CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. LAILA MEDINA

presentadas el 28 de septiembre de 2023 ( 1 )

Asunto C‑308/22

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

contra

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

con intervención de:

Corteva Agriscience, anteriormente Dow AgroScience BV (Dow)

[Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica, Países Bajos)]

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Reglamento (CE) n.o 1107/2009 — Comercialización de productos fitosanitarios — Evaluación con fines de autorización — Artículo 36 — Artículo 44 — Margen de apreciación del Estado miembro de que se trate por lo que respecta a la evaluación del Estado miembro ponente de zona que examinó la solicitud — Obligación de tener presentes los conocimientos científicos y técnicos actuales, incluso cuando no estén incluidos en documentos de orientación — Principio de cautela»

1.

La presente petición de decisión prejudicial, planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica, Países Bajos), tiene por objeto la interpretación, en particular, del artículo 36 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. ( 2 ) En el litigio principal, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Instituto para la Autorización de Productos Fitosanitarios y Biocidas, Países Bajos; en lo sucesivo, «CTB») a raíz de la desestimación por este último de la reclamación presentada por PAN Europe contra la decisión del CTB de ampliar la autorización del producto fitosanitario Closer, que contiene la sustancia activa sulfoxaflor.

2.

Como ha señalado la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), «la contaminación [por productos fitosanitarios (plaguicidas)] conlleva la pérdida de biodiversidad en Europa. Esta contaminación reduce significativamente las poblaciones de insectos y supone una amenaza para el papel crítico que estos desempeñan en la producción de alimentos», y «la exposición humana a plaguicidas químicos está relacionada con enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardíacas, respiratorias y neurológicas». ( 3 ) El presente asunto es crucial en la medida en que plantea la cuestión de si los Estados miembros, al decidir si conceden o deniegan una autorización de productos fitosanitarios, deben poder tener en cuenta los conocimientos científicos y técnicos más recientes sobre el impacto de los productos fitosanitarios en nuestra vida.

3.

En este sentido, según la agenda del Pacto Verde de la Unión Europea (en particular, la Estrategia de la Granja a la Mesa), la Unión Europea pretende reducir el uso de productos fitosanitarios químicos en un 50 % de aquí a 2030 para «garantizar un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente». Debo señalar a este respecto que en 2018 el Parlamento Europeo estimó que había quinientos productos fitosanitarios distintos autorizados y comercializados en la Unión Europea. ( 4 ) Este es el contexto en el que trataré de abordar las cuestiones planteadas en la presente petición de decisión prejudicial.

4.

El presente asunto está relacionado con los asuntos acumulados C‑309/22 y C‑310/22, PAN Europe (Evaluación de las propiedades de alteración endocrina), que fueron remitidos por el mismo órgano jurisdiccional nacional. En el día de hoy presento también mis conclusiones en dichos asuntos y ambas conclusiones deben leerse conjuntamente.

I. Marco jurídico

A.   Reglamento n.o 1107/2009

5.

El artículo 1 del Reglamento n.o 1107/2009, titulado «Objeto y finalidad», dispone en sus apartados 3 y 4:

«3.   La finalidad del presente Reglamento es garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente y mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la armonización de las normas sobre la comercialización de productos fitosanitarios, a la vez que se mejora la producción agrícola.

4.   Las disposiciones del presente Reglamento se basan en el principio de cautela con objeto de garantizar que las sustancias activas o los productos comercializados no tengan efectos adversos para la salud humana o animal o para el medio ambiente. En particular, no se impedirá que los Estados miembros apliquen el principio de cautela cuando exista incertidumbre científica acerca de los riesgos para la salud humana o animal o para el medio ambiente que planteen los productos fitosanitarios que se vayan a autorizar en su territorio.»

6.

El artículo 4 del Reglamento n.o 1107/2009, titulado «Criterios para la aprobación de sustancias activas», establece en sus apartados 1 a 4:

«1.   Una sustancia activa se aprobará de conformidad con el anexo II si, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos existentes, cabe esperar que, teniendo en cuenta los criterios de aprobación establecidos en los puntos 2 y 3 de dicho anexo, los productos fitosanitarios que contengan dicha sustancia activa cumplan los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3.

La evaluación de la sustancia activa deberá establecer en primer lugar si se cumplen los criterios de aprobación establecidos en los puntos 3.6.2 a 3.6.4 y 3.7 del anexo II. Si se cumplen dichos criterios, el siguiente paso de la evaluación consistirá en establecer si se cumplen los demás criterios de aprobación establecidos en los puntos 2 y 3 del anexo II.

2.   Los residuos de productos fitosanitarios derivados de una aplicación conforme a las buenas prácticas fitosanitarias, teniendo en cuenta condiciones realistas de uso, deberán cumplir los requisitos siguientes:

a)

no deberán tener efectos nocivos en la salud humana, incluida la de los grupos vulnerables, ni en la salud animal, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos conocidos cuando se disponga de métodos científicos aceptados por la [Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)] para evaluar tales efectos, ni en las aguas subterráneas;

b)

no deberán tener efectos inaceptables en el medio ambiente.

Para los residuos significativos desde el punto de vista toxicológico, ecotoxicológico, medioambiental o del agua potable, deberán existir métodos de uso corriente para medirlos. Deberá disponerse en general de normas analíticas.

3.   Los productos fitosanitarios aplicados en condiciones conformes a las buenas prácticas fitosanitarias y teniendo en cuenta condiciones realistas de uso, deberán cumplir los requisitos siguientes:

a)

ser suficientemente eficaces;

b)

no tener efectos nocivos inmediatos o retardados en la salud humana, incluida la de los grupos vulnerables, o animal, directamente o a través del agua potable (teniendo en cuenta las sustancias derivadas del tratamiento del agua), los alimentos, los piensos o el aire, ni consecuencias en el lugar de trabajo u otros efectos indirectos, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos conocidos cuando se disponga de métodos científicos aceptados por la [EFSA] para evaluar tales efectos, ni en las aguas subterráneas;

c)

no tener efectos inaceptables en los vegetales o los productos vegetales;

d)

no causar sufrimientos ni dolores innecesarios a los vertebrados que se pretenda combatir con ellos;

e)

no tener efectos inaceptables en el medio ambiente, teniendo especialmente en cuenta los siguientes aspectos cuando se disponga de métodos científicos aceptados por la [EFSA] para evaluar tales efectos:

[…]

4.   Los requisitos indicados en los apartados 2 y 3 se evaluarán basándose en principios uniformes, tal como se contempla en el artículo 29, apartado 6.»

7.

El capítulo III del Reglamento n.o 1107/2009, titulado «Productos fitosanitarios», contiene una sección 1 relativa a la «Autorización», cuya subsección 1 se refiere a los «Requisitos y contenidos».

8.

El artículo 29 de dicho Reglamento, que figura en la citada subsección, se titula «Requisitos aplicables a la autorización de comercialización» y está redactado en los siguientes términos:

«1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, los productos fitosanitarios solo se autorizarán si, de conformidad con los principios uniformes a los que se refiere el apartado 6, cumplen los requisitos siguientes:

a)

que sus sustancias activas, protectores y sinergistas hayan sido aprobados;

[…]

c)

que sus coformulantes no estén incluidos en la lista [d]el anexo III;

[…]

e)

que, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos existentes, cumplan los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 3;

[…]

2.   El solicitante deberá demostrar que se cumplen los requisitos previstos en el apartado 1, letras a) a h).

3.   La conformidad con los requisitos establecidos en el apartado 1, letras b) y e) a h), se determinará mediante ensayos y análisis oficiales o reconocidos oficialmente realizados en condiciones agrícolas, fitosanitarias y medioambientales que sean pertinentes para el uso del producto fitosanitario de que se trate y representativas de las condiciones reinantes en la zona donde vaya a utilizarse el producto.

