana de la nulidad del matrimonio concordatario declarada por un tribunal eclesiástico, aun cuando no existe, a este respecto, acuerdo alguno entre la Santa Sede y la República Federal de Alemania que pueda regular el reconocimiento de una resolución eclesiástica.

22      Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, teniendo también en cuenta los efectos patrimoniales que pueden derivarse de la nulidad de un matrimonio y que difieren de los vinculados a un procedimiento de divorcio, de modo que existe riesgo de resoluciones contradictorias, si los órganos jurisdiccionales alemanes no pueden, sin embargo, decidir la suspensión del procedimiento, aun cuando dispongan, en virtud del Reglamento n.º 2201/2003, de una competencia internacional prioritaria.

23      En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Constituye el procedimiento de reconocimiento de [una resolución eclesiástica] que se sigue ante [un órgano jurisdiccional italiano] con arreglo al artículo 8, apartado 2, [del Concordato Lateranense], un procedimiento de nulidad matrimonial[,] en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento [n.º 2201/2003]?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿le está permitido a un órgano jurisdiccional [de otro Estado miembro] ante el cual se ha presentado la primera demanda de divorcio suspender su procedimiento de conformidad con la legislación nacional y en contra de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento [n.º 2201/2003], a favor del tribunal ante el cual se ha presentado la segunda demanda, que ha de resolver un procedimiento sobre reconocimiento de [una resolución eclesiástica]?»

 Primera cuestión prejudicial

24      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «demanda de nulidad matrimonial», con arreglo a esa disposición, comprende un procedimiento incoado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para el reconocimiento de la eficacia civil de una resolución ejecutiva por la que se declara la nulidad de un matrimonio concordatario cuando dicha resolución ha sido dictada por un tribunal eclesiástico en virtud de un tratado internacional contemplado en el artículo 63 del citado Reglamento y celebrado entre la Santa Sede y ese Estado miembro.

25      Con carácter preliminar, ha de precisarse, en primer lugar, que, como se desprende del artículo 1, apartado 3, letra e), del Reglamento n.º 2201/2003, interpretado a la luz de su considerando 8, las cuestiones relacionadas con los efectos patrimoniales del matrimonio, en particular, con las obligaciones alimentarias, están excluidas del ámbito de aplicación de ese Reglamento.

26      En cambio, estas cuestiones pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación de otros instrumentos del Derecho de la Unión, a saber, el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (DO 2016, L 183, p. 1), o el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1).

27      Es cierto que el órgano jurisdiccional remitente menciona, en su petición de decisión prejudicial, las diferencias que pueden existir entre los efectos patrimoniales vinculados a un divorcio y los derivados de la nulidad matrimonial. No obstante, estas consideraciones solo se plantean a efectos de la interpretación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003 y, a falta de otras precisiones facilitadas a este respecto por dicho órgano jurisdiccional, no pueden justificar una interpretación de instrumentos del Derecho de la Unión distintos del citado Reglamento.

28      En segundo lugar, procede recordar que, con arreglo al artículo 63 del Reglamento n.º 2201/2003, la aplicación de ese Reglamento en las relaciones entre los Estados miembros se entiende sin perjuicio de los tratados celebrados entre la Santa Sede, por una parte, y determinados Estados miembros, a saber, el Reino de España, la República Italiana, la República de Malta y la República Portuguesa, por otra, entre los que figura el Concordato Lateranense.

29      El Concordato Lateranense regula las relaciones entre la Santa Sede y la República Italiana. A tenor del artículo 2, apartado 1, de dicho Concordato, ese Estado miembro reconoce y asegura a la Iglesia católica, en particular, la libertad del ejercicio de la jurisdicción en materia eclesiástica.

30      Conforme al artículo 8, apartado 1, del citado Concordato, se reconocen efectos civiles a los matrimonios contraídos según las normas del Derecho canónico, a condición de que el acta correspondiente sea transcrita en los registros del estado civil, previa publicación en el ayuntamiento.

