La tesis de la demandante consiste en afirmar que el artículo 29 se inspiró en el deseo de evitar desplazamientos de la producción; y que, por consiguiente, la Alta Autoridad tiene la obligación de adoptar medidas de salvaguardia particulares no sólo cuando surgen dificultades con ocasión del establecimiento del mercado común, sino también cuando una empresa resulte afectada por las medidas que la Alta Autoridad decida adoptar en aplicación de las disposiciones del Tratado, en este caso de las del artículo 53.

Ahora bien, el artículo 29 en modo alguno contiene semejante obligación; se limita a reconocer que pueden ser necesarias medidas de salvaguardia para evitar que el establecimiento del mercado común genere bruscamente desplazamientos de producción que las empresas estarían en condiciones de superar tras una cierta adaptación. En el caso de autos, la demandante no ha demostrado que las dificultades que denuncia y el desplazamiento de producción que teme sean imputables al establecimiento del mercado común. El hecho de que las referidas dificultades puedan derivarse de una medida -la instauración de un sistema de compensación-que la Alta Autoridad adoptó en el ejercicio de las facultades que le confiere el Tratado, sin que el ejercicio de dichas facultades esté directamente relacionado con el establecimiento del mercado común, no puede justificar la adopción de medidas de salvaguardia con arreglo al artículo 29 del Convenio.

Al no poderse invocar el artículo 29 del Convenio, debe desestimarse el presente motivo.

Según la demandante, el sistema de compensación falseó el juego normal de la competencia, ya que dicho sistema tiene como efecto favorecer el consumo de chatarra en detrimento del consumo de fundición. La demandada no niega que la disminución del precio de la chatarra importada, que resulta del sistema de compensación, pueda incitar a las empresas a incrementar su consumo de chatarra; así pues, la Alta Autoridad admite cierta agravación de la situación de la demandante en su condición de productora exclusiva de fundición hematites. No obstante, la Alta Autoridad contribuyó a remediar dicha situación mediante la concesión a las empresas consumidoras de chatarra de una prima por chatarra economizada gracias a una mayor utilización de fundición (Decisiones nos 26/55 y 3/56).

Así pues, se plantea la cuestión de determinar si la Alta Autoridad, convencida de la importancia capital de impedir que el precio de la chatarra interna se elevase hasta el nivel del precio de la chatarra importada, y obligada, por ese motivo, a instaurar el sistema de compensación, estaba jurídicamente obligada a evitar cualquier repercusión del sistema que pudiese perjudicar a los intereses de los productores de fundición o de algunos de ellos. Teniendo en cuenta que al instaurar el sistema de compensación la Alta Autoridad adoptó medidas indirectas -la prima por la chatarra ahorrada mediante una mayor utilización de fundición- destinadas a mejorar en cierto grado la situación de los productores de fundición, es preciso preguntarse si dicha precaución resultaba suficiente o si, por el contrario, debía asegurarse de un modo más completo el mantenimiento íntegro de la posición competitiva de los productores de fundición; por ejemplo, mediante una medida directa que eximiese de la exacción de compensación . la chatarra utilizada para producir fundición.

Sobre este extremo, el Tribunal de Justicia considera que supone una exigencia excesiva la tesis de la demandante según la cual la Alta Autoridad habría debido, al adoptar sus medidas, velar por que no sufriese modificación alguna la posición competitiva de los productores de fundición con respecto a los demás consumidores de chatarra. En efecto, si se admitiese la existencia de una obligación estricta, no sólo habría de ser aplicada en el caso de los productores de fundición, sino también en todos aquellos supuestos en los que se viese afectada -incluso indirectamente-la posición competitiva de un productor incluido en el ámbito de competencia de la Comunidad.

Toda normativa económica tiene necesariamente repercusiones incluso en los intereses de aquellos administrados a quienes las medidas no se dirigen directamente. La aplicación del principio que preconiza la demandante haría ilegal cualquier intervención en materia económica que la autoridad pública considerase oportuna para la salvaguardia de intereses importantes, cuando dicha autoridad no tuviese en cuenta la totalidad de los intereses concurrentes, por muy alejados que se encontrasen de aquellos que fuesen objeto principal de la intervención. La autoridad tiene la obligación de actuar con prudencia y de intervenir tan sólo después de haber sopesado detenidamente los diversos intereses concurrentes, limitando -en la medida de lo posible-los perjuicios previsibles que pudieran derivarse para los terceros.

Es preciso averiguar, por consiguiente, si en el caso de autos la Alta Autoridad ha tenido suficientemente en cuenta los intereses de los productores de fundición. Ahora bien, a este respecto el Tribunal de Justicia pidió a las partes, al instruir el asunto, que facilitasen datos concretos sobre el resultado de las medidas adoptadas por la Alta Autoridad para incitar a los compradores de chatarra a incrementar su consumo de fundición.

En su contestación, la Alta Autoridad facilitó datos para el período comprendido entre el 1 de abril de 1955 y el 31 de julio de 1957, datos de los que se desprende que la economía de chatarra por la que se pagaron primas se elevó a 1.643.101 toneladas, lo que equivale al 21 % de la chatarra importada. Estos datos prueban que se economizó una cantidad considerable de chatarra, que fue sustituida por fundición. El período considerado incluía seis meses correspondientes al nuevo régimen establecido por la Decisión no 2/57; pero este hecho carece de importancia puesto que, en la nueva regulación, se mantuvo durante esos seis meses la prima anteriormente concedida en caso de sustitución de chatarra por fundición.