[…]»

9.

La subsección 2, titulada «Procedimiento», de la misma sección 1 del capítulo III del Reglamento n.o 1107/2009 contiene, en particular, el artículo 36.

10.

A tenor del artículo 36 de dicho Reglamento, titulado «Examen para la autorización»:

«1. El Estado miembro que examine la solicitud realizará un examen independiente, objetivo y transparente teniendo presentes los conocimientos científicos y técnicos actuales y utilizando los documentos de orientación disponibles en el momento de la solicitud. Dará a todos los Estados miembros de la misma zona ocasión de presentar observaciones para su examen en la evaluación.

Aplicará los principios uniformes de evaluación y autorización de productos fitosanitarios contemplados en el artículo 29, apartado 6, a fin de determinar, en la medida de lo posible, si el producto fitosanitario cumple los requisitos previstos en el artículo 29 en la misma zona, si se utiliza conforme al artículo 55, y en condiciones realistas de uso.

El Estado miembro que examine la solicitud pondrá su evaluación a disposición de los demás Estados miembros de la misma zona. La forma del informe de evaluación se establecerá de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 79, apartado 2.

2. Los Estados miembros de que se trate concederán o denegarán las autorizaciones basándose en las conclusiones de la evaluación del Estado miembro que examine la solicitud con arreglo a lo dispuesto en los artículos 31 y 32.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y con sujeción a la legislación [de la UE], podrán imponerse condiciones adecuadas con respecto a los requisitos contemplados en el artículo 31, apartados 3 y 4, y otras medidas de mitigación de riesgos que se deriven de las condiciones específicas de uso.

Cuando las preocupaciones de un Estado miembro relativas a la salud humana o animal no puedan controlarse mediante la adopción de las medidas nacionales de mitigación de riesgos a que se refiere el párrafo primero, el Estado miembro podrá denegar la autorización del producto fitosanitario en su territorio si, debido a circunstancias medioambientales o agrícolas específicas, tiene razones de peso para considerar que el producto de que se trate supone todavía un riesgo inaceptable para la salud humana o animal o el medio ambiente.

El Estado miembro informará inmediatamente al solicitante y a la Comisión de su decisión y dará una justificación técnica o científica de la misma.

Asimismo, los Estados miembros ofrecerán la posibilidad de recurrir contra la decisión de denegar la autorización del producto en cuestión ante los tribunales nacionales u otras instancias de apelación.»

11.

La subsección 4, titulada «Renovación, retirada y modificación», de la sección 1 del capítulo III del Reglamento n.o 1107/2009 contiene, en particular, el artículo 44.

12.

De conformidad con el artículo 44 de dicho Reglamento, titulado «Retirada o modificación de una autorización»:

«1. Los Estados miembros podrán revisar una autorización en cualquier momento cuando existan indicios de que ya no se cumple alguno de los requisitos contemplados en el artículo 29.

[…]

2. Cuando un Estado miembro tenga la intención de retirar o modificar una autorización, informará de ello al titular de la autorización y le ofrecerá la posibilidad de presentar observaciones o información adicional.

3. El Estado miembro retirará o modificará la autorización, según corresponda, en los casos siguientes:

a)

no se cumplen o han dejado de cumplirse los requisitos mencionados en el artículo 29;

b)

se proporcionó información falsa o engañosa sobre hechos en virtud de los cuales se concedió la autorización;

c)

no se cumplió una condición incluida en la autorización;

d)

pueden modificarse la forma de utilización y las cantidades utilizadas sobre la base de la evolución de los conocimientos científicos y técnicos, o

e)

el titular de la autorización incumple las obligaciones resultantes del presente Reglamento.

4. Cuando un Estado miembro retire o modifique una autorización con arreglo al apartado 3, informará inmediatamente de ello al titular de la autorización, a los demás Estados miembros, a la Comisión [Europea] y a la [EFSA]. Los demás Estados miembros pertenecientes a la misma zona deberán retirar o modificar la autorización en consecuencia teniendo en cuenta las condiciones nacionales y las medidas de mitigación de riesgos, excepto en los casos en que se haya aplicado el artículo 36, apartado 3, párrafos segundo, tercero o cuarto. Cuando proceda, será de aplicación el artículo 46.»

II. Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

13.

Closer es un producto fitosanitario que contiene la sustancia activa sulfoxaflor. Dicha sustancia activa fue aprobada en la Unión Europea, con arreglo al Reglamento n.o 1107/2009, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1295. ( 5 )

14.

El 30 de abril de 2015, Dow AgroScience BV (en lo sucesivo, «Dow») presentó en los Países Bajos una solicitud de ampliación de la autorización de Closer para su aplicación en cultivos al aire libre de coles y patatas. Asimismo, presentó esta misma solicitud, en cuanto atañe a la Zona Central (que incluye los Países Bajos), en Bélgica, República Checa, Alemania, Irlanda, Hungría, Austria, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Reino Unido.

15.

Irlanda examinó la solicitud, en su condición de Estado miembro ponente de zona sobre la base del Documento de Orientación de la EFSA de 2002, ( 6 ) y concluyó este examen en 2016. Sin embargo, Irlanda no utilizó el que en aquel momento constituía el «nuevo» Documento de Orientación de 2013 relativo a la evaluación del riesgo para las abejas, ( 7 ) elaborado por la EFSA a instancia de la Comisión al objeto de evaluar el riesgo para las abejas.

16.

Sobre la base de la evaluación del riesgo llevada a cabo por Irlanda, el CTB, mediante decisión de 5 de abril de 2019, amplió la autorización de Closer a la aplicación solicitada e introdujo la siguiente restricción: «Peligros para las abejas y los abejorros. Con el fin de proteger a las abejas y a los demás insectos polinizadores, no se debe aplicar este producto durante la floración de cultivos ni en cultivos que, pese a no estar en flor, sean visitados activamente por abejas y abejorros. El producto solo podrá aplicarse tras la floración de los cultivos de patatas. Este producto no debe utilizarse cerca de plantas autopolinizantes. Es preciso eliminar las plantas autopolinizantes antes de que florezcan».

17.

PAN Europe presentó una reclamación contra la decisión de 5 de abril de 2019. Mediante decisión de 5 de febrero de 2020 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), el CAP declaró infundado el recurso. PAN Europe interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional remitente por el que solicita la anulación de dicha decisión.

18.

PAN Europe alega ante el órgano jurisdiccional remitente que el CTB no debió ampliar la autorización de Closer a la aplicación solicitada en el mercado neerlandés. Sostiene que la evaluación realizada por Irlanda, que el CTB hace suya, no se basó en los conocimientos científicos y técnicos actuales. Considera que el Documento de Orientación de 2002 ha quedado obsoleto y no aborda los efectos subletales, los efectos crónicos, la exposición a través de hierbas, los efectos en la reproducción y los efectos en los abejorros y las abejas solitarias. En opinión de PAN Europe, dado que el Documento de Orientación de 2002 está obsoleto, como demuestra la necesidad de actualizar este documento y de publicar el Documento de Orientación de 2013, que incluye nuevos conocimientos científicos, la evaluación debió basarse en este último documento. Aduce que, en la práctica, el Documento de Orientación de 2013 no es aceptado por varios Estados miembros, debido a la posibilidad de que lleve aparejada la prohibición de varios productos fitosanitarios.