31      El artículo 8, apartado 2, del mismo Concordato establece que, a solicitud de las partes o de una de ellas, las sentencias de nulidad de matrimonio pronunciadas por tribunales eclesiásticos, que tengan el decreto de ejecutividad del órgano eclesiástico superior, son declaradas civilmente eficaces en Italia mediante sentencia del Tribunal de Apelación competente, siempre que, en primer término, el juez eclesiástico sea el juez competente para conocer de la nulidad, en segundo término, en el procedimiento ante los tribunales eclesiásticos se haya asegurado a las partes el derecho de actuar y de oponerse en juicio en modo no contrastante a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico italiano, y, en tercer término, concurran las condiciones requeridas por la legislación italiana para la declaración de eficacia de las sentencias extranjeras.

32      A la vista de estas observaciones preliminares, para interpretar el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, procede, conforme a reiterada jurisprudencia, tener en cuenta no solo el tenor de esta disposición, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos que persigue el acto del que forma parte (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 27 de noviembre de 2025, Manuel Costa Filhos, C‑643/24, EU:C:2025:923, apartado 37 y jurisprudencia citada).

33      Por lo que respecta al tenor del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, ha de señalarse que esta disposición se refiere a las demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial formuladas entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes.

34      Tal como el Tribunal de Justicia ha declarado, según el tenor de esta disposición, si bien es necesario que las partes en las demandas sean las mismas, estas últimas pueden tener distinto objeto, siempre que versen sobre una separación judicial, un divorcio o una nulidad matrimonial (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de enero de 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, apartado 35 y jurisprudencia citada). De ello se deduce que la existencia de una situación de litispendencia presupone que los procedimientos pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes tengan por objeto la disolución o la distensión del vínculo matrimonial.

35      Ahora bien, un procedimiento incoado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para el reconocimiento de la eficacia civil de una sentencia ejecutiva por la que se declara la nulidad de un matrimonio concordatario, dictada por un tribunal eclesiástico en virtud de un tratado internacional celebrado con la Santa Sede y contemplado en el artículo 63 del Reglamento n.º 2201/2003, como el pendiente en el caso de autos ante la Corte d’appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles), no tiene por objeto, como tal, la disolución o la distensión del vínculo matrimonial.

36      En efecto, por un lado, como han señalado el Gobierno italiano y español en la vista, en el momento en que se inició tal procedimiento ya se había producido la disolución del vínculo matrimonial, el cual fue declarado nulo mediante sentencia firme y ejecutiva dictada por el tribunal eclesiástico. El procedimiento ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se trate, en el caso de autos la República Italiana, únicamente tiene por objeto que se reconozca a la resolución eclesiástica eficacia civil en el ordenamiento jurídico de ese Estado miembro.

37      Por otro lado, el alcance del control ejercido por el órgano jurisdiccional estatal en el marco de dicho procedimiento se limita a los aspectos expresamente mencionados en el artículo 8, apartado 2, del Concordato Lateranense, a saber, la competencia del tribunal eclesiástico, los derechos de las partes a actuar y a oponerse durante el procedimiento ante ese tribunal, así como las condiciones requeridas por la legislación italiana para el reconocimiento de las sentencias extranjeras. Como ha precisado el Gobierno italiano, el órgano jurisdiccional estatal no puede examinar el fondo de la sentencia eclesiástica.

38      Por consiguiente, un procedimiento incoado ante un órgano jurisdiccional estatal para el reconocimiento de la eficacia civil de una sentencia ejecutiva por la que se declara la nulidad de un matrimonio concordatario, dictada por un tribunal eclesiástico en virtud del Concordato Lateranense, no está comprendido en el concepto de «demanda de nulidad matrimonial», en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003.

39      Esta interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe esa disposición.

40      A este respecto, procede observar que el artículo 19 del Reglamento n.º 2201/2003 está comprendido en el capítulo II de ese Reglamento, titulado «Competencia», que enumera, en su artículo 3, los criterios que permiten determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para pronunciarse sobre las cuestiones relativas al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial.