La demandante, por su parte, se limitó a señalar cierta disminución de la producción de acero Martin con respecto a la producción de acero eléctrico, pero no respondió de manera satisfactoria a la pregunta formulada ni tampoco opuso objeciones a las cifras aportadas por la Alta Autoridad. Tanto en sus conclusiones escritas definitivas como en su informe oral, la demandante puso de relieve que los datos de la Alta Autoridad no demostraban nada porque dicha Autoridad no había indicado en qué medida las empresas que producían fundición hematites -y concretamente la empresa de la demandante- se habían beneficiado del ahorro realizado de ese modo. Sin embargo, a las conclusiones derivadas globalmente de los hechos citados por la Alta Autoridad la demandante no ha opuesto datos que demuestren que de hecho las primas no tuvieron por efecto paliar los inconvenientes que para los productores de fundición suponía la instauración del sistema de compensación.

La demandante no puede tampoco invocar en apoyo de su tesis el hecho de que la Alta Autoridad haya reconocido, en los considerandos de la Decisión no 2/57, que la Decisión no 26/55, relativa a las modalidades de aplicación del mecanismo financiero, no había resultado plenamente eficaz para lograr ahorros de chatarra mediante un aumento en la utilización de fundición. En efecto, aunque el régimen de primas no haya garantizado a los productores de fundición una protección total, no es lícito llegar a la conclusión de que dicho régimen pasó por alto de una manera excesiva y arbitraria los intereses de los productores de fundición. Por último, el hecho -señalado por la demandante en respuesta a las preguntas formuladas con motivo de la prueba-de que la producción de acero Martin no haya ido pareja con la progresión de la producción de acero eléctrico no excluye que -como lo ha demostrado la Alta Autoridad-la chatarra haya sido sustituida en gran medida por la fundición. La tesis de la demandante no está fundada en el aspecto fáctico.

Al adoptar medidas especiales para reducir el consumo de chatarra mediante un aumento en la utilización de fundición, la Alta Autoridad demostró que había tenido en cuenta los intereses de los productores de fundición de una manera razonable y ponderada. La instrucción ha puesto de relieve que dichas medidas tuvieron efectos apreciables. La legalidad de las medidas de la Alta Autoridad no estaba supeditada a su eficacia absoluta en mantener la relación chatarra-fundición preexistente; así pues, el régimen de compensación no vulnera las normas del Tratado relativas al mantenimiento de condiciones normales de competencia.

No está justificada la tesis según la cual el régimen de compensación es ilegal por afectar a la situación competitiva de la demandante.

Según la demandante, el artículo 3 del Tratado obliga a las Instituciones de la Comunidad a actuar en interés común, esta expresión quiere decir que las Instituciones deberán actuar en interés de todos los sujetos sin excepción; por consiguiente, la Alta Autoridad no está facultada para adoptar medidas en interés general -es decir, que lo sean en interés de la generalidad de los administrados- que puedan lesionar los intereses de algunos de ellos, como, en el caso de autos, los de la demandante. Además, el apartado 4 del artículo 59 atribuye a la Alta Autoridad facultades excepcionales para los supuestos expresamente previstos. Incluso en esos supuestos, los intereses de los justiciables están rodeados de cierto número de garantías, recogidas tanto en el artículo 59 como en el Anexo II del Tratado; de ello se deduce que la Alta Autoridad está obligada a respetar asimismo dichas garantías cuando actúa con arreglo al artículo 53.

El Tribunal de Justicia rechaza la interpretación que la demandante hace de la expresión interés común; como ya se dijo en el anterior punto b), el papel de la Alta Autoridad como autoridad pública no implica la obligación de usar únicamente su poder normativo de modo que no resulte afectado ningún interés. Esto no significa que la Alta Autoridad pueda pasar por alto los intereses particulares de los justiciables y llevar a cabo su acción con un rigor tal que dichos intereses resulten afectados en mucha mayor medida de lo que es razonable esperar. La Alta Autoridad tiene, por el contrario, la obligación de actuar con toda la circunspección y la ponderación que se requieran para sopesar y apreciar los diversos intereses concurrentes, que son a veces contradictorios, y la de evitar las repercusiones dañosas en la medida en que lo permita de un modo razonable la naturaleza de la Decisión que deba adoptarse. Como la Alta Autoridad está facultada para adoptar medidas en interés común, puede utilizar su poder normativo con arreglo a lo que exijan las circunstancias, incluso en perjuicio de ciertos intereses particulares.

La referencia al artículo 59 tampoco resulta procedente. En efecto, las precauciones que prescribe dicho artículo, así como el Anexo II del Tratado, están vinculadas al ejercicio de las facultades excepcionales previstas para la situación que se contempla. Ahora bien, tal situación no existía en el momento en que fueron adoptadas las Decisiones. El hecho de que la Alta Autoridad no pueda proceder a un reparto equitativo de los recursos sin una consulta obligatoria previa a los productores interesados se explica por la gravedad de la situación a que debe hacer frente el referido reparto; pero no es lícito dar a esta disposición especial una aplicación general al margen del supuesto contemplado en el artículo 59.