19.

PAN Europe afirma que, al no tener en cuenta el Documento de Orientación de 2013, el CTB no garantizó el alto grado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente que persigue el Reglamento n.o 1107/2009. Subraya que dicho documento está disponible desde que fue publicado en 2013 y que el citado Reglamento no exige que exista una posición mayoritaria entre los Estados miembros para que pueda aplicarse un documento de orientación. PAN Europe observa que Bélgica viene aplicando el Documento de Orientación de 2013 desde noviembre de 2016.

20.

Puntualiza que, a diferencia de la ampliación de la autorización del producto fitosanitario Closer, la aprobación, en 2015, de la sustancia activa sulfoxaflor se basó en el Documento de Orientación de 2013. Además, en ese contexto, se identificaron altos riesgos para las abejas sobre la base de los datos proporcionados por Dow. En su opinión, estos datos no se incluyeron en la evaluación controvertida. Estima que, si el CTB los hubiera tenido presentes, habría constatado la existencia de los mismos riesgos. Le parece que la restricción prescrita es insuficiente y, además, no puede aplicarse, cumplirse ni exigirse. Desde su punto de vista, del principio de cautela se desprende que, en caso de incertidumbre sobre los efectos, es necesario llevar a cabo más investigaciones antes de que un producto fitosanitario pueda ser autorizado.

21.

Al considerar que para resolver el litigio principal es preciso interpretar el artículo 36 del Reglamento n.o 1107/2009 y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)

¿Tiene el Estado miembro de que se trate que, en virtud del artículo 36, apartado 2, del Reglamento [n.o 1107/2009], decide sobre la autorización de un producto fitosanitario, margen para apartarse de la evaluación efectuada por el Estado miembro ponente de zona que haya examinado la solicitud en virtud del artículo 36, apartado 1, [de dicho Reglamento] y, en caso de respuesta afirmativa, cuál es el margen de que dispone?

2)

En caso de que deba responderse a la primera cuestión que el Estado miembro de que se trate no dispone de margen alguno, o bien que dispone de un margen limitado, ¿de qué modo se configura el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta? ¿Puede en ese caso impugnarse en su totalidad la exactitud de la evaluación realizada por el Estado miembro ponente de zona ante los tribunales nacionales del Estado miembro de que se trate?

3)

Si el Estado miembro de que se trate o bien la autoridad judicial de dicho Estado miembro llega a la conclusión de que la evaluación del Estado miembro ponente de zona tiene un fundamento insuficiente, ¿en qué medida estará entonces el Estado miembro de que se trate obligado a implicar al Estado miembro ponente de zona en la formulación de una evaluación suficientemente motivada?

4)

¿Puede bastar con que el Estado miembro ponente de zona realice una evaluación sobre la única base de los documentos de orientación adoptados, aun cuando los conocimientos científicos y técnicos recogidos en ellos ya no sean completamente actuales?

5)

En caso de respuesta negativa a la anterior cuestión, ¿puede entonces bastar con que el Estado miembro que realiza la evaluación de zona tenga adicionalmente en cuenta solo conocimientos científicos y técnicos contenidos en documentos de orientación ya elaborados pero no adoptados aún, o debe atender a todos los conocimientos científicos y técnicos disponibles, aunque no estén incluidos en ellos?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

22.

Han presentado observaciones escritas PAN Europe, Corteva Agriscience (anteriormente, Dow AgroScience BV), los Gobiernos alemán y griego, Irlanda y el Gobierno neerlandés, y la Comisión. No se ha celebrado vista.

IV. Apreciación

23.

Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se referirán únicamente a las cuestiones prejudiciales primera, cuarta y quinta.

A.   Introducción

24.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el Estado miembro de que se trate, al decidir si autoriza o no un producto fitosanitario, dispone de margen de apreciación para apartarse de la evaluación del riesgo efectuada por el Estado miembro ponente de zona (en lo sucesivo, «Estado miembro ponente») en cooperación con los demás Estados miembros de la zona, con arreglo al artículo 36, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009. Las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta tienen por objeto determinar qué tipo de documentos de orientación y de conocimientos científicos y técnicos deben tenerse en cuenta, con arreglo al artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009, en la evaluación del riesgo por el Estado miembro ponente.

25.

En el contexto de estas cuestiones, se solicita al Tribunal de Justicia que proporcione indicaciones sobre la tensión que se ha puesto de manifiesto entre el objetivo del Reglamento n.o 1107/2009 de «garantizar un alto grado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente» y la aplicación estricta de los procedimientos por los Estados miembros con arreglo a dicho Reglamento. Además, el presente asunto no es un caso aislado. En otros Estados miembros (por ejemplo, en Francia), las mismas cuestiones relativas a la misma sustancia activa y al mismo producto fitosanitario han dado lugar a litigios. En 2017, el tribunal administratif de Nice (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Niza, Francia) suspendió en 2017 la autorización de dos productos fitosanitarios fabricados por Dow Chemical, por considerar que había incertidumbre acerca de sus riesgos medioambientales, incluidos sus efectos sobre las abejas. ( 8 ) Mediante resolución interlocutoria de ese tribunal se anuló la decisión de la Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo, Francia; en lo sucesivo, «ANSES») por la que se autorizaban los productos fitosanitarios Closer (el mismo producto que es objeto del presente asunto) y Transform, que contienen la sustancia activa sulfoxaflor (también objeto del presente asunto). El asunto se planteó debido a que grupos de protección del medio ambiente alegaron que la autorización de los citados productos se estaba retirando progresivamente en Francia porque podían contribuir a reducir las poblaciones de abejas. Como se ha indicado anteriormente, la Unión Europea aprobó el sulfoxaflor en 2015. Posteriormente, la ANSES autorizó Closer, que contiene sulfoxaflor, para su aplicación en cereales de paja como el trigo, así como en cultivos de frutas y hortalizas, si bien prohibió su uso en cultivos que atraen a insectos polinizadores y en todos los cultivos durante los períodos de floración, debido a sus posibles efectos tóxicos para las abejas.

B.   Primera cuestión prejudicial

26.

Habida cuenta de cuanto se expone en los puntos 18 a 20 de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el Estado miembro de que se trate (en el presente asunto, los Países Bajos) está facultado, al pronunciarse sobre la autorización de un producto fitosanitario, para apartarse de la evaluación efectuada por el Estado miembro ponente (en el presente asunto, Irlanda) con arreglo al artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009.

27.

El órgano jurisdiccional remitente señala que del artículo 36, apartado 2, de dicho Reglamento parece desprenderse que el Estado miembro de que se trate debe, en principio, tomar las conclusiones de la evaluación del Estado miembro ponente como base de su propia decisión de autorización.

28.

Dicho órgano jurisdiccional señala que, aunque el artículo 36, apartado 3, el Reglamento n.o 1107/2009 establece que, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, podrán imponerse condiciones adecuadas con respecto a los requisitos contemplados en el artículo 31, apartados 3 y 4, y otras medidas de mitigación de riesgos, tales requisitos deben derivarse de las condiciones específicas de uso. Pues bien, en el litigio principal, la cuestión que se plantea es si el Estado miembro de que se trata está autorizado, al examinar una solicitud de autorización del producto fitosanitario en su territorio, a efectuar su propia evaluación sobre la base de otros conocimientos científicos y técnicos pertinentes (en particular, un nuevo documento de orientación, distinto del utilizado por el Estado miembro ponente). De la resolución de remisión se deduce que el órgano jurisdiccional remitente estima que la obligación de tener en cuenta la evaluación del Estado miembro ponente como un dato incontrovertible no es compatible con el principio de cautela. Por tanto, dicho órgano jurisdiccional considera lógico que el Estado miembro en cuestión no acepte automáticamente la evaluación realizada por el Estado miembro ponente.