41      También es preciso recordar que el sistema de reparto de competencias instaurado por el Reglamento n.º 2201/2003 en materia de disolución del vínculo matrimonial no pretende excluir las competencias múltiples. Al contrario, se ha previsto expresamente la coexistencia de varios tribunales competentes, sin que entre ellos se haya establecido una jerarquía (sentencia de 13 de octubre de 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, apartado 47 y jurisprudencia citada).

42      En este contexto, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003 regula el tratamiento de las situaciones en las que dos órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes conocen de demandas de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial formuladas entre las mismas partes y prevé, a tal efecto, la obligación del órgano jurisdiccional ante el que se presenta la segunda demanda de suspender de oficio el procedimiento hasta que se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la primera demanda, de conformidad con los criterios dispuestos al efecto en el artículo 3 de dicho Reglamento.

43      Pues bien, la competencia de un órgano jurisdiccional italiano que conoce de una demanda dirigida al reconocimiento de la eficacia civil de una sentencia ejecutiva por la que se declara la nulidad de un matrimonio concordatario, dictada por un tribunal eclesiástico en virtud del Concordato Lateranense, no se establece sobre la base de los criterios previstos en el artículo 3 del Reglamento n.º 2201/2003, sino de las normas específicas establecidas por ese Concordato celebrado entre la Santa Sede y la República Italiana. En estas circunstancias, como ha observado el Abogado General en los puntos 44 y 45 de sus conclusiones, el procedimiento en el que se inscribe tal demanda no puede dar lugar a una situación de litispendencia, en el sentido del artículo 19, apartado 1, del citado Reglamento, interpretado a la luz de su artículo 3.

44      La interpretación que resulta del tenor del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003, corroborada por el contexto en el que se inscribe esta disposición, no queda puesta en entredicho por las finalidades perseguidas por este Reglamento.

45      A este respecto, es preciso recordar que el Reglamento n.º 2201/2003 pretende facilitar, entre otras cosas, sobre la base del principio de confianza mutua como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial a escala de la Unión, el reconocimiento de las resoluciones dictadas en los Estados miembros en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, C‑646/20, EU:C:2022:879, apartado 44 y jurisprudencia citada).

46      En el contexto particular de los tratados celebrados entre la Santa Sede y determinados Estados miembros, el artículo 63 del Reglamento n.º 2201/2003 se inscribe en el objetivo general perseguido por el citado Reglamento, que consiste en facilitar el reconocimiento y la ejecución simplificados de las resoluciones relativas a la invalidez del matrimonio dictadas en virtud de esos tratados. En efecto, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 49 y 50 de sus conclusiones, este artículo tiene por objeto extender el régimen de reconocimiento previsto por el citado Reglamento a las resoluciones relativas a la nulidad matrimonial dictadas en aplicación de los concordatos celebrados entre la Santa Sede y determinados Estados miembros con el fin de garantizar la plena eficacia de esos tratados. En cambio, el citado artículo no tiene por objeto someter esas resoluciones al conjunto de normas armonizadas establecidas por el Reglamento n.º 2201/2003, y en particular a las relativas a la competencia judicial, entre las que figura su artículo 19.

47      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «demanda de nulidad matrimonial», con arreglo a esa disposición, no comprende un procedimiento incoado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para el reconocimiento de la eficacia civil de una resolución ejecutiva por la que se declara la nulidad de un matrimonio concordatario cuando dicha resolución ha sido dictada por un tribunal eclesiástico en virtud de un tratado internacional contemplado en el artículo 63 del citado Reglamento y celebrado entre la Santa Sede y ese Estado miembro.

 Segunda cuestión prejudicial

48      Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.

 Costas

49      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004,

debe interpretarse en el sentido de que

el concepto de «demanda de nulidad matrimonial», con arreglo a esa disposición, no comprende un procedimiento incoado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para el reconocimiento de la eficacia civil de una resolución ejecutiva por la que se declara la nulidad de un matrimonio concordatario cuando dicha resolución ha sido dictada por un tribunal eclesiástico en virtud de un tratado internacional contemplado en el artículo 63 del Reglamento n.º 2201/2003, en su versión modificada, y celebrado entre la Santa Sede y ese Estado miembro.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: alemán.


i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.