Partes
Parte dispositiva

Partes

En el asunto 214/88,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la Corte d' appello de Venecia (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Amministrazione delle finanze dello Stato, por quien comparece el Ministro interino de Hacienda,

y

Società Politi & Co. SRL, en liquidación, por quien comparece su liquidador, Sr. E. Gatti,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de carnes frescas y del Reglamento nº 121/67/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1967, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por los Sres. F. Grévisse, Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida y M. Zuleeg, Jueces,

((no se transcriben los fundamentos de Derecho))

pronunciándose sobre las cuestiones que le fueron planteadas por la Corte d' appello de Venecia, mediante resolución de 30 de junio de 1988, decide:

Parte dispositiva

Declarar que el artículo 9 de la Directiva 64/433/CEE, en relación con el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento nº 121/67/CEE, establece una excepción, en lo relativo a los controles sanitarios y de salubridad efectuados a las carnes de porcino, frescas, refrigeradas o congeladas procedentes de terceros países, respecto a la prohibición de recaudar derechos por el control sanitario, en la medida necesaria para asegurar un trato no discriminatorio, por una parte, de los agentes económicos que, al introducir en los intercambios intracomunitarios carnes frescas en el mercado, quedan obligados, por este hecho, al pago de derechos por el control sanitario en el Estado miembro de partida y, por otra, de los que importan tales mercancías de terceros países, siempre que tales derechos no excedan del coste real de los controles.