29.

En mi opinión, conviene recordar brevemente el procedimiento de autorización zonal de los productos fitosanitarios, previsto en los artículos 33 y siguientes del Reglamento n.o 1107/2009.

30.

Conforme a dicho procedimiento, el solicitante hace una propuesta que indique el Estado miembro que espera que actúe como ponente. Una vez aceptada la propuesta, el solicitante presenta ante el Estado miembro ponente una solicitud de autorización zonal, indicando a qué otros Estados miembros también desea extender su solicitud. ( 9 ) El solicitante presenta la solicitud en paralelo ante todos los Estados miembros de que se trate. En el artículo 33 del Reglamento n.o 1107/2009 se detalla la documentación que debe acompañar a la solicitud.

31.

A continuación, el Estado miembro ponente evalúa la solicitud con arreglo al artículo 35 de dicho Reglamento. Debe realizar «un examen independiente, objetivo y transparente teniendo presentes los conocimientos científicos y técnicos actuales y utilizando los documentos de orientación disponibles en el momento de la solicitud». ( 10 )

32.

El Estado miembro ponente debe aplicar los principios uniformes de evaluación y autorización de productos fitosanitarios ( 11 ) a fin de determinar, en la medida de lo posible, si el producto fitosanitario cumple los requisitos previstos en el artículo 29 en la misma zona, si se utiliza conforme al artículo 55, y en condiciones realistas de uso. ( 12 )

33.

Los Estados miembros de que se trate deben abstenerse de examinar la solicitud hasta que el Estado miembro ponente haya finalizado su evaluación. ( 13 )

34.

Durante su evaluación, el Estado miembro ponente elabora un proyecto de informe de evaluación y lo envía a los Estados miembros de esa zona para que presenten sus observaciones. ( 14 ) Una vez expirado el plazo fijado para la presentación de observaciones, el Estado miembro ponente decide si concede o deniega la autorización del producto fitosanitario de que se trate en su territorio y adopta el informe de evaluación. A continuación, transmite dicho informe y la copia de la autorización a los demás Estados miembros de la zona.

35.

Después, los Estados miembros de que se trate deciden sobre la solicitud de conformidad con el artículo 36, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1107/2009 en un plazo de 120 días desde la recepción del informe de evaluación y la copia de la autorización. ( 15 )

36.

En el marco del régimen de autorización, como se ha expuesto anteriormente, abordaré ahora la interpretación del artículo 36 del Reglamento, que constituye el objeto del presente asunto.

37.

El considerando 12 del Reglamento n.o 1107/2009 aclara que la EFSA «se encarga de la evaluación del riesgo», mientras que la Comisión «se encarga de la tarea de gestión del riesgo y de adoptar la decisión definitiva sobre una sustancia activa». El tenor del artículo 36 de dicho Reglamento sugiere que existe una distribución de funciones similar en cuanto atañe al procedimiento de autorización de productos fitosanitarios: en este caso, es el Estado miembro ponente quien «se encarga de la evaluación del riesgo» y el Estado miembro de que se trate quien «se encarga de la tarea de gestión del riesgo y de adoptar la decisión definitiva sobre [tal] sustancia activa» en su propio territorio. Para responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso, en primer lugar, determinar la naturaleza de la relación entre estas dos funciones.

38.

El artículo 36, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009 dispone que el Estado miembro de que se trate concederá o denegará las autorizaciones «basándose en las conclusiones de la evaluación» del Estado miembro ponente. El término «basándose» pone en relación ambas fases del procedimiento y caracteriza la relación entre la función de evaluación del riesgo y la de gestión del riesgo, pues denota que ambas están vinculadas entre sí, al tiempo que persiguen su propia finalidad concreta.

39.

Es cierto que el sistema de autorización de los productos fitosanitarios se basa en la confianza mutua entre los Estados miembros y tiene por objeto evitar la duplicación de tareas de estos últimos. Para ello, el citado Reglamento prevé un procedimiento por etapas minucioso y sistemático, con un reparto claro de funciones entre las autoridades interesadas. De este procedimiento se desprende que el Estado miembro ponente se encarga de la primera etapa obligatoria de dicho procedimiento administrativo y lleva a cabo la evaluación de la autorización del producto fitosanitario en la zona. A continuación, el Estado miembro de que se trate se encarga de la siguiente etapa del procedimiento, intrínsecamente relacionada. De este modo, la evaluación del Estado miembro ponente constituye un requisito previo para el ejercicio por el Estado miembro de que se trate de sus propias facultades dentro del sistema, es decir, para adoptar una decisión definitiva sobre la autorización del producto fitosanitario en su propio territorio. Es evidente que la etapa de que se hace cargo el Estado miembro ponente y la etapa de que se hace cargo un Estado miembro de que se trate están relacionadas.

40.

En segundo lugar, sobre la base de la naturaleza acreditada de la relación, deben aclararse las facultades de un Estado miembro de que se trate. Para empezar, la relación entre las dos etapas indica que el Estado miembro ponente y cada Estado miembro de que se trate intervienen, en fases diferentes, en un único proceso administrativo iniciado por el solicitante. Así pues, el Estado miembro de que se trate, que finaliza este proceso, no está facultado para revisar las conclusiones de la evaluación realizada por el Estado miembro ponente. En consecuencia, no puede revisar la legalidad de esas conclusiones del Estado miembro ponente, ( 16 ) pues ello iría en contra de la confianza mutua y de la exhaustividad del proceso previsto en el sistema establecido en el Reglamento n.o 1107/2009.

41.

No obstante, el hecho de que la etapa del procedimiento en la que participa el Estado miembro ponente y aquella en la que interviene el Estado miembro de que se trate estén relacionadas, y de que este último no pueda revisar las conclusiones de la evaluación efectuada por aquel no implica que el Estado miembro de que se trate no disponga de margen de apreciación alguno. Muy al contrario, como se desprende del propio tenor del artículo 36, apartado 2, según el cual «concederán o denegarán […] basándose en las conclusiones de la evaluación del Estado miembro que examine la solicitud», esta evaluación, aunque importante, no es más que uno de los documentos que el Estado miembro de que se trate debe consultar, y no una decisión definitiva sobre la autorización del producto fitosanitario en todos los Estados miembros de la zona. Como ha señalado acertadamente el Gobierno alemán, dado que el Estado miembro de que se trate adopta su decisión «basándose en las conclusiones», la citada disposición permite la posibilidad de apartarse, en casos justificados, de la decisión del Estado miembro ponente. Por tanto, me parece evidente que el lenguaje adoptado por el legislador de la Unión no obliga al Estado miembro de que se trate a conceder o denegar autorizaciones adoptando automáticamente el criterio del Estado miembro ponente.

42.

En efecto, el Reglamento n.o 1107/2009 ya prevé expresamente en su artículo 36, apartado 3, una excepción a las conclusiones de la evaluación del Estado miembro ponente, lo que demuestra que las manos metafóricas del Estado miembro de que se trate no están completamente atadas por la evaluación del Estado miembro ponente.

43.

El artículo 36, apartado 3, dispone en su párrafo primero que «no obstante lo dispuesto en el [artículo 36, apartado 2,] y con sujeción a la legislación [de la Unión], podrán imponerse condiciones adecuadas con respecto a los requisitos contemplados en el artículo 31, apartados 3 y 4, y otras medidas de mitigación de riesgos que se deriven de las condiciones específicas de uso».

44.

A continuación, en el artículo 36, apartado 3, párrafo segundo, añade que, «cuando las preocupaciones de un Estado miembro relativas a la salud humana o animal no puedan controlarse mediante la adopción de las medidas nacionales de mitigación de riesgos a que se refiere el párrafo primero, el Estado miembro podrá denegar la autorización del producto fitosanitario en su territorio si, debido a circunstancias medioambientales o agrícolas específicas, tiene razones de peso para considerar que el producto de que se trate supone todavía un riesgo inaceptable para la salud humana o animal o el medio ambiente».

45.

En el artículo 36, apartado 3, párrafo segundo se utiliza la expresión «podrá denegar», lo que implica un margen de apreciación del Estado miembro de que se trate. Ahora bien, este artículo impone algunos límites: «si, debido a circunstancias medioambientales o agrícolas específicas, tiene razones de peso para considerar que el producto de que se trate supone todavía un riesgo inaceptable para la salud humana o animal o el medio ambiente».

46.

Por consiguiente, según el tenor del artículo 36, apartado 3, el Estado miembro de que se trate puede apartarse de la evaluación del Estado miembro ponente. Tal reconocimiento explícito de los derechos del Estado miembro de que se trate arroja luz sobre el contexto en el que el legislador de la Unión enmarca la tarea de gestión del riesgo que debe realizar dicho Estado miembro en el proceso de autorización.

47.

Por consiguiente, es importante que el artículo 36, apartado 2, no se interprete de forma aislada. ( 17 ) Procede aplicar un enfoque sistémico e interpretar esta disposición en el contexto en el que se inscribe, esto es, habida cuenta del lugar que ocupa en un conjunto completo de derechos concedidos al Estado miembro de que se trate con el fin de controlar qué productos fitosanitarios están autorizados para ser comercializados y estar presentes en el mercado del Estado miembro en cuestión.

48.

Este control no solo implica permitir la comercialización de los productos fitosanitarios, sino también revisar y retirar cualquier autorización concedida. El artículo 44 del Reglamento n.o 1107/2009 establece el procedimiento y los requisitos para la retirada y la modificación de la autorización de un producto fitosanitario, completando así las facultades atribuidas al Estado miembro de que se trate. Por consiguiente, el artículo 36, apartado 2, debe interpretarse en el contexto de las citadas disposiciones. Es evidente que ambos artículos son elementos interrelacionados del régimen de autorización, pues el artículo 44, apartado 4, contiene una referencia expresa al artículo 36, apartado 3, y prevé una excepción análoga, si bien para una situación en la que ya se ha concedido una autorización que ahora está sujeta a una modificación o renuncia.

49.

No obstante, la esencia del sistema de autorización y de control de los productos fitosanitarios y el alcance de los derechos concedidos al Estado miembro de que se trate se desprenden claramente del tenor del artículo 44, apartados 1 y 3, del Reglamento n.o 1107/2009. Con arreglo a esas disposiciones, los Estados miembros pueden revisar una autorización en cualquier momento, en particular cuando existan indicios de que «no se cumplen o han dejado de cumplirse los requisitos mencionados en el artículo 29 [de dicho Reglamento]». ( 18 ) Si el Estado miembro considera que tales requisitos ya no concurren, debe retirar o modificar la autorización.

50.

Por otra parte, el artículo 44 precisa que incumbe al «Estado miembro» revisar, retirar o modificar la autorización y fijar las condiciones exhaustivas para el ejercicio de estos derechos. No prevé que tal revisión, retirada o modificación estén supeditadas a la condición de que el Estado miembro ponente haya modificado previamente la evaluación. De ello se deduce que este derecho del «Estado miembro» constituye un derecho autónomo, que el Estado miembro de que se trate ejerce con independencia del Estado miembro ponente. A los efectos del presente asunto, conviene señalar que el artículo 44, apartado 3, letra a), establece una de las condiciones para la retirada obligatoria de una autorización al exigir al Estado miembro revisar y retirar o modificar la autorización si «no se cumplen o han dejado de cumplirse los requisitos mencionados en el artículo 29».

51.

Como recordó el Tribunal de Justicia en la sentencia Blaise, ( 19 )«del artículo 44, apartados 1 y 3, del [Reglamento n.o 1107/2009] se desprende que la autorización de un producto fitosanitario puede revisarse, modificarse posteriormente e incluso retirarse, en particular, cuando de la evolución de los conocimientos científicos y técnicos se deduzca que dicho producto no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos precisos para autorizar la comercialización contemplados en el artículo 29 del propio Reglamento, señaladamente el relativo a la ausencia de efecto nocivo inmediato o retardado para la salud humana».

52.

Por tanto, el artículo 36, apartado 2, en el contexto del régimen de autorización, modificación y renuncia de productos fitosanitarios previsto en el Reglamento n.o 1107/2009 y, en particular, de su artículo 44, exige que los derechos de los Estados miembros de que se trate con arreglo al artículo 36, apartado 2, se interpreten de un modo suficientemente amplio como para permitir que dicho Estado miembro observe el artículo 29 de dicho Reglamento al adoptar una decisión sobre una solicitud de autorización de un producto fitosanitario. Si es posible retirar una autorización ( 20 ) cuando los conocimientos científicos y técnicos de que dispone un Estado miembro indiquen que puede haber efectos nocivos en la salud humana o animal o efectos inaceptables en el medio ambiente, el Estado miembro de que se trate debería disponer de la misma facultad cuando evalúe una solicitud de nueva autorización, al objeto de evitar esos efectos nocivos desde el principio. No obstante, tal derecho está supeditado a la existencia de conocimientos científicos o técnicos actuales sobre los efectos nocivos, evocados anteriormente, que el Estado miembro ponente no haya tomado en consideración durante el procedimiento de evaluación.

53.

En efecto, el Estado miembro no puede estar más facultado para retirar una autorización que para concederla o denegarla. ( 21 ) Si el legislador de la Unión ha obligado expresamente al Estado miembro a tomar medidas para eliminar los efectos nocivos que un producto fitosanitario autorizado pueda tener en la salud humana o animal o los posibles efectos inaceptables de dicho producto en el medio ambiente cuando los conocimientos científicos o técnicos pongan de manifiesto la existencia de tales efectos, la misma obligación se impone tácitamente en el procedimiento de autorización, a fin de evitar que se produzcan los referidos efectos. Como se ha expuesto en la parte introductoria de las presentes conclusiones, la contaminación por productos fitosanitarios genera pérdidas de biodiversidad y reduce significativamente las poblaciones de insectos, amenazando el papel crítico que desempeñan en la producción de alimentos. También consta que la exposición a los productos fitosanitarios químicos está relacionada con enfermedades crónicas como el cáncer y con enfermedades cardíacas, respiratorias y neurológicas. ( 22 ) Por consiguiente, el Estado miembro de que se trate debería estar facultado para evitar que se produzcan tales efectos o minimizarlos.

54.

De estas consideraciones se desprende que la expresión «basándose en las conclusiones de la evaluación» que figura en el artículo 36, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009 debe interpretarse en el sentido de que incluye la facultad del Estado miembro de que se trate de denegar una autorización si, a la luz de la evolución de los conocimientos científicos o técnicos, resulta que el producto fitosanitario no cumple los requisitos previstos en los artículos 29 y 4, apartado 3, de dicho Reglamento, en particular el que exige que no tengan efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente.

55.

En otras palabras, el hecho de que el Reglamento n.o 1107/2009 prevea expresamente la posibilidad de que un Estado miembro retire o modifique una autorización, sobre la base de conocimientos científicos o técnicos, implica que también debe estar facultado para no conceder tal autorización desde un primer momento.

56.

Por consiguiente, el Estado miembro de que se trate está facultado para denegar una autorización en el sentido del artículo 36, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009 cuando los conocimientos científicos o técnicos actuales indiquen que «no se cumplen o han dejado de cumplirse los requisitos mencionados en el artículo 29 [de dicho Reglamento]» ( 23 ) por lo que respecta al producto fitosanitario en cuestión.

57.

Además, la interpretación anterior se deriva de la propia naturaleza del principio de cautela, según el cual es necesario adoptar medidas preventivas para evitar posibles riesgos para la salud humana o animal o para el medio ambiente.

58.

En efecto, el artículo 1, apartado 4, del Reglamento n.o 1107/2009 dispone que las disposiciones de este «se basan en el principio de cautela con objeto de garantizar que las sustancias activas o los productos comercializados no tengan efectos adversos para la salud humana o animal o para el medio ambiente. En particular, no se impedirá que los Estados miembros apliquen el principio de cautela cuando exista incertidumbre científica acerca de los riesgos para la salud humana o animal o para el medio ambiente que planteen los productos fitosanitarios que se vayan a autorizar en su territorio». ( 24 )

59.

En cuanto atañe al principio de cautela, el Tribunal de Justicia ya ha declarado en reiteradas ocasiones que «una aplicación correcta de dicho principio en el ámbito cubierto por el propio Reglamento presupone, en primer lugar, la identificación de las consecuencias negativas que puede tener para la salud [o para el medio ambiente] la utilización de las sustancias activas y de los productos fitosanitarios incluidos en su ámbito de aplicación, y, en segundo lugar, un análisis global del riesgo para la salud [o para el medio ambiente] basado en los datos científicos más fiables de que se disponga y en los resultados más recientes de la investigación internacional». ( 25 )

60.

Convengo con el órgano jurisdiccional remitente ( 26 ) en que admitir el argumento según el cual el Estado miembro de que se trate debe hacer poco más que seguir sistemáticamente las conclusiones de la evaluación del Estado miembro ponente sería incompatible con el principio de cautela.

61.

A este respecto, cabe señalar que el Tribunal General ya ha tenido ocasión de señalar —en relación con la misma sustancia activa que es objeto del presente asunto (el sulfoxaflor)—, en esencia, que los Estados miembros disponen de una facultad de apreciación considerable, en especial en la evaluación técnica compleja y la determinación de las condiciones de autorización propias de la situación existente en su territorio. ( 27 )

62.

Como ha confirmado el Tribunal de Justicia en una reciente sentencia, ( 28 )«procede constatar, como se expone en el considerando 24 del Reglamento n.o 1107/2009, que las disposiciones que regulan la autorización deben garantizar un alto nivel de protección y que, en particular, al conceder autorizaciones de productos fitosanitarios, el objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente “debe primar” sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal».

63.

De las consideraciones anteriores se desprende que la primera cuestión prejudicial debe responderse del siguiente modo: El artículo 36, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009 debe interpretarse en el sentido de que permite al Estado miembro de que se trate, al examinar una solicitud de autorización de un producto fitosanitario, apartarse de la evaluación del Estado miembro ponente y denegar la autorización solicitada en una situación en la que los conocimientos científicos o técnicos actuales indiquen que el producto fitosanitario en cuestión no cumple o ha dejado de cumplir el requisito relativo a la inexistencia de efectos nocivos en la salud humana o animal o de efectos inaceptables en el medio ambiente.

C.   Cuestiones prejudiciales cuarta y quinta

64.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional trata de dilucidar cómo debe interpretarse la expresión «conocimientos científicos y técnicos actuales y utilizando los documentos de orientación disponibles en el momento de la solicitud». El CTB considera, sobre la base de los artículos 77 y 79, apartado 2, del Reglamento n.o 1107/2009, que tal expresión exige que el Estado miembro ponente lleve a cabo su evaluación teniendo en cuenta el documento de orientación adoptado por la Comisión. Por su parte, PAN Europe considera que basta con que el documento de orientación haya sido publicado, sin que sea necesario que haya sido adoptado por la Comisión, y que el Documento de Orientación de 2013 recoge los conocimientos científicos y técnicos más recientes pertinentes en el presente asunto.

65.

Por lo que respecta a la quinta cuestión prejudicial, suponiendo que el Estado miembro ponente no pueda limitar su evaluación únicamente a los documentos de orientación adoptados, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si le basta con realizar dicha evaluación sobre la base de los documentos de orientación disponibles o si debe tener en cuenta todos los conocimientos científicos y técnicos, aunque no estén incluidos en tales documentos.

66.

Con carácter preliminar, debo señalar que, en las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, el órgano jurisdiccional remitente no menciona los artículos concretos del Reglamento n.o 1107/2009 cuya interpretación solicita y que establecen la obligación de tomar en consideración los documentos orientativos pertinentes a que se refieren dichas cuestiones. No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, aun cuando, desde un punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente ha limitado su cuestión prejudicial a la interpretación de una determinada disposición del Derecho de la Unión, tal circunstancia no obsta para que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para enjuiciar el asunto de que conoce, con independencia de que haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de sus cuestiones prejudiciales. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia extraer del conjunto de datos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos de dicho Derecho que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio principal». ( 29 ) De la resolución de remisión se desprende inequívocamente que estas dos cuestiones prejudiciales versan sobre la interpretación del artículo 36, apartado 1, del referido Reglamento y, en particular, de la expresión «conocimientos científicos y técnicos actuales y utilizando los documentos de orientación disponibles en el momento de la solicitud» que figura en dicho precepto.

67.

En estas circunstancias, es preciso considerar que, mediante las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, que deben responderse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que aclare si el Estado miembro ponente puede, en virtud del artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009, limitarse a realizar una evaluación sobre la base exclusivamente de los documentos de orientación adoptados, aun cuando los conocimientos científicos y técnicos recogidos en ellos ya no estén actualizados, o si dicho Estado miembro debe tener en cuenta todos los conocimientos científicos y técnicos disponibles, aunque no estén incluidos en los referidos documentos de orientación.

68.

En primer lugar, el artículo 29, titulado «Requisitos aplicables a la autorización de comercialización» dispone, en su apartado 1, letra e), que, «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, los productos fitosanitarios solo se autorizarán si, de conformidad con los principios uniformes a los que se refiere el apartado 6, cumplen los requisitos siguientes: […] que, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos existentes, cumplan los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 3».

69.

Por lo que respecta al tenor de tal disposición, el Tribunal de Justicia aclaró en la sentencia Blaise (apartado 71) que, «con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra e), del Reglamento n.o 1107/2009, uno de los requisitos exigibles para que se autorice un producto fitosanitario es que se cumplan, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos existentes, las exigencias previstas en el artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento».

70.

Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, el principio de cautela aboga también en favor de que se tengan en cuenta todos los conocimientos científicos y técnicos disponibles, pues dicho principio exige una evaluación global basada en los datos científicos más fiables de que se disponga y en los resultados más recientes de la investigación internacional. ( 30 )

71.

Por otra parte, en lo concerniente a los «principios uniformes», estos se establecieron en el Reglamento (UE) n.o 546/2011 ( 31 ) por el que se aplica el Reglamento n.o 1107/2009. El anexo de este último Reglamento («Principios uniformes para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios, conforme al artículo 29, apartado 6, del Reglamento [n.o 1107/2009]») dispone en el punto 2 de la parte A («Introducción») de la parte I («Principios uniformes para la evaluación y autorización de productos fitosanitarios químicos») que, «al evaluar las solicitudes y conceder las autorizaciones, los Estados miembros: […] c) tomarán en consideración otros datos técnicos o científicos pertinentes de los que puedan razonablemente disponer en relación con la acción del producto fitosanitario o con sus efectos potencialmente adversos y los de sus componentes o residuos» (el subrayado es mío). A mayor abundamiento, en el punto 1 («Principios generales») de la parte B («Evaluación)») de la parte I de dicho anexo, el punto 1.1 establece que «los Estados miembros evaluarán los datos a que se refiere la parte A, punto 2, teniendo en cuenta los conocimientos científicos y técnicos actuales […]» (el subrayado es mío).

72.

Debo señalar asimismo que el solicitante está obligado, con arreglo al artículo 33 del Reglamento n.o 1107/2009, a presentar la información, las pruebas y la documentación en que se base su solicitud de autorización de un producto fitosanitario (incluida toda la información sobre los posibles efectos nocivos que el producto pueda tener para la salud humana y animal o para el medio ambiente, así como los efectos conocidos y esperados de carácter acumulativo y sinérgico que deriven de tal interacción) ( 32 ) y que el Estado miembro ponente está facultado, en virtud del artículo 37 de dicho Reglamento, a solicitar información complementaria durante su examen de la solicitud, que no estará limitado a un examen de la información y las pruebas aportadas por el solicitante.

73.

Como ha indicado el Gobierno alemán, a la vista del tenor del artículo 36, apartado 1, del Reglamento, según el cual «el Estado miembro […] realizará un examen […] teniendo presentes los conocimientos científicos y técnicos actuales y utilizando los documentos de orientación disponibles en el momento de la solicitud» (el subrayado es mío), esa disposición debe interpretarse en el sentido de que, además de los documentos de orientación disponibles (es decir, los adoptados y los publicados pero aún no adoptados), también debe tomar en consideración otra información más reciente al decidir sobre una autorización. A este respecto, es preciso tener en cuenta que el artículo 36, apartado 1, no se refiere únicamente a los documentos de orientación, sino a los «conocimientos científicos y técnicos actuales». El artículo 44, apartado 3, relativo a la retirada o modificación de una autorización, también menciona esos conocimientos.

74.

Es importante tener en cuenta que los documentos de orientación tienen, como su propio nombre indica, el objetivo de servir de orientación, pero no constituyen una conditio sine qua non conforme al Reglamento n.o 1107/2009. Son un instrumento de Derecho indicativo destinado a ayudar a los Estados miembros a aplicar las normas y los principios aplicables (por ejemplo, en el marco de la evaluación y autorización de productos fitosanitarios) de forma coherente, uniforme y transparente. Así lo confirma el artículo 77 del mencionado Reglamento, que dispone expresamente que la Comisión podrá adoptar tales documentos de orientación. De ello se sigue que, a falta de documentos de orientación o si los documentos de orientación existentes están obsoletos (es decir, han dejado de reflejar los «conocimientos científicos y técnicos actuales»), los Estados miembros están obligados, con arreglo a dicho Reglamento, a realizar la evaluación y decidir sobre la autorización sobre la base de otras fuentes disponibles que recojan los conocimientos científicos y técnicos más recientes.

75.

Las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente también podrían derivarse en parte del hecho de que la versión en lengua neerlandesa del artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009 parece ser incorrecta o, cuando menos, imprecisa, en comparación con las demás versiones lingüísticas. En efecto, en dicha versión, que reza «van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis» (el estado de los conocimientos científicos y técnicos), se omite un término análogo a «actuales», mientras que las versiones francesa, italiana, alemana e inglesa, por citar algunos ejemplos, se refieren a «à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles» (actuales), «conoscenze scientifiche e techniche attuali» (actuales), «des neuesten Stands von Wissenschaft und Technik» (más recientes) y «current scientific and technical knowledge» (actuales).

76.

Por tanto, considero que, si bien es cierto que los documentos de orientación «disponibles» (véase el punto 73 de las presentes conclusiones) constituyen un punto de referencia de los conocimientos científicos y técnicos que los Estados miembros deben tener presentes al evaluar la solicitud de autorización de un producto fitosanitario, ni el Estado miembro ponente que elabora la evaluación del riesgo ni los Estados miembros de que se trate, que examinan la solicitud de autorización, están limitados a esa fuente de información al examinar «los conocimientos científicos y técnicos actuales», sobre la base, en particular, de los artículos 36, apartados 1 y 2, y 29, apartado 1, letra e), del Reglamento n.o 1107/2009. ( 33 )

77.

De ello se deduce que deben tenerse en cuenta todos los datos considerados «conocimientos científicos y técnicos» actuales y pertinentes.

78.

Este criterio está corroborado por los objetivos del Reglamento n.o 1107/2009. El Tribunal de Justicia ya recordó estos objetivos en la sentencia Pesticide Action Network Europe. ( 34 )

79.

En ella, declaró que el «objetivo del Reglamento n.o 1107/2009, […] como se precisa en el artículo 1, apartados 3 y 4, de ese Reglamento, y como se refleja en su considerando 8, consiste, en particular, en garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente» (apartado 46).

80.

A este respecto, precisó que «estas disposiciones se basan en el principio de cautela, que es uno de los fundamentos de la política consistente en alcanzar un nivel de protección elevado perseguida por la Unión en el ámbito del medio ambiente, de conformidad con el artículo 191 TFUE, apartado 2, párrafo primero, con el fin de evitar que sustancias activas o productos comercializados afecten a la salud humana y animal o al medio ambiente» (apartado 47).

81.

Asimismo, recordó que, «como se expone en el considerando 24 del Reglamento n.o 1107/2009, […] las disposiciones que regulan la autorización deben garantizar un alto nivel de protección y que, en particular, al conceder autorizaciones de productos fitosanitarios, el objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente “debe primar” sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal» (apartado 48).

82.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluyó que, «como precisa dicho considerando, antes de comercializar un producto fitosanitario, debe demostrarse no solo que presenta un beneficio claro para la producción vegetal, sino que, además, no produce efectos adversos en la salud humana o animal» (apartado 49).

83.

El objetivo mencionado solo puede alcanzarse si los conocimientos científicos y técnicos actuales (es decir, los más recientes) se tienen presentes cuando el Estado miembro ponente realiza su evaluación y cuando el Estado miembro de que se trate decide conceder o denegar la autorización del producto fitosanitario. Es la única manera en que un Estado miembro puede demostrar que no le consta que el producto fitosanitario en cuestión tenga efectos nocivos en la salud humana o animal o en el medio ambiente.

84.

Como ha subrayado el órgano jurisdiccional remitente, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia confirma tal interpretación.

85.

En la sentencia Bayer CropScience y Bayer/Comisión, ( 35 ) el Tribunal de Justicia declaró que, «en el marco de la revisión de la aprobación de una sustancia activa, la conclusión de que han dejado de cumplirse los criterios de aprobación contemplados en el artículo 4 del Reglamento n.o 1107/2009 puede basarse en cualquier nuevo conocimiento, siempre que sea científico o técnico, con independencia de la fuente o del documento del que proceda» (el subrayado es mío).

86.

Como ha observado acertadamente Irlanda, el hecho de que dicho asunto verse sobre una nueva evaluación de la autorización de una sustancia activa no es determinante. De hecho, no hay ninguna razón para considerar que la misma conclusión no sea aplicable a la evaluación de una solicitud de autorización de un producto fitosanitario, puesto que la interpretación contraria no sería conforme con el principio de cautela, que subyace al Reglamento n.o 1107/2009.

87.

De las consideraciones que preceden se desprende que debe responderse a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta que, al examinar una solicitud de autorización de un producto fitosanitario con arreglo al artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009, el Estado miembro debe tener presentes todos los conocimientos científicos y técnicos actuales (es decir, más recientes) pertinentes y fiables, con independencia de la fuente o del documento del que procedan.

V. Conclusión

88.

Propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales primera, cuarta y quinta planteadas por el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica, Países Bajos):

«Primera cuestión prejudicial:

El artículo 36, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo,

debe interpretarse en el sentido de que permite al Estado miembro de que se trate, al examinar una solicitud de autorización de un producto fitosanitario, apartarse de la evaluación del Estado miembro ponente de zona y denegar la autorización solicitada en una situación en la que los conocimientos científicos o técnicos actuales indiquen que el producto fitosanitario en cuestión no cumple o ha dejado de cumplir el requisito relativo a la inexistencia de efectos nocivos en la salud humana o animal o de efectos inaceptables en el medio ambiente.

Cuestiones prejudiciales cuarta y quinta:

El artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009

debe interpretarse en el sentido de que, al examinar una solicitud de autorización de un producto fitosanitario con arreglo a dicha disposición, el Estado miembro debe tener presentes todos los conocimientos científicos y técnicos actuales (es decir, más recientes) pertinentes y fiables, con independencia de la fuente o del documento del que procedan.»


( 1 ) Lengua original: inglés.

( 2 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).

( 3 ) Documento de la AEMA, «How pesticides impact human health and ecosystems in Europe» (Impacto de los plaguicidas en la salud humana y los ecosistemas en Europa), de 26 de abril de 2023.

( 4 ) Parlamento Europeo, Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas [2018/2153 (INI)], p. 14 (18 de diciembre de 2018).

( 5 ) Reglamento de Ejecución de la Comisión, 27 de julio de 2015, por el que se aprueba la sustancia activa sulfoxaflor, con arreglo al Reglamento n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (DO 2015, L 199, p. 8).

( 6 ) Guidance Document on Terrestrial Ecotoxicology [Documento de Orientación sobre Ecotoxicología Terrestre], SANCO/10329/2002 rev 2, 17 de octubre de 2002 (en lo sucesivo, «Documento de Orientación de 2002»).

( 7 ) EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees) [Documento de orientación de la EFSA sobre la evaluación del riesgo de los productos fitosanitarios para las abejas (Apis mellifera, Bombus spp. y abejas solitarias)], EFSA Journal, 2013; 11(7):3295, publicado el 4 de julio de 2013 (en lo sucesivo, «documento de orientación de 2013»). En efecto, posteriormente (el 11 de mayo de 2023), la EFSA publicó un nuevo documento titulado «Revised guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)» [Documento de Orientación revisado sobre la evaluación del riesgo de los productos fitosanitarios para las abejas (Apis mellifera, Bombus spp. y abejas solitarias)], EFSA Journal.

( 8 ) Véase https://www.reuters.com/article/us-france-pesticides-idUSKBN1DO1M9.

( 9 ) Artículo 35 del Reglamento n.o 1107/2009. La explicación del procedimiento puede consultarse en Verwaltungsgericht Braunschweig (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Brunswick, Alemania) (Sala Novena), sentencia de 12 de abril de 2018, 9 A 44/16, apartados 66 y ss. (en lo sucesivo, «sentencia del VG Braunschweig»), que versaba en esencia sobre los motivos por los que el Estado miembro de que se trate está facultado para denegar la autorización del producto fitosanitario al amparo del artículo 36, apartado 3, del Reglamento n.o 1107/2009.

( 10 ) Artículo 36, apartado 1, del Reglamento n.o 1107/2009.

( 11 ) A que se refiere el artículo 29, apartado 6, del Reglamento n.o 1107/2009: «se establecerán, mediante reglamentos adoptados de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 79, apartado 2, principios uniformes de evaluación y autorización de productos fitosanitarios, que deberán incluir los requisitos indicados en el anexo VI de la Directiva 91/414/CEE sin modificaciones sustanciales». Véase el punto 71 de las presentes conclusiones.

( 12 ) Artículo 36, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1107/2009.

( 13 ) Artículo 35, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1107/2009.

( 14 ) Artículo 36, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1107/2009.

( 15 ) Artículo 37, apartado 4, del Reglamento n.o 1107/2009.

( 16 ) Este es también el punto de vista defendido en la jurisprudencia nacional. Véase la sentencia del VG Braunschweig, apartado 74.

( 17 ) Ciertamente, a efectos de interpretar las citadas disposiciones, procede tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos de la normativa de la que forman parte [sentencia de 2 de marzo de 2023, Staatsanwaltschaft Graz (Oficina Tributaria para delitos fiscales de Düsseldorf),C‑16/22, EU:C:2023:148], apartado 25 y jurisprudencia citada.

( 18 ) Artículo 44, apartado 3, letra a), del Reglamento n.o 1107/2009.

( 19 ) Sentencia de 1 de octubre de 2019, Blaise y otros (C‑616/17, en lo sucesivo, «sentencia Blaise, EU:C:2019:800), apartado 99.

( 20 ) Artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.o 1107/2009.

( 21 ) La jurisprudencia nacional se basa en el mismo argumento. Véase la sentencia del Tribunal administratif (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), n.o 44377, Glifosato, p. 37 [confirmada en apelación por la sentencia de la Cour administrative (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), n.o 47873C, de 30 de marzo de 2023].

( 22 ) Véase el punto 2 de las presentes conclusiones.

( 23 ) El pasaje citado procede del artículo 44, apartado 3, de dicho Reglamento. El subrayado es mío.

( 24 ) Véase asimismo la sentencia Blaise, apartado 44.

( 25 ) El subrayado es mío. Véanse las sentencias Blaise, apartado 46 y jurisprudencia citada, y de 22 de diciembre de 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C‑77/09, EU:C:2010:803), apartado 75.

( 26 ) Véanse los apartados 11.3 a 13 de la versión lingüística original de la resolución de remisión.

( 27 ) Auto de 28 de septiembre de 2016, PAN Europe y otros/Comisión (T‑600/15, EU:T:2016:601), apartado 33 (no recurrido ante el Tribunal de Justicia).

( 28 ) Sentencia de 19 de enero de 2023, Pesticide Action Network Europe (C‑162/21, EU:C:2023:30), apartado 48 y jurisprudencia citada.

( 29 ) Sentencia de 1 de agosto de 2022, TL (Ausencia de intérprete y omisión de traducción) (C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611), apartado 37 y jurisprudencia citada.

( 30 ) Véase la sentencia Blaise, apartados 46 y 94.

( 31 ) Reglamento de la Comisión, de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el Reglamento n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios (DO 2011, L 155, p. 127). El Reglamento n.o 546/2011 fue modificado en 2022, pero los cambios no parecen pertinentes ni determinantes a efectos del presente asunto.

( 32 ) Véase, a este respecto, la sentencia Blaise, apartados 73, 74 y 78 a 88.

( 33 ) Véase el Reglamento n.o 546/2011, citado en el punto 71 de las presentes conclusiones.

( 34 ) Sentencia de 19 de enero de 2023 (C‑162/21, EU:C:2023:30), apartados 46 a 49.

( 35 ) Sentencia de 6 de mayo de 2021 (C‑499/18 P, EU:C:2021:367), apartado 